Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2026, ha calificado la Proposición de Ley de modificación de la ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Publicas, presentada por el G.P. Socialista, y ha ordenado su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón y su remisión a la Diputación General a los efectos establecidos en el artículo 180.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 30 de septiembre de 2026.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 178 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición de Ley de modificación de la ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas.

Proposición de Ley de modificación de la ley 5/2017,
de 1 de junio, de Integridad y Ética Publicas.

La confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas exige garantizar que quienes ejercen funciones públicas actúen exclusivamente al servicio del interés general y que las responsabilidades, conocimientos, contactos e información adquiridos durante su desempeño no puedan generar posteriormente situaciones de conflicto de intereses.
La Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas, estableció en Aragón un régimen en materia de conflictos de intereses e incompatibilidades y reguló, entre otras cuestiones, limitaciones al ejercicio de determinadas actividades privadas durante los dos años posteriores al cese de las autoridades y cargos incluidos en su ámbito de aplicación.
La experiencia acumulada desde su entrada en vigor y la evolución de las estructuras administrativas aconsejan, sin embargo, revisar y reforzar este régimen. En la Administración autonómica existen puestos que, con independencia de su denominación formal o de su naturaleza funcionarial, laboral o eventual, pueden desempeñar funciones de especial trascendencia económica mediante la captación de inversiones, la interlocución con grandes empresas y fondos de inversión, el acompañamiento de proyectos estratégicos o el acceso a información relevante para la toma de decisiones empresariales.
Los acontecimientos conocidos recientemente en Aragón han puesto de manifiesto la conveniencia de abordar esta cuestión y eliminar cualquier posible zona de incertidumbre en la aplicación de la legislación vigente.
La incorporación de quien fuera Directora de Inversiones Estratégicas del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Aragón a QTS Data Centers, compañía controlada por fondos gestionados por Blackstone, ha suscitado un debate público y parlamentario sobre el alcance del régimen de incompatibilidades aplicable a determinados puestos de personal eventual y sobre las garantías que deben acompañar al tránsito desde funciones públicas relacionadas con la captación y acompañamiento de grandes inversiones hacia empresas privadas vinculadas a esos mismos sectores.
Durante el periodo en el que dicha Dirección desarrolló sus funciones, el Gobierno de Aragón declaró como inversión de interés autonómico con interés general de Aragón el denominado Proyecto Rhodes, destinado a la construcción de un campus de centros de datos en Calatorao. La documentación oficial del Gobierno de Aragón señala que la sociedad promotora, Calanza Inmuebles, está controlada por fondos gestionados por Blackstone y que QTS, igualmente controlada por fondos gestionados por Blackstone, participará como promotora delegada del campus y posteriormente como gestora de este.
Estas circunstancias no determinan por sí mismas la existencia de una incompatibilidad en un caso concreto, cuya apreciación debe realizarse conforme a la legislación aplicable y a las funciones efectivamente desempeñadas. Sí ponen de manifiesto, sin embargo, la necesidad de que el ordenamiento jurídico aragonés proporcione reglas suficientemente claras para que situaciones semejantes puedan ser examinadas con transparencia y seguridad jurídica.
La legislación sobre integridad pública debe ser especialmente rigurosa cuando concurren grandes inversiones privadas, fondos internacionales de inversión y decisiones públicas de extraordinaria relevancia económica. La dimensión económica de una inversión o su consideración estratégica para Aragón no disminuyen las exigencias de integridad, transparencia y prevención de conflictos de intereses, sino que hacen particularmente necesaria la existencia de mecanismos efectivos de control.
Esta reflexión adquiere asimismo una dimensión social más amplia ante la creciente presencia de grandes fondos internacionales de inversión en sectores que afectan directamente a la economía y a la vida cotidiana de los ciudadanos. Determinados fondos y sociedades de inversión han sido objeto de un intenso debate público en España por su intervención en mercados como el inmobiliario y la vivienda, dando lugar a la utilización en el debate social y político de expresiones como «fondos buitre» para referirse críticamente a determinadas estrategias de adquisición y gestión de activos.
