Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al impulso de propuestas en materia de vivienda, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

La vivienda es uno de los principales retos sociales, económicos y generacionales que afronta nuestro país. El acceso a una vivienda digna, segura y asequible es un derecho constitucional que, sin embargo, se ha visto gravemente comprometido en las últimas décadas como consecuencia de políticas especulativas, falta de planificación y una inversión pública insuficiente.
La vivienda constituye uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar. No puede haber igualdad real ni cohesión social si amplias capas de la población, especialmente la juventud y las familias trabajadoras, se ven expulsadas del mercado inmobiliario por precios abusivos, falta de oferta asequible y la ausencia de un parque público que amortigüe los efectos del mercado.
España ha carecido de una política de vivienda estructural y sostenida en el tiempo, frente a modelos como el de Países Bajos, Austria o Francia, donde entre el 15% y el 25% del parque residencial es público o social, en nuestro país apenas supera el 3,4%, lo que nos sitúa a la cola de Europa en cuanto a provisión pública de vivienda.
Ante esta realidad, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha planteado en la reciente Conferencia de Presidentes una serie de medidas decididas, ambiciosas y necesarias para corregir ese déficit histórico. Medidas que suponen un cambio de paradigma y sientan las bases para garantizar la función social de la vivienda.
El paquete presentado por el Gobierno propone un nuevo Acuerdo Estatal de vivienda que triplicaba la inversión en este ámbito, pasando de 2.300 millones de euros a 7.000 millones de euros para los próximos 5 años, el blindaje del parque público de vivienda y la creación de un parque de vivienda social de protección permanente; la creación de una base de datos públicas que permita a la ciudadanía y Administraciones conocer los precios reales de compraventa o alquiler.
Estas propuestas no solo son ambiciosas, sino que cuentan con una base técnica sólida y un respaldo financiero a través de fondos estatales y acuerdos de colaboración público-privada.
Sin embargo, frente a este impulso, muchas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han optado por la inacción, el rechazo o el boicot. Algunas han decidido no aplicar la Ley de Vivienda, desprotegen los parques de vivienda protegida, han renunciado a gestionar los fondos estatales o han mantenido políticas centradas en la liberalización del suelo y la especulación urbanística.
Esa actitud, lejos de ser una mera discrepancia política, tiene consecuencias concretas: jóvenes que no pueden emanciparse, familias que deben destinar más del 40% de sus ingresos al alquiler, personas mayores atrapadas en viviendas inadecuadas, y barrios expulsando a sus vecinos de toda la vida.
No es admisible que, por razones ideológicas o de confrontación partidista, se impida el despliegue de políticas públicas destinadas al interés general. La ciudadanía no entiende de competencias administrativas: exige soluciones reales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:
1. Reconocer y apoyar las propuestas presentadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia de vivienda en la reciente Conferencia de Presidentes, como un paso firme hacia una política pública de vivienda ambiciosa, justa y estructural.
2. Aumentar hasta un 40% de su financiación para el próximo Plan Estatal de Vivienda y aceptar la propuesta de financiación planteada por el Estado.
3. Blindar el parque público y social de vivienda y que no se puedan descalificar viviendas que estén financiadas con recursos públicos.
4. Crear y compartir una base de datos pública a compartir con el Estado, como muestra de transparencia y servicio a la ciudadanía.
5. Colaborar activamente con el Gobierno de España para la implementación de las propuestas, incluyendo la gestión ágil y eficiente de los fondos estatales dirigidos a vivienda.

Zaragoza, 16 de junio de 2025.