Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

El punto siguiente del orden del día es el debate y votación de proposición no de ley número 189, sobre la denuncia del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales, que ha sido presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), y su diputado, don Jesús Lacasa, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 189/01, sobre la denuncia del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor presidente.

Desde las filas del Partido Popular se nos decía ahora que esta iniciativa tenía poco que ver con Aragón. Pues, yo intentaré demostrarles que no, que tiene que ver muy directamente con la preocupación y con los asuntos que deben ocupar a esta cámara y a los aragoneses y aragonesas en general.

Señorías, la Constitución española del año setenta y ocho establece en su artículo 16, en el apartado primero, que «se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley». En el punto dos se especifica que «nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias». Y en su punto tres se dice -y es muy importante reseñarlo- que «ninguna confesión tendrá carácter estatal».

A pesar de eso, creo que las entidades religiosas que tienen su sede en este Estado, verdaderamente no deben tener queja por parte del trato que reciben por la Administración en general, porque aquí tengo los datos, las últimas cifras que he podido obtener en el mes de septiembre de este mismo año, en el cual se estima para la principal confesión religiosa en este país, para la Iglesia Católica, que hay un total estimado de quinientos ochenta y seis mil millones de pesetas de presupuestos públicos destinados a esta institución. Por lo tanto, creo que no se puede ni se debe sentir verdaderamente muy maltratada. Y cien mil millones de estos quinientos ochenta y seis mil son destinados al pago de los salarios de los treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta profesores de religión que se sufragan con cargo al erario público. Además, sin contar desgravaciones fiscales, exenciones fiscales, estar exentos de pagar el IVA, el IBI, Sociedades, Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados. ¡No está mal! Quiero decir que este Estado, a pesar de que es aconfesional, las confesiones religiosas creo que no tienen ninguna queja en relación al trato que se les da, desde un punto de vista, al menos, económico por parte de las Administraciones públicas.

Sin embargo, la Ley orgánica 7/80, de libertad religiosa, que desarrolla el artículo 16 de la Constitución, establece en su artículo 3 -y aquí empezamos a tener algún problema- que «los poderes públicos habrán de adoptar las medidas necesarias para facilitar la formación religiosa en los centros docentes públicos». Aquí, sí estamos entrando ya en el meollo de la cuestión; aquí, sí estamos teniendo que cuestionarnos si realmente lo que la Constitución española proclama y lo que la mayoría social de este país defiende -y estoy plenamente convencido de ello-, que es una enseñanza laica, respetuosa desde el punto de vista de cualquier opinión ideológica, política y, por supuesto, religiosa, en estos momentos, con esta legislación, tenemos algunos problemas y algunas dificultades.

Además, la LOGSE establece en su disposición adicional segunda que «la enseñanza de religión se ajustará a lo establecido en el Acuerdo firmado entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales, firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979». Ya quiero señalarles algo muy claro y muy concreto: 3 de enero de 1979, ¡la firma! Luego, el Acuerdo se elaboró, en términos sustanciales, antes de que la Constitución española estuviera aprobada.

Por lo tanto, estamos manejando una normativa, unos acuerdos internacionales entre dos Estados, aunque uno sea bien singular, como es el Estado del Vaticano, y el Estado español que se produjo en un momento prácticamente preconstitucional. Por lo tanto, ya un primer dato de fecha que nos debe ubicar en la vigencia de estos acuerdos.

Pero los problemas, evidentemente, continúan si acudimos ya al instrumento de ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales, como decía anteriormente. Y aquí hay dos artículos relevantes para comprender el alcance de esta situación. Está el artículo segundo, en el cual dice que «los planes educativos en los distintos niveles y grados de formación incluirán -y aquí bien la preocupación- la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales». Es verdad que luego hay una salvaguarda, diciendo que «por respeto a la libertad de conciencia, dicha enseñanza no tendrá carácter obligatorio para los alumnos; se garantiza, sin embargo, el derecho a recibirla».

Por lo tanto, tenemos una situación, unos acuerdos que produce el Estado español que, en estos momentos, están obligando a que en los centros educativos y a que en el currículum educativo que se imparte en los centros se tenga hecha una reserva expresa para la impartición de doctrina religiosa, de distintas confesiones religiosas, en este caso concreto, la primera, la de la Iglesia Católica. Obviamente, se da un derecho de objeción de conciencia para que aquellos padres o aquellos adolescentes que opten por no acudir a esa clase de religión tengan algún tipo de actividad complementaria. Y el propio Gobierno de Aragón, recientemente, ha regulado estas actividades complementarias, a pesar de que estas actividades complementarias todos sabemos que tienen enormes problemas, como luego detallaremos.

Por lo tanto, artículo segundo: enseñanza de religión católica en todos los centros en condiciones equiparables.

Pero, es más, en el artículo tercero dice que «la enseñanza religiosa será impartida por las personas que sean designadas por la autoridad académica entre aquellas que el ordinario diocesano proponga». Por lo tanto, obligatoriedad de impartir la enseñanza, y un mecanismo muy curioso, muy específico, a través del cual los dineros públicos seleccionan un determinado personal que viene determinado por las autoridades eclesiásticas.

Pues, bien, además de este Acuerdo con la Iglesia Católica, sabemos que en el año noventa y dos se firman acuerdos con otras confesiones religiosas: acuerdos de cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas en España, con la Federación de Comunidades Israelitas en España y con la Comisión Islámica de España, y se recogen aspectos sustancialmente parecidos, aunque, evidentemente, con una influencia social todavía hoy, por lo menos, muy inferior a la que tiene la Iglesia Católica en nuestro país.

Y a partir de aquí, el Real Decreto del año noventa y cuatro que regula la enseñanza de la religión en desarrollo de la LOGSE establece que para los alumnos, como decíamos, que no opten por seguir la enseñanza religiosa, los centros organizarán actividades de estudio alternativas, como enseñanzas complementarias, en horario simultáneo a las enseñanzas de religión. Pero en el artículo 3 se dice taxativamente que «dichas actividades no versarán sobre contenidos incluidos en las enseñanzas mínimas y en el currículo de los respectivos niveles educativos, además de no ser objeto de evaluación y no constar en los expedientes académicos de los alumnos». Luego, la utilidad práctica, real, de esas -entre comillas- «alternativas» a la religión es verdaderamente pequeña, a pesar de los esfuerzos imaginativos que haya podido hacer el Gobierno de Aragón en este caso concreto.

Y aquí hay un dato también preocupante, señorías. Cuando hablamos de la optatividad de asistir a estas clases que deben ofrecerse obligatoriamente, pero no es obligatoria la asistencia, pero sí que se ofrezcan obligatoriamente en horario lectivo, tenemos un problema ya marcado que puede mermar la libertad ideológica, la libertad religiosa. Señorías, tenemos..., los padres, en unos casos, o incluso cuando son más mayores, los propios alumnos, tienen que optar por segregarse en un grupo o en otro. Tienen que optar por decir si van a una clase o van a la otra. Luego, ya están manifestando..., están teniendo que pronunciarse sobre sus convicciones, que deberían ser absolutamente reservadas, y los padres y los alumnos tienen obligatoriamente que someterse a la criba de a qué clase voy: ¿voy a clase de religión?, y, por lo tanto, tengo una determinada caracterización. ¿O voy a la alternativa de religión?, luego soy ya un descreído, etcétera, etcétera.

Eso, en ambientes más pequeños, cuanto más pequeño es el ambiente -todos los sabemos-, eso dificulta enormemente, porque hay un proceso de escrutinio permanente, hay un proceso de presión social que hace difícil -y lo entendemos, sobre todo en el mundo rural- que haya una auténtica libertad de opción en esta materia. Y, además, en muchas ocasiones, resulta que los que se quedan en clase son los de religión y los que salen del aula son los que optan por una alternativa a la religión. Por lo tanto, esa situación de dificultad existe clarísimamente y se está vulnerando, en nuestra opinión, está en el límite de la vulneración de los derechos y las libertades fundamentales de las personas.

Y a eso debemos añadir que mediante el convenio firmado el 26 de febrero del noventa y nueve entre la Conferencia Episcopal y el Estado español -lo que antes decíamos, que estaba en los acuerdos-, el Estado sanciona y paga la presencia en los centros públicos de enseñanza a personal cuyo nombramiento, selección e incluso forma de impartir la asignatura no puede regular, y cuyo contenido en el aula es, lógicamente, adoctrinar las distintas religiones que se plantean. Y, además, ya establece que la Conferencia Episcopal, en el caso de la religión católica, tiene la competencia de elaborar el currículum en la materia, que posteriormente tiene que pasar lógicamente al Ministerio -ahora, a las comunidades autónomas-, pero los objetivos, contenidos y finalidades y la evaluación se hacen desde instancias ajenas a lo público, y, por lo tanto, careciendo del control fundamental desde ese punto de vista.

Pues bien, señorías, en Aragón, hemos tenido ocasión de pronunciarnos en distintas ocasiones sobre esta materia. En concreto, cuando el Gobierno de Aragón presentó a esta cámara la comunicación sobre política educativa no universitaria, ya a finales del año pasado, desde una propuesta de Izquierda Unida de Aragón, se aprobó una propuesta de resolución en las Cortes de Aragón que decía textualmente: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a asegurar en los ámbitos donde exista posibilidad para ello que la impartición de doctrina de las diferentes confesiones religiosas se realice fuera del horario escolar, no teniendo, por tanto, esas doctrinas tratamiento curricular alguno». Y el pasado 10 de abril, el Consejo Escolar de Aragón -y antes se citaba la autoridad del Consejo Escolar de Aragón- aprobaba una moción, también presentada en ese caso por el representante de Izquierda Unida en el Consejo Escolar, que reproducía los contenidos de la resolución de las Cortes de Aragón.

