Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

Proseguimos con la sesión plenaria [a las diecisiete horas y quince minutos] con el punto número siete del orden del día: debate y votación de la proposición no de ley número 101, sobre el rechazo a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, que ha sido presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mixto).

Para presentar y defender la proposición no de ley, en nombre del grupo proponente, el diputado don Jesús Lacasa tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 101/02, sobre el rechazo a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza a fin de suprimir la condición de sistema general del campo de fútbol de La Romareda.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías.

Si ustedes creían que lo habíamos visto todo ya en el hit-parade de la especulación urbanística y del pelotazo fácil, porque habíamos visto cosas ya… Recuerden, en la legislatura anterior, aquella venta por subasta de aquel solar en la salchicha del Actur, una jugosa operación también inmobiliaria en la que el anterior Gobierno, pues, sometió a subasta esa parcela y obtuvo tres mil millones de pesetas, y a partir de ahí, eso significó un encarecimiento y una repercusión del suelo en los pisos de la zona evidentemente impactante, y, desde luego, a partir de entonces, el Actur ya no es sinónimo de vivienda económica, sino que el Actur es, claramente, sinónimo de la vivienda a un precio muy elevado.

Y si en esta legislatura habían sonado otras operaciones importantes, como los solares de la calle Santiago, en la Plaza del Pilar, de la Jota, de Valdefierro, en fin, solares que el ayuntamiento de esta ciudad ha ido poniendo en esa subasta y en esa almoneda de la venta, yo creo que hemos llegado al paroxismo y a una operación que realmente tiene unas implicaciones muy importantes, que no han escapado a ninguno de los observadores sociales y a los informadores de la opinión pública que, realmente, han ocupado y seguirá ocupando muchas páginas y muchos comentarios, porque realmente es algo que preocupa a la mayoría de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma y, en particular, de la capital de Aragón, de la ciudad de Zaragoza.

Y me estoy refiriendo, obviamente, a la propuesta que el ayuntamiento, la mayoría municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, ha planteado en relación a modificar el Plan General de Ordenación Urbana para reclasificar unos determinados suelos, los suelos que actualmente ocupa el estadio de fútbol de La Romareda y otras instalaciones públicas anexas, con la finalidad de pasar esos equipamientos para realizar viviendas libres y con eso financiar una determinada operación en la ciudad de Zaragoza.

Señorías, el campo de fútbol de La Romareda se configura…, y así está establecido en el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, que se aprobó recientemente, muy recientemente (estamos hablando del 13 de junio de 2001), una aprobación unánime en el Ayuntamiento de Zaragoza -la verdad es que hubo un importante apoyo, un importante consenso en esa aprobación del Plan-, y tan solo un año después, nos encontramos con una importante propuesta de modificación, que evidentemente ya no reúne aquel consenso inicial, aquello ya se ha roto, el encanto de la aprobación unánime del Plan General se rompe y ya estamos en el disenso y estamos en el conflicto, importante conflicto en torno a la gestión de este Plan General de Ordenación Urbana.

Pues, bien, el campo de fútbol de La Romareda allí está clasificado como un sistema general y, más en particular, como un sistema de espacios libres públicos con uso deportivo. Estamos hablando de un campo de fútbol de casi veintisiete mil metros cuadrados, y al lado del campo de fútbol, pues, hay otras dependencias administrativas, en concreto, el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, que también son sistema general y están encuadrados dentro del sistema de servicios, Administración pública, en el entorno de los dos mil metros cuadrados más. Son estos espacios y algunos anexos los que se pretenden ahora reclasificar.

¿Qué tenemos ahí hoy? Tenemos sistemas generales. ¿Y qué son los sistema generales? Lo define claramente el Plan: «Son aquellos terrenos destinados por el Plan General al establecimiento de infraestructuras de comunicación y dotaciones de espacios libres públicos y equipamiento comunitario al servicio de toda o gran parte de la población, de modo que, debidamente relacionados, determinan la estructura general y orgánica del territorio, de acuerdo con el modelo de desarrollo adoptado por el Plan».

Es decir, estamos hablando de algo que nos pertenece a todos los ciudadanos, de algo que nos presta un servicio a los ciudadanos, de algo que es un bien común para los ciudadanos, y, además, algo que está ínsito dentro del Plan General como una estructura dentro de una estructura ordenada, es algo que permite la relación dentro del territorio, permite la ordenación del territorio y permite un esquema de trabajo dentro de la ciudad, que en estos momentos se quiere vulnerar y se quiere romper claramente.

Los espacios libres recreativos son esos espacios libres, predominantemente ocupados por determinadas zonas de recreo y esparcimiento, y en ellos se ubican instalaciones, entre otras, instalaciones deportivas, como es el caso del campo de fútbol de La Romareda. Pero no solo instalaciones deportivas, sino otro tipo de instalaciones al servicio de los ciudadanos, y anexo a ello -como decíamos-, usos de servicios destinados a las actividades propias de la Administración pública.

Pues, bien, señorías, decía que cualquier operación especulativa, cualquier pelotazo urbanístico del pasado se queda absolutamente corto y pequeño en relación a esta operación que ha acontecido o que está aconteciendo en La Romareda. Incluso, esta proposición no de ley se ha quedado obsoleta desde que se presentó hasta que sus señorías ven que se va a debatir. En el texto de esta proposición no de ley, hablábamos de lo que se comentaba entonces, a la altura del mes de junio de este año, hablábamos de un anuncio que hacían los regidores del Ayuntamiento de Zaragoza de edificar en torno a mil ciento cincuenta viviendas libres en ese espacio, y pensaban entonces, anunciaban la obtención de una plusvalía de ciento veinte millones de euros, lo que equivale a unos veinte mil millones de pesetas.

Pues, bien, señorías, borren ese cálculo, olvídense de ese cálculo, ese cálculo ya no es válido: el cálculo actual, provisional, porque todo será provisional, es de ciento cuarenta y cinco millones de euros (veinticuatro mil millones de pesetas de plusvalía) y en tan solo novecientas cincuenta vivienda: hemos descendido doscientas viviendas, pero ya el Ayuntamiento de Zaragoza parece que va a obtener cuatro mil millones más de los que inicialmente incluso se habían anunciado, una operación realmente impresionante.

Hay declaraciones de algunos expertos consultados al respecto, de algunas empresas consultadas, por ejemplo de Edificios y Chalets 2000, que adquirió los suelos del seminario, por lo que debe tener alguna experiencia en torno a estas cuestiones de las reclasificaciones y de los valores del suelo y de las plusvalías que se pueden obtener al respecto, y ha indicado su presidente, el señor Machín, que los pisos de La Romareda tendrán un elevado precio, que superaran los sesenta millones de pesetas, por lo que su venta dependerá mucho de los servicios y de la urbanización, «o son de calidad -dice el señor Machín- o será una locura».

Eso lo dice, parece, alguien bastante experto en la materia. Pisos, señorías, novecientos cincuenta pisos en el pleno corazón de la ciudad, novecientos cincuenta pisos a más de sesenta millones de pesetas por vivienda. Esta es una espectacular política social que el Partido Popular y el Partido Aragonés parecen querer impulsar en estos momentos en la ciudad de Zaragoza, y creemos que es un auténtico despropósito y una auténtica locura, y esperamos que esto pueda detenerse.

Creo recoger en esta intervención no solo la opinión de Izquierda Unida; desde luego, de muchos otros colectivos sociales, los colectivos vecinales se han expresado con claridad al respecto, han indicando que se estaban vulnerando principios fundamentales de un esquema urbanístico de la ciudad, que se estaban contradiciendo principios ordenadores básicos de muchos grupos políticos que aportaron al consenso, lógicamente, del Plan General, pero creo que, en general, de la opinión pública y de la opinión publicada. Me remitiré a una editorial de un importante medio de comunicación, pero no es el único -prácticamente, todos los medios de comunicación se han expresado en los mismos términos-, cuando dice lo siguiente: «No era lo pactado». Indica: «Mediante la previa recalificación del suelo para construir novecientas cincuenta viviendas, Atarés se ha salido con la suya, la ciudad no», «Atarés se ha salido con la suya, la ciudad no».

Ha sido necesario modificar el Plan General de Ordenación Urbana aprobado tras costoso consenso y que el PP no ha tenido inconveniente en alterar para lograr su objetivo recalificador. Como dice el viejo adagio foral aragonés, pacta sunt servanda (los pactos deben observarse), pero siempre y no sólo cuando conviene. Novecientas cincuenta viviendas no parecen una contribución al bienestar social y sí a la generación de un aumento del precio de la vivienda en la zona, ni contribuirán a mejorar la congestionada zona hospitalaria.

Esta es la opinión publicada, o un reflejo de la opinión publicada de uno de los más importantes medios de comunicación de esta comunidad autónoma, pero todos han ido en la misma dirección, todos. Cuando los medios de comunicación publicados van todos en la misma dirección, algo debería hacernos sospechar, porque pocas veces van todos en la misma dirección -piénsenlo, recuérdenlo ustedes-: normalmente, siempre unos tiran por un lado, otros tiran por otro, pero en este caso todos han ido en la misma dirección, en esta que acabo de citar y que acabo de ejemplificar con ese editorial.

Pero, señorías, lo que ha sucedido, que no es menor, que no es un incidente, que es -como digo- un jalón más, pero espectacularmente un salto cualitativo en esa política de recalificación y de especulación, y que contribuye al encarecimiento del precio de la vivienda, es algo que afecta, por supuesto, a Zaragoza, pero es algo que afecta en conjunto a todos los ciudadanos de Aragón. No puede ser de otra manera.

