Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Fernando Ledesma Gelas, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reducción de financiación de fondos estatales, solicitando su tramitación ante el Pleno.

El Sistema de Financiación autonómico data de 2009 y tenía una vigencia prevista inicial de 5 años. La grave crisis financiera que afecto a todo el planeta a finales de la primera década del siglo XXI y a lo largo de la segunda década de este mismo siglo imposibilitaron una actualización del sistema de financiación autonómica.
Lo cierto es que en las actuales circunstancias políticas en las que las mayorías parlamentarias se sustentan en unos apoyos políticos —en otro tiempo impensables e inaceptables— obliga a trabajar por un nuevo modelo de financiación autonómica, por supuesto dentro del actual marco constitucional.
Este modelo de financiación autonómica debe contemplar principios esenciales de todo estado democrático como son la Igualdad en derechos de todos los ciudadanos y la Solidaridad interterritorial.
La modificación encubierta del actual sistema de financiación autonómica mediante un acuerdo bilateral entre fuerzas políticas independentistas Catalanas y el Partido Socialista que sustenta al Presidente del Gobierno de España se ha convertido en la nueva condición a aceptar por los socialistas catalanes y españoles a cambio de hacer posible que Salvador Illa sea presidente de la Autonomía Catalana.
Mas allá de que este acuerdo demuestra la debilidad del Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez por seguir aferrado a la Moncloa, sometido a los votos de partidos secesionistas que está llevando a España a una situación límite jamás vivida en España, el acuerdo supone un paso hacia la modificación de la actual configuración del Estado de las Autonomías y favorece la España a dos velocidades.
El marco adecuado para modificar el actual sistema de reparto para la financiación autonómica es un marco lógicamente multilateral y para ello existe el Consejo de Política Fiscal y Financiera donde están representadas todas las Comunidades Autónomas del sistema general de financiación y en el cual se deberán tomar en consideración las circunstancias, condiciones, Estatutos de Autonomía y costes reales y efectivos de los servicios públicos en cada una de las Comunidades Autónomas.
En el caso concreto de Aragón nuestro Estatuto de Autonomía dicta que debe tenerse en cuenta la estructura territorial, la dispersión y la baja densidad de población para determinar la financiación de la Comunidad Autónoma. Además, nuestras propias características territoriales y humanas hacen necesario que se deba tener en cuenta dentro de los costes de los servicios públicos cuestiones como la extensión geográfica y su baja densidad de población en muchas zonas, junto con el muy significativo envejecimiento de la población especialmente en los entornos rurales.
La última derivada de estos acuerdos ha sido la puesta en conocimiento de la reducción de fondos estatales para Aragón en 2025 debido a un cálculo de la liquidación de 2023 que resulta del todo injusto e injustificado. Si la Airef había previsto 351 millones, finalmente, el Estado traspasará 126, lo que supone que Aragón perderá un 1,69 % de financiación del Estado respecto a 2024 frente al conjunto de las comunidades autonómicas, que de media ganarán un 2,5 %, hecho que contrasta con el anuncio por parte de la ministra Montero de que todas las comunidades autónomas verían incrementada su financiación en, al menos un 2’5 % más, algo que no ocurrirá en Aragón.

Los acuerdos entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los independentistas no están trayendo más que un mayor empobrecimiento y una menor capacidad para abordar los servicios educativos, sanitarios y sociales de los aragoneses.
Esta reducción de financiación para Aragón por parte del Gobierno de Sánchez contrasta con los datos de crecimiento económico e inversión de nuestra comunidad autónoma. Aragón va a recibir unos fondos como si estuviera atravesando una recesión económica y, nada más lejos de la realidad. En julio de 2024, con respecto al año anterior, Aragón creció en afiliación a la Seguridad Social, en exportaciones, bajó el paro registrado, se van a invertir más de 22.000 millones de euros (cifra récord) y la previsión de crecimiento se sitúa en un 2 %. Todas estas cifras avalan el momento de esplendor que económicamente está viviendo Aragón y que no se corresponden con el recorte de fondos planteado por el Gobierno de España.
Los aragoneses vamos a tener que hacer un mayor esfuerzo para defender los servicios públicos en nuestro territorio. El mayor coste de acercar éstos al territorio, unido a la infrafinanciación, deriva en un déficit estructural de las arcas autonómicas aragonesas y este Parlamento no puede consentir el ataque y permanecer callado sin defender públicamente los intereses de Aragón.
Por todo ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente:

Las Cortes de Aragón:
1. Rechazan el acuerdo de financiación alcanzado entre el PSC y ERC por el que se pretende establecer un sistema singular para Cataluña en detrimento del resto de Comunidades Autónomas.
2. Instan al Gobierno de Aragón a dirigirse al Gobierno de la Nación para solicitar la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar de forma multilateral la reforma del sistema de financiación, basándose en los criterios de igualdad y de solidaridad interterritorial.
3. Se reafirman en los acuerdos alcanzados en este parlamento, tales como la «Propuesta de aportaciones del Gobierno de Aragón y los grupos parlamentarios de 27 de enero de 2022 al informe sobre el cálculo de población ajustada del Ministerio de Hacienda», así como se comprometen a defender las futuras conclusiones de la Comisión de Estudio constituida actualmente en las Cortes de Aragón sobre el nuevo sistema de financiación autonómica (actualizando el aprobado por las Cortes de Aragón en sesión plenaria celebrada los días 14 y 15 de junio de 2018) e instan al Gobierno de Aragón a tomar todas las medidas legales que sean necesarias para defender los derechos de todos los aragoneses a recibir un trato justo con respecto a la financiación de sus servicios públicos.

Zaragoza, 2 de septiembre de 2024.