Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón


Comparecencias - Del Presidente de la Diputación General de Aragón (DGA)

Comparecencia del Presidente del Gobierno de Aragón al objeto de informar sobre la posible utilización del centro de producción audiovisual del Actur para impulsar una televisión local de ámbito autonómico y sobre el acuerdo de constitución de una federación de centros de emisión local en dicho centro.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón n°: 063 de Plenos (IV Legislatura)
Intervinienen: Tejedor Sanz, Ramon - Mendi Fornies, Jose Francisco - Bernal Bernal, Chesus - Bescos Ramon, Jose Maria - Fierro Gasca, Maria Pilar - Gimenez Abad, Manuel

El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la sesión plenaria de las Cortes de Aragón [a las diez horas y quince minutos] correspondiente a hoy, 26 de junio de 1997.

Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores.

En primer lugar, se somete a aprobación de esta cámara, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 77.2, las actas de las sesiones plenarias celebradas los días 13 y 20 de marzo, y 10, 17, 24 y 25 de abril de 1997, que todos los señores Diputados han recibido con antelación.

¿Algún Diputado desea realizar alguna objeción a las mismas? Se consideran aprobadas.

El punto siguiente del orden del día es la comparecencia del Presidente del Gobierno de Aragón, a petición de los Grupos Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida, al objeto de informar sobre la posible utilización del centro de producción audiovisual del Actur, para impulsar una televisión local de posible ámbito autonómico, así como sobre el acuerdo alcanzado para la constitución de una federación de centros de emisión local con participación e implantación en el centro de producción audiovisual.

Puede intervenir un representante de los Grupos Parlamentarios que han solicitado la comparecencia durante un tiempo de quince minutos. Se van a repartir el tiempo los dos Grupos.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Señor Presidente. Señorías.

Hace escasos meses el Gobierno de Aragón decidió, vía concurso público, privatizar la gestión de las instalaciones del centro de producción audiovisual del Actur, en la ciudad de Zaragoza. Para ello, como ustedes conocen, se constituyó una sociedad mixta, formada por el llamado Grupo Rey y la Diputación General de Aragón. La Diputación General de Aragón entró en el capital de dicha sociedad con una participación del 20%.

El proyecto para la gestión, explotación y mantenimiento del centro de producción audiovisual que presentó el Grupo Rey, cuando concurrió a dicho concurso, decía que su objetivo era la producción audiovisual externa asociada, la formación y perfeccionamiento en actividades audiovisuales, el aprovechamiento de las instalaciones mediante la cesión de espacios y equipos a empresas productoras para la realización de programas y la posible utilización del Actur como una estación de cabecera, que realizara programas que podrían emitirse a través de diversas televisiones.

Ya saben ustedes que el Grupo Socialista no compartió la actuación del Gobierno de Aragón en esta materia del centro audiovisual del Actur. En primer lugar, por la forma como se condujo el tema, creímos que hubo falta de transparencia e interés por burlar el control parlamentario, y hasta muy tarde no se sometió el Gobierno al control preceptivo en esta cámara, a iniciativa, precisamente, de los Grupos Parlamentarios que hoy hemos pedido esta comparecencia.

Tampoco compartíamos el fondo. Nosotros pensábamos que, dada la iniciativa privada, la gestión de casi cuatro mil millones de pesetas de inversión pública requería un efectivo control por parte del Gobierno de Aragón. No nos parecía razonable, y lo seguimos sosteniendo hoy, que el dinero público, en manos privadas para los fines del centro de producción audiovisual del Actur, pudiera implicar directamente perder el control del centro. Y, lo que es más importante, nos temíamos que la empresa que se hiciera con la adjudicación del centro perdiera de vista el objetivo fundamental, en el que coincidíamos, prácticamente, toda la cámara, que era que dichas instalaciones contribuyeran a dinamizar el sector audiovisual. Nos temíamos, señorías, que el afán de lucro, que es razonable en cualquier empresa privada, acabara ocluyendo ese importante objetivo social al que debía ir enfocado el centro.

Lo que nunca pensábamos -quizá fuimos demasiado inocentes- es que había gato encerrado, posiblemente había gato encerrado en esta adjudicación. Claro, cuál no es nuestra sorpresa cuando, en el mes de mayo de este año, conocemos un contundente comunicado del Grupo Rey, en el que anuncian que cinco entidades (Televisión Murciana, Valencia TV, Televoz, Grupo Voz de Albacete, Canal 4) y el propio centro de producción audiovisual deciden constituir una federación de centros de emisión local. Y el Grupo Rey se propone, a partir de entonces, explotar una televisión local. Por consiguiente, el Grupo Rey promueve una televisión local a partir del centro de producción audiovisual del Actur.

Nos parece grave esta decisión, no es ésta una actividad para la cual se concedió ese centro, no es ésta una actividad que venía recogida en las bases de concurso público. Por lo tanto, si el socio vulnera las reglas del juego limpio, y si el socio suyo -a quien respetamos en su iniciativa, pero ustedes forman parte del consejo del administración de esa empresa-, vulnera de esta manera las bases del concurso de adjudicación, habría que replantearse la posible continuidad del mismo. Esto es lo que nos preocupa.

Fíjense ustedes, nuestro Grupo no critica que cualquier empresa privada -se llame Grupo Rey o como se llame; ni entramos ni salimos- quiera montar una televisión local, ¡faltaría más!, creemos en la libre competencia y en las reglas del mercado en ese terreno de la política audiovisual. Lo que nos preocupa es que un anuncio de este calibre por quien es su socio mayoritario supongo que lo plantearía en su momento en la reunión del consejo de administración, en el que ustedes, señores del Gobierno de Aragón, tienen dos representantes.

Por lo tanto, creemos que la propuesta del Grupo Rey puede inducir a competencia desleal, aprovechamiento ilícito de un patrimonio público, como es el centro de producción audiovisual del Actur, vulneración de las cláusulas del contrato que firmó con ustedes. O, señorías, ¿es que pretenden ustedes una maniobra política para conseguir una televisión ad hoc a sus intereses?

Creemos que estaríamos, de esta manera, ante la inminente constitución de un canal privado de televisión sin arriesgar financieramente nada por parte del promotor, porque se encuentran ya las instalaciones construidas con dinero de todos en el Actur. Estaríamos ante una televisión local sin ningún tipo de control parlamentario, indirectamente auspiciada por ustedes.

El señor Lanzuela, quizás, en este tema está escribiendo recto con renglones torcidos: una televisión que podría tener fines espurios al servicio de su Gobierno, de sus intereses y estrategias.

Consideramos que ésa puede ser la intención cuando el Grupo Rey se ha lanzado a pregonar su propuesta. Tanto se ha lanzado a pregonarla, que anteayer leíamos en la prensa de nuestra Comunidad Autónoma que se acaba ya de constituir definitivamente la federación española de canales de televisión independientes, entre los cuales, decía, está el centro de producción audiovisual del Actur, y no se olvide que allí son ustedes socios con un 20%. Luego, señorías, creo que los ciudadanos aragoneses deben conocer que, desde anteayer, la Comunidad Autónoma, el Gobierno de Aragón dispone, aparentemente en puertas, de un canal de televisión, quizás, a su servicio.

Por lo tanto, señorías, el tema requiere explicaciones, y deberían ustedes, motu proprio, haber venido; usted, señor Presidente de la Diputación General de Aragón, debería haber venido, motu proprio, a esta cámara a explicarlo.

Y no vale el subterfugio que últimamente pretende depositar un velo sobre este problema, diciendo: «No, si es que el Grupo Rey emitirá desde fuera». No, el problema es el mismo, porque estaríamos, en cualquier caso, ante una actitud posiblemente fraudulenta, amparada por la Diputación General de Aragón, y estaríamos en una burla indirecta del concurso público, señorías. ¿Por qué? Porque lo que es evidente es que, aunque el Grupo Rey emitiera desde donde fuera, se beneficiaría directa e indirectamente de las instalaciones que gestiona en el Actur y de sus equipos y medios técnicos; a la vez que estaría explotando como arrendataria ese patrimonio, se estaría subarrendando a sí misma, en beneficio exclusivo, ese patrimonio del que acabo de hablar, vulnerando el derecho de todos sus competidores potenciales.

Señorías, en ningún momento en el concurso público se habló de que el centro de producción audiovisual del Actur iba dirigido a la creación de una televisión local. Ustedes mismos, y en concreto el Consejero de Presidencia del Gobierno, expuso en su momento cómo la otra oferta que acudió al concurso, el llamado Grupo Cóndor proponía directamente una televisión local. Por lo tanto, al silenciar su intención su socio mayoritario, el Grupo Rey, no sólo se hizo merecedor de que ustedes lo eligieran, sino que eliminó a posibles competidores.

