Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso de un nuevo modelo de financiación autonómica, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

Desde hace años se hace imprescindible promover e impulsar un nuevo modelo de financiación autonómica, que se fundamente en el pleno respeto a la Constitución, y en concreto, al principio de igualdad entre todos los españoles recogido en el artículo 139.1, el cual garantiza que todos los españoles tienen los mismos derechos, con independencia de dónde vivan, y en el artículo 138.2, que establece que las diferencias entre los Estatutos no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.
Por ello, hay que avanzar en una propuesta de modelo que debe ser objeto de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el cual se tengan en cuenta las particularidades, necesidades y posiciones de todas las Administraciones afectadas, incluyendo a las Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y Municipios
El Estatuto de Autonomía de Aragón establece en su artículo 107.5 que debe atenderse a la estructura territorial, a la dispersión y a la baja densidad de población para determinar la financiación de la Comunidad Autónoma, por lo que resulta preciso incorporar o incrementar el peso en el cálculo de las unidades de necesidad de variables relativas al sobreenvejecimiento, la densidad de población, la dispersión, el peso de las zonas rurales y la extensión territorial, entre otras.
Del mismo modo, el Dictamen elaborado por la Comisión Especial de estudio de las Cortes de Aragón sobre «El nuevo sistema de financiación autonómica» concluye que:
«Aunque la población ajustada debe seguir siendo el indicador de necesidad para los servicios fundamentales, ha de ser revisado para que refleje el coste real que tiene cada comunidad autónoma para prestar dichos servicios de forma equivalente, siendo necesaria una mayor ponderación de las variables que determinan la población ajustada, dado que esta Comisión Especial entiende que las comunidades autónomas deben alcanzar niveles equiparables en la prestación de los servicios básicos.
En concreto, tendrían que tener más ponderación los criterios que para determinar la financiación establece nuestro Estatuto de Autonomía, es decir, el esfuerzo fiscal, la estructura territorial y poblacional, y, especialmente, el envejecimiento, la dispersión y la baja densidad de población, así como los desequilibrios territoriales».
Por su parte, reunidos en la ciudad de Zaragoza el 10 de septiembre de 2018 el Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán; el Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el Presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández; el Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, José Ignacio Ceniceros; el Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page; y el Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; suscribieron una Declaración Institucional conjunta sobre la reforma del sistema de financiación autonómica y de los fondos de la política de cohesión europea que debe reforzar los siguientes principios:
a) La garantía de la prestación de niveles similares de servicios públicos (sanidad, educación y servicios sociales) en todas las Comunidades Autónomas, con independencia de su capacidad para generar ingresos tributarios, garantizando la suficiencia dinámica en aquellos supuestos en que los ingresos no evolucionen de forma homogénea.
b) El nuevo sistema de régimen común debe ser el resultado de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el cual se tengan en cuenta las necesidades y posiciones de todas las Administraciones afectadas.
c) La corrección de los déficits de financiación en los servicios que presenta el modelo vigente, dotando al sistema autonómico de mayores recursos.
d) La potenciación del principio de suficiencia garantizando que las Comunidades Autónomas dispongan de los recursos precisos para financiar el total de los servicios de su competencia tanto en el presente como en el futuro. El sistema debe garantizar la suficiencia dinámica a través de la vinculación de los recursos que atribuye el sistema de financiación a la evolución de los ingresos tributarios totales del Estado.
e) Debe definirse un sistema de nivelación total, que garantice la suficiencia para todos los servicios asumidos. Para ello existirá un catálogo de servicios, cuya financiación esté asegurada a través de los recursos que el sistema atribuye a las Comunidades Autónomas.
f) La incorporación de la cláusula tradicional en todas las reformas del sistema de financiación, conforme a la cual ninguna Comunidad Autónoma empeora su posición financiera como consecuencia de la reforma.
g) La potenciación de los mecanismos de nivelación, a través de una dotación suficiente de estos mecanismos.
h) En desarrollo de los principios de suficiencia estática y dinámica y de nivelación, las necesidades de financiación de las Comunidades Autónomas deberán fijarse atendiendo a los determinantes de sus necesidades de gasto reales. Mientras se utilice un sistema de aproximación indirecta deberán tenerse en cuenta, en mayor medida, variables tales como los costes fijos, la orografía, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la baja tasa de natalidad o el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población, entre otros.
i) La evaluación de las necesidades reales se realizará de forma específica en relación a los gastos vinculados a la educación, la asistencia sanitaria y los gastos sociales.
j) La evaluación del comportamiento de los mecanismos de revisión anual incorporados en el actual sistema de financiación, así como la puesta en marcha de los grupos de trabajo correspondientes para la determinación del coste efectivo de los servicios.
k) La plena efectividad del principio de lealtad institucional, que impida que decisiones del Estado afecten a la capacidad financiera de las Comunidades Autónomas para hacer frente a la prestación de los servicios, debiendo éstas ser compensadas por la totalidad de los efectos financieros que puedan producirse. A tal efecto, deberán procederse a la evaluación, en el marco del principio de lealtad institucional previsto en el actual sistema, de las diferentes medidas adoptadas por el Estado que hayan podido afectar a los ingresos y gastos autonómicos.
l) La redefinición de la recaudación normativa de modo que se garantice que a cada territorio se le imputan los recursos que le corresponden, y que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de su autonomía financiera, asuman la plena responsabilidad de los incrementos y disminuciones de recaudación que sean consecuencia del ejercicio de su capacidad normativa. En este sentido, debería impulsarse una ordenación sobre unas bases comunes de la regulación de los tributos cedidos (como ya sucede con el IRPF), garantizando una recaudación homogénea en todo el territorio que sirva como elemento de apoyo a las necesidades de gasto y fomente la corresponsabilidad fiscal, y que eviten las situaciones de competencia desleal, especialmente en los tributos que inciden en la fijación del domicilio fiscal.
m) La potenciación de las políticas de desarrollo regional y en concreto, del Fondo de Compensación Interterritorial, instrumento constitucionalmente ligado al principio de solidaridad a través de recursos adicionales a los del sistema de financiación, mediante una adecuada dotación presupuestaria y una reforma de los elementos de reparto.
n) La reforma del sistema de financiación deberá abordar la situación de los mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez de las Comunidades Autónomas bajo la premisa de que las medidas que se adopten deberán respetar una igualdad de trato entre todas las Comunidades Autónomas.
o) La evaluación del impacto de las reformas en materia de administración local sobre la financiación y las necesidades de gasto de las Comunidades Autónomas. Asimismo, consideran necesario que se aborde la necesaria reforma de la financiación local, realizando una valoración conjunta de su suficiencia junto con la de la comunidad autónoma para cada territorio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

