Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

Buenas tardes, señorías.

Decir que la historia se repite puede sonar a tópico, pero no por ello es menos cierto. Todos hemos oído hablar del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB, y del rescate de las autopistas radiales de Madrid. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que nuestra autopista AP-2 ya fue rescatada con dinero de todos los contribuyentes? Evidentemente, como se suelen hacer estas cosas, sucedió con el primer Gobierno socialista, el de Felipe González, y fue el Fondo de Garantía de Depósitos, el FROB de entonces, el que vendió a La Caixa y a la Caja de Ahorros de Barcelona el 56% de las autopistas catalanas que poseía Banco Unión cuando quebró y se lo quedó el Hispano Americano.

¿Saben ustedes cuánto dinero puso el Estado en ACESA en préstamos? Veintiséis mil quinientos millones de pesetas de entonces. Viene a ser cinco veces lo que costó construir el tramo hasta Fraga.

Pero para entender esta historia, tenemos que retroceder un poco más en el tiempo, hasta los setenta. En 1972, fue promulgada la Ley de autopistas de peaje. En 1973, se adjudicó el tramo Alfajarín-Soses, que entró en servicio cuatro años después. En 1984, tras la primera crisis del petróleo y con unos tráficos inferiores a los pronosticados —y les sonará, seguro, esta frase—, es cuando el Fondo de Garantía de Depósitos vende o malvende la AP-2 a ACESA, a Autopistas Concesionaria Española, S.A.

Además, entre otros detalles, el ministro socialista Moscoso del Prado —el de los moscosos— permite a ACESA unificar todas sus concesiones y —esto es lo más importante— nos dice a todos los aragoneses que tenemos que seguir pagando peajes seis años más, hasta 2004.

En 1998, el primer Gobierno del Partido Popular, falto de escaños en el Congreso, cambia cromos con la Convergència i Unió de Jordi Pujol y de nuevo los aragoneses salimos perdiendo: la concesión de nuestra autopista se amplía hasta 2021.

¿No sé si puede pedir un poco de silencio o...? Gracias.

Eso sí, a cambio, a Barcelona y a Tarragona les quitan los peajes troncales, la AP-7 es ampliada y don José María Aznar pudo ser investido presidente del Gobierno. En esta ocasión, fue el ministro Popular don Rafael Arias Salgado quien firmó el real decreto.

Por cierto, hablábamos de Banco Unión y de Jordi Pujol. ¿A que no saben ustedes quién fue vocal en el Consejo de Administración de Banco Unión durante once años, del sesenta y siete al setenta y ocho? El mismo que hundió Banca Catalana.

Miren, señorías, este es el recibo del IBI de mi casa, con su referencia catastral. Imagino que ustedes, como yo, lo pagan entero, al cien por cien. ¿Pero sabían ustedes que las concesionarias de las autopistas de peaje no? No pagan el cien por cien, ni el cincuenta, ni siquiera pagan el veinticinco, ni tampoco pagan el doce. Realmente, pagan menos del seis, exactamente un cinco, un cinco. Y eso es así desde siempre por un privilegio otorgado por don Francisco Franco y sucesivamente renovado por el Partido Socialista Obrero Español y por el Partido Popular. Sin embargo, como no hay mal que cien años dure, este privilegio llegó a su fin el pasado 31 de agosto de 2016, solo que nadie se dio cuenta, ni los casi cien concejales de los once municipios por los que pasa la autopista, ni las comarcas, ni las diputaciones provinciales, ni siquiera el Gobierno de Aragón. Nadie se leyó esto. Nadie se acordó de la cláusula quinta, que decía que este beneficio se acababa ese día. ¿Y qué pasó entonces? Pues, que los ayuntamientos de Alfajarín, del PP; Nuez, del PSOE; Villafranca, del PAR; Osera, del PP; Pina, de Chunta; La Almolda, del PSOE; Bujaraloz, del PAR; Peñalba, del PP, como Candasnos, y Torrente de Cinca y Fraga, los dos del PSOE, siguieron girando los recibos como siempre y perdonando, por tanto, a la concesionaria unos tres millones de euros al año, tres millones de euros que podrían haber dedicado a sus habitantes.

