Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Alejandro Nolasco Asensio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, de conformidad con lo establecido en los artículos 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la figura del arraigo, solicitando su tramitación ante el Pleno de Las Cortes de Aragón.

El arraigo es un mecanismo contemplado en el artículo 31 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, definido en el artículo 124 del Reglamento de Extranjería (Real Decreto 1155/2024).
En origen se concibió como una herramienta puntual para situaciones extraordinarias, pero en la práctica ha devenido en la vía de regularización ordinaria para quienes entran de manera ilegal en España.
En los últimos cinco años, el número de inmigrantes con residencia por arraigo ha aumentado en un 650%, pasando de 43.848 personas en marzo de 2020 a 328.841 en marzo de 2025 .
Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las personas con autorización de residencia por arraigo en vigor en Aragón, es de 1.450 personas en Huesca, 7.493 en Zaragoza, y 540 en Teruel. Atendiendo al % de personas con autorización de residencia por arraigo en vigor respecto del total de personas con autorización de residencia en régimen de extranjería en Aragón, es del 9% en Huesca, 11% en Zaragoza y del 5% en Teruel.
El arraigo se ha convertido en una de las principales vías de regularización progresiva en España, muy especialmente desde 2020, los datos muestran que cada vez más personas lo utilizan. Desde ese año y según los datos del ministerio se han acogido a esta figura más de 320 mil personas.
A esto se suma que la reforma del Reglamento de Extranjería de 2024 no busca una modernización técnica, sino una regularización masiva encubierta que, según la propia ministra Elma Saiz, permitirá a casi un millón de inmigrantes que han accedido de forma ilegal a nuestra Nación regularizar su situación en apenas tres años.
Se reducen los requisitos y se dan más facilidades para reagrupaciones, mientras millones de españoles sufren paro, salarios bajos y falta de vivienda, y en lugar de reforzar las fronteras y priorizar a los nacionales el Gobierno alimenta el efecto llamada, da oxígeno a las mafias del tráfico de personas y pone en riesgo la seguridad, los servicios públicos y la cohesión social de nuestros barrios.
La realidad incuestionable es que la figura del arraigo se ha convertido en una regularización encubierta y masiva que premia la permanencia ilegal y alimenta el efecto llamada. Bajo esta figura se fomentan diferentes fraudes y atajos legales: empadronamientos sin título de vivienda, parejas de hecho y matrimonios de conveniencia, reagrupaciones familiares sin control y contratos laborales ficticios. El arraigo se ha convertido en una institución que fomenta abusos y fraudes, utilizada por quienes han accedido a España de manera ilegal.
Esta situación debe terminar, todo el que venga a España debe hacerlo de forma legal, ordenada, de acuerdo con las necesidades de nuestro mercado laboral y con clara voluntad y capacidad de adaptación. Nadie que entre de forma ilegal debe poder acceder a ningún tipo de ayuda pública ni por supuesto debe poder regularizar su situación.
Los que entren de forma ilegal en España deben ser devueltos a sus países de origen cuanto antes y las administraciones deben poner fin a cualquier norma que aliente el efecto llamada o favorezca la inmigración ilegal y masiva.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:
1. Se muestre favorable a la supresión de la institución del arraigo como herramienta jurídica para permitir la residencia legal de las personas que hayan accedido de forma ilegal a nuestra Nación.
2. Se muestre favorable a la expulsión inmediata de todos aquellos extranjeros que hayan entrado de forma ilegal en nuestra Nación así como a que se expulse a todos aquellos a los que habiendo entrado de forma legal cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida.
3. A suprimir cualquier tipo financiación a entidades u oenegés que colaboren con la inmigración ilegal y las mafias del tráfico de seres humanos, especialmente con aquellas que colaboren a favorecer que personas que han entrado de forma ilegal en nuestra Nación puedan regularizar su situación.
4. A llevar a cabo las modificaciones legales necesarias a fin de impedir que ninguna persona que haya entrado de forma ilegal en nuestra Nación pueda obtener ningún tipo de ayuda pública, así como a establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales.

Zaragoza, 18 de septiembre de 2025.