Uno de los objetivos de la política de vivienda, que se ha marcado la política de vivienda en estas Cortes de Aragón en esta legislatura, tanto en las comparecencias del consejero del ramo como en las intervenciones de muchos grupos parlamentarios que hemos ido incidiendo, insistiendo, procurando que se abarate el precio de la vivienda, que se haga a través, fundamentalmente, de un impacto fuerte de la vivienda protegida, que es la única que puede tirar a la baja y contener los precios de la vivienda, el mercado libre, sobre todo, en un momento en el que boom financiero parece desplazarse de los valores bursátiles, que siempre son dudosos, a estos valores inmobiliarios, sólo podemos combatirla con una gran presencia, una fuerte presencia, de la vivienda social, pues, no parece, señorías, que este tipo de políticas auspiciadas no por el mercado puro y duro, ante el cual podríamos tener reparos, pero podríamos decir que es un empeño de los promotores privados… No, no, señorías, cuando está sostenido e impulsado por alguna institución pública, por alguna corporación municipal, en este caso concreto, por la de Zaragoza.

Y no es un asunto ajeno ni mucho menos, sino todo lo contrario, al interés político parlamentario de estas Cortes de Aragón, porque, señorías, ese Plan General -y todos ustedes lo saben- tiene una aprobación definitiva que pertenece al Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón. El Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza no es aprobado definitivamente por la corporación municipal de Zaragoza: es aprobado definitivamente por el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón.

¿Y qué dice nuestra Ley Urbanística? Nuestra Ley Urbanística, que, por cierto, fue aprobada en la anterior legislatura y con mayoría del Partido Popular…, por lo tanto, vamos a apelar, señorías, atención, a instrumentos legales no puestos en marcha por una mayoría de izquierdas: a instrumentos legales puestos en marcha por una mayoría de derechas. Por lo tanto, deberíamos ser capaces de cumplir lo que nosotros decimos en estos textos legales. Pues, dice el artículo 42 de la aprobación definitiva del Plan General que «la aprobación definitiva del Plan General corresponde a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio».

Punto dos de ese mismo artículo -este es el punto más interesante en relación a la aprobación definitiva-: «Sólo podrá denegarse la aprobación definitiva motivadamente por falta de cumplimiento de las prohibiciones y exigencias procedimentales, competenciales, documentales y materiales, establecidas en el ordenamiento jurídico, incluidas las determinaciones de las directrices de ordenación del territorio y de los planes de ordenación de los recursos naturales, así como cuando el plan no respete los principios de equilibrio territorial, justificación de la correcta organización de desarrollo urbano y coherencia con las políticas de vivienda, medio ambiente y patrimonio cultural de la comunidad autónoma».

Aquí quiero incidir, el artículo 42 -y aquí esto es una prueba de algodón también para el Gobierno de Aragón-, el artículo 42 pone en manos del Gobierno de Aragón y de la Comisión de Ordenación del Territorio, pone en manos del Gobierno de Aragón un instrumento importantísimo para poder evaluar si la modificación que se pretende hacer -que no corrobore ya el consenso político-, si esa modificación del Plan General de Ordenación Urbana para hacer esta enorme operación de recalificación y de especulación urbanística se ajusta o no a los principios de equilibrio territorial -nosotros creemos que no-, justificación de la correcta organización del desarrollo urbano..., creemos que no, que esto rompe el desarrollo urbano.

Esta es una operación carente absolutamente de sentido, no sólo esta operación, por supuesto, de recalificación y de supresión de unos equipamientos en el corazón de la ciudad, en unas zonas de congestión debido al uso intensivo hospitalario del Miguel Servet, donde deberían estudiarse otro tipo de alternativas, otro tipo de servicios e infraestructuras. Por supuesto, con el proyecto, además -ese no nos toca hoy-, pero con ese proyecto de desplazar a Valdespartera el campo de fútbol de La Romareda, a varios kilómetros de la ciudad consolidada.

Por supuesto, hay una clara falta de coherencia con la política de vivienda, sobre todo, pero también de medio ambiente y patrimonio cultural de la comunidad autónoma. Hay una falta de coherencia por completo con la política de vivienda que debe defender cualquier gobierno autonómico, porque la política de vivienda que debe defender este Gobierno autonómico es hacia su abaratamiento y no hacia su encarecimiento.

Por lo tanto, señorías, no sorprenderá a nadie -y con ello termino, señor presidente- que este grupo parlamentario pida en estas Cortes un pronunciamiento claro para que nuestro Gobierno defienda en el Consejo de Ordenación del Territorio, defienda claramente el rechazo a la propuesta de reforma, de reclasificación prevista en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, por la que se pretende reclasificar como uso residencial de viviendas lo que hoy son sistemas generales en el campo de fútbol de La Romareda y dependencias administrativas anexas.

Creemos que esta posición política demostraría que el Gobierno de Aragón, todo el Gobierno de Aragón, se sitúa a la cabeza en la lucha contra la especulación en la ciudad de Zaragoza y a favor de la política de vivienda que debemos defender entre todos -así lo entendemos-, de vivienda social y de abaratamiento y de accesibilidad de la vivienda como un derecho básico que recoge la Constitución española.

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Hay presentada una enmienda del Grupo Socialista, y para su defensa, el señor Catalá tiene la palabra.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Señor presidente.

Señorías.

No voy a ser demasiado exhaustivo tampoco en mi turno, porque pienso que este es un tema eminentemente municipal, pero ni va a ser el primer tema del Ayuntamiento de Zaragoza que nos ha llegado, ni será el último tema, ni es la primera vez que voy a defender un tema del Ayuntamiento de Zaragoza y sospecho que tampoco va a ser la última vez que tenga que marcar la posición en esta cámara sobre estos temas. Y lo hago, además, en un turno de defensa de enmiendas, de enmiendas a la totalidad, en el sentido de que es una enmienda de sustitución.

Y querría, desde ese punto de vista, desde el principio, dejar clara cuál es la posición. Y mi posición -y se lo digo, señor Lacasa, con absoluta claridad- es que estoy básicamente de acuerdo con el fondo de su proposición no de ley, pero dicho esto, tengo que decirle que no estoy de acuerdo con la forma en que la ha presentado.

Yo creo que las formas, en política, son importantes, y cuando estamos hablando de relaciones entre distintas instituciones, las formas son básicas. Sí que es cierto que en las Cortes se puede y se deben discutir todos aquellos temas sobre los que nos parezca que hay que discutir. Siempre he combatido dialécticamente a los que han defendido que aquí, en las Cortes, exclusivamente hablemos de los temas de rigurosa competencia del Gobierno de Aragón. Pienso que no, que todo lo que pasa en Aragón, todo lo que pasa a los aragoneses, todo lo que puede influir en Aragón o a los aragoneses es susceptible de ser debatido en estas Cortes. Pero una cosa es el debate y otra cosa es la petición concreta que se hace a alguna institución o se hace a las Cortes para que tomen una decisión determinada.

Y desde ese punto de vista, el petitum que hacía el señor Lacasa, hemos visto, según nuestro criterio, que podía poner en riesgo el principio de autonomía municipal. Porque, desde nuestro punto de vista, solamente habría dos razones por las cuales las Cortes, el Gobierno de Aragón, una tercera institución, podría poner en cuestión un acuerdo legalmente establecido de otra institución, en este caso, de un ayuntamiento, y es que fuera un tema supramunicipal o que hubiera una conculcación evidente de la legislación o de la normativa, para que podamos llegar de hecho a anular ese acuerdo, porque, prácticamente, cuando se solicita que no se apruebe una petición que se hace, es, prácticamente, de facto una anulación de acuerdo.

Si trajéramos todos los temas de los ayuntamientos en los que pudiéramos no estar de acuerdo con ello, podría haber un colapso en estas Cortes de acuerdos o resoluciones de ayuntamientos que tendríamos que estar aquí constantemente discutiendo.

Cualquier consideración política de desacuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza, creo que puede ser debatida, pero difícilmente puede ser el argumento para solicitar la anulación de acuerdos. Entre otras cosas, porque la actuación que tiene el Consejo de Ordenación Territorial de Aragón no es discrecional: es cuasi reglada. Pero -también lo adelanto- me gustaría que ese Consejo Territorial encontrara dónde basarse para poder denegar la solicitud que hace el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero, ¡démosle tiempo!, ¡démosle tiempo y dejémosle trabajar!, sin decirle desde aquí lo que tiene que hacer concretamente esa institución.

De ahí, señor Lacasa, que haya presentado esta enmienda, una enmienda en la que, de una manera expresa, quiero hacer salvaguarda del principio de autonomía municipal y le pido al Gobierno autónomo, le pido al correspondiente organismo que extreme sus cauciones a la hora de observar y de hacer trámite de este expediente.

Ya sé que hablar de rigor parece que, cuando lo pones encima de la mesa, es que otros expedientes no se hacen con rigor. No es ése el caso, es obvio. Lo que estoy aquí diciendo, y políticamente sí que quiero dejarlo muy claro, es que este expediente es un expediente que puede tener consecuencias importantes para la ciudad, que puede traer graves perjuicios para esta ciudad y, por tanto, lo que le digo a ese organismo es que extreme esa rigurosidad para que se fije si la legislación actual la cumple o la deja de cumplir.