El Gobierno de Aragón, señorías, no puede ser cómplice de este cúmulo de despropósitos en torno a la televisión local. Deberían, en su caso, si esto va adelante, si esa federación continúa con su objetivo y si su socio pretende utilizar y beneficiarse de más de tres mil quinientos millones de patrimonio público para ese fin lícito, pero imposible de concebir en el contexto legal en el que se adjudicaron las instalaciones del Actur, deberían ustedes rescindir el contrato de arrendamiento relativo al centro de producción audiovisual, por manifiesto incumplimiento de sus bases y por un fondo que me parece de mínima dignidad política, señorías: no se puede ahora, mediante esta vía y este subterfugio, montar una televisión al servicio de sus intereses políticos y al servicio de su estrategia de consolidación electoral. Es usted, señor Presidente de la Comunidad Autónoma, quien debe dar explicaciones hoy aquí, en esta cámara.

Piensen, finalmente, que en el marco de la vigente legislación sobre las televisiones locales, será el Gobierno de Aragón quien, en su momento, concederá las hipotéticas licencias a las empresas que quieran emitir legalmente televisión local, por ejemplo en Zaragoza. Sería paradójico, resultaría, cuando menos, de dudosa legalidad que el Gobierno de Aragón, siendo juez y parte, concediera una licencia a quien es su socio en una empresa que va a utilizar ese patrimonio para la emisión de las producciones televisivas correspondientes.

Por lo tanto, señor Presidente de la Comunidad Autónoma, le emplazamos desde el Grupo Socialista a que responda hoy aquí a una serie de preguntas de las que nos parece imprescindible conocer la respuesta: ¿conocía el Gobierno de Aragón los propósitos del Grupo Rey? ¿Se trató previamente de esas intenciones en el consejo de administración? ¿Cuándo y qué posturas sostuvo en el seno del consejo de administración el Gobierno? ¿Ve factible el Gobierno de Aragón la propuesta de una televisión local en el centro de producción audiovisual, de forma directa o indirecta, auspiciada por el socio mayoritario? ¿Ha realizado o encargado el Gobierno de Aragón algún estudio jurídico sobre este tema? ¿Va a rescindir el contrato la Diputación General de Aragón si el socio mayoritario persiste en el criterio expuesto? ¿Cuándo y cómo articulará el Gobierno de Aragón la concesión de las licencias de televisión local? ¿Qué control está ejerciendo el Gobierno de Aragón sobre el funcionamiento actual del centro de producción audiovisual del Actur? ¿Qué valoración hace del tiempo transcurrido?

Señorías, señoras Diputadas, señores Diputados: estas respuestas son urgentes e imprescindibles porque tienen mucho que ver con la forma de hacer política del actual Gobierno del Partido Popular y del PAR. Son urgentes y requieren transparencia en la actuación por parte de la Diputación General de Aragón.

Hasta que escuchemos su respuesta, le vamos, incluso, a otorgar el beneficio de la duda; pero queremos claridad en la defensa de los intereses públicos. Y aquí, en el parlamento, es su oportunidad de oro para dejar claro cuál es papel del Gobierno de Aragón.

Les brindamos esta oportunidad, y esperemos que no nos defraude; sobre todo, que no defraude a los aragoneses, a los cuales representamos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

El Diputado Mendi tiene la palabra.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor Presidente.

Señor Lanzuela, usted dijo el día de la inauguración del centro audiovisual del Actur que habría que instaurar en aquel lugar un monumento, una «fuente de los incrédulos». Hoy creo, sinceramente, que hay que darle la razón: hoy habrá que inaugurar una «fuente de los incrédulos» en el centro audiovisual del Actur porque es absolutamente increíble lo que está sucediendo y lo que está haciendo su Gobierno, suceda o no suceda, en el centro audiovisual del Actur de Zaragoza.

Es increíble, señor Lanzuela, que más de tres mil millones del dinero público de todos los aragoneses puedan ser utilizados única y exclusivamente con fines privados.

Es increíble, señor Lanzuela, que su Gobierno no supiera o no quisiera saber que el consejo de administración, del cual forma parte con ese 20% en esa sociedad, no conociera previamente, si es así, la decisión del grupo CPA de participar en esa federación, de constituir esa federación de televisiones locales, y, por lo tanto, formar parte de ella también desde nuestra representación pública.

Es increíble, señor Lanzuela, que el centro audiovisual del Actur haya fracasado en lo que tenía que ser su primera y principal misión: en la reactivación del sector audiovisual aragonés. Dígaselo usted, pregúntele a las pequeñas y medianas empresas audiovisuales aragonesas si les está sirviendo de mucho el centro audiovisual del Actur.

Es increíble, señor Lanzuela, que los jóvenes aragoneses y las jóvenes aragonesas que quieran estudiar en ese centro audiovisual tengan que pagar medio millón de pesetas al año por utilizar lo que es suyo, porque del dinero de todos los aragoneses es el centro audiovisual del Actur. Medio millón de pesetas, señor Lanzuela, para que sus hijos y los hijos de la derecha de este Aragón puedan estudiar allí, y van a tener que dar medio millón de pesetas por utilizar lo que es de los hijos de todos los aragoneses y aragonesas. [Rumores.] Esa es la única realidad, eso es una enseñanza elitista. Pero, quizás a tono con las declaraciones del señor Aínsa, claro, si las autopistas son para los ricos, el centro audiovisual va a ser para los ricos y va a descongestionar el centro de los enlaces, que va a ser para los pobres. Por lo tanto, estamos satisfechos también de eso, no se preocupen, señores del Partido Popular.

Es increíble, en definitiva, que se haga negocio privado con fines públicos.

Señorías, este Gobierno está incurriendo en dos graves errores, uno político y otro jurídico. Si es verdad, si se confirma la intención del centro de producción audiovisual de emitir desde el centro del Actur, entendemos que habría una vulneración política, y posiblemente jurídica, del pliego de condiciones por el cual se le adjudicó al Grupo Rey la utilización y disfrute de las instalaciones de CPA del Actur.

Señorías, entendemos que la virtualidad de ese proyecto en ningún modo está relacionada con una emisión televisiva, pero una emisión televisiva en la que, sinceramente, usted podría tener razón en las declaraciones que ha hecho, y la empresa, que, lógicamente, tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que quiera como empresa. Están ustedes -digamos- evitando de alguna forma lo que es encarar el problema real que hay detrás del centro de producción audiovisual, porque, evidentemente, una empresa podría siempre emitir desde el solar de al lado del centro de producción audiovisual y estaría emitiendo gracias a los medios públicos del centro de producción audiovisual. Y, evidentemente, usted ha dicho que no se iba a emitir desde el Actur. Posiblemente no se llegue a emitir desde el Actur, pero, señorías, se emitiría gracias y desde y con los medios del Actur. Y eso no tiene otro nombre que fraude político, abuso político, fraude -posiblemente- de ley y fraude jurídico. Son los nombres que tiene, desde nuestro punto de vista, esa perversión de la legalidad y de las decisiones políticas por parte del Gobierno de Aragón.

El Gobierno de Aragón no puede permanecer callado, no puede hacer oídos sordos porque forma parte de esa sociedad, porque el centro sigue siendo de todos los aragoneses y, por lo tanto, es principalmente suya la responsabilidad de gestión de los medios públicos que hoy hay en esta Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, señorías, si se confirmara, y nos lo tiene que decir hoy aquí el Presidente del Gobierno de Aragón, si se confirmara que hay una emisión televisiva desde el centro de producción audiovisual de Actur o gracias a las instalaciones del centro de producción audiovisual del Actur, aunque fuera por la propia sociedad hoy concesionaria o a través de una sociedad interpuesta -llámese Grupo Rey o llámese como se quiera-, que se puede hacer, si se confirmara esa emisión televisiva, usted tiene que decir hoy aquí, tiene que comprometerse hoy aquí, en esta tribuna, para denunciar y romper unilateralmente, con carácter inmediato y urgente, el acuerdo del centro de producción audiovisual con el Grupo Rey. Y eso lo tiene que decir en esta tribuna y comprometerse públicamente ante esta cámara y ante la sociedad aragonesa.

No caben medias tintas; no cabe el decir hasta aquí llega el CPA y aquí empieza el Grupo Rey. Eso es esconder la cabeza debajo del suelo, eso es hacer oídos sordos a un problema que ustedes tienen, pero un problema que ustedes mismos han causado: la utilización de medios públicos para fines privados, para negocios privados. Negocios legítimos, se lo repito, negocios legítimos, pero no negocios a costa del dinero de todos los aragoneses; no negocios a costa del dinero de unos cuantos, a favor de los que tienen más dinero; no negocios para formar mejor y tener un mejor acceso a un puesto de trabajo por parte de quienes iban a poderse pagar ese medio millón de pesetas al año para poder tener un puesto de trabajo, ya que no tendrán las mismas oportunidades las alumnas y alumnos que hoy están en otros institutos, como he señalado anteriormente.

