Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

Todas preguntas señaladas comparten como cuestión nuclear la repercusión en términos porcentuales en el presupuesto de la Comunidad Autónoma, los recursos asignados y el coste desglosado de la inmigración ilegal en Aragón, en diferentes áreas y departamentos de esta Administración: educación, sanidad, servicios sociales, hacienda, presupuestos y justicia, fundamentalmente.
Con el fin de poder dar una respuesta al diputado formulante, Sr. Arranz Ballesteros, dado carácter transversal de las iniciativas que se plantean alrededor de esa cuestión principal, se dio traslado de las preguntas a todos los departamentos afectados y procede ahora la respuesta conjunta una vez recopilada la información recibida.
Existe una coincidencia total en la información dada por cada uno de los departamentos, sobre la inexistencia de partidas, programas o mecanismos concretos que permitan determinar el coste o el porcentaje de afectación al presupuesto de la inmigración ilegal, si bien se puntualizan algunos aspectos que se reproducen a continuación.
— En el ámbito educativo podría servir como referencia para el cálculo del porcentaje del presupuesto destinado a la escolarización e integración de menores inmigrantes ilegales, incluyendo programas de apoyo lingüístico y cultural el número de profesores de español, si bien, no resulta válido dado que las clases se dan a personas que no conocen nuestro idioma sea cual sea la causa, sin que sea posible concretar el coste tomando como referencia la inmigración ilegal o, más concretamente los menores inmigrantes ilegales.
— En cuanto a los costes de asistencia jurídica, regularización o procesos judiciales tampoco se dispone de datos que permitan dar una respuesta a las preguntas formuladas ya que los registros y estadísticas disponibles, únicamente agrupan la información por nacionalidad de los beneficiarios de la asistencia jurídica, sin distinguir entre legales o ilegales.
— Lo mismo sucede en el caso del gasto sanitario ya que no hay posibilidad de distinguir entre la inmigración legal o ilegal al no estar individualizado por ese concepto ni identificado ningún recurso adicional que responda expresamente a la necesidad de atender a la población inmigrante ilegal.
— Desde el punto de vista estrictamente presupuestario tampoco hay ningún programa o partida que permita calcular y concretar el porcentaje destinado a esa inmigración ilegal. Se estima que la inmigración ilegal no ha tenido impacto en los ingresos fiscales de la Comunidad Autónoma.
— En el área de los servicios sociales debe reiterarse nuevamente la competencia exclusiva del estado en relación con la política migratoria prevista en el artículo 149.1.2 de la Constitución Española que incluyen las medidas preventivas para reducir la inmigración ilegal en España.
Respecto al coste de los menores extranjeros no acompañados, los precios que la administración paga por las plazas concertadas son públicos y pueden consultarse en la página web del Gobierno de Aragón. El coste total de cada menor tutelado por la administración es muy complicado reducirlo a un precio único puesto que los menores tutelados están escolarizados o cursando algún tipo de formación y a ello debe sumarse el coste sanitario, ambos como ya se ha señalado no pueden ser cuantificados.
En cuanto al coste de la construcción de nuevos centros de menores inmigrantes ilegales en Aragón, no se ha construido ninguno.

Zaragoza, a 22 de abril de 2025.