Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión, señoras y señores Diputados. [A las diez horas y veinte minutos.]
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 77.2 del Reglamento de la cámara, procede someter a la aprobación de las señoras y señores Diputados las actas de las sesiones plenarias celebradas por estas Cortes los días 4, 11 y 12 de marzo de 1993, que fueron remitidas con antelación a los Grupos Parlamentarios. ¿Algún señor o señora Diputada desea realizar objeciones? Al no existir ninguna intervención en contra, se consideran aprobadas las citadas actas.
Punto único del Pleno especial de 30 de abril de 1993, en cumplimiento de las previsiones del artículo 37 de la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón, y 81 del Reglamento de las Cortes de Aragón, por el cual el Justicia dará lectura y expondrá el Informe correspondiente a su gestión durante 1992.
Para la presentación del Informe, tiene la palabra el Justicia de Aragón, don Emilio Gastón.

El señor Justicia de Aragón (GASTON SANZ): Señor Presidente. Señoras y señores Diputados.
Un año más comparezco antes estas Cortes para exponer a sus señorías el balance de doce meses de la institución del Justicia. Es ésta la quinta ocasión en que lo hago; el que hayan pasado cinco años quiere decir que ha llegado el final del período que las Cortes me dieron, unánimemente en su día, para poner en marcha la nueva institución del Justicia.
No puede ser pues esta comparecencia una comparecencia corriente; tampoco ha sido ordinario el Informe que he presentado a la cámara al terminar el año 1992. Ha finalizado una etapa que une la labor recreadora de una institución histórica de defensa de los derechos de esta tierra con la creación de una figura actualizada de control democrático. Se impone por ello una mínima reflexión global.
Junto al Informe anual ordinario, se ha elaborado otro Informe, o análisis sistematizado, del conjunto de la labor realizada en este primer lustro. Procuraré, pues, enriquecer el resumen correspondiente al año 1992 con una visión globalizada de todo el mandato.
De antemano solicito a todos disculpas por la posible pesadez y frialdad de los datos numéricos que voy a utilizar con el fin de aportar solidez a este Informe.
Un total de diez mil quinientas cuarenta y nueve comparecencias, en las que han participado casi el 1% de los ciudadanos de Aragón; contando ancianos, contando niños, contando todo, un 1% de nuestra Comunidad Autónoma, que ha encontrado motivos en la actividad de las Administraciones para dirigirse en queja al Justicia.
Muchos de dichos ciudadanos no han reclamado de forma individual, sino que han preferido hacerlo colectivamente, si bien identificándose siempre de modo personal. Esto ha producido el que hayan sido mil setecientos cincuenta y uno los escritos específicos de queja recibidos en esta institución. Reclamaciones que algunas veces -estoy hablando dentro del año- planteaban situaciones idénticas o muy similares, y ello ha aconsejado su acumulación para un mejor y más fácil trabajo por parte de mis asesores y del personal administrativo, lo que ha redundado en un número concreto de seiscientos cincuenta y dos expedientes tramitados a lo largo de 1992. Seiscientos cincuenta y dos expedientes incoados en ejercicio de la función de defensa de los derechos individuales y de las libertades de los ciudadanos, a los que hay que añadir otros cuarenta y seis expedientes abiertos en el ejercicio de la función de tutela del derecho aragonés, y otros veintiuno en el ejercicio de la función de defensa del Estatuto de Autonomía. Un total, pues, de setecientos diecinueve expedientes, que han marcado la actividad de la institución durante este año 1992.
Como puede observarse, el 90% de la actividad del Justicia se lleva a cabo dentro de la primera de las funciones, la de defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos; algo que no es característico sólo de 1992, sino que ha sido una constante de los cinco años de mandato, en los que se han tramitado cuatro mil doscientos sesenta y cinco expedientes en el ejercicio de dicha función, frente a trescientos ocho en el ejercicio de las otras dos funciones.
Hay pues dos ámbitos de actividad, claramente separados, cualitativa y cuantitativamente distintos. Digo cualitativamente porque es diferente en ambos supuestos la causa que motiva la intervención del Justicia de Aragón: son las quejas de los ciudadanos las que justifican la intervención en el ejercicio de la primera función, que nos viene encomendada; por el contrario, dichas quejas son prácticamente inexistentes en el ámbito de las otras dos funciones, en las que el impulso surge siempre, o en la inmensa mayoría de los casos, de una decisión del Justicia.
Algunas veces se ha dicho que el Justicia se dirigía mayoritariamente en su actividad hacia ámbitos que no le correspondían; por ello, creo conveniente dejar claro que prácticamente la totalidad de la actividad de la institución (el 90% en 1992, y el 93%, un poco más, en el conjunto de los cinco años) ha sido orientada no por mi voluntad, sino por la voluntad de la ciudadanía, cuyas peticiones estoy obligado legal y moralmente a no desoir.
Los ciudadanos no siempre tienen razón en su queja; muchas veces no tienen amparo legal, pero siempre tienen derecho a ser atendidos, a que se compruebe lo que denuncian, a que, en todo caso, se les razone debidamente la postura del Justicia favorable o contraria a sus pretensiones, o se les indique las posibles vías o instrumentos que existen para defender sus derechos.
En este sentido, se han tenido que rechazar cincuenta y siete expedientes que no reunían los requisitos necesarios para su admisión: unas veces, por afectar a una resolución judicial cuya supervisión está lógicamente vedada al Justicia; otras, por plantear un conflicto entre particulares, de un ciudadano contra otro ciudadano, en el que no estaba inmiscuida Administración alguna, casos en los que el conocimiento compete siempre a los Tribunales de Justicia; otras, en fin, por carecer de fundamento, legitimación o causa suficiente.
Quiero resaltar que los expedientes rechazados constituyen sólo el 8,7% de los tramitados durante todo el año, siguiendo con la tónica mantenida desde que tomé posesión de ser muy restrictivo a la hora de negar a un ciudadano los servicios de la institución.
Se han rechazado otros ciento cuatro expedientes porque planteaban cuestiones idénticas o similares a otras ya analizadas y resueltas por la institución del Justicia, en las que no había ninguna irregularidad administrativa. Parecía por ello innecesario en estos casos el abordar una labor de investigación repetitiva que iba a suponer un trabajo burocrático añadido a los órganos de la Administración, algo que entiendo debe evitarse por bien del principio de eficacia y colaboración que ha de regir nuestra actividad. El Justicia está para mejorar y facilitar el funcionamiento de la Administración, está para buscar soluciones, no para complicar o dificultar la función administrativa. Estos ciento cuatro expedientes rechazados por ser evidente la inexistencia de una irregularidad, junto a los doscientos treinta que han finalizado con una resolución del Justicia contraria a la pretensión del ciudadano, dan un total de trescientos treinta y cuatro expedientes en los que los quejosos no tenían razón o no tenían amparo legal, es decir, en los que con independencia del diferente criterio del afectado, la actuación de la Administración había sido correcta y no había violentado derecho alguno. Esto ha ocurrido -repito- en trescientos treinta y cuatro expedientes, que suponen el 51% de los tramitados.
Por el contrario, otros doscientos setenta y cuatro expedientes han puesto de relieve que el ciudadano sí tenía razón y estaba justificada su queja sobre la actuación de la Administración pública. De estas actuaciones se ha conseguido la corrección o subsanación, sin necesidad de recomendaciones expresas del Justicia, en doscientos treinta y seis supuestos, pero han tenido que terminar en una resolución motivada, en forma de sugerencias, recomendaciones, recordatorios o advertencias en los restantes casos.
Un total de cincuenta y dos recomendaciones -repartidas entre las tres funciones- ha dirigido el Justicia durante el año 1992 a los poderes públicos: veintiocho de ellas (el 54%), a la Diputación General de Aragón, y dieciséis (el 31%), a órganos de la Administración Local. Tampoco en este caso se ha tratado de una particularidad del año 1992, sino que ha sido también una constante mantenida a lo largo de los cinco años de la institución. De las doscientas diecinueve recomendaciones efectuadas en dicho período, ciento veintiséis, es decir, el 57%, lo han sido a la Administración de la Comunidad Autónoma, y setenta y cuatro, el 33%, a órganos de la Administración local de Aragón.
Se ha dicho, y se ha dicho en esta cámara en otras ocasiones, que el Justicia no dedicaba la suficiente atención a cumplir con su función de supervisar a la Administración sujeta a su competencia, e incluso se ha dicho que me dedicaba en exceso a controlar a los órganos de la Administración periférica del Estado, excluidos de mi capacidad de supervisión.
Quiero dejar bien claro en esta comparecencia, la última, que culmina el mandato que me dieron las Cortes, que no es así ni lo ha sido nunca. El Justicia no decide el por qué ni de qué se quejan los aragoneses, y, por consiguiente, no es imputable a la institución el hecho de que buena parte de las quejas recibidas se refieran a órganos administrativos no transferidos a la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo Gobierno carece de muchas competencias que ya disfrutan en otras Comunidades, como bien saben sus señorías. Hay, pues, en Aragón varios organismos dependientes del Gobierno central que gestionan actividades muy importantes y que afectan muy directamente a los derechos de los ciudadanos aragoneses: tal es el caso de educación, parte de sanidad y seguridad social, por poner algunos ejemplos. El Justicia no tiene culpa alguna de que a los reclamantes aragoneses les preocupen las listas de espera en los hospitales, o el debido respeto a los requisitos legales en el acceso a las escuelas públicas y privadas concertadas, o el retraso en la percepción de sus pensiones, o el cierre de las escuelas rurales. En este sentido, el Informe del Justicia es mero reflejo de lo que preocupa a los aragoneses, no de lo que hace la institución.
Lo que hace la institución se refleja en las resoluciones que se adoptan, y lo que supervisa el Justicia, lo que resuelve en virtud de las funciones que le vienen encomendadas por la ley, está delimitado en las sugerencias o recomendaciones. Estas resoluciones son la prueba palpable de que la labor supervisora del Justicia se ha desarrollado de forma sustancial en el ámbito específico de sus competencias. Repito que así es y así ha sido a lo largo de los cinco años. Las cifras expuestas son una buena muestra de ello.
Si el organismo al que se dirige la sugerencia es prueba evidente de cuál es la Administración supervisada, doscientas de las doscientas diecinueve sugerencias dictadas en estos cinco años, es decir, el 91,32%, se han dirigido a organismos sujetos a la competencia supervisora del Justicia: ciento veintiséis, a la Diputación General de Aragón, y setenta y cuatro, a diversos ayuntamientos en actuaciones llevadas a cabo en materias cuya competencia básica corresponde a la Comunidad Autónoma.
Si, por otra parte, el número de sugerencias y recomendaciones dictadas en relación con el número de quejas es referencia del grado de intensidad de la supervisión llevada a cabo por una institución, así como de la eficacia con que lleva acabo su labor, permítaseme decir con toda modestia -y me consta que las comparaciones siempre son odiosas- que la intensidad supervisora desarrollada por el Justicia de Aragón y su equipo no admite duda en cuanto a la eficacia.
Un total de doscientas catorce sugerencias ha dictado el Defensor del Pueblo español en estos cinco años, en los que ha recibido unas cien mil quejas. Las sugerencias dictadas por el Justicia en el mismo tiempo han sido similares, doscientas diecinueve, unas pocas más, aunque el número de quejas tramitado haya sido veinte veces menor: cuatro mil quinientas setenta y tres, en concreto.
Se puede discrepar del cómo se han desarrollado las funciones, pero sin olvidar que la ley confiere al Justicia el derecho, y la obligación, de actuar sin obedecer a mandato alguno, con autonomía y según su criterio. Permítanme que me sienta satisfecho por el trabajo realizado y por la forma en que la institución ha cumplido, en términos generales, las tres funciones que le han sido encomendadas, funciones éstas que se centran prioritariamente en detectar aquellas actuaciones u omisiones de la Administración que incumplen u obstaculizan los derechos reconocidos a los ciudadanos por la Constitución Española y por el Estatuto de Autonomía, con el fin de tratar de corregirlas en cada caso concreto y de procurar evitarlas de cara al futuro, incluyendo en el Informe a estas Cortes los resultados de la labor investigadora, así como la referencia del eco o la respuesta que han tenido las resoluciones en las Administraciones objeto de la queja, sujeto pasivo de la queja.
A ello quiero dedicar los siguientes minutos de mi exposición. Quiero ir más allá de lo que son las quejas específicas de los aragoneses y entrar en dos cuestiones fundamentales relacionadas con los resultados: ¿cuál ha sido el resultado concreto de la labor de la institución? ¿Cuál ha sido la acogida de su actividad por parte de las Administraciones?
El primer resultado, el más evidente y reiterado, es que el funcionamiento de las Administraciones de Aragón todavía dista mucho del que los ciudadanos quisieran encontrar.
La objetividad, la eficacia, la descentralización, la desconcentración, la coordinación y ese actuar con sometimiento pleno a la ley y al derecho, como exige el artículo 103 de la Constitución y también nuestro Estatuto, son principios de funcionamiento que siguen sin lograrse en numerosas ocasiones.
A estas anomalías se refieren tres de las cuatro reflexiones que, a modo de conclusiones, contiene el Informe de 1992. Pero no se trata sólo de este último año, sino de una situación que ha venido siendo denunciada y reiterada a lo largo de los cinco años de funcionamiento.
El incumplimiento del artículo 103 es motivo de la inmensa mayoría de las quejas recibidas por el Justicia. Las disfunciones derivadas de ello han sido causa de un centenar de las doscientas diecinueve sugerencias y recomendaciones dictadas por el Justicia durante los cinco años de mandato.
Entre estas anomalías señalamos como más patentes las derivadas del silencio ante las denuncias o solicitudes de los ciudadanos; la falta de coordinación entre los distintos servicios de la Diputación General o de la Administración autónoma con los organismos de la Administración local y estatal en el ejercicio de las competencias compartidas, como es en el caso de las de sanidad, urbanismo, cultura, medio ambiente y otras más; la incomprensión, la falta de cooperación, la dispersión de competencias entre los diferentes organismos, con la consiguiente dificultad para establecer una política coherente, cual es el caso, por ejemplo, paradigmático del medio ambiente, cuya Dirección General, saludada esperanzadamente desde esta tribuna en mi anterior Informe, porque venía a suponer una creación con una racionalidad, vemos que sigue viviendo un desconcierto continuo de variaciones de nombres, de departamentos y de competencias que difuminan la capacidad operativa.
Esperamos que con estas nuevas medidas que se siguen tomando y con estos nuevos consejos se pueda poner fin a este desconcierto. Son ejemplos, son muestras de lo que no debe ser una correcta organización de las Administraciones públicas. Dichos ejemplos pueden incrementarse con una simple lectura del Informe anual.
La actuación de la Administración no sólo ha de cuidarse con esmero en su vertiente pública, es decir, de atención al ciudadano, sino también, y de forma muy especial, en el aspecto de organismo público, en su aspecto interno de maquinaria objetiva a la que todos los ciudadanos pueden aspirar a incorporarse, como funcionarios o como contratados, en condiciones de absoluta igualdad.
Resulta llamativo que las presuntas violaciones de los principios de igualdad y objetividad en el acceso a la función pública, en las diversas Administraciones, ocupen año tras año un lugar preeminente en el número de expedientes incoados por el Justicia en virtud de las reclamaciones de los ciudadanos: setenta, en 1992; sesenta y dos, en 1991; doscientas cuarenta y ocho, en 1990; y así siguen todos los años, aunque no tantas en los anteriores. Pero lo preocupante y sintomático es la gran proporción de dichas quejas que están cargadas de razón, puesto que el tema ocupa el segundo lugar en el número de sugerencias efectuadas por el Justicia, con un total de veintidós en este último año.
Otros ámbitos han sido objeto de la atención del Justicia: el derecho a la salud, recogido en el artículo 43.1 de la Constitución y tan habitualmente ignorado, es objeto de numerosos expedientes por la persistencia de actividades insalubres o peligrosas que no se vigilan ni se atajan con la suficiente rapidez. Es de justicia, sin embargo, reconocer en este campo el indudable apoyo que ha supuesto la creación del Seprona, el entusiasta y eficaz Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.