Por lo tanto, tenemos -creo- dos pronunciamientos al más alto nivel en materia educativa en nuestra comunidad autónoma: este parlamento, lugar donde se deposita la voluntad de los aragoneses, y el Consejo Escolar de Aragón, lugar donde se articula la opinión de la comunidad educativa. Y en los dos lugares ha habido pronunciamientos claros, concretos y diáfanos sobre esta cuestión.

Ahora bien, todos entendemos que estas dos resoluciones podrían correr el riesgo de quedarse en papel mojado, efectivamente, porque falta algo que permita que esto sea practicable, que esto sea atendible, que esto sea encajable, y es que el marco jurídico estatal y, en este caso concreto, también los compromisos internacionales, permitan adaptarse a lo que nosotros estamos planteando.

Por eso, nosotros planteamos esta proposición no de ley, que consiste, que se basa en instar al Gobierno de Aragón para que se dirija al Gobierno central y le solicite la denuncia, que es el término jurídico por el cual se pretende revocar un acuerdo firmado entre dos Estados, la denuncia de los acuerdos firmados con la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales, porque creemos sinceramente que supone una contradicción con los valores y principios constitucionales, tal como antes he argumentado, porque su gestación fue preconstitucional y porque obligan a un pronunciamiento en un momento determinado de la educación de los chicos y las chicas, en el cual obligan a la segregación en función de una ideología o una práctica religiosa. Suponen también una intromisión -entendemos- de las confesiones religiosas en el ámbito de la escuela.

Nosotros entendemos..., y nadie debe pensar que Izquierda Unida viene a esta cámara con pretensiones antirreligiosas, por supuesto que no, nada más lejos de nuestra intención. En nuestro propio seno, tanto militantes como votantes de nuestra organización somos perfectamente conscientes de que hay cientos y miles de personas que profesan religiones y, por lo tanto, el máximo respeto a todas ellas. Pero entendemos que el lugar no es el lugar de la enseñanza obligatoria, de ocupar una parte del currículum de los alumnos y, por lo tanto, entendemos que eso debe estar inscrito en el ámbito privado y, por supuesto, también en el ámbito comunitario que suponen las religiones en su práctica. Y en muchos países sabemos que se hace así: la religión se enseña en las sinagogas, la religión se enseña en las madrasas al lado de las mezquitas, la religión se enseña en las parroquias o la religión se enseña en otros lugares de este tipo, pero no tiene un contenido curricular y un horario obligatorio de impartición.

Y, además, también entendemos que en el proceso de elección del profesorado de religión hemos visto este año cómo saltaban a la palestra notables problemas y, en este caso concreto, de no renovación de muchos profesores de religión, porque quienes hacían la propuesta, es decir, el ordinario del lugar -que nadie se alarme, porque todos sabemos que en Derecho Canónico, el ordinario del lugar es el obispo, que tiene la competencia para hacer esa propuesta- estimaba que los hábitos morales, la conducta, las relaciones sociales o las opiniones de determinados profesores eran incompatibles con que pudieran seguir ejerciendo las clases que prestaban. Por lo tanto, incluso hay una inseguridad de los trabajadores desde ese punto de vista. Hemos tenido incluso el caso de que una profesora de religión que era concejala de Izquierda Unida ha sido no renovada -entendemos-, pues, por el grave delito de pertenecer a esta organización política, a pesar de que es una mujer que profesa la religión católica, que quiere defenderla, que quiere explicarla, pero parece ser que este grave delito se planteaba en ese sentido.

Por lo tanto, entendemos que para poder cumplir la resolución de las Cortes de Aragón y la resolución del Consejo Escolar de Aragón, hoy es necesario adoptar una propuesta no de ley razonable, que lo que aboga es por que el Estado laico y aconfesional siga adelante, siga plenamente en vigor, sin menoscabo, por supuesto, de la protección que todas las ideas y, por supuesto, confesiones religiosas, deben tener, el respeto a todas ellas y su posibilidad de desarrollo.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Esta proposición no de ley tiene una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Piazuelo tiene la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor presidente.

Señorías.

Tomo la palabra, en nombre del Grupo Socialista, para defender una enmienda y, a la vez, también, fijar la postura de mi grupo ante esta proposición no de ley.

La enmienda -les alivio a ustedes del texto de la explicación- simplemente afecta a la forma, a la redacción, es decir, no afecta absolutamente nada al fondo. Y nosotros hemos adecuado el contenido a lo que queremos que sea este debate. No afecta esta enmienda, como digo, al fondo de la cuestión, que lo queremos es justamente que se revise el concordato con la Santa Sede, con el Estado del Vaticano. Pero unas consideraciones previas antes de entrar al fondo de la cuestión.

La primera de ellas es que nosotros no afrontamos este debate desde una postura ni anticlerical ni excluyente, sino desde la más total y absoluta de las tolerancias a las respectivas y múltiples creencias de la sociedad en la que estamos, una sociedad plural. Nuestra opinión, los argumentos en los que se basa esta intervención los queremos fundamentar fundamentalmente en consideraciones legales, exclusivamente legales, y también, si me lo permiten, en el sentido común.

Es cierto que los condicionantes de tiempo que tienen que tener los legisladores cuando actúan han condicionado los acuerdos de la Constitución del setenta y ocho y de los concordatos, y que no se legisla para el pasado, sino para el presente, y este presente lo cambia también el futuro.

Es cierto, señorías, que esta sociedad, en el año 2002, no es la misma que en 1979. Si es cierto, como es cierto, que en este país hubo...

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Piazuelo, un momento.

Señorías, les ruego silencio, por favor.

Puede continuar, señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor presidente.

Decía un gran actor que «los actores no piden silencio, sino que se lo ganan». No me lo he debido de ganar.

Gracias por la ayuda, señor presidente.

Decíamos que durante cuarenta años hubo en esta sociedad un nacional-catolicismo, y es cierto, por lo tanto, que aquí hubo nacional-católicos. Lo que en 1979 se produjo, que era un gran cambio social, hoy puede ser que esté obsoleto, antiguo y cuestionado. La sociedad ha cambiado lo suficiente como para que nosotros debamos demandar otro tipo de legislación, de acuerdos, de concordatos.

La iniciativa que hoy se somete a nuestra consideración, desde un punto de vista político, es muy simple: que se revise el concordato entre dos Estados, una simple opinión política que si uno de los Estados no fuera el Vaticano, entraría de lleno en consideraciones políticas de relaciones internacionales, en donde, desde luego -y también hay opiniones diversas y criterios varios-, para ese tipo de relaciones internacionales, no tenemos competencias. Luego me referiré a este tema.

Al ser el Vaticano, condiciona de una manera importante el desarrollo de un país como el nuestro, en donde todavía existen distinciones entre los políticos -lo hemos visto en esta cámara- tan simples como jurar o prometer el cargo. Y el problema, señorías, no es que afecte a la intimidad de las personas, sino que este acuerdo entre Estados condiciona también el punto de vista económico de los ciudadanos por igual, piensen o no piensen lo mismo.

En estas Cortes de Aragón, señorías, se han discutido y aprobado iniciativas legislativas que están en oposición con el acuerdo entre el Estado español y el Vaticano. Se ha dicho en la intervención anterior que estas Cortes aprobaron una propuesta de resolución por parte de Izquierda Unida -les alivio de leerla textualmente-, pero he de decir que está en contradicción flagrante con la Ley orgánica 7/1980, de 5 de julio, que desarrolla el artículo 16 de la Constitución, y que en su artículo 3 dice: «Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para facilitar la formación religiosa de los centros públicos». También es cierto, señorías, que los obispos reclaman y piden que la religión católica sea evaluada de manera que la nota de religión cuente en el expediente académico como una asignatura más... (La sociedad plural de la que hablábamos anteriormente.)

Este concordato, el de 1979, señorías -y es muy importante que lo tengamos en cuenta-, es simplemente la revisión del concordato de 1953, del que quedan derogados tales o cuales artículos, pero que es vigente. Me interesa que se fijen que lo vigente es entrecomillado, porque la redacción del concordato de 1979 hace referencia varias veces al vigente concordato, que es el de 1953. Por más que los defensores de este concordato se empecinen en hablar del nuevo concordato del setenta y nueve, lo único que se hizo en aquel momento fue sacar los muebles viejos y reamueblar la estructura concordataria del cincuenta y tres, de corte claramente fascista, en el sentido literal del término, ya que el pacto del cincuenta y tres fue entre la dictadura militar de Franco y una parodia de Estado creada por Benito Mussolini en 1929.

Un pequeño ejemplo de este concordato. En su artículo primero afirmaba: «La religión católica, apostólica y romana sigue siendo la única de la nación española». ¡Toma ya realidad vigente! Artículo segundo: «El Estado español reconoce a la Iglesia Católica el carácter de sociedad perfecta». Éste es el concordato del que estamos hablando; éste es el concordato vigente; éste es el concordato vigente, que es el del cincuenta tres con el setenta y nueve reformado.