Más allá de esas calificaciones políticas, corresponde a los poderes públicos garantizar que la relación entre las Administraciones y los grandes operadores económicos se encuentre sometida a reglas claras, transparentes y verificables y que quienes hayan intervenido desde responsabilidades públicas en decisiones, negociaciones o proyectos relacionados con dichos operadores no puedan utilizar posteriormente, en beneficio privado, una posición de influencia, información estratégica o relaciones institucionales adquiridas durante el ejercicio de sus funciones.
La prevención de los conflictos de intereses no debe depender exclusivamente de la denominación jurídica del puesto ocupado. Debe atender también a las funciones efectivamente desempeñadas, a la capacidad real de intervención en decisiones públicas y a la relación mantenida con las empresas o grupos empresariales potencialmente beneficiados por dichas decisiones.
La regulación vigente de las limitaciones posteriores al cese vincula principalmente la incompatibilidad a determinados actos formales de intervención en los procedimientos. Sin embargo, en la Administración contemporánea la intervención pública relevante puede producirse también mediante actividades de negociación, captación de inversiones, interlocución directa con empresas, preparación de decisiones, asesoramiento, seguimiento de proyectos o acceso a información estratégica no pública.
Asimismo, el conflicto de intereses puede surgir antes incluso de producirse el cese. La negociación de una futura incorporación profesional con una empresa privada mientras se mantienen responsabilidades públicas relacionadas con asuntos que afectan a dicha empresa constituye una situación que debe ser objeto de prevención. La presente ley establece por ello obligaciones de comunicación y abstención desde el momento en que se inicien negociaciones concretas de incorporación al sector privado, sin que la mera existencia de una oferta de empleo permita presumir por sí misma la existencia de una actuación irregular.
Resulta igualmente necesario tener en cuenta la realidad de los grandes grupos empresariales y fondos de inversión. La prevención de conflictos de intereses perdería eficacia si las limitaciones se aplicasen exclusivamente a la sociedad concreta que formalmente intervino en un expediente y no alcanzasen, cuando exista una relación efectiva de control o una conexión funcional con los servicios prestados, a sociedades matrices, filiales, vehículos de inversión, fondos o entidades gestoras vinculadas al mismo proyecto.
Por ello, esta ley amplía y precisa el ámbito subjetivo de aplicación del régimen de incompatibilidades, introduce el concepto de intervención personal y sustantiva, contempla expresamente las actividades de captación, negociación, interlocución y acompañamiento de inversiones, regula las relaciones con entidades vinculadas y refuerza el control de las actividades privadas posteriores al cese.
La reforma parte, no obstante, del principio de proporcionalidad. La mera asistencia protocolaria a un acto, el contacto ocasional con una empresa o el ejercicio de competencias generales sobre un determinado sector económico no pueden determinar por sí solos una incompatibilidad. Será necesario acreditar una intervención efectiva y suficientemente relevante en decisiones, procedimientos, negociaciones o actuaciones que afecten específicamente a la entidad o al proyecto correspondiente.
Del mismo modo, el conocimiento general y la experiencia profesional adquiridos durante el desempeño de responsabilidades públicas no pueden equipararse a la utilización de información confidencial o no pública. La limitación deberá responder a la existencia de un riesgo concreto, motivado y verificable de utilización de dicha información en beneficio privado.
La presente ley refuerza igualmente el procedimiento de control mediante la exigencia de autorización expresa previa para el inicio de actividades privadas durante el periodo de incompatibilidad, la identificación de las funciones que se pretenden desarrollar, la comprobación de las actuaciones públicas previamente realizadas y la publicidad de las resoluciones adoptadas.
La autorización previa permite proporcionar seguridad jurídica tanto a las personas que abandonan el sector público como a las empresas que pretenden incorporarlas, evitando que la existencia o inexistencia de incompatibilidad sea objeto de valoración únicamente después de iniciada la relación profesional.
La finalidad de esta reforma no es establecer prohibiciones indiscriminadas al legítimo ejercicio profesional de quienes abandonan el sector público ni prejuzgar situaciones individuales anteriores a su entrada en vigor. Su finalidad es garantizar que Aragón disponga de unas reglas claras, proporcionadas y eficaces que protejan simultáneamente la libertad profesional, la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos en la imparcialidad de sus instituciones.
La presente ley pretende, en definitiva, que cuanto mayor sea la relevancia económica de una decisión pública y mayor sea la dimensión de los intereses privados afectados, mayores sean también las garantías de transparencia, integridad y prevención de los conflictos de intereses.