Ese es el compromiso que hoy tiene que dar aquí este Gobierno. Todo lo demás son declaraciones y bonitas palabras, pero no se escuden en decir «hasta aquí está la empresa privada y aquí empieza la responsabilidad del Gobierno», porque gracias a este Gobierno, gracias a su responsabilidad, esa empresa privada o cualquier otra empresa privada podría hacer un negocio redondo como el que ustedes están facilitando.

Explíquenos aquí el Gobierno de Aragón qué oscuros intereses, si es que los tiene, han facilitado y están permitiendo que haya ese tipo de posible emisión televisiva o de carácter formativo, que a mí me suena más a una formación elitista, más bien relacionada con los estilos «opusianos» -con los que quizás este Gobierno tendrá mucho que conectar y contactar-, más que a una auténtica reactivación del sector audiovisual y de la formación educativa aragonesa.

Creo que a todo eso tiene que responder el Gobierno de Aragón. No nos sirve que diga que eso es un problema de una empresa privada, porque con cualquier empresa privada, evidentemente, al final sucederá lo que es «el truco del almendruco» en la cuestión de televisión de esta Comunidad Autónoma: que el Grupo Rey o cualquier otra sociedad interpuesta -que pueden ponerle cualquier otro nombre, como ustedes saben- acabará facturándose a sí misma para hacer negocio con lo que es público, de todos los aragoneses, acabará facturándose a sí misma. Y si eso no es un fraude de ley, si eso no es un abuso político, dígannos qué es, hoy, en esta tribuna.

Por lo tanto, tienen que dejar absolutamente claro que no va a haber ningún tipo de emisión, ni desde el Actur ni desde ningún otro sitio, gracias a los medios y a la utilización de las instalaciones públicas del CPA. Eso tienen que decirlo claro. Y, por lo tanto, si no existe ese compromiso, deben proceder inmediatamente a la ruptura del acuerdo con el Grupo Rey.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Mendi.

Por parte del Gobierno, tiene la palabra el Consejero de Presidencia para responder a las intervenciones que se han producido.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales (GIMENEZ ABAD): Gracias, señor Presidente.

Una vez más, comparezco ante esta cámara, como antes lo hice ya en numerosas ocasiones, como antes lo hicieron otros consejeros que tuvieron este tipo de responsabilidad, para hablar de un tema sobre el que parece que tenemos una especial afición los políticos aragoneses; afición compartida, probablemente, por los profesionales del sector; afición que no sé si comparten en la misma medida y con tanta intensidad los ciudadanos aragoneses, que es el tema de la televisión, en todas sus vertientes. Hemos hablado de él durante años en todas sus vertientes y alternativas: la pública, la privada, la mixta, la nacional, la regional, la local, la comunitaria -de comunidad de vecinos, me refiero-, por cable, por ondas terrestres, por satélite, digital, con plataforma, sin plataforma... Hemos hablado ya en estas Cortes, en este parlamento, de todo aquello que puede hablarse, al menos como aficionados, en materia de televisión.

Y, sin embargo, desde hace muchos años todo sigue igual en materia de televisión: las cosas siguen como estaban; las posiciones, inalteradas; el statu quo, invariable. Es decir, hemos quemado grandes dosis de energía política para que las cosas sigan, más o menos, igual que antes. Esa es mi impresión como espectador pasivo, que lo fui cómodamente en algún tiempo, y como agente activo que pretendo ser en el momento actual, y ésta es una reflexión inicial que pretendía hacer sobre este tema.

