Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

No sé si esta ordenación del debate tiene mucho sentido, pero, desde luego, la aceptamos desde el principio.
Voy a continuar con mi intervención, no voy a hacer referencia a lo que he anunciado anteriormente, voy a continuar mi discurso para hacer una serie de reflexiones con relación a la carta que el director de imagen y comunicación dirigía a los medios informativos de nuestra Comunidad Autónoma. Decía que en esa carta la dirección, y textualmente, "como persona cuyo trabajo tiene la única finalidad de atender las necesidades informativas de todos los medios, me resulta enormemente doloroso haber llegado a la conclusión de que ésta era la mejor salida posible", y leo textualmente: ni añado, ni quito, ni pongo comas. La pregunta, la reflexión que el Grupo Parlamentario Popular, en la figura, en este caso concreto, de su Portavoz, se plantea es la siguiente: ¿consideran ustedes, señores del Gobierno, como la mejor salida posible a la situación creada la vulneración de los principios institucionales -repito-, la vulneración de los principios constitucionales? Esa es la mejor salida que tiene el Gobierno de la Diputación General de Aragón ante unos temas concretos.
Decía que no iba a hacer un análisis exhaustivo, no, pero, miren, hay otra cosa que me llama poderosamente la atención de esa carta: compara usted al segundo periódico de tirada nacional, el segundo, y casualmente esta mañana, cuando venía a este Pleno, en la radio escuchaba que ABC -y en este caso sí nominalizo-, era, después de El País, el segundo periódico de tirada nacional, después de El País. Como un folleto de propaganda partidaria -textualmente-, carente de clarividencia, y lo compara usted con Alcorce y El Socialista, y lo ratifica ahora con la cabeza, el Consejero de Agricultura del Gobierno de la Diputación General de Aragón, lo ratifica. Mire usted, ya no solamente lo dice el Presidente: lo ratifica el Consejero de Agricultura. ¡Hombre!, comparar ustedes ABC con El Socialista o con Alcorce, con el mayor respeto a ellos, es comparar a El País con el periódico de la juventud de mi pueblo, que tiene por título..., es una revista mensual que hacen los jóvenes de mi pueblo que se llama La Atalaya; lo mismo, oiga, mire usted, lo mismo, idénticamente igual.
Miren ustedes, ¿no se dan cuenta de que con esas calificaciones no están ofendiendo ustedes, no, al periódico ABC, sino a los miles y miles de lectores y suscriptores que tiene ese periódico, que están hablando, no sé, de que no tienen credibilidad sus noticias? Mire usted, esa carta, de todos modos, no hay por dónde cogerla, absolutamente por dónde cogerla.
Pero mire usted, dos últimas consideraciones a que me gustaría que el Gobierno me respondiese ahora, dos últimas consideraciones. Vuelvo a repetir lo que he dicho al principio: nadie interprete mis palabras como nada ofensivo contra ninguna persona ni contra ningún medio de comunicación. En nuestra interpelación hacíamos referencia a dos medios de comunicación que habían sido excluidos -lo hubiésemos hecho con cualquiera que hubiese sido la nominación de los medios de comunicación-: ABC, el Diario de Teruel, Antena 3 Televisión, etcétera.
Usted ha dicho en su intervención, señor Peruga, que ya habían rectificado. Mire usted, yo simplemente voy a enseñarle, si no lo ha visto, el resumen de prensa de hoy: rectificación a medias, y rectificación a medias con ABC. ¿Ya han rectificado ustedes con el Diario de Teruel? Dígannoslo.
Con fecha 20 de septiembre del noventa y tres, la Presidencia de la Diputación General de Aragón, mediante oportuno decreto, nombró a don Jesús Bueno Bernal director del Area de Comunicación e Imagen de la Presidencia de la Diputación General de Aragón. Este decreto se dio en base, curiosamente, al artículo 39 de la Ley 3/84, de 22 de junio (personal de confianza o asesoramiento especial), y no al artículo 36 de la misma Ley, como venía siendo habitual y que establece unos requisitos de nombramiento análogos a los directores generales. Hasta aquí, parece que nada nuevo.
Por otra parte, también en su nombramiento se invoca el Decreto 124/92, de 1 de agosto, que en la fecha en la que el Decreto fue dado, en su artículo 10.2, establecía textualmente: "el nombramiento de los miembros del Area de Comunicación e Imagen se efectuará de forma análoga a la establecida para la de los gabinetes, excepción hecha de su titular, que se llevará a cabo de conformidad a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 3/84, de 22 de junio".
