Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Alejandro Nolasco Asensio Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas de reducción del gasto ineficiente e innecesario de la Administración aragonesa, solicitando su tramitación ante el Pleno de las Cortes de Aragón.

En los últimos años, la estabilidad financiera y la sostenibilidad del gasto público han cobrado una importancia creciente en el marco económico de las comunidades autónomas. En este contexto, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y las reglas fiscales acordadas en el seno de la Unión Europea establecen principios claros sobre la consolidación fiscal y la necesidad de controlar el déficit y la deuda pública.
En el caso de Aragón, la situación económica requiere un esfuerzo adicional para reducir el endeudamiento autonómico sin recurrir a subidas de impuestos que puedan perjudicar la competitividad económica y el bienestar de los ciudadanos. Además, la necesaria atención al gasto social que se verá incrementado, motivado por factores como el envejecimiento poblacional y la creciente demanda de servicios públicos, exige una reconfiguración del gasto público basado en la eficiencia y la optimización de recursos, sin que se escatimen recursos en cuestiones esenciales como la atención a la dependencia.
Según las directrices de la LOEPSF, se debe iniciar un proceso de consolidación fiscal con el objetivo de reducir el nivel de deuda autonómica a porcentajes sostenibles en relación con el PIB, en consonancia con los límites establecidos a nivel nacional y europeo. La digitalización, la mejora de la gestión administrativa, la eliminación de duplicidades entre administraciones, y la optimización de la contratación pública son áreas prioritarias para lograr una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos.
En este sentido, tanto los informes y recomendaciones del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) como de la de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) recogen la necesidad de impulsar medidas concretas para mejorar la eficiencia de la administración autonómica y local, asegurando así que el gasto público sea gestionado de manera más inteligente y que se eviten despilfarros innecesarios.
En Aragón la modernización tecnológica y la reestructuración de servicios redundantes permitirían liberar recursos que podrían ser redistribuidos a áreas prioritarias como la sanidad, la educación y el bienestar social, manteniendo al mismo tiempo el compromiso de sostenibilidad financiera.
Diversos estudios y experiencias comparadas a nivel internacional y nacional demuestran que la automatización, la centralización de compras, la externalización selectiva de ciertos servicios no esenciales y la digitalización de procesos administrativos son formas eficaces de lograr una reducción del gasto sin comprometer la calidad de los servicios públicos. Estas reformas no solo mejoran la eficiencia, sino que también incrementan la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Por lo tanto, desde Vox creemos que se hace imperativo que el Gobierno de Aragón adopte políticas que favorezcan una Administración más eficiente y moderna, aprovechando las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías y los mecanismos de coordinación interadministrativa para racionalizar el gasto y mejorar los servicios públicos ofrecidos a los ciudadanos aragoneses.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Vox en Aragón presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:
Primero.— Impulsar un plan integral de mejora de la eficiencia en la Administración autonómica, centrado en:
— La digitalización y automatización de procesos administrativos, de todos los departamentos, sociedades públicas y entes dependientes del Gobierno de Aragón, con el fin de optimizar la utilización de recursos humanos y materiales, mejorando la calidad de los servicios públicos y reduciendo los costos administrativos.
— La centralización de compras y contratos públicos, aprovechando las economías de escala para reducir los costos y mejorar la eficiencia en la adquisición de bienes y servicios esenciales.
— La simplificación administrativa y la reducción de duplicidades entre la Administración autonómica y los entes locales, promoviendo una mejor coordinación interadministrativa para evitar solapamientos y esfuerzos redundantes.
— La auditoría periódica de los programas de gasto social, sanitario y educativo, con el objetivo de identificar áreas de ineficiencia y proponer mejoras que permitan reducir costos sin comprometer la calidad de los servicios.
— La elaboración de un informe que identifique todas aquellas leyes autonómicas ineficaces que sólo añaden burocracia y gasto superfluo para su inmediata derogación.
Segundo.— Fomentar la colaboración público-privada en áreas específicas en las que pueda contribuir a mejorar la eficiencia del gasto, sin que ello implique una pérdida de control sobre los servicios esenciales que deben seguir siendo públicos y accesibles a toda la ciudadanía.
Tercero.— Realizar una auditoría para identificar todos los organismos superfluos que dependen de los fondos públicos y que realizan funciones duplicadas o inútiles para su inmediata disolución o absorción por otros departamentos.
Cuarto.— Implementar mecanismos de evaluación y control continuos sobre las políticas de optimización del gasto público, asegurando que los recursos liberados se reinviertan en servicios prioritarios como la sanidad, la educación y el bienestar social.
Quinto.— Establecer un Plan de Revisión de la Efectividad de los Programas Sociales, fijando objetivos cuantificables e indicadores de desviaciones, que permitan redefinirlos o eliminarlos en función del cumplimiento eficiente y eficaz de estos.
Sexto.— Establecer canales de consulta y participación ciudadana para asegurar que las reformas emprendidas en la Administración pública respondan a las necesidades reales de los aragoneses y respeten los principios de equidad, sostenibilidad y eficiencia.

Zaragoza, 9 de septiembre de 2024.