1. Las Cortes de Aragón muestran su rechazo al establecimiento de un modelo de financiación singular y diferenciado para Cataluña al margen del régimen general cuya negociación deberá realizarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
2. Las Cortes de Aragón muestran su rechazo a cualquier propuesta de condonación de deuda, contraída a través del FLA o por otras vías, que se plantee de manera exclusiva a una sola comunidad autónoma, sea Cataluña, Valencia o cualquier otra, por generar un agravio con el resto de las autonomías.
3. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a tomar como referencia la “Propuesta de aportaciones del Gobierno de Aragón y los grupos parlamentarios de 27 de enero de 2022 al informe sobre cálculo de población ajustada del Ministerio de Hacienda”, así como las declaraciones institucionales de Zaragoza en 2018 y Santiago de Compostela en 2021, como posición común en la defensa del modelo de financiación ajustado a nuestras necesidades reales.
4. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a reactivar foros conjuntos entre Comunidades Autónomas, como los antedichos de Zaragoza y Santiago de Compostela, para promover e impulsar un nuevo modelo de financiación autonómica, que tenga en cuenta el papel de los territorios con dificultades específicas como las derivadas de los desafíos demográficos.
5. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que inste al Gobierno de España a convocar de manera urgente la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera para consensuar una reforma de financiación autonómica con todas las comunidades autónomas en igualdad de condiciones.

Zaragoza, 27 de junio de 2024.