Ustedes, conscientes de la chapuza -y me permiten que les diga lo de "la chapuza"-, elaboran otro Decreto -capacidad de elaborar decretos-, el 115/93, de 29 de septiembre, mediante el cual tratan de remediar la situación creada modificando parcialmente el Decreto 124/92, en base al cual se hizo el nombramiento, estableciendo... ¿qué establece ese nuevo Decreto que ustedes elaboran, el 115/93, de 29 de septiembre?: "el Area de Comunicación estará integrada por un titular responsable de la misma, que tendrá el rango de director general en caso de ser funcionario, y de personal eventual si no fuera", abriendo la vía, de este modo, al señor Bueno para acceder al cargo.
Vuelvo a incidir -lo he dicho dos veces y lo digo por tercera vez-: nada personal en absoluto tenemos contra el señor Bueno; sí lo tenemos contra los trámites realizados por el Gobierno de la Diputación General de Aragón. No deja de ser sorprendente que el nombramiento del señor Bueno, Decreto 29/93, no se publicara en el BOA hasta el día 29 de noviembre del noventa y tres, es decir, prácticamente dos meses después.
Ustedes pensaban que el tiempo iba a borrar esa metedura de pata. Pues no, mire usted, no lo ha borrado. No era intención nuestra sacarlo a la luz, no era intención nuestra; lo podríamos haber hecho, pero no era nuestra intención: no pretendemos crear más frustraciones ni más crispaciones en esta cámara.
Señor Presidente de la Diputación General de Aragón, nombró al señor Bueno el 20 de noviembre de 1993 en base a una normativa que exigía que el señor Bueno fuera funcionario, y, por lo tanto, tenemos serias dudas para pensar que su nombramiento puede ser nulo, aunque ustedes hayan procedido posteriormente a darle la vuelta a la normativa ajustándola a unas condiciones especiales y concretas. Y digo que tenemos serias dudas; por eso, lo que le solicitamos es que de la misma forma que el Justicia de Aragón intervino para rectificar errores en cuanto al nombramiento de los Consejeros del Gobierno del señor Marco, recurran al señor Justicia para que les haga un informe en el que digan si el nombramiento realizado por el Presidente de la Diputación General de Aragón, el 20 de septiembre de 1993, del señor Bueno como director de imagen y comunicación está sujeto a derecho y, por lo tanto, es bueno, es positivo y es válido. Simplemente, esa recomendación. Háganla. Simplemente pediremos, si ustedes callan, que el Justicia en su informe haya dicho que está sujeto a derecho y que, por lo tanto, ahí hemos terminado, y le daremos albricias y felicidades al señor Bueno.
Y la segunda -termino, señor Presidente- reflexión: ¿quién contrata los convenios de colaboración con los medios de comunicación y las condiciones de los mismos, quién los contrata? No me voy a responder; espero que me responda el representante del Gobierno. Será muy fácil, quizás, que me diga que los contrata, lógicamente, el Gobierno de la Diputación General de Aragón; pero espero que me responda usted claramente a estas dos reflexiones.
Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gimeno.
Segunda interpelación, número 25/93, relativa a las relaciones de la Diputación General de Aragón con el diario ABC, formulada por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
Señor Caudevilla, tiene la palabra para la exposición de esta interpelación.

El señor Diputado CAUDEVILLA ARREGUI: Muchas gracias, señor Presidente.
Realmente, y si nos atenemos con fidelidad a la forma en que está presentada la interpelación del Partido Aragonés, después de quince días transcurridos, puesto que se presentó el 30 de noviembre, después de una proposición no de ley de Izquierda Unida, después de una interpelación del Partido Popular y una posterior pregunta que queda todavía, después de lo que los hechos nos han mostrado durante estas dos semanas, realmente la interpelación casi que está pasada, y en el Grupo nos planteamos la posibilidad de retirarla. Sin embargo, pensamos que era un momento más que adecuado para, aunque fuese en unos brevísimos minutos, debatir algo sobre la libertad de expresión.