Porque yo no soy un experto en urbanismo, pero sí que he hablado con expertos en urbanismo que me indican, que me dicen, que me orientan a que la petición que está haciendo el Ayuntamiento de Zaragoza no es una mera modificación puntual del Plan General de Urbanismo, que podría tratarse de una modificación general del Plan de Urbanismo. Y en esa misma línea, apuntaba el propio informe jurídico del Ayuntamiento de Zaragoza, que abría la posibilidad, dejaba abierta la ventana, a que, realmente, esto fuera una modificación general porque está tocando elementos estructurales, urbanísticos, de la ciudad de Zaragoza.

En cualquier caso, lo que estoy pidiendo es que se estudie, que se vea, que el organismo correspondiente estudie el tema. Y no sólo de procedimiento, porque, efectivamente, si fuera solamente una modificación de plan general o una modificación puntual, habría modificación de procedimiento, sino que también entre en el fondo. Porque, en principio, se pretende desafectar un uso general deportivo y se pretende sustituirlo por viviendas libres, y punto, para obtener unas plusvalías -imagino- para gasto corriente del Ayuntamiento, para intentar cerrar el presupuesto que se les está desmadrando de mala forma.

Tendremos que exigir un exhaustivo estudio de necesidades, un exhaustivo estudio de necesidades, del conjunto de la ciudad sobre equipamientos, zona deportiva, sanitarias, etcétera y, específicamente, del polígono de La Romareda. Saber qué servicios tiene, con cuáles cuenta, con cuáles no cuenta y qué es lo que pasa cuando un servicio estructural como éste en la ciudad desaparece y no se sustituye por nada.

¿Se han estudiado en ese polígono de La Romareda las necesidades que tienen dos de los hospitales fundamentales y más importantes de la comunidad autónoma, el Hospital Miguel Servet y el Hospital Clínico? ¿Tienen los servicios cubiertos: sus necesidades de accesos, necesidades de aparcamientos, sus necesidades de ampliaciones, tienen necesidad de hospitales de día, tienen necesidad de hacer nuevos servicios para los zaragozanos? ¿Se ha tenido en cuenta el artículo 89.1 de la Ley de Urbanismo? Y lo leo textualmente, porque es corto: «Los bienes del patrimonio público del suelo, una vez incorporados al proceso de urbanización y edificación, deberán ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés social», etcétera, etcétera. ¿De verdad que puede alguien negarse a que el organismo correspondiente extreme sus cauciones para que se cumpla esta normativa?

Pero, en fin, una vez que explico lo que es la propia enmienda que he presentado, también, y muy rápidamente, querría hacer algún comentario sobre la trascendencia política que tiene también la propia decisión que el Ayuntamiento de Zaragoza ha trasladado al conjunto de la ciudad.

Yo me pregunto que cómo es posible que la oposición al Ayuntamiento de Zaragoza, en un rasgo de generosidad con la ciudad y en un rasgo de responsabilidad con el conjunto de los ciudadanos, ofrezca el consenso para la aprobación del Plan general, es decir, se ponga de acuerdo con el equipo de gobierno del Ayuntamiento sobre cuáles son los usos, cuáles son los servicios, cuáles son las necesidades de esta ciudad y su proyección en un futuro, ¿cómo es posible que al día siguiente eso se tire por la borda, en un rasgo -a mí me parece- de irresponsabilidad manifiesta? Para hacer una operación que, además, saben ustedes que afectará, fundamentalmente, a los precios del suelo de esta ciudad, la ciudad de Zaragoza, que es una de las ciudades en las que más se está encareciendo el precio del suelo. Saben que últimas operaciones ya han encarecido el precio de una manera importante, pero esto la va a encarecer todavía más.

¿Saben qué repercusión, realmente, va a tener en los suelos que se van a construir? Pero no ya en ese polígono, sino que es que en esta ciudad, cuando ponemos un límite por abajo, ya el siguiente precio es por arriba de ese precio que se ha marcado. Y digo: ¿es que alguien ha perdido el norte en esta ciudad? Porque supongo que esta decisión se ha adoptado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿o no? Supongo que no será cierto lo que algún medio ha publicado: que esta decisión se toma en Madrid con arcanos propósitos. Insisto: creo que no. Pero me extrañó que ningún miembro del Partido Popular haya salido a desmentirlo a la prensa pública.

Termino ya, señor presidente, solicitando al señor Lacasa que acepte la enmienda de sustitución que le he presentado, y, si así es, pues pido a todos los grupos que la apoyen, entre otras cosas, porque la ciudad de Zaragoza lo necesita y porque los ciudadanos de Zaragoza no entenderían que sus responsables políticos en esta cámara se negaran a que el Gobierno de Aragón hiciera lo que debe de hacer, que es aplicar la legislación vigente.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Es el turno de los grupos parlamentarios no enmendantes.

En primer lugar, Chunta Aragonesista.

El señor Fuster Santaliestra tiene la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, señor presidente.

Señorías.

Hoy parece un día oportuno, después de casi más de un año que el Real Zaragoza no nos daba ninguna alegría, desde que ganó aquella final de la Copa del Rey en Sevilla, hasta ayer, su nueva victoria contra un equipo de primera división, de donde nunca debió salir, digo que parece un día oportuno para hablar de estas cosas.

Y quisiera empezar con esto porque creo que todos los grupos de la cámara y la sociedad aragonesa en su conjunto están convencidos de que hace falta un nuevo estadio de La Romareda, que hace falta un nuevo campo de fútbol para la práctica de ese deporte al máximo nivel, como viene haciéndose. Pero estar de acuerdo en que hace falta hacer un nuevo estadio no significa aceptar cualquier propuesta ni a cualquier precio. Y, desde luego, en este caso, el fin no justifica los medios.

Evidentemente, respecto a la propuesta que plantea el portavoz de Izquierda Unida en debate que ya se ha producido en el Ayuntamiento y que, evidentemente, su grupo no ha tenido oportunidad de participar, creo que es un buen momento para reflexionar al respecto también desde las Cortes de Aragón, habida cuenta de la incidencia que puede tener para el conjunto de la vivienda en Aragón -en Zaragoza, pero en Aragón-, y teniendo en cuenta las repercusiones sin duda importantes que una decisión de esta naturaleza puede tener en el conjunto de la sociedad aragonesa.

Que el estadio actual de La Romareda no cumple algunas de las recomendaciones de la normativa FIFA, eso es cierto; que cualquiera que asista al campo con regularidad -y sin regularidad, también- puede comprobar que no se cumplen las condiciones mínimas ni siquiera de higiene, de accesibilidad o de seguridad, que tampoco se viene invirtiendo desde hace muchos años...

Todo eso es cierto, pero, sin embargo, también es cierto que la sustitución del actual estadio por otro situado fuera del centro disminuiría drásticamente la accesibilidad peatonal e incrementaría de forma importante la asistencia en vehículos, sobre todo si se tiene en cuenta que, en el caso de Zaragoza, la media de asistentes por partido es de unas veinte mil personas, de las cuales no menos de la mitad acuden a pie, un 30% en autobús y el resto, un 20%, en vehículos particulares. Es decir, hoy, la media es que de cada veinte mil espectadores que acuden a La Romareda, tan solo cuatro mil, aproximadamente, lo hacen en vehículos particulares.

Si la ubicación va donde está prevista, incluso en la última propuesta -la anterior, por supuesto, más aberrante todavía-, significa que lo que son cuatro mil se convertirán en más de veinte mil vehículos particulares circulando a la misma hora, en la misma dirección y procedentes de lugares parecidos.

La Romareda actual y la zona de su entorno, con el aparcamiento, supone una superficie de cincuenta mil metros. La propuesta del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza es derribarla y construir más de mil pisos por los que se obtendrían unas plusvalías de más de veinticuatro mil millones de pesetas, unos ciento cuarenta y cuatro millones de euros.

¡Qué mejor ejemplo de operación especulativa que aquel que se lanza a todos los vientos desde la propia Administración! ¡Qué mejor ejemplo de especulación urbanística que aquel que se pregona desde los poderes públicos, que estarían obligados a evitarla y a combatirla! ¿Para qué queremos buscar mejores ejemplos? Para qué queremos buscar casuística en otros lugares, si la propia Administración, en un intento de superar por todo lo alto aquella famosa operación de la salchicha del Actur, que perdería cualquier tipo de importancia en los anales para los récord Guines y para todos, con esta operación, ¿para qué queremos más?

Tomaré las palabras del portavoz..., del presidente del Grupo Socialista, de quien hoy ha habido una digna representación aquí... -sí, sálveme usted la expresión-: «Es una operación especulativa que va a elevar más aún el precio de la vivienda. El PP ha entrado en un año de liquidaciones y derribos. ¡Esto es un escándalo!».

Pues si el portavoz o presidente del Grupo municipal Socialista piensa que esto es un escándalo, que esto es una operación especulativa de tomo y lomo..., estoy convencido, debería estar convencido, para ser más exactos, de que el Partido Socialista, en el democrático, libre y correcto ejercicio de sus responsabilidades en aquellas áreas que son de su responsabilidad -en este caso, el señor Velasco, la de Obras Públicas-, estoy convencido de que…, supongo que tenían intención ya previamente de aplicar la ley en toda su integridad, porque su enmienda, la enmienda que defendía usted, señor Catalá, impecable, un poco alargadita para que no se note muy bien lo que se quiere decir, pero usted lo que acaba de decir es que se cumpla la ley. Y yo estoy convencido de que no hay ningún grupo en esta cámara que no esté de acuerdo en que se cumpla la ley correctamente aplicada y con los criterios atinados.