Al mismo tiempo, el Gobierno de Aragón, cada mes de enero, puntual a la cita, sigue pagando a ACESA prácticamente esa misma cantidad para bonificar el paso de vehículos por la autopista. Para disfrutar de estas bonificaciones, el usuario debe utilizar un sistema de peaje dinámico, el Vía-T e instalar un dispositivo como este, una unidad de abordo que, por supuesto, no es gratis. Cada vez que pasas por el peaje y pita, no es gratis, ni la compra, ni la cuota anual, ya que se trata básicamente de una tarjeta de crédito expedida por un banco, como su número indica.

¿Se imaginan ustedes quiénes fueron los primeros en introducir este sistema novedoso en España en 1991? Volvemos: ACESA y La Caixa. Yo recuerdo al actual consejero de Vertebración del Territorio o al portavoz de la Xunta, o a tantos otros cargos, exigir la liberación del peaje de la autopista, reivindicar el desdoblamiento de la Nacional II y criticar las bonificaciones de los peajes. Todos ellos, como el resto de fuerzas políticas, se olvidaron de leer la cláusula quinta: no tenían competencia, era competencia de los ayuntamientos. Pero se han pasado ustedes todos estos años repitiendo viejos lemas de campaña.

Mientras tanto, los aragoneses hemos pagado tres veces las autopistas: una, con nuestros impuestos; dos, con los peajes, y tres, con los rescates de las concesionarias. Como mínimo —y digo «como mínimo»—, hemos pagado tres veces las autopistas. Yo no sé cuántas veces tendremos que seguir pagando las autopistas. No sé si los contribuyentes somos tontos o es que hemos tenido gestores públicos que no han estado a la altura, escudándose en distribución de competencias.

En fin, desde aquí, humildemente, les comento este caso para que, por favor, lideren desde la consejería del Departamento de Vertebración, que es al final la voz más autorizada y a la que suelen hacer caso las concesionarias, lideren esta asesoría técnica y legal de estos once ayuntamientos.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto.

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Gracias, presidente..., presidenta, perdón. Señora presidenta, haré uso de la palabra desde el escaño.

Mire, señor Sansó, la verdad es que cuando le estaba oyendo a usted ahora aquí defender esta iniciativa, estaba pensando y sigo pensando que usted no tendría que haber hecho la parte expositiva..., perdón, la parte..., el petitum tendría que haber sido otro.

Usted, si lo que quería era reprobar la gestión que se ha hecho con la liberación de los peajes, con que los ayuntamientos no se han dado cuenta de que tenían que cobrar, con que los gobiernos autonómicos... Lo que tendría que haber hecho es reprobar esa gestión. Pero para pedir aquí que el Gobierno de Aragón dé una asistencia técnica y legal, ya le digo, señor Sancho, que una cosa es que a usted no le gusten las diputaciones provinciales y otra cosa es no saber quién tiene que dar el asesoramiento técnico y legal a los municipios.

Usted, esto lo tendría que pedir a las diputaciones provinciales, porque las competencias, algunas, están ordenadas. Y esa competencia recae en la diputación provincial, que a mí tampoco me gusta mucho. Pero, mire, la tiene. Entonces, yo creo que es mejor pedir las cosas a quien tiene la competencia.

Y le vuelvo a repetir, me encantaría que ustedes transformaran esta proposición no de ley en moción, teniendo en cuenta las diputaciones provinciales. Yo le estoy dando pistas de lo que podría hacer y creo que sería mucho más efectivo.

Y aun así, con todo, espero y deseo que ese 95% que no cobran, que usted dice que aquí no sé qué, que nos ha explicado ahí..., pues, lo puedan conseguir los ayuntamientos. Porque yo creo que buena falta les hace para complementar sus ingresos, sus maltrechos ingresos. Bueno, pues, les vendría bien.

Y espero y deseo que desde el Gobierno central no se busque ninguna cortapisa para favorecer de nuevo a las autopistas, como hemos visto en otras ocasiones.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora diputada.

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés.

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidenta.

Un tema muy apasionante, señor Sansó. Para los que hemos entrado recientemente en política, nos parece, pues, bueno, un tema muy a tener en cuenta. Pero sí que creemos que el planteamiento que ha hecho Ciudadanos no es el adecuado o no es el foro. Yo, ahí, le doy la razón a la portavoz de Chunta Aragonesista. Yo creo que el Gobierno de Aragón tiene muchas fórmulas para poder hacer estas cuestiones.