Decía nuestra interpelación, y se refería al Gobierno de Aragón, que si ratifican las afirmaciones realizadas por el director de Comunicación e Imagen de haber sido víctima de un chantaje por parte del diario ABC. Los hechos han venido a demostrar que el Gobierno de Aragón no sólo no ratifica, sino que ha rectificado su actitud; parece que la relación con el diario ABC es la normal con un medio de comunicación social, aunque si hemos de hacer caso a las últimas noticias aparecidas en los medios de comunicación de hoy, parece que la cuestión de la publicidad institucional no está totalmente resuelta. Cuestión grave sería ésta, porque ya me dirán ustedes si después de la sesión de hoy en que vamos a aprobar una proposición no de ley, vamos a oír dos interpelaciones y una posterior pregunta en la que vamos a clamar todos por la libertad de expresión, ya me dirán si a pesar de todo no se consigue repartir adecuadamente la publicidad institucional, ya me dirán qué pueden hacer estas Cortes de Aragón ante una actitud que podemos clarificar claramente como de cuasi dictatorial.
Y a este respecto, yo, con suma brevedad, voy a recordar el artículo 20 de la Constitución, por el cual se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. También dice que reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir información veraz por parte de cualquier medio de comunicación. Esto es lo que la Constitución dice, lo que todos estamos obligados a cumplir, y sobraría todo lo demás, no debemos entorpecer esta cuestión en modo alguno. Lo que manda la Constitución es que los ciudadanos y los poderes públicos, y la Diputación General de Aragón, y cada uno de sus órganos lo son, están no sólo sujetos a la Constitución, sino al resto del ordenamiento jurídico.
Es natural, es democráticamente natural que en el ejercicio de su misión informativa, ni todos ni la mayoría de los medios de comunicación social coincidan o defiendan los criterios del Gobierno, y más natural todavía a partir de lo sucedido el 15 de septiembre pasado. Ahora bien, esa disparidad crítica entre lo que digan los medios, o muchos de ellos, y lo que querría el Gobierno, nunca debió llevar a una acusación tan grave como la de imputar una intención chantajista al diario ABC o a cualquier otro medio de comunicación.
Aquí es donde se puede advertir la doble peligrosidad de semejante tratamiento; de una parte porque al hacer esa acusación al ABC está asumiendo aquella doctrina de "muera el que piensa, el que no piense igual que pienso yo" -por supuesto que me refiero a muerte intelectual-, es decir, está negando el derecho a discrepar, está prohibiendo, de paso, la pluralidad de opinión, y, obviamente, la ideológica. De otra parte, porque los comunicados hechos o remitidos al menos por la dirección de Comunicación e Imagen de la Diputación General de Aragón respecto de ABC están señalando un camino que puede generalizarse en perjuicio evidente de la libertad, y, si no hay libertad, es inútil todo lo demás, sobra todo lo que hagamos y digamos.
Comprendemos como nadie lo difícil que es soportar para un equipo de Gobierno la presión de los medios de comunicación social en estos momentos en nuestra Comunidad Autónoma. Estamos atravesando, tiempo ha, una situación de especial crispación, no sólo después de la moción de censura del 15 de septiembre, sino incluso antes. Nadie como los miembros del Partido Aragonés para explicar, para poder decir lo que significa soportar situaciones adversas; situaciones de calificaciones y descalificaciones más o menos justas o arbitrarias; situaciones en las que se ha hablado de las cuentas menudas pero de intenciones no menudas; situaciones en las que ciertas calificaciones, ciertas valoraciones no resultaron tales, podemos hablar de calumnias más o menos intencionadas y, sin embargo, a ningún miembro del Partido Aragonés se le ocurrió arremeter contra ningún medio de comunicación.
Por eso comprendemos lo que es estar en el Gobierno y soportar esa presión; pero eso no significa que nos lleve a justificar lo injustificable, ni su causa ni sus consecuencias, aunque sea la causa del tipo que sea -digamos que en este caso, parece ser mobiliaria-, no es ni objetiva ni democráticamente aceptable que un gran órgano del Gobierno de Aragón -que, en este caso, por su comportamiento desafinado, más bien lo podríamos calificar de "organillo"- rompa relaciones con un periódico y deje anunciado que hará lo mismo con todos los medios de comunicación por -digámoslo claramente- un sillón más o menos. ¿Qué tendríamos que haber hecho en el Partido Aragonés ante lo que nosotros nos hemos visto escrito? No podemos justificar tampoco ninguna consecuencia que se aparte de la normalidad democrática, y la normalidad democrática requiere discrepancia, porque otra cosa equivaldría a una especie impensable de uniformismo ideológico por el cual nosotros ni estamos, ni predicamos, ni mucho menos aceptamos.
