Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Fernando Ledesma Gelas, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Bono Alquiler Joven, solicitando su tramitación ante la Comisión de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial.

La política de vivienda constituye uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar y una herramienta clave para garantizar la igualdad de oportunidades, especialmente entre los colectivos más vulnerables como la juventud. En este contexto, el Bono Alquiler Joven, regulado por el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, fue concebido como una medida de alcance estatal destinada a facilitar el acceso a una vivienda en régimen de alquiler a personas jóvenes menores de 35 años con rentas limitadas.
La implementación de este bono, sin embargo, ha estado marcada por una excesiva complejidad administrativa, tanto para los potenciales beneficiarios como para las administraciones autonómicas encargadas de su gestión. Desde su aprobación, se han señalado numerosos obstáculos: requisitos documentales difíciles de reunir, incompatibilidades técnicas entre registros estatales y autonómicos, plazos administrativos que no se corresponden con la realidad del mercado del alquiler y una sobrecarga de los servicios públicos encargados de su tramitación.
La Comunidad Autónoma de Aragón no ha sido ajena a esta situación. El Gobierno de Aragón ha reactivado recientemente la convocatoria del Bono Alquiler Joven, reconociendo las dificultades derivadas de una gestión excesivamente burocratizada impuesta desde la normativa estatal. El Departamento de Vivienda ha reiterado la necesidad de disponer de más flexibilidad normativa y de recursos adecuados para poder dar una respuesta eficaz y ágil a las necesidades reales de los jóvenes aragoneses.
Estas dificultades no son menores: el retraso en las convocatorias y en la resolución de expedientes genera incertidumbre entre los jóvenes solicitantes, muchos de los cuales se ven obligados a abandonar el proceso o a buscar soluciones habitacionales inadecuadas por falta de alternativas. Además, el esfuerzo de los empleados públicos por tramitar estas ayudas en tiempo y forma, pese a las carencias de medios y a la complejidad normativa, es meritorio pero insostenible a medio plazo.
Desde un punto de vista institucional, esta situación también plantea un debate necesario sobre la adecuada distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. Aunque la financiación del Bono Alquiler Joven es estatal, su tramitación y resolución corresponde a las autonomías, lo que requiere una coordinación normativa más eficaz y una mayor confianza en la capacidad de gestión de cada comunidad. Reducir la burocracia no implica disminuir el control ni la transparencia, sino adaptar los procedimientos a la realidad operativa de las administraciones territoriales y a las necesidades de las personas.
En definitiva, el Bono Alquiler Joven debe ser una política útil, cercana, accesible y efectiva. Y para que lo sea, es imprescindible revisar el actual marco regulador desde una lógica de simplificación administrativa, de racionalización de trámites y de refuerzo de las capacidades de las comunidades autónomas. Solo así se logrará que esta medida tenga un impacto real en la emancipación juvenil, y que no se convierta en una promesa frustrada por la inercia burocrática.
Es obligación de todos lograr que este instrumento cumpla efectivamente con sus objetivos y responda a las necesidades reales de la juventud.
Por todo ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente
 
Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para se dirija al Gobierno de España solicitando:
1. La revisión integral del marco normativo estatal del Bono Alquiler Joven, con el objetivo de reducir la carga burocrática asociada a su tramitación, incrementar la eficacia en la gestión y adaptar los procedimientos a las capacidades reales de las comunidades autónomas, introduciendo en el próximo Real Decreto por el que se apruebe el futuro Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 26-29, que se permita que estos fondos se incorporen a los programas de alquiler del Plan Estatal, para no duplicar convocatorias, ya que en el programa de alquiler general también se incluyen los jóvenes.
2. Que la gestión de futuros Bonos de Alquiler Joven sea por parte del Estado, con la centralización del pago a través del Estado siendo las Comunidades Autónomas las encargadas de gestionar las solicitudes y verificar los requisitos, y estableciendo un sistema de pagos automáticos a arrendadores, tras la comprobación de la validez de la solicitud.
3. Una reformulación los requisitos administrativos y documentales exigidos a los beneficiarios, incorporando criterios de simplificación y proporcionalidad (declaración responsable), garantizando al mismo tiempo el control adecuado del uso de los fondos públicos. Entre otros aspectos, se propone revisar los criterios de acreditación de ingresos, de titularidad del contrato de arrendamiento, así como los plazos y compatibilidades de la ayuda, con el fin de facilitar el acceso real de los jóvenes solicitantes.
4. Dotación de recursos técnicos y económicos suficientes para que las comunidades autónomas puedan asumir con garantías la gestión del Bono Alquiler Joven, incluyendo mejoras en los sistemas informáticos de gestión, refuerzo de los servicios administrativos responsables, y la posibilidad de utilizar mecanismos automatizados de cruce de datos que agilicen la tramitación de los expedientes, como el desarrollo de una plataforma digital unificada, que incluya un sistema de preevaluación automática y notificación en tiempo real.
5. La creación de un grupo de trabajo técnico entre el Ministerio de Vivienda y las comunidades autónomas, con el objetivo de intercambiar experiencias, identificar cuellos de botella en la gestión y consensuar reformas normativas y procedimentales que permitan una aplicación más flexible, eficaz y sensible al contexto territorial de esta política pública.

Zaragoza, 6 de mayo de 2025.