Y a continuación debo decir que el Gobierno, el Gobierno actual, consciente de que una Comunidad Autónoma sin una política en materia de telecomunicaciones y en materia de industria audiovisual está condenada a incorporarse al furgón de cola del desarrollo en general, el Gobierno, consciente de ese problema, elaboró un documento, que no debe en absoluto pasar desapercibido, que los Consejeros de Presidencia y de Ordenación Territorial presentaron a debate y a aprobación de nuestro Consejo, documento titulado Aragón, en marcha hacia la sociedad de la información, en el que se establecía un plan de actuación en materia de telecomunicaciones, en materia de informática y en materia audiovisual; se concretaban objetivos y prioridades y se descendía a regular los objetivos a medio plazo.
Naturalmente, ésta era una estrategia política que desbordaba el campo específico de la televisión o de lo televisivo. Era una estrategia de mayor alcance, pero dentro de la cual, lógicamente, se trataba y se analizaba el futuro de la radio, y de la televisión también, como un elemento más dentro de esa política general de telecomunicaciones.
Dentro de esa estrategia de política de telecomunicaciones y, concretamente, de la estrategia en materia de industria audiovisual, el citado documento consideraba un eslabón importante, pero uno más, al centro de producción audiovisual del Actur. Hay que darse cuenta de que las posibilidades de este centro son óptimas, que no están exentas de dificultades obvias, derivadas de la realidad de la implantación geográfica de los polos de desarrollo audiovisual en España, y creemos que es obligación del Gobierno impulsar, dinamizar, activar todas las posibilidades de desarrollo de ese centro, como de cualquier otra iniciativa privada de ese calibre que pudiera producirse, si favorece, en su conjunto, el desarrollo de la industria audiovisual, si encaja en ese plan estratégico de comunicaciones que en su momento elaboró el Gobierno.
Y debe quedar claro, que parece ser que nadie lo aprecia ni valora, que el centro, en pocos meses -el centro lleva una andadura real escasa, de dos o tres meses-, en la práctica, ha hecho una labor muy meritoria de cara a la difícil atracción de producciones nacionales al centro de televisión, a la búsqueda de una integración de las empresas del sector a través del centro y a sentar la bases de una futura actividad de formación cualificada en esa materia, que es una de las materias importantes. Está haciendo un gran esfuerzo, y, por tanto, la dirección básica del centro y de su consejo de administración se ha proyectado, precisamente, en esas direcciones: en la dirección de la producción, en la dirección de la formación y en la dirección de la búsqueda de una integración del sector a través del centro de producción audiovisual.
En esa dirección ha actuado el centro, en esa dirección y nada más. Así que estén tranquilos quienes se empeñan en seguir quemando energías para que todo siga igual en lo que a emisión televisiva se refiere en Aragón. En este aspecto, hay que decir que aún estamos sin ninguna novedad.
A nadie medianamente introducido en el sector, en el conocimiento del sector de la televisión, se le oculta que la televisión será uno de los grandes temas de futuro en este medio, como lo fue también en materia de radio, y nadie podrá ponerle, pues, puertas al campo. La televisión local, en su momento, tendrá un desarrollo, se desarrollará porque es una realidad que explotará, naturalmente, dentro del mundo siempre vivo y dinámico de la producción audiovisual. Pero, igual que es obvia -esto quiero recalcarlo- esa realidad, esa dinámica realidad de lo televisivo, lo es que la televisión local carece en este momento, lo repito, carece en este momento de un marco normativo, de una regulación legal. Y mientras no exista un marco legal, que no existe, el Gobierno no puede respaldar una iniciativa ubicada en un centro cuya sociedad está coparticipada por capital público de la Comunidad Autónoma.
El debate está, por tanto, hoy, ahora, absolutamente fuera de lugar. Es un debate, hoy, artificial. Y eso es algo que se desprende de la lectura del documento que el Gobierno presentó, de la comunicación en que el Gobierno fija su estrategia en materia de política de comunicaciones y de industria audiovisual. Eso a lo que antes se ha aludido es algo que se desprende, sin la menor duda, de este documento, y, por tanto, debo recomendar la lectura a los señores Diputados que han tenido esta iniciativa.
Lo que el Gobierno no puede hacer, no puede hacerlo de ninguna manera, es impedir que una empresa privada, que cualquier empresa privada, que un conjunto de empresas que operen en el ámbito de la Comunidad Autónoma o en el exterior, de cara al futuro, elaboren, presenten, estudien los proyectos televisivos que estimen oportunos.
Ya hemos apuntado que las televisiones locales tienen un futuro que será inevitable, y ese futuro está por delante y es inevitable, aunque no se le pueden poner, como he dicho, puertas al campo. Y es lícito que haya empresas, diversas empresas, distintas empresas que fijen sus posiciones, que planifiquen, que trabajen de cara a ese futuro que se avecina. Eso sí, naturalmente: sin que exista ningún favoritismo de ninguna clase y en condiciones de absoluta igualdad que el Gobierno siempre promoverá, protegerá e impulsará, no tengan la menor duda. Y eso sí: el centro de producción audiovisual, efectivamente, se integró como centro de producción, no de televisión local, en una plataforma de televisiones locales.
¿Por qué me consta que una de las líneas de negocio que quiere impulsar el centro, como centro de producción, es la venta de producción a las televisiones locales? Estar en una plataforma en la que están esas televisiones locales garantiza una comunicación que puede favorecer la venta de productos audiovisuales a esas televisiones locales. Es una línea de negocio importante del centro porque es un ámbito de la televisión local, es un mundo, es un sector de la televisión local que no está aún tan trillado como otros sectores productivos, y por eso el centro intenta meter la cabeza -digamos- en ese mundo, que tendrá un gran desarrollo futuro, de la televisión local. Y, desde ese punto de vista, eso puede ser saludado como legítimo y como razonable, pero no hay nada más.
Entonces, se ha montado un debate, a mi juicio, absolutamente artificial sobre este asunto. En este momento no hay una normativa de la Comunidad Autónoma. Está demostrado y está comprobado y está regulado en la comunicación del Gobierno cuáles son los pasos que va a dar el Gobierno en materia de política audiovisual. Y se hace constar en este documento que no tiene sentido dar ningún paso en materia de televisión local si no hay una previa ordenación clara del sector, si no hay una previa regulación clara del sector y si nos exigen estrictamente los pasos jurídicos que estén previstos en esa normativa. Y, naturalmente, esa normativa, toda normativa que se precie, posicionará a todas las empresas que puedan optar a esas futuras televisiones locales en condiciones de absoluta igualdad.
Por tanto, en el consejo de administración de la empresa Centro de Producción Audiovisual, S.A. no se ha planteado en absoluto lo que ustedes están diciendo, no se ha planteado en absoluto. Y no se ha planteado en absoluto porque una condición previa para plantear una cuestión de ese tipo es que el tema esté regulado, que la normativa exista. Y ése es un tema delicado, un tema que tiene una determinada proyección en el tiempo y que en absoluto está en este momento resuelto.
Así que comparezco una vez más para hablar de televisión, y comparezco una vez más por declaraciones que no ha hecho el Gobierno, por afirmaciones que no ha hecho el Gobierno, por propuestas que no ha hecho el Gobierno -las del Gobierno están aquí-, sino por propuestas que ha hecho un particular. Y estoy satisfecho de comparecer porque es mi obligación, pero les recuerdo que -insisto- comparezco no para explicar esta propuesta de cien folios, que es la del Gobierno, sino para explicarle sobre las declaraciones que un tercero, un particular, ha hecho a la prensa.
Quiero dejar, por tanto, bien claro que nosotros hemos actuado con absoluta honestidad, con absoluta transparencia, y me ha parecido oír algunas palabras bastante lamentables: la palabra fraude ha frotado sobre el salón. No querría recordar, no querría recordar, porque no es mi estilo, algunos fraudes del pasado.
Me parece lamentable que, no teniendo ocasión ni teniendo argumentos para lanzar los fraudes a este Gobierno, porque tienen muy poca materia que lanzarnos a la cara, estén aprovechando la menor coyuntura para traer, de manera torticera y descarada, una palabra que jamás podrán predicar de este Gobierno, y que, sin embargo, sí se pudo predicar de forma espectacular, vergonzosa y vergonzante para la Comunidad Autónoma respecto de otros gobiernos anteriores. [Rumores.]
Por tanto, insisto: actuaremos con transparencia, con la transparencia con que se actuó al preparar el concurso.
No me gusta que transformen la realidad de lo que he dicho en el pasado. También me parece una actuación poco noble por parte de algún interviniente anterior, que ha dicho que yo afirmé en una comparecencia ante las Cortes que al Grupo Cóndor se le había excluido por presentar una televisión local. Le recuerdo mis palabras, y eso no viene a cuento porque no tiene nada que ver con el asunto (ya he dejado clara cuál es la posición del Gobierno en este tema), pero sí viene a cuento para demostrar que se ha hecho una interpretación incorrecta, por no decir falsa, de lo que yo dije.
En relación con esas dos empresas, con el Grupo Cóndor y con el Grupo Rey, yo dije: «La comisión debió valorar ambas propuestas -es la transcripción del Diario de Sesiones-, la del Grupo Rey y Cóndor». Y ambas propuestas fueron valoradas, y la comisión de valoración encontró que ambas eran aceptables, de tal manera que por ninguna de ellas se hubiera quedado la convocatoria desierta, porque ambas ofrecían los mínimos que nosotros requeríamos para poner en marcha ese proyecto. Pero, entre las dos propuestas, la comisión de valoración, que, naturalmente, estableció unos índices de valoración, unos criterios en función de unos baremos variables, decidió que la propuesta que ofrecía mayores garantías era la del Grupo Rey. No falseemos, pues, la realidad, no falseemos la realidad, señor Tejedor, porque yo no dije lo que usted ha dicho.
Y digo: no tiene nada que ver con el asunto. No hay nada, ni se ha tratado en el consejo de administración -no se preocupe- el tema de la televisión local. No hay una regulación, en este momento, del tema de la televisión local. Y el Gobierno no entraría, a través del centro de producción, en un tema que está huérfano de regulación normativa, porque somos conscientes de que eso no es razonable, eso no es correcto y eso no puede ser.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Turno de réplica.
Diputado Tejedor, tiene la palabra.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Consejero, le decía en la intervención anterior, en nombre de mi Grupo, que le otorgábamos el beneficio de la duda. Retirado, en este momento, dicho beneficio.
Y ahora sí que creo que hay gato encerrado, después de escuchar sus palabras y después de ver que ha tenido usted que hacer el papel que quizás no se atrevía a hacer aquí, en esta tribuna, hoy, el Presidente de la Comunidad Autónoma, a quien iba dirigida esta solicitud de comparecencia.
Mire, ha expuesto usted aquí una serie de argumentos, argumentos absolutamente infumables y muy difíciles de sostener. Bajo el paraguas de «no hay regulación legal sobre las televisiones locales» y, en definitiva, «haga cada empresa lo que estime oportuno», está usted haciendo dejación de sus funciones como socio de una empresa privada que gestiona casi cuatro mil millones de patrimonio público y que pretende constituir una televisión local.
Eso es lo grave si es cierto, como ha dicho usted aquí, que el tema no se ha tratado en el consejo de administración, porque, ante el anuncio de dicho grupo, que dice que no solamente pretenden constituir una televisión local, sino que pretenden, incluso, negociar los derechos del fútbol para su explotación en aquellas comunidades autónomas que carecen de televisión autonómica y que pretenden solicitar un canal temático conjunto para su gestión en las plataformas digitales, vemos que todo encaja perfectamente con los designios del Partido Popular en política audiovisual. Y ustedes están poniendo su granito de arena en esa dirección. Y les recuerdo que, al poco de iniciar su andadura el centro de producción audiovisual, ya hablaron ustedes también de la posibilidad de participar, a través de ese centro, en la plataforma digital que auspicia Telefónica.