Y quiero terminar mi breve intervención dedicando esta lectura de los artículos de la Constitución y esta reflexión de principios elementales de funcionamiento democrático, dedicándola a los miembros del Gobierno de Aragón, a los miembros del Partido Socialista Obrero Español, pertenecientes, hoy, al Gobierno de Aragón, porque habitualmente este Gobierno hace alarde de llamarse, una vez y cien veces, "Gobierno de progreso", hace alarde de pedigrí democrático, y bien ganado. Ninguno de los miembros de este Gobierno es partidario de regresar al pasado, ninguno tiene nostalgias de la dictadura, porque ninguno ha pertenecido al partido único; ningún miembro de este Gobierno es peligroso, porque ni es nacionalista ni ha mamado en las ubres del franquismo. Y digo estas afirmaciones (otras me las guardo para mejor ocasión) porque es así como por destacados miembros de este Gobierno se ha calificado a la militancia en general y al Partido Aragonés en particular. Sin embargo, observen que no hemos sido nosotros los que llamamos a los miembros del Partido Socialista "elementos peligrosos", porque eso no es una correcta interpretación de la libertad de expresión; ni hemos sido nosotros los que hemos puesto en peligro, gravemente en peligro, la libertad de expresión. Lo cual me lleva a afirmar, públicamente y desde esta tribuna, algo que yo particularmente ya pensaba hace tiempo, y es que hablando de progreso y de progresismo unos llevan la fama y otros cardan la lana, y también que, incluso en política -diría yo más en política que en cualquier otra cuestión-, por calificar adecuadamente a los adversarios de la oposición con adjetivos ponderadamente medidos, por calificar adecuadamente, nunca hay que arrepentirse; en cambio, de lo contrario numerosas veces.
Y nada más, señor Presidente, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caudevilla.
El Gobierno va a responder conjuntamente a las dos interpelaciones recién formuladas.
El señor Consejero de la Presidencia tiene la palabra.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales (TEJEDOR SANZ): Muchas gracias, señor Presidente. Señoras Diputadas, señores Diputados.
Las dos interpelaciones presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo del Partido Aragonés, desde mi punto de vista, en síntesis se reducen a tratar dos cuestiones importantes; la primera relativa a la política informativa que está practicando el Gobierno de Aragón desde su acceso, el 15 de septiembre, al frente de la Comunidad Autónoma, y la segunda respecto a la situación específica derivada de un problema puntual con el diario ABC. Responderé a ambas con la mayor claridad posible y con, naturalmente, la mayor objetividad a la que creemos tenemos derecho como parte responsable en la cuestión que estamos debatiendo en este instante.
Respecto a la política informativa de la Diputación General de Aragón, debo decirles, señorías, que el actual Gobierno se ha planteado desde un primer momento la necesidad de llevar a cabo una adecuada política de información, política que se concreta a través de medios idóneos y eficaces, como los describiré, y que creemos sirven de contrapunto al modelo que el anterior Gobierno del Par y el PP llevaron a cabo en la Diputación General de Aragón, y que no nos parecía el más adecuado.
La política de información, para nosotros, debía y debe basarse fundamentalmente en los principios de transparencia, veracidad -muy importante el de veracidad-, homogeneidad en el tratamiento informativo y pluralidad en cuanto a los destinatarios de la información general. Para llevar a cabo estos objetivos, lo primero que hicimos fue modificar sustancialmente el planteamiento organizativo que existía con anterioridad. En el Gobierno conservador del Par-PP había un asesor de comunicación en cada uno de los Departamentos de la Diputación General de Aragón y, al mismo tiempo, había un Area de Comunicación e Imagen que trataba de coordinar, sin conseguirlo, la realidad parcial de un periodista por Departamento.
El Area de Comunicación e Imagen, tal como nosotros la concebimos, entendíamos que, por cuestiones de eficacia y por cuestiones de mejora de los medios a su alcance, debía centralizar desde el principio todos los aspectos relacionados con la materia informativa. En consecuencia, ésa es la razón por la que todo el personal que trabaja como periodista en la Comunidad Autónoma, y tras un proceso público de selección en los medios de comunicación, previa convocatoria pública, pues, se incorporó a dicha área bajo la dependencia de un único responsable, que es el actual director del Area de Comunicación e Imagen. En definitiva, se puede decir que con este nuevo esquema al que acabo de aludir se empezó a funcionar a pleno rendimiento el pasado día 1 de octubre del año en curso.
