Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

El señor Barrena tiene la palabra para exponer la interpelación.

Interpelación núm. 69/06, relativa a la política del Gobierno de Aragón sobre los tratamientos farmacológicos.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, le interpelamos en función de las -digamos- deficiencias que hemos podido observar en cuanto a la prestación de tratamientos farmacológicos, pero especialmente los relacionados con la accesibilidad, dispensación y control de los que tienen que ver con la contracepción poscoital. En definitiva, estamos hablando de la píldora del día después o estamos hablando de otros tratamientos en este sentido.

De los datos que nosotros tenemos (conseguidos bien por constatación directa o bien por informaciones que nos dan personas, usuarios, ayuntamientos, asociaciones), hay una primera afirmación, y es que esta posibilidad no está extendida al conjunto del territorio de Aragón, es decir, que hay zonas, sobre todo las zonas rurales, en las que la mujer que tiene que recurrir a este tratamiento no lo tiene fácil. Sí que podemos decir que está en la totalidad de los centros de salud, pero no es cierto que esté en la totalidad de los consultorios, que, como usted bien sabe, son una parte importante, porque tenemos setecientos treinta y un municipios en nuestra comunidad autónoma.

Otro de los problemas que creemos que existen es que no está lo suficientemente regulado, reglamentado, protocolizado... No sé exactamente cuál sería la forma, pero, desde Izquierda Unida, le hemos pedido en reiteradas ocasiones que se establezca un protocolo de obligado cumplimiento a la hora de dispensar este tratamiento, un protocolo que, desde nuestro punto de vista, tiene que tener, primero, la garantía de que se presta, y, por lo tanto, debe estar resuelto el tema de que, en los casos en los que algún facultativo o alguna facultativa no lo quiera dispensar en función de que hace objeción de conciencia, no se le prive a la ciudadana, que tiene derecho a ese servicio puesto que está en la cartera de prestaciones del servicio público de salud, de que se lo den. Y por lo tanto, en ese sentido, más allá de que sabe usted que opinamos, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que creemos que quien está en el servicio público tiene que tener la obligación de prestar toda la cartera de servicios, más allá de aquello, lo que me gustaría saber es cómo se atiende este problema y en cuántos casos se da, porque constatamos que se ha dado este caso.

Ese protocolo creemos que también debería establecer cómo y de qué manera se hace el seguimiento a la mujer a la que se le ha administrado el tratamiento, es decir, cómo queda registrado dónde, cuándo, en qué momento, cuántas veces, con qué periodicidad, y cómo -digamos- el servicio público tiene regulado eso, porque nos parece que, siendo un derecho que tiene la mujer a recibirlo, creemos que debe estar lo suficientemente asesorada desde el punto de vista sanitario, no desde el punto de vista moral, como también hemos detectado en ocasiones que sucede antes de aplicar el tratamiento.

Lo que lleva a otro problema que hemos detectado en algunos lugares: pretender decir que no se puede dar el tratamiento sin haberse asegurado, mediante el correspondiente test, de si se está o no se está embarazada. Como creo que sabe la consejera, si es del día después, este test parece que es más -digamos- un elemento que no sé si responde a la preocupación por la salud o por el tema moral del que hablábamos antes o es un elemento disuasorio, porque, como tampoco estos test están en todas las partes, cuando se produce una situación de este tipo en algún establecimiento sanitario (consultorio, centro de salud, hospital), donde se antepone la necesidad de hacer el test del embarazo antes de otorgarlo, como no están tampoco, lo que suele ocurrir es que a la persona que lo necesita y que lo pide y que tiene derecho a ello se le -digamos- deriva hacia una farmacia a conseguirlo. Eso, evidentemente, es un elemento que creemos que habría que resolver también.

Hemos detectado, incluso, otra cosa: así como hay sitios a los que no llega, hay otros sitios a los que llega en exceso y caduca, y hay que tirarlo o tratarlo de la manera que se tratan los medicamentos caducados, lo cual nos parece otro elemento, en cuanto a la racionalidad y la eficiencia en la gestión, que debería ser también lo suficientemente -digamos- claro.