No nos puede extrañar, por tanto, la postura de la Comisión Episcopal Permanente, en las últimas elecciones generales, de apoyar... -los cristianos, se entiende-, de pedir el voto a los partidos que defienden a la familia, fundada en el verdadero matrimonio monogámico y estable. Sólo les faltaba poner debajo y, explícitamente, las siglas del Partido Popular. Lógico, natural, pero sin caretas. ¡Digámoslo claramente!

Por lo tanto, recientemente, en septiembre de este año, el Ministro Piqué visitó el Vaticano con el propósito, según él -entrecomillo- «de realizar una revisión, un repaso de la situación bilateral». Y según él, entrecomillado, «no caben modificaciones ni en un sentido ni en otro de los acuerdos regidos en este concordato, puesto que entiende que dicho pacto respeta la Constitución, y que, a pesar del carácter laico del Estado español, también reconoce el papel que juega la religión católica y la Iglesia para muchos de nuestros ciudadanos». Todo esto entrecomillado. ¡Desprecio olímpico a quienes se oponen a la educación católica en las escuelas al considerar pequeños sectores, como si los derechos individuales de uno sólo de los ciudadanos, uno sólo de los ciudadanos, no bastaran para merecer el sentido común de este pintoresco ministro!

La Constitución española, señorías, en el setenta y ocho, pretendía cerrar, como he dicho antes, treinta y nueve años de nacional-catolicismo, aceptando la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. España pasa a formar parte de los países aconfesionales del mundo civilizado (artículo 16 de la Constitución), pero esta laicidad, de forma más que de fondo, está condicionada desde el principio (la sociedad del setenta y ocho y del setenta y nueve), y debido a su escala de valores, aparece el artículo 16.3, que permite los pactos con el Estado del Vaticano, sin entrar a configurar ni la forma ni el fondo de dichos pactos.

Este acuerdo de 1979, esencialmente el mismo que el del cincuenta y tres, ligeramente maquillado, establece que la religión católica es la religión hegemónica en España. Dos leyes: los acuerdos del 3 de enero del setenta y nueve sobre las cuestiones jurídicas y sobre enseñanza desarrollan este concordato. Y, curiosamente, señorías -ha sido resaltado anteriormente-, curiosamente, este concordato entró en vigor antes que la propia Constitución. Repásense sus señorías las fechas, porque son claramente explicatorias del fondo de la cuestión que hoy estamos hablando aquí. Y es por esta justamente, y por otras razones, por la que numerosos juristas consideran el concordato claramente anticonstitucional. Así lo declara y firma el propio don Gregorio Peces-Barba, que fue, como todas sus señorías saben, ponente del texto constitucional, además de presidente del Congreso de los Diputados. Les recomiendo encarecidamente que se lean el artículo firmado por este magnífico erudito publicado en El País el 17 de noviembre de 1999. Y si no les gusta su lectura, yo les voy a leer lo que dice el manifiesto del XXI Congreso de Teología, realizado el 7 de septiembre de 2001 en la ciudad de Córdoba, un manifiesto contra la actitud intolerante y contraria a la Constitución de los obispos. No lo dice ya don Gregorio Peces-Barba, reconocido ponente constitucional del Partido Socialista, lo dicen mil trescientos teólogos del Estado español.

Es cierto también que el concordato habla del sostenimiento económico de la Iglesia, y lo hace de una manera curiosa. La declaración anual para el IRPF permite dos opciones: colaborar en el sostenimiento económico de la Iglesia Católica u otros fines de interés social. Esto no sólo lo pone la Administración pública al servicio de una organización religiosa en un Estado que carece oficialmente de religión oficial, sino que además obliga a los españoles a declarar en documentos públicos sus preferencias religiosas. Y esto, señorías, lo prohíbe expresamente la Constitución española, que es posterior a este concordato. Se dieron mucha prisa en poner legalmente este concordato antes que la Constitución. Es curiosa esta situación, pero no termina aquí.

Desde que existen estas dos opciones, la Iglesia Católica jamás ha recaudado el dinero que necesita. Sí es verdad que todos, reitero, todos los gobiernos de este país -entrecomillo- «democrático y aconfesional» le han garantizado la cantidad requerida, independientemente de la voluntad de los españoles. Y esta voluntad, con los últimos datos del propio ministerio, dice lo siguiente: sólo un 35% de las declaraciones del IRPF la quieren mantener a su costa, sólo un 35%. La opinión del otro 65% no cuenta para este Gobierno. Es claro que un 80% se declara católico, pero sólo el 15% de éstos ejerce como tal. La opinión de este 15% la tenemos que pagar todos los españoles. ¡Curiosa situación ésta también!

La responsabilidad, señoras y señores diputados, en estos momentos, es suya, no tanto de los diputados de aquí, sino del estado de opinión que nosotros pretendemos que esto genere, para cuando esto se discuta, en los que tienen realmente las competencias.

Que ustedes no se escandalicen del caso Gescartera y la inversión de dos mil quinientos millones de pesetas procedentes de la Iglesia después de ser cotizados y pagados por todos los españoles, a mí no me sorprende. No me sorprende, de verdad, porque, desde mi punto de vista, desde mi filosofía política, y con todos los respetos, asistimos una vez más a la consuetudinaria y congénita hipocresía social de la derecha española. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, hipocresía que demuestra también con las críticas furibundas que se hicieron a todos los miembros de este Gobierno que pretendían en Bruselas que no se hiciera el trasvase del Ebro y que no se hicieran inversiones, y a la visita suya pidiendo que se realice... ¡La ley del embudo! Si entonces era mal, ahora, también.

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Piazuelo

El señor diputado PIAZUELO PLOU: A la cuestión. Perdón, señor Presidente, pero es que el Pisuerga pasaba por Valladolid. [Risas.]

Ahora estamos intentando, señoras y señores diputados, resolver por vía legal un problema, a nuestro juicio, legal. Por encima de todo, no queremos que esto sea un enfrentamiento de creencias religiosas; si ustedes quieren, ni siquiera de ideologías políticas. Si sacan las creencias religiosas, no tiene por qué haber un enfrentamiento de ideologías políticas a la hora de adecuar legalmente unos textos que, según todo el sentido común y los profesionales de la jurisprudencia, dicen que son anticonstitucionales. El Estado, por darles un poquito de información de la realidad que tenemos en este momento en Aragón, ha firmado con la...

El señor PRESIDENTE: Debe concluir, señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Dos minutos, medio minuto. [Risas.]

... con la federación ha firmado tres acuerdos: con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (una excisión de las últimas que ha habido de la Iglesia Católica), la Ley 24, con la Federación de Comunidades Israelitas, y con la Comisión Islámica.

Bien. Es cierto que en Aragón tenemos doscientos sesenta profesores dependientes del MEC que habrán sido transferidos, y en secundaria, ochenta y siete. Se trata, en realidad, aprobando la normativa del 22 de agosto de 2001, de cubrir el vacío existente en esta cuestión, pero permítanme un juicio de valor: los obispos pretenden que los «alumnos infieles» -entrecomillados- estudien una ética que les reclamaría el mismo esfuerzo que la clase de religión para que ésta no se quedara vacía.

Por lo tanto, este Gobierno, que tiene que cumplir la legalidad, la legalidad, y la cumple tanto por la normativa de la Orden del 22 de agosto, como el concordato, como todo lo que dimana, tiene que recoger también el sentir de lo que estas Cortes aprueban y lo que el Consejo Escolar le ha demandado.

Y este es el sentido de nuestro voto a favor, señorías, en este momento, en esta proposición no de ley. Un Gobierno que hace oídos sordos al sentir mayoritario de la sociedad que representa, como es la aragonesa, está incumpliendo gravemente sus condicionantes de gobierno; y un Gobierno que no acata la legalidad vigente es denunciable y sería denunciado en esta cámara. Esta es una contradicción, la que estas Cortes han puesto de manifiesta a este Gobierno, pero ¿cómo se resuelve esto? Hay dos maneras de resolverlo, señorías: retomar...

El señor PRESIDENTE: Señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Acabo.

El señor PRESIDENTE: Ya, concluya usted.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Retomar las consideraciones que se han tomado...

Señor Presidente, yo que casi nunca acabo ni la mitad de mi tiempo, apúntemelo a lo que no empleo nunca...

El señor PRESIDENTE: No hay compensaciones, señor Piazuelo, como usted sabe.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Pedimos el voto favorable a sus señorías para esta proposición no de ley. Lo pedimos seriamente, y hemos pretendido que el debate fuera serio, sin caer en la risa ni el histerismo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Piazuelo.

Grupos no enmendantes.

Chunta Aragonesista. Señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor Presidente.

Señorías, voy a tratar de explicar, en nombre de Chunta Aragonesista, nuestra posición respecto a esta iniciativa que presenta el señor Lacasa, por Izquierda Unida.

Señor Lacasa, tengo que decirlo, porque he sido cocinero antes que fraile, en el hecho..., tanto yo como el señor Yuste, hemos sido cocineros antes que frailes, porque estábamos en la legislatura anterior en esta cámara sólo dos diputados, y señorías, yo entiendo perfectamente cuál es la situación del señor Lacasa y la situación de Izquierda Unida en esta cámara: es una situación muy difícil, en la que es necesario -y yo quiero hacer por eso un reconocimiento público a su labor-, un esfuerzo denodado, un esfuerzo denodado física y psíquicamente, un esfuerzo denodado para tratar de ir a todo lo que se puede, para tratar de hacer propuestas sobre todo lo que se puede, para tratar de dar opiniones sobre todo lo que se puede, y, desde ese punto de vista, yo creo que el señor Lacasa se gana, primero, por su trabajo serio y capaz; segundo, por su inteligencia y olfato político demostrado; tercero, por su bonhomía, y cuarto, por su talante, la consideración, desde luego, de este diputado, de este diputado y de este grupo. [Rumores.]