¿Qué trabajo se está desarrollando?. Muy sencillo. Por un lado, emisión de notas informativas sobre la actividad desarrollada por el Gobierno aragonés. Dichas notas se remiten a todos los medios de comunicación. Puedo leerles una amplísima relación, les diré simplemente los escritos: Efe, Heraldo de Aragón, Diario 16 de Aragón, ABC, El Periódico de Aragón, Diario del Alto Aragón, Diario de Teruel, El País, Televisión Española en Aragón, Antena 3 Televisión, Heraldo de Huesca, y, así, otros medios radiofónicos, que sería muy extenso el procederles a leer y que no merece el caso. Diré que, hasta la fecha, el Gobierno de Aragón ha emitido ochocientas treinta notas informativas, lo que hace una media de nueve diarias. Segundo, se facilita, además, información y documentación, en la medida de las posibilidades existentes, a todos los medios que lo solicitan. ¿Hay medios que están interesados en ampliar un aspecto sectorial, una iniciativa concreta, un tratamiento determinado de una problemática por parte de un Departamento? Pues se aclara y se amplía.
A la vista de lo afirmado, podemos decir que, hasta el día de hoy, la política informativa del Gobierno de Aragón se ha caracterizado por lo siguiente: primero, como les he dicho, se ha producido una centralización con las consecuencias favorables que ello conlleva en cuanto a eficacia de medios materiales y humanos; segundo, se ha homogeneizado la información en cuanto que la línea informativa del Gobierno de Aragón es única y han desaparecido los reinos de taifas informativos preexistentes, que nosotros en el pasado criticamos; tercero, se da un trato igualitario a todos los medio de comunicación, lo cual no quiere decir que sea igual para todos sino que se da una información específica, por supuesto, a aquel medio que la solicita, como dije anteriormente, pero siempre partiendo de un mínimo idéntico para todos.
Y abordo la cuestión planteada con el diario ABC, que ha sido aquí enfatizada por algunos de los intervinientes en esta tribuna. Reafirmando lo que acabo de decir, señorías, la dirección de Comunicación e Imagen del Gobierno trata por igual a todos los medios de comunicación. Ha habido una excepción, en efecto, y esa excepción se produjo hace unas semanas, debido a la existencia de notables diferencias entre el Area de Comunicación e Imagen del Gobierno y el diario ABC, porque se entendió, desde el área, desde el Gobierno en suma, que éste, el diario ABC, no publicó una rectificación sobre una información, para nosotros rotundamente errónea, publicada en relación con la retribución que percibía el delegado del Gobierno de Aragón en Madrid.
Los hechos posteriores son de todos conocidos, y con la mediación del Justicia de Aragón, en una reunión a la que asistió el Consejero de Presidencia del Gobierno que ahora les está hablando, y miembros cualificados de la dirección de ABC, se llegó a un acuerdo importante por el cual, entre otras cosas, el Gobierno puntualizaba que en ningún momento había pretendido acusar de chantaje a ningún miembro cualificado de la redacción de ABC. Con la mediación -decía- del Justicia, se llegó a un acuerdo -entiendo que satisfactorio para ambas partes- solventándose el problema estrictamente puntual, nunca generalizable a la política informativa, que creo que es notablemente transparente, pudiéndose afirmar hoy en día que las relaciones son buenas con todos los medios de comunicación, y que todos los medios de comunicación tienen acceso por igual a las informaciones que proporciona el Gobierno de Aragón. Posición que incluso el mismo ABC sostenía en tiempos. También yo podría leer aquí algunas cartas del director de ABC aquí, en Aragón, dirigidas al director del Area de Comunicación e Imagen, antes de esos hechos, claramente laudatorias.
Quiero decir que en todos los sitios hay partidas de cal y partidas de arena. Entonces, no quiero entrar en un cruce de lecturas de cartas que no vienen a solventar el fondo de la cuestión.
Respecto a la inserción de publicidad, a la que ha hecho referencia algún otro medio, y que es una cuestión mucho menos importante, lo importante es la política informativa. Los ciudadanos a lo que tienen derecho en esta sociedad democrática es a conocer las posiciones políticas del Gobierno en todos los temas, y, a día de hoy -insisto-, así ha sido siempre, con la única excepción que he citado, todos los medios acceden por igual al conocimiento de las posiciones políticas del Gobierno y, más ampliamente, a las cuestiones sobre las que quieren profundizar en alguna dirección concreta.
Respecto a la inserción de publicidad en el diario ABC, que a algunos preocupa y que creo que es cuestión de menor importancia, como acabo de decir, existe todavía hoy una diferente consideración entre los planteamientos económicos respecto a la misma que hace el ABC y lo que estima conveniente pagar el Gobierno de Aragón. Es legítimo: estamos en una sociedad de mercado, señorías.
