Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Fernando Ledesma Gelas, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el respeto del sistema de financiación autonómica establecido en la Constitución Española, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

En la España constitucional de hoy las Comunidades Autónomas gestionan muchos de los servicios públicos con incidencia directa sobre la vida y el bienestar de los ciudadanos, como son la sanidad, la educación o los servicios sociales, a los que destinan más de un tercio de su gasto final total y más de la mitad de los empleados públicos de las Administraciones autonómicas.
El actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía (SFA) aparece regulado en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. El SFA integra la financiación de la totalidad de los servicios traspasados a través de los tributos cedidos (capacidad tributaria), de la Transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (Fondo de Garantía) y del Fondo de Suficiencia Global (FSG). Además, la Ley 22/2009 establece los Fondos de Convergencia Autonómica, dotados con recursos adicionales del Estado: el Fondo de Competitividad y el Fondo de Cooperación.
El Presidente de Aragón, Jorge Azcón instó en su discurso de investidura a la unidad de todas las formaciones políticas aragonesas para evitar que las fuerzas independentistas intenten pervertir la igualdad, generando más agravios territoriales.
A pesar de los reiterados compromisos adquiridos por el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tanto en campaña electoral como su Debate de Investidura, la reforma sobre el modelo de financiación ha quedado supeditada a las negociaciones del Gobierno con las formaciones independentistas, que están definiendo un escenario de desigualdad y privilegios en favor de territorios concretos y en claro perjuicio para el resto de Comunidades.
En estos momentos y consecuencia de las negociaciones que llevaron a la investidura de Salvador Illa como presidente de Cataluña, el Partido Socialista y los partidos independentistas firmaron un acuerdo que literalmente dice:
«Impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos, con el objetivo de dotar a las instituciones catalanas de los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de la Cataluña de los 8 millones de habitantes».
«La asunción progresiva, por parte de la Agencia tributaria de Cataluña, de la gestión, la recaudación, la liquidación, la inspección y la disponibilidad de todos los impuestos soportados en Cataluña».
«Que sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña y aumente sustancialmente la capacidad normativa en coordinación con el Estado y la Unión Europea».
«La aportación de los gastos del Estado se establecerá a través de un porcentaje de participación en los tributos».
«No se trata de reformar el modelo de financiación común, sino de cambiarlo sobre un nuevo paradigma basado en la singularidad y la bilateralidad. Si queremos alcanzar los estándares europeos en cuanto a recursos destinados al estado del bienestar y a la dinamización del tejido productivo, es indispensable un nuevo sistema de financiación basado en una relación bilateral con el Estado y un incremento sustancial de la capacidad normativa y de la capacidad de gestión que garantice la suficiencia financiera y la soberanía fiscal de la Generalitat».
Este acuerdo es la expresión clara de un pacto para un nuevo sistema de financiación singular y bilateral para Cataluña en el que esta Comunidad Autónoma recaudará todos los impuestos y después retrotraerá al Estado un porcentaje o también denominado Cupo.
En la misma línea, para la Investidura de Pedro Sánchez en 2023 se acordó con ERC la condonación de 15.000 millones de deuda de Cataluña con la Administración General del Estado, lo que no implica su desaparición sino la subrogación del Estado en la misma —y con el Estado es decir de todos los españoles—, mutualizándola entre todos los españoles.
«Esta operación supondrá la asunción del entorno del 20% de la deuda viva en el momento de ejecución de este acuerdo, contraída por la Generalitat de Catalunya con la Administración General del Estado en los mecanismos de liquidez estatales, y supondrá unos 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña, y supondrá un ahorro de en torno a 1.300 millones de euros en intereses».
La Constitución establece que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del Estado, por lo que es obligación de los poderes públicos y, en particular, del Gobierno de la Nación impulsar la vertebración territorial de España y garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de donde residan, cuenten con el acceso a servicios públicos de calidad y oportunidades de desarrollo profesional y de un proyecto de vida.
No son admisibles más negociaciones bilaterales que fijen las bases de un nuevo sistema de financiación autonómica al margen del resto de Comunidades y que anteponen intereses partidistas a los de todos los españoles, como está sucediendo con los acuerdos del actual gobierno con los partidos independentistas.
La necesaria reforma del sistema de financiación autonómica tiene que ser debatida y consensuada en la Conferencia de Presidentes y en el Consejo de Política Fiscal Financiera con la igualdad y la solidaridad entre territorios como eje vertebrador de este sistema.
Por todo ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente:

1. Las Cortes de Aragón rechazan la ruptura del sistema fiscal de régimen común que permite a Cataluña recaudar los impuestos de todos los españoles en su territorio y pagar al Estado un porcentaje o Cupo independentista, lo que crearía un sistema fiscal propio para Cataluña no contemplado en la Constitución similar al de los regímenes vasco o navarro. Este cupo independentista daña a las comunidades de régimen común, especialmente a Aragón donde el impacto supondría perder 233 millones de euros. Mientras, el Gobierno de España obvia los problemas de financiación de las comunidades con despoblación como es el caso de Aragón y pretende destinar dinero de todos los españoles a pagar su acuerdo con el independentismo catalán.
2. Las Cortes de Aragón rechazan un acuerdo bilateral de Cataluña con el Estado para la condonación 15.000 millones de deuda de Cataluña con la Administración General del Estado, lo que implica subrogar al Estado en la deuda y repartir entre todos los españoles la responsabilidad de su coste y su devolución.
3. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a poner en marcha todos los mecanismos jurídicos a su alcance para impedir la ruptura del sistema de financiación común, lo que significaría crear españoles de primera y de segunda y se respete el sistema de financiación recogido en la Constitución Española.

Zaragoza, 3 de febrero de 2025.