El derecho a un medio ambiente digno y adecuado, previsto en el artículo 45.1, está también viéndose amenazado en el medio rural por actuaciones urbanísticas fuera de control, y también en las ciudades, con la creciente proliferación de humos y ruidos, y, de forma más localizada, por la falta de una política adecuada frente a los problemas de esas llamadas "zonas" conflictivas de los jóvenes, y no tan jóvenes, en las que se producen frecuentes situaciones irreparables.
Los ejemplos podrían seguirse, pero prefiero remitirme a los contenidos en los dos Informes que he presentado a sus señorías, en los que creo se refleja de forma evidente cuáles han sido los resultados concretos de las actividades de la institución, cuáles han sido los campos en que los derechos de los ciudadanos son más vulnerados, cuáles han sido los ámbitos en los que el Justicia ha tenido que recordar a la Administración la necesidad de respetar los derechos y sugerirle conductas, o cambios de conducta.
Pero al margen de cuál sea el criterio del Justicia, más allá de las situaciones irregulares y de las sugerencias, el nudo de la cuestión está en la postura de la Administración ante dichas sugerencias, en la acogida que tenga la labor del justiciazgo en los distintos organismos públicos.
No olvidemos nunca que el Justicia carece, afortunadamente, de poder, de fuerza ejecutiva. La eficacia que puedan tener sus sugerencias dependerá de que sean aceptadas o no voluntariamente por los organismos a que se dirigen, o contestadas razonablemente, aunque sean de forma contraria. Sabemos también que el grado de aceptación será mayor o menor según sea el uso que estas Cortes hagan de los datos recogidos en los Informes anuales. Dicha eficacia también será mayor o menor según sea el apoyo de los diferentes organismos y Administraciones que presten su ayuda a la labor de la institución.
Porque en el fondo, señorías, no nos engañemos, con todo lo importante que es encontrar solución a los problemas concretos que llegan al Justicia, la verdadera razón de ser de esta institución no es ésa, sino la de encontrar vías de solución a conductas generalizadas en las que las Administraciones mantienen ciertas anomalías y problemas que se vienen causando a los ciudadanos. Poco se habrá conseguido con la solución de problemas concretos si no se consigue que las Administraciones varíen la forma de actuación (o de omisión) en cuanto a aquellas actividades que generan los problemas y que, por lo tanto, pueden generar muchos más.
Al final de mi primer mandato de esta institución, del primer mandato de esta institución, está claro que se ha avanzado, y se ha avanzado mucho, pero estamos muy lejos de conseguir esa aceptación o toma de conciencia de las Administraciones que dé una eficacia generalizada a la actuación de la institución del Justicia, para que de la misma se derive un beneficio común, una mejora común para todos los ciudadanos, más allá del interés específico de la persona o personas que se han quejado al Justicia.
No cabe establecer distingos en el comportamiento de las distintas Administraciones, pues, proporcionalmente al número de sugerencias remitidas en cada caso, las posturas de las tres Administraciones -autonómica, local y estatal- son perfectamente equiparables.
La Diputación General de Aragón ha respondido expresamente al Justicia, indicándole cuál era su postura frente a la sugerencia efectuada, en un 58% de los casos, y no ha contestado en el 41% restante. La Administración local y la Administración periférica del Estado coinciden en responder alrededor del 60% de los casos y no hacerlo en el 40%.
Paralelamente, el 80% de las sugerencias respondidas por la Diputación General de Aragón son aceptadas, y sólo el 20% de los casos se rechazan expresamente. Estas cifras son muy similares a las otras dos Administraciones: el 81% y el 19%, respectivamente, en la Administración local, y el 83% y 17% en la periférica del Estado. Cifras éstas que, aun pareciendo buenas, son inaceptables y engañosas: inaceptables porque alrededor del 40% de los casos -41% en la Administración autonómica y 40% en las otras dos- no son atendidos por las Administraciones en su obligación legal de contestar a todas las sugerencias y de atender las peticiones de información, lo cual supone, además de un incumplimiento de la Ley del Justicia, un impedimento para que las Cortes puedan conocer, estas Cortes, y utilizar los Informes del Justicia; engañosas son, además, las cifras porque la aceptación de las sugerencias del Justicia no presuponen necesariamente la solución real del problema que las motivó.
En muchos casos -ya lo he apuntado con anterioridad-, la aceptación supone tan solo la solución del problema individual que motivó la queja. Puede satisfacer a un ciudadano, pero silencia el problema general, no se subsana la conducta irregular de fondo que dio lugar al problema. Hechos que han sido objeto de una sugerencia del Justicia, aceptada por la Administración, se siguen produciendo, con la consiguiente proliferación de nuevas quejas individuales denunciando el mismo tipo de conducta.
Hay casos, más graves, en que la aceptación tiene visos de ser sólo una forma de contestar al Justicia y conseguir poner fin a su labor investigadora. No será la primera vez que la Administración acepta solucionar el problema, pero una posterior queja del mismo ciudadano, o de otro relacionado con el mismo tema, pone en evidencia que dicha aceptación no se ha traducido en una realidad. Hoy por hoy, la institución carece de medios para llevar a cabo un seguimiento sobre la ejecución y veracidad de muchas de las aceptaciones de las diversas Administraciones, especialmente cuando se refieren a cuestiones interpretables o muy generalizadas.
Otra variante de actuaciones administrativas que dejan sin eficacia las sugerencias del Justicia está constituida por las respuestas ambiguas, que no permiten saber si la sugerencia se acepta o se rechaza, si se va a llevar a cabo o no, si se va a hacer de inmediato o cuando se estime oportuno...
Creo que tanto en el Informe anual como en el quinquenal se contienen varios ejemplos, a los que me remito. Pero quiero citar expresamente un supuesto de interés, porque afecta al ejercicio de unos derechos en estado puro y porque la respuesta de la Administración ha llegado muy recientemente, después de la presentación de estos Informes: en la página 194 del Informe anual, 2744 del Boletín Oficial de las Cortes, que lo publica, se recogía una sugerencia efectuada al Ayuntamiento de Zaragoza para garantizar el derecho a la igualdad, recogido en el artículo 14 de la Constitución. Existe en Aragón una importante comunidad de religión musulmana; buena parte de sus miembros tienen la nacionalidad española y, por consiguiente, el derecho a ejercer su relación en razonables términos de igualdad. Desde hace tiempo, dicha comunidad viene demandando que se le facilite la posibilidad de enterrar a sus muertos según su religión, petición perfectamente atendible, teniendo en cuenta que desde la Guerra Civil existe un espacio en el cementerio de Torrero con enterramientos de soldados marroquíes desconocidos que es muy superior a la extensión que reclaman los musulmanes españoles de hoy.
Si la simple existencia del artículo 14 cargaba de razón a los interesados, la aprobación por las Cortes Generales el 10 de noviembre de 1992 de la Ley especial en esta materia convertía en obligación legal para los municipios el facilitar este derecho específico. Así lo había sugerido el Justicia al Ayuntamiento, para lo que, al parecer, había sólo un problema presupuestario; pero el Ayuntamiento nos ha respondido con una carta de primeros de marzo, en la que simplemente se dice que la creación del cementerio está aprobada desde el 24 de abril de 1991, cosa que ya era sabida por la tramitación del expediente, pero sin aclarar en ningún momento por qué dos años después no se han iniciado los trabajos, por qué no existe una partida presupuestaria y por qué no hay calendario concreto para convertir las palabras en hechos. Tipos de estas contestaciones ambiguas se suelen repetir.
En fin, finalizado mi mandato, como decía, quisiera hacer, una vez más, la llamada para la colaboración de las Administraciones con que, indudablemente, he contado, pero para que se viera incrementada y reforzada esta efectividad a partir del mandato del Justicia que me suceda. Porque sin la colaboración de los poderes públicos, sin la comprensión de las dificultades de la labor del Justicia por parte de los grupos políticos, la independencia de esta institución en el ejercicio de sus funciones puede verse irreparablemente mermada, con la consiguiente pérdida de credibilidad de la institución ante los destinatarios de su labor, que son los ciudadanos. Porque ése es el otro aspecto fundamental: la credibilidad pública que deba tener la institución.
Al Justicia no lo nombran los ciudadanos. Los beneficiarios deben ser ellos, la existencia del Justicia sólo tiene razón de ser en función de la utilidad y la aceptación que tenga entre los ciudadanos. La independencia en su actuación puede ser políticamente perjudicial en un momento dado para un grupo político que, quizás, hubiera preferido que el asunto no se hiciera público o, incluso, que se solucionara de forma silenciosa; en tal situación se han encontrado todos los grupos políticos sin excepción ninguna. Ello contribuye al afianzamiento de la confianza que tienen los ciudadanos en la credibilidad de esta institución y en la independencia de esta institución, y también, por qué no decirlo, en la transparencia de la cosa pública. Ello es muy conveniente por bien de todas las instituciones y de todos los poderes públicos, sobre todo a la vista de las encuestas sobre credibilidad que hay al respecto, y que sus señorías están conociendo tan bien como yo.
Como digo, al Justicia no lo nombran los ciudadanos; lo nombran, hay que decirlo, los partidos políticos; pero el Justicia no puede pertenecer a los partidos. No es eso lo que establece la Ley reguladora, no es eso lo que acordaron las Cortes, no es eso lo que se espera de su actuación pública por parte de la gente. Tal vez sea algo difícil de entender en unos tiempos en que el reparto de cuotas de poder está al orden del día en todas las instituciones. Pero la independencia y la aceptación de los ciudadanos son cualidades que habrán de aceptarse si se quiere que las instituciones de los defensores del pueblo subsistan con una mínima utilidad, y si se quiere mantener o mejorar o recuperar la credibilidad generalizada de todas las instituciones públicas.
Lo dicho es aplicable a cualquier ombudsman, y ahí está el ejemplo del Defensor del Pueblo español, cuya validez de gestión, a la hora de renovación de su cargo, no se ha medido por la validez de diez años de trabajo, sino por una actuación discutible políticamente ante un proyecto de ley. Con mucha más razón puede suceder en el caso del Justicia de Aragón, dos de cuyas tres funciones, especialmente la de defender el Estatuto de Autonomía, pero también la de velar por el ordenamiento jurídico aragonés, revisten a sus actuaciones de una incidencia política y convierten la independencia y la libertad de criterio en una peligrosísima arma de doble filo que puede volverse contra él. Pero a pesar de ello, debe actuar con esa independencia y libertad que la ley le confiere.
La ley obliga al Justicia a denunciar el incumplimiento del ordenamiento jurídico aragonés; la ley ordena al Justicia que defienda el contenido del Estatuto de Autonomía frente a cualquier intromisión competencial o vaciamiento de contenido; la ley impone al Justicia el ineludible mandato de evitar que ningún derecho, individual o colectivo, de los aragoneses se vea menoscabado por las actuaciones de cualquier Administración. El Justicia ha de cumplir la ley, aunque ello no resulte a gusto de todos, y ha de cumplir las tres funciones.
Las decisiones del Justicia han venido a causar desagrado, unas veces a unos y otras a otros, pero a todos los grupos políticos. Quizás ahí radique la prueba más evidente de que el Justicia, cuando se le ha dejado, ha tratado de ser el Justicia de todos, precisamente no siendo el Justicia de nadie, salvo de los ciudadanos de Aragón.
Ahí están las hemerotecas, ahí están los Diarios de Sesiones y los Informes anuales para acreditar lo que digo.
No gustó a Izquierda Unida que el Justicia, tras mucho meditarlo y por prudencia política, decidiera que no entraba en sus funciones el atender quejas presentadas acerca de las dificultades con que tropezaban algunos concejales para el ejercicio de su labor política en diversos ayuntamientos. Aunque presumo que, por el contrario, la decisión sería del agrado del Alcalde socialista de Zaragoza, en un caso, y del Alcalde del PAR de Barbastro, en otro caso.
No gustó al Presidente de la Comunidad Autónoma ni a su partido, el PAR, ni a su Consejero de Agricultura, ni a su partido, el PP, que el Justicia les llamara la atención sobre la existencia de una ley vigente, la llamada y ya derogada Ley del Banco de Tierras, que se negaban a aplicar o a derogar. El Justicia hacía política -se dijo-, aunque presumo que no sería en este caso coincidente la opinión del Partido Socialista, beneficiado, posiblemente, con esa llamada "política".
No gustó al Partido Socialista que el Justicia recordara públicamente que el Estatuto de Autonomía confiere a la Comunidad Autónoma unas competencias en materia de ordenación territorial y que, por un mínimo respeto a esas competencias, era procedente que la Administración central hubiera consultado el parecer de la Diputación General de Aragón antes de decidir algo de tanta importancia como la ubicación de una gran macrocárcel "experimental" en el territorio de la Comunidad Autónoma.
También, por lo visto, en este caso se hacía política, aunque los partidos integrantes de la Diputación General de Aragón fueran en ese caso los que no tenían nada que objetar o, incluso, alababan esa "política".
En definitiva, la Ley del Justicia es clara, y no fue el Justicia quien la hizo; la hicieron estas Cortes. Critíquese lo que sea hacer política saliéndose de las funciones encomendadas, pero admítase que las funciones en sí encierran a veces concomitancias políticas que hay que afrontar con toda independencia y con libertad de criterio, aunque con posterioridad puedan acarrear consecuencias o, incluso, represalias políticas.
Y he dicho cuanto antecede porque era inevitable hacer mención a la postura mantenida por la institución en relación con la reforma del Estatuto de Autonomía, puesto que en dicha actuación reside la principal crítica que desde algún sector de la cámara se ha hecho a la institución.
"El Justicia hace política -se ha dicho-, y la hace excediéndose en sus funciones." El Justicia, efectivamente, tiene actuaciones de incidencia política, pero no se ha excedido en sus funciones.
Nada más lejos de la realidad -tengo que decirlo desde aquí-: el Justicia ha desarrollado y cumplido sus funciones con independencia y según su criterio, aun a sabiendas de que hacerlo podía tener lecturas políticas, y aun con pleno conocimiento de que alguna lectura política podía serle personalmente perjudicial.
¿Dónde está la toma de postura política del Justicia al margen de sus funciones?, ¿en que se pronunciara oficialmente sobre los llamados pactos autonómicos firmados entre el Partido Socialista y el Partido Popular en 1992?, ¿en que asistiera a la manifestación convocada el 23 de abril de 1992 y leyera un manifiesto?, ¿en que asistiera a la manifestación convocada en Madrid el 15 de noviembre del mismo año y también leyera un manifiesto?, ¿en que hiciera otro tanto en la manifestación convocada el 23 de abril de 1993?
Vayamos por partes cuidadosamente, porque no estamos en situaciones iguales, y está en juego no la persona del Justicia, no la persona de Emilio Gastón, sino el contenido y alcance de las funciones de la institución.
He dicho antes que es función del Justicia velar por que se aplique el ordenamiento jurídico aragonés. ¿Acaso alguien me negará que el Estatuto de Autonomía forma parte de dicho ordenamiento? ¿Acaso alguien pretenderá que el Justicia no esté obligado a denunciar que no se aplique lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Aragón? ¿Acaso no está claro que el artículo 61 del Estatuto de Autonomía dice que transcurridos cinco años desde su aprobación, podría acometerse su reforma, y que la propuesta de reforma debería aprobarse primero por las Cortes de Aragón, y sólo después por las Cortes Generales? ¿Acaso no era lícito considerar que con los pactos autonómicos, invirtiendo los factores, se estaba obstaculizando la aplicación de lo previsto en la primera norma del ordenamiento jurídico aragonés? ¿Acaso -repito- no es función del Justicia, fijada por estas Cortes, el evitar que tal cosa ocurra?
He dicho también que, igualmente, es función del Justicia el defender el Estatuto de Autonomía, y ¿acaso puede negarse que la primera defensa es precisamente la de garantizar que se aplique y desarrolle conforme a los mecanismos y las posibilidades que el mismo Estatuto establece?
He dicho, por último, que es función principal del Justicia el velar por los derechos individuales y colectivos de los aragoneses. Y si derecho individual de todo aragonés es ser tratado con arreglo al principio de igualdad por imposición del artículo 14 de la Constitución, ¿acaso no existe ese mismo derecho a nivel colectivo para los aragoneses? ¿Acaso no es un derecho colectivo de los aragoneses el ser tratados en situación de igualdad y de no discriminación con respecto a los ciudadanos de las restantes dieciséis Comunidades de España? ¿Acaso no es defendible que se está violando ese derecho colectivo a la igualdad cuando se imponen limitaciones en la velocidad o en el desarrollo autonómico que no se han impuesto a otras comunidades autónomas?