No, señorías, ya sé que no es habitual eso, pero yo creo que también tenemos hasta que aprender la educación sentimental en la cámara, también es una cosa positiva, un principio democrático considero, la educación sentimental y el reconocimiento de las cosas cuando se hacen bien; ya sé que no es habitual en esta cámara demostrar ese tipo de sentimientos, pero yo tengo un especial aprecio al señor Lacasa, y quiero dejarlo así de claro.

El señor Lacasa, en esa situación, si que..., en esto, si que nosotros no somos cocineros antes que frailes, ha dado un paso más claro que el que había dado en la investidura, en la situación política de la cámara, y lo ha dado en las últimas semanas, no él, sino él como representante en esta cámara de su organización, y eso sí que ya marca una situación en la que ya no le puedo dar lecciones, porque nunca nos hemos visto en esta situación. Sólo llevamos aquí dos legislaturas. Pero me da la sensación de que eso conlleva -desde fuera lo digo- la obligación de tragarse algunos sapos por las mañanas; eso lo he leído, no lo he experimentado todavía, pero sí que lo he leído y lo conozco por referencia: tragarse algunos sapos. Y esa es la explicación de esta iniciativa que hoy debatimos: el señor Lacasa está ante un sapo que se han tenido que tragar él y su organización.

Básicamente, a los tres días de firmar un acuerdo tripartito, se encuentra con que en ese acuerdo tripartito y escenificándolo no sé porque motivos, o porque alguien tenía interés en escenificar a los tres días de firmar este acuerdo que entre los aragoneses ilustres, además de los científicos, los literatos, los intelectuales, también hay beatos, que entre los aragoneses ilustres, por lo visto, también hay beatos. Pero hay muchos beatos..., además, ahora, los hacen como churros a los beatos, en este Papado. Nos encontramos con que hay beatos aragoneses, que hay bastantes, bastantes en el último Papado, pero hay alguno que es especialmente insigne: me refiero a don Josemaría -todo junto- Escrivá de Balaguer, marqués de Portolés, la persona que en lo civil se llamaba «José María Escrivá Albás», como sus señorías conocen por un reciente escrito que ha tenido entrada en esta cámara.

Pues bien, el señor Lacasa se encuentra con que tienen que mirar para otro lado cuando el Gobierno va a subvencionar el centenario del nacimiento del señor Escrivá de Balaguer, del beato Escrivá de Balaguer. Se encuentra en esa situación e, inmediatamente, como no puede evitar el mal lugar en el que deja eso a su organización, porque, evidentemente, yo estoy seguro -y la ciudadanía lo sabe- que Izquierda Unida no está de acuerdo con esa iniciativa, no sólo eso, sino que se le pone la carne de gallina, pues, entonces, presenta en ese Pleno, en el primer Pleno inmediatamente posterior a este hecho, esta iniciativa. Por lo tanto, yo quiero tener en cuenta que este es un gesto político forzado, esto es una operación de billar: alguien ha dado a una bola y esta bola da a otra y lo trae aquí. Y trae usted, señor Lacasa, esta iniciativa aquí por ese motivo; no es que porque pudiera correr el riesgo ahora la iniciativa de la resolución aprobada en las Cortes respecto a que se quede fuera del horario escolar la enseñanza de la religión, no, no es que pudiera correr el riesgo de ser papel mojado. Todos sabemos que eso fue un gesto político, y nosotros lo sabemos, que apoyamos esa iniciativa, porque nosotros votamos a favor de esa iniciativa, y sabemos que, a fecha de hoy, es un gesto político y es papel mojado.

Quiero decir que ha pasado mucho tiempo para poder debatir esta iniciativa desde que se aprobó aquella propuesta de resolución que el señor Lacasa ha explicado. Yo creo que esta iniciativa tiene más que ver con aquello... El señor Lacasa en su bonhomía, quizá, quizá, quizá, en este caso, tenga que estar obligado a dar el salto de la ética laica -la bonhomía es, en realidad, un valor filosófico del siglo XVIII fundamentalmente, pero quizá que era un valor laico, laico, y racionalista-, da el salto de la ética laica, quizá, a la caridad cristiana. De la bonhomía se puede ir en las dos direcciones: por la ética laica, por la que siempre va el señor Lacasa, pero en este caso, también hacia la caridad cristiana. Me refiero a la caridad cristiana de «poner la otra mejilla», «poner la otra mejilla».

Porque, claro, en uno de sus libros de memorias, don Josemaría Escrivá de Balaguer cuenta la experiencia que tuvo una vez que se le apareció el demonio, que se le apareció el diablo, y cuenta la experiencia: satán se le apareció, y dice él que satán se le presentó en forma de comunista mal vestido [risas], en forma de comunista mal vestido -no era el señor Lacasa, porque el señor Lacasa viste bien [risas]-, pero, evidentemente, cuando a los comunistas, sean bien o mal vestidos, se les llama satán, se les llama demoníacos, quizá sólo desde una visión de caridad cristiana es posible, no obstante, mantener que se le siga dando al centenario del señor Escrivá de Balaguer, tolerar que se le siga dando dinero público de un Gobierno laico, en unas Cortes laicas... ¿Por qué digo eso, señorías? Digo esto porque, evidentemente, nosotros estamos totalmente de acuerdo con esta iniciativa, pero nos encanta la situación política que se da, porque también hay que disfrutar, por lo tanto, disfrutemos todos de esta situación.

El señor Lacasa pone la otra mejilla y trae aquí una iniciativa sobre la Santa Sede, en la que compartimos todos y cada uno de los aspectos que indica. Nos parece mejor, no obstante, el texto del señor Piazuelo, porque no vemos por qué hay que referirse sólo a una de las confesiones religiosas por más que sea la preponderante, pero creo que, por rigor, debería usted aceptar el texto del señor Piazuelo, que me parece más proclive, perdón, más laico y menos proclive, a ir sólo contra una o a apartar de un currículum laico sólo una de las confesiones; creo que hay que apartar todas, y en eso estamos de acuerdo.

Pero, claro, el señor Lacasa... Aquí sí que hay que traer un refrán popular que tiene algo que ver con una frase bíblica, y el refrán popular es: «una cosa es predicar y otra dar trigo», que es próximo a la frase bíblica de que «la mies es mucha, mas los obreros o las manos o los brazos son pocos» -son menos, sí-, porque esta iniciativa va a referida a decirle a Madrid que le diga a la Santa Sede que denuncia el concordato, que denuncia el acuerdo del setenta y nueve, y el objetivo es perfectamente válido y el método es ése. Pero, claro, cuando esto se hace carne en Aragón, no es que ya estemos ahora en un Gobierno laico tripartito, apostando por mantener la religión o no mantener la religión en el horario, es que ese Gobierno laico, refiriéndonos, ya que nos referimos, a la Santa Sede, va a apoyar no sólo a un aragonés insigne e ilustre, sino a la parte más recalcitrante y más retrógrada vinculada con la geoestrategia de la Santa Sede, que es la prelatura del Opus Dei, su fundador y su mas insigne referencia y beato.

Por lo tanto, señor Lacasa, nosotros vamos a apoyarle esta iniciativa, pero también le tenía que decir esto, también le tenía que decir esto, porque, claro, al viento le digo, a Madrid le digo..., pero cuando tengo posibilidad de influir en Aragón en una situación que tiene que ver con eso, miro para otro lado y digo que «cada consejero es libre de hacer lo que quiera». Pues, si cada consejero es libre de hacer lo que quiera, para eso no hacían falta tantos pactos y tantas reuniones para hacer tripartitos; se supone que ese tripartito es para marcar unas líneas, y esta línea, desde luego, es absolutamente contradictoria con lo que hoy espero que, con los votos de la izquierda, se apruebe en esta cámara.

Nosotros, desde luego, vamos a votar «sí», porque estamos totalmente de acuerdo con la iniciativa. Me remito a lo que dije y a la posición defendida por Chunta Aragonesista en la Comisión de Educación con ocasión del debate y votación de la propuesta de resolución relativa a la comunicación sobre educación no universitaria, en la que este texto, desde luego, fue apoyado por Chunta Aragonesista.

Pero, señor Lacasa -una cosa es predicar y otra dar trigo-, yo lo que le rogaría es que, además de pedir esto a Madrid, por coherencia, en ese voto tan decisivo que usted tiene, trate de verdad no de mirar a otro lado, sino de mirar hacia sus dos socios, pero no de Gobierno, sino de legislatura y de Administración para que eso no se haga. Porque, en este caso, no me sirve decir que éste es un aragonés ilustre; hay muchos aragonés ilustres que se quedan sin centenario, sin conmemoración de sus centenarios, muchos, pero por lo visto alguien tiene interés en que éste no se quede.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Por el Grupo del Partido Aragonés, la señora Blasco.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: Gracias, presidente.

