Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Fernando Ledesma Gelas, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la defensa de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, solicitando su tramitación ante la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario.

La Constitución de 1978, en su artículo 108, determina que las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
Para desarrollar dicho artículo, la posterior ley orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado pone dichos cuerpos al servicio de las administraciones públicas con el objeto del mantenimiento del orden y la seguridad ciudadana.
Bajo dicha denominación encontramos diferentes cuerpos dependientes del Ministerio del Interior, como la Policía Nacional y la Guardia Civil o de las comunidades autónomas, con diferentes atribuciones pero idéntico objetivo que es hacer cumplir la ley y garantizar la seguridad de los españoles.
Su trabajo fue crucial para vencer al terrorismo en nuestro país y, en la actualidad, son referencia para muchos cuerpos de otros países, dada su capacidad y permanente adaptación a las nuevas formas delictivas, más sofisticadas y conectadas internacionalmente.
Durante los últimos 45 años su trabajo ha sido determinante para la consolidación de un verdadero Estado de derecho ofreciendo confianza y seguridad, desde la profesionalidad y entrega que les caracteriza.
En los momentos más delicados de nuestra historia, la ciudadanía siempre ha contado con la entrega de los profesionales de los diferentes cuerpos para garantizar el cumplimiento de la ley.
Así se puso de manifiesto en 2017, en el mes de octubre y posteriores, donde más de 8.000 agentes actuaron en Cataluña bajo mandato judicial para garantizar el cumplimiento de la ley, infringido por el gobierno de la Generalitat y el Parlamento catalán aprobando leyes declaradas inconstitucionales y la celebración de un referéndum ilegal.
La citada ley reguladora de su funcionamiento y competencias, establece claramente que el Gobierno de la Nación es el responsable del mantenimiento de la seguridad pública, competencia exclusiva del Estado.
En días posteriores, el Gobierno de la Nación, con el apoyo del principal partido de la oposición aprobó la suspensión de la autonomía de Cataluña por atentar gravemente al interés general de España y obligar al cumplimiento forzoso de las leyes y de la Constitución.
La detención de los responsables de aquellos hechos, por los que fueron juzgados y condenados, originaron fuertes altercados con actos violentos en las calles alterando la convivencia de los ciudadanos y generando importantes desperfectos.
La fabricación, tenencia y uso de explosivos por los colectivos más radicales han generado cargos de terrorismo contra doce líderes de los Comités de Defensa de la República. La absoluta y demostrada falta de colaboración de la policía autonómica dificultó más el cumplimiento de sus obligaciones. Dos ejemplos que ilustran la tensión en las que tuvieron que actuar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, siguiendo, siempre, instrucciones judiciales o de sus responsables.
Es lógico, por tanto, entender el profundo malestar que existe en los profesionales que aquellos días pusieron en riesgo su integridad física por defender la ley y los intereses del Estado, por la imposición de una amnistía que reprueba su trabajo.
El menosprecio que han sufrido desde hace años por parte de los líderes secesionistas ahora se amplía al propio gobierno de la Nación quien emplea términos despectivos para referirse a los agentes o cuestiona su trabajo, como moneda de cambio para garantizar una investidura.
Conocido es el objetivo final de los separatistas catalanes y vascos de expulsar a los profesionales de la Policía Nacional y Guardia Civil con la progresiva reducción de sus competencias y una continua campaña de desprestigio.
Muchos de los profesionales que intervinieron aquellos días para reestablecer el orden, fueron agentes procedentes de nuestra comunidad, que durante semanas realizaron su trabajo en unas condiciones, en ocasiones, precarias.
Por tal contribución y sacrificio personal y familiar, merecen nuestro reconocimiento y agradecimiento frente a la ignominia que padecen por parte del actual gobierno en funciones.
Por todo ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón acuerdan:
1.— Mostrar su agradecimiento y confianza en la profesionalidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
2.— Rechazar la campaña de desprestigio que, impulsada por dirigentes nacionalistas, secunda el Gobierno de la Nación.
3.— Instar al Gobierno de Aragón a la colaboración activa en las mejoras que hagan posible una óptima prestación de su trabajo en nuestra comunidad, dentro de su ámbito de competencias.

Zaragoza, 6 de noviembre de 2023.