Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre la EBAU única en todo el territorio nacional, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

El artículo 149.1.30ª. de la Constitución Española («CE») establece que el Estado tiene competencia exclusiva, entre otras, sobre las siguientes materias, 30ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
El texto constitucional, además, atribuye al Estado la obligación de asegurar que todos los españoles puedan ejercitar de forma plena su derecho a la educación, confiriendo a los poderes públicos la responsabilidad de garantizar el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes, artículo 27 apartado 5 de la Constitución Española.
Ahora bien, la CE reconoce también la posibilidad de que las distintas administraciones regionales asuman ciertas competencias en los términos recogidos en sus propios Estatutos, conforme a lo establecido en el art. 149.3. No obstante, todo ello debe ser siempre atendiendo los principios fundamentales recogidos en el art. 1 de la propia norma constitucional, entre los que se encuentra la igualdad como valor superior del ordenamiento.
De esta forma, aunque legalmente las administraciones autonómicas cuenten en España con la posibilidad de regular y desarrollar ciertos aspectos del sistema educativo, de ninguna manera podrían hacerlo sin tener en cuenta el principio de igualdad. La educación debe garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, siendo la herramienta que permita corregir las desigualdades derivadas del diferente origen social o económico de los jóvenes españoles.
Como consecuencia de los múltiples traspasos de competencias en materia de educación llevados a cabo por gobiernos de distinto signo político, se han generado grandes diferencias de carácter educativo. Un claro exponente de estas diferencias es la prueba de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad («EBAU»).
La EBAU es la prueba que permite el acceso al sistema universitario español, y su realización constituye un requisito necesario para lograr el acceso al estudio de un grado universitario. Sin embargo, la constante transferencia competencial desde el Estado a las administraciones autonómicas ha provocado que en España existan hasta diecisiete EBAU diferentes. Suponiendo una importante inequidad para los alumnos que se presentan a la misma.
Una de las consecuencias directas de esta situación es la disparidad en los resultados del examen dependiendo de la comunidad autónoma.
De la misma manera, deviene necesario resaltar que el último informe PISA disponible, elaborado con criterios de la OCDE para evaluar el nivel educativo de los distintos países de todo el mundo, señalaba que la puntuación media estimada de los estudiantes de España alcanza los 481 puntos, inferior a la de la media OCDE (489) y al total UE (494). Igualmente, el referido informe ponía de manifiesto las desigualdades existentes entre las diferentes comunidades autónomas
Pese a lo expuesto, el Gobierno de la XIV Legislatura no ha tomado las medidas oportunas para revertir esta situación. Es más, el Gobierno de España, a través de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación («LOMLOE»), no sólo ha renunciado modificar la EBAU para convertirla en una prueba única nacional sino que, además, ha diseñado unos currículos que son cada vez más genéricos e indeterminados, y permitiendo que los alumnos puedan pasar de curso aun cuando no hayan aprobado todas las materias, convirtiendo la repetición de curso en una herramienta absolutamente excepcional.
Todo ello es incompatible con el deber de los poderes públicos de proteger el principio de igualdad que, como valor superior del ordenamiento, debe inspirar el sistema educativo español. La actual ordenación de competencias se ha mostrado absolutamente ineficaz a la hora de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la Universidad de todos los alumnos españoles; y la política educativa del actual Gobierno de España no ha hecho más que agravar este problema.
En resumen, el Estado tiene la competencia exclusiva e ineludible de establecer las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles en el cumplimiento del artículo 27 de la CE, lo que implica que debe asegurar que todos los españoles puedan acceder en igualdad de condiciones a la educación, también a la educación universitaria. Sin embargo, la deficiente política educativa del Gobierno de Pedro Sánchez, han provocado desigualdades significativas entre los españoles, que son especialmente agudas en el acceso a la universidad.
Puede concluirse, a la vista de lo anterior, que el Gobierno de España, con su política educativa, ha ahondado en esas diferencias injustas y ha llevado al país a una disminución del nivel educativo, tanto desde el punto de vista de la calidad académica como en el propio ámbito de la calidad democrática.
Por todo ello, urge llevar a cabo una reforma del sistema educativo que comience por garantizar la igualdad de oportunidades de los jóvenes españoles a través de una prueba única de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad en todo el territorio nacional. Implantar una EBAU única para toda España es esencial para la mejora del sistema universitario español y, por extensión, para la prosperidad económica y social del conjunto de la Nación.
Por todo ello, estos Grupos Parlamentarios presentan la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que a su vez inste al Gobierno de la Nación a promover las modificaciones legales pertinentes para implantar una prueba única de Evaluación del Bachillerato y Acceso a la Universidad (EBAU) en todo el territorio español, que garantice la igualdad de los alumnos españoles con independencia del lugar en el que se realice.

Zaragoza, 20 de octubre de 2023.