Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

En materia energética debemos ser claros: la Constitución española, en su artículo 149.25, establece que la competencia en las bases del régimen minero y energético corresponde al Estado. En virtud de ello, la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico regula la planificación, gestión y operación del sistema eléctrico nacional, atribuyendo a Red Eléctrica de España la responsabilidad de garantizar la seguridad y continuidad del suministro, así como la correcta coordinación de la producción y el transporte.
Esto significa que aspectos clave como el acceso y conexión a las redes, la planificación del transporte, el mix energético o el desarrollo de infraestructuras de almacenamiento son competencias exclusivas del Estado, y no de las comunidades autónomas. Nuestra participación se limita al ámbito de las propuestas dentro de los planes de desarrollo de la red, que tienen un carácter vinculante y son aprobados por el Gobierno de España y sometidos al Congreso de los Diputados.
En este marco, Aragón, al igual que el resto de comunidades autónomas, no tiene capacidad normativa ni ejecutiva para adoptar medidas que eviten, por sí mismas, situaciones de tensión en la red nacional o posibles colapsos. Estas cuestiones se encuentran reguladas por normativa estatal y supervisadas por organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Sí es importante señalar que, a nivel europeo, el marco de referencia lo constituye el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, revisado en septiembre de 2024, en el que se establecen los objetivos de penetración de renovables, almacenamiento y el mix energético hacia 2030. Es en ese contexto estatal y europeo donde se definen los retos y soluciones para garantizar un sistema eléctrico seguro y sostenible.
En conclusión, el Gobierno de Aragón cumple con sus competencias en materia de autorizaciones administrativas de instalaciones energéticas, pero corresponde al Estado asegurar que el desarrollo de las energías renovables se integre de manera ordenada en la red nacional, garantizando siempre la seguridad y estabilidad del suministro. Es por ello que instamos al Gobierno de España a asumir su responsabilidad y adoptar las medidas necesarias para que situaciones como la ocurrida el pasado 28 de abril de 2025 no vuelvan a repetirse.

Zaragoza, a 9 de septiembre de 2025.