Yo he empezado a indagar y, bueno, le oía hablar a usted y me recordaba a la serie esta de El tiempo entre costuras. No sé, si lo ve usted alguna vez en la televisión... Porque ha hecho ahí una valoración histórica y con eso de que es un partido nuevo, me daba la sensación, un poco, que estaba enganchado en el pasado.

Sí que es cierto que cuando empezamos a mirar todos para preparar esta iniciativa, pues, bueno, hemos visto toda la cantidad de autopistas, de ayuntamientos —no solo de Aragón, sino de toda España— que han judicializado —y el problema es ese, que yo creo que al final estas cuestiones se acaban judicializando—, porque, claro, no pueden ustedes salir de aquí diciendo que gracias a Ciudadanos, los municipios que transcurren por la A-68 van a cobrar el IBI. Eso no es... Bueno, sí, de la AP-2, porque no es verdad. O sea, usted plantea un asesoramiento técnico, pero que, como bien le digo y bien hemos indagado todos, pues, que muchos municipios, bueno, de llevarlo a la justicia europea, el Tribunal Superior..., en el que en muchos casos ni siquiera les han dado la razón a los ayuntamientos. Incluso, en algún momento, en la AP-66, dijo el Tribunal Superior que el beneficio fiscal se prolongaba hasta la expiración del título concesional y se quedaron la mar de anchos.

Quiero decir que es una cuestión que aunque el dato existe y es verdad, lo que sí que, bueno, a nuestro grupo nos gustaría es que tampoco creara falsas expectativas, porque yo creo que no fue así, o sea, que no es tan realista.

No voy a hacer toda esa valoración histórica que usted ha hecho, pero que desde luego que fue en su momento el Estado el que decidió, porque el IBI no era municipal y, por lo tanto, cuando se traspasó a los ayuntamientos... Puede ocurrir que el Gobierno central adopte —o esperemos que no adopte— cualquier otra media destinada a prorrogar estos beneficios fiscales de las concesionarias, ¿no? Ustedes, ahí sí que también tienen un gancho importante para evitarlo, para que no sea así. O podríamos poner encima de la mesa por qué no tiene que ser el Estado el que abone esa parte proporcional que las concesionarias de autopistas no han aportado. Por el Tribunal Superior de Justicia, en el 2009, el Estado abonó a trece municipios que usted conocerá de Lérida los tres millones setecientas veintinueve mil euros, el propio Estado, no las autopistas, cosa que yo creo que... Claro, ¿pero por qué lo abonó la concesionaria? ¿Por qué no lo abonó el Estado? Yo creo que es un debate muy importante.

Pero bueno, como le digo, yo creo que nos quedamos un poco así, sin sal que digo yo, porque nosotros vamos a asesorar legal y técnicamente a los ayuntamientos aragoneses con respecto al peaje de la AP-2 y los trámites necesarios para el cobro de la tributación. Pero, desde luego, yo creo que no se pueden crear falsas expectativas sobre esto. Yo creo que la cuestión va más allá.

Yo creo que..., luego, cuando hable el Partido Socialista, veremos, ¿no? Él también gobernó, yo recuerdo en el 2006, y la FEMP también reclamó por escrito al Ministerio de Economía la reversión de aquella bonificación del 95 y tampoco lo hizo, y en aquel momento gobernaba Zapatero. Por lo tanto, yo creo que, como le digo, gobiernen unos o gobiernen otros en el Gobierno central, es un tema muy complicado.

Alguna medida de presión sí que tenemos desde el Gobierno de Aragón, alguna medida de presión sí que tenemos, y ahí es donde yo pregunto al Gobierno, en estos momentos de PSOE y Chunta, si tienen intención de hacer alguna medida de presión. Solo es una herramienta la que tenemos con la AP-2, ¿verdad?, que son los dos millones trescientos sesenta mil euros que abonamos todos los años por la concesión de la autopista. Dos millones trescientos sesenta mil euros..., yo no he calculado en esos once municipios el importe total que tendría que pagar. Pero, bueno, igual que deciden cortar así de raíz el convenio con Renfe y decir que no pagan los cuatro millones, pues, a lo mejor, con esta medida, de cara a esos once ayuntamientos, un gesto sería el decir: «Bueno, pues, si ustedes no pagan el IBI, pues, nosotros, como Gobierno de Aragón, pues, vamos a darle un poco de tal».

Vamos a apoyar esta iniciativa, pero, como le digo, nos quedamos un poco sosos, porque nos hubiera gustado una cosa poco más profunda.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zapater.