Luego vemos, en definitiva, que, por este camino, lo único que están pretendiendo ustedes es, burlando el control parlamentario y a los representantes del pueblo, constituir una televisión, fuera de todo control democrático, al servicio de sus intereses. Eso es fraude político, señoría, y no lo disfrace usted aquí con argumentos del pasado que no vienen a la cuestión de lo que son ahora sus responsabilidades. Su responsabilidad es que, en las bases del concurso público, nítidamente, se excluía esa posibilidad. Y ustedes, en el consejo de administración, no han querido decir ni esta boca es mía por que están de acuerdo, en el fondo, con lo que estos señores pretenden hacer, y van por activa y por pasiva, a legalizar en su momento esa posibilidad.
Mire, señoría, es verdad que cualquiera puede y debe, si quiere, montar una televisión local. De hecho, en estos momentos, en la ciudad de Zaragoza hay dos. A lo mejor dentro de un año hay cuatro, cinco, todas ellas alegales, es verdad. También ésta sería alegal, pero, claro, partiría con una ventaja considerable, que es la utilización de los medios materiales y de todo el equipamiento del centro de producción audiovisual del Actur, que se adjudicó en un concurso en el que no figuraba esa posibilidad. No pueden ustedes amparar eso, y por eso me molesta que aquí no nos haya dado razón clara de qué hará la Diputación General de Aragón.
Y dígame usted ahora, aquí, señor Consejero, ¿qué hará el Gobierno de Aragón si finalmente el Grupo Rey monta una televisión local al amparo de la situación de vacío legal que hay en estos momentos?, ¿qué hará?, ¿qué hará? ¿Cómo va a garantizar que, por ejemplo, ni una sola cámara de las que están en el centro de producción audiovisual del Actur, ni un solo medio personal de los que allí hay, ni una sola peseta de las allí invertidas se va a utilizar para ese fin? Porque, si se utilizara para ese fin, se convertiría en un fin espurio, que ustedes estarían amparando ilícitamente. Eso es lo grave, y ésa es la irresponsabilidad del Gobierno. Si usted me dice que eso lo va a garantizar, bien; pero, si no, tendrán que rescindirle definitivamente el contrato.
Miren, señorías, es verdad que la televisión ha sido un gran culebrón político desde el año 1987, en que aprobamos la Ley de la Corporación Aragonesa de Radiotelevisión. Si lo que ustedes quieren es tener un canal de televisión a su servicio, al que puedan controlar, les voy a decir una cosa: me parece, seguramente, un punto de discrepancia política, pero lo consideraría lícito. Pero lo que tienen que hacer ustedes es venir por la directa, venir con una actitud noble y transparente, porque para eso tienen cuarenta y un escaños que les apoyan, cuarenta y un escaños para derogar aquella ley si no les gusta, aprobar otra ley que regule un canal autonómico, regular la posibilidad de crear televisiones en el marco jurídico que sea posible, constitucionalmente hablando. Tienen ustedes esa mayoría parlamentaria, ¡háganlo!, pero no empleen esta vía indirecta, en la cual nos parece que no se juega responsablemente, desde el punto de vista político.
Cambien la ley y, así, todos y, en definitiva, los aragoneses tendremos la posibilidad de controlar sus actuaciones. Realmente, señorías, acabamos de ver que hay gato encerrado.
Y si decía el señor Mendi, que no me acordaba yo, que el Presidente del Gobierno de Aragón habló también de una «fuente de los incrédulos» cuando inauguró el centro de producción audiovisual del Actur, lo que estamos empezando a pensar es que la verdadera vocación del Presidente de la Diputación General de Aragón es gerenciar una empresa que empiece a producir y a fabricar un montón de «fuentes de los incrédulos», y que hace falta ya un plan especial sobre las mismas para colocar una en cada pueblo, en cada uno de los setecientos treinta municipios, porque, claro, si íbamos a colocar una para el «rubbiatrón», si íbamos a colocar otra en estos momentos para el centro de producción audiovisual del Actur y, no sé, otra para la cárcel de Zuera, creo que urge ese plan especial.
Desde luego, nosotros, desde ahora en adelante, sí que somos absolutamente incrédulos, a la vista de lo que en materia televisiva está pasando con cualquiera de estos planteamientos de «flores a María» que ustedes son tan dados a dar y a vender, y que, en definitiva, no esconden sino intereses al servicio partidista y particular del Partido Popular y no de los aragoneses.
Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Tejedor.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.
Diputado Mendi, tiene la palabra.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor Presidente.
Fraude, según el diccionario: «Engaño con que se perjudica a uno».
Sí, señor Giménez Abad; sí, señor Lanzuela, aunque no haya tenido la valentía política de salir hoy a esta tribuna: fraude porque se está engañando a los aragoneses; fraude porque, una de dos, o el Grupo Rey está engañando a su Gobierno o ustedes nos están engañando a todos los demás.
Y, mire usted, en este momento, si en algo está siendo sincero el Grupo Rey es en decir lo que piensa y en decir lo que va a hacer, porque estamos en un problema de una situación de hecho. No es un problema de derecho, está ocurriendo, y ustedes no están haciendo nada por que no ocurra, y eso es lo mismo que hacer todo lo posible para que esté pasando lo que hoy está sucediendo.
Está sucediendo porque ustedes están dejando hacer o porque ustedes quieren hacer..., ustedes o su socio de Gobierno también, porque tienen dos representantes en ese consejo de administración: usted y el señor Guillén, relacionado, me consta, con el Partido Aragonés. A no ser que, claro, alguna oscura relación u oscuro débito pueda tener el Grupo Aragonés o el Partido Aragonés con este grupo, ya que tanto está facilitando esta posibilidad de acceso a este medio de comunicación.
Mire usted, estoy dispuesto a reconocer que muchas de las cosas que usted ha dicho son verdad, pero es la misma verdad que ha dicho el señor Lanzuela. Y dichas, como se dicen, con esa media verdad, es lo mismo que no decir verdad.
«No se va a utilizar», «no se va a autorizar ninguna emisión desde el Actur»... Se lo repito: el problema no es ése, el problema no es ése. Se lo hemos dicho antes, desde la oposición: el problema es si ustedes están dispuestos a utilizar, a dejar utilizar, a permitir que cualquier instalación que es pública, de todos los aragoneses, la pueda utilizar una sociedad privada, que se podrá llamar Grupo Rey o que se podrá llamar con otro nombre.
Porque aquí no estamos para defender a ninguna televisión alegal, a ninguna; estamos para defender el dinero público, los medios públicos de todos los aragoneses. Y si ustedes están dispuestos a permitir que esa utilización genere un negocio privado (y no se va a emitir, probablemente, desde el Actur, y no se va hacer ni siquiera con el nombre del Grupo Rey, estoy convencido, incluso a pesar de que puede tener legitimidad), si se hace, se hará gracias a que puede estar en el Actur esta empresa. Y eso es fraude, fraude político y, posiblemente, también fraude jurídico del pliego de condiciones y del espíritu por el cual estas Cortes aprobaron en su momento que ese centro iba a reactivar el sector audiovisual aragonés.
Dígales usted a las pequeñas y medianas empresas audiovisuales aragonesas en qué están notando el gran empuje. ¿En que vengan aquí unas cuantas productoras -bienvenidas sean- a hacer unos espacios de televisión, unas telenovelas? De acuerdo, muy bien, nos parece muy bien, pero ¿ése es el problema del sector audiovisual aragonés? Esa no es la forma de reactivar ese sector.
¿Igualdad, señor Giménez Abad, señor Lanzuela? ¿De verdad es igualdad que ustedes, que gracias a ustedes los jóvenes aragoneses que quieran estudiar en el Actur tengan que pagar medio millón de pesetas? ¿Eso es igualdad? ¿Esa es la igualdad de la derecha? ¿Esa es la igualdad con los jóvenes que tienen que estar en el centro de formación de Los Enlaces? ¿Esa es la igualdad de su Gobierno? Eso no es igualdad, eso es elitismo, elitismo fomentado por su Gobierno.
Y lo que es más grave: podrían tener ustedes derecho a hacerlo particularmente, pero no lo hagan con mi dinero, no lo hagan con el dinero de todos los aragoneses. Eso es elitismo, eso no es igualdad.
Señoras y señores del Gobierno, creemos que el problema del centro audiovisual del Actur no es un culebrón. Hoy, desgraciadamente, es una víbora en manos del Gobierno, una víbora envenenada para ustedes y para todos los demás, porque el dinero público de todos los aragoneses está invertido en este centro audiovisual, y posiblemente, haya más cuestiones de fondo.
No es un problema de lo que hace esta empresa privada. Es que el comunicado no lo manda el Grupo Rey, lo manda el centro de producción audiovisual, y ustedes o no conocían esto o suscribían esto o están engañándonos a todos los demás. Y aquí pone «CPA», no pone «Grupo Rey» sólo, que el Grupo Rey puede hacer lo que quiera.
Aquí, ustedes dicen que van a negociar los derechos del fútbol, que van a entrar en una plataforma -no sabemos si será la suya o será otra-, que quieren hacer una federación de televisiones locales. Y esto lo dice usted, usted y nosotros, en ese 20%. Y a mí me preocupa ese 20%, aunque a usted no le preocupe tanto; me preocupa porque es nuestro, porque es de todos los aragoneses, y ustedes no tienen derecho a utilizar los medios de todos para beneficio de unos pocos relacionados con usted.
Ese es el problema de este Gobierno, ése es el problema de la derecha tantas veces, es el problema de las declaraciones del señor Aínsa, que se le han escapado. Ese es el problema, de verdad, de la derecha, ¿eh?: medios públicos para fines privados y para negocios privados. Eso es lo que están haciendo ustedes con los medios de todos los aragoneses.
El problema no es ése. El problema es si estamos dispuestos a recuperar, de alguna forma, el sentido común en ese centro. Y para eso, repito, usted tiene que comprometerse en esta tribuna. No lo ha hecho. Usted ha ido escapándose de la argumentación: «esta empresa podrá hacer lo que quiera», «desde el centro audiovisual no se va emitir». Repito: le doy la razón; pero, si se emite a través o gracias a los medios o gracias a una sociedad interpuesta con otro nombre, ¿usted va a denunciar ese convenio? Dígalo aquí: sí o no. Y no digo desde allí, ni digo con este nombre: con otra sociedad interpuesta. Si utilizan medios, ¿está dispuesto a romper ese acuerdo? Dígalo en esta tribuna...
[El señor Consejero, desde su escaño, interviene en los siguientes términos: «No».]
¿No? Muy bien, gracias. Por lo menos, el Partido Popular ha dicho las cosas claras: no está dispuesto a romper ese acuerdo. Ustedes son responsables de que una televisión local -sí, señor-, pagada con el dinero de todos los aragoneses, ustedes la faciliten, porque usted está diciendo lo contrario, aparentemente, de lo que dijo el señor Lanzuela. Usted, señor Giménez, está diciendo lo contrario de lo que dijo el señor Lanzuela en los medios de comunicación: que no iban a autorizar. Y usted ha dicho aquí, públicamente, desde esta cámara, que no lo van a impedir. Si no lo van a impedir, ustedes lo van a facilitar. Ha dicho «no»... [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Señores Diputados, éstas son las consecuencias de no atenerse estrictamente al Reglamento.
Saben los señores Diputados que no pueden intervenir si no es con la autorización del Presidente, y saben que, sin autorización del Presidente, tampoco nadie puede ser interrumpido mientras habla. Por tanto, seamos conscientes del valor y alcance de las expresiones de cada uno en los momentos determinados.
Puede continuar para concluir, señor Mendi.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor Presidente, pero me ha parecido muy ilustrativa la expresión que ha hecho el portavoz del Partido Popular, ya que no hemos tenido ocasión de escuchar las palabras del señor Lanzuela. Y, por lo tanto, lo que me ha parecido, quizás, lo más claro y definitivo de este debate es que el Partido Popular va a permitir, puesto que no lo ha impedido, esa posible emisión. Por lo tanto, señorías, desde nuestro punto de vista, repito, ustedes deberían comprometerse aquí a hacer lo contrario.
Si no lo hacen o no lo quieren hacer, desde luego, nosotros procederemos y presentaremos una propuesta, conjuntamente con todos los Grupos de la oposición que así lo compartan, para que quede absolutamente denunciado y roto el acuerdo por el cual se otorgó, con ese pliego de condiciones, la concesión del centro de producción audiovisual.
Y si fuera así y ustedes coincidieran en esta propuesta, estamos incluso dispuestos a recuperar el consenso en esta cámara, con una propuesta entre todos los Grupos Parlamentarios para dar una salida digna, positiva, al centro de producción audiovisual. Es más, quisiera que estas últimas palabras fueran en ese sentido positivo. Estamos dispuestos a recuperar el consenso; lo que no estamos dispuestos es a tolerar...

