Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Doña Carmen Rouco Laliena, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la despolitización de las comarcas en Aragón, solicitando su tramitación ante el Pleno de esta Cámara.

Aragón, una región autónoma con una rica diversidad geográfica y cultural, está dividida en 33 comarcas oficiales que, en teoría, buscan descentralizar la gestión y acercar los servicios a la ciudadanía. Sin embargo, el gasto político asociado a estas entidades ha alcanzado niveles que muchos consideran desproporcionados, generando un debate sobre su eficiencia y la necesidad de una reforma estructural que despolitice su funcionamiento. Según datos oficiales del Gobierno de Aragón, disponibles en el portal de presupuestos y en la Ley 17/2023, de 22 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2024, las comarcas reciben transferencias significativas que, en gran medida, se destinan a mantener estructuras administrativas y políticas, más que a inversiones directas en servicios esenciales. En 2024, por ejemplo, el presupuesto autonómico destinó 63,5 millones de euros a las comarcas, una cifra que se mantuvo estable respecto al año anterior, pero que contrasta con la baja ejecución de inversiones reales, como se desprende de informes históricos de la Cámara de Cuentas de Aragón, donde en 2011 solo el 25% de los 155 millones presupuestados se destinó a inversiones, mientras el 40% fue absorbido por gastos de personal y el 27% por gasto corriente.
El análisis detallado de las partidas presupuestarias revela que, en cada una de las 33 comarcas, los recursos asignados a órganos de gobierno, como consejos comarcales y retribuciones de cargos políticos, representan una carga significativa. Aunque los datos específicos por comarca varían, el patrón general muestra que el mantenimiento de estas estructuras políticas supera con creces el gasto en áreas prioritarias como sanidad, educación o infraestructuras locales. Por ejemplo, en la Comarca del Bajo Aragón, con un presupuesto de 5 millones de euros en 2024, el área de Residuos Sólidos Urbanos (679.765 euros) y Servicios Sociales (con un incremento de 200.000 euros) reflejan un esfuerzo por atender necesidades básicas, pero el resto se diluye en partidas de funcionamiento y personal, muchas veces vinculadas a la gestión política. Este modelo se repite en mayor o menor medida en comarcas como Los Monegros o Ribera Alta del Ebro, donde la duplicidad administrativa con ayuntamientos y el Gobierno autonómico genera ineficiencias evidentes.
Desde el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, consideramos imprescindible llevar a cabo una reforma profunda y estructural de las comarcas para despolitizarlas y transformarlas en verdaderas entidades prestadoras de servicios públicos. La politización del sistema comarcal no solo genera gastos innecesarios, sino que también afecta la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos. Es necesario priorizar las necesidades ciudadanas por encima del gasto en una estructura política innecesaria.
Las Diputaciones Provinciales, con años de experiencia y un gran peso técnico, son estructuras consolidadas que pueden gestionar eficazmente las comarcas adscritas a sus respectivas provincias. Aprovechar estos medios organizativos y de gestión permitirá una prestación de servicios más eficiente y centrada en las necesidades reales de los ciudadanos.
En este sentido, se considera que las Cortes de Aragón deben manifestar su compromiso de ofrecer un verdadero servicio público a los ciudadanos, garantizando la prestación de servicios públicos de calidad, racionalizando el gasto público y eliminando la ideologización de las entidades prestadoras de servicios.
La despolitización de las comarcas surge como una solución urgente para reducir este gasto excesivo. Eliminar o limitar los cargos políticos no esenciales, centralizar funciones administrativas redundantes y reorientar los fondos hacia proyectos de impacto directo en la ciudadanía permitiría optimizar recursos en un contexto de crecientes demandas sociales. La evidencia sugiere que las comarcas, concebidas como herramientas de vertebración territorial, se han convertido en algunos casos en estructuras clientelares que perpetúan intereses partidistas, como se ha denunciado en diversos medios de comunicación, donde se señalaba su uso como agencias de colocación. Reducir el gasto político no solo aliviaría la presión sobre las arcas públicas y por lo tanto la presión fiscal sobre los ciudadanos aragoneses, sino que también devolvería a estas entidades su propósito original: servir a los aragoneses de manera eficiente y transparente.
Para abordar la despolitización de las comarcas en Aragón y reducir el gasto político asociado, es fundamental partir del análisis previo de la normativa vigente, principalmente de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón y el Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón. Estas normas establecen el marco jurídico para la creación, organización y funcionamiento de las 33 comarcas, pero también reflejan una estructura que ha generado duplicidades y costes políticos elevados. A continuación, se proponen soluciones realistas, alineadas con la legislación actual y orientadas a optimizar recursos, reducir la carga política y priorizar la eficiencia administrativa.