Podrán aducirse razones de interés político, de alta política, de razón de Estado, para actuar como se ha actuado; ni las discuto ni es mi función hacerlo. Pero permítanme que defienda que sí pertenece íntegramente a las funciones del Justicia el entrar a analizar si se ha dado esa inaplicación del ordenamiento jurídico aragonés, si se ha producido ese incumplimiento del Estatuto de Autonomía, si ha tenido lugar esa limitación violadora del derecho colectivo de igualdad.
Permítanme reiterar que el Justicia ha actuado dentro de sus funciones al entrar a conocer el tema y al pronunciarse en un informe, que es lo único válido, oficialmente sobre el mismo.
Pronunciarse oficialmente, he dicho, porque el único pronunciamiento oficial de esta institución lo tomó el Justicia en la resolución adoptada a primeros de marzo de 1992, íntegramente reproducida en el Informe anual, y que ustedes pueden consultar en las páginas 2786 a 2793 del Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, especialmente la penúltima página, en la que se encuentran las conclusiones de la institución, la cuarta de las cuales dice textualmente: "El pacto autonómico es positivo en cuanto que representa un amplio acuerdo entre los partidos mayoritarios y el Gobierno de la Nación en torno a la aplicación de competencias y el modelo de cooperación Estado-comunidades autónomas, pero no debería limitar ni predeterminar el alcance de la reforma sin contar con la Comunidad Autónoma de Aragón".
No creo que la postura oficial del Justicia se apartara un ápice de sus funciones, sin perjuicio de que se pueda compartir o no.
Al margen de dicho pronunciamiento, el Justicia, siendo titular pleno del cargo, asistió a las manifestaciones del 23 de abril y del 15 de noviembre de 1992, en el año que estoy explicando, y en ambas fue orador de sendos manifiestos. ¿Se estaba apartando con ello de sus funciones?, ¿era algo desacorde con el papel público de la institución, que va más allá de sus funciones específicas, pero sin entrar en contradicciones con las mismas? Sinceramente, no, creo que no, y no creo que la mayoría de esta cámara pueda decir lo contrario, cuando fue precisamente la mayoría de los partidos políticos presentes en esta cámara la que pidió que asistiera la institución en ambos casos y la que me pidió que asumiera el manifiesto final.
Todavía recuerdo sentados en mi despacho oficial, en la sede del Justicia, al representante de Izquierda Unida, al del Partido Aragonés y a la del Partido Popular, proponiéndoseme, junto con otros integrantes de la llamada Mesa de Partidos, que encabezara y protagonizara ambos manifiestos. Todavía recuerdo, y las hemerotecas gráficas también lo recuerdan, cómo miembros de los tres partidos caminaban a mi lado en ambas manifestaciones, incluso el mismo Presidente de esta cámara me honró con su compañía, marchando junto a mí en aquel 23 de abril, en el que no faltaron, por qué no decirlo, miembros del Partido Socialista, algunos de los cuales podrían estar presentes hoy aquí...

El señor PRESIDENTE: Señor Gastón, el orden de prelación no creo que lo pueda establecer usted, y yo no sé de dónde saca que yo le honré acompañándole, podría decir yo lo mismo, ¿no? No establezca prelaciones.

El señor Justicia de Aragón (GASTON SANZ): Muchas gracias.
...que no entendieron que aquel día el Justicia estuviera haciendo política más allá de sus funciones; miembros del Partido Socialista, repito.
Un nuevo 23 de abril, el actual, casi con las mismas motivaciones y las mismas circunstancias. Uno de los partidos convocantes en las anteriores manifestaciones consideró oportuno abstenerse esta vez, aunque tanto el Partido Popular como el Partido Socialista dejaron a la conciencia de sus afiliados y simpatizantes acudir a esta cita. Allí concurrí acompañado también de destacados miembros de todos los partidos.
Una última apreciación: he procurado tener un cuidado exquisito para no caer en la trampa fácil de hacer de portavoz de un frente de partidos, de que se me pudiese achacar alguna vez que estaba actuando movido por criterios extraños a la propia institución. Por esa circunstancia, me he negado, me negué en el primer momento y en las tres ocasiones, a leer un escrito que hubiera sido preparado por los partidos convocantes, ni siquiera que hubiera sido visado por ellos. He evitado que pudiera decirse que el Justicia hacía de vocero. El Justicia era simplemente un invitado al que se le propuso hacer el manifiesto, y manifestó lo que con su propio criterio creía, respetando sus funciones con arreglo a la ley, y lo que su criterio y su libertad le impulsó a decir.
Y si el Justicia ha actuado así ha sido, entre otras razones, porque, como nos recordaba un notable político aragonés, "el Justicia no tiene competencias para reformar ese Estatuto, pero puede incitar la reforma, puede pedir la reforma, puede mover la reforma, ahora y cuantas veces haga falta, cuantas veces los acontecimientos lo demanden".
El Justicia se movió en todo momento en el plano de las funciones que estas Cortes de Aragón le encomendaron hace ya cinco años, cuando se le nombró, cinco años y medio. Cinco años y medio -y con esto quiero acabar, señor Presidente- en los que pienso que he podido tener errores, como los tienen todos los humanos. Pido perdón si alguien ha resultado perjudicado por ellos, pero en los cinco años y medio he procurado, ante todo, actuar con la independencia y objetividad que la ley me exige.
No he sido neutral -lo digo a conciencia- ni creo que ningún Justicia deba serlo. El Justicia no puede ser neutral en la defensa de los derechos de los ciudadanos; tiene que ser defensor. El Justicia no puede ser neutral en la defensa del Estatuto de Autonomía; tiene que defender la autonomía que el Estatuto permite desarrollar. El Justicia no puede ser neutral en la defensa del ordenamiento jurídico de Aragón; tiene que ser el tutor y tiene que velar por su defensa y su aplicación.
El Justicia puede ser, ¡y se le debe exigir que lo sea!, objetivo, independiente y con criterio decisorio; no ha de ser el Justicia de nadie para poder ser el Justicia de todos, pero ello no significa neutralidad, ni significa asepsia, ni significa inhibición. El Justicia debe ser parte activa a favor de los derechos y las libertades, parte activa a favor de todos los derechos de Aragón, parte activa a favor de los ciudadanos. Ese criterio es el que he tratado de llevar adelante y el que deseo inspire siempre a la institución del Justicia. Creo que eso es lo que necesitaban y pedían los ciudadanos aragoneses del defensor de sus derechos.
Me voy gratificado.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gastón.
[Aplausos de parte del público situado en la tribuna. Una persona allí situada dice en voz alta: "Viva el Justicia de Aragón".]
Expulsen a ese señor.
Desde la tribuna no se puede emitir ningún parecer, ningún signo de aprobación o reprobación, aplaudir ni decir nada. Las personas que están en la tribuna son simples invitados espectadores, que no pueden manifestar, porque ofenden a la cámara, ningún signo ni ningún acto que implique involucrarse en lo que en esta cámara se está haciendo o se está desarrollando.
Turno de portavoces. Quince minutos como máximo, con las adecuaciones en el caso del Grupo Mixto.
Grupo Mixto.

El señor Diputado GOMARIZ GARCIA: Gracias, señor Presidente. Señorías.
En primer lugar, agradecer la comparecencia del Justicia aquí, en este hemiciclo.
Yo voy a ser muy breve, y tan solo voy a dar una especie de juicio en torno a lo que me ha merecido el Informe, ya quinquenal como anual, de 1992.
En primer lugar, decir que el Informe me ha parecido adecuado a la finalidad de la institución, a los fines que persigue la institución. Ha sido coherente con la demanda social, con la cantidad de problemas que surgen, y teniendo en cuenta también los medios que poseía.
También decir que el Justicia se ha mostrado como hombre justo, un modelo representativo de la institución, quiérase admitir o no. Pero sí hay una cosa clara que sobresale a lo largo de todo el Informe y que merece el calor popular: la confianza que se ha ganado el Justicia en Aragón. Este calor popular le ha venido, fundamentalmente, por su independencia, por esa actitud independiente, actitud que brota desde un conocimiento de la realidad, desde una estimativa, desde unas ganas, desde unos puros deseos por ayudar a todos aquellos sectores que necesitan amparo, que necesitan apoyo. Y esto es lo que le ha dado fortaleza para llevar a cabo su gestión. Estoy hablando ahora entre líneas y haciendo una especie de resumen de todo cuanto en el Informe se desprende, pues el conocimiento de la Comunidad aragonesa, el conocimiento de los problemas de los ciudadanos, los deseos que, debido a ese conocimiento, le llevan adelante, y la acción, la efectividad, es lo que le ha ganado un calor popular, que el pueblo aragonés le ha mostrado y se lo sigue mostrando constantemente.
En esa eficacia, digamos, en esa acción, ha defendido el Estatuto de Autonomía de un modo claro y preciso, sin cortapisas. Aragón está necesitado de una autonomía amplia, y eso lo ha defendido el Justicia por doquier. Por consiguiente, la sociedad le ha respondido con aplauso y con calor. Y ha defendido ese ordenamiento jurídico aragonés, que ya ha puesto aquí de manifiesto.
En realidad, las Cortes es esto lo que deben buscar, aunque digamos que ya está en el artículo 14 de la Constitución, que dice que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación; esto es lo que, quizás, el Justicia ha hecho, o lo que yo detecto a lo largo de su Informe, con su actitud independiente. Las Cortes buscaron crear un organismo independiente, sin influencias de intereses de partido, y lo que yo observo es que, quizás, cuando nos referimos al Justicia, estamos hablando mucho de partido, quizás de intereses partidistas. No es ésa la cuestión. El Justicia, ante todo, debe ser un hombre independiente y una garantía para que no haya discriminación ni puedan prevalecer intereses de ningún tipo, y, así, la institución del Justicia será un reflejo claro, preciso, de lo que la sociedad aragonesa demanda.
Para finalizar, simplemente decir: señor Justicia, no sé si usted va a ser o no el próximo Justicia; lo que sí quiero decirle desde esta tribuna es que si no lo es, le ha puesto el listón muy alto al próximo Justicia que pueda sucederle en el cargo.
Gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Representante de Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida. Señor Burriel, tiene la palabra durante quince minutos.

El señor Diputado BURRIEL BORQUE: Señor Presidente.
Excelentísimo señor Justicia de Aragón, don Emilio Gastón, señoras Diputadas, señores Diputados.
Las cosas bien hechas en su conjunto deben reconocerse. Principio es éste no sólo de buena crianza, sino también de responsabilidad. Sean, pues, mis primeras palabras, señor Gastón, para expresarle el reconocimiento de mi Grupo por el trabajo bien hecho por usted, el Justicia de Aragón. Y permítanme, además, señoras Diputadas y señores Diputados, que en este momento, cuando su comparecencia es también una despedida, una despedida no querida por nosotros, bien es cierto, pero no siempre las despedidas dependen de quien se va o de quienes se quedan, permítanme, digo, que en este momento el reconocimiento vaya acompañado del énfasis que suelen tener las ocasiones y las situaciones especiales.
Pero hoy estamos aquí para hablar del Informe anual del Justicia de Aragón, del Informe correspondiente al ejercicio de 1992, de la memoria anual, dicho de otra manera; hablaremos, pues, de memoria, hablaremos de memoria y haremos memoria, que otro gallo nos cantara si no fuésemos en tantas ocasiones tan olvidadizos.
El trabajo del Justicia de Aragón, señorías, creo yo, creemos en nuestro Grupo, que fundamentalmente, y sobre todo si han transcurrido cinco años, debe analizarse, debe verse en función de tres referencias centrales, tres referencias de partida. Sobre ellas, sobre esas referencias, se asienta la función; sobre ellas y desde ellas es posible el cumplimiento de la misión, y a ellas es a las que, a continuación, con el permiso de todos ustedes, me voy a referir.
La primera de las referencias: la confianza de los ciudadanos y ciudadanas. Aunque el Justicia de Aragón puede actuar, en el ejercicio de sus funciones, de oficio, como es sabido, como desde aquí se ha señalado, es obvio que la intervención más importante surge a iniciativa de parte. Como institución que es, no inexcusable ni ejecutiva, no es menos obvio que la intervención del Justicia surge en lo fundamental desde la esperanza, surge desde la confianza de los ciudadanos que a él se dirigen.
¿Es preciso, señoras Diputadas y señores Diputados, que haga hincapié particular en señalar que don Emilio Gastón goza de un amplio crédito ciudadano? ¿Es preciso enumerar actos, testimonios, gestos, declaraciones, que, por su claro valor, ponen en evidencia el grado de adhesión que tiene su gestión? No. Yo creo que no es preciso hacer un largo y amplio recordatorio, entre otras razones porque, con toda seguridad, todos ustedes las conocen y, lo mismo que yo, estarían en condiciones de hacerlo, de testimoniarlo. Desde cualquier grupo político, desde cualquier iniciativa personal, desde cualquier opinión particular. Pero no es preciso tampoco, porque los datos objetivos, los datos del trabajo, si algo ponen de manifiesto, es que de entre todas las figuras similares del conjunto del Estado español, incluido el Defensor del Pueblo, el Justicia de Aragón es el que ha recibido un mayor número de quejas en relación a los habitantes, con la excepción del Diputado del Común de Canarias, durante este año, durante el último año, circunstancia ésta que, además, no resulta excepcional, porque es una circunstancia que se repite desde años anteriores.
La confianza se expresa y se manifiesta con los actos públicos y particulares de los ciudadanos, se expresa también en el ejercicio de la función, con la forma en que los ciudadanos acuden a la institución, con la esperanza con la que se dirigen, con la confianza en que siguen renovando su deseo de justicia, y nunca mejor en este caso. Y el Justicia de Aragón, por el número de quejas recibidas, objetivando los datos de la manera más fría posible, es el que ha recibido un mayor número de quejas en el conjunto del Estado a lo largo de cinco años de gestión. Razón fundamental, razón básica y clara, primera de las referencias indispensables a la hora de analizar lo que es la gestión política, lo que es la gestión pública, el cumplimiento de las funciones y de la misión que el Justicia tiene otorgada.
Una segunda referencia que aquí se ha nombrado y que aquí se ha citado a lo largo del debate de esta mañana: la independencia, la independencia del Justicia de Aragón. ¿Puede entenderse, es posible entender un alto grado de confianza sin que exista el reconocimiento por parte de los ciudadanos de la independencia? ¿Es separable confianza e independencia? Triste será, triste será, en todo caso, escuchar lo contrario. Un botón, señorías, es suficiente para una muestra, pero un serio y riguroso examen de los hechos sirve para destacar la evidencia. Se ha señalado desde esta tribuna por el propio Justicia de Aragón.
Las Administraciones hacia las que han ido dirigidas sus quejas han sido Administraciones cuyo control político, si me permiten decirlo de esa manera, corresponde a distintos y variados partidos, corresponde a todos los partidos presentes en esta cámara. Cincuenta y siete de las quejas del año noventa y dos fueron hacia la Administración autónoma; se refirieron noventa y ocho hacia la Administración periférica del Estado; noventa y siete hubo que se dirigieron hacia la Administración local. Las quejas y sugerencias expresadas por el Justicia fueron en más del 56% de las ocasiones para la Administración autónoma; algo más del 27%, para la Administración Local, y hubo referencias en más del 7% para la Administración central.
Aquí se han señalado, y quiero destacarlo, las tres únicas ocasiones en las que Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida, si no me falla la memoria, ha solicitado la intervención del Justicia de Aragón, la respuesta del Justicia no ha sido favorable a las pretensiones, a las demandas que hacía Izquierda Unida. Lo decimos cuando hablamos de independencia desde el pleno conocimiento y desde la propia responsabilidad, desde los datos y desde la experiencia, desde lo ocurrido y expresado en los materiales que hemos tenido ocasión de ver, pero también en lo sabido y conocido a lo largo y ancho de Aragón por parte de los ciudadanos.