Quiero iniciar mis palabras diciendo que desde el PAR vemos tan respetable el que se beatifique a personas que se deben de beatificar como que, generalmente, la izquierda haga fundaciones con personas que realmente tienen la ideología de izquierdas, o sea, tan importante es una cosa como otra, y nosotros no vamos a entrar en ello. Creemos que todo lo que sea apoyar a nuestra gente aragonesa y a los acontecimientos importantes de Aragón, creo que es importante respaldarlos.

Quiero anunciar también, en principio, que la postura del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés será también acorde con lo expresado en la votación de la Comisión que se realizó hace más de un año, en una resolución presentada por Izquierda Unida, y que en aquel momento el Partido Aragonés se abstuvo. Pero la verdad es que creemos que esta proposición no de ley, en los términos que ha sido presentada por Izquierda Unida, el Partido Aragonés la debe de rechazar; aunque también es verdad que ante la enmienda del Partido Socialista, nosotros estaríamos dispuestos a abstenernos, puesto que creemos que es importante que el Estado empiece a revisar los diferentes acuerdos que se firmaron hace más de veinte años.

Exactamente, en el año setenta y nueve, tal y como nos recordaba algún portavoz, el Estado español firmaba un protocolo, un acuerdo, con la Santa Sede, en el cual la enseñanza de la religión hablaba sobre la enseñanza de la religión en centros escolares.

Posteriormente, en el año noventa y dos, se aprueban también por ley acuerdos de cooperación del Estado con otras entidades religiosas, como las evangélicas, israelitas, musulmanes y, más o menos, los términos eran de las mismas características.

La propia LOGSE, que se aprobó en el año noventa, recogía también el acuerdo con la Santa Sede, y así, en el noventa y cuatro, se regularía también la enseñanza de la religión.

La religión, hoy en día, es obligatoria en el currículum, aunque es voluntaria para los alumnos.

En el año noventa y cuatro, los alumnos que no quisieran su impartición irían a actividades que debería de organizar el centro, como alternativas complementarias. En esto último, como muy bien han comentado, debo decir que si bien los niños, cuando van a matricularlos a los centros escolares, los padres deben decir si van a religión o no, cosa que desde el Partido Aragonés lo vemos como una discriminación a la entrada ya del propio niño en el centro, que se puede decir que es también un tema a revisar, puesto que parece que realmente vulnera los derechos del niño a no ser discriminado precisamente en optar o no optar en la religión. Pero no está el tema de los niños que dicen «si» a la religión en las clases, sino que el problema existe en los que dicen que «no» sus papás en ese momento, que dicen «no» a la religión, puesto que estos niños tienen solamente una alternativa: el patio; en invierno o en verano, se tienen que ir al patio, mientras el resto está en clase dando religión, los demás, simplemente por no decir que sí quieren dar religión, generalmente, el centro está imposibilitado de dar esas actividades complementarias, por lo que en invierno y en verano, a estos chavales los echamos al patio, y digo «los echamos» entre todos, puesto que todos somos responsables en este tema.

Desde el PAR, realmente -y ya lo dijimos en su momento-, esto nos parece injusto, y nos parece que esto no es la calidad educativa que queremos para los niños. Por ello, hay que decir también y hay que ser justos cuando desde el propio Gobierno central se intentó -como ya se ha hecho- esa alternativa a la religión, y también hay que decir que tuvo sus problemas a la hora de darles la Seguridad Social a esos de más de ocho mil profesores de religión que estaban en esas circunstancias que todos sabemos y que todos conocemos, puesto que también el colectivo de profesores de religión han pasado por estas Cortes para explicarnos su situación como trabajadores de los centros escolares. Con ello, desde el Partido Aragonés vemos que el Gobierno central está haciendo también una política no sólo de gestos, sino que está entrando en intentar resolver y adecuar lo que es la realidad social y lo que es la realidad educativa.

Por ello, nosotros creemos que es necesario revisar por muchos motivos estos acuerdos que he dicho antes, no sólo de la religión católica, sino de todas las demás religiones. Y es un tema muy complicado, puesto que partimos de varias posiciones y, desde luego, de diferentes puntos de vista, dependiendo de los partidos políticos, y aquí mismo se va a hacer hoy realidad. Creo que todos o casi todos creemos y estamos de acuerdo con lo que dice el punto tres de la Constitución, que «ninguna confesión tendrá carácter estatal», y votamos así, coherentemente.

El acuerdo del setenta y nueve se entendía en el setenta y nueve, pero realmente la sociedad actual y la sociedad futura, que es la realidad que estamos viviendo de que cada vez nos vienen mas inmigrantes y nos viene gente de diferentes religiones, nos están diciendo a los dirigentes políticos que no sólo creamos en la Constitución, sino que la llevemos a cabo y que la practiquemos. No podemos caer en la simpleza y comparar la religión con la catequesis o hacer demagogias, porque eso es lo más fácil. La escuela debe de impartir cultura, y lo que está claro es que toda nuestra cultura occidental está impregnada de acontecimientos y de hechos que se inscriben dentro de un amplio arco de parámetros de la fenomenología religiosa, en su mayoría católica, pero la sociedad actual nos está diciendo que la escuela sea abierta y que la escuela debe de estar, sobre todo, dirigida a todos los niños que tienen el derecho a una educación, tal y como se aprobó en el año cincuenta y nueve con los derechos de los niños.

Así, pues, cuando estamos hablando de globalización, debemos de dar márgenes a lo que es el patrimonio universal, y la religión es universal, no es solamente una religión católica. Tan respetable es la postura de los padres que luchan por una educación laica como la postura de Concapa, que son precisamente los padres que se aglutinan en el tema de la religión católica. Ellos mismos ya se definieron: no tiene que haber alternativa de juegos recreativos a lo que es la religión, sino de formación ética y moral, adaptada a las creencias de los alumnos y de forma totalmente voluntaria.

En Aragón, tenemos -lo vuelvo a repetir- una situación social muy diferente a la de hace veinte años, y la política educativa del PAR dice, en su fundamentación, que «la educación tiene como finalidad básica el contribuir a desarrollar aquellas capacidades que se consideran necesarias para desenvolverse como ciudadanos, con plenos derechos y deberes, en la sociedad en la que viven», por lo que las capacidades a desarrollar no sólo son los conocimientos, sino también los temas que la sociedad reclama como prioritarios, es decir, valores éticos. Por ello, apostamos por una educación en valores, no sólo por la religión católica: por una educación en valores. Debemos dirigir nuestros esfuerzos a que la realidad educativa curricular se acomode con la realidad social que vivimos.

Desde el PAR creemos que hay que empezar a dar pasos de entendimiento entre unos y otros, planificando la imparable salida de la religión del currículum para pasar a ser una importante materia fuera del centro escolar. La Iglesia lo sabe, y así está dando los primeros pasos. Hoy, en la prensa, podíamos leer cómo el Arzobispo convoca una cumbre religiosa, y entre una de las preguntas dice: «¿qué pasa con la religión en la escuela?». Es importante que dentro de la propia Iglesia ya introduzcan este debate. Otro ejemplo que ha dado también la Iglesia: la salida de las comuniones de los centros escolares y la vuelta a la catequesis y a las comuniones en las iglesias. Seguramente, esa reorganización propia de la Iglesia también debe de afectar precisamente a los acuerdos que estábamos hablando del Gobierno central con los dirigentes de las diferentes religiones.

Por ello, nuestra abstención no debe de entenderse en un «no» a la religión, sino en un «sí» a empezar a hablar entre todos y con respeto, sobre todo, a las decisiones que se tomen entre el Gobierno central, que es competencia del Gobierno central, pero también desde la realidad educativa que, desde nuestro punto de vista -y repito-, no corresponde ni a los mandatos de la Constitución ni a la realidad multicultural que actualmente vivimos en los centros educativos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Calvo tiene la palabra.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, presidente.

Cuando dejé la escuela hace no mucho tiempo para dedicarme temporalmente al ejercicio exclusivo de las labores políticas, se llevaba mucho en las clases de inglés un tipo de ejercicio llamado «de elección múltiple» y que, en muchas ocasiones, la verdad es que resultaba divertido resolver; se utilizaba mucho para trabajar las oraciones condicionales, y siempre, al poner los resultados en común, acababan saliendo cosas curiosas: había, por una parte, un grupo de condicionales; por otra parte, un grupo consecuentes, de tal forma que si algún alumno, pues, tenía un despiste o no conocía el significado de una palabra o simplemente, pues, ese día lo llevaba simpático, pues, salían oraciones como éstas: «Si te gustan las manzanas, mañana te lo presento», o «si me acompañas al cine, te compraré un kilo».

¿A qué viene todo esto? Pues, sinceramente, a que me ha recordado, señor Lacasa, la exposición de motivos de su iniciativa a aquellos momentos en los que corregía aquellos ejercicios. Como la Constitución, en su artículo 16, garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, la formación, corolario: la formación religiosa en los centros de enseñanza contradice los principios constitucionales.

Además, hemos escuchado hoy dramatismos, como el hecho de que se segregue a los alumnos de una clase a otra en función de si optan por la religión o no. Pues, no dramaticen tanto, porque dentro de no mucho tiempo, a lo mejor, en esta comunidad autónoma, se segrega a los alumnos en función de si deciden optar por recibir clases de catalán o no. Eso es lo que venía, al menos, en el anteproyecto de ley que hemos tenido oportunidad de conocer.