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Aragón.

El señor diputado CORRALES PALACIO [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Le adelanto, señor Sansó, que vamos a apoyar esta proposición no de ley, porque creemos que el Gobierno de Aragón sí puede hacer algo.

Señor Sansó, esta vez no nos hemos topado con la Iglesia, sino con las constructoras. Somos un país, además, donde Iglesia y empresa de construcción campan a sus anchas por el territorio... [Rumores.] Hombre, por supuesto.

La señora PRESIDENTA: Señora Susín, por favor. Un momento, señor Corrales. Señora Susín, por favor.

El señor diputado CORRALES PALACIO [desde el escaño]: Lo que le puedo asegurar, señora Susín, es que no iré a ninguna empresa eléctrica cuando salga de aquí. [La señora diputada SUSÍN GABARRE se expresa, desde su escaño, en términos que resultan ininteligibles.] Ya veremos.

Como iba diciendo, estas empresas de construcción campan a sus anchas por el territorio expropiando casas y tierras, para construir pantanos y carreteras. Encima, sin pasar por caja, como usted ha enseñado, como el resto de los ciudadanos.

Lo que no entendemos es que esta autopista, la AP-2, lleve tantos años pagando un 5% solo de IBI y que ningún gobierno haya movido un dedo, o pocos dedos, para que esto se arregle. Sin duda, cuando se dice que «Franco dejó atado todo y bien atado», no se confundía, porque cuarenta y dos años más tarde seguimos igual, con regalos a la Iglesia y a las constructoras.

Bueno, estamos hablando de la autopista AP-2 hecha con dinero público en época de nuestro generalísimo Francisco Franco —bueno, Paco para los amigos—, que por decreto dio la concesión por veinticinco años a esta empresa privada y que a Aznar le gustó tanto este decreto de Paco que hizo otro decreto ampliando la concesión otros tantos años, y no suficientemente contento, el señor Aznar deja a estas empresas casi exentas del IBI. Yo creo que esto es muy fácil de entender solo con dos palabras: a esto se le llama «puertas giratorias», demostradas, además.

Tampoco entendemos que no se haya hecho nada para que tanto esta autopista AP-2 como la AP-68 sean liberalizadas, y digo ninguno de los gobiernos de Aragón que ha habido hasta la fecha, ni el Gobierno de PSOE con PAR, ni el Gobierno PP con PAR, ni el Gobierno de la actualidad. Creemos que les importa muy poco las personas y los ayuntamientos por los que pasa esta autopista.

Y lo que menos entendemos es que, en la actualidad, el Departamento de Vertebración —mirando hemeroteca, se ve que está por la liberalización de estas autopistas— tampoco haya hecho nada por la liberación tanto de la AP-2 como de la AP-68. Bueno, y si lo ha hecho, no hemos visto la foto en su book viajero.

Así que, como le digo, tiene todo nuestro apoyo para esta proposición no de ley, porque creemos que ya vale de tantos años de robar al ciudadano aragonés con estas dos autopistas, tanto la AP-2, que es la importante, como la AP-68.

También quería matizar una cosa fuera de esto ya. Voy a terminar, voy a aprovechar mi tiempo para decir que hoy es un día triste para la ribera del Ebro, para toda la ribera, porque el Consejo de Seguridad Nuclear ha aprobado la reapertura de la central nuclear de Garoña, y desde Podemos, nos van a tener con la pancarta enfrente.

Muchas gracias. [Aplausos.]

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Corrales.

¿Grupo Parlamentario Socialista?

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señora presidenta.

Señor Sansó, el Partido Socialista, que hemos estado, estamos y estaremos con los municipios, sus vecinos y las gentes del medio rural, apoyaremos su proposición.

Ahora bien, me permitirá que realicemos alguna reflexión, alguna pequeña matización sobre su proposición no de ley, ya que desde distintos puntos de vista, pues, hay distintas cuestiones a analizar, no menores, pues, se trata de un asunto muy complejo. Y cuando se trata de un asunto muy complejo, lo que nos demanda la sociedad, precisamente, a los políticos y a los responsables es que también actuemos con prudencia. Así pues, a pesar de esa complejidad, los socialistas arrimaremos el hombro y trabajaremos, como hemos venido haciendo, en pro de esos municipios y de la gente del medio rural.