¿Puede alguien decir con independencia, sin afán partidario o partidista, haciendo uso y criterio exclusivamente de cómo son las cosas, puede alguien decir en serio que el Justicia ha estado mediatizado en el funcionamiento de su labor a lo largo de este período por razones de partido? No es posible. Entendámoslo de una vez, no es posible estar defendiendo al pueblo y no actuar con independencia; no se puede intervenir en materias como menores, medio ambiente, derechos de las minorías y ser dependiente, no se puede hacer. Se puede, señorías, ser amigo de todos, ser reconocido por todos y ser independiente, pero no se puede no ser reconocido por quienes tienen el poder y no ser independiente.
Decía, y algunos de ustedes lo recordarán, decía Severino Boecio: "No hay mayor prueba de independencia que decir las cosas claras delante de los poderosos", o, si me lo permiten, lo diré con palabras de Homero: "Has dicho verdad, y la verdad era temida por los fuertes y los dioses; saludo tu independencia". No se alarmen por las circunstancias, no se alarmen por lo que ocurre. "Cuando se tiene miedo, todos, todos son ruidos"; esta última cita es de Sófocles. Una actuación independiente, contrastada por los hechos, por el trabajo, por las resoluciones.
Hay una tercera referencia a la que también quiero referirme: la eficacia y, si me apuran, hasta la eficiencia, a pesar de estar ante una institución, como se sabe, que no tiene capacidad ni funciones ejecutivas, que no resuelve, que busca la solución, pero que no resuelve. No estamos ante una institución con poderes ejecutivos, sino ante una que recomienda y procura. Y, fíjense, estamos ante la institución, entre las similares, con un mayor grado de resolución de expedientes, y, entre los resueltos, con un mayor número de soluciones aportadas. Trabajo y utilidad.
Las tres referencias que he hecho desde el principio (confianza de los ciudadanos, independencia en el trabajo y en la gestión, eficacia y hasta eficiencia en el desarrollo de esa gestión) son los tres fundamentos básicos que definen la gestión en este caso de una institución, el Justicia de Aragón que hemos tenido a lo largo de este período. Se desprenden claramente de su trabajo y son entendidas, no les quepa duda -y no entiendan que hago un juicio de valor-, son entendidas fundamentalmente por las personas, por los ciudadanos de Aragón, que son sus auténticos destinatarios.
No haría bien en no seguir hablando de otras cuestiones, y lo haré obviamente a lo largo de mi intervención. Haría mal en no referirme a temas concretos, en no referirme a cómo el Justicia ha hecho uso de las funciones que tiene encomendadas por ley la institución: protección y defensa de los derechos y libertades individuales y colectivos, reconocidos en el Estatuto; tutela del ordenamiento jurídico aragonés, velando por su defensa y aplicación; defensa del propio Estatuto.
Dan cumplida fe, señorías, la protección y defensa de los derechos y libertades individuales y colectivos reconocidos en el Estatuto los mil quinientos sesenta y seis expedientes tramitados desde mil novecientos ochenta y ocho, dan cumplida fe, y afectan en su conjunto, por materias y derechos, tanto a lo que son derechos fundamentales como a aquellas otras materias procedimentales que son indispensables para el ejercicio de esos derechos: la defensa del derecho a la información, a la claridad, a la concreción que toda Administración debe dar a los ciudadanos; el derecho a la simplificación, a la ausencia de pasos inútiles; el derecho a la transparencia; el derecho a tener también confianza en la Administración, que es un derecho de los ciudadanos y al que la Administración debe someterse, tomando las medidas necesarias para que esa confianza sea posible.
Dejan muestra, señorías, de la defensa del ordenamiento jurídico aragonés los veintisiete expedientes sobre normas tan dispares y tan concretas como aquellas que se refieren a cuestiones procesales o aquellas otras que se refieren a materias sustantivas, incluso pendientes de regulación.
Y podríamos hablar del derecho de los animales, de la defensa de los animales, o del uso en Aragón del aragonés y del catalán, por citar simplemente y por hablar de algunos ejemplos, y de la defensa del Estatuto, de la defensa de la autonomía.
Me van a permitir todos ustedes y me va a permitir usted, señor Justicia de Aragón, que reconozca explícitamente y sin matices que las actuaciones de uno mismo ni son independientes de él ni ajenas a su función, que reconozca que su actuación jurídica y social ha existido en la defensa del Estatuto de Autonomía de Aragón, y que lo haga por el doble motivo de ser cierto y así creerlo, y con ello bastaría cualquier razón, pero que lo haga también por haber recibido críticas por ello, y, curiosamente, no de los ciudadanos, sino de los Grupos que se han opuesto a un auténtico desarrollo constitucional y legítimo del Estatuto de Aragón. Permítame que así lo diga.
"Si ha habido un asunto candente a lo largo de 1992 para el conjunto de la Comunidad Autónoma, éste ha sido, sin duda, el originado tras la firma de los acuerdos autonómicos." Así comienza, con verdad, la referencia en su memoria al expediente de DII-21/92, y quién lo duda, quién puede dudarlo. ¿Puede ser torcida la actuación que defiende el derecho de los ciudadanos de Aragón a una plena autonomía?, ¿puede ser torcida esa actuación? ¿Puede dejar de ser ejemplo de Justicia quien apuesta contra la discriminación de Aragón en la estructura autonómica del Estado?, ¿puede haber algo más sensato -y cuando digo sensato hablo de sentido, dándole a la palabra "sensato" su natural significación-? ¿Puede haber algo más sensato que palabras como las que se dicen en el propio Informe a la hora de hablar de autonomía? El pacto se ha realizado sin la participación de la Comunidad Autónoma de Aragón y de las demás comunidades autónomas afectadas. Jurídicamente, no cabe que la posición de parte que corresponde a las comunidades autónomas se vea suplida ni sustituida por otros sujetos, aunque estos sean los partidos políticos mayoritarios, pues no representan a las comunidades autónomas y a sus instituciones de autogobierno, a pesar de que puedan formar parte de ellos.
¿Se pueden decir en relación con cuestiones que han estado presentes en primer plano, en la actividad pública y social de esta Comunidad, se pueden decir cosas más sensatas y se puede expresar que cosas como éstas lo que hacen es sobrepasar la capacidad de funciones que el Justicia de Aragón tiene en nuestra Comunidad? ¿Puede caber, señorías, mayor concordancia entre el defensor de los derechos del pueblo y ocupar un puesto en medio de las demandas de ese pueblo? ¿Puede caber contradicción? Yo quiero decirle, señor Justicia de Aragón, que yo me he sentido honrado por la presencia de usted en las manifestaciones a favor de la autonomía plena de esta Comunidad.
Estas han sido sus recomendaciones, ésta ha sido su actuación en relación con un tema incuestionable, y podría seguir citando. Escuchen ustedes, el Justicia termina haciendo un llamamiento "a todos los aragoneses y a todos los partidos políticos y organizaciones sociales, económicas y culturales, para que contribuyan a la formación del pacto autonómico aragonés que borre las discriminaciones y la vida de ritmo diferido, evitando que el pueblo de Aragón continúe -como diría Miguel Labordeta- con su cólera paloma en una sala de espera con el reloj parado para siempre".
Esto es ejercer, con plena responsabilidad, con plena confianza ciudadana, con plena conexión con los intereses de esta Comunidad, una de las funciones específicas centrales que tiene el Justicia de Aragón: la defensa de la autonomía de su tierra. ¿Puede caber otra consecuencia?
Señorías, con el tiempo a punto de cumplirse, no pasaré por alto alguna otra cuestión. El Informe del Justicia, lo hemos venido repitiendo en cuantas comparecencias se han producido, además de dar cuenta de lo que es su trabajo específico, tiene una virtualidad, una fundamental virtualidad: sirve de radiografía inestimable para comprender cuál es la situación de la Administración en nuestra Comunidad. Debería ser incluso -lo dijimos en otra comparecencia- un material necesario e inexcusable para la corrección de las deficiencias, y, sin embargo, a lo largo y ancho de cinco años, con ligeras variaciones, con ninguna variación sustantiva, a lo largo de cinco años no se ha roto un pasado que el Justicia ha venido señalando y denunciando.
Hemos y estamos volviendo a las andadas, se están repitiendo las quejas en las mismas materias y en la misma proporción que se repetían en años anteriores, incluso aquellas a las que la Administración de la Comunidad Autónoma respondió dando razón a los administrados. Los administrados siguen exigiendo de nuevo de la Administración el cumplimiento de las funciones que le son propias. Las mismas quejas, se siguen evidenciando los mismos problemas en las dos vertientes centrales: en lo que es la coordinación, el funcionamiento, la necesaria implicación de las cuestiones en la Administración y en lo que es el reconocimiento particular y personal que se debe hacer de sus derechos a los ciudadanos. El 41% de las quejas durante este último ejercicio del Justicia de Aragón no han tenido respuesta de la Comunidad Autónoma, no han tenido respuesta de la Administración, ni a favor ni en contra, no ha habido respuesta, no ha habido atención, señorías... No está el Presidente, pero una parte importante son quejas de Presidencia, una parte importante sin respuestas son quejas de Presidencia; otra parte corresponde a los distintos Departamentos de la Administración autónoma.
Se señalaba aquí hace un momento que no se aceptan tampoco las soluciones como solución colectiva; se sigue haciendo abuso de derecho y exigiendo la reclamación individual para atender lo que es la reclamación de una sola persona, aunque se sepa que ese derecho después afecta a una colectividad de ciudadanos. Los demás que reclamen, si no, que lo pierdan: ése parece ser el sentido permanente de la Administración.
La coordinación de funciones: se hablaba de medio ambiente, se hablaba en el Informe del año anterior, se vuelve a hablar en el Informe de este año. El Informe del Justicia, señorías, es un diagnóstico también de la situación, un instrumento de análisis, y si algo tiene de útil, es que puede ser una base para la corrección. Y eso es responsabilidad de quienes tienen funciones de administración, de quienes tienen fundamentalmente las funciones, que son el Gobierno del Partido Aragonés y el Partido Popular, y eso hay que decirlo desde esta tribuna, porque eso es evidente y cierto del Informe del Justicia.
Señor Gastón, con la frialdad de los datos, como usted señalaba, con el calor de los apoyos, que también forman parte objetiva de la realidad, usted ha demostrado ser -y queremos reiterarlo de nuevo desde esta tribuna-, ha demostrado ser un buen Justicia. Yo estoy convencido, estamos convencidos de que el pensamiento que ahora expreso en nombre de Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida es el pensamiento mayoritario de ciudadanos y ciudadanas de esta tierra; lo ha demostrado y lo demuestra de los datos de su Informe, lo demostró con el anterior, y perdónenme todos ustedes que sea así de tajante y así de contundente, pero lo decía al principio: las despedidas acaban siempre pudiendo con los cinco sentidos.
Nuestro Grupo le reitera el reconocimiento que nos merece su labor. Señor Gastón, ya sabe, "éste es el tiempo de tender el paso y salir hacia la mar hendiendo el aire"; son versos de Blas de Otero, y el libro donde están escritos estos versos se sigue llamando Con la inmensa mayoría.
Gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Primero (LACLETA PABLO): Muchas gracias, señor Burriel.
Grupo Popular. Doña Pilar Fierro, tiene la palabra.

La señora Diputada FIERRO GASCA: Señor Presidente. Señores y señoras Diputadas.
Un año más me corresponde dar la bienvenida a esta cámara a don Emilio Gastón, excelentísimo señor don Emilio Gastón, Justicia de Aragón, en nombre del Grupo Popular. Un año más voy a tratar de sintetizar el análisis de su actuación a través del Informe que nos ha traído a esta cámara, Informe del que también en esta ocasión quiero reiterarle la felicitación de mi Grupo por su estructura y composición, rogándole la haga extensiva a todos los componentes de su equipo de colaboradores.
Le decía el año pasado que 1992 era un año de una gran transcendencia no sólo para el Estado español, sino para la Comunidad Autónoma aragonesa. El pueblo español y el pueblo aragonés dieron muestras de ser conscientes del momento crucial que estaban viviendo, y este año 1993 debe seguir en la misma línea de cordura y de sensatez de la que siempre hemos tenido a gala los aragoneses.
El camino del mundo de la ilusión al de la realidad todos sabemos que es duro, y sería un infantilismo pensar que uno es igual al otro. No podemos ser vendedores de ilusiones, y los que representamos al pueblo de Aragón en sus principales instituciones lo sabemos, lo sabemos y debemos tener la mente clara y la mano firme para encauzar las ilusiones de este pueblo y asumir realidades menos traumáticas. Y le hablo, señor Justicia, de ilusiones, porque en su Informe queda reflejada la ilusión con que esos ciudadanos, con que esos colectivos se acercan a su institución para que vean solución pronta a sus problemas; con ello, se ve que hay un mayor conocimiento de la institución, cosa que hace dos años le decíamos que todavía estaba lejos del conocimiento del pueblo y de la calle en general.
Se trata, pues, de una institución, como ya le he dicho también en anteriores ocasiones, que desde el individualismo más acusado se llega a los foros correspondientes, sin olvidar las demandas que puedan venir de colectivos o entidades. Por ello, contemplamos con preocupación desde el Grupo Popular la paralización de las obras de la sede del Justicia, o casi me gustaría más llamarle "la casa" del Justicia, como denominación más familiar y cohesionada, por la importancia que ese concepto tiene en el derecho aragonés: la figura de "casa" es una figura de una gran transcendencia como usted bien sabe. Es necesario desbloquear este proceso y que la dotación que hay para ello, para efectuar esa adaptación y rehabilitación, sea pronto utilizada y se convierta en una realidad esa sede, esa casa del Justicia.
En cuanto a su actividad, querría destacar el aumento de quejas, y también resaltar aquí, como ha dicho mi compañero Adolfo Burriel, que nos ha superado su homónimo canario, y me llama también la atención el que sea superior el número de quejosos al de quejosas, quizás por el talante resignado del que todavía adolecemos las mujeres.
En cuanto a su actividad pública, poco me ha aportado su Informe, pues he seguido personalmente dicha actividad de forma muy directa, y en determinados casos, tales como su especial participación en los actos en favor de la autonomía plena de Aragón, actos de los que no me negará que le han otorgado una notoria publicidad, no sólo a usted personalmente, sino también a la institución a la que representa.
Del Capítulo I, referente a la defensa de los derechos y libertades individuales y colectivos recogidos en el Estatuto, he de resaltar un párrafo que me ha sorprendido referente al Departamento de Agricultura y del que me parece que hace una afirmación un tanto exagerada por su parte; leo textualmente: "Es práctica habitual del Departamento la falta de resolución expresa frente a múltiples peticiones y escritos dirigidos por los ciudadanos". Aunque usted, como muestra, cita un ejemplo, reitero que me parece algo exagerada la afirmación, pues me consta la dedicación e interés del Departamento en cuestión. Y un Departamento, además, de tanta importancia en nuestra Comunidad y con una problemática tan acusada como difícil en estos momentos, creo que es más merecedor hoy de loas que de críticas.
No tenemos tiempo de comentar aquí todas y cada una de las quejas expuestas en su Informe, y de estudiarlas. Pero sí me parece importante resaltar en este año la posible construcción de la macrocárcel de Zuera, asunto que también he tenido la oportunidad de seguir de cerca y sobre el que el Grupo Popular se manifestó sobradamente tanto en la Comisión de Peticiones y Derechos como en el Pleno de estas Cortes.
También la retirada de determinadas paradas de Renfe en municipios aragoneses ha sido otro de los caballos de batalla importante para determinados municipios. La comunicación es síntoma de progreso, y aunque entendemos que dicha supresión está motivada por una escasa rentabilidad, una consecuencia más de la despoblación de nuestro mundo rural, también esa falta de comunicación será causa de que continúe esa despoblación.
Numerosas quejas sobre medio ambiente, la población se va concienciando de la necesidad de protegerlo, y ello se refleja en este aumento. Mucho me agrada que en esta cuestión valore positivamente la adaptación de las normas en materia de medio ambientes, merced a la Ley Orgánica 9/92, de 23 de diciembre, más conocida por la Ley de Transferencias; prueba de ello es que el pacto autonómico aporta cosas buenas.
Pero lo que más me preocupa es la reflexión que recoge en su Informe y que leo textualmente: "No carecen de razón quienes sostienen que en zonas del territorio aragonés, el hombre es la primera especie en extinción". Este peligro es evidente y real; habrá que tomar medidas, y me consta la voluntad de la Diputación General en llevar alguna solución pronta en este grave problema.
