Boletín Oficial de las Cortes de Aragón
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO - Preguntas - Para respuesta escrita - Respuestas
Respuesta escrita de la Vicepresidenta y Consejera de Presidencia, Economía y Justicia a la Pregunta núm. 321/25, relativa al impacto de la reducción de la jornada laboral en la productividad y los costes de las empresas aragonesas (BOCA 116, de 14 de febrero de 2025).
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n°:154 (XI Legislatura)
El Gobierno de Aragón, en el momento procedimental oportuno, remitió al Ministerio de Trabajo las correspondientes alegaciones al anteproyecto de ley de reforma del Estatuto de los Trabajadores, manifestando su desacuerdo con la propuesta de establecer legislativamente una jornada laboral máxima de 37,5 horas semanales.
En dichas alegaciones, y en línea con los planteamientos recogidos en la consulta, se trasladó al Ministerio lo siguiente:
«El precepto propuesto carece, desde una perspectiva normativa, de un análisis riguroso de su impacto económico en la Memoria justificativa. En particular, en la página 22 de dicha Memoria, las consideraciones recogidas carecen de base científica y se limitan a generalidades.
Asimismo, las organizaciones empresariales han expresado su oposición a esta reducción generalizada de la jornada laboral, al haberse planteado al margen del diálogo y la negociación colectiva. En este sentido, CEPYME, en su informe sobre el impacto de la reducción de la jornada laboral (junio de 2024), elaborado a partir de datos del propio Ministerio de Trabajo, advierte que una reducción no negociada del tiempo de trabajo, manteniendo las actuales condiciones retributivas, supondría un coste directo mínimo de 11.800 millones de euros, correspondiente al incremento salarial por las horas no trabajadas, con un análisis detallado por ramas de actividad y costes medios de 2023».
En consecuencia, el Gobierno de Aragón ha reiterado su posición favorable a que cualquier modificación de la jornada laboral se aborde mediante la negociación colectiva, en el marco natural de los convenios colectivos, ámbito en el que pueden garantizarse tanto el equilibrio de intereses como la sostenibilidad económica y social de las medidas adoptadas. Es precisamente en este contexto donde el Gobierno de Aragón continuará impulsando la mejora de la calidad en las relaciones laborales, ejerciendo, en última instancia, sus competencias de control de legalidad sobre los convenios alcanzados.
Zaragoza, a 4 de agosto de 2025.
La Vicepresidenta y Consejera de Presidencia, Economía y Justicia
MAR VAQUERO PERIANEZ