En definitiva, señora consejera, estamos hablando, y bien sé que estamos a final de legislatura, de un servicio que está incluido en la cartera de prestaciones, que el Gobierno de Aragón tiene obligación de darlo, porque las ciudadanas aragonesas tienen derecho a él, que en estas Cortes en más de una ocasión se ha mandatado al Gobierno para que ponga en práctica las medidas suficientes que garanticen que se accede a este servicio exactamente igual que a otros, y la sensación que nosotros tenemos es de que sigue habiendo problemas.

Nos parece que debería ponerse en marcha cualquier sistema, cualquier mecanismo para que sea efectivo, en todo el territorio y en cualquier circunstancia, que una mujer aragonesa pidiera este servicio y el sistema público de salud se lo pudiera dar, y eso es lo que creemos que tiene que estar garantizado. Por lo tanto, esa es la explicación que en este primer turno le solicito.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABADÍA): Muchas gracias, señor Barrena.

La consejera de Salud y Consumo tiene la palabra para responder.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEAMANOS): Gracias, presidenta.

Buenos días, señorías.

Señor Barrena, por ajustarme al tiempo, daré la información precisa. Yo creo que es un tema importante porque, como en todas las cosas, tenemos gente a favor, incluso algún sector social un poquito en contra de esta medida que se tomó por mi departamento en el año 2005.

Y digo que, por ajustarme al tiempo, daré la información precisa sin entrar a algún caso particular que pudiera darse y del que no tenemos aquí los datos. Por lo tanto, le ruego que, si habla de un caso concreto, me lo facilite, porque, en términos generales, usted no puede decir que no está regulado o que el programa no está funcionando. No obstante, en la réplica puedo concretar algo más.

En octubre del año 2005, el Departamento de Salud y Consumo sí que incluyó una nueva prestación en el sistema público de salud relacionada, en este caso, con la anticoncepción de emergencia, y la reguló en todos los sentidos, estando la norma publicada; otra cosa es algún caso particular, que yo no le puedo garantizar a usted que no se dé. Si, con esta interpelación, pretende usted ayudar, pues bienvenido sea, pero no para poner de manifiesto que un programa no funciona si está funcionando.

La denominada «píldora poscoital» fue autorizada por el Ministerio de Sanidad y Consumo ya en el año 2001, aunque no estaba financiada por el sistema nacional de salud ni lo está tampoco ahora. Nos hallábamos ante una situación paradójica, por cuanto, si bien el medicamento se podía adquirir en las farmacias con receta médica, no estaban regulados los criterios ni para su dispensación ni para su posterior control.

Ante esta situación, el Departamento de Salud y Consumo, con algunas críticas y algunas posturas enfrente de esta medida, decidió facilitar el acceso a la píldora poscoital de forma gratuita a todas las mujeres que lo solicitaran como beneficiarias de las prestaciones del sistema de salud aragonés, con una doble finalidad: primero, hacer real en estos supuestos el principio de equidad y también, el segundo punto, completar los programas de prevención que se llevan a cabo en el ámbito de la sexualidad y de la salud.

Es decir, este programa puede contribuir a: reducir el número de embarazos no deseados y, por lo tanto, bajar el número de interrupciones voluntarias de embarazos; establecer un control adecuado en la dispensación de la píldora poscoital, que es un medicamento y, como otros, tiene que quedar reflejado en la historia de la paciente o de la mujer; favorecer el contacto de las jóvenes con los profesionales de salud y evitar desigualdades en función del poder adquisitivo; fomentar la utilización del preservativo y evitar desigualdades en el acceso al sistema. Todo ello, sin olvidar que las iniciativas de prevención y promoción de la salud son prioritarias, en especial, cuando se trata de la población juvenil y que la píldora poscoital es un recurso de emergencia -quédese su señoría con este matiz, porque es muy importante- que debe aplicarse cuando no se ha empleado un método anticonceptivo o se ha producido un fallo en el mismo.