No obstante, para solucionar este problema, está prevista con fecha inmediata una reunión en la que por parte del Gobierno acudirá el director del Area de Comunicación, en la que no me cabe duda que se consensuará el tratamiento adecuado al nivel de difusión y presencia en el mercado de información aragonés, y tal como acabamos de aprobar en estas Cortes, unánimemente, en la anterior proposición no de ley que ha presentado Izquierda Unida y en la que claramente deja constancia de que ésos deben ser los criterios. Entendemos que será fácil llegar, pues, a un acuerdo, partiendo de unas normas objetivas de publicidad que el Gobierno aragonés está dispuesto a establecer, de acuerdo, además -insisto por segunda vez-, con lo que aquí acabamos de aprobar. En todo caso, señorías, de lo que se trata finalmente es de mejorar la gestión de los fondos públicos, también los destinados a las tareas publicitarias, en proporción a la incidencia real y al peso específico que cada medio tiene en nuestra Comunidad Autónoma.
Nada más, en esta primera parte de la interpelación, donde creo haber dejado clara y nítida la posición del Gobierno, por lo que se refiere a la política informativa y por lo que se refiere a la cuestión puntual de las relaciones con un medio, también puntual, como es el diario ABC en Aragón.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tejedor.
Réplica de los interpelantes. Señor Gimeno, cinco minutos.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, Presidente.
Señor Tejedor, le voy a decir que me ha decepcionado su intervención, quiero decirle que no me ha respondido a los interrogantes que yo le he dejado en esta tribuna, que yo entiendo que usted, a la hora de justificar unas actuaciones injustificables, anticonstitucionales, está claro que usted coge el rábano por las hojas. Lo entiendo, además lo entiendo.
Pero, ¡hombre!, yo le he planteado aquí tres interrogantes que usted no me ha respondido -espero que me responda en el turno de dúplica-: ¿ha realizado ya las demandas judiciales que anuncia el director de imagen y comunicación en su carta a los medios informativos, a los cuales usted les ha dicho que eso es lo de menos? No: lo de menos y lo de más -en esta cámara se están realizando muchas afirmaciones que son más propias de tribunales que de una cámara, pero se están realizando aquí-. Segunda pregunta: ¿considera usted como la mejor salida posible la situación, la vulneración de los principios constitucionales, a los que hace referencia el director de imagen y comunicación del Presidente de la Diputación General de Aragón? Y, en tercer lugar, la tercera pregunta concreta era: ¿quién contrata los convenios y las condiciones de los mismos?
No me ha respondido; espero que me responda. Y, sin embargo, mire usted, totalmente de acuerdo en que usted, o su Gobierno, ha realizado una política informativa distinta a la que venía realizando el Gobierno de la Diputación General anterior, Par-PP, totalmente de acuerdo.
Hombre, faltaría más que ustedes tuviesen la misma estructura orgánica: pueden tener la misma o pueden tener otra distinta, acomodada a las especiales circunstancias o necesidades que ustedes consideraran. No, no; aquí no se valoraba si ustedes tienen ésta o aquella política informativa, si tienen éste o aquel otro organigrama, desde el punto de vista del área de imagen y comunicación. No; éste no era el tema que se traía hoy a esta cámara, era otro distinto: la actuación parcial y anticonstitucional que ustedes han tenido con algunos medios de comunicación y que la han tenido y la han rectificado a medias, la han rectificado a medias, y a medias solamente con uno, y las noticias están hoy en los resumenes de prensa, que creo que los hemos leído todos.
Ha dicho que las grandes líneas de la política informativa de gobierno de la Diputación General de Aragón son: transparencia, veracidad y homogeneidad.
Transparencia. Sí, pues como el marco con que usted me respondió a una pregunta del señor Marco, para que pasase el aire y lo orease todo; muy bien, transparencia. Veracidad: principio básico y fundamental para unos y para otros. Pero, ¡hombre!, no me diga que ustedes han tenido un trato homogéneo con todos los medios de comunicación, no nos lo diga, no nos hagan ustedes comulgar con piedras de molino, que no, que no comulgamos. Ustedes han tenido trato discriminatorio, discriminatorio, reconózcanlo, reconozcan los errores y rectifiquen; ¡si nosotros lo único que les pedimos es que rectifiquen, que tengan un trato igual para todos los medios de comunicación, absolutamente para todos!