Y siguiente conclusión: como la legislación vigente, además, impide el cumplimiento de la resolución aprobada por estas Cortes a instancias de Izquierda Unida, pues, vamos a pedirle al Gobierno central que denuncie los acuerdos firmados con la Santa Sede. Pues, hombre, a nosotros, señor Lacasa, nos parecen conclusiones bastante precipitadas, nos parecen conclusiones interesadamente parciales, y nos parecen conclusiones bastante contradictorias, aunque hoy usted lo haya pretendido disimular.

¿Por qué nos parecen, y por qué me parecen conclusiones interesadamente parciales? Usted y el resto de los portavoces, hoy, han utilizado un artículo de la Constitución española, han utilizado un artículo, el 16, pero han utilizado exclusivamente el que les ha interesado. ¡Vaya memoria, señor Lacasa, para lo joven que es!, porque se ha olvidado usted del artículo 27, que es el que está referido a la educación, el que está referido a la enseñanza, un artículo que, en su punto tercero, establece que «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Ese artículo no lo ha mencionado hoy ni lo ha tenido en cuenta en la exposición de motivos.

Pero, además, curiosamente, la conclusión a la que llega al final de la exposición de motivos es totalmente contradictoria con lo que después plantea en el texto dispositivo de la proposición no de ley. Al final de la exposición de motivos, señor Lacasa, le parece conveniente instar a la modificación de la legislación actualmente vigente para que los estudios de religión pasen a cursarse fuera del horario lectivo, pero lo que pide después en la proposición no de ley no es eso: lo que pide es que se denuncien los acuerdos firmados con la Santa Sede, no que se modifique toda la legislación vigente, que usted mismo recoge en la exposición de motivos. Algo realmente curioso, porque, como usted mismo reconoce en la propia exposición de motivos, la situación actual en cuanto a la enseñanza de la religión, pues, no es solamente fruto del acuerdo de 1979 firmado con la Santa Sede. Por cierto, señor Piazuelo, el del cincuenta y tres, sabe perfectamente que está derogado y sabe perfectamente que el acuerdo es del año setenta y nueve y, por tanto, posterior a la promulgación de la Constitución.

Pero, en cualquier caso, señor Lacasa, como le decía, no es únicamente fruto de este acuerdo la situación actual. Como bien reconoce usted mismo en la exposición de motivos, es fruto, por una parte, de lo contemplado en la Ley orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, que es la que desarrolla el artículo 16 de la Constitución que usted mencionaba. Supongo que esa Ley también debe desarrollar el artículo 16 vulnerándolo, a juicio suyo.

Es fruto también de lo establecido en la LOGSE, la niña de los ojos de quienes mayoritariamente hoy van a apoyar también su iniciativa. La situación actual respecto de la enseñanza de la religión es fruto también del reconocimiento legal de los acuerdos del Estado con las confederaciones y las comunidades evangélica, israelita e islámica en España, unos acuerdos que fueron firmados, por otra parte, por el entonces Ministro de Educación y Ciencia, don Jerónimo Saavedra, y el Ministro de Justicia e Interior, don Juan Alberto Belloch, acuerdos que supongo, como decía el señor Piazuelo, también habrá que denunciar. ¿O es que hay que denunciar, señor Lacasa, únicamente los acuerdos en relación con la enseñanza católica?

Y es fruto también, la situación actual, de lo establecido en el Real Decreto 2.438/94, que es el que regula la enseñanza de la religión en los centros docentes, un Real Decreto que también promulgó un Gobierno socialista, del mismo color y compañeros de quienes hoy van a apoyar su iniciativa.

Llegados a este punto, señor Lacasa, ¿nos está diciendo realmente que toda esa legislación que le menciono y toda esa legislación que usted también menciona en la exposición de motivos vulnera los valores supremos reconocidos en la Constitución? Porque, fíjese, fíjese lo que usted mismo dice en la propia exposición de motivos. Toda la normativa citada, la anteriormente citada en la exposición de motivos, y por mí misma ahora, toda la normativa citada es de obligado cumplimiento en la Comunidad Autónoma de Aragón, por lo que hasta su modificación o derogación, insisto, hasta su modificación o derogación, la enseñanza de la religión en los centros docentes y en horario escolar es una obligación legal que el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón no puede soslayar y que está forzado a incluir en su ordenación educativa.

Señor Lacasa, pues, en lugar de presentar esta iniciativa, apunte más alto, apunte más alto. ¿O es que no se lo permite el Grupo Parlamentario Socialista? ¿Qué es lo que resuelve con que se sancione el acuerdo con la Santa Sede? Lo que tiene que decirnos aquí, si quiere ser coherente, es, en todo caso, que todo lo que se ha legislado en este país desde 1980 a esta parte sobre la enseñanza de la religión, por una parte, entra en contradicción y vulnera los principios constitucionales y, por otra parte, impide el cumplimiento de la resolución que aprobaron esas Cortes a propuesta de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón. Y, por tanto, si todo eso es así, y usted nos dice que todo lo que se ha legislado en este país desde 1980 a esta parte vulnera los principios constitucionales, lo que tiene que pedir es que se modifique o que se derogue.

Y, para terminar, pretender achacar como lo hacía usted, a los acuerdos con la Santa Sede la intromisión de las diferentes confesiones religiosas en el ámbito de la escuela, pues, puede que sea mucho, ¿no le parece? Porque me imagino que le podrá achacar, en todo caso, que se haya inmiscuido o entrometido la religión católica, pero el resto se deberá a alguna otra normativa ¿no?, como planteaba el señor Piazuelo.

Yo, señor Lacasa, le reconozco los esfuerzos que ha hecho hoy por intentar justificar su iniciativa, pero, desde luego, a este grupo parlamentario, una vez más, no le ha convencido, por lo que vamos a votar en contra.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Antes de pasar a votación, ¿el grupo proponente puede fijar su posición respecto de la enmienda?

El señor diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Sí, muchas gracias, señor presidente.

Vamos a aceptar la enmienda que nos propone el Grupo Socialista, una enmienda muy acertada, en la cual hay una precisión: se extiende el ámbito de lo que se pide no sólo a la Iglesia Católica -es verdad, había un error, una omisión en nuestra iniciativa-, y aquí se amplía a todas las confesiones religiosas que tienen suscritos convenios o acuerdos internacionales similares.

Y, además, entendemos que la enmienda que plantea el Partido Socialista, seguramente, es capaz de provocar más consenso en la cámara, porque se remite a los acuerdos parlamentarios ya aprobados y a la resolución del Consejo Escolar de Aragón. Por lo tanto, lo que pide es lo esencial, y lo esencial es que no se impartan esas doctrinas religiosas en el período lectivo y, además, no tengan ninguna consideración curricular. Ése es el meollo del asunto y, por lo tanto, como está recogido en la enmienda del Partido Socialista con criterio razonable, nuestro grupo no tiene ningún inconveniente, sino lo contrario, en aceptar la enmienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Pues, con la aceptación de la enmienda, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado de la votación es el siguiente: veintinueve votos a favor, veintisiete en contra y diez abstenciones.

Turno de explicación de voto.

Señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor presidente.

Expresar la satisfacción de Izquierda Unida ante la aprobación de esta proposición no de ley, con el texto enmendado por el Partido Socialista. Agradecer el apoyo del PSOE, de Chunta Aragonesista y también, por supuesto, la abstención del PAR, que nuevamente ha demostrado un ejercicio de coherencia con la anterior votación que realizó en la Comisión de Educación y ha permitido que pudiera salir esta iniciativa, en un momento en el que, efectivamente, aquí no podemos decidirlo todo, pero sí tenemos la capacidad política de señalar el camino. Y creo que las Cortes de Aragón lo que hacen hoy es intentar avanzar en señalar el camino de una revisión de unos acuerdos absolutamente obsoletos y avanzar en la separación entre confesionalidad y Estado laico, que creo que son cosas que tenemos que distinguir perfectamente. Ambas dos pueden coexistir perfectamente, pero sabiendo cada una de ellas dónde debe estar.

Y, por lo tanto, lo esencial es que se ha aprobado esta proposición no de ley, que lo que dice es que instamos a poder cumplir las resoluciones en el sentido de que las doctrinas religiosas no se impartan en horario lectivo y no tengan consideración curricular. Éste es el meollo del asunto y lo que hoy es relevante en esta cámara.

Es verdad que, anecdóticamente, han aparecido otras cuestiones en el debate. Bien, si hay que reformar o no la legislación, es verdad, habrá que reformar la legislación estatal. No obstante, pues, si hubiera habido una enmienda del Grupo Popular no hubiéramos tenido inconveniente en asumirla también y en sumarla al mandato.

Pero, mire, como se dice en algún texto que ustedes conocerán perfectamente, «en el principio era el verbo», y el verbo, en este caso, era el acuerdo con la Santa Sede. Y, efectivamente, se encarnó después en legislación del Estado español, porque saben perfectamente que la LOGSE, en su disposición adicional, se remite a los acuerdos con la Santa Sede.

Por lo tanto, debemos empezar también por el principio, y en este caso concreto, no le quepa la menor duda de que si se modifican los acuerdos internacionales que vinculan a España con la Santa Sede y con otras confesiones religiosas, se producirá en cascada, inevitablemente, unas modificaciones legislativas que, desde luego, nosotros -que no quepa la menor duda-, por lo menos, en espíritu, estamos también impulsando, y creo que todos perfectamente entendemos que es así.