Me permitirá que le ponga esas reflexiones en cuatro partes: cronología y base jurídica, año 1972-73, a la vez que Antonio Mercero estrenaba La cabina en nuestro país y terminaban los últimos estertores del franquismo, tiene lugar ese Decreto 1.310 de 1973, por el que se conceden veinticinco años en la bonificación del 95% del IBI a la AP-2.

Transcurrido ese tiempo, en 1998 y bajo un Gobierno del señor José María Aznar, de aquellos que decían «España va bien», al igual que al soldado Ryan, entran a salvar a estas autopistas, a estas concesionarias, con una nueva prórroga en la bonificación del IBI, en lo que se refiere a los propios ayuntamientos y a los propios tributos que se pueden gestionar.

Hablamos, como segunda reflexión, de cuál es el hecho imponible. El trazado por el cual discurre la AP-2 fue objeto en su momento de expediente y de expropiación forzosa por tratarse de una obra de interés general, acorde a la legislación de aquel momento. Pero el hecho imponible del IBI es la ocupación y el que exista una construcción que necesariamente —y lo enlazo con la tercera reflexión— supone afecciones a los municipios. Afecciones que en ningún momento quiero que se confundan con el hecho de que reconocemos los que vivimos en esos municipios de los beneficios de contar con una autopista cerca de nuestra casa. En su día, afectaron al desarrollo urbanístico de la orientación de determinados municipios, a parcelas, a proyectos de concentración parcelaria. Posteriormente, ha devenido en mantenimiento de caminos, en puentes soterrados y puentes elevados.

Y también en esos inicios se contrataba a mucha gente de esos pueblos del medio rural a que trabajase tanto en las cabinas de peajes como en las labores de mantenimiento de la propia autopista. Hoy, casi no queda nadie.

Y porque creemos desde los socialistas que en la vertebración del territorio, una pata son las infraestructuras, pero otra es dar oportunidades y trabajar desde la justicia social y el reequilibrio territorial para con las gentes que viven en nuestro territorio. Y esto no es un planteamiento filosófico, sino que es una convicción.

Hablamos del trayecto que nos ocupa, de Alfajarín a Soses, ciento dos kilómetros que transcurren por los municipios aragoneses de Alfajarín, Nuez de Ebro, Villafranca, Osera, Pina, La Almolda, Bujaraloz, Peñalba, Candasnos, Fraga y Torrente de Cinca. Estos municipios se pueden ver beneficiados de este cambio en la regulación del fin de esta bonificación, y apoyaremos... Y yo creo que lo que usted quería con esta proposición era que el Gobierno de Aragón o que, al menos, las Cortes impulsásemos, se mostrase el apoyo político. Porque la capacidad de asesoramiento técnico y jurídico la tienen las diputaciones provinciales.

Y este portavoz no viene a hablar de filosofía, no viene hablar de un maniqueísmo, de buenos y malos, de la gente, las constructoras... Viene a hablar de realidades que afectan a personas con rostro, de esa España vacía a la que tantas veces nos referimos, y aquí, en ese diagnóstico en el que todos coincidimos, aquí se encuentra una de esas soluciones en las que podemos aportar, para que a través de esta capacidad económica que puedan tener los ayuntamientos, se siga trabajando también contra la despoblación.

Por tanto, agrupémonos todos en ese compromiso político, y yéndonos a ese año 1973, originario del decreto, acordémonos de ese espíritu que Víctor Erice manifestaba en aquella película española, El espíritu de la colmena, y trabajemos todos también frente a Madrid por si el señor Rajoy tiene la firma demasiado rápida [rumores] y nos mete un decreto en el BOE por tres cuestiones: la regulación tributaria, el reequilibrio territorial y la justicia social para con las gentes que viven en esos municipios.

Con lo cual, señor Sansó, contará con el apoyo del Partido Socialista. [Aplausos.]

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Villagrasa.

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Gracias, presidenta.