Usted ha dicho que nosotros hemos enfatizado la situación de ABC. No, mire usted, nosotros hemos enfatizado la situación de ABC, del Diario de Teruel que está en nuestra interpelación, y de Antena 3 Televisión, que no está porque nos enteramos tarde, después de presentar la interpelación; pero se lo he dicho anteriormente y se lo digo ahora: que lo hubiésemos hecho de la misma forma si hubiesen actuado ustedes igual con cualquier otro medio de comunicación, idénticamente igual; no intenten cargarnos que nosotros estamos defendiendo a ABC, porque solamente lo leen los "fachas" -entrecomilladamente-. No, mire usted, el segundo periódico de más venta en España -se lo he dicho antes y se lo digo ahora-; lo que pasa es que muchos que lo leen, muchos socialistas que lo leen, como yo leo El País muchísimas veces, lo reconozco, leo El País muchísimas veces, tantas cuantas veces cae en mis manos, y muchas que voy buscarlo voluntariamente... Pero, ¡hombre!, no quiera usted cargarnos a nosotros que estamos realizando una enfatización y una defensa a ultranza de un periódico concreto.
Oiga, mire usted, yo voy a defender a ultranza lo que considero como un periódico -¿quiere que se lo diga, señor Tejedor?- casi mío, casi mío, y es el Diario de Teruel. Ya ve usted, un periódico al que le tengo un cariño especialísimo y que, además, mire usted, le voy a decir, me da las noticias con veinticuatro horas de retraso; pero lo leo con avidez, porque lo veo como mío y, desde luego, a ese periódico sí que ustedes le han jugado una mala pasada. Y se la voy a recordar inmediatamente la mala pasada, porque usted también ha dicho que en cuanto a publicidad lo que prima son los criterios de mercado. En un gobierno de progreso, en un gobierno de izquierdas, en una política informativa, usted nos ha venido a decir aquí -recojo textualmente- "criterios de mercado"; usted sabe que en un mercado libre los medios de comunicación tienen que vivir de algo, de sus suscriptores y de algo más, que es la publicidad que se inserta en ellos.
¿Quiere que le haga un recordatorio -y, si no, acláremelo- de cuales fueron las conversaciones que mantuvo el director de imagen y comunicación con el director del Diario de Teruel y con la empresa encargada de llevar la publicidad en el periódico de Teruel?; le daré, si quiere, nombres propios, se los daré a usted, por respeto. Pues mire usted, primera llamada, le ofrecieron de publicidad un millón seiscientas mil pesetas; segunda llamada, le ofrecieron un millón; tercera llamada, un millón con IVA; cuarta llamada, el millón con IVA y con pago de un porcentaje específico a otra empresa de publicidad. Mire usted, cuatro llamadas. Eso en relación al Diario de Teruel. Aclárenos usted esos conceptos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gimeno.
Réplica del señor Caudevilla, si quiere replicar.

El señor Diputado CAUDEVILLA ARREGUI [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.
Pues, realmente, en el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, tal como he dicho en mi intervención, la interpelación creemos que carece ya hoy de sentido, el principio estricto de ella: pedir que rectifique el Gobierno... Consideramos que ha rectificado, nos lo han dicho, y no tenemos nada más que decir. En todo caso, desear que tardemos mucho tiempo en tener que hablar aquí, de tener que hacer lectura de artículos de la Constitución, tener que leerle al Gobierno de la Diputación General de Aragón la Constitución, y estoy seguro de que ha tomado buena nota y que tardaremos mucho tiempo en tener que debatir un tema similar al de hoy.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caudevilla.
Dúplica del señor Consejero.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales (TEJEDOR SANZ) [desde el escaño]: Sí, muy brevemente, desde el escaño, señorías.
Simplemente para decirle a don Mesías Gimeno dos cuestiones. Dice usted que no le he contestado a tres cuestiones. Sí que se las he contestado, se las he contestado tan claramente como lo siguiente: le he dicho que en un acto de búsqueda del consenso, entre el diario ABC y el Gobierno, con la mediación del Justicia de Aragón, emitimos un comunicado producto de esa reunión, hoy suficientemente conocido por todo el mundo, en el que se admiten, por una y otra parte, posibles errores en el tratamiento de un problema que nunca debió dejar de ser puntual y que para nosotros no ha dejado de ser puntual.
Por ambas partes, y, en consecuencia, ¿por qué me habla usted aquí de demandas judiciales o de otra serie de cuestiones?; si le estoy diciendo que ya se solucionó con ese acuerdo, no hay ya lugar a ningunas demandas judiciales ni por una ni por otra parte, que por ambas partes, que por ambas partes se anunciaron.
El responsable de la política de comunicación e imagen en primera instancia es un director del Area de Comunicación e Imagen que, mientras no lo cese el Gobierno sigue contando con plena confianza.