El señor PRESIDENTE: Diputado Mendi, le ruego que concluya. Si no, me veré obligado a retirarle la palabra.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Concluyo.
Si no, desde luego, lo que no estamos dispuestos a tolerar, señorías, señores del Gobierno, es que ustedes hagan negocios privados con dinero público.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Mendi.
Para dúplica, el Consejero de Presidencia tiene la palabra.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales (GIMENEZ ABAD): Gracias, señor Presidente.
Estamos asistiendo hoy, me da la sensación, en esta cámara a un debate de política ficción, porque, realmente, se nos está acusando de unos hechos que aún no se han producido. La oposición está insistiendo continuamente en denunciar algo que va a ocurrir, que presume que va a ocurrir, que yo he asegurado que no va a ocurrir y que, sin embargo, ustedes, están seguros de que va a ocurrir, y critican lo que va a ocurrir en el futuro.
Se ve que, como no hay hechos cotidianos para criticar, como no hay una realidad sobre la que hacer crítica, hacen una especie de ciencia ficción de cara al futuro, y critican al Gobierno en función de lo que ustedes piensan que va a ocurrir. Es decir, estamos haciendo un debate de política ficción que me parece absolutamente lamentable y, en algún punto, esperpéntico.
He dicho claramente que este tema no se puede plantear porque no hay regulación legal. Ustedes están forzando que se plantee. He dicho que el tema de la televisión local en Aragón, en estos momentos, no se puede plantear hoy y ahora, porque ni siquiera hay normativa que lo regule. ¿Cómo puedo expresar...?, no creo que se pueda expresar uno con mayor claridad sobre esta cuestión.
Y hay una serie de empresas privadas que están funcionando como televisiones locales, y hay empresas privadas que pueden estar haciendo los planes que estimen oportunos. Y, señor Mendi, ese comunicado que usted enseña con el nombre de «centro de producción audiovisual» es el relativo a la integración del centro en una plataforma de televisiones locales como centro de producción audiovisual (que lo he dicho antes). ¿Cómo va a integrarse como televisión local, si no lo es? Se integra, precisamente, porque una de sus líneas de negocio -a ver si es posible que la siga en el futuro- es el vender producción a las televisiones locales.
Ustedes están animando el cotarro en materia televisiva porque les favorece políticamente, y están diciendo que queremos hacer, los del Partido Popular y el PAR y el Gobierno, una especie de lanzamiento de una cadena de televisión para que apoye al Gobierno en el futuro. Pero, por favor, señor Mendi, ¡si son ustedes los que son especialistas en hacer eso!, ustedes.
Nosotros teníamos, perfectamente, la posibilidad de hacer una televisión pública y renunciamos a hacerlo, renunciamos a hacerlo. Nosotros dijimos que no íbamos a hacer una televisión al servicio de los intereses del Gobierno y lo hemos respetado absolutamente, y todos los pasos que se han dado hasta ahora han sido en la dirección de favorecer iniciativas privadas, iniciativas independientes, no controladas por el Gobierno. Entonces, no me diga usted que estamos intentando una operación de ese tipo, porque también es hacer política ficción. Están ustedes falseando la realidad sobre la base de unas determinadas declaraciones de un determinado señor, y no sobre la base de las propuestas, de las afirmaciones, de los documentos fehacientes que está utilizando el Gobierno. Y eso es falsear la realidad y es no decir la verdad. Y eso es estar engañando -como usted dice- al pueblo aragonés. A mí sí que me parece que es eso engañar al pueblo aragonés.
Me es difícil, de todas maneras, conseguir las dosis de demagogia y cinismo que se han conseguido en este debate por parte de los portavoces de esta oposición, así que tendré que ir aprendiendo, pero me parece que de los vicios y de los defectos de cinismo y de la demagogia, que es impropio del estilo de este Gobierno, hay muy poco que aprender. Espero no aprenderlo nunca.
Gracias, señor Presidente.
[Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Intervención de los Grupos Parlamentarios no proponentes de la comparecencia.
Grupo Parlamentario Mixto.
Diputado Bernal, tiene la palabra.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Presidente del Gobierno, señor Consejero de Presidencia.
Voy a hablar en nombre de Chunta Aragonesista, que también es Grupo de la oposición. Este que les habla, también es Portavoz de la oposición.
Hace un año, aproximadamente, un poco más de un año y un poco menos, porque hubo dos debates el año pasado sobre esta cuestión, dije desde esta misma tribuna, señorías, que, en Aragón, la televisión, como las bicicletas, es para el verano, y a las pruebas me remito: se acercan otra vez los calores y otra vez volvemos a hablar de televisión. ¿Está justificado? Sí; no menos de lo que lo ha estado a lo largo de los últimos diez años y no más de lo que lo ha estado a lo largo de los últimos diez años.
Yo quiero recordar, antes de nada, que estas Cortes están para debatir sobre todo aquello que incumbe a Aragón, pero también y fundamentalmente sobre aquello que compete a la Comunidad Autónoma, que compete al Gobierno de Aragón y que compete a estas Cortes.
Y lo que compete al Gobierno de Aragón está ya legislado, señorías: el Estatuto de Autonomía dice, en su artículo 37.1.1, que tenemos competencias de desarrollo legislativo y ejecución en materia de radiotelevisión. Dice que «la Comunidad Autónoma podrá regular, crear y mantener su propia televisión, radio y prensa y, en general, todos los medios de comunicación social para el cumplimiento de sus fines». Para el cumplimiento de sus fines. Este es el debate, éste es el debate de la televisión en esta cámara: el porqué no estamos llevando a cabo un desarrollo legislativo y la ejecución en materia de radiotelevisión.
Y también hay una referencia en el Estatuto, en la disposición transitoria decimotercera, a que hasta la transferencia del tercer canal -esto que parece que caerá algún día como un maná-, hasta la transferencia del tercer canal de titularidad estatal de radiotelevisión, se tendrá una programación específica en la segunda cadena. Esto está en el Estatuto, más allá de contratos, de privatizaciones. Esto está en el Estatuto, y de esto no se habla en estas Cortes.
También estas Cortes legislaron y llevaron a cabo, aprobaron por unanimidad, una ley, la Ley 8/1987, de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, ley que también está sin desarrollar.
Estos son los deberes que deberían hacer las Cortes de Aragón, éstos son los deberes que debería llevar a cabo el Gobierno, esto. ¿Por qué el Gobierno no desarrolla esa ley que sigue vigente y tampoco la deroga? No sabe, no contesta.
Pero aquí lo importante, por lo visto, es siempre hablar del edificio del Actur. Y el edificio del Actur, señorías, ya que quieren hablar del edificio del Actur, ¿saben para qué se construyó?: se construyó para albergar, producir y emitir una radiotelevisión pública aragonesa. Para eso se hizo.
En su día, hace un año, Chunta Aragonesista ya manifestó a través de este Portavoz, en esta misma tribuna, nuestro desacuerdo con dos cosas: primero, con que desde el Gobierno se renunciara a desarrollar aquello en lo que se tienen competencias, que desde el Gobierno se renunciara a desarrollar una política audiovisual propia, con una emisión propia. Y también manifestamos nuestro desacuerdo porque, a través de aquel pliego de condiciones para la adjudicación del centro del Actur, lo que se hacía era arrendar a una sociedad privada, con una participación simbólica de entre el 10% y el 20% (finalmente, el 20%), a una entidad privada -digo-, alquilarle, arrendarle un edificio público, construido con dinero de todos los aragoneses, por ciento cuatro millones al año. Y manifestábamos nuestro desacuerdo, aparte de por privatizar esa propiedad pública de todos los aragoneses, fundamentalmente, porque esa sociedad iba a escapar -y eso ya lo anunciamos el año pasado- al control no sólo de estas Cortes, sino incluso del propio Gobierno de Aragón, ya que participa como convidado de piedra con un 20% en esa sociedad.
Por lo tanto, no hay nada nuevo, señorías, no hay nada nuevo desde el año pasado. Ustedes decidieron, desde el Gobierno, dar el paso y tirar por esta calle, y las cosas que están pasando ahora no son más que consecuencia de aquello. Es decir, el Gobierno abandonó y renunció, el Gobierno optó por el abandono y por la privatización, por el abandono de sus responsabilidades que vienen recogidas en el Estatuto y por la privatización de ese bien público, y en diciembre de 1996 el Gobierno seleccionó al Grupo Rey para la adjudicación del centro del Actur.
Yo quiero recordar, señorías, que en la base primera del anexo de la Orden del 31 de julio de 1996, publicada en el Boletín Oficial de Aragón el 2 de agosto, se decía, en cuanto al objeto de la creación de esta sociedad, que uno de los fines era la utilización como estación de cabecera para la producción de programas destinados a su difusión (se suponía que alguien los iba a difundir, se suponía que alguien los iba a emitir). Y la otra, que es todavía más clara, decía que serviría para otros fines, «cualesquiera otros», se decía, «cualesquiera otros ligados directamente a los anteriores que permitan una explotación integral del centro».
Señorías, yo he visitado el centro y sé que aquello sirve para emitir; de hecho, se construyó para emitir, y, por lo tanto, el que se emita no es más que contribuir a una explotación integral del centro. ¡Si el problema no está en la emisión...! Parece, señorías, en esta ceremonia de la confusión sobre la radiotelevisión en Aragón desde hace diez años, que el problema, la bestia, la mala bestia es la emisión. Para nosotros, la mala bestia no es la emisión. Lo que levanta pasiones y lo que levanta subterfugios -como diré-, es la emisión. ¿Quiere esto significar, cuando el Gobierno dice que no sabía nada de esto, que el Gobierno no quería que se emitiera? Yo no me lo creo, no me lo creo porque el Gobierno, por esa regla de tres, o va de pardillo y saca unas condiciones que luego permiten que se emita o, si no va de pardillo, quiere hacerse el pardillo para que vayamos de pardillo los demás. ¡No, no, no! O va de pardillo, o quiere hacerse el pardillo, pero yo no me creo que el Gobierno no quisiera que se emitiera desde ese centro.
Otra pregunta: el Grupo Rey, cuando optó al concurso, ¿no pensaba tampoco emitir desde ese centro? No me lo creo. El propio director general del centro de producción audiovisual ha dado la clave, sí, nos la ha dado a todos: ha dicho que el Gobierno sí que sabe esto, que el Gobierno sabe aquello en lo que le afecta. Y eso es lo que sabemos desde hace un año: el Gobierno, de según qué cosas, no quiere saber, y, de según qué otras, no quiere ni controlar él ni que se le controle públicamente desde las Cortes.
Esta sociedad anónima, señorías, esta sociedad mercantil, escapa, en realidad, de estas Cortes. Estamos haciendo un debate... Bueno, siempre que se abran debates es bueno en estas Cortes. Pero sabemos que estas Cortes, en estos momentos, no tienen competencia sobre esa sociedad anónima que el Gobierno decidió crear y que estas Cortes mayoritariamente, con el desacuerdo, desde luego, de Chunta Aragonesista, decidieron crear.

