Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Fernando Ledesma Gelas, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora de la cadena alimentaria, solicitando su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

La Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, fue aprobada con el objetivo de salvaguardar la eficacia y la competitividad del sector alimentario.
La realidad nos indica que nuestros productores agroalimentarios han mostrado de forma recurrente su malestar por los precios a los que vende sus productos, en algunos de los casos, inferiores a los costes de producción.
El sector agroalimentario se encuentra muy atomizado y vulnerable, dada la influencia de factores externos tales como el clima, las situaciones políticas, o los acuerdos y relaciones comerciales internacionales.
El sector primario se considera un sector esencial y estratégico dentro de la economía aragonesa, junto a la agroalimentación supone en torno al 10% del PIB de nuestra Comunidad, es además un eje vertebrador del territorio, y ayuda a la lucha contra la despoblación del medio rural aragonés.
Agricultores y ganaderos (primer eslabón de la cadena alimentaria) llevan años denunciando que los precios de venta de sus productos que, en muchos casos, no son suficientes para cubrir los gastos de producción. Asimismo, si se analizan los precios de los productos de los siguientes eslabones, se constata que en esos niveles los alimentos incrementan su precio de forma exponencial llegando a existir unas diferencias porcentuales injustificables.
La Ley de la cadena alimentaria 12/2013, tras su aprobación, fue utilizada por la Unión Europea como ejemplo para el establecimiento de regulaciones similares en su ámbito de aplicación, siendo modificada en distintas ocasiones.
Con fecha 14 de diciembre, se aprueba la Ley 16/2021 con el objetivo de adaptar el texto anterior, así como corregir y ayudar a asegurar la rentabilidad de las explotaciones. Sin embargo, analizando la situación del sector en la actualidad, se aprecia que poco se ha conseguido: agricultores y ganaderos ven que la rentabilidad de su actividad sigue dependiendo del precio de los insumos agrarios (energía, abonos, semillas), afectando también a factores como el carácter perecedero de muchos de sus productos o las circunstancias climáticas que afectan a cada año productivo, entre otras cuestiones.
Analizando la situación con el sector, se aprecia que el principal problema para asegurar la viabilidad y el no «trabajar a pérdidas» debe ser el establecimiento de unos precios mínimos de referencia de venta de los productos agroganaderos, establecidos mediante coeficientes correctores, revisables cada año agrario y que contemplen las diferentes condiciones de producción de unos territorios con respecto a otros.
Así, el cumplimento de la Ley de la Cadena Alimentaria depende del trabajo en equipo de todos los agentes implicados, desde el eslabón más bajo hasta el más alto de la cadena, y con el trabajo coordinado entre Comunidades Autónomas y Gobierno Central, como responsable de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca (MAPA).
En la actualidad, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ya está cumpliendo el compromiso adoptado por el anterior consejero, el Sr. Samper, trabajando en reforzar los servicios autonómicos para dotarlos de personal suficiente para realizar una correcta inspección del cumplimiento de la cadena alimentaria.
Por todo ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que inste al Gobierno de España a:
1. Dar importancia y aumentar el esfuerzo en la inspección y en la aplicación de los controles de cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, a través de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), así como instar a que el procedimiento sancionador potencie sus actuaciones para proteger en mayor medida a los productores del sector primario, como eslabón más débil y desprotegido.
2. En colaboración con las Comunidades Autónomas, se establezcan los necesarios precios de referencia de venta con sus coeficientes de corrección que determinen los costos fijos y variables, a partir de los cuales, sean establecidos unos precios mínimos por debajo de los cuales, ningún productor podrá vender sus productos.
3. Establecer grupos de trabajo, en los que se integren productores (cooperativas, sindicatos agrarios, asociaciones agroganaderas...) Comunidades Autónomas y Gobierno Central, a partir de los cuales, se valore la evolución anual de las políticas aplicadas para hacer las correcciones necesarias de cara a afrontar los próximos años productivos.

Zaragoza, 21 de noviembre de 2024.