Artículo único.— Modificación de la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas
Uno. Modificación del artículo 4.2.h)
La letra h) del apartado 2 del artículo 4 queda redactada de la siguiente manera:

«h) Los directores y jefes de gabinete integrados en los gabinetes de los miembros del Gobierno.
Asimismo, quedará comprendido el personal eventual adscrito a dichos gabinetes que tenga atribuidas funciones de dirección, asesoramiento estratégico, interlocución empresarial, captación o acompañamiento de inversiones, o coordinación de proyectos, cuando tales funciones comporten participación personal y sustantiva en actuaciones susceptibles de afectar a intereses económicos individualizados.
Esta inclusión se determinará atendiendo a las funciones atribuidas y efectivamente desempeñadas, con independencia de la denominación del puesto, de su rango o de la existencia de facultades de firma o resolución».

Dos. Nueva redacción del artículo 53

«Artículo 53. Limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese.
1. Prohibición temporal.
Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, las autoridades y cargos comprendidos en el artículo 4.2 no podrán prestar servicios profesionales, laborales o mercantiles a entidades privadas respecto de las cuales hayan intervenido personalmente y de forma sustantiva, por razón de su cargo, en decisiones, procedimientos o actuaciones públicas individualizadas.
Tampoco podrán desarrollar, por cuenta propia o ajena, actividades privadas directamente relacionadas con los procedimientos, decisiones o actuaciones en los que hubieran intervenido en los términos de este artículo.
La prohibición comprenderá los servicios prestados directa o indirectamente, mediante personas o entidades interpuestas, y las funciones de administración, dirección, asesoramiento, consultoría, representación o relaciones institucionales, sean remuneradas o gratuitas.
2. Intervención personal y sustantiva.
A los efectos del apartado anterior, se entenderá que existe dicha intervención cuando la persona haya participado de manera efectiva en:
a) La adopción de resoluciones, la formulación de propuestas, la emisión de informes o la preparación de decisiones que afecten específicamente a la entidad.
b) La negociación, captación, promoción individualizada, acompañamiento o coordinación administrativa de proyectos empresariales o de inversión.
c) La preparación, negociación o tramitación de contratos, convenios, subvenciones, ayudas, autorizaciones, concesiones, operaciones patrimoniales, instrumentos urbanísticos o declaraciones de interés autonómico o general que afecten específicamente a la entidad o a sus proyectos.
d) La elaboración de condiciones o compromisos individualizados entre la Administración y la entidad.
No será necesario que la intervención se haya materializado en una firma, en un informe preceptivo o vinculante o en una resolución administrativa.
La mera asistencia protocolaria a un acto, el contacto ocasional sin contenido sustantivo o el ejercicio de competencias generales sobre un sector no determinarán, por sí solos, la aplicación de esta prohibición.
3. Entidades vinculadas y prestación indirecta de servicios.
Las limitaciones se extenderán a las entidades sucesoras en la titularidad del proyecto o actividad afectados.
Respecto de matrices, filiales y otras entidades sometidas a control común, así como de fondos de inversión, vehículos de inversión y sus entidades gestoras, la limitación se aplicará cuando las funciones del nuevo puesto comprendan la dirección, el asesoramiento, la representación o la gestión de intereses de la entidad o del proyecto afectados.
También se aplicará cuando la contratación se realice a través de una consultora, despacho, asociación u otra entidad intermediaria y los servicios tengan como destinataria o beneficiaria efectiva a una entidad comprendida en los apartados anteriores.
La mera coincidencia de un inversor minoritario, sin control ni conexión funcional con los servicios que vayan a prestarse, no bastará para determinar la incompatibilidad.