Y porque hay sectores que se han mostrado contrarios a esta regulación que hizo, como he dicho, mi departamento en octubre del año 2005 sobre este tratamiento, quiero aclarar, frente a lo que se ha llegado a decir en algunos momentos: la acción de la píldora poscoital no es abortiva, está compuesta de una hormona que no afecta al embrión una vez implantado; se trata de un medicamento seguro, recomendado por la OMS, que previene alrededor de un 85% de los embarazos no deseados; prácticamente, la píldora poscoital no tiene efectos secundarios ni contraindicaciones; su administración está indicada, como quedó claro en su regulación, en los casos de violación, relaciones sexuales sin protección o fallos u olvidos del método anticonceptivo habitual; con la finalidad de garantizar la mayor capacidad anticonceptiva del medicamento, se recomienda, como usted ha dicho, que la píldora sea administrada en las primeras setenta y dos horas tras el coito, preferiblemente en las doce primeras; la píldora se administra siempre en los casos indicados y de forma gratuita en los centros de salud, en los servicios de urgencia de atención primaria y especializada y también en los COF (centros de orientación familiar) de nuestra comunidad autónoma.

Es decir, señor diputado, esta es la clave: básicamente, como no podía ser de otro modo, esta prestación, que tiene su razón de ser en una situación de excepcionalidad no deseada (es decir, en una emergencia), solo se puede ofrecer en aquellos puntos donde hay atención continuada de veinticuatro horas durante los trescientos sesenta y cinco días del año, y no en otros puntos sanitarios. Es una urgencia más de las que se atienden en los servicios con horario permanente y no en otros, esa es la clave. Es una medida de urgencia que prestan los servicios con horario continuado.

Para concluir, quiero recordar que los principios inspiradores del programa de anticoncepción de emergencia son: ofrecer la información necesaria para que las mujeres aragonesas puedan decidir -y me alegro de que ahora hay un numeroso grupo en la grada de gente joven que, por si tienen alguna duda, pues lo pueden escuchar-; favorecer la sensibilidad permanente de todas las mujeres al programa de la píldora del día después; disponer de una prestación que disminuya posibles riesgos respecto a los beneficios, y el programa abre nuevas posibilidades también de educación sexual.

Se dispensa, prácticamente, en todos los centros de salud que tienen punto de atención continuada, los rurales (todos, por cierto), servicios de urgencias -como he dicho- y los COF. Y tengo los datos desagregados desde que comenzó el programa.

Y, señoría, sobre la objeción de conciencia, voy a decir, simplemente, tres cosas.

Yo que usted, con este tema, no haría más publicidad y daría más notoriedad a aquellos facultativos -por cierto, una minoría muy pequeña- que manifestaron su objeción. Por lo tanto, como son pocos, el tratamiento lo dispensa otro médico que no es objetor, y no hay centros objetores en sí mismos, es decir, que, si no lo ha dado algún facultativo, que ha podido ser, lo ha resuelto otro facultativo.

Y no hay en mi departamento ninguna queja que me haya llegado de que a ninguna mujer ningún facultativo le haya resuelto este tema. Si hay alguna, pues comuníquenlo, porque algo no funciona, evidentemente.

Pero insisto: minoría muy pequeña de objetores. Y no le dé usted publicidad si resulta que no quiere que haya ninguno.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABADÍA): Muchas gracias a usted, señora consejera. Le agradezco que se haya ajustado al tiempo.

Turno de réplica para el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Muchas gracias, señora presidenta.

Señora consejera, usted ha empezado hablando de que hay sectores en contra de esta medida, no he empezado yo. Ya sé que está la Iglesia. Ya sabe usted que algunos mandamientos, como el de no guardarse lo que no es suyo, no los cumplen, como pasa con los bienes de las parroquias de la Franja; el que tiene que ver con la sexualidad, ya sabe que le preocupa mucho, sobre todo cuando es la mujer la que es víctima de ello.

Por lo tanto, cuando yo le hago esta interpelación, estoy defendiendo el derecho de la mujer, como siempre he hecho, a ser ciudadana de primera y a tener derecho a decidir si quiere o no quiere estar embarazada o interrumpir el embarazo.

Y a partir de ahí, como se ha conseguido, tras mucha pelea y contra todos esos sectores, que en la cartera pública de servicios aparezca el tratamiento de la píldora poscoital, lo que yo pretendo con esta interpelación es saber que se presta y que se presta en todo el territorio de Aragón.