El señor PRESIDENTE: Diputado Bernal, debe concluir.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Voy a ir concluyendo, señoría.

El señor PRESIDENTE: No, no; debe concluir.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Sí que es cierto que el Grupo Rey no fue explícito en lo relativo a emitir, no puso el acento en ello, pero nada se lo impide. Esa es la cruda realidad: no puso el acento, pero nada se lo impide.
A nosotros, como he dicho, no nos preocupa que se emita; lo que nos preocupa es todo el itinerario previo, este culebrón que hemos ido conociendo desde hace un año. Lo que nos preocupa es que, en su día, primero, se hurtara el debate real a estas Cortes; segundo, no se fuera lo suficientemente explícito, ni por parte del Gobierno ni por parte del Grupo Rey, y, tercero, se hurtara a estas Cortes el control definitivo de lo que puede ocurrir en el Actur. Ese es el problema.
Entre tanto, a nosotros nos parece, nos sigue pareciendo imprescindible para Aragón, de cara al futuro, disponer de una política audiovisual propia; nos parece imprescindible contar con un cauce y con un canal para la expresión de la identidad cultural aragonesa; nos parece imprescindible contar con un canal o un cauce de información y de conocimiento de nuestras realidades, de nuestras inquietudes, de nuestros anhelos; nos parece imprescindible contar con un eje fundamental de comunicación, con un instrumento de articulación territorial y comunitaria, como factor de equilibrio y de desarrollo territorial, y nos parece necesario e imprescindible contar con una infraestructura básica como es la televisión, sobre todo de cara al futuro.
Entre tanto, nosotros seguimos apostando por un modelo de televisión pública, abierto a la participación del capital privado, es decir, como ya dije desde esta tribuna: un modelo de gestión mixta que, al tiempo que incorpore los avances de gestión en la empresa privada, garantice -y esto es lo que se está hurtando por parte de los poderes públicos- el control público que permita alcanzar los niveles mínimos de objetividad en la información que se emita desde el Actur.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
Diputado Bescós, tiene la palabra.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente. Señorías.
Hemos oído en estas Cortes de Aragón las manifestaciones más contradictorias, más divergentes en relación con la cuestión de la televisión. Y yo creo que ante todo debe colocarse, en el preámbulo de cualquier intervención, los hechos, los hechos claros, los hechos descarnados, tal como son, y no tal como quisiéramos que fueran.
Y la primera cuestión, entonces, es si se emite o no se emite. ¿Se está emitiendo en este momento por parte del Grupo Rey, directa o indirectamente? Y la respuesta es: no. Entonces, evidentemente, si no emite, en principio se pueden adoptar fórmulas precautorias, pero, normalmente, la venda vendrá detrás de la herida, habrá que esperar a la herida para que a continuación concretemos cuál es la entidad y la dimensión de la venda.
Y la segunda cuestión es si realmente se han adoptado, por parte del Gobierno de Aragón, las precauciones precisas, es decir, si en el contrato de adjudicación del complejo del Actur se concretó de una manera precisa, de una manera terminante, aquello para lo que se podía utilizar el complejo audiovisual. Y, examinando claramente el contrato, observamos que sí, que el destino de la industria «será la explotación como centro de producción audiovisual». Se dice en términos claros, en términos categóricos, en términos tajantes. «Este destino -dice a continuación la cláusula primera- no podrá ser alterado sin consentimiento del arrendado».
En definitiva, por tanto, las medidas están tomadas, y está perfectamente claro y meridiano que el Grupo Rey no podrá utilizar el centro del Actur para otra cosa distinta de la de producción audiovisual.
Estos son los hechos fundamentales que tienen que enmarcar, necesariamente, cualquier polémica que se sustancie al respecto, porque otra cosa sería, tal como ha apuntado el Consejero de Presidencia, claro falseamiento de la realidad, demagogia, cinismo, sacar viejas polémicas, y muertos del armario.
Es preciso concretar cuál es la postura del PAR en esta materia y cuáles son las posibilidades de emisión en la programación televisiva.
En cuanto a la primera parte, indicaremos que debemos ratificarnos en cuanto dijimos en debates anteriores. El PAR no renuncia en absoluto a una televisión que tenga como guía y directriz la defensa y promoción de la identidad aragonesa, la defensa de nuestra cultura, de nuestro modo de ser, de nuestro acervo.
Dicho esto, hay que afirmar también que la solución adoptada por el Gobierno de Aragón sobre el tema de la televisión nos pareció una salida de coyuntura, una salida hábil que permitía resolver el problema inmediato dejando la cuestión fundamental para el futuro. A través de la solución ofrecida por el Gobierno de Aragón, se desbloqueó y dio utilización a las instalaciones del Actur, se potenció el sector audiovisual al contar con la colaboración de la empresa privada. Pero no puede decirse de ninguna manera que el PAR perdiera el rumbo y norte, que perdiera los objetivos a medio plazo. De ahí que insistiéramos en que la adjudicación debería realizarse por un plazo limitado, cinco años; a su término, veríamos cuáles eran las consecuencias, desde todos los puntos de vista, y reconsideraríamos la posibilidad o no de prórroga.
Y decíamos también en nuestra intervención que, necesariamente, el centro del Actur debería tener una especial dedicación a temas noticiarios y documentales aragoneses y que el Gobierno de Aragón debería promover iniciativas en este sentido. En definitiva, la utilización del centro del Actur nos pareció siempre una solución menos mala, una solución razonable, una solución política.
Se plantea ahora la cuestión de la emisión por parte del centro de producción audiovisual o por parte del Grupo Rey. Tal como se desprende de la cláusula del contrato, necesariamente, la empresa creada, el centro de producción audiovisual, si quiere destinar el edificio a cualquier fin distinto del de la producción audiovisual, debería solicitar la autorización de la Diputación General de Aragón, autorización que, no podría concederse; evidentemente, no podría la Diputación General de Aragón competir con las demás televisiones privadas a través de un complejo, a través de un edificio, de unas instalaciones de carácter público.
Otra cosa distinta es que la empresa, que el Grupo Rey, como cualquier otra empresa, pudiera crear una televisión local. En el caso de que el Grupo Rey o cualquier otra empresa quisiera crear una televisión local, estaríamos dentro de un ámbito general, estaríamos moviéndonos dentro del equilibrio entre el principio de la libertad de empresa que se garantiza en la Constitución y la prohibición la competencia desleal, que sanciona las prácticas abusivas, que prohíbe la posición preeminente en el mercado. La legislación «anti-trust», la que trata de evitar la posición abusiva en el mercado, que trata de evitar la deslealtad, que trata de evitar las prácticas contrarias a la buena fe, ya existe desde hace mucho tiempo, en la legislación española; consecuentemente, no puede decirse que todo se lo guisaría y se lo comería el Grupo Rey. Al Grupo Rey, si decidiera crear una televisión local, le sería de aplicación la legislación vigente y, necesariamente, debería moverse en el ámbito que esta legislación vigente establece.
En definitiva y en conclusión, entendemos desde el PAR que la vía utilizada para poner en funcionamiento el complejo del Actur es una buena solución momentánea, sin perjuicio de que deba ser reconsiderada, en toda su profundidad, dentro de cinco años. Se ha desbloqueado la situación y se han establecido criterios para lograr una formación audiovisual, un impulso en esa dirección.
El contrato de adjudicación -y ello nos deja plenamente tranquilos- prevé que no pueda cambiarse, que no pueda modificarse el destino del complejo audiovisual si no es con autorización de la Diputación General de Aragón. Es decir, todo está atado y bien atado. No se ha pedido tal autorización y no parece que pudiera otorgarse. En el caso de que el Grupo Rey, como en el caso de cualquier empresa, quisiera crear una televisión local, esa posibilidad debería ser contemplada por todos y cada uno de los poderes públicos, conforme a la legislación vigente, sin que en ningún caso pudieran darse situaciones de deslealtad, situaciones contrarias a la buena fe, situaciones de abuso de derecho.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bescós.
Grupo Parlamentario Popular.
La Diputada Fierro tiene la palabra.