4. Información no pública.
Durante el mismo período no podrán desempeñarse actividades que requieran utilizar información no pública obtenida por razón del cargo, ni aquellas respecto de las cuales se acredite un riesgo concreto de utilización de dicha información en beneficio privado.
La apreciación de este riesgo deberá motivarse atendiendo al contenido y vigencia de la información, a su relevancia para la actividad propuesta y a las funciones concretas del nuevo puesto. No podrá fundarse exclusivamente en el conocimiento general de un sector o en la experiencia profesional adquirida.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de la duración de los deberes de secreto y confidencialidad establecidos en la legislación aplicable.
5. Representación e influencia.
Durante los dos años siguientes al cese no podrán realizarse, por cuenta de entidades privadas, actividades de representación, interlocución o influencia ante los órganos y entidades del sector público autonómico en relación con los asuntos, proyectos o procedimientos en los que se hubiera intervenido personalmente y de forma sustantiva.
Esta limitación comprenderá el asesoramiento destinado a preparar dichas actividades y no quedará excluida por el carácter nacional o internacional del puesto ni por el domicilio de la entidad contratante.
6. Autorización previa.
El inicio de una actividad profesional, laboral o mercantil durante el período indicado requerirá resolución expresa previa de compatibilidad del órgano competente en materia de conflictos de intereses.
La solicitud identificará la entidad contratante y, cuando resulte relevante, las entidades vinculadas y los destinatarios efectivos de los servicios; describirá las funciones del puesto, su ámbito territorial y los proyectos o materias a los que se refiera.
El expediente incorporará información contrastada sobre las funciones públicas desempeñadas y las actuaciones en las que hubiera participado la persona solicitante. La inexistencia de firma o de competencia resolutoria no será, por sí sola, fundamento suficiente para declarar la compatibilidad.
7. Resolución y publicidad.
El órgano competente resolverá y notificará en el plazo máximo de un mes desde la entrada de la solicitud en su registro electrónico, sin perjuicio de las suspensiones legalmente procedentes y con audiencia de las personas interesadas cuando corresponda.
El vencimiento del plazo sin notificación de resolución expresa tendrá efecto desestimatorio, sin que desaparezca la obligación de resolver.
La resolución identificará las actuaciones examinadas, las funciones autorizadas o prohibidas y, en su caso, las condiciones de ejercicio y seguimiento. Las condiciones no podrán dispensar del cumplimiento de las prohibiciones previstas en este artículo.
Se publicará en el Portal de Transparencia la resolución, con identificación de la persona, el cargo anteriormente desempeñado, la entidad de destino y la motivación de la decisión, previa supresión de los datos personales y de la información legalmente protegida que no resulten necesarios para esa finalidad.
8. Modificaciones y actividades intermedias.
Todo cambio de entidad, de destinatario efectivo de los servicios o de funciones que pueda afectar a la compatibilidad requerirá nueva autorización antes de su efectividad.
El desempeño de otras actividades públicas o privadas entre el cese y la incorporación a la entidad no extinguirá ni reducirá el período de incompatibilidad, que se computará desde el cese en el cargo que la origine.
9. Reincorporación profesional.
La reincorporación a una empresa en la que se hubiera trabajado antes del nombramiento estará sujeta a las mismas prohibiciones y controles previstos en este artículo.
Estas limitaciones también serán aplicables a quienes reingresen en el empleo público y soliciten compatibilidad para realizar actividades privadas.»**

Tres. Nuevo artículo 53 bis
Se añade un nuevo artículo 53 bis:

«Artículo 53 bis. Prevención de conflictos de intereses en las negociaciones de incorporación al sector privado.
1. Las personas comprendidas en el artículo 4.2 que inicien negociaciones concretas para su incorporación profesional a una entidad privada con asuntos sometidos a su intervención comunicarán esta circunstancia al órgano competente en materia de conflictos de intereses y a su superior jerárquico en el plazo máximo de cinco días hábiles.
La mera recepción de una oferta no aceptada ni objeto de negociación no generará esta obligación.
2. Desde el inicio de las negociaciones deberán abstenerse de intervenir en los asuntos que afecten específicamente a la entidad o al proyecto relacionados con la posible incorporación. La abstención comprenderá las actuaciones de asesoramiento, coordinación e interlocución.
3. El órgano competente determinará las medidas de separación de funciones y limitación de acceso a información que procedan, dejando constancia documental de su adopción y cumplimiento».

Cuatro. Modificación del artículo 55.2
Se añade al apartado 2 del artículo 55 el siguiente párrafo:

«La declaración prevista en este apartado no sustituye la autorización previa exigida en el artículo 53 ni habilita para iniciar la actividad antes de obtenerla».

Cinco. Modificación del artículo 61.1.c)
La letra c) del apartado 1 del artículo 61 queda redactada de la siguiente manera:

«c) El ejercicio de actividades incompatibles, incluidas las prohibidas con posterioridad al cese conforme al artículo 53».

Seis. Modificación del artículo 61.2
Se añaden dos nuevas letras g) y h) al apartado 2 del artículo 61:

«g) El inicio de una actividad sin la autorización previa exigida por el artículo 53, cuando la actividad resulte materialmente compatible.
h) La ocultación deliberada de las negociaciones sujetas a comunicación conforme al artículo 53 bis, sin perjuicio de la calificación que corresponda a otras conductas concurrentes».

Disposición adicional primera.— Trazabilidad de las actuaciones relacionadas con inversiones estratégicas.
La Administración de la Comunidad Autónoma garantizará la trazabilidad de las actuaciones realizadas por las autoridades, cargos y personal comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley respecto de proyectos empresariales o inversiones declarados de interés autonómico, interés general o estratégico.
A estos efectos deberán quedar documentalmente identificadas, cuando tengan carácter sustantivo:
a) Las reuniones institucionales mantenidas.
b) Las empresas, fondos, entidades y representantes participantes.
c) El proyecto o inversión objeto de la actuación.
d) Los órganos y unidades administrativas participantes.
e) Los informes, propuestas y documentos incorporados al correspondiente expediente administrativo.

Disposición adicional segunda.— Evaluación de la aplicación del régimen de incompatibilidades.
El Gobierno de Aragón remitirá anualmente a las Cortes de Aragón un informe sobre la aplicación de las limitaciones posteriores al cese previstas en esta ley.
El informe contendrá, de forma compatible con la normativa de protección de datos, información sobre las solicitudes de compatibilidad presentadas, las resoluciones estimatorias y desestimatorias, las condiciones impuestas, los procedimientos sancionadores incoados y las principales circunstancias apreciadas en la aplicación del régimen de conflictos de intereses.

Disposición transitoria única.— Aplicación temporal.
1. Las nuevas limitaciones posteriores al cese serán aplicables a los ceses producidos a partir de la entrada en vigor de esta ley. Los ceses anteriores se regirán por la normativa vigente en la fecha en que se produjeron.
2. Las obligaciones relativas a negociaciones de incorporación al sector privado serán exigibles respecto de las negociaciones iniciadas o mantenidas desde la entrada en vigor de esta ley.
3. Las nuevas disposiciones sancionadoras no se aplicarán a hechos anteriores a su entrada en vigor, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones posteriores que resulten favorables conforme a la legislación básica.

Disposición final primera.— Desarrollo reglamentario.
El Gobierno de Aragón aprobará las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley.
El desarrollo reglamentario no podrá limitar ni demorar la aplicación de las prohibiciones, obligaciones de abstención y procedimiento de autorización previa establecidos en los artículos 53 y 53 bis.

Disposición final segunda.— Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón. La aplicación de las prohibiciones y del procedimiento de autorización previa no quedará condicionada a su desarrollo reglamentario.

Zaragoza, 28 de septiembre de 2026