Otro tema puntual de su Informe es, y debe ser, el tema de los menores y su problemática, y aunque todavía persisten diferencias, que usted denuncia muy bien en su Informe, como por ejemplo la inexistencia de reglamento interno en centros de protección de menores, sí ha habido ya una solución a un problema que arrastrábamos desde hace tiempo, cual es el de la asunción de las transferencias de la Diputación General por parte de la Diputación Provincial de Zaragoza, y por este tema nos debemos de felicitar todos.
En cuanto al apartado denominado en su Informe "supuestos varios", merece la pena resaltar, por un lado, la problemática de los trabajadores de la PAE, que quedaron en paro laboral al suprimir la base americana, y a los que deseamos una pronta resolución a su problema, trabajadores que también fueron atendidos desde la Comisión de Derechos y Peticiones de estas Cortes.
Por otra parte, también quisiera resaltar la importante aportación que desde el punto de vista jurídico supone el Informe sobre la legitimación posible para acudir en queja al Justicia de los miembros de las corporaciones locales, a excepción, eso sí, de cuando actúen como autoridad administrativa y la queja se refiera a asuntos de su competencia.
En cuanto al capítulo II de su Informe, he de comentarle que nuestra Comunidad Autónoma ya ha comenzado el proceso que solicita respecto a la adaptación de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Pública, puesto que ya se ha efectuado la reforma de la Ley 3/84. Y en eso sí, también quiero decirle que nuestra Comunidad ha sido pionera, pero el proceso de adaptación, como es lógico, tiene que continuar.
Referente a la problemática del pacto autonómico, y su especial sensibilidad e interés por el mismo, ya sé que ha sido fuente de críticas. ¡Qué me va usted a contar a mí de críticas! Unas veces se critica lo que nos gusta, otras lo que no nos conviene, y le aseguro que la postura del Partido Popular no ha sido entendida, porque a alguien no le convenía que la mantuviéramos. Tal vez hayamos pasado un vía crucis, pero el final de la historia es la resurrección. En la parte de su Informe sobre el pacto autonómico, se ha centrado en la idea de la desigualdad, y allí sí que, junto a su idea, he notado a faltar la idea de solidaridad, pues ambas me parecen igualmente importantes.
También ha realizado numerosos informes sobre distintos proyectos de ley, numerosos decretos, prueba de la incesante actividad legislativa de esta cámara.
Quisiera detenerme en la parte de su Informe referente a la utilización de las lenguas minoritarias de Aragón, como parte del patrimonio cultural que tiene un pueblo, pero eso sí, entendiendo que cultivar y potenciar la riqueza de las modalidades lingüísticas es importante como signo de identidad propia, evitando también que ello sea una barrera y un obstáculo, pues no olvidemos que la lengua es la principal fuente de entendimiento de los pueblos.
En cuanto al capítulo referente a la tutela del ordenamiento jurídico, reconocer que también han sido muchas las leyes y decretos sobre los que se ha emitido informe, pero corríjame si me equivoco: con el Departamento de Agricultura ha habido una especial atención en lo que a normas se refiere, y reitero aquí la afirmación anterior respecto a dicho Departamento.
Muchos y muy variados expedientes de especial aplicación e interpretación del derecho aragonés, y es comprensible la dificultad de recabar autos, sentencias y documentos adecuados para realizar su observación. Es cierto el desconocimiento y defectuosa utilización de la terminología del derecho aragonés, más que por un problema formativo, por su no utilización, que es una de las formas por lo que viene determinado, a veces, con unas expresiones que se dejen de utilizar en favor de otras que se utilizan en toda la Comunidad Autónoma: tal es el caso del término "autoridad familiar", sustituido, como usted dice, por "patria potestad".
Ha habido un notorio avance en la tarea de difundir el derecho aragonés, y ello es positivo, bien a través del foro aragonés, como en los cursos de derecho aragonés, así como un importante aumento de publicaciones que sobre el derecho aragonés se realizan como material necesario para su estudio y divulgación. Todos sabemos que la Administración es una máquina que se mueve lentamente, que adolece de defectos; no en vano, está formada por hombres también, y el hombre es un ser defectuoso que debe caminar hacia la perfección. La Administración es prueba de ello y, además, es una máquina complicada, produciendo en muchos casos indefensión al ciudadano. Por ello, la función de la institución del Justicia como mediadora es importante, y pienso que hay un gran respeto hacia ella por parte de la Administración, aunque a veces no se obtenga la respuesta con la celeridad que todos desearíamos.
La falta de generosidad y consenso, a la que usted hacía mención en su Informe al decir que falta en esta tierra, no ha sido precisamente la pauta que desde el Grupo Popular hemos detectado, y por nuestra parte, se han realizado importantes esfuerzos, aunque en algunos casos no lo hayamos podido conseguir.
Usted bien lo sabe, que le agradecemos que reconozca en su Informe que los acuerdos autonómicos van a suponer una importante elevación de techos competenciales. De las dos cuestiones que estaban pendientes sobre el problema de los recursos de casación y su reforma y el recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley de equiparación de hijos adoptivos, afortunadamente ya se ha solucionado esta segunda mediante fallo favorable a nuestra Comunidad Autónoma. Esperamos que se pueda solucionar la primera.
Con respecto a sus relaciones con la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, he de decirle que aunque usted afirma que no nos hemos reunido en todo el año pasado, es cierto que tampoco ha habido solicitud de comparecencia por su parte, y que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, se propuso verbalmente, pero no se consideró oportuno. Sí que ha habido una relación de forma oficial, puesto que la Comisión está siempre abierta a ello, así como a cualquier institución que quiera dirigirse a estas Cortes.
Muchas gracias, señor Justicia, y muchas gracias, señores y señoras Diputados.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fierro.
Representante del Partido Aragonés.

El señor Diputado BOLEA FORADADA: Excelentísimo señor Presidente. Señorías. Señor Justicia de Aragón.
En nombre del Partido Aragonés, del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, tengo el honor de intervenir para formular algún comentario con respecto al Informe anual del Justicia a las Cortes de Aragón sobre su actuación durante el año 1992.
En primer lugar, y como en todo Informe, y como muy bien nos ha dicho don Emilio, empieza recordando en una serie de gráficos, toda la temática que se ha producido ante esta institución, y dentro de la curiosidad que todos los aragoneses debemos de tener con respecto a esta actuación, nos encontramos con que según estos datos, los expedientes que se han incoado ante el justiciazgo de Aragón han sido seiscientos cincuenta y dos. De esos seiscientos cincuenta y dos, cuatrocientos expedientes han sido rechazados o remitidos directamente al Defensor del Pueblo; y de los doscientos cincuenta y dos restantes, cincuenta y siete corresponden a la Diputación General de Aragón, noventa y ocho a la Administración periférica del Estado, y noventa y siete a la Administración local. Es decir, que los expedientes que afectan a lo que es propiamente Comunidad Autónoma, Diputación General de Aragón, representan el 8% con respecto a la totalidad de los expedientes incoados, y el 22% con respecto a los doscientos noventa y dos que han sido tramitados. Y el gran premio se lo lleva la Administración periférica del Estado, se lo lleva también la Administración local y el Ayuntamiento de Zaragoza, con cincuenta y tres expedientes, prácticamente los mismos que la Diputación General de Aragón.
Dentro de este número de expedientes y de las entidades o instituciones a las que afectan, quiero hacer especial referencia a temas que nos parecen importantes y transcendentes. Se recoge, efectivamente, en el Informe que parte de ellos afectan a organismos de la Administración del Estado que detentan competencias que tienen otras Administraciones autonómicas, pero no la Comunidad Autónoma de Aragón: me refiero expresamente a temas tan importantes y trascendentes como son la educación, la sanidad y la seguridad social. Treinta y un expedientes referentes al primero de los temas; diecinueve al segundo y diez al tercero. En ellos, los aragoneses expresan su preocupación por temas tan importantes como es la problemática de la admisión de alumnos en los colegios públicos, como es el cierre de colegios en las zonas rurales, como son las listas de espera en los hospitales o como son las deficiencias en el pago de las pensiones. Con respecto a este tema, no tengo que añadir absolutamente nada a lo que, con toda claridad, ha expresado el Justicia de Aragón. No es competencia de la Diputación General; debería ser competencia de la Comunidad Autónoma aragonesa, pero, de momento, no lo hemos conseguido. Tenemos la seguridad de que funcionarían mejor si fuesen administradas por la Comunidad aragonesa.
Y dentro de estas referencias, me parece también importante la existencia de reclamaciones o de quejas referidas por aragoneses con respecto a servicios públicos de primera magnitud que afectan a los aragoneses, como son el servicio ferroviario o el servicio telefónico. Resulta increíble que en las líneas ferroviarias Valencia-Teruel, Teruel-Zaragoza y Zaragoza-Madrid se nos diga por parte de Renfe que se suprimen las paradas en territorio aragonés porque no resulta rentable. Como estudioso del derecho administrativo, creo que cualquiera que haya profundizado en esta ciencia, habrá de preguntarse por qué la Renfe y los ferrocarriles en gran parte de Europa son un servicio público. Por una sencilla razón: porque son deficitarios. Ningún servicio público, según la definición jurídico-administrativa del mismo, está pensado para ganar dinero. La tasa que se establece con respecto a un servicio público, tanto si es uti universi como uti singuli, es decir, de aplicación o de uso por más ciudadanos o menos ciudadanos, en ningún caso debe superar el costo del servicio, porque, en otro caso, si esto fuera rentable, lo que habría que hacer y hay que hacer es que sean las empresas privadas las que lo desarrollen. Es, por ejemplo, el caso de Telefónica, que en este momento o en este año, termina el monopolio en España, y que, evidentemente, las empresas europeas podrán establecer servicio de teléfonos.
El servicio de ferrocarril es un servicio público, y se nos dice que no es rentable en Aragón. Naturalmente que no es rentable en Aragón, igual que en otras partes del territorio español, pero, evidentemente, con esa argumentación, que incluso parece que ha hecho mella y que lo aceptan parte de los aragoneses, parece como si hubiésemos de conformarnos a que los trenes no parasen en todo el territorio aragonés. Es evidente que hay algunos trenes de alta velocidad que no van a parar en todas las estaciones, pero es evidente también que los setecientos pueblos aragoneses, en la parte en que estén afectados por las líneas ferroviarias, deben tener este servicio. Me parece increíble que un Gobierno socialista, cuya teoría es precisamente la empresa y el servicio público y que es precisamente la atención a aquellas personas que estén necesitadas, no lo atienda. Y es increíble que cuando Renfe en este momento tiene quinientos mil millones de déficit público, se nos diga que unas decenas de millones es por el déficit de las líneas o de las paradas en las estaciones aragonesas. Y ahí tenemos -lo recoge el señor Justicia-, aparte de toda la problemática de la línea desde Teruel a Valencia, lo que ha ocurrido recientemente con la línea de Madrid a Zaragoza, y ahí están Ateca, Alhama, Ariza, Ricla, Saviñán, Salillas, etcétera, que han sido absolutamente olvidados e ignorados, como si estos aragoneses fuesen aragoneses no ya de tercera categoría, sino de ninguna categoría, en donde no pueden parar los ferrocarriles para que los aragoneses puedan utilizar un servicio que se llama público.
A mí me ha impresionado en el Informe del Justicia de Aragón una especie de justificación que su recta conciencia le ha llevado a plasmar en el Informe: está en la página 2698. Parece como que si al redactar este Informe el Justicia tuviese que justificarse de por qué estuvo en la manifestación del 23 de abril de 1992, en Zaragoza, en la manifestación del 15 de noviembre, en Madrid, o, muy recientemente -lo hubiera añadido, pero el Informe es anterior-, en la del 23 de abril de 1993. Y a mí me parece interpretar un poco la intención del Justicia, que cuando ha escrito estas frases es porque ha visto que un sector no del pueblo aragonés, sino de los políticos aragoneses, no han querido entender por qué el Justicia de Aragón estaba allí.
Hemos tenido un Justicia en Aragón, y no sólo ahora, que sólo hemos tenido uno, sino hasta 1709, donde se terminaron con los Decretos de Nueva Planta de Felipe V, donde se terminó la institución aragonesa del Justicia. Y si el Justicia ha tenido alguna razón de ser, ha sido, precisamente, por la defensa de los fueros y de las libertades de los aragoneses. Y, evidentemente, la función del Justicia histórico y del Justicia actual no es una función cómoda, no es una función sencilla, y hay recuerdos en el pasado de que un Justicia, el más conocido de todos, precisamente por su fatal desenlace, que se llamó Juan de Lanuza, fue decapitado, pero fue decapitado por una razón muy sencilla: porque defendió algo que era contrafuero. Y cuando quiso defender en aquella famosa actuación con respecto a Antonio Pérez el fuero aragonés, cuando consultó a los juristas aragoneses y consultó a los Diputados catalanes y pidió ayuda a todo lo que era derecho, justicia y libertad, todos le decían que efectivamente era un contrafuero lo que quería hacerse; y cuando el ejército de Castilla estaba en las fronteras de Aragón y, al final, entraron, el Justicia de Aragón no se escondió, el Justicia de Aragón, don Juan de Lanuza, estuvo presente, dio la cara y, desgraciadamente, lo decapitaron.
Yo no digo que a don Emilio Gastón, único Justicia de la edad contemporánea, le vaya a pasar lo mismo. Yo, de verdad, no se lo deseo, y no será por el Partido Aragonés, pero sí que voy a decir algo con respecto a esta comparación. Si Juan de Lanuza en su juvenil edad tuvo esa madurez, reconozcamos que don Emilio Gastón en plena madurez ha tenido también una juvenil ilusión estando en las manifestaciones. Naturalmente que tenía que estar en estas manifestaciones, pero si es que allí estaba todo el pueblo de Aragón, absolutamente todo el pueblo de Aragón; no todos, no un millón doscientos mil, pero más de cien mil personas, más de uno por cada diez aragoneses, es decir, prácticamente todos. Si esto ocurre en Cataluña, que son sis milións, hubieran ido seiscientos mil catalanes. Pues ahí estábamos ciento y pico mil aragoneses. No tiene don Emilio Gastón que justificarse; lo extraño es que no hubiera estado. Yo, sinceramente, si en una manifestación en que el pueblo de Aragón pide una cosa tan elemental como el desarrollo de su plena autonomía, lo que la Constitución le está ofreciendo, que lo tiene a su alcance y pide la plena constitucionalidad, lo extraño es que el Justicia no estuviera. Afortunadamente, don Emilio Gastón estuvo el 23 de abril del noventa y dos, el 15 de noviembre, en Madrid, y el 23 de abril de 1993, y tengo la seguridad de que va a seguir en sucesivas manifestaciones, como Justicia o por justicia, que me es lo mismo, pero estará, si es que antes de 1994 no hemos conseguido esta reivindicación.
No tiene, por lo tanto, don Emilio, desde el punto de vista del Partido Aragonés, que justificarse; al contrario, creo que actuó conforme a su conciencia, conforme a su deber y así se lo han reconocido los miles y miles de aragoneses que, ciertamente, no olvidarán esta presencia.
Y ya, para ir terminando, otra referencia. Una preocupación que hemos visto en el Informe del Justicia de Aragón. También me parece que dentro de todos los temas que ha ido, como otros años, recogiendo, hay como un especial énfasis este año en el tema de la reforma del Estatuto de Autonomía. No podía ser menos, porque, ciertamente, éste es un tema clave. Y al hablar del tema de la reforma del Estatuto, don Emilio Gastón no ha tenido ningún inconveniente -por qué tenía que tenerlo- para sentarse en su mesa a pensar en su Aragón, a actuar en conciencia y a decir lo que dijo. ¿Qué ha dicho? Pues ha dicho, con respecto a los pactos autonómicos, que lo normal de los pactos autonómicos es que se hubiesen hecho con la Comunidad Autónoma de Aragón, y eso es tan elemental que lo dice el Justicia de Aragón y que lo decimos todos los aragoneses que no tenemos ninguna vinculación política de un partido que no nos deja hablar. Yo no la tengo, como no la tiene tampoco el Justicia, y por eso estamos diciendo lo que estamos diciendo, y, además, nos entiende todo el mundo, nos entienden por la sencillez con que lo expresamos. Es que, evidentemente, si queremos hacer un pacto que favorezca a Aragón, lo lógico es que se haga aquí, entre nosotros, entre los propios aragoneses, pero que no nos digan o nos manden desde Madrid una epístola diciendo que es esto lo que os conviene. A mí, por lo menos, desde luego, este tipo de regalos no los aceptaré nunca. Eso dice con respecto a los pactos.
