Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 21 de mayo de 2025, ha admitido a trámite las Proposiciones no de Ley que figuran a continuación, presentadas por los distintos Grupos Parlamentarios, y ha acordado su tramitación ante la correspondiente Comisión, en virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario proponente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 273.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a estas Proposiciones no de Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que se debatan.
Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 150.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 21 de mayo de 2025.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Don Santiago Morón Sanjuán, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la derogación del Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, solicitando su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

El 21 de julio de 2023 entró en vigor el Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. Esta norma está alineada con el Pacto Verde Europeo y, más concretamente, con la Estrategia de la Granja a la Mesa —que tiene como objetivo reducir en un 50% las ventas de antimicrobianos para el año 2030—, que ya se han demostrado en otras ocasiones contrarias a los intereses del mundo rural. Sin embargo, estas políticas no son nuevas, pues ya se llevan implementando desde 2014 con el primer Plan Nacional frente a la Resistencia contra los Antibióticos o PRAN. Estas normas impulsadas por los sucesivos gobiernos y sus socios europeos criminalizan a los que más se preocupan por el cuidado y protección de los animales, como son nuestros ganaderos y ahora los veterinarios.
En particular, este Real Decreto obliga a los veterinarios a registrar cada prescripción de antibióticos a través del nuevo Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos (PRESVET), una plataforma informática impuesta por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para monitorizar y restringir la prescripción, la dispensación y el uso de antibióticos en las clínicas veterinarias y en las explotaciones ganaderas.
La norma obliga a la comunicación de datos mínimos de prescripción de medicamentos veterinarios tanto para especies de animales de producción como para animales de compañía. Como salvedad a la citada entrada en vigor, desde el pasado 2 de enero esta obligación entró en vigor para el caso de los animales de compañía lo que ha motivado las manifestaciones promovidas por los profesionales veterinarios, que ven quebrantado su criterio en favor de más burocracia.
Desde su entrada en vigor, el Real Decreto ha sido objeto de importantes críticas por parte de asociaciones profesionales de veterinarios y ganaderos, que denuncian una grave limitación a su criterio técnico, una burocracia desproporcionada y sanciones económicas inasumibles . Esta nueva legislación impone protocolos estrictos que, en casos de urgencia, ralentizan decisiones que sólo pueden tomarse analizando in situ la situación específica de cada animal. Además, impide la prescripción del antibiótico idóneo en cada caso, lo que compromete la salud de los animales y hasta su propia supervivencia. Antes, los veterinarios podían administrar directamente el tratamiento adecuado; ahora, en los casos más graves, se ven obligados a prescribir un conjunto de antibióticos de categorías inferiores, aun conociendo su ineficacia, antes de poder recurrir a otros más potentes. Esto implica un uso innecesario de antibacterianos, mayores costes por paciente y una aceleración en la resistencia de ciertas bacterias a los tratamientos.
El Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria en España ha advertido que esta normativa pone en riesgo la correcta aplicación del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos en el ámbito veterinario y humano. Asimismo, ha señalado que el legislador no ha considerado adecuadamente el funcionamiento de clínicas y hospitales veterinarios. Como ejemplo, menciona el caso de los equinos, cuya gestión clínica difiere de la de pequeños animales, a pesar de lo afirmado en el Real Decreto. Esta problemática se agrava si se tiene en cuenta la movilidad de los caballos en Europa y la necesidad de reconocimiento mutuo de titulaciones y prácticas veterinarias dentro de la Unión Europea, conforme a la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
Además, la norma trae consigo, paradójicamente, un uso más elevado de antibióticos sin mejorar la efectividad de los tratamientos ni la salud de los animales. Además, al incrementar el uso de antibióticos, el Real Decreto aumenta considerablemente los costes que afrontan tanto las clínicas veterinarias —que desde hace años ya venían protestando por soportar un IVA del 21% por sus servicios— como los dueños de los animales. Al prohibir la venta directa y a distancia de ciertos medicamentos por parte de las clínicas veterinarias, los propietarios deben adquirirlos en farmacias, lo que dificulta el acceso a fármacos específicos y retrasa tratamientos urgentes .
Las principales consecuencias de esta norma que nada tiene que ver con el amor a los animales, son: la desconfianza respecto de los profesionales veterinarios, un riesgo innecesario para la vida de los animales, un exceso de burocracia sin sentido que dificulta la toma de decisiones —incluso en algunos casos se obliga a pruebas adicionales, como los antibiogramas—, la amenaza de multas desproporcionadas, el aumento del coste para los propietarios de animales al tener que adquirir varios medicamentos antes del apropiado según el caso y el número de citas veterinarias.
Esta deriva animalista a que nos tiene sometidos el actual Gobierno y los anteriores lleva a situaciones del todo inimaginables, tales como que los medicamentos solo los pueden prescribir los veterinarios a aquellos animales identificados haciendo que los propios veterinarios se vean obligados a no cumplir con su código deontológico de atender animales y asegurar su cuidado y protección.
Por todo ello, es fundamental replantear esta normativa para garantizar que los animales reciban una asistencia veterinaria de calidad, basada en el criterio técnico del profesional y no en restricciones burocráticas que ponen en riesgo su salud y bienestar y someten a una sobrecarga administrativa y económica tanto a veterinarios como a los dueños de los animales, así como la posibilidad de generar con estas normas ideológicas alejadas del bien común un problema de salud colectiva potencialmente peligroso para los humanos.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario de Vox en Aragón presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que inste al Gobierno de España a:
1. Derogar el Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios.
2. Elaborar una nueva normativa que garantice tanto la salud pública como los intereses del sector veterinario y ganadero, asegurando la participación de los profesionales del sector en su elaboración.
3. Implementar mecanismos eficaces para reducir la carga burocrática que afrontan los profesionales veterinarios y ganaderos en su ejercicio diario.

En Zaragoza, a 12 de mayo de 2025.