Yo me alegro de que usted me diga que se está haciendo bien, pero me gustaría conocer -ya me lo pasará- los incidentes que ha habido, si es que los ha habido; cuántas se dan en cada sitio, si es que se dan, y cuántas, en cada lugar, no se han podido dar porque ha habido una de esas personas, que son tan minoritarias, que hacen objeción de conciencia, pero, como están en medio rural, están ellos solos, y, entonces, a ver cómo se garantiza, aunque sean muy poquitos -aunque sean muy poquitos o poquitas, que también las hay, señora consejera, también las hay que no llevan muy bien esto-, aparte de que entiendo que en un servicio público no se debería dar, pero, bueno, es otro debate. Pero me gustaría saber cómo se hace eso.

Me dice que la norma está publicada. Ya sé que la norma está publicada, claro, ya sé que la norma dice que esto es de dispensación obligatoria y gratuita. De lo que no tengo constancia es de si el protocolo ese que le pido en cuanto a cómo se actúa, con qué periodicidad, con qué criterio, etcétera, si eso está y si está en los centros de salud y si está al alcance de los facultativos o facultativas que lo tienen que dar; eso es lo que no sé. Le agradecería también que, si eso está así, nos lo proporcionara, porque, cada vez que nos viene algún tipo de problema de estos, nosotros podríamos resolverlo y decir: mire, no es así. Por eso, cuando hay una cuestión que tiene que ver con un servicio público, y además tan importante como este, pues lo que solemos hacer es preguntar. Y, claro, ¿a quién le preguntamos? Pues le preguntamos al responsable del Gobierno.

Ya sé que en este último Pleno no puede hacer nada más que asegurarme que va a seguir funcionando bien, pero me parece un tema importante, sobre todo por lo que tiene que ver de garantía de servicio público y por lo que tiene que ver de garantía en los derechos de las mujeres y en la libertad de tomar decisiones, y eso es lo que creo que hay que garantizar y eso es lo que he pretendido.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Puede duplicar, señora consejera. Tiene la palabra.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEAMANOS): Gracias, presidente.

Señoría, yo no voy a entrar en disquisiciones ideológicas o teológicas. Vamos a ver, tenemos que ser respetuosos con lo que opine la gente en general, ¡solo faltaría!

También está claro que, con gente en contra y sectores en contra, estaba clara la actitud del Gobierno de Aragón y del Departamento de Salud cuando regulan la dispensación gratuita para todas las mujeres en Aragón de la píldora del día de después, como así se le conoce.

La regulación del tratamiento está y se cumple en términos generales. He de reconocer que yo no le puedo garantizar que no haya un día algún pequeño problema en algún sitio, pero también está claro que es un programa que empezó a funcionar a finales del año 2005, concretamente en octubre, y que está funcionando.

Aunque lo quiera usted presentar así, usted no puede argumentar que hay situaciones de desigualdad en el medio rural solo porque la píldora no se distribuye en los consultorios locales -luego le diré por qué-. ¿Cómo lo vamos a dispensar en los consultorios locales? Luego le diré por qué, pero lo tendría usted casi que averiguar.

La falta de equidad y de accesibilidad se daba antes, precisamente, de octubre del año 2005, porque no existía esta prestación en la cartera de servicios de nuestro sistema público de salud.

Estamos hablando de situaciones, primero, no deseadas, de casos en los que algo falla en los métodos de prevención del embarazo, y estamos hablando también, señoría, de evitar interrupciones voluntarias de embarazos.

Y le voy a dar algún dato, porque son muy llamativos: en el año 2005, respecto al año 2004, las interrupciones de embarazo en mujeres en Aragón se incrementaron en un 7,8%; en el año 2005, el mayor número de notificaciones correspondió, precisamente, a mujeres entre veinte y veinticuatro años (el 26,2%), y en 2005 -ya le apunto un dato todavía más certero- se registraron en Aragón trescientos catorce abortos en mujeres de edades comprendidas entre los quince y diecinueve años, mujeres muy jóvenes, a las que les hace falta tener información y accesibilidad, como usted ha dicho, para no llegar a una medida que será con arreglo a la ley y voluntaria en la mujer, pero, desde luego, ninguna mujer aborta por capricho, si acaso será porque han fallado otras cuestiones. Y por eso ese fue uno de los motivos por los que impulsamos el tema que hoy nos ocupa.