A estas horas de la tarde, va bien una serie de efemérides, una especie de nodo para escuchar toda la historia que ustedes nos han regalado, pero el asunto que nos ocupa, si me lo permiten, es un asunto tremendamente jurídico. Es decir, aquí no se trata tanto de lo que ha sucedido del año setenta hacia aquí, sino de lo que sucede ahora, y lo que ha sucedido desde los setenta hasta aquí es que ha habido una suerte de bonificaciones, de beneficios tributarios que disfrutaba una concesionaria, y lo que sucede a partir de ahora es que no los disfruta. Por lo tanto, señor Sansó, este es un asunto ope legis que, fíjese usted, si el contrato de concesión concedía esa bonificación con carácter temporal y la temporalidad prorrogada o no prorrogada ya ha finalizado, pues, lo tienen que pagar, tienen que pagar el IBI, pero porque lo dice la ley, porque así está dispuesto. Y en buena técnica jurídica, convendrá conmigo que poco debate podemos tener aquí en estas Cortes. Con lo cual, hasta aquí estoy totalmente de acuerdo con usted.

Otra cosa es el tema político, que ahí sí que tengo una discusión con usted. Porque, mire, yo creo —y es mi opinión— que el Gobierno de Aragón no tiene entre sus competencias ni debe inmiscuirse en lo que es la autonomía de los municipios. Es decir, ¿qué tienen que hacer estas Cortes de Aragón hoy con la iniciativa que usted nos trae? Pues, yo creo que en la acción de control o de impulso del Gobierno, pues, no tiene que hacer nada. ¿Porque qué vamos a decirle nosotros al Gobierno de Aragón?

Anoche me puse a pensar y dije: «¿Qué enmienda puedo presentar?». Porque puedo presentar una enmienda, pues, para que entre todos hagamos una declaración y reconozcamos esta situación de hecho.

¿Pero cómo les vamos a decir a los ayuntamientos, que ya son mayorcitos, lo que tienen que hacer? Si fuera aconsejarles para pagar al que no tiene, aún lo entendería, ¿pero cobrar? ¿Qué hacemos entre todos ahora aquí? ¿Instamos una declaración institucional para que todos los ayuntamientos a los que les afecta hagan las liquidaciones lo más urgentemente posible y se las giren al sujeto pasivo? ¿Para qué, señor Sansó? Es que, estaba pensando en una redacción alternativa y, la verdad, es que no se me ocurría.

Es que los ayuntamientos no es que puedan cobrar el IBI, señor Sansó, es que tienen que cobrarlo. Es que es una obligación ope legis, con lo cual, yo, en estos momentos, aún no sé si abstenerme, votar a favor, votar en contra, ponerme de perfil o de canto. Porque, ¡qué más da!, ¡qué más da! Si vamos a instar al Gobierno de Aragón a que haga algo en lo que no tiene competencias.

Y, además, fíjese usted, señor Sansó, si hubiera algún ayuntamiento que tuviera algún problema, que lo dudo, porque —insisto— es para cobrar, no es para pagar, usted sabe que están las diputaciones provinciales para asesorarle, para ayudarle o para hacer hasta de mero recaudador, que yo ya sé que a ustedes nombrar las diputaciones les da yuyu, que es un poco como tal. Pero, hombre, montar todo este circuito para algo que pueden hacer las diputaciones, pues, no lo entiendo muy bien.

Con lo cual, le digo que con la primera parte, la jurídica, estoy totalmente de acuerdo con usted, y en la política, pues, no sé qué decir, no sé si ponerme de perfil, de canto, abstenerme, votar a favor o en contra.

Muchas gracias. [Aplausos.]

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campoy.

Pasamos a la votación de la proposición no de ley.

Iniciamos la votación. [Pausa.]

¿Repetimos la votación? Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y tres votos emitidos: sesenta y tres síes. Queda aprobada por unanimidad.

Para explicación de voto, ¿Grupo Parlamentario Mixto?

¿Grupo Parlamentario Ciudadanos?

¿Grupo Parlamentario Aragonés?

¡Ah!, perdón, Grupo Parlamentario Ciudadanos.

El señor diputado SANSÓ OLMOS [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Gracias a todos por su apoyo.

Y, hombre, señor Campoy, sí que podría haber enmendado. Usted me trae un recibo de cualquiera de los once municipios correctamente girado, y yo me la tengo que envainar y retiro la PNL. [Risas.]

A todos los demás, muchísimas gracias

La señora PRESIDENTA: ¿Grupo Parlamentario Aragonés?

¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón?

¿Grupo Parlamentario Socialista?

¿Grupo Parlamentario Popular?

Pues, pasamos al siguiente punto del orden del día, correspondiente al debate y votación de la proposición no de ley relativa al aumento del precio de la electricidad, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (Izquierda Unida de Aragón), que tiene la palabra para su defensa.