Pero dice algo más importante con respecto a la reforma del Estatuto. Y en la reforma del Estatuto tampoco don Emilio Gastón ha tenido ningún inconveniente en resolver. Claro, una resolución moral no es una resolución vinculante. Y dice don Emilio Gastón: "Recomendar a la Diputación General y a las Cortes de Aragón iniciar el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón". Don Emilio Gastón, usted ha fracasado, ha fracasado, lamentablemente, como hemos fracasado también nosotros; no ha tenido éxito, nadie le ha hecho caso. Esa reforma la habíamos estado encaminando mediante el estudio de una comisión que hizo un proyecto de reforma objetivo y generoso para Aragón, y estas Cortes nos lo han desestimado, no nos lo han aceptado, ni siquiera nos han admitido la enmienda a la totalidad que hemos presentado a esa pequeña reforma de pactos.
Reconozcamos, don Emilio Gastón, como tanto nos pasa a los que somos políticos como a los que no son políticos, como no lo es o no lo era en ese momento el Justicia de Aragón; que no siempre se consigue lo que queremos o lo que deseamos o lo que el pueblo pide. En este tema, don Emilio, a pesar de su resolución, su recomendación, no ha sido, hasta este momento, fructífero. Esperemos que, como es posible la reconsideración de los temas, pasado este período difícil de las elecciones y cuando venga la calma, podamos ver de nuevo este sentido común que el señor Justicia tenía para que se llegase a ese pacto; a ver si es posible.
Y sugería ese pacto entre todos y decía algo más, que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Dice en su punto quinto: "Sugiere el Justicia de Aragón la conveniencia de articular los mecanismos necesarios para que todos los ciudadanos de Aragón puedan expresar su opinión respecto al contenido de la reforma". ¿Qué quiere decir don Emilio Gastón con este quinto punto? Quiere decir que don Emilio Gastón entiende que cuando los políticos representamos al pueblo de Aragón, no somos capaces de interpretar lo que el pueblo diga, que vayamos a pedirle al pueblo qué es lo que quiere; y está sugiriendo, lisa y llanamente, que sería muy conveniente que en el tema de la reforma del Estatuto hubiese un referéndum, y eso lo está pidiendo todo el pueblo. Claro, ha habido ya referéndum de hecho: cuando más de cien mil aragoneses dicen "Autonomía plena, ya", ya hay un referéndum de hecho.
Aquí pasa como con la fuente de los Incrédulos, cuando se hizo la traída del Canal Imperial, cuando le decían a Pignatelli: "no llegará el agua hasta Zaragoza, porque desde Tudela a Zaragoza no hay altura suficiente para que se produzca esa llegada". Y, sin embargo, el agua llegó, y allí está la fuente de los Incrédulos, en Casablanca, ahora muy bien arreglada por el señor Alcalde -siento que no esté, para decírselo más claramente-, pero ahí está la fuente de los Incrédulos. Pues esta fuente de los Incrédulos, que han sido los referéndum de hecho, al parecer no han servido, pero vamos a ver si somos capaces, cuando pasen las elecciones, de pedir un referéndum y que el pueblo aragonés nos diga si quiere o no quiere la autonomía. ¿Vamos a tener miedo a que el pueblo aragonés nos diga esto? A mí me parece que cuando un político tiene miedo a escuchar lo que el pueblo dice, es porque está actuando de espaldas a lo que el pueblo quiere. Y, consecuentemente, vamos a ver si, cuando pasen las elecciones, tenemos aquí el suficiente sentido común para pedirle que en una situación como ésta, para salir de dudas, si tenemos que hacer caso a lo que nos dicen los políticos de Madrid o a lo que nos dice el pueblo de Aragón.
Y ya para terminar, señor Presidente, decir que todos los temas a los que hace referencia el Informe han sido tratados objetivamente. Me permitiría también, en aras de ser absolutamente objetivo, una pequeña sugerencia. Ya lo hice el año pasado en la intervención. La institución del Justicia creo que se ha consolidado en Aragón. ¿Hemos llegado a la perfección? No se ha llegado a la perfección, como no se ha llegado en la Diputación General ni en estas Cortes; la perfección no se alcanza nunca.
¿Qué es lo que yo sugeriría? Yo sugeriría al Justicia, a la institución, una mayor preocupación por un tema importante, que es la defensa del Estatuto de Autonomía.
Dice la Ley del Justicia que cuando el Justicia estime que una ley o disposición con fuerza de ley contradiga el Estatuto de Autonomía de Aragón, o una disposición, resolución o acto emanado de otra autoridad o del Estado, etcétera, instará a la Diputación General, a las Cortes de Aragón, a interponer el pertinente recurso de inconstitucionalidad o conflicto de competencia.
En Aragón, realmente, los conflictos de competencia y los recursos de inconstitucionalidad no han sido muchos. Pero yo no creo que sea porque no haya habido motivos, porque ahí tenemos, por ejemplo, Comunidades como Cataluña, como el País Vasco, como la misma Generalidad Valenciana, como Galicia, que en temas en los que también Aragón tiene competencias, como puede ser, por ejemplo, el tema de cultura, como puede ser el tema de agricultura, etcétera, se podrían interponer recursos de inconstitucionalidad o conflictos de competencias, pero, claro, éste es un tema en el que no toda la responsabilidad corresponde al Justicia de Aragón. Yo sé que está en el deseo de llegar a perfeccionar un mecanismo jurídico para que también en Aragón se pueda establecer esta defensa, como se está haciendo en otras comunidades, y esa obligación también le incumbe y le compete a la Diputación General de Aragón, mediante el reforzamiento de sus servicios jurídicos.
Esto es todo lo que, desde el punto de vista de un portavoz del Partido Aragonés, parece que es importante destacar del Informe del Justicia.
Dejaba para el final una referencia a don Emilio Gastón. Don Emilio Gastón, yo, en mi intervención, no voy a hacer ni grandes declaraciones ni grandes despedidas; voy, sencillamente, a decirle a don Emilio Gastón que el Partido Aragonés y el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés le reconoce su objetividad y su dedicación durante estos cinco años al justiciazgo aragonés. Quiero decirle que tiene el respeto y la consideración de todos nosotros, que por eso le hemos propuesto, para que continuase otros cinco años, pero que esto ya no va a depender de nosotros. En todo caso, don Emilio Gastón, con todos sus aciertos y también con los evidentes fallos que, como todo ser humano, haya podido tener o hayamos podido tener, creo que sobre todo esto prima su generosidad, su sentido humanitario, el sentido de la defensa de lo que tenía encomendado, el cumplimiento de su deber y, sobre todo, que creo que es lo más hermoso, la defensa de Aragón.
Muchas gracias, don Emilio, en nombre del Partido Aragonés.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bolea.
Representante del Grupo Socialista.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Señor Presidente. Señorías. Excelentísimo señor Justicia de Aragón, que hoy comparece aquí para presentar y defender el contenido de su Informe anual.
Es éste un momento singular, no podemos engañarnos; no es como otras veces, cuando el Justicia de Aragón presentaba su Informe anual, no lo es. La singularidad viene dada porque esta vez el titular de la institución termina su mandato, y ello, como él mismo ha reconocido, le da a su Informe de este año una cierta trascendencia diferente de la que, desde luego, tenían todos los Informes anuales.
El Grupo Socialista es consciente de la singularidad de esta situación, y, por ello, sus señorías habrán comprobado que este Grupo se ha pronunciado con una enorme prudencia en las declaraciones, tanto en torno al contenido de este Informe cuanto en las declaraciones en relación con la posibilidad del recambio del titular de la institución. Sólo en el caso de que se haya producido alguna pregunta directa a algún responsable del Grupo, nuestro Grupo ha considerado necesario responder con una respuesta general referida a la neutralidad política necesaria, a lo cual nos referiremos también en razón de lo que el propio Justicia planteaba hace un momento en esta tribuna.
Queremos decir que no vamos a convertir este debate en un nuevo debate sobre la reforma del Estatuto, es decir, no vamos a volver sobre ello; no lo vamos a convertir tampoco en una loa, ni lo vamos a convertir en una denostación. Nosotros venimos aquí con el contenido del Informe, y a él nos vamos a ceñir.
¿Por qué no hemos hecho declaraciones hasta este momento, o las hemos hecho muy prudentes? Porque la primera convicción de nuestro Grupo es la siguiente: donde tiene su sentido, donde cobra todo su sentido el debate sobre el contenido del Informe es en este hemiciclo, y donde cobra todo su sentido la figura, la propia figura del titular de la institución también es en este hemiciclo. Es aquí, precisamente, donde ello debe ser debatido. Una vez aquí, no vamos a ahorrar a sus señorías todos los datos y todos los argumentos que avalan nuestro posicionamiento, tanto en relación con el contenido del Informe cuanto en relación con el recambio en la titularidad de la institución.
Sólo con los datos que el Informe nos proporciona -insisto- y sólo con el marco legal al que se debe el Justicia y nos debemos todos, ésas han sido nuestras herramientas de trabajo. Con esos datos en la mano, nuestro Grupo cree poder afirmar que en la DGA, según el contenido del Informe, existen problemas de filosofía política y de gestión, que han sido aplastantemente descubiertos, aplastantemente seguidos, aplastantemente explicitados en el Informe del Justicia. Está claro también que el Gobierno de Aragón y otras administraciones también desoyen sistemáticamente las recomendaciones del Justicia, y en la sistematicidad creemos que está la gravedad de este desoimiento, sobre todo en la sistematicidad, que se puede comprobar, porque el mismo Justicia lo dice en el Informe, que viene diciendo un año, y otro, y otro las mismas cosas en este sentido. Y también del propio Informe se desprende que, desde nuestro punto de vista, el titular de la institución, con el Estatuto vigente en la mano, con la Ley del Justicia en la mano, y también con algunas recomendaciones del Tribunal Constitucional, que el propio Justicia utiliza en su Informe para referirse a otra situación, pero que vienen al caso, el Justicia, el titular de la institución ha mantenido con algunas de sus actuaciones una presencia impropia -queremos insistir en el término-, una presencia impropia. Algunas de sus actuaciones así las hemos visto, y lo defenderemos en su momento.
Vayamos, pues, al Informe. Nosotros lo hemos dividido en tres partes, que adelanto ya que nuestra división no se corresponde con la estructura de su índice: hemos colocado en una primera parte el capítulo primero, el capítulo segundo de la primera parte, y el capítulo primero completo, una parte del segundo y una parte del tercero de la segunda; en una segunda parte, completo el capítulo tercero de la primera, y una pequeña parte del 2 y el 3 de la segunda; y hemos dejado intencionadamente aparte la referencia al poema que introduce el Informe. Quiero adelantar también aquí que no vamos a utilizar, no entraremos en el texto de las conclusiones, intencionadamente, el texto de las conclusiones es, de todo el Informe, la parte más contundente, más severa, más significativa, pero no lo vamos a utilizar, vamos a utilizar el contenido del resto del Informe.
Don Emilio Gastón, que sabe mucho de poesía, y nosotros apreciamos y admiramos en él esa sabiduría, ha hecho bien en elegir un poema de Leopoldo de Luis para abrir lo que es el Informe anual del Justicia. Podía haber elegido otro poeta de la generación perdida, por decirlo de alguna manera, o de la generación que, habiendo nacido antes de la guerra civil, sufre en su madurez o en su plenitud vital las consecuencias de la misma. Yo creo que ha sido una elección perfecta, como no podía ser de otra manera. ¿Qué nos dice Leopoldo de Luis en el poema? Nos dice que cada quien trabaja por su patria con las herramientas que la patria o que su quehacer le proporciona, cada uno con su herramienta, y así es, y los poetas trabajan con indómitas verdades, los artistas trabajan con indómitas verdades. O no conocemos bien a Emilio Gastón, que sí que le conocemos, y le admiramos, o creemos que esa frase del poema de Leopoldo de Luis, de "las indómitas verdades" ha sido la piedra de toque para la elección de este poema. Estamos de acuerdo con las indómitas verdades, absolutamente, sobre todo cuando ellas se refieren estrictamente a lo que es la gestión de las instituciones. Y aquí no nos duelen prendas, de todas, de todos los colores: bienvenida sea la crítica y bienvenida sea la voluntad de reformar y de atender a esas recomendaciones.
Las indómitas verdades. Leopoldo de Luis nace en el XIX, pero en el cuarenta y seis se da cuenta de que su línea poética ya no le vale. El era un garcilasista, un poeta puro, como bien se sabe, y evoluciona hacia la conciencia social; evoluciona, ¿de qué manera? Evoluciona diciendo: señores míos, la poesía pura ya no vale. En la línea de Celaya, cada vez más contundente, lo dice Leopoldo de Luis, y lo dice expresivamente. Voy a añadir a la cita de Emilio Gastón los dos versos más famosos del poema más famoso de Leopoldo de Luis, que dice lo siguiente: "Vivir no es más difícil que un rosal, lo que anula su aroma es la injusticia". Es decir, Leopoldo de Luis ha pasado del canto a la rosa, a la sensación de injusticia que le produce aquella España y a la necesidad de manifestarse en ese sentido. Muchas veces los poetas, cuando son conscientes, tienen que saltar de lo que es la poesía a lo que es la realidad candente, y, a veces, es un salto dolorido y doloroso.
Como hemos dicho, hemos dejado aparte las conclusiones y la introducción. Vayamos al capítulo primero de la primera parte, que es, desde nuestro punto de vista, trascendente. Allí se hace un recorrido por la labor de las instituciones. Lo primero que llama la atención de este primer capítulo -y así lo dice- es, primero, el número de quejas recibidas; segundo, en muchas de ellas, sobre todo en las referidas a la Diputación General de Aragón, la reiteración de su contenido; y, tercero, la indiferencia con que en este caso la Diputación General de Aragón, y, a veces, el tono destemplado con que responde a las recomendaciones del Justicia. Luego intentaremos demostrar cómo a veces, verdaderamente, es un tono impropio también de la institución, aunque las recomendaciones del Justicia son siempre sumamente respetuosas y, muchas veces, discretas.
Así, por ejemplo, en relación con la consejería de Agricultura nos encontramos con una cita que ha utilizado también la representante del Partido Popular en esta tribuna -lógicamente, le parecía exagerada-. Dice el Informe: "resulta -perdón, lo de "resulta" es nuestro- sonrojante para la idea de lo político que el Justicia tenga que afirmar en el Informe que es práctica habitual del Departamento la falta de resolución expresa a múltiples peticiones de los ciudadanos". Para nosotros no es nuevo; ello viene a confirmar la capacidad de decisión, de resolución y de gestión de la consejería de Agricultura, que desde aquí, insistentemente, hemos venido denunciando. Lo dice el Informe del Justicia de Aragón, y nosotros lo reproducimos, pero, además, lo reproducimos porque viene exactamente al hilo de lo que aquí este Grupo ha venido manteniendo sistemáticamente; así es.
Es la consejería de ordenación territorial, de urbanismo y de vivienda, por orden de cantidad de citas y de cantidad de recomendaciones recibidas y de quejas también, la que le sigue. En este terreno la consejería reparte en muchos casos, sobre todo en lo referido a actividades molestas e insalubres, con los ayuntamientos la denuncia del Justicia, y creemos que, tratándose de lo que se trata, es necesario que las instituciones pongan la mayor atención, como muy bien les dice el Justicia que deben hacer.
Nos choca, señor Justicia de Aragón, la rigidez del contenido del Informe sobre la cárcel de Zuera, la rigidez de la interpretación en este mismo ámbito, sobre todo cuando el Informe riza el rizo sobre qué quiere decir la expresión "unidad". La verdad es que ahí tendríamos que entrar también ya en un debate que no procede, habida cuenta que, por razones obvias, esta corte no debate con el Justicia, simplemente recibe su Informe y sus datos, y responde con su posicionamiento, con el posicionamiento de sus fuerzas políticas, al contenido del mismo.
