Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Fernando Ledesma Gelas, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en los artículos 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre orografía y despoblación en la financiación autonómica para Aragón, solicitando su tramitación ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administración Pública.

Aragón representa una realidad territorial y demográfica singular dentro de España. Aporta casi el 10% de la superficie nacional, pero su población apenas alcanza el 3% del total del país. Esta doble condición —amplia extensión y baja densidad— genera sobrecostes evidentes en la prestación de servicios públicos fundamentales, como la sanidad, la educación o los servicios sociales, que no están debidamente reflejados en el actual sistema de financiación autonómica (SFA). La fórmula de población ajustada, utilizada para distribuir los recursos del sistema, da un peso desproporcionado del 97% a las variables estrictamente poblacionales, relegando a un escaso 3% a factores correctivos como la dispersión, la superficie o la orografía, que inciden de manera directa en el coste real de los servicios.
A pesar de los reiterados informes y evidencias técnicas que alertan sobre esta situación, el Gobierno de España ha optado, por mantener un modelo que penaliza a las comunidades que, como Aragón, tienen que garantizar la igualdad de acceso a los servicios en un territorio extenso, disperso y con zonas de alta montaña. La exclusión de variables como la despoblación o la orografía del nuevo planteamiento sobre población ajustada que impulsa el Ministerio de Hacienda supone un retroceso tanto técnico como político.
Las cifras que describen la realidad aragonesa son contundentes. Según el INE y Eurostat, la Comunidad podría perder entre 63.000 y 102.000 habitantes en la próxima década. Ya en 2024, Aragón ha alcanzado una población de 1.348.000 habitantes, y ocupa el puesto 41 entre las 258 regiones europeas con menor crecimiento. Este contexto se ve agravado por una profunda transformación demográfica: Aragón es la tercera comunidad autónoma con mayor índice de sobre envejecimiento superior a los 85 años, y la cuarta si se toma como referencia la población mayor de 80. Este envejecimiento, además de afectar directamente al gasto sanitario y social, no se compensa en el actual modelo.
Pese a estas dificultades, Aragón mantiene una fuerte estructura de servicios públicos. Es la segunda comunidad con más centros sanitarios por millón de habitantes, la cuarta con más médicos por cada 1.000 habitantes y también la cuarta en número de colegios públicos por cada 100.000 alumnos. Este esfuerzo se multiplica cuando observamos que el 55,6% de los centros educativos están en zonas escasamente pobladas y que el 40% de los municipios aragoneses están ubicados en zonas desfavorecidas de montaña —una proporción que se eleva hasta el 85% en la provincia de Teruel.
El informe sobre población ajustada elaborado por el Ministerio de Hacienda en 2021 ya reconocía que 25 de los 50 municipios más altos de España se localizan en Aragón, especialmente en Teruel. Esta circunstancia combina baja densidad, dispersión geográfica, aislamiento y una orografía compleja, factores todos ellos que inciden negativamente en los costes públicos y que, sin embargo, siguen sin tener reflejo en el reparto de los recursos del sistema.
La consecuencia es evidente: pérdida progresiva de peso relativo y recursos financieros para Aragón. Entre 2015 y 2025, la participación de Aragón en el total de ingresos del sistema (en términos de caja) ha pasado del 3,44% al 3,21%. En términos de población ajustada, desde 2009 hasta la última liquidación (2022), el peso de Aragón ha caído del 3,23% al 3,18%. Esto ha ocurrido a pesar del esfuerzo de inversión y eficiencia de los servicios públicos. Según la Cámara de Cuentas de Aragón en su Informe «Análisis de la evolución de los recursos del sistema de financiación, ejercicios 2018-2022», el gasto por habitante ajustado en sanidad, educación y servicios sociales ascendió en 2022 a 2.958 euros, con un déficit de financiación de 398 euros por habitante, lo que equivale a una infrafinanciación de 560 millones de euros anuales.
La situación se vuelve aún más insostenible cuando, en 2025, Aragón verá reducidos sus ingresos en 87 millones de euros respecto a 2024, un 1,7% menos, pese a unas previsiones de crecimiento económico superiores al 3% para ese año. Esta pérdida no puede atribuirse únicamente al comportamiento de fondos específicos, como el Fondo de Cooperación, sino que responde al mal diseño y funcionamiento estructural del conjunto del sistema.
En consecuencia, Aragón está siendo doblemente penalizada: por su menor peso poblacional y por el modelo de financiación autonómica que ignora las singularidades de su territorio. La despoblación, lejos de ser una cuestión al margen del sistema, debe tener un reflejo explícito en él, pues sus efectos ya están impactando directamente sobre la pérdida de población ajustada y, por tanto, sobre los recursos disponibles para garantizar servicios públicos en condiciones de igualdad.
Aragón no es la única en la reivindicación del peso de las variables correctivas en el total de la población ajustada, en sus informes de alegaciones al Ministerio de Hacienda, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura piden su toma en consideración, además La Rioja, Cantabria y Murcia proponen aumentar el peso a un 4%, Aragón va un paso más allá y propone que ese porcentaje suba hasta el 5%.
Por todo ello, es urgente y necesario reformular el cálculo de población ajustada del sistema de financiación autonómica, incorporando con criterios objetivos y verificables variables como la despoblación, la orografía, la superficie, los costes fijos y la dispersión. La equidad entre territorios y la igualdad efectiva entre ciudadanos no puede seguir dependiendo exclusivamente de la dimensión poblacional. Aragón no reclama privilegios, sino justicia.
Por lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que inste al Ministerio de Hacienda del Gobierno de España a:
1. Rechazar el contenido y la metodología empleada en el Documento del Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE) sobre población ajustada, remitido en enero de 2025, por excluir de forma arbitraria variables esenciales como la despoblación y la orografía y por establecer sus conclusiones a partir de un criterio de mayoría de comunidades autónomas, en lugar de basarse en principios técnicos, objetivos y equitativos.
2. Presentar con carácter urgente una propuesta completa e integral de reforma del sistema de financiación autonómica (SFA), que incluya el rediseño de la arquitectura del modelo, desde la población ajustada hasta los mecanismos de nivelación y el fondo de garantía, con el objetivo de garantizar la suficiencia financiera absoluta y relativa de las comunidades autónomas de régimen común, y que incorpore elementos de suficiencia dinámica ligados a la evolución demográfica y al coste real de los servicios públicos.
3. Incorporar en la fórmula de población ajustada, como variables correctivas específicas, independientes y cuantificadas la despoblación y la orografía, con las ponderaciones trasladadas desde el Gobierno de Aragón al Ministerio de Hacienda en el Informe de alegaciones al documento del Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE) sobre población ajustada, remitido en enero de 2025.
4. Reformular las ponderaciones de la población ajustada, aumentando el peso de las variables correctivas, ya sea elevando su peso total, o incorporándolas en cada uno de los bloques competenciales (sanidad, educación, servicios sociales y otros servicios).

Zaragoza, 29 de abril de 2025.