Sin embargo, no sé por qué, me da la sensación de que igual todos no votan que se aplique la ley correctamente. Es una sensación, luego hablaremos. A lo mejor, votan todos y la tengo que envainar ¿verdad?

Pero, ustedes, ¿solamente querían decir que se aplique la ley, que se cumpla la legalidad vigente?, ¿o querían decir algo más? Aquí, evidentemente, hay un intento del Partido Socialista de no querer desmarcarse de su socio de Gobierno, que tiene posiciones difícilmente asumibles en esta materia en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y a mí me gustaría que ustedes fueran más claros, ¡que no pasa nada! Si su portavoz, incluso presidente del grupo municipal, puede hacerlo en el Ayuntamiento de Zaragoza, ustedes aquí, con más motivo, pueden hacerlo. Si hablamos de otra Administración, de otra actuación y, además, es una competencia esta, la que hoy hablamos aquí, propia y específica de la comunidad autónoma. Podían, incluso, tener opinión contraria a su grupo, ¡podrían! Yo creo que deberían tener la misma, y si mantuvieran la coherencia, podrían votar sin ningún problema la propuesta en los términos en los que la plantea el señor Lacasa, de Izquierda Unida.

Pero, bueno. Incluso, aunque sea su texto, también me parece interesante, porque como estoy convencido de que todo el mundo no lo va a aprobar, aunque esté de acuerdo, y difícilmente se pueda justificar que no se está de acuerdo con el cumplimiento estricto de la ley, a pesar de eso, pues, bueno, parece interesante.

Sólo quisiera hacer dos reflexiones respecto al fondo de la cuestión, porque, al fin y al cabo, esta es una decisión política. Detrás de todo esto, detrás de la aplicación de la ley y que, evidentemente, no es una decisión graciable, ni arbitraria, y que la Administración tendrá que motivarla en un sentido o en otro, la que tome, hay una decisión política y una apuesta. Nosotros somos profundamente contrarios a la propuesta política que supone el traslado de ese campo y no la que defendemos, que es la ejecución de un nuevo campo en el lugar donde está, porque lo mejor que tiene La Romareda en estos momentos es el emplazamiento precisamente. ¿Por qué no hacer un estadio en ese mismo lugar? ¿Acaso en cincuenta mil metros cuadrados no hay espacio suficiente para hacerlo? ¿Por qué no hacer lo mismo que hicieron en otras ciudades con los estadios del Valencia y el Betis, en Valencia y Sevilla?

La respuesta es que sí que es posible hacer un estadio digno de alta calidad para la práctica y la asistencia al fútbol, sí que se puede remodelar el entorno y construir un aparcamiento subterráneo para dos mil vehículos, y hay ejemplos en Europa que pueden servirnos de referencia, si no queremos encontrarlos en el Estado español. ¿A quién no le gusta, por ejemplo -quien lo conozca-, el Amsterdam Arena, por ejemplo? Bueno, pues, cuando los holandeses se plantearon la construcción de ese estadio, pensaron en concentrar en un mismo lugar un complejo de cines, un teatro, un auditorio, salas de congresos y un campo de fútbol. ¡Fíjense qué casualidad! Todo eso ya lo tenemos en el entorno de nuestro actual estadio de La Romareda: pabellón municipal de deportes, auditorio, centro cultural Universidad, escuelas municipales del antiguo cuartel de Palafox, cámara de comercio, centro audiorama, multicines... Todo eso. Qué ventaja, ¿no? Pocas veces se nos da esta posibilidad de que lo óptimo resulta que es lo que ya tenemos a mano.

Sin embargo, parece que hay siempre otros intereses y, en este caso, otros intereses, evidentemente, que sólo se explican desde el punto de vista de una operación especulativa, de una operación que tendría graves consecuencias para el precio de la vivienda en la ciudad y, sobre todo, para un entorno urbano que no tiene otra zona de equipamientos que es esa.

Cuando haya que aplicar la ley estrictamente, habrá que ver qué equipamientos tiene ese sector, dónde están las zonas de equipamientos de esa zona si nos las cargamos y colocamos ahí más de mil viviendas, mil viviendas de un precio que sus señorías pueden imaginar cuál será. Pueden imaginar también qué repercusión sobre el precio de la vivienda, no sólo en el sector, sino en el conjunto de la ciudad tendrán, porque recuerden ustedes que un solo solar en la salchicha del Actur tuvo un impacto directo, la especulación de esa operación tuvo un impacto directo en el precio del conjunto de la ciudad y, por ende, de Aragón. ¿Cuál no será en este caso, con una operación de más de veinticuatro mil millones de euros, el impacto que pueda tener?

Todo eso se puede evitar. Se puede construir un nuevo estadio que se pueda autofinanciar con el aprovechamiento de las esquinas para hoteles, para centros comerciales..., en una zona óptima. Se puede reservar espacio para aparcamientos del hospital o para futuros equipamientos de un hospital que tiene carencias importantes y que en el futuro se pondrán de manifiesto. Se pueden resolver muchos de los problemas de equipamiento de esa zona y, sin embargo, se está optando por una operación que queda bonita con las maquetas y que alguno se puede calentar viéndola, maquetas bonitas, muchos espacios, mucha inversión, mucha cosa...

Pero detrás de todo eso, ¿qué ofrecemos a la ciudadanía? Ofrecemos un ejemplo directo de especulación desde la propia Administración, desde la Administración que debería de ser la encargada de velar por que no se produzca, de velar y controlar los precios, de facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos. Y, desde esa Administración, desde ese Ayuntamiento, estamos dando el ejemplo contrario.

Yo espero que el sentido común, si no la estricta aplicación de la ley, en la que también confío, sean capaces de parar esta iniciativa y se planteen alternativas más viables, más racionales, más convenientes para la ciudad de Zaragoza y, en consecuencia, más convenientes también para todo el país, para todo Aragón.

Nada más.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Es el turno del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

El diputado señor Allué tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.

Pero, entonces, señor Fuster, ustedes están de acuerdo en que no se reubique el campo, sino en reformar el campo, ¿no?, el campo de La Romareda. Hacer uno nuevo, pero en el mismo sitio. O sea, derruir, o sea, derribar y volver a edificar. Esta es la postura, ¿no? Pensaba que todavía ustedes estaban por la labor de la reforma, cuando hay informes municipales que dicen clarísimamente y contraindican absolutamente la reforma del campo de La Romareda, que creía que era, hasta ahora, la posición que Chunta Aragonesista tenía en este tema.

Pero, en fin, iremos por partes.

Bueno, señor Lacasa, ha conseguido usted llevar el debate a estas Cortes. Usted, que ahora sí que creo que se le puede decir… Se lo han dicho esta mañana..., no sé si esta mañana era acertado, es posible que sí, pero ahora sí, ahora sí que se le puede decir a usted que está ejerciendo de candidato al Ayuntamiento de Zaragoza por Izquierda Unida y, claro, usted tiene aquí su escaño y tiene que ejercer aquí de concejal. Con lo cual, yo animo a todas sus señorías, nos trasladamos al Ayuntamiento y que allí, pues, nos haga sitio el señor Atarés -si hay sitio, si no, que se junten, pero seguro que sí-, unos en los escaños y otros en donde está el público, y hacemos ahí el debate. Y ya está, y tan ricamente.

Aquí estamos reproduciendo el debate que hace muy poco tiempo ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Zaragoza, muy poco tiempo. Nuestros representantes políticos, ¿eh?, no cualquiera. Nuestros representantes políticos.

«Expediente número 717.976/02. Dictamen proponiendo aprobar, inicialmente, la modificación puntual del Plan general respecto de los suelos ocupados por el campo de fútbol de La Romareda, dependencias municipales de Urbanismo y entorno. Redactado de oficio por el Departamento de Ordenación y Gestión Urbanística.» Por el Departamento de Ordenación y Gestión Urbanística. Este es. Lo que estamos hablando aquí se habló hace cuatro días, y aquí lo tienen, se puede leer, se puede buscar... En fin, yo lo consigo, cualquiera de ustedes lo puede conseguir. Es adelantar un debate que ya hemos hecho anteriormente.

Así, podemos comprobar cuál es la posición del PP, expresada aquí por el señor Suárez; cuál es la posición de Chunta Aragonesista, expresada por el señor Gaspar; la del Partido Aragonés, expresada por el señor Blasco; la del Partido Socialista, expresada por el señor Berdié... Claro, no sale la de Izquierda Unida: la de Izquierda Unida no está.

Claro que, al hilo de lo que hablamos esta mañana, fíjese, comienza diciendo: «Al amparo de lo dispuesto en el reglamento de juntas municipales, juntas vecinales y de participación ciudadana, interviene y tiene la palabra don Alberto Andrés Casado, en representación de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza».

Fíjese, aquí hay un motivo, quizá, como le hemos dicho esta mañana, de los que, quizá, limitan un poco al movimiento vecinal a limitar la iniciativa de consultas populares, que sigo insistiendo que la tienen bien regulada en el artículo 157 de nuestra Ley aragonesa de régimen local, y usted podría utilizar una situación similar. Se puede usted ir al turno de ruegos y preguntas en el Ayuntamiento de Zaragoza y le dice: «señor Atarés, pido la palabra», y le expresa la opinión que tiene sobre este tema.

Porque creo que, sencillamente, reproducir los debates en estas Cortes que han tenido lugar en el Ayuntamiento de Zaragoza por concejales del Ayuntamiento de Zaragoza, legítimamente elegidos por la ciudadanía de este municipio, de este pueblo, no sé por qué tenemos que reproducirlos aquí, cuando pertenecen a los mismos partidos políticos que están aquí representados y que, por lo tanto, valga la misma posición que ahí se posicionó por cualquier grupo político.

