Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2026, ha admitido a trámite las Mociones que figuran a continuación, presentadas por los Grupos Parlamentarios para su tramitación ante las distintas Comisiones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 273.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a estas mociones hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que hayan de debatirse.
Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 30 de septiembre de 2026.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 258 del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Moción, dimanante de la interpelación número 38/26, relativa a la política de inspección educativa en Aragón y, en especial, a las medidas adoptadas para solucionar los problemas ocurridos en el Altoaragón, formulada a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, para su debate y votación en la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades.

La Inspección Educativa constituye un pilar esencial para la calidad del sistema educativo, concebida normativamente como un órgano de acompañamiento, asesoramiento pedagógico, mediación y garantía de los derechos de la comunidad educativa.
Sin embargo, en la provincia de Huesca la Inspección ha sufrido una deriva alarmante, transformándose en una herramienta de fiscalización asfixiante, hiperburocracia y sanción hacia el profesorado de la enseñanza pública.
La desproporción cuantitativa de las actuaciones disciplinarias en el Alto Aragón representa una anomalía inasumible. Contando la provincia de Huesca con aproximadamente el 16 % de la plantilla docente de la Comunidad Autónoma, en sus centros se han llegado a concentrar y tramitar en los dos últimos cursos más del 60 % del total de los expedientes disciplinarios e informativos de todo Aragón.
Resulta inverosímil sostener que esta disparidad obedezca a un incumplimiento masivo de las obligaciones por parte de los más de 3.000 docentes oscenses.
El caso del IES Ramón y Cajal de Huesca ha puesto de manifiesto la falta de veracidad y la nefasta gestión del Departamento de Educación. La propia dirección del centro se vio obligada a desmentir públicamente los relatos oficiales que justificaron la intervención inspectora, negando haber solicitado visita alguna y confirmando la ausencia de quejas formales por parte de las familias. Lejos de esclarecer los hechos y depurar responsabilidades, la respuesta institucional ha sido el silencio y la falta de amparo a los equipos directivos y docentes.
A la falta de resolución del conflicto en el IES Ramón y Cajal se suma una represalia sin precedentes contra la libertad sindical. Tras casi dos años de espera de la investigación independiente aprobada por estas Cortes, la única medida efectiva tramitada ha sido la propuesta de sanción de 10 meses de suspensión de empleo y sueldo a un representante sindical que se limitó a denunciar públicamente ante los medios de comunicación las irregularidades del proceso.
Esta desproporcionada propuesta de sanción vulnera la libertad de expresión y el ejercicio de la representación de los trabajadores, transmitiendo un mensaje de amedrentamiento al conjunto del profesorado.
Ante la inacción del Departamento, la persistencia de graves conflictos de interés en la Jefatura de la Inspección Provincial de Huesca y el cuestionamiento del papel supervisor que corresponde a la Secretaría General Técnica, la totalidad de las organizaciones sindicales con representación en la enseñanza pública han convocado una huelga general docente en la provincia de Huesca para el próximo 14 de octubre.
Por todos estos motivos, presentamos la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:
1. Ordenar la revisión de oficio de todos los expedientes disciplinarios e informativos incoados al personal docente en la provincia de Huesca durante los dos últimos cursos escolares, garantizando la suspensión cautelar de aquellas propuestas de sanción que puedan vulnerar la libertad de expresión o el legítimo ejercicio de la libertad y representación sindical.
2. Proceder al cese de la Jefatura de la Inspección Educativa de la provincia de Huesca, con el fin de iniciar una nueva etapa basada en el diálogo, la imparcialidad, el acompañamiento pedagógico y la restitución del clima de confianza con la comunidad educativa y los equipos directivos.
3. Iniciar de forma inmediata una auditoría e investigación independiente sobre las actuaciones realizadas por la Inspección Educativa en el IES Ramón y Cajal de Huesca y en la Dirección Provincial, dando cumplimiento íntegro a los mandatos aprobados por estas Cortes de Aragón y haciendo públicos sus resultados.
4. Revisar los criterios de evaluación y la carga burocrática impuestos por la Inspección en la provincia de Huesca, unificando los criterios técnicos con los del resto de provincias aragonesas para evitar situaciones de discriminación o arbitrariedad.

En el Palacio de la Aljafería, a 25 de septiembre de 2026.