La señora Diputada FIERRO GASCA: Señor Presidente. Señorías.
Señor Consejero, cuando los temas están agotados, sobran muchas palabras, y creo que hoy, en esta cámara, han sobrado muchas palabras, bastante mal dichas, por cierto. Y he sentido la sensación de que estábamos en un debate estéril, perdiendo el tiempo y hablando de algo que no es que no interese a los aragoneses (todo interesa a los aragoneses, y cómo no va a interesar un tema de televisión); lo que no interesa es que estemos aquí los unos contra los otros, no sabemos muy bien por qué, buscando argumentos contra un Gobierno que está haciendo y que, además, quiere hacer bien las cosas. Y eso, desde luego, me parece tremendamente lamentable.
Hemos debatido mucho en esta cámara, en esta legislatura, en la anterior, incluso en la segunda legislatura, sobre el problema de la televisión en Aragón. La última vez hablábamos de la oferta que se había producido en el seno del Gobierno para poder utilizar ese centro de televisión, para hacer rentable ese dinero que había salido de todos nuestros bolsillos, de los bolsillos de todos los aragoneses, y estábamos hablando -incluso el propio señor Tejedor lo decía- de que era una oferta limpia y transparente. El Justicia de Aragón, incluso, en su informe, se manifestó en la misma línea. Hubo agoreros como el señor Mendi, al que le gusta ser profeta no sé muy bien de qué. Incluso decían que no iba haber ofertas y que iba a quedar desierto el concurso. Pues no fue así, ya ve usted.
Y ahora estamos, otra vez, hablando del mismo tema, de la misma cuestión, en vía a que hay una iniciativa privada. Las iniciativas privadas, las iniciativas empresariales, evidentemente, hay que defenderlas a capa y espada, siempre y cuando no atenten, por supuesto, contra la legalidad o contra la moral pública. Y, desde luego, el Gobierno, ahí, va a estar vigilante, y no voy a repetir aquí el discurso que ha hecho el señor Consejero.
Esa es la auténtica realidad. Aún me acuerdo cuando el Grupo Parlamentario Socialista, entonces, se oponía a que se instalase en Aragón la General Motors. Afortunadamente, El Corte Inglés se puso antes de que estuvieran estas Cortes, si no, aún estaríamos dudando de si conceder o no la licencia para que instalase aquí El Corte Inglés. Parece que a los socialistas lo único que les parecía bien es que nos instalasen una gran cárcel en Aragón. Pero, bueno, voy a ir al discurso.
¿Y cuál es el discurso? El discurso es, simple y sencillamente, que hay una iniciativa privada que quiere trabajar por y para Aragón, y que hay un Gobierno sensato, consciente y vigilante para que esas iniciativas vayan por un cauce de legalidad. Y ésa es la realidad de hoy, y habrá que pedir explicaciones, evidentemente, a aquellas empresas que quieran utilizar esos medios públicos para los cuales acudieron a una oferta.
Y para utilizar los medios públicos, señor Mendi, evidentemente, hay que pagar, como todos hemos pagado cuando hemos ido a la Universidad: los hijos de la derecha, los hijos de la izquierda y los hijos de los que no tienen filiación política. Y le digo seriamente, y usted lo sabe muy bien, que llevo muchos años militando en el Partido Popular, y antes en Alianza Popular, y he tenido cargos importantes dentro del partido, con responsabilidad sobre las bases, y le garantizo que los ricos no están en el Partido Popular: los ricos están en todas partes. Y los que se han enriquecido rápidamente y recientemente tampoco están ahora en el Partido Popular, curiosamente. No entremos en esos viejos lenguajes de pobres y ricos, que no conducen absolutamente a nada más que a llevar crispación a esta cámara y a no hablar de los problemas que de verdad preocupan a los aragoneses.
Aboguemos, pues, por que las iniciativas empresariales se produzcan en Aragón, por que Aragón tenga un buen futuro para el audiovisual y por que todos los aragoneses estemos contentos, sufriendo el menor daño posible en nuestros bolsillos, y que con aquellos dineros que salen de esos impuestos se consiga tener en Aragón un buen medio audiovisual, venga de donde venga, pero siempre dentro de las líneas de la legalidad.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Diputada Fierro.
Finalizado el punto dos del orden del día, pasamos al punto siguiente, que es el debate y votación del dictamen de la Comisión de Reglamento sobre la proposición de reforma del Reglamento de las Cortes de Aragón.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra un miembro de la Comisión. Diputado Gimeno, tiene la palabra.

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