Evidentemente, yo no me voy a ir ni un centímetro de lo que en su día expresó nuestro representante en el ayuntamiento, nuestro portavoz en el Ayuntamiento de Zaragoza, Manuel Lorenzo Blasco.

Pero, en fin, usted nos ha dicho aquí ya su posición, nos la ha definido en la exposición de motivos de esta proposición no de ley, nos hace referencia a los artículos que deberían cumplir el Gobierno y la Comisión de Ordenación del Territorio: nos cita el artículo 42, que es cuando puede denegar el Plan General de Ordenación Urbana, y podríamos citar algunos más, muchos más, a fin de cuentas se trata de cumplir la ley, puesto que hay que cumplir la ley, todos. Los que hacen referencia a la denegación, los que hacen referencia a la iniciativa, al procedimiento, a la dotación; el artículo 89, donde se hace referencia hábilmente, por la enmienda del Grupo Socialista, que no el punto dos del artículo 89, sino el artículo 89 en general. El artículo 89 tiene un punto uno y un punto dos, que es la excepción, pero bueno.

Usted, pues, bueno, documenta su posición en esta exposición de motivos y luego nos hace el petitum. El petitum, en cierto modo… Bueno, la crítica, por nuestra parte, es, en cierto modo, similar a la que hacíamos esta mañana con el tema del proyecto de ley del Pirineo. Usted ya está intentando condicionar a aquellos que forman parte de los que tienen en principio la potestad de denegar, según la Ley Urbanística, el expediente que nos mande el ayuntamiento, porque eso es otra cosa.

¿De qué se pueden pronunciar ahora en el COTA? ¿De qué? Si no tienen ninguna documentación. Si el ayuntamiento no ha remitido todavía ninguna documentación para que el COTA se pueda pronunciar. ¿Sobre qué se tiene que pronunciar? Es más, si el COTA todavía se tiene que pronunciar sobre el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana, donde todavía La Romareda tiene la clasificación de servicios generales. Es así. Todavía no se ha pronunciado. Con lo cual, ¿por qué tenemos que adelantar y aventurar debates y condicionar posibles opiniones de gente que compone o de personas que componen el COTA, que no sólo son del Gobierno de Aragón? ¿Y las diputaciones provinciales? ¿Y los ayuntamientos? ¿Y el representante de la Confederación Hidrográfica del Ebro y de la del Júcar? ¿Y de los expertos que están nombrados, en fin, en función del decreto que regula la Comisión de Ordenación del Territorio y las comisiones provinciales de Ordenación del Territorio?

Ya estamos, en cierto modo, desde nuestro punto de vista, condicionando lo que en el Gobierno se tiene que hacer. Que les estamos diciendo: ¡cúmplase la ley! Claro, el PSOE, hábilmente: «cúmplase la ley». No sé si usted o no aceptará la enmienda, pero, claro, el PSOE nos dice: «cúmplase la ley». Pues, ¡claro!, hasta el PP puede aprobar eso: «cúmplase la ley». Sólo que, claro, esa enmienda tiene una trampa ¿no?, y los posibles perjuicios que pueda ocasionar la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, claro.

Nosotros, evidentemente, si en el ayuntamiento hemos manifestado una opinión y creemos en ella, pues, evidentemente, no podemos estar de acuerdo en aprobar la enmienda del PSOE, pero, evidentemente, claro, sería muy sencillo. Si nos suprimen ese párrafo, yo creo que hasta el PP no tendría ningún problema. ¿El Gobierno, que cumpla la ley? Pues, claro, los sesenta y siete diputados cumplen la ley, pero, evidentemente, eso, nosotros, desde mi punto de vista, creo que distorsiona un poco también el petitum que usted, inicialmente, tiene en su propia proposición no de ley, como también le ha dicho el propio portavoz de Chunta Aragonesista.

Con lo cual, desde los argumentos expresados aquí y en el Ayuntamiento de Zaragoza y, por lo tanto, no hace falta que reproduzcamos aquí, nosotros vamos a rechazar su proposición no de ley.

Nada más, y gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Popular. Su portavoz, señor Guedea, tiene la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.

Señoras y señores diputados.

Discutimos ahora, como hemos anunciado esta mañana, una proposición no de ley de Izquierda Unida donde el, en este caso, diputado de Izquierda Unida vuelve a plantear una cuestión que, evidentemente, tiene un alcance, evidentemente, municipal, incluso estrictamente municipal y relativo a un tema de interés público indudable, pero creemos que, en este sentido, planteado de una forma un tanto anómala en esta cámara ¿no?

Usted, en su proposición no de ley, insta al Gobierno de Aragón a que rechace la modificación o deniegue la aprobación de la modificación que plantea el Ayuntamiento de Zaragoza.

Desde el punto de vista de estricta legalidad urbanística, que es a lo que debe sujetarse el Consejo de Ordenación del Territorio cuando analice la aprobación definitiva de esa modificación puntual, hay unos preceptos en la Ley Urbanística de Aragón que son los que deben ser aplicados (en este caso, los artículos 73 y 42), donde se señala que el Consejo de Ordenación del Territorio, en este caso, al tratarse -entendemos nosotros- de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana vigente en Zaragoza, lo que se trata es de cumplir ese artículo 73 en relación con el artículo 42.2, y que un informe negativo del Consejo de Ordenación del Territorio sería la razón por la cual caería o sería contraria al ordenamiento jurídico esa modificación puntual.

Pero, realmente, si observamos el artículo 42, que ya ha sido analizado por el portavoz de Izquierda Unida en su intervención, entendemos que difícilmente puede verse en el mismo un atisbo de ilegalidad en la actuación del Ayuntamiento de Zaragoza, de su equipo de gobierno.

Otra cuestión distinta es que Izquierda Unida no esté de acuerdo ni en que se haga un campo de fútbol nuevo en Zaragoza, ni que se modifique su actual emplazamiento, ni que se proceda -una apuesta que ha tenido el equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza- por un desarrollo importante de Zaragoza en el sur y, concretamente, en Valdespartera, donde la instalación del nuevo campo de fútbol irá acompañada también -y eso es importante recalcarlo, cuando se ha hablado de especulación urbanística y de toda esta serie de cuestiones- de diez mil viviendas, de las cuales, la mayoría, serán de algún régimen de protección oficial de los que prevé el ordenamiento jurídico.

Por lo tanto, entendemos que para Zaragoza se apuesta desde el Partido Popular por un nuevo estadio de fútbol y se apuesta que la única forma -entendemos- de financiación del mismo es la venta de los terrenos en los que actualmente se ubica este estadio de fútbol. Cuestión que, indudablemente, no es nueva, porque aquí hay un diputado que en su etapa de concejal del Partido Socialista ya planteó esta solución y que nos lleva a la fórmula de financiar el nuevo campo de fútbol de Zaragoza.

Será uno de los destinos de esa venta de los terrenos del actual estadio de La Romareda, al mismo tiempo que se destinará para otros asuntos de competencia municipal que rodearán el entorno urbanístico de ese futuro estadio, como, al mismo tiempo, atender, fundamentalmente a instalaciones deportivas en algunos barrios de Zaragoza. Así está recogido en el expediente al que se ha hecho referencia por otros portavoces, que ha sido analizado por el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza.

Y, al mismo tiempo, evidentemente, se van a poner en el mercado más viviendas libres en la zona de Romareda y se van a poner bastantes viviendas en el mercado de protección oficial en Valdespartera. Una ley de oferta y demanda nos hará que, evidentemente, cuantas más viviendas haya, evidentemente, más dificultades habrá para que el precio del metro cuadrado en Zaragoza siga subiendo como en los últimos años ha subido. Pero, realmente, tenemos que tener en cuenta que estamos en una economía de mercado: el que ha invertido en bolsa ha perdido dinero durante los últimos años, y el que ha invertido en inmuebles, pues, indudablemente, ha ganado, pero estamos en una economía de mercado, y así lo marca la Constitución.

En cuanto a la modificación, se ha dicho que el polígono afectado urbanísticamente, el distrito Universidad, iba a sufrir un deterioro importante por esta venta del patrimonio municipal. Eso nos parece que es una absoluta inexactitud, porque todos conocemos esa zona de Zaragoza y conocemos perfectamente que si analizamos los servicios que tiene, los equipamientos, la proximidad al parque, a la universidad, a los hospitales públicos o privados, o los centros educativos de primaria, secundaria e infantil que en estos momentos tiene, tanto públicos como privados, es una de las zonas de la ciudad de Zaragoza mejor equipadas. Por lo tanto, todos ustedes saben absolutamente que es cierto eso, que es una de las mejores zonas en estos momentos de Zaragoza.

Que no quieran que el Partido Popular desde el gobierno de Zaragoza haga la apuesta definitiva por un nuevo estadio para el Zaragoza, un estadio de fútbol, pues, evidentemente, estamos en política e, indudablemente, eso no le gusta para nada a todo el resto de los partidos políticos aragoneses, que el Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza haya apostado por esa situación.

Indudablemente, en el informe que se discutió -y no hago aquí, en cierta forma, más que repetir lo que allí se dijo por parte del equipo de gobierno municipal-, se ha optado por un determinado modelo de financiación de ese campo, que está abierto a ciertas posibilidades que pueda haber, y en el mismo se recogen las fórmulas de gestión de ese campo de fútbol. Indudablemente, ahí, el Partido Popular está abierto. Que ahí, algunas fórmulas que se apuntan tendrían en su momento un alcance autonómico, por cuanto puede contemplarse la participación de la comunidad autónoma en la futura financiación como en la gestión de ese campo de fútbol.