Y en cuanto a los criterios de mercado, señoría, es lógico que le haya respondido eso porque lo que no vamos a hacer nunca es despilfarrar los dineros públicos, no puede haber en el tema de la publicidad, café para todos; es imposible porque cada medio tiene un peso específico en esta región: en número de lectores, en arraigo con Aragón, en número de trabajadores que emplea, etcétera. Entonces, con esos barómetros objetivos, el Gobierno maximiza el rendimiento de los recursos que destina a publicidad; pero eso es así porque en una economía de mercado -esto no es La voz del pueblo que se editaba en Tirana, capital de Albania, y que se vendía y se repartía sin más por todos los domicilios-, pues vende equis El País, vende equis el Heraldo, equis El Periódico, y equis el diario de que ha hablado usted de su pueblo, que le gusta mucho, mensualmente, y, en consecuencia, hay un criterio de proporcionalidad que es -repito- eficacia en la gestión de los recursos que el Gobierno aplicará siempre en el futuro.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tejedor. Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida, ha pedido intervenir en la interpelación, el señor Burriel tiene la palabra.
Cinco minutos, señor Burriel.

El señor Diputado BURRIEL BORQUE: Muchas gracias, señor Presidente.
Este Portavoz tiene la impresión, señorías, de que ésta -la tenía antes del debate- es una de las cuestiones en la que todos estamos dispuestos a acatar los principios, pero, sin embargo, en las actuaciones concretas y prácticas, en muchas ocasiones, los principios acaban siendo cuestionados, porque es evidente que no debería haber, bajo ningún concepto, no debería haber por valoraciones, sean las que sean, discriminación en razón de derechos fundamentales, como es el derecho a la información. Sean las valoraciones que sean, aquí no vale, en nada vale la ley del talión, ojo por ojo, que acabaría conduciéndonos a todos -sepámoslo de una vez- a la ceguera.
Ese es un problema, obviamente, que ha habido durante todo este período y que yo estoy convencido de que no está totalmente resuelto. Pero hay otro problema, en relación con la comunicación en esta Comunidad Autónoma. He intentado, de alguna manera, referirme a él en la primera de las intervenciones; déjenme que, opinando en la intervención, lo vuelva a reiterar, y vamos a dejarnos de historias, o vamos a no dejarnos de algunas historias. No puede ser, señorías, no puede ser, que algo como el papel de la prensa en y desde la Administración pública recorra de arriba abajo, bastardamente, la Comunidad Autónoma de Aragón; no puede ser. Y éste es un tema que trasciende realmente los problemas específicos muy serios que puedan ocurrir en un momento determinado, en relación con medios de comunicación, que son problemas muy serios, a los que hay que atender. Pero trasciende el problema de fondo esa situación particular posiblemente porque esa situación particular es consecuencia de ese problema de fondo que se hace preciso abordar, y que hay obligación, hay obligación política de que en las Cortes de Aragón un debate sobre esta cuestión lo acabemos haciendo, con la participación de la Asociación de la Prensa, con la participación de los medios de comunicación, con la participación de los representantes políticos de la Comunidad, en el lugar idóneo, para que con la reflexión y con la profundización sepamos, exactamente, dónde todos nos encontramos.
Porque no puede ser -y con esto termino, señor Presidente-, no puede ser -lo decía también al principio- que si los medios de prensa, si los medios de comunicación son el quinto poder, como se ha venido diciendo, una de las batallas en esta tierra sea la de quién es el quinto poder, o vamos a ver cómo es el quinto poder nuestro y no de los otros. Yo creo que este problema está en el fondo de la cuestión y está cruzando la vida informativa de esta Comunidad. Y eso, con responsabilidad, de una vez, con responsabilidad y asumiendo todos los riesgos, tenemos que abordarlo.
Vuelvo a reiterar que propondremos que ese debate pueda hacerse (si sus señorías lo creen oportuno y lo creen también otros interlocutores, como son los medios de comunicación), puede hacerse en esta cámara, que creo que será siempre útil para todos y habremos hecho un gran servicio colectivo, a nosotros y a los que nosotros representamos, que, en definitiva, son los que nos dan la calidad a los que luego hablamos desde la tribuna.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burriel.
El último punto del orden del día, una pregunta de Izquierda Unida, ha sido retirado; por lo tanto, queda agotado el orden del día.
Feliz Navidad, feliz 1994.
Se levanta la sesión. [A las trece horas y diez minutos.]