En primer lugar, resulta imprescindible abordar una reforma legislativa para reducir órganos políticos comarcales. El artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Comarcalización establece que las comarcas cuentan con órganos de gobierno representativos de los ayuntamientos, como el Consejo Comarcal, cuya composición y funcionamiento se detallan en las leyes creadoras de cada comarca. Sin embargo, la proliferación de cargos políticos (presidentes, consejeros y asesores) ha elevado los costes. Se hace necesaria una modificación legislativa tendente a limitar el número de cargos políticos remunerados por comarca. Todo ello al objeto de eliminar dietas y sueldos específicos por funciones comarcales, lo que conllevaría una reducción directa del gasto político, alineándose con el principio de austeridad y evitando la profesionalización de cargos que duplican funciones municipales.
Resulta igualmente recomendable una revisión y transferencia selectiva de competencias. El artículo 5.3 del Estatuto de Autonomía y el artículo 8 del Texto Refundido permiten a las Cortes regular las competencias comarcales. Actualmente, muchas comarcas gestionan áreas que podrían ser más eficientes a nivel municipal, provincial o autonómico, como se evidencia en la baja ejecución de inversiones. Por ello, se propone iniciar un proceso de evaluación para identificar competencias redundantes o ineficientes (ej. turismo en comarcas pequeñas), transfiriéndolas a ayuntamientos, Diputaciones Provinciales o al Gobierno de Aragón según criterios de proximidad y capacidad. Las comarcas se centrarían en servicios esenciales como residuos o atención social, reduciendo estructuras políticas innecesarias al limitar el ámbito de actuación comarcal, con un ahorro significativo en gastos de funcionamiento.
También se considera fundamental estudiar y establecer un sistema de centralización de funciones administrativas redundantes a través de las Diputaciones Provinciales correspondientes, al objeto de centralizar tareas administrativas comunes (gestión de personal, contabilidad, contratación) para las diferentes comarcas. El artículo 9 del Texto Refundido enumera competencias comarcales (servicios sociales, residuos, turismo, etc.), pero la ejecución práctica muestra solapamientos con ayuntamientos y el Gobierno de Aragón. Esto genera ineficiencias y costes asociados a estructuras burocráticas paralelas. Con ello se perseguiría la disminución de gastos operativos y de personal, reorientando fondos a servicios directos.
En este sentido, se justificaría una modificación del Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, delegando estas funciones a la administración correspondiente, estableciendo un plazo de transición de dos años.
Finalmente, resulta preceptiva la obligatoriedad de un sistema de auditoría y transparencia. La falta de control sobre el gasto político requiere medidas de fiscalización. Si bien el Texto Refundido regula los recursos económicos, éste no exige auditorías específicas. Por ello, se juzga necesario establecer una obligación a las diferentes comarcas a someterse a auditorías periódicas de la Cámara de Cuentas de Aragón, publicando los resultados en el portal de Transparencia de Aragón, priorizando en dicho análisis las partidas de personal y órganos de gobierno. Con ello, se conseguiría un mayor control ciudadano y se presionaría para la eliminación de los gastos políticos superfluos, reforzando la confianza en la gestión comarcal.
Estas soluciones, viables dentro del marco normativo actual, requieren voluntad política en las Cortes de Aragón para impulsar reformas legislativas consensuadas. La combinación de reducción de cargos, centralización administrativa, ajuste de competencias, fusión voluntaria y fiscalización aborda el objetivo de despolitización, alineándose con los principios de eficiencia y subsidiariedad del artículo 75 del Estatuto. La implementación gradual, con plazos claros (2-5 años), permitiría minimizar resistencias y garantizar una transición ordenada hacia unas comarcas más técnicas y menos politizadas, al servicio real de la ciudadanía aragonesa.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario de Vox en Aragón presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:
1. Abordar la modificación del Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, al objeto de limitar el número de cargos políticos remunerados por comarca.
2. Realizar una evaluación de las políticas públicas ejecutadas a través de las comarcas al objeto de valorar la eficiencia en la prestación de servicios públicos por dichas entidades.
3. Estudiar y establecer un sistema de centralización de funciones administrativas redundantes a través de las Diputaciones Provinciales correspondientes, al objeto de centralizar tareas administrativas comunes para las diferentes comarcas.
4. Establecer la obligación a las diferentes comarcas a someterse a auditorías periódicas de la Cámara de Cuentas de Aragón, publicando los resultados en el portal de transparencia de Aragón.

En Zaragoza, a 31 de marzo de 2025.
CARMEN ROUCO LALIENA