Pero entendemos que lo que se está haciendo es una operación urbanística dentro de una visión global de Zaragoza, en la cual entendemos que, hoy por hoy -y así se ha dicho-, el estadio de La Romareda no cumple los mínimos que debe cumplir un estadio de fútbol de la quinta ciudad de España y que aspira a realizar unos acontecimientos deportivos importantes, que ese estadio hay que hacerlo nuevo, se quiera o no, y que la fórmula de financiación, salvo que subamos los impuestos a los zaragozanos para que se pague ese nuevo campo de fútbol, es una operación de este tipo.

Entendemos que cumple perfectamente la legalidad urbanística y que, al mismo tiempo, al Consejo de Ordenación del Territorio no hay que recordarle desde las Cortes de Aragón que cumpla escrupulosamente en un asunto la legalidad urbanística, porque entendemos que las personas que lo componen y los funcionarios que le asesoran en todos y cada uno de los expedientes que, posteriormente, vemos publicados en el Boletín Oficial de Aragón, ese personal estará en todos los casos, sea el Ayuntamiento de Andorra, de Alcañiz, de Jaca o de Zaragoza el que ha tramitado un expediente a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio correspondiente o al Consejo de Ordenación del Territorio que ha cumplido escrupulosamente la legalidad urbanística, en estos momentos, la Ley Urbanística de Aragón y las disposiciones reglamentarias que lo apoyan.

Por lo tanto, desde el Partido Popular entendemos que el futuro candidato de Izquierda Unida ha querido traer una cuestión municipal estrictamente en estos momentos. En el futuro, puede haber una incidencia del Gobierno de Aragón que sería cuestión que, efectivamente, se podrá debatir en esas Cortes. Entendemos que se cumple escrupulosamente la legislación vigente autonómica, y, por lo tanto, no tenemos que recordarle al Gobierno de Aragón y al Consejo de Ordenación del Territorio que, al emitir ese informe, cumpla la legalidad urbanística, porque entendemos que eso está en un Estado de derecho, todo el poder ejecutivo está sujeto al ordenamiento jurídico y, por lo tanto, ahí debe cumplirse.

Y también hay que tener en cuenta que, efectivamente, el precio del metro cuadrado en Zaragoza, y como en cualquier ciudad de España, está fijado por una economía de mercado, y en unos sitios, indudablemente, se paga más que en otros. Hemos vivido en los últimos años una situación inmobiliaria que todos conocemos, pero que, indudablemente, nos hace pensar que el hecho de que haya más viviendas libres y más viviendas de protección oficial, como va a haber si sale adelante esta operación, indudablemente, no va a suponer ningún perjuicio para los zaragozanos, sino que, como en el caso de Valdespartera, va a posibilitar que muchos zaragozanos puedan acceder a una vivienda en propiedad o en régimen de alquiler, según los casos, como es su deseo.

Por lo tanto, votaremos en contra tanto de la iniciativa originaria de Izquierda Unida como de la enmienda del PSOE, que lo que trata es de justificar las incoherencias entre su actuación en el Gobierno de Aragón -o posible actuación en el Gobierno de Aragón- o en estas Cortes y su actuación en el grupo municipal del Ayuntamiento de Zaragoza.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

¿El grupo proponente puede fijar posición respecto de la enmienda?

Señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Catalá, yo he querido traer esta proposición no de ley, sobre todo, porque vi unas declaraciones del presidente de nuestra comunidad autónoma, que hoy está ausente en este debate, no puede seguir el debate tan importante, pero citaré al presidente porque decía: «El presidente de Aragón es Marcelino Iglesias -aseguraba en Radio Zaragoza-, que seguía con mucha preocupación las informaciones periodísticas sobre la cuestión», aunque evitó un pronunciamiento más claro hasta conocer los papeles. Decía: «No obstante, apuntó sus dudas acerca de la construcción de tantas viviendas junto a los dos principales hospitales aragoneses, el Servet y el Clínico».

Yo vi que el presidente de Aragón estaba muy preocupado y he pensado que era bueno, para despejarle la preocupación, traer esta iniciativa a la cámara.

Y, además, no tenía los papeles entonces, pero como el señor Allué los tiene, que los ha enseñado aquí, pues, seguramente, se los pasará al señor Iglesias, y ahora ya, con los papeles, podremos...

Bien, hablando más en serio, señor Catalá, nos presenta una enmienda, yo creo que sobre la base de un cierto temor. Yo querría, primero, despejarle el temor. Mire: no hay ningún riesgo, absolutamente ningún riesgo, de que esta cámara se convierta en una especie de cámara de segunda lectura en relación a lo que sucede en las corporaciones municipales aragonesas, ¡ninguno! Pero porque la ley lo deja clarísimo. Y la ley -que no hicimos nosotros; que no hizo usted, básicamente-, la ley que hicieron ellos dice lo siguiente: «La aprobación definitiva del Plan general [artículo 42] corresponde a la Comisión Provincial, salvo cuando se trate de un municipio capital de provincia o de un plan conjunto de varios municipios de distintas provincias, supuestos en los que la competencia corresponde al Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón».

Es que es su ley, es que lo dijeron ellos, con la mayoría que tienen en la cámara. Es que no corresponde al ayuntamiento. Es que corresponde a la comunidad autónoma a través del Consejo de Ordenación del Territorio. Es que, ¡oigan!, no me digan que esto es un debate sólo municipal, que es que no es verdad. Que es que no es verdad, con su ley en la mano. No es cierto. ¡No es cierto! ¡Es falso!

Y por eso, aquí, tenemos la legitimidad de hacer este debate, para que el consejero sepa cuál es la opinión de las Cortes e impulsemos en esa dirección al director general que nos observa atentamente desde la tribuna privilegiada. Porque es bueno que se haga este debate, democráticamente, es bueno que sepamos hacia dónde queremos dirigirnos.

Y tiene usted razón: sólo podemos actuar con la legalidad en la mano, sólo con la ley en la mano. Pero es que tenemos un instrumento importante, un potente instrumento legal en la mano. Porque es que el punto 2 de ese artículo 42, que el propio señor Guedea reconoce, no pone ninguna pega jurídica al asunto, y fíjese que él es jurista, y podía haber dicho: no, no, esto no necesita pasar por el COTA o esto... No, no. Esto pasa por el COTA y, además, tiene la posibilidad de denegarlo, simplemente -además de otros muchos criterios que se cita-, cuando el Plan no respete los principios de equilibrio territorial, justificación de la correcta organización del desarrollo urbano y coherencia con las políticas de vivienda.

Pues, yo le pregunto: señor consejero de la vivienda, ¿qué opina usted de esto?, ¿qué opina usted de esto, señor consejero de la vivienda? Yo creo que tiene material, que el consejero de la vivienda tiene material, creo que tiene ganas, yo creo que tiene ganas...

El señor PRESIDENTE: Señor Lacasa.

Estamos ahora en que nos diga si acepta la enmienda o no la acepta.

El señor diputado LACASA VIDAL: Sí.

A ello voy, a ello voy, señor presidente.

Yo creo que tiene ganas y que va a poder conseguirlo con esta proposición no de ley.

Con esta proposición no de ley, que yo creo..., desde luego, la he formulado en esos términos y es la que más me gusta a mí, pero yo soy realista en esta cámara y entiendo que esta cámara la componemos muchos grupos, y yo sólo soy un diputado, modestamente, de sesenta y siete. Por lo tanto, entiendo que la enmienda que nos presenta el señor Catalá, con todas esas prevenciones que él ha dicho, pero que yo creo que le he intentado despejar con la ley en la mano, nos dice que «bajo la estricta observancia de la ley -nos gusta la palabra «estricto», pues es una palabra que refuerza- y teniendo en cuenta los perjuicios que para la ciudad de Zaragoza pueda tener esa modificación, extreme el rigor en el control de la legalidad».

Como estamos convencidos de que el control de la legalidad es lo que acabo de leerle antes, que es la facultad que tiene el Gobierno, el COTA, en la mano para, en función de los criterios de Ordenación, de Medio Ambiente, de todo esto que yo he citado... Con esto en la mano, tiene perfecta posibilidad de desarrollar esa negativa a la modificación por vía de ruptura de consenso que se plantea en estos momentos, yo estoy dispuesto en estos momentos, estoy en condiciones de poder asumir su enmienda, sabiendo que su enmienda tiene una carga de cierta ambigüedad, deja una parte final, sobre todo ese artículo 89 que sirve para un roto y sirve un descosido, pues la primera parte es positiva y la segunda es totalmente manga abierta, sabiendo que jugamos con una cierta ambigüedad en ese texto, pero sabiendo que yo prefiero salir de esta cámara hoy -como no me cabe ninguna duda- con un acuerdo no unánime, porque supongo que el Partido Popular lo votará en contra, pero un acuerdo apoyado por la mayoría de los grupos, porque entiendo que sus socios de Gobierno le apoyarán en esta enmienda que yo asumo plenamente como texto alternativo y es el que propongo que sometamos a votación de la cámara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Y una vez concluido el debate con la aceptación de la enmienda, que es una enmienda de sustitución, pues, por tanto, vamos a someterla a votación.

