Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Álvaro Sanz Remón, Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón Grupo Mixto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula la siguiente Proposición no de Ley, sobre a la estabilización del personal en abuso de temporalidad, para su debate en la Comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administraciones Públicas de las Cortes de Aragón.

El abuso sistemático de la contratación temporal en el empleo público constituye desde hace décadas una vulneración flagrante de la normativa comunitaria, concretamente de la Directiva 1999/70/CE, que debía haber sido traspuesta en el ordenamiento jurídico español antes del año 2001. La reiterada inobservancia de este mandato ha sido objeto de múltiples pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha denunciado con claridad la ineficacia del ordenamiento español para prevenir, sancionar y corregir este abuso.
La Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, estableció el compromiso de reducir la tasa de temporalidad estructural por debajo de 8% antes del 31 de diciembre de 2024, a pesar de lo que la administración autonómica se encuentra muy lejos de ese objetivo.
Este fenómeno no solo afecta al personal directamente, que ve conculcados sus derechos laborales, sino también a la calidad de los servicios públicos que recibe la ciudadanía. La falta de estabilidad, la incertidumbre permanente en el empleo y la precariedad estructural instalada en muchas áreas de las administraciones públicas repercuten directamente sobre la atención de los servicios autonómicos, debilitando pilares fundamentales del Estado del bienestar como la sanidad, la educación, los servicios sociales o la justicia.
Esta situación, sumada a la propia aplicación de la ley 20/2021, y a la mala gestión de los procesos convocados, ha llevado a que muchos servicios se encuentren en precariedad debido a que muchos puestos se encuentran vacantes.
La ley 20/2021, impulsada como condición para acceder a los Fondos de Recuperación y Resiliencia, ha demostrado ser insuficiente y errónea en su enfoque ya no contempla medidas efectivas de sanción ni de compensación, incumple los principios establecidos por el TJUE y ha generado mayor litigiosidad sin resolver el problema estructural. A fecha de hoy, el número de empleados públicos en situación de abuso supera los 1.200.000 en todo el Estado, una cifra inadmisible desde cualquier perspectiva.
En este contexto, es urgente y necesario impulsar una Ley dé garantías a un proceso de estabilización del personal interino en abuso de temporalidad en el empleo público, tal como establece la doctrina del TJUE, así como establecer mecanismos de prevención y control para que esta situación no se repita en el futuro.
La defensa del empleo público digno, estable y de calidad es una cuestión de justicia social y un pilar esencial para sostener los servicios públicos que garantizan los derechos fundamentales de la ciudadanía, especialmente en regiones como Aragón, donde el despoblamiento rural y la dispersión geográfica requieren de una administración fuerte, bien dimensionada y dotada de personal estable.
Por todo ello, presentamos la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:
1. Reconocer, de manera individualizada, la situación de abuso de la contratación temporal existente tras la realización de una auditoría integral, que detalle el número de empleadas y empleados públicos temporales en la Administración Autonómica de Aragón.
2. Paralizar de manera inmediata cualquier proceso de cese del personal temporal en situación de abuso de temporalidad hasta que se dé en cumplimiento efectivo a la normativa europea.
3. Establecer mecanismos propios de estabilización, homogéneos para el conjunto de la Administración Autonómica, respetando la normativa europea, y garantizando la no discriminación del personal temporal en los procesos, evitando la pérdida de talento y conocimiento del personal adquirido en el desempeño de las funciones en la administración autonómica.
4. Establecer mecanismos de readmisión del personal cesado hasta la fecha y que se encontraban en situación de abuso.
5. Instar al Gobierno de España para que impulse de manera urgente una Ley de estabilización del empleo público en abuso de temporalidad conforme a los principios del TJUE.

Zaragoza, a 26 de mayo de 2025.