Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Fernando Ledesma Gelas, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el respeto del sistema de financiación autonómica establecido en la Constitución española, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

En las últimas décadas, España ha pasado de tener una estructura política casi completamente centralizada a situarse entre los países más descentralizados de la OCDE. En la actualidad, las comunidades autónomas gestionan muchos de los servicios públicos con incidencia directa sobre la vida y el bienestar de los ciudadanos, como son la sanidad, la educación o los servicios sociales, a los que destinan más de un tercio de su gasto final total y más de la mitad de los empleados públicos de las Administraciones autonómicas.
El informe de la Comisión de Expertos para la revisión del Modelo de Financiación Autonómica, de julio 2017, elaborado tras el acuerdo alcanzado en la Conferencia de Presidentes en enero de ese mismo año, indica que, a lo largo de estas décadas de creciente descentralización del gasto y del ingreso, el sistema de financiación del Estado autonómico ha ido evolucionando sin un diseño explícito de a dónde se quería llegar a largo plazo. En un primer momento, hubo que improvisar un modelo ad hoc basado en la transferencia de los recursos presupuestados para cada competencia que permitiese que los servicios públicos que se iban transfiriendo a las nuevas Administraciones autonómicas siguieran funcionando con normalidad. Una vez concluida esta etapa inicial, los sucesivos acuerdos de financiación se han traducido en un gradual aumento de la autonomía tributaria de las comunidades autónomas y en una creciente complejidad del modelo, sin llegar a resolver los problemas de equidad subyacentes.
El actual sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y de las ciudades con estatuto de autonomía (SFA) aparece regulado en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. El SFA integra la financiación de la totalidad de los servicios traspasados a través de los tributos cedidos (capacidad tributaria), de la Transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (Fondo de Garantía) y del Fondo de Suficiencia Global (FSG). Además, la Ley 22/2009 establece los Fondos de Convergencia Autonómica, dotados con recursos adicionales del Estado: el Fondo de Competitividad y el Fondo de Cooperación.
El Presidente de Aragón, Jorge Azcón, propuso en su discurso de investidura un gran pacto por la mejora de la financiación autonómica, que garantice la prestación de servicios públicos de calidad en toda la comunidad, para lo cual el sistema debe contemplar el coste efectivo de la prestación de esos servicios y los criterios de distribución deben incluir, con mayor intensidad, la dispersión, la desigual distribución de la población y el envejecimiento. El Presidente también instó la unidad de todas las formaciones políticas aragonesas para evitar que las fuerzas independentistas intenten pervertir la igualdad, generando más agravios territoriales.
A pesar de los reiterados compromisos adquiridos por el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tanto en campaña electoral como en debate de investidura, la reforma sobre el modelo de financiación ha quedado supeditada a las negociaciones del Gobierno con las formaciones independentistas, que están definiendo un escenario de desigualdad y privilegios en favor de territorios concretos y en claro perjuicio para el resto de comunidades.
En estos momentos y como consecuencia de esas negociaciones, para la investidura de Salvador Illa para Presidente de la Generalitat, el Partido Socialista y los partidos independentistas están firmando acuerdos sobre financiación autonómica de manera bilateral en los que se prevé que Cataluña salga del régimen común y que la Agencia Tributaria Catalana gestione, liquide, recaude e inspecciones todos los impuestos que se pagan en Cataluña, comenzando con la campaña de la declaración de la renta de 2025.
La Constitución establece que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del Estado, por lo que es obligación de los poderes públicos y, en particular, del Gobierno de la nación impulsar la vertebración territorial de España y garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de donde residan, cuenten con el acceso a servicios públicos de calidad y oportunidades de desarrollo profesional y de un proyecto de vida.
No son admisibles más negociaciones bilaterales que anteponen intereses partidistas a los de todos los españoles, como está sucediendo con los acuerdos del actual Gobierno con los partidos independentistas.
La necesaria reforma del sistema de financiación autonómica tiene que ser debatida y consensuada en la Conferencia de Presidentes y en el Consejo de Política Fiscal Financiera con la igualdad y la solidaridad entre territorios como eje vertebrador de este sistema.
Por todo ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente

1. Las Cortes de Aragón rechazan la ruptura del sistema fiscal de régimen común que permite a Cataluña recaudar los impuestos de todos los españoles en su territorio, una ruptura ilegal que está fuera de la Constitución española.
2. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a poner en marcha todos los mecanismos jurídicos a su alcance para impedir la ruptura del sistema de financiación común, lo que significaría crear españoles de primera y de segunda, y se respete el sistema de financiación recogido en la Constitución española.
3. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que inste al Gobierno de España a llevar a cabo una reforma del sistema de financiación autonómica que respete la Constitución y tenga como eje vertebrador la igualdad y solidaridad entre territorios y ciudadanos, independientemente del lugar en que vivan.
4. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que inste al Gobierno de España a garantizar que cualquier acuerdo que afecte al sistema de financiación autonómica, o condicione la capacidad financiera de la Administración general del Estado en relación con la financiación de las comunidades autónomas, sea exclusivamente el resultado de un consenso multilateral en el seno de la Conferencia de Presidentes y del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y nunca de un acuerdo bilateral con una comunidad autónoma o de un acuerdo parlamentario entre partidos.

Zaragoza, 30 de julio de 2024.