Señorías, ¿votos a favor? Gracias ¿Votos en contra? Gracias ¿Abstenciones? La iniciativa ha obtenido veintisiete votos a favor, treinta y cuatro en contra y ninguna abstención.

Turno de explicación de voto, si ha lugar.

Señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, sí, sí, si a sus señorías les divierte este tema; yo creo que les gusta, les gusta.

Bien, curiosamente hemos asistido a una votación…, yo pensaba, señor Catalá, que con los argumentos que usted había dado, con la prudencia y con -fíjese usted- toda la dosis de cautela que usted ha puesto en su intervención, en esa defensa -como no puede ser de otra manera- de la autonomía municipal y con esa justificación de la legalidad, yo pensaba que si no el voto unánime -me cabía lógicamente la sospecha de que el PP no nos iba a votar de ninguna manera-…, pero hemos visto como nos hemos quedado un tanto solos los grupos de la izquierda… El Gobierno, en particular, ha perdido a uno de sus componentes en el camino. Y parece que cuando lo urbanístico se asienta en el debate, el socio de Gobierno se escapa corriendo hacia otros campos, se va del campo de la izquierdo y se ha ido corriendo hacia el campo del Partido Popular, hacia el campo de la derecha. Parece que esa es la situación en la que nos encontramos.

Señorías, no encuentro absolutamente ninguna justificación, y espero que el Gobierno… Porque el que no haya sido aprobada esta proposición no de ley… Por cierto, tampoco se aprobaban aquellas que decían los temas de los conciertos educativos, de los convenios…, ¿se acuerdan ustedes?, nunca se aprobaba ninguna, y luego el Gobierno hizo todos los convenios educativos, y por eso me da igual, porque no se ha aprobado esto, pero probablemente el Gobierno haga lo contrario de lo que hoy se ha debatido en las Cortes, y, por lo tanto, tengo la confianza de que aun no habiéndose aprobado nada, ni una cosa ni otra, en esta cámara, el Gobierno actúe, como decía la enmienda del PSOE, con observancia estricta de la legalidad y, además, como decimos nosotros, atendiendo a los intereses generales de los aragoneses y, por lo tanto, poniendo encima de la mesa esa posición a la hora de revisar la modificación del Plan General.

Yo creo, señorías, que cuando se ha argumentado que estamos en una economía de mercado, se ha dicho sólo una parte de la verdad y una parte de la realidad. La Constitución española dice que estamos en una economía de mercado, pero muy matizadamente, porque estamos en un Estado social y democrático de derecho. Y la parte del Estado social significa la presencia de lo público en la actividad económica, incluso se habla de la planificación de la economía, de la planificación democrática de la economía en la Constitución española. ¡Fíjense de lo que se habla en la propia Constitución española! Es una economía de mercado muy matizada y sometida, también, a la intervención desde lo público.

Y por eso, lo que es aberrante -y contra esto ha ido Izquierda Unida en esta proposición no de ley- es que desde lo público se marque el camino a la especulación en el sector inmobiliario privado, que lo intenten hacer los promotores privados, que intenten jugar con la compra de parcelas para esperar mejores tiempos, todo este tipo de cuestiones las sabemos. Pero que directamente el ayuntamiento de la ciudad, de la capital de Aragón y, por eso, con competencias estas Cortes y este Gobierno de Aragón en relación a la misma, que esa institución sea la que lidere el proceso de especulación a través de la subastas de suelo, y en este caso de esta manera tan impactante, creo que tiene unas condicionantes muy importantes.

Yo no he querido traer… Otros portavoces han hablado en extenso de dónde debe ubicarse el campo de fútbol, el nuevo campo de fútbol, si no está en La Romareda. Este sí que es un debate que no he querido traer aquí, porque no corresponde, este sí que no corresponde. Aquí, en la proposición no de ley, no viene nada de dónde van los campos de fútbol de la ciudad de Zaragoza, yo, sobre ese tema no he querido incidir, aunque tengo mi posición, tengo mi postura, pero esto sí que no corresponde al debate de hoy.

Lo que hoy sí que corresponde es decir si estamos de acuerdo en que se modifique un Plan General de Ordenación Urbana, donde había un consenso y donde había unas implicaciones de una clasificación del suelo, que en estos momentos se pretende desvirtuar por completo. Yo creo que lo demás son absolutamente excusas de mal pagador.

¿Qué hay alternativas? Por supuestos que las hay: alternativas para la construcción de un nuevo estadio en la misma ubicación, alternativas para la construcción de un estadio en otro lugar de la ciudad de Zaragoza, pero de centralidad adecuada y que evite ese desplazamiento masivo en vehículos particulares; hay alternativas diversas y la financiación también tiene diversas alternativas, y más cuando hablamos del fútbol, en el cual intervienen intereses económicos muy importantes y hay financiaciones privadas que financian el fútbol, que, desde luego, de alguna manera, también tendrían que revertir en el beneficio del conjunto de los ciudadanos, y no sólo de unos cuantos, aunque sean muchos seguidores, muy legítimos, de un deporte espectáculo como es el fútbol.

Por lo tanto, yo creo, en ese sentido, que debe imperar la sensatez, y estaremos atentos, y en eso, sin duda, el consejero y el Gobierno en su conjunto saben que vamos a seguir atentamente su comportamiento, porque van a tener que someterse a la prueba del algodón, que es cuando llegue finalmente -ya está en información pública-, cuando llegue el expediente al Gobierno de Aragón, al COTA, vamos a ver cuál es la posición definitiva de este Gobierno bipartito, que hoy se ha escindido en dos, pero esperamos que la parte que predomine sea la del consejero que seguía el debate y no la de otro grupo que ha votado distinto y se ha alineado con la oposición.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Chunta Aragonesista.

Señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, señor presidente.

Bueno, antes hacía alguna premonición que parece que no se ha alejado mucho y, al final, parece que el ladrillo pesa más que el agua en esta comunidad.

Señor Palazón, parece que al final todo es pactable y, además, como el señor Biel no le dice ni que sí ni que no, pues, queda claro que, efectivamente, todo es pactable.

Quisiera, en la explicación de voto, que es el turno que nos ocupa, además del nuestro, por las razones dichas de apoyo a la iniciativa, a pesar de aceptarse la enmienda de tan poco contenido, pero de tanto contenido, según se quiera ver…, la enmienda, al final, lo que dice es que se cumpla la ley, cosa que no debe ser de gran novedad. Pero habida cuenta la dificultad para cumplirse las leyes en general… Ayer mismo, resaltaba nuestro presidente, el presidente de la comunidad autónoma, que parece que el artículo 48 tiene verdaderas dificultades para cumplirlo, y es un artículo de una ley orgánica de obligado cumplimiento para el Estado. Es un ejemplo, y todos podríamos hacer aquí una larga lista de leyes que no se cumplen, a pesar de que están legítimamente aprobadas, por tanto, no es poco que se cumpla la ley, aunque se haga en un caso puntual.

Pero lo que no acabo de entender es que desde los grupos parlamentarios del Partido Popular y del Partido Socialista se vote en contra de que se diga que se cumpla la ley. Si es que no dice otra cosa... [El señor diputado Martínez Gómez se manifiesta, desde el escaño y sin micrófono, en los siguientes términos: «ahí está la ley».] ¿Me he equivocado? Perdón. Sí, sí. No. Me he equivocado, me he equivocado.

El Partido Popular y el Partido Aragonés han votado en contra de: «bajo la observancia estricta de la ley, el respeto por la autonomía local, se extreme el rigor en el control de la legalidad en la tramitación del expediente de modificación mencionado». Verdaderamente, no hay gran cosa más en esta iniciativa. Ustedes han votado en contra de eso. Me gustaría saber si es que están en contra de que se cumpla esto o tienen alguna solución o alternativa mejor. De modo que, sinceramente, me sorprende.

Porque aquí, en este debate -y no nos engañemos, no nos engañemos-, en este debate, hay dos cosas que hay que decidir y sobre las que podemos discrepar: el lugar donde se ubique el estadio de La Romareda, y eso es mejor que se dilucide y se decida, lógicamente, en la administración competente, que es el ayuntamiento, y puede haber distintas posiciones; la nuestra, la he dicho antes, de mantener la ubicación haciendo un estadio nuevo, pero puede haber otras, mejores o peores, con mayores o peores argumentos. Lo que ya parece más discutible es el modo de hacerlo.

Y, señor Guedea, que no haya otra forma, que sea la única forma esa para obtener financiación y poderlo hacer, no estamos de acuerdo con eso, y mucha gente no está de acuerdo en que sea la única forma posible.

Puede hacerse en otro lugar y la propia revalorización de los terrenos que genere la ubicación en otro lugar puede financiarlo; puede hacerse en ese lugar y la propia instalación, con adjudicación de explotación de las esquinas y de otras partes de edificación del estadio puede autofinanciarse sobradamente también; puede haber otras zonas diferentes, etcétera, etcétera.

El que sea la única forma de financiación, en eso no estamos de acuerdo. Pensamos que no es la única forma. Puede que sea la mejor o por la que un grupo opte, pero no es la única forma. Ustedes optan por ésa, otros optan por otra y puede ser que hubiera una mayoría en esta cámara que pensara que no es la mejor, o podría ser que la hubiera en el ayuntamiento. Hombre, no nos gustaría que una decisión de esta envergadura, que va a hipotecar a futuras corporaciones municipales y futuros gobiernos aragoneses, se dejara justamente puesta la chinita en Flandes, allí metida, para que, al final, a la siguiente corporación no le quedara otro remedio que hacer otra cosa. Es interpretable.