¿Qué es lo que queremos hacer? Primero, promocionar la salud, la salud también en términos de sexualidad, y segundo, que estos datos se rebajen para evitar que haya mujeres, de estas edades sobre todo, que tengan que abortar.

Yo no creo que nadie sea capaz de programar absolutamente todo en la vida, y menos las relaciones sexuales. Por lo tanto dígame usted cómo hacemos para una dispensación en un consultorio local, donde la consulta funciona un día, dos o tres a la semana. Y esto es un tema de urgencia que surge en el día, en la noche, en sábado o en festivo... Dígame cómo hacemos eso, ¿dónde tenemos el medicamento? Tampoco en abundancia, para que no caduque, ahí no podría estar yo de acuerdo precisamente, pero se tiene en cantidad suficiente y en los centros de salud.

La mujer del medio rural a la que le ocurra no puede esperar a su médico el día que venga, con perdón: tendrá que acudir a su centro de salud, como cuando le ocurre otra urgencia. Es que estamos hablando de una urgencia como otra cualquiera, no nos salgamos tampoco del tiesto -con perdón de la expresión-. Es decir, una mujer en el medio rural que tiene urgencia va al punto de atención continuada de su centro de salud, y si tiene esta urgencia, también, pero no va a poder esperar a su consultorio, porque su médico igual tarda tres días en pasar la consulta.

Y luego hay un aspecto social que se ha observado: las mujeres que requieren esta medida no van al lugar más inmediato, por razones sociales y de privacidad. Por lo tanto, no lo podemos tener y lo debemos tener en todos los consultorios, porque no llegaríamos a tiempo, y, además, la mujer elige dónde va, y hace muy bien (donde siente que está más segura su privacidad), lo cual es lógico.

Este tratamiento precisa de un seguimiento, usted lo ha dicho en su intervención, pero ese tema está también suficientemente regulado.

Se ha abierto un registro de usuarias de la píldora poscoital donde se inscriben tratamientos administrados, en el que figuran la edad de la mujer, el número de reiteraciones en el uso de la contracepción poscoital -porque no es un método anticonceptivo, no puede usarse siempre para lo mismo- y también el centro que lo administra. Este registro ahora mismo se está informatizando para que cualquier facultativo pueda acceder a esa historia clínica y tener este dato para saber si en otro centro ha habido más dispensaciones.

El programa de anticoncepción de emergencia está logrando la regulación de la prescripción, incorpora medidas de control y de buena práctica clínica, también hace accesible el medicamento para todas las mujeres, independientemente de su capacidad adquisitiva y de que vivan en el medio rural -esto, por favor que quede muy claro-, y además incorpora actuaciones preventivas y de captación de población de riesgo.

Y finalmente, le voy a dar unos datos para que vea que el programa funciona.

Del año 2001, cuando lo reguló el Ministerio de Sanidad y Consumo, al año 2004, in crescendo, las farmacias vendieron ocho mil seiscientos veinte tratamientos, los vendieron con receta. Desde que comenzó el programa, la tendencia ha cambiado, y en el año 2006 -le voy a dar los datos- las farmacias ya no han vendido ocho mil tratamientos, han vendido, con receta, mil novecientos veinticuatro, y el sistema de salud ha dispensado gratuitamente, sin contabilizar diciembre, siete mil cuatrocientos diecisiete tratamientos...

El señor PRESIDENTE: Señora consejera, le ruego que concluya, por favor.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEAMANOS): Termino, presidente. Muchas gracias.

Es decir, señor Barrena, el programa funciona.

Y lo que le pido a usted y a otras personas aquí presentes, de otros grupos que puedan estar interesados, es que, si hay alguna disfunción en algún centro, pues nos lo hagan saber para mejorarlo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Noeno.