Hay alguna cosa que no puedo admitir. No se puede equiparar -no es serio decirlo, porque creo que en esta cámara hemos de ser muy serios-, no se puede equiparar la segregación que yo afirmo -y celebro que la representante del Partido Aragonés lo plantee también-, la segregación que se produce inevitablemente cuando le preguntas a un padre o a una madre, o a un niño o a una niña, y le dices: «¿con quién quieres ir?», «¿con quién te quieres quedar?», pues, eso genera problemas: «pues me separan de mi amiguito», o tal... Ese tipo de cuestiones existen realmente, no son ficciones. Eso no se puede comparar con que una persona, voluntariamente, decida, porque hay una ley de política lingüística, decida acudir o no a una clase de catalán. No tiene nada que ver. El catalán, el inglés, el checo..., no tienen nada que ver con las convicciones íntimas de las personas. No tiene nada que ver. No se puede comparar. No se puede comparar la libertad ideológica, la libertad religiosa en su sentido más amplio con aprender o no una lengua. No tiene absolutamente nada que ver y no se puede traer a colación a este debate y mezclarlo absolutamente todo. Y hoy el debate era sobre lo que era.

Yo aprecio enormemente -y, además, lo digo sin ninguna retórica- y me ruborizo ante las palabras de mi amigo Chesús Bernal -debo decirlo-, que a mí estas cosas me ponen muy nervioso. [Risas.] Pero, en todo caso, luego siempre se aprovechan para darle a uno políticamente, lo cual es perfectamente legítimo, y yo también lo entiendo, y está en la misión de Chunta Aragonesista, lógicamente, intentar poner las contradicciones de cada uno. Pero, vamos a ver, yo creo que hoy no se hablaba del Opus Dei en esta iniciativa, pero también podemos hablar del Opus Dei en otra iniciativa que podemos presentar conjuntamente Chunta Aragonesista e Izquierda Unida. Ahora mismo la pactamos y no le quepa la menor duda de que la registramos y la votamos. Y podemos llegar con esa proposición no de ley hasta donde Chunta Aragonesista quiera, que seguro que Izquierda Unida está a eso y a un poquito más de lo que Chunta Aragonesista plantee sobre ese terreno. No hay problema.

Tranquilizarle. Los acuerdos firmados, el acuerdo de legislatura suscrito entre Izquierda Unida y el Gobierno de Aragón PSOE-PAR -y ustedes lo tienen, porque tuve interés en que lo tuvieran los dos portavoces, el señor Bernal y el señor Guedea, que lo tienen desde hace varios días-, saben perfectamente que no contempla ningún aspecto relacionado con el Opus Dei.

A ese respecto, ¿qué tengo que decir? Pues que el último párrafo del acuerdo dice que «los partidos firmantes del acuerdo se comprometen al cumplimiento estricto de lo que se comprometen, y que en las cuestiones no pactadas, hay libertad plena de despliegue de las posiciones ideológicas de cada grupo». Por lo tanto, que no le quepa a nadie la menor duda de que Izquierda Unida mantiene en esa situación la misma posición que ha mantenido siempre.

No obstante, por lo que puedo saber, en el presupuesto que va a presentarse en esta cámara, que yo sepa, no aparece ninguna mención explícita a ninguna relación con el Opus Dei y, por lo tanto, entiendo que el Gobierno de Aragón no va a organizar ninguna actividad de esas características y, por lo tanto, creo que podemos estar relativamente tranquilos desde ese punto de vista. Pero, en todo caso, nosotros dispuestos a ir hasta donde haga falta en esa dirección. Y, en todo caso, siempre aprender de las citas del señor Bernal, cuando nos citaba a monseñor Escrivá de Balaguer. Usted lo ha leído, y no pasa nada, está bien que lo citemos, porque yo también lo he leído. Yo he leído Camino, porque hay que leerlo todo, y sólo leyendo todo, se sabe dónde está uno y dónde están los demás.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Chunta Aragonesista ha votado en coherencia con nuestros planteamientos ideológicos, con nuestra militancia laica y, en consecuencia, esta votación que acabamos de hacer es coherente con la realizada a la propuesta de resolución con ocasión del debate sobre la comunicación de educación no universitaria. Nos alegramos de que haya salido como un gesto político, sabemos lo que es esto, sabemos lo que representa, pero cuando ganamos alguna votación también nos alegramos; también hay veces en que nos alegramos incluso cuando perdemos.

Tengo que hacer varias precisiones. Una, he metido la pata antes y la saco. Me dicen que don José María Escrivá de Balaguer no es marqués de Portolés, sino de Peralta. [Risas.] Pues quede corregido para el Diario de Sesiones: marqués de Peralta y no de Portolés.

Por rigor intelectual, hay que leer todo siempre, señor Lacasa, aunque he de decir que yo no lo he leído. Le voy a decir cómo me llegó esta cita, me llegó esta semana por un correo electrónico de un ciudadano que me dijo que no podía entender como Izquierda Unida iba a aceptar eso, que, por favor, si podía hacer uso de ello en algún debate parlamentario. Y, mire usted por donde, vamos el lunes a la Junta de Portavoces y me incluye usted esta proposición no de ley para este Pleno. Y, entonces, por eso no le he podido dar la cita, porque, si no, a mí me gusta dar las citas hasta del título exacto y la página y todo. Y por eso le he dicho lo que me había dicho este anónimo ciudadano, que era uno de los textos de los varios libros de memorias que tiene el señor José María Escrivá de Balaguer.

No tenemos ningún inconveniente, sino todo lo contrario, y se lo he dicho en sentido constructivo. Yo sé que usted está por la línea que hoy ha presentado en esta proposición no de ley, que no está por la otra de financiar con dinero público del Gobierno tripartito actuaciones para el centenario de José María Escrivá de Balaguer, estoy seguro de que es así. Y por eso le digo que, como estoy seguro de que en esa cuestión estamos del mismo lado, no tengo ningún inconveniente en firmar lo que usted quiera. Pero ¿usted presenta eso para que salga adelante o para que no salga? Porque usted sabe, y nos ha dado lecciones en los últimos debates en pleno y en comisión, que cuando se quiere aquí, en esta legislatura, que las cosas salgan adelante... usted ya sabe lo que nos ha dicho: que, puestos a demostrar estabilidad, usted quiere que sea una proposición no de ley estable o inestable. Si quiere una proposición no de ley estable, ya sabe con quién la tiene que negociar: con quienes han negociado el acuerdo tripartito; lo otro sería lo mismo que predicar y dar trigo. ¿Quiere predicar con Chunta Aragonesista o quiere dar trigo con el PSOE y con el PAR? Esa es la cuestión de fondo. Por lo tanto, si el PSOE y el PAR están dispuestos también a firmar esa iniciativa, no se preocupe, que la firmaremos todos, los cuatro.

La mención explícita en los presupuestos no sé si estará o no, como ha habido otros aragoneses ilustres que no han tenido mención explícita con su nombre y apellidos y marquesados y beatitudes en el presupuesto de la comunidad autónoma. La cuestión de fondo es si va a haber dinero o no, no si hay mención explícita en los presupuestos de la comunidad autónoma para el año 2002. Y usted ya sabe cuál es la manera de evitarlo: la que han utilizado en las últimas semanas negociando otras cosas, por ejemplo negociando esa, que sería simbólicamente, no ya para nadie ni para ustedes, por el laicismo de una institución como el Gobierno de Aragón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor presidente.

Unas pequeñas matizaciones. En primer lugar, que no es cierto que el concordato de 1979 fuera después de la Constitución. Se firmó por don Marcelino Oreja y por el cardenal Giovanni Villot el 3 de enero de 1979, le ruego que repase las fichas. Este es uno de los problemas fundamentales y le vuelvo a pedir por favor que vuelva a leer [rumores] el artículo... le aligero la cuestión, lean, por favor, a alguien que tiene mucho más fundamento que yo para hablar, que es un profesor de Derecho que se llama don Gregorio Peces-Barba, léanlo.

Pero volviendo a una cuestión que me parece muy importante. ¡Si les entiendo perfectamente, señores del PP! ¿Cómo no voy a entender que defiendan ustedes a quien les está pidiendo el voto para ustedes! ¡Cómo no lo voy a entender! ¡Claro que lo entiendo y lo comprendo! Pero, por favor, doña Marta Calvo, cuando me lea el artículo 27, siga, artículo 27: «Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Completamente de acuerdo. Por favor, dígame, ¿dónde pone que lo tenga que pagar yo? ¿No se da cuenta de que ese es el problema? ¿Dónde pone que tenga yo que apoquinar los dineritos de todos los que quieren estudiar Religión?, yo y el 65% de ciudadanos españoles que dicen según su declaración del IRPF que no se contribuya con sus dineros al sostenimiento de la enseñanza de esta religión.

¿Quiere que entremos en el fondo de la cuestión? Mire, señoría, este concordato... Y apelo a su sentido de la justicia, y apelo de verdad a muchos liberales-conservadores que existen en el Partido Popular a eso del laissez faire, «dejad hacer», «dejad vivir», que no intervenga el Estado. ¿Cómo se casa eso con este concordato, que en una de sus partes dice que quedan absolutamente exentos de tasas y de impuestos todos y cada uno de los actos que empleen todas las organizaciones religiosas? Fíjese usted lo que le quiero decir. En el año 1977, calculando muy a la baja, y solamente con los datos que se poseen, el Estado español dejó de ingresar -no lo que aportó- del orden de cuarenta mil millones de pesetas, en el año 1977. ¿Me quieren explicar ustedes con qué tipo de justicia distributiva se puede defender esto en el año 2002? Ese es el problema del que estamos hablando aquí. No se enrollen, por favor. Que los juristas nos expliquen de verdad a los políticos que no somos juristas cómo se hacen las leyes con sentido común y atendiendo sobre todo al sentir de la voluntad soberana de las sociedades que decimos representar. ¿Qué está ocurriendo aquí?, y rebajo mucho el listón. Que el Consejo Escolar ha pedido una determinada actuación de la consejera de Educación de este Gobierno y que este Gobierno está incapacitado para resolver y para hacer ese tipo de cosas porque existen unas leyes. Y ¿quiénes son los que están generando este problema, señorías? Ustedes y nosotros, todo lo que significa la clase política.