El artículo que invocaba el señor Lacasa y que ha invocado el señor Guedea y al que todos nos referíamos, ese artículo es interpretable. ¿Se está o no se está en contradicción con la política de vivienda del Gobierno de Aragón y de la comunidad autónoma, creando una bolsa importante de vivienda libre, carísima, en un lugar donde no hay otras viviendas de protección oficial y enajenando patrimonio público para obtener plusvalías en otros lugares y servicios y equipamientos en otros lugares? ¿Eso está en concordancia con la política de vivienda de la comunidad autónoma? Me admitirán sus señorías que, como mínimo, es dudoso. Se podrán tener distintas opiniones al respecto.

Es que la ley, a veces -para eso, tenemos jueces y para eso hemos hecho una profesión, que es el mundo del derecho-, la ley tiene distintas interpretaciones, y que esta política concreta contravenga la política de vivienda de hoy, del Plan de Vivienda estatal y aragonés, ¿la contraviene o no? Pues, será interpretable, y no sé si tendrá que ser el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, el sentido común o los tribunales. Pero eso es interpretable.

No se puede dar por hecho que porque se reúnan formalmente los requisitos de un expediente se cumpla la legalidad. No, no. Ahí hay un pronunciamiento expreso que tendrá que hacer el Departamento de Obras Públicas y tendrá que pronunciarse sobre si esto respeta la política de vivienda de la comunidad autónoma o no. O si se respetan los criterios de Ordenación Territorial en vigor de esta comunidad autónoma, tendrá que decidirlo -a falta de que lo digan los tribunales si hay denuncias, que no las hay, que yo sepa-, tendrá que decidirlo el Departamento de Ordenación Territorial.

Por tanto, démosle a cada cual su decisión, dejemos al Ayuntamiento que tome las suyas, pero dejemos también al Departamento de Obras Públicas, competente en la materia, que tome también sus decisiones.

Nada más.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor Allué, por el Grupo del PAR.

El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Gracias.

Brevemente, desde el escaño.

Mencionaba antes el señor Lacasa palabras del presidente Iglesias, y también tiene otras palabras. Dice: «No obstante, el presidente aragonés señaló que, antes de tomar una decisión al respecto, es necesario estudiar muy detenidamente toda la documentación que remita el Ayuntamiento de Zaragoza». ¡Claro que sí! Parece que la enmienda del PSOE está hecha a medida de las declaraciones del señor Iglesias, salvo por un apunte en concreto, que es el que se ha dejado el señor Fuster, que es que dice que para la ciudad de Zaragoza puede ser perjudicial la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, lo cual, evidentemente, es lo que al PP y al Partido Aragonés nos lleva a votar en contra.

Si se hubiese suprimido esa frase, pues, bueno, pues, claro, ¿quién se puede oponer a que el Gobierno cumpla la ley? Pero esto ya lo he dicho en mi primera intervención, con lo cual, señor Fuster, no nos venga diciendo que el PP y el Partido Aragonés se están oponiendo a que el Gobierno cumpla la ley que es, precisamente, lo que queremos y es, precisamente, lo que va a suceder.

Hacía referencia también el señor Lacasa, otra vez, cuestionando lo que pueda suceder en un órgano colegiado como es la Comisión de Ordenación del Territorio, de la que forma parte no sólo el Gobierno de Aragón, sino representantes de otras Administraciones públicas, y ahora, ¿qué vamos a tener que hacer? ¿Que se encierren cada uno en su casita?: que no se vean, que no hablen, que no vean la tele y que no lean la prensa, hasta que llegue el momento de tomar una decisión al respecto. Pues, dejémoslos en libertad, que son personas mayores, y están elegidas conforme al procedimiento legalmente establecido, así es que ya se pronunciarán.

¿Y en qué no estamos de acuerdo? ¿En la remodelación del campo? ¿En la reubicación? ¿En el lugar de la reubicación? Porque, claro, en los usos a que se destina el solar, seguramente, es lo que mayor conflictividad tiene. Porque, claro, usted dice: no, es que hay otra alternativa; hay varias alternativas; hay una alternativa al Ayuntamiento, es decir, una alternativa, claro... Es que hay que tomar una decisión. Eso es la autonomía local: tomar una decisión. Así de claro. Si es que no tiene mayor explicación. Se ha tomado una decisión y, seguramente, con la voluntad de favorecer más a los intereses de Zaragoza y a su proyección desde el punto de vista nacional y desde el punto de vista internacional. Esta es la razón. Y esa es la redacción y la razón que nos lleva al Partido Aragonés a haber apoyado esa decisión que ha tomado el Partido Popular o el equipo de gobierno del Partido Popular en Zaragoza.

Lo otro sería..., pues, claro..., no hacer nada. Y nuestra política y nuestro eje programático no es no hacer nada, no es no hacer nada. Es apoyar y dar estabilidad y sacar la gestión adelante en cualquiera de las instituciones, aunque estén gobernadas por un partido político con el que tengamos nuestras diferencias, a pesar de que el señor Palazón diga que no hay problemas en pactar cualquier cosa... ¿O cómo era la frase? En fin... Bueno.

En cualquier caso, la cuestión es que el compromiso del Partido Aragonés es, precisamente, tanto con Aragón como con Zaragoza, dar estabilidad a las instituciones y, por lo tanto, sacar la gestión adelante. Y, por supuesto, que se cumpla la ley; no les quepa ninguna duda, que se cumpla la ley.

Nada más, y gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Allué.

¿Grupo Socialista?

¿Grupo Popular?

Señor Guedea.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.

Señoras y señores diputados.

En primer lugar, creo, hemos votado en contra de una proposición no de ley que, aunque admitida la enmienda de decir que la modificación era ilegal, cuando entendemos que la modificación es perfectamente legal, se convierte en recordarle al Consejo de Ordenación del Territorio que debe cumplir la ley.

Indudablemente, las Cortes no creo que estén para recordar al Gobierno que debe cumplir la ley en un Estado de derecho, porque, realmente, si estamos durante hora y media discutiendo aquí una proposición no de ley para terminar diciéndole al consejero y al director general de Urbanismo, que están aquí presentes, que deben de cumplir la ley, realmente tendríamos que plantearnos el futuro de esta asamblea legislativa de una comunidad autónoma, porque realmente, yo, creo que no acabo de entender muy bien qué es lo que estamos haciendo aquí, si, al final, la proposición no de ley que hemos aprobado es esta.

Efectivamente, se ha citado el artículo 89 de la Ley Urbanística de Aragón, que, indudablemente, entiendo que La Romareda es un bien patrimonial en estos momentos y que los edificios anexos ahora serán unos bienes de dominio público que, para ser enajenados, deberán ser desafectados, pasarán a ser bienes patrimoniales... Entonces, a partir del artículo 87 -aunque no sea ésa…, puede ser una interpretación-, pasarían a ser patrimonio público del suelo, con respecto a lo cual tengo mis dudas, que lo que es patrimonio público del suelo pueda entenderse que el actual estadio de La Romareda es patrimonio público del suelo.

Yo entiendo que puede ser discutible, pero lo que está muy claro es que el artículo 89.2 permite claramente enajenar -ya digo, partiendo de lo que entendemos que pueda ser dudoso, que es considerarlo patrimonio público del suelo- La Romareda y los edificios anexos, y dice: «no obstante, la Administración podrá enajenar, mediante subasta [como se va a hacer], los bienes de patrimonio público del suelo, cuando el planeamiento urbanístico atribuye a los terrenos una finalidad incompatible con los fines señalados en el apartado anterior». ¡Que es vivienda libre! Que, efectivamente, no lo hemos escondido. Se va a destinar a vivienda libre, y las plusvalías que ahí se obtienen se invierten en Valdespartera, para construir el estadio y para realizar las viviendas de protección oficial correspondientes. Por lo tanto, es plenamente ajustada al ordenamiento jurídico aragonés la postura que el Partido Popular ha defendido en el Ayuntamiento de Zaragoza y que hoy ha defendido aquí en las Cortes de Aragón.

Y, efectivamente, apostamos porque Zaragoza... Y, en esto, podría ser discutible o no que desde el Ayuntamiento se construya este estadio, pero entendemos que Zaragoza, quinta ciudad de España, pues, indudablemente, se merece tener, hilando las posibilidades que se pueden hacer mediante esta operación urbanística, un estadio para la práctica del fútbol en alta competición, indudablemente, que nos sitúe al hilo de cómo está Sevilla ahora o está San Sebastián o está cualquier otra ciudad española. No vamos a estar siempre pensando en que por no hacer cosas, como quieren muchos grupos de esta cámara, nos quedemos en una ciudad tercermundista, cuando tenemos la posibilidad de hacer una cosa bien hecha. Y no hay más que acudir cualquier día a La Romareda para ver cuál es el estado actual de un campo que fue inaugurado en pleno franquismo por el señor Gómez Laguna, entonces alcalde de Zaragoza.

Es un estadio que, en su momento, pudo ser una cuestión importante, pero que, ahora, creemos que el nuevo estadio deportivo de Zaragoza va a ser una rampa de lanzamiento para una operación urbanística integrada en el sur de Zaragoza, tan importante como lo fue en los años cincuenta La Romareda, que también ocasionó, en su momento, dentro de la situación política sus más y sus menos en Zaragoza, pero creemos que es una apuesta importante por el futuro de Zaragoza, ajustada plenamente a la legalidad y dentro de una economía de mercado, también es cierto.

Nada más, señor presidente.