Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 14 de mayo de 2025, ha admitido a trámite las Proposiciones no de Ley que figuran a continuación, presentadas por los distintos Grupos Parlamentarios, y ha acordado su tramitación ante la correspondiente Comisión, en virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario proponente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 273.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a estas Proposiciones no de Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que se debatan.
Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 150.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 14 de mayo de 2025.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Fernando Ledesma Gelas, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la aplicación de un mecanismo rural de garantía, solicitando su tramitación ante la Comisión de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial.

El mecanismo rural de garantía o «Rural Proofing» se define como «un proceso sistemático para examinar las posibles repercusiones de las políticas, programas e iniciativas en las zonas rurales debido a sus circunstancias o necesidades (por ejemplo, poblaciones dispersas y redes de infraestructura más deficientes). En pocas palabras, requiere que quienes ejerzan responsabilidades políticas «piensen en rural» a la hora de diseñar las actuaciones políticas con el fin de evitar resultados negativos para las zonas y comunidades rurales.
Un proceso vinculado, primero con las metodologías del análisis de impacto territorial y, más tarde, con la política normativa del legislar mejor» su principal objetivo es el de garantizar que las comunidades rurales sean escuchadas y que se tenga en cuenta su bienestar a la hora de formular las políticas y elaborar los presupuestos y también para el diseño de los programas y estrategias que reflejan las necesidades y aspiraciones de las comunidades rurales, y, además, para que este mecanismo sea eficaz, se requiere, incluir, por tanto y de manera proactiva, a las comunidades rurales y su potencial en la fase de diseño de las políticas.
Según el Comité de las Regiones de la UE, el «rural proofing» contribuirá a revitalizar las zonas rurales y a cerrar la brecha rural-urbana garantizando que todas las políticas pertinentes se ajusten a las necesidades y realidades rurales.
Por consiguiente, el Mecanismo de Garantía Rural es un instrumento para mejorar y garantizar la cooperación las comunidades rurales con las Administraciones e instituciones públicas circundantes y para mejorar la coordinación entre las políticas que se promuevan por dichas Administraciones en las zonas rurales. Desde el punto de vista jurídico, se trata de analizar el impacto de las normativas sobre las zonas rurales y tratar de diseñar y aplicar nuevas soluciones que garanticen su impacto positivo sobre las áreas rurales.
En España con motivo de la aprobación de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, se introdujo en su Disposición Adicional 6ª una referencia explícita al «mecanismo rural de garantía»
Sin embargo, a día de hoy, no se desarrollado el contenido y funcionalidades del Mecanismo de Garantía Rural, por lo que es necesario aplicar los instrumentos que se han aprobado para tal fin y, en particular, las modalidades de evaluación del impacto territorial y demográfico.
Por todo ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que inste al Gobierno de España a desarrollar el contenido y funcionalidades del Mecanismo de Garantía Rural, así como aplicar los instrumentos que se han aprobado para tal fin y, en particular, las modalidades de evaluación del impacto territorial y demográfico.

Zaragoza, 6 de mayo de 2025.