Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Fernando Ledesma Gelas, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la defensa del sector universitario español de los ataques del Gobierno de España, solicitando su tramitación ante la Comisión de Empleo, Ciencia y Universidades.

El pasado 1 de abril de 2025 el Consejo de Ministros acordó la tramitación administrativa urgente de un proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios. Las medidas anunciadas se enmarcan en tres ámbitos:
1. Para la creación de nuevas universidades, añadir al informe de la Conferencia General de Política Universitaria, un informe de evaluación vinculante por la ANECA o las agencias autonómicas equivalentes.
2. Endurecer los criterios de apertura y exigir un mínimo de 4.500 estudiantes en los cinco primeros años con un mínimo del 10% de plazas de alojamiento, además de experiencia universitaria previa a los promotores y mayores requisitos de investigación.
3. Que las universidades online se consideren de ámbito nacional y tengan que ser autorizadas por las Cortes Generales.
En la posterior rueda de prensa, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, declaró literalmente que «esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Esto va de universidades buenas contra universidades malas». Aseguró también que su objetivo es que los estudiantes reciban «un título que, por supuesto, cumpla con esos mínimos requisitos de calidad». En la misma línea, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, declaró el día anterior que «una universidad no puede ser una máquina expendedora» ni «una fábrica de títulos sin garantías», llegando a hablar de algunos centros de nueva creación como «chiringuitos educativos», con referencia expresa a las universidades de las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía. En su opinión, el sistema universitario está en riesgo por quienes pretenden «debilitarlo y cuestionarlo, para después privatizarlo». Aseguró también que «vamos a perseguir las prácticas que atenten contra el prestigio de nuestras universidades, públicas y privadas». Pero, después de estas críticas, sacó pecho de que «ya somos el séptimo país de la Unión Europea con los jóvenes mejor formados« y «el tercer país de la UE con mayor número de personas matriculadas en estudios superiores».
Tanto las medidas del proyecto de real decreto como las declaraciones de la ministra portavoz y el presidente del Gobierno constituyen un auténtico despropósito. Para empezar, solo demuestran el fracaso de su propia ley universitaria de 2023 y real decreto de 2021, que al parecer se sienten obligados a enmendar urgentemente. Además, la creación de universidades públicas, el reconocimiento de las privadas y la aprobación de sus titulaciones ya están sujetos a la evaluación de la ANECA o las agencias autonómicas. Exigir un mínimo de 4.500 estudiantes a las universidades pondría en grave peligro a muchas instituciones, tanto públicas como privadas. Según la última edición del informe Datos y Cifras del Sistema Universitario Español, al cierre del curso 2023-2024 había 91 universidades, 50 públicas y 41 privadas, presentes en 179 municipios, 152 las públicas y 58 las privadas. Ambas por tanto cumplen una clara función de cohesión territorial repartiendo sus 1.762.459 estudiantes, un 11,4% de ellos de nacionalidad extranjera, por diferentes ciudades y provincias de España. Con estos requisitos, en Aragón, la Universidad San Jorge podría verse abocada al cierre y se impedirían nuevos proyectos como el campus de la Universidad Nicolás de Cusa en Calatayud, que ya tiene presencia en Italia, Francia y Alemania. Por no hablar de que aplicando este criterio se cerrarían algunas de las mejores universidades del mundo.
Por otro lado, exigir a las universidades un mínimo de plazas de alojamiento es desconocer la realidad actual de los colegios mayores y residencias universitarias, que cada vez más no prestan servicio a una única universidad sino a todas las radicadas en una ciudad. Las universidades son instituciones educativas, no del sector inmobiliario ni de la hostelería, para lo que ya existen entidades y empresas especializadas en ello. La experiencia universitaria previa de los promotores sólo permitiría lanzar una universidad a quien ya tenga otra. En el caso de Aragón, la Universidad San Jorge por tanto nunca habría visto la luz. En cuanto a la investigación, el perfil y los recursos de las universidades tanto públicas como privadas es muy distinto en cualquier país. No se puede exigir lo mismo a una research university que a una pequeña universidad más centrada en la docencia.
Asimismo, que todas las universidades a distancia tengan que ser autorizadas por las Cortes Generales ataca a la autonomía de las universidades y a las competencias de las propias comunidades autónomas. En los últimos cinco años, los estudiantes de universidades públicas presenciales han aumentado ligeramente (de 1.164.005 a 1.172.648) y han descendido un poco en las no presenciales (de 142.004 a 137.726). El mayor crecimiento de matrícula se ha producido en las universidades privadas, pasando las presenciales de 179.381 a 265.419 estudiantes y las no presenciales, de 97.635 a 187.066 alumnos.
Si la tasa neta de escolarización universitaria (número de estudiantes de 18-24 años matriculados en Grado y Máster dividida entre la población total de 18-24 años) se ha mantenido en el 31,2 % en España a pesar del aumento drástico de esta población en los diez últimos años (de 3,1 a 3,6 millones de personas) es debido a que las universidades privadas han absorbido prácticamente 175.000 nuevos alumnos que las públicas no han podido atender, que ya cubren el 92,7 % de sus plazas ofertadas. Este fenómeno también se ha producido en la otra gran rama de la Educación Superior, la Formación Profesional. En Aragón, la tasa de escolarización se encuentra todavía por debajo de la media nacional en el 28,6 %, por lo que habría cabida para nuevos proyectos universitarios. Asimismo, las universidades privadas realizan una contribución importante en creación de riqueza, pago de impuestos y puestos de trabajo. De un total de 236.539 personas empleadas en el sector universitario, 196.226 son de instituciones públicas y 40.313 de las privadas, que han crecido significativamente tanto en PDI como en PTGAS. Además, las privadas presentan mayores porcentajes de personal permanente en ambos grupos (82 % frente a 52 % y 91 % frente a 70 %).
En cuanto a las declaraciones de la ministra portavoz, Pilar Alegría y el presidente del Gobierno solo pueden calificarse como muy desafortunadas. Si el proyecto de real decreto no va de universidades públicas contra universidades privadas sino de buenas contra malas, tendrán que aclarar qué universidades de ambos tipos consideran malas y cuáles están dispuestos a cerrar. Resulta asimismo intolerable que declaren que hay universidades que son máquinas expendedoras de títulos o chiringuitos educativos, demonizando además a las universidades de las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía. Acusar a sus gobiernos de querer privatizar las universidades públicas es palmariamente falso. Y hacer estas declaraciones mientras dicen querer defender el prestigio de las universidades españolas es directamente obsceno. No se puede sacar pecho de ser el tercer país de la Unión Europea en personas matriculadas y a la vez no sólo no reconocer, sino encima denigrar, la contribución de las universidades privadas en los últimos años para haber logrado este objetivo.
Por todo ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente:

1. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a instar al Gobierno de España a retirar el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios.
2. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a instar al Gobierno de España a defender a las universidades españolas, tanto públicas como privadas, y por tanto abstenerse de pronunciar declaraciones denigratorias como las proferidas recientemente por la ministra portavoz, Pilar Alegría y el presidente del Gobierno.

Zaragoza, 9 de abril de 2025.