La consejería de ordenación del territorio está particularmente afectada por temas de conservación. El Informe insiste de forma severa en la falta de sensibilidad de la consejería para temas de conservación, y, así, alude al Camino de Santiago; a la fragilidad con que se desarrolló el tema de los juegos olímpicos, de los posibles juegos olímpicos; al problema de Alcalá de Moncayo; al poco cuidado para los espacios protegidos, y a otras cuestiones.
En Cultura y Educación destaca, sobre todo, el Informe en relación con las lenguas minoritarias. ¿Qué se deduce del contenido del Informe en relación con esta política? Se deduce que el Gobierno de Aragón no ha hecho nada desde que, en 1986, otro Gobierno de Aragón firmara con el Ministerio de Educación un primer convenio que reconocía el derecho de los aragoneses catalanoparlantes a alfabetizarse en su propia lengua. No hemos avanzado en ese sentido, no hemos avanzado. En cuanto a la otra lengua minoritaria, a los restos del aragonés que quedan, la impresión que produce es que el Gobierno de Aragón lleva una política errática, sin rumbo, y nosotros creemos que es por falta de conocimiento de las bases científicas que definen, precisamente, su ser o no ser lengua.
Sanidad. En Sanidad nos choca que se habla sólo de una falta de previsión. Así será, pero hay otras cuestiones; fundamentalmente se insiste en eso.
En función pública se acusa a la Diputación General de Aragón de falta de coordinación en asuntos de actuación laboral, y, sobre todo, una cosa que es seria y que sí hemos constatado, y ha constatado también el pueblo, por las quejas que conocemos: falta de rigor en los procesos de acceso a la función pública en Aragón, falta de rigor en los procedimientos. Hay mucha gente que se queja de que hay falta de rigor en los procedimientos. Todavía está por ver la falta o no de rigor que haya habido en la convocatoria, de respuesta masiva, por ejemplo, que ha habido para la posible televisión aragonesa. Ya veremos lo que pasa con el rigor, porque parece que se han presentado diecisiete mil solicitudes, y necesitamos saber si ha habido o va a haber rigor absoluto, habida cuenta de que en el Informe se aduce que en convocatorias mucho más pequeñas, mucho más leves y menos trascendentes, a lo mejor, no lo ha habido; ésa es la cuestión.
Todavía profundiza más la crítica del Justicia, concretamente a la DGA, pero también -no, en este caso solamente a la DGA-... en lo que a observaciones sobre leyes y decretos de la propia DGA o de estas Cortes se refiere: alguna observación a la Ley de Caza, una admonición muy seria a lo que ha representado el Decreto 15/92, sobre ayudas en materia de suelo y vivienda.
El Justicia hace una recomendación en pro de las quejas que recibe, naturalmente, porque, en general, el Justicia actúa a instancia de parte, como la legislación vigente le obliga, aunque puede intervenir de oficio también. Dice: tengan ustedes cuidado, no pueden hacer las cosas así, no pueden ustedes decir en la televisión y en todos los medios de comunicación que va a haber viviendas sociales para todo el mundo que se apunte a una ventanilla, y luego no puedan ustedes atender ni a los quince primeros que llegan en esa ventanilla; tengan ustedes cuidado. Lo dice discretamente; pero la consejería le responde en un tono verdaderamente increíble, porque le dice: "La primera cuestión que debe quedar absolutamente clara -le contesta el Consejero al Justicia- es que esta consejería, en las contadas veces en que ha comparecido ante los medios de comunicación, ha dejado absolutamente claro que el plan de viviendas es un plan sólo de ayuda a la vivienda". Por el contenido, pero sobre todo por el tono de toda la respuesta, parece más -digo "parece"-, que el Consejero, que no está aquí, se sacudiera más una presencia molesta que que estuviera dispuesto a recomponer la gestión de su consejería en ese sentido, y así lo manifiesta, dolidamente, el Justicia, que lo explicita con estas mismas palabras.
¿Qué conclusión podríamos sacar de este primer capítulo de la primera parte? Pues que existe un divorcio total entre lo que parece y lo que es. ¿Qué es lo que parece? Parece que gran parte de los consejeros que forman el Gobierno de Aragón respetan, aman e, incluso, en algún caso, idolatran al Justicia, y lo que responde, y lo que se demuestra aquí es que no todas las veces, cuando las manifestaciones que pueden ser personales, e, incluso, políticas a otro nivel, se tienen que concretar en gestión, se corresponden las dos situaciones. Lo que parece es una cosa, y lo que es es otra.
¿Cómo valoramos la parte de memoria que tiene el Informe? La valoramos muy positivamente, muy positivamente. Yo creo que se ha hecho -nuestro Grupo lo ha visto- un gran trabajo de equipo, al estilo de lo que llamamos "memorias de gestión" de otras unidades administrativas; es un magnífico trabajo, es un trabajo serio, riguroso, severo en muchas ocasiones, como corresponde. Insisto: no se trata de colores políticos; decimos: el conjunto de esa parte del Informe nos parece importante; también, comparándolo con otros Informes de años anteriores, hemos percibido que se ha ido profundizando la capacidad de crítica y la capacidad de sistematización, y la capacidad de evidenciar algunas realidades de la gestión de las instituciones. Es verdad que éste era el Informe trascendental. Es riguroso en el análisis, se ha mostrado activo en la gestión el equipo del Justicia, la institución del Justicia.
Iríamos, señorías, a la segunda parte que hemos anunciado: aquella que se refiere a la actividad pública de la institución, a la defensa del Estatuto de Autonomía, y a la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero, concretamente en este caso, a la defensa del derecho de igualdad aplicado a los aragoneses.
Lo primero que percibimos en esta parte -y por eso no hemos hecho una división convencional del Informe- es que el estilo -me refiero ya a la forma-, que el estilo literario es diferente; es decir, ha perdido aquel carácter de memoria, ha perdido aquel carácter más denotativo, más riguroso, más concreto, que tenía en la parte a que nos hemos referido, y tiene un estilo -que lo demostraremos, o así pensamos hacerlo- más subjetivo, un estilo más valorativo, en el que se deslizan, creemos, a veces demasiados adjetivos y también juicios de valor, con todo respeto y con toda ecuanimidad, creemos. Porque, desde luego, señor Gastón, no nos sentimos los dioses del Olimpo, le puedo asegurar a usted que, según decía el excelentísimo señor Emilio Gastón hace pocos días en la prensa (que algunos partidos políticos, a los que comparaba con los dioses del Olimpo, no le habían distinguido con su dedo todopoderoso), no nos sentimos para nada los dioses del Olimpo; nos sentimos gente que trabaja, con una ideología, con un marco legal, con un rigor en su dedicación, que analiza los textos y que hace juicios políticos sobre aquello que los textos contienen. Por lo tanto, venimos aquí a hablar, no a hacer un ditirambo -ya lo he dicho antes-, no a hacer una loa; pero tampoco una denostación. Vamos a hablar con rigor de lo que hemos leído, de cuál es el marco legal y de cómo son las actuaciones que en el propio Informe se contemplan. Para ello tengo muy en cuenta en esta intervención mía en este momento concreto la propia exposición que de esta parte del Informe ha hecho el Justicia esta mañana, y ello me reafirma en que debemos extremar el rigor de nuestra intervención en este tema.
Los textos legales que amparan la acción del Justicia en estos aspectos a los que nos vamos a referir son: la Constitución española, su artículo 54, que crea la figura del Defensor del Pueblo y remite al Defensor del Pueblo a defender los derechos fundamentales contemplados en la misma; el Estatuto de Autonomía de Aragón; la Ley del Justicia, y hemos dicho que íbamos a utilizar también alguna doctrina del Tribunal Constitucional que el propio Justicia utiliza en el Informe, sujetándonos a la promesa de no salirnos del mismo para no añadir a este debate algo, cuestiones que, en realidad, han sido ya debatidas aquí entre los grupos políticos, que son quienes las deben debatir, y también entre la relación de nuestro grupo político con la impresión que ello le produce.
No somos expertos en interpretación legal -lo adelantamos-, y el Justicia y su equipo sí lo son, y lo han demostrado. Pero hay un capítulo tercero de la primera parte, señor titular del Justicia, y hay unas partes de los capítulos segundo y tercero de la segunda que incluye el Informe en relación con los acuerdos autonómicos de 28 de febrero, cuyo contenido no pueden por menos que llevarnos a la necesidad de incrementar nuestra racionalidad política, el análisis de la solidaridad de todos los pueblos de España, y nuestra conciencia de Estado.
Respeto a la legalidad, respeto absoluto a la legalidad. ¿Cómo la interpreta el titular del Justicia?... Por cierto, hay una pregunta que nos hacemos: en este concreto contenido del Informe en estos apartados, ¿está la interpretación de la institución o está la interpretación de su titular, que no es lo mismo? Esa es una pregunta que nos formulamos. Cuando decíamos que esta parte tiene un estilo distinto, más subjetivo, más connotativo, no lo decíamos a título de inventario; sí que vamos a hacer un inventario, sin embargo, de los datos que lo avalan, y a nosotros se nos revela contradictorio el análisis final de estos contenidos.
Dice el Informe del Justicia en estos apartados expresiones como, por ejemplo, se dice que la actividad del Justicia se ha reforzado considerablemente, que han sido numerosos los partidos que le han requerido, que su actividad ha tenido como consecuencia una mayor incidencia de la institución, que sus actuaciones públicas han tenido una notable repercusión y una notable incidencia, que alguna posición tomada ha sido de amplio consenso y que ha sido también fuente de escondidas alabanzas y de críticas ardientes, que no ha sido una postura partidista, que ha tenido una presencia destacada, y que sus posiciones entran plenamente en las funciones que la Ley le encomienda. Así es el estilo, que no tiene nada que ver, como decíamos, con el estilo de la otra parte a la que nos hemos referido, en relación, sobre todo, a los acuerdos autonómicos de 28 de febrero y al Informe del Justicia, que viene recogido en su Informe que ellos motivaron.
El caso es que no compete al titular del Justicia ni al propio Justicia debatir, debatir, por eso no vamos a entrar en el debate sobre el Estatuto de Autonomía, no compete al Justicia debatir, y él lo ha reconocido y lo sabe bien, lo ha dicho en su propia intervención. Compete a los partidos políticos en este hemiciclo, y el pueblo de este hemiciclo no se mide por el número de cabezas en centímetro cuadrado de una fotografía; el pueblo en este hemiciclo se mide por el respaldo popular a los Grupos que lo integran. En ese sentido, creemos, de verdad, que no es éste el sitio para hacer un debate sobre el Estatuto de Autonomía, solamente para decir, desde nuestro de vista, por qué el titular del Justicia se ha situado en un ámbito impropio, impropio sencillamente.
Vayamos a ver. Recordemos el Estatuto: "Por el presente Estatuto -dice el artículo 1-, el pueblo de Aragón accede a la autonomía". El presente Estatuto es una ley orgánica, aprobada por las Cortes Generales y sancionada por el Rey, por lo tanto, es ese Estatuto y no otro el que tiene que defender el Justicia, ése y solamente ése, el vigente en cada momento, lo cual no quiere decir que esté esclerotizado, lo cual no quiere decir que no pueda ser otro Estatuto, pero ése es el Estatuto, porque lo dice el artículo primero del propio Estatuto: que accede a la autonomía Aragón "por el presente Estatuto". Otra cosa es que se tenga que reformar; pero ése es el vigente: no se puede defender otro desde el Justicia.
A continuación se dice, en el propio artículo 33 del mismo Estatuto se dice "la defensa de este Estatuto". No creemos que el legislador fuera inocente cuando decía en el artículo 1 "por el presente Estatuto" y cuando dice en el artículo 33 "por este Estatuto"; no era inocente porque, naturalmente, estaba hablando de un texto que era Ley orgánica sancionada por las Cortes y por el Rey. Es ése el Estatuto del cual estamos hablando. Muy bien.
La Ley del Justicia en su exposición de motivos nos dice lo siguiente: que se dota con el Justicia de Aragón, con esta institución, al pueblo aragonés de un magisterio moral. Evidentemente, y así lo reconocemos, se trata de un magisterio moral. ¿En qué sentido creemos que utiliza -y no queremos hacer una interpretación interesada-, en qué sentido creemos que se habla de magisterio moral?, ¿por qué se añade "moral"? Pues porque creemos que se está diciendo que no es una institución de ribete político-partidista, por decirlo de alguna manera; es incuestionable que es una institución política, pero cuando dice que tiene que ser un magisterio moral entendemos que no se trata de una política más cercana a lo que sería una política de partido. Y a pesar de las protestas que realizaba aquí el titular del Justicia, creemos que en algún momento, y no por mala interpretación, hemos podido entender que sus posiciones, respaldando determinadas actuaciones -perdón-, no: tomando parte en determinadas actuaciones, respaldaban posturas políticas de partido. Insistimos: hemos escuchado sus protestas, pero lo mantenemos.
Se afirma en el propio Informe que el Justicia se ha posicionado -es texto del Informe- en esta opción (en esta opción que nosotros consideramos que, habiendo habido un debate parlamentario y habiendo propuestas alternativas, es una opción de partidos; si no se hubiera producido el debate, sería otra cosa) por razón de defender la igualdad de los aragoneses con otros españoles y la igualdad de nuestra autonomía con otras autonomías -cito textualmente-, el temor a una posible situación discriminatoria de Aragón en el marco de la estructura autonómica del Estado. A estos efectos, queremos recordar al titular del Justicia su propia cita y la de la doctrina del Tribunal Constitucional (también cito literalmente para interpretación de sus señorías solamente); dice el Tribunal Constitucional en relación con la igualdad: "A. No toda desigualdad de trato supone una infracción del artículo 14 de la Constitución. Sólo cuando aquella desigualdad introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales, se carece de una justificación objetiva razonable". No estamos en el primer momento de legislar sobre las autonomías, cuando se dirimía la posición entre el 151 y el 143; estamos en el momento en que las autonomías del 143 se sitúan en la igualdad. "B. El principio de igualdad exige que, a iguales supuestos de hecho, se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional". Insisto: quiero decir que estamos hablando de este momento del proceso autonómico y no de otro momento, y que tendría, a lo mejor, para nosotros otra interpretación.
Desde esta perspectiva de la doctrina del Tribunal Constitucional, lo único que se puede decir con rigor, con convencimiento y con honradez es que las otras comunidades autónomas del 143 son, en este momento, las que están con nosotros en igual situación, y también en el mismo supuesto de hecho. Por lo tanto, al tratarnos de diferente forma, eso caería en la arbitrariedad. No lo decimos nosotros: lo dice el Tribunal Constitucional.
Sabemos que insiste el Justicia en que no ha querido ser su postura partidista. ¿Cómo, entonces, explicaría su posicionamiento, decaído el argumento de la igualdad -por lo que venimos diciendo: que la igualdad que ahora se debate es la igualdad con las otras autonomías del 143, desde la perspectiva global-, cómo explicaría el sumarse a unas posiciones que han sido objeto -insisto- de debate en este hemiciclo entre partidos políticos con alternativas diferentes? He ahí la cuestión.
Otra pregunta nos haríamos: ¿Por qué no la prudencia política de no posicionarse? ¿Por qué en el propio Informe se dice que han sido interpretadas sus posiciones según convenía a las posturas políticas de los partidos a los que favorecían o desfavorecían? Nos parece una trivialidad: si el Justicia no hubiera acudido a las manifestaciones, el Partido Socialista no hubiera osado interpretar que se alineaba con sus posiciones.
Finalmente, señorías, todavía nos quedan algunas preguntas al respecto. ¿Se imagina alguien al Defensor del Pueblo posicionado públicamente con la mitad de los partidos de las Cortes Generales? ¿Se imagina alguien a otra institución cualquiera, por ejemplo, alguna de las otras tres que conforman nuestra autonomía (la del Presidente, que es otra institución), que en la memoria de su gestión introdujera tres capítulos en los cuales se utilizaran ese tipo de valoraciones? ¿Se imaginan ustedes, señorías, que el Presidente, en razón de su gestión, explicara que ha sido muy bien valorada por la sociedad alguna de sus actuaciones, o que está muy consensuada su acción, o que hay mucha incidencia en la -no sé-... en la calle de su personalidad propia? ¿Qué haríamos si tuviéramos esa memoria en la mano, señorías? Pues está muy claro: lo primero, le plantearíamos que nos explicitara los instrumentos de medición (claro: nadie, nadie en una actividad pública puede hacer ese tipo de valoraciones sin poner encima de la mesa los instrumentos de evaluación), y, más allá, pediríamos también qué tipo de instrumento, qué magnitudes se habían medido, cómo se habían medido y qué; incluso yo creo que llegaríamos a pedirle qué indicadores se habían utilizado para medirlos. Sólo así se pueden hacer afirmaciones en materia de acción pública, sólo así.
