Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Doña Carmen Rouco Laliena, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la contribución del Gobierno de Aragón a la construcción de viviendas destinadas a trabajadores de empresas que realicen inversiones industriales estratégicas en Aragón, solicitando su tramitación ante la Comisión de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial de las Cortes de Aragón.

El desarrollo económico e industrial de Aragón requiere una planificación territorial, económica y urbanística adecuada, especialmente en lo relativo a la vivienda e inserción de los trabajadores desplazados, a través de su inserción social y económica en el territorio y municipios aragoneses, así como en su tejido social y cultural. Sin embargo, este impulso no debe suponer una carga adicional injustificada para el presupuesto público, especialmente cuando las empresas promotoras de grandes inversiones ya reciben importantes subvenciones públicas. Asimismo, una adecuada planificación económica del tejido municipal y el mercado de oferta de viviendas para residentes no debe verse afectado por movimientos especulativos y desajustes entre oferta y demanda de vivienda para residentes, de tal forma que estos últimos no se vean desplazados en el acceso al mercado de viviendas residenciales en los municipios donde se proyectan estos desarrollos por promotores privados y grupos inversores extranjeros y asiáticos.
Un ejemplo significativo es la futura gigafactoría de baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) en Figueruelas, promovida por Stellantis y CATL a través de la joint venture Stellantis Energy España, con una inversión de 4.100 millones de euros. Este proyecto ha recibido ayudas públicas por un total aproximado de 380 millones de euros, provenientes de los fondos europeos Next Generation EU y gestionados por el Ministerio de Industria, distribuidas de la siguiente manera:
— 189,6 millones de euros (PERTE VEC, 2024)
— 81,9 millones de euros (PERTE VEC III, marzo 2025)
— 133,7 millones de euros (PERTE VEC III, sección A, octubre 2024)
— Ayudas adicionales para electrificación y descarbonización industrial
A pesar de este notable respaldo financiero público, el Gobierno de Aragón ha manifestado su intención de colaborar en la búsqueda de soluciones habitacionales para los trabajadores, especialmente para los operarios desplazados desde China, considerando incluso un campamento temporal de 800 plazas.
En la Comisión de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial de fecha 17 de junio de 2025, el Director General de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Argón expreso el compromiso de que sean las empresas promotoras las que aborden estas necesidades residenciales, y que el papel del Gobierno se limite a facilitar los trámites urbanísticos y administrativos a través de instrumentos como el PIGA (Plan de Interés General de Aragón). Asimismo, la exención en impuestos y contribuciones municipales que estos PIGA implican, como beneficios fiscales para los promotores, no debe suponer una merma y gravamen en las haciendas locales, dado que estos municipios se verán obligados a incrementar sus servicios públicos y dotaciones locales.
En este contexto, las Cortes de Aragón deben respaldar esta línea de actuación, garantizando la consolidación de estos proyectos industriales en Aragón, en orden a que se garantice la generación de un impacto positivo y valor añadido, en el tejido económico y productivo del territorio y sus municipios. Pero que a su vez que no se destinen, sin la adecuada planificación y coordinación con los municipios, fondos públicos adicionales en materia de vivienda que no estén adecuadamente justificados y presupuestados, o que socaven las haciendas locales de los municipios, con intervenciones desordenadas. En tal sentido, el Gobierno de Aragón debe garantizar la adecuada ejecución y planificación, en el mercado, a través de la ejecución de programas de vivienda o construcción de viviendas para empresas foráneas que ya han recibido cuantiosas subvenciones e importantes exenciones fiscales en sus proyectos de inversión. Cabe destacar que, al solicitar dichas ayudas en el marco del programa Next Generation EU, las empresas presumiblemente incluyeron en sus planes de inversión todos los costes necesarios para su implantación, incluida la instalación de los trabajadores y operarios necesarios para la fase construcción y puesta en funcionamiento del proyecto.
En virtud de lo anterior, se presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a facilitar la implantación de proyectos industriales estratégicos mediante la utilización del Plan de Interés General de Aragón (PIGA), como instrumento para agilizar los plazos de planeamiento urbanístico, así como los trámites administrativos vinculados a la construcción de viviendas destinadas a trabajadores, garantizando que en ningún caso se destinen recursos presupuestarios públicos o inmovilizado público a dicha construcción cuando las empresas promotoras hayan recibido ayudas públicas, tanto regionales, estatales o europeas para sus proyectos.
Adicionalmente, el Gobierno de Aragón debe de efectuar en el adecuado ejercicio de sus competencias, una planificación y ejecución de estos proyectos, de tal forma que se garantice que los promotores asumen las cargas financieras de la ejecución de las viviendas necesarias para sus empleados y personal directivo, a través de la calificación de posibles usos terciarios dentro de los desarrollos industriales previstos, sin ocasionar desequilibrios y tensiones en la oferta y demanda del mercado de vivienda residencial de los municipios afectados.

En Zaragoza, a 26 de agosto de 2025.