Este era el fondo de la cuestión de lo que hoy intentaba yo transmitir a ustedes. Este es el sentido de nuestro voto afirmativo: que las Cortes, que están resolviendo o intentando resolver problemas, sean por una vez conscientes de cuál es el sentido popular, al menos de una parte de este país que se llama España que es Aragón. ¿Qué piensan los aragoneses de este tema? Pues ha quedado bastante claro: mayoritariamente, señorías, en Aragón estamos a favor del sentido común, de la tolerancia y de la libertad. Y cada uno tiene caprichos: yo, en el gimnasio, cuando demando los servicios, le pago al gimnasta; si alguno quiere clases de Religión, que se las pague. Y no lo digo yo: congreso de Teología, mil trescientos teólogos, que se hacen la siguiente pregunta: ¿les parece que se respeta el principio de igualdad obligando a todos los españoles a costear el adoctrinamiento practicado por catorce mil catequistas de una confesión particular de una enseñanza financiada con fondos públicos? Lo firmo, firmo lo que dicen sus votantes, que son casi todos estos teólogos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

La señora Calvo.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, presidente.

El Grupo Parlamentario Popular ha votado en contra de esta iniciativa por coherencia, por coherencia y porque no tiene ninguna deuda política con Izquierda Unida que se la haga perder, como le ocurre a algún grupo en esta cámara. Ayer nos contaba la portavoz del Partido Aragonés que para andar hacia delante y para ir hacia delante hay que poner una pierna para la izquierda y otra pierna para la derecha. Pues, claro, a veces en esas situaciones uno se tuerce el tobillo y luego pasa lo que pasa, y pasa lo que les ha pasado hoy. [Rumores.]

Y hemos votado en contra de esta iniciativa porque no compartimos ni el fondo ni la forma de la propia iniciativa. No estamos de acuerdo con el fondo de la iniciativa porque entendemos que de lo que se trata es de hacer compatible la libertad de todos, de todos, de los que optan por tener clase de Religión y de los que no, y del derecho que asiste a los alumnos y a las familias de recibir una formación u otra en función de la opción que libremente escogen, especialmente porque lo hacen libremente, especialmente porque lo hacen de forma voluntaria y porque queremos que lo sigan haciendo con igualdad de oportunidades, y, por otra parte, porque la Administración debe tutelar ese derecho constitucional ya sean católicos, musulmanes o de cualquier otra religión.

A mí me ha dado la sensación sinceramente a lo largo de este debate de que se está confundiendo por parte de algunos grupos parlamentarios el sentido de lo que es un Estado aconfesional con el sentido de lo que es un tipo de Estado laicista. Yo entiendo, señor Lacasa, que ha pretendido aquí introducir una confrontación en el campo de los derechos y, además, ha pretendido prácticamente imponer unilateralmente su criterio. Es problema del resto de sus socios o de sus socios el tener que aceptarlo. No obstante, nuestro no es y, además, esta es una de las pocas iniciativas, como ha podido comprobar, que no ha salido por mayoría absoluta, sino por mayoría simple, y bastante simple.

No estamos de acuerdo en la forma tampoco porque, señor Lacasa y señores diputados, si toda la legislación que existe sobre esta materia impide objetivamente el cumplir una resolución aprobada en estas Cortes y que presentó la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, si toda esa legislación estatal tiene ese problema respecto a su iniciativa, ¿no se le ha ocurrido, señor Lacasa, el pensar, no se le ha ocurrido plantearse la duda de que a lo mejor es precisamente su resolución lo que contraviene toda la legislación que hay en el Estado de 1980 a esta parte? Porque toda esa legislación es anterior a su propuesta de resolución. A ver si va a resultar ahora que lo único que está respetando, lo único que se ha emanado en un parlamento español que está respetando la Constitución y los principios y valores constitucionales va a ser precisamente su resolución. A nosotros, desde luego, ese planteamiento nos plantea dudas.

Y, si sabe perfectamente que hasta que no se modifique o no se derogue toda la legislación que hay sobre la materia y, por tanto, hasta que eso no se haga, el Gobierno de Aragón no puede cumplir lo planteado en aquella propuesta de resolución, la pregunta es inmediata: ¿para qué la presentó, señor Lacasa? ¿Para meter el dedo en el ojo al Partido Aragonés, como le ha vuelto a hacer hoy? O ¿lo hizo para pretender confundir a la opinión pública, como también ha pretendido hacer hoy?

Desde luego, hemos votado en contra, además, por coherencia con lo que hicimos ya cuando se debatió aquella propuesta de resolución, porque el planteamiento de la proposición no de ley hoy es tan poco serio como lo fue la propia propuesta de resolución. Y como el fondo de la cuestión, como decía el señor Piazuelo, es el grave problema que tiene el Departamento de Educación para poder hacer cumplir la propuesta de resolución que presentó Izquierda Unida, pues, bueno, ya que eso es lo que propicia que se pretenda desde esta cámara romper acuerdos internacionales, y eso es lo que parece ser que propicia que sea necesario derogar o modificar toda la legislación en materia educativa de enseñanza religiosa de 1980 a esta parte, pues vámonos a ver cuál es el fondo de la cuestión y cuál es la resolución que se aprobó en esta cámara.

Y la resolución que se aprobó fue: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a asegurar en los ámbitos donde exista posibilidad de ello -solo en los ámbitos donde exista posibilidad de ello- que la impartición de doctrina de las diferentes confesiones religiosas se realice fuera del horario escolar, no teniendo, por tanto, esas doctrinas tratamiento curricular alguno». A nosotros, a los diputados del Grupo Parlamentario Popular, señor Lacasa y señores que apoyaron esta resolución, nos gustaría saber qué significa eso de «en aquellos ámbitos en los que exista posibilidad de ello», y si es que se están refiriendo a que en el barrio de Las Fuentes se va a dar clase de Religión y en el barrio de La Cartuja no, o si se están refiriendo a que van a eliminar del horario escolar la clase de Religión en primero de Primaria y en cuarto de Primaria no. O sea, que usted, señor Lacasa, y el resto de diputados que en esta cámara apoyaron o se abstuvieron y permitieron, por tanto, que esta resolución saliese adelante lo que estaban haciendo simple y llanamente era suprimir la Religión del horario escolar pero poco, lo suprimen pero poco, solo donde se pueda. Nos gustaría saber exactamente a qué se refería con aquello.

De todas formas, señor Lacasa, usted, que ahora ya forma parte del Gobierno, aunque sea solamente en la parte administrativa o no sé qué fórmula extraña se ha buscado, debería empezar a tener en cuenta que usted ya es gobierno de todos los aragoneses y que usted ya es gobierno también del alto porcentaje de aragoneses que decide que sus hijos tengan formación religiosa en la escuela, como lo es también incluso de los votantes del Partido Popular, que siguen siendo los mismos que eran hace diez días. ¿Por qué digo esto? Porque parece que a este Gobierno solamente le preocupa cuál es la opinión del Grupo Parlamentario Popular para aquellas cosas que a un consejero u otro en cuestión le puedan resultar comprometidas. Se puede intentar suprimir por mecanismos extraños como el que hemos visto hoy las clases de Religión del horario escolar, aunque sea sin el acuerdo del Grupo Parlamentario Popular, pero, ¡ojo!, en cambio, no se puede regular la enseñanza de las lenguas y de las modalidades lingüísticas de Aragón si no es con el acuerdo del Grupo Parlamentario Popular. ¡Pues bonita coherencia, señores del Gobierno!

De todas formas, alguna coherencia parecida a la que ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Piazuelo, ustedes tuvieron la ocasión durante catorce años de denunciar los acuerdos y de dar la solución a todos esos graves problemas que estaba planteando hoy aquí, y, además, en la cámara donde debían hacerlo y no en estas Cortes de Aragón. No entiendo sinceramente cómo se enrolla, porque aquí el único que se ha enrollado con cuestiones que no venían a cuento, señor Piazuelo, ha sido usted, y cómo desaprovecharon aquella ocasión durante catorce años.

En cualquier caso, solamente me gustaría saber dos cosas, que ya sé, señor Lacasa, que no tiene ahora oportunidad de responderme. En primer lugar, qué consecuencias efectivas creen que puede tener la aprobación de esta iniciativa. Y, por otra parte, también me gustaría, señor Lacasa, que me pudiera responder a cuál es el número concreto de iniciativas y de proposiciones no de ley similares a esta que ustedes mismos han presentado en el Congreso de los Diputados y han retirado antes de debatirlas; creo que han sido unas cuantas.

En cualquier caso, como estamos en un debate, parece ser, de alturas, pues que tengan mucha suerte, que Dios o que los dioses repartan mucha suerte cuando esto llegue a Madrid.

Gracias. [Protestas.]