Bien. Sin apasionamiento, sin ganas de echar leña al fuego, creemos de verdad..., y ahí está el historiador Jones, que es profesor en Cambridge de historia (hace historia sobre España), y dice en la Historia de Ariel que se puede comprobar que en un momento determinado Felipe II, al tomar la decisión de entrar en las guerras de religión con Francia, hace coincidir interesadamente los intereses del pueblo español con los intereses de la Casa de Austria, así lo dice. Nosotros decimos..., no queremos decir que el titular del Justicia ha hecho igual que Felipe II, pero decimos, creemos poder afirmar que ha tenido la tentación.
En resumen, señorías, ¿qué evidencia el Informe del Justicia? En cuanto a la gestión de la Diputación General, de algunos ayuntamientos y también en algunos órganos de la Administración central, es cierto que las administraciones no están con el pulso y con la sensibilidad que la sensibilidad social, sobre todo, del Justicia pone de manifiesto, y eso es así, y hay que saberlo y reconocerlo, independientemente del color político. En cuanto a lo que evidencia, en concreto, de la gestión de la DGA, señorías, nos parece que de la DGA nos presenta el negativo, se nos presenta como algo parecido al timo de la estampita. Lo que nosotros interpretamos -perdón-..., no es que se nos presente, algo parecido a lo que ha ocurrido con el cartel del 23, que dibuja una enorme orquídea, una espléndida orquídea pintada con un ordenador, y luego, cuando nos entregan la semilla a los aragoneses, nos dan una florecita vulgar, lo que va a nacer de esa semilla es una florecita vulgar, una caléndula corriente, que en algunos sitios llaman mala hierba...; es decir: el timo, el timo. Por lo tanto, por lo tanto, ésa es una parte de la evidencia.
Por lo demás, sólo hemos querido aportar argumentos, no descalificaciones. Pero pedimos, una vez más, coherencia, moderación y diálogo, al menos los mismos que ha mantenido nuestro Grupo en esta tan delicada situación, que no solamente es comentar el contenido del Informe anual del Justicia, sino que se ventila también la propia renovación de su responsable. Es decir, hemos venido a juzgar, a un tiempo, el trabajo del Justicia como institución y a justificar nuestra postura en el relevo de su titular.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Abós.
Procede ahora, si el Justicia gusta usar de este turno, el turno de réplica. Cinco minutos, pero, habida cuenta que es réplica global, podrá multiplicarlo por tantos como sean los Grupos que han intervenido. Pero, a partir de ahora, la Presidencia, que ha sido generosa, será estricta en los tiempos.
Señor Justicia, ¿desea hacer uso del turno de réplica? [Pausa.]

El señor Justicia de Aragón (GASTON SANZ): Perdón por el desorden de papeles y notas. Muchas gracias, señor Presidente.
Más que un turno de réplica, creo que en este momento, y como muy bien ha dicho la Diputada del Partido Socialista, no se trata de hacer un debate con el Justicia, porque no es propiamente eso lo que prevé la Ley. O sea, el Informe es lo que pueden debatir todos los Grupos Parlamentarios, y no sólo debatirlo, sino, luego, utilizarlo para su política, para la adopción de medidas, para lo que crean oportuno. No es propiamente una discusión o un debate con el Justicia. Por eso, más que nada, el aceptar este turno es un poco por agradecimiento, tanto a aquellos que han alabado la gestión del Justicia como a aquellos que han hecho sus críticas o que han sabido utilizarla, y utilizarla muy bien, para poner de manifiesto una serie de cuestiones que de dicho Informe dimanan, una serie de resultados de las quejas, de posibilidades de medidas políticas, de posibilidades de críticas, etcétera.
Quiero, por ello, centrarme en decir a cada uno mi consideración. Empiezo por el representante del Grupo Mixto, señor Gomáriz, que ha hecho una alabanza, diciendo que era adecuado, coherente con la demanda social; ha hablado de hombre justo, de calor popular, y, sobre todo, de la independencia, dejando el listón muy alto. Yo agradezco mucho sus palabras.
Como agradezco tremendamente el discurso serio, denso, del señor Burriel, de reconocimiento y análisis a un trabajo bien hecho, que ha dicho, a la calificación de una memoria que ha sido el duro trabajo llevado por la institución, y a su división en las tres referencias: en concreto, la primera, a la confianza de la ciudadanía, al amplio crédito que la institución ha alcanzado, y que le doy las gracias, y, sobre todo, se las doy, con un carácter extensivo a toda la ciudadanía, a esa esperanza que tiene la ciudadanía en que esta institución siga funcionando con una independencia especial, porque es la segunda de las referencias que hace, la independencia, haciendo constar que las tres únicas veces que ha acudido el partido o la organización de Izquierda Unida al Justicia de Aragón, las tres únicas veces, se ha encontrado con tres denegaciones fundamentadas. Agradezco también sus citas -como agradeceré otras- de Boecio, de Homero, de Sófocles, y su última referencia, que es la relacionada con la eficacia. Efectivamente, muchas gracias; creo que se han cumplido con las tres funciones y, sobre todo, creo que se ha contribuido -y esto es más importante- a dar la sensación de la transparencia de la Administración, de la transparencia que significa un sistema democrático.
Ha aludido a nuestra defensa del ordenamiento jurídico, en la cual no me había extendido, pero, desde luego, tampoco lo voy a hacer ahora. Creo que valdría la pena hablar, pero está en el Informe, y sí que tenemos un contento interior, y no es por autocomplacencia, un contento de haber podido poner en marcha esto que hoy se llama el foro aragonés, y unas primeras publicaciones, que ya vienen siendo periódicas. Esto es importante.
Luego se dice, se ha criticado que se siguen produciendo las mismas quejas, que un 41% están sin respuesta, y este 41% sin respuesta creo que no se refiere a las resoluciones; lo quiero aclarar porque son sólo las recomendaciones. Las resoluciones, en concreto las de peticiones de información, han sido bien atendidas, las califico de bien, por parte del Justicia de Aragón.
En cuanto a la intervención de doña Pilar Fierro, también tengo que decir que me ha gustado, me ha gustado la forma de expresión analítica de cada uno de los temas que ha encontrado importantes en el Informe: igual ha hablado de la autonomía, que ha hablado también de la macrocárcel, que ha hablado de los problemas de renta, interesantísimos, que no los habíamos aludido, pero que, naturalmente, son importantísimos. Nos ha hecho también algunas citas, como la de que, efectivamente, el hombre es la especie más acuciada por una posibilidad de extinción en Aragón. Y a esto le tengo que decir que no hemos hablado del Informe quizás más denso e importante, que no ha podido dejar terminado el Justicia de Aragón, pero que ha trabajado en él a lo largo de dos años muy profundamente, con intención de colaborar con todos los grupos y partidos políticos, y con intención de subsanar una de las problemáticas más graves que tenemos en esta tierra, que es la de los pueblos abandonados o la de los pueblos en trance de extinción, ésos que llamamos terminales, y sobre los cuales hay que tomar decisiones. Ahí dejaré los trabajos hechos en la institución del Justicia.
Nos ha hablado de la asunción de los pactos autonómicos, de lo que han podido suponer de vía crucis, de que detrás del vía crucis viene la resurrección, y, desde luego, es lo que más deseo al Partido Popular, lo que más deseo al PSOE, lo que más deseo a Aragón, lo que más deseo a España: que después del vía crucis de estos pactos autonómicos y de las situaciones que se crean y se critican, venga una resurrección para bien de todos. Muchas gracias, muchas gracias también por sus palabras de aliento y positivas de felicitación a la institución y a la estructura y contenido del Informe.
Muchas gracias a don Juan Antonio Bolea Foradada, porque nos ha hablado también de las quejas que se tienen, las diferencias entre lo que se estaba notando y lo que en realidad se pone en los índices finales, y es cierto que llegan más quejas frente a la Administración periférica del Estado, como consta en los índices del Informe, pero naturalmente la institución del Justicia tiene que ocuparse y que preocuparse más, por ser su función, de los problemas que son de la DGA, porque además es la destinataria del 50% de las sugerencias, porque es la fundamental destinataria de la actividad del Justicia en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. No obstante, ha quedado claro que los problemas, según índices, que más preocupan a los aragoneses son los relativos a Educación, Insalud y Seguridad Social.
Nos ha dicho unas cosas muy hermosas, a veces algo macabras, sobre el tema de la decapitación, y yo lo único que espero es que las manifestaciones no se entiendan como temas para la toma de medidas de represalia, no se entiendan nunca como causas ni de decapitación ni de "capitidisminución". Lo que quiero es, y creo que todos lo esperamos, que las manifestaciones no tengan que seguir por los frenos que en estos momentos está teniendo la autonomía de Aragón, esperemos ese pacto de Aragón, esperemos esas posibilidades que Aragón tiene, efectivamente, porque no tiene por qué no tenerlas, cuando las han tenido Cataluña, Andalucía, Euskadi, Galicia, de un referéndum. La verdad es que pide mayor preocupación por el Estatuto de Autonomía a la institución del Justicia, y creo que en esto no ha podido tener más preocupación, pero ni más ni menos que en las otras dos funciones: se ha procurado repartir, y a este final del lustro hemos llegado con un reparto total del trabajo, creo que lo más idóneamente que hemos sabido desenvolvernos.
Se nos ha recordado algunos problemas de la defensa del ordenamiento jurídico, que tengo que decir que han sido muy estudiados y muy reiterados, quizás demasiado reiterados a la Diputación General de Aragón, y también a esta cámara, por parte del Justicia de Aragón. Uno de ellos se ha resuelto ya afortunadamente, que era el del recurso de inconstitucionalidad sobre materia civil, sobre las adopciones, que ya estaba resuelto, y resuelto sin tener que ir a recurso de inconstitucionalidad porque había desistido el Gobierno de ir contra la Comunidad Autónoma de Cataluña, y, sin embargo, continuó hasta el final contra la ley de la Comunidad Autónoma de Aragón; pero, finalmente, el Tribunal Constitucional lo ha resuelto a nuestro favor, cosa que creo que no sólo al Justicia sino que a estas Cortes y a todos nos preocupaba hondamente. Y, por otra parte, sigo insistiendo, ya que se me ha hecho el envite, en que tenemos pendiente una cuestión fundamental en materia de derecho aragonés, que es el tema de las cuantías para acceder a los recursos ante el Tribunal Superior de Justicia, la cuantía para los recursos de casación; si no te bajan esa cuantía, dado que el derecho aragonés donde se encuentra verdaderamente vivo y se desarrolla es en los pueblos, no se alcanzará nunca esa cuantía suficiente de seis millones de pesetas. Todos los abogados sabemos que no se llega a esas cuantías, no se plantean, y careceremos en Aragón -cosa que no pasa en Cataluña y en otros sitios, donde las cuantías son más altas-, careceremos en Aragón de jurisprudencia sobre derecho aragonés. Eso es verdaderamente peligroso y es una de la peticiones casi póstumas que pido a esta cámara. Muchas gracias, señor Bolea.
Gracias a doña Angela Abós. Ha sido muy clara al decir que yo no tenía que defender el Informe, porque, efectivamente, el Informe no es objeto de debate, aquí está, y está para que ustedes lo analicen y para que ustedes lo critiquen y, además, lo ha hecho muy bien, ha entrado en el contenido del Informe y ha entrado en las diferentes funciones que se han desarrollado según se exponen en el mismo. Lo ha utilizado en el mejor sentido de la palabra, y yo no voy a debatir con ella sobre esa utilización del debate, no voy ni a atacar ni a defender a otras partes en relación con él.
Se ha dicho que hay alguna presencia impropia, que hay algunas cosas que se le han grabado, y se le han grabado por su sensibilidad, y también vamos a decir por su especialidad, por su sapiencia, que me ha gustado mucho, por su carácter de profesora y por su conocimiento de la literatura; pero no estoy conforme con que se divida el Informe en un poema, por una parte, aunque ha sido maravilloso su análisis, el recuerdo al autor del poema, Leopoldo de Luis, que espero que sirva también para que se sigan analizando algunas cosas como cuando se habla de indómitas verdades, y nada más. Doy gracias a la profesora por la lección que me ha dado, que normalmente no se hace un análisis. Siempre había aportado poemas al principio, siempre, y algunas veces al final.
Se ha dicho que hay un segundo informe, un segundo informe con un estilo diferente (he entendido yo que se decía así), con un estilo diferente, un estilo muy riguroso, muy contundente, en el que se habla de muchas cosas; de algunas cosas le ha parecido que se hablaba con excesiva rigidez, como la macrocárcel, pero lo ha calificado de una forma muy positiva diciendo que este segundo informe es un informe bueno y profundo.
Y hay otro tercer informe, lo he querido entender así, que es el relativo a las actividades públicas que se han podido tener con la autonomía, con la defensa del ordenamiento jurídico aragonés, pero principalmente con la autonomía, y se ha dicho que es un estilo muy distinto, es un estilo literario, es un estilo con más adjetivos.
Se nos ha hablado de esas palabras, de los dioses del Olimpo, que, naturalmente, le han hecho darse por aludida. Y decirle que los del PSOE no son los dioses del Olimpo. Efectivamente, ya sabe muy bien que los dioses en literatura son una evocación retórica al destino, no al PP ni al PSOE, no tienen nada que ver, no son los dioses, aunque pueda haber equivocación.
Tengo que decir que tampoco ha habido tres informes: ha habido ocho informes; en esto se ha equivocado la profesora: ha habido ocho informes porque han sido ocho los que se han aportado por los asesores a través de tres departamentos que han dado la primera visión, y después a través de una coordinación y de una supervisión y control, corrección total y definitiva por esta persona del Justicia, que ha procurado darle unidad.
Se dice... Bueno, no quiero esquivar el envite a lo que sí sería debate y que no quiero que lo sea: el debate de que sólo puedo defender el presente Estatuto, no otro Estatuto. No quiero debatir acerca de las cuestiones que, simplemente con la defensa de este Estatuto, he estado defendiendo. No quiero hablar del artículo 61 en relación con el artículo 168.2 de la Constitución, de las facultades que tiene la cámara, las Cortes de Aragón para poder reformar su Estatuto. Y lo que sí le digo es que la actuación del Justicia no ha sido partidista en ningún momento, aunque se crea que ha sido partidista y que debía haber tenido prudencia, que la prudencia hubiera sido no asistir, y que si no hubiera asistido, de ninguna forma me hubiera dicho el Partido Socialista que yo había tenido una postura partidista a favor de ellos. Pero bien, la realidad es que el Justicia ha tenido que actuar, ha tenido que posicionarse en la defensa de la Autonomía, y lo ha hecho según su criterio.
Se ha hablado del Defensor del Pueblo: imaginarse si hubiera salido el Defensor del Pueblo también en una manifestación en defensa de la... El Defensor del Pueblo no tiene que defender la autonomía ni tiene que defender el ordenamiento jurídico de España, ni tiene esas misiones en concreto, solamente tiene que defender las quejas de los ciudadanos. Es completamente distinto. Por eso me limito a agradecer sinceramente la forma en que se lo ha estudiado, como veo que lo han hecho todos, y, desde luego, decir, voy a citar ya a un admirado aragonés, el profesor Andolz, que dice en su última edición del diccionario aragonés: "Muchas gracias a quienes creen que existe el aragonés, muchas gracias a quienes creen que el aragonés no existe, muchas gracias a los que creen que nunca existió, muchas gracias a todos".

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gastón.
¿Consideran los Grupos necesaria la intervención de dúplica posible?
El acto final era la posibilidad del Justicia durante cinco minutos en el supuesto de que se hubiera producido la dúplica. Creo que no tendrá necesidad de intervenir de nuevo, habida cuenta de que con su intervención cierra el acto de esta mañana.
Por lo tanto, concluido el único punto de este orden del día de un pleno especial, se levanta la sesión. [A las trece horas y veinticinco minutos.]