El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus escaños, por favor. Señorías, comienza la sesión [a las once horas]. Sesión plenaria de las Cortes de Aragón, con un único punto del orden del día: debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Señorías, el debate se inicia con la intervención de la señora presidenta del Gobierno de Aragón, que tiene la palabra.
Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RUDI ÚBEDA): Señor presidente. Señorías,
Comparezco en esta Cámara para hacer balance y para someter al control de sus señorías el primer año de gobierno de una legislatura que en mi opinión es decisiva para las próximas generaciones de aragoneses.
Permítanme comenzar por recordar algunos de los puntos principales del programa de gobierno que expuse en esta misma Cámara durante mi discurso de investidura. Pero, para poder evaluar los resultados, es importante tener a la vista los propósitos, y mis propósitos declarados en aquellos momentos pueden sintetizarse así.
Afirmé que la primera clave de esta legislatura debía ser el respeto institucional y la capacidad de alcanzar y mantener acuerdos. El resultado electoral nos encomendó la formación de Gobierno, sumando otras voluntades políticas.
En segundo lugar, mostré mi compromiso de hacer de estas Cortes el centro de la vida política aragonesa, otorgándoles el protagonismo que se merecen en todo sistema parlamentario, y especialmente en Aragón, donde esta tradición es esencial en la historia.
En tercer lugar, anuncié un nuevo modelo de gestión pública basado en el rigor, la austeridad, la transparencia y la ejemplaridad, un modelo de gestión realmente al servicio de los ciudadanos y, sobre todo, muy atento a sus necesidades.
Y finalmente, como cuarto compromiso fundamental, presenté un programa de gobierno apoyado en cinco palancas para lograr la modernización integral de Aragón. Esas palancas eran —y siguen siendo— una Administración moderna y eficiente; una nueva estructura económica que nos permitiera salir reforzados de la crisis; infraestructuras sostenibles capaces de vertebrar territorial y socialmente Aragón; educación de calidad y en libertad como clave de una sociedad de oportunidades real; y políticas de cohesión eficientes y renovadas para asegurar el futuro de la sociedad del bienestar.
Como expliqué entonces y reitero ahora, este programa de gobierno no fue propuesto por capricho, sino por responsabilidad; no fue propuesto para rebajar la calidad y la fuerza de nuestros instrumentos de cohesión, sino para mejorarlas; no fue propuesto para dañar la justicia social, sino precisamente en nombre de la auténtica justicia social.
Se formuló y se presentó como programa electoral por parte de mi partido después de un largo proceso de diálogo con la sociedad aragonesa, después de muchas horas de estudio y reflexión y después de muchos foros en los que la sociedad civil aragonesa nos dio a conocer sus temores y sus esperanzas, sus problemas y sus necesidades, sus ilusiones y sus deseos de cambio, de reforma y de modernización. Nos pidió que formuláramos un programa que la hiciera más libre, más próspera, más culta, más unida y más solidaria. En definitiva, nos pidió un programa para un Aragón mucho mejor.
Así lo hicimos, y el resultado fue un proyecto que obtuvo una nítida mayoría electoral, pero no suficiente. En cumplimiento de ese mandato, el Partido Popular y el Partido Aragonés firmamos el pacto para la gobernabilidad de Aragón. Un proyecto que está en marcha y en el que sigo creyendo con la misma convicción que el día que recibí el respaldo de esta Cámara para asumir la presidencia del Gobierno de Aragón. Las circunstancias en las que nos movemos, la evolución de los acontecimientos, no han hecho más que confirmar el diagnóstico, el pronóstico y, por tanto, el proyecto. Pienso lo mismo y hago lo que dije que haría.
Nuestro proyecto tiene una base autonómica aragonesa, pero no podemos olvidar que tiene un impacto nacional y europeo. Aragón no es una isla ni económica, ni política ni social. Aragón no puede pretender ir a contracorriente de España y de Europa. Al contrario: debe sumarse a esta corriente de prosperidad, tal y como estamos haciendo ya. Y nuestra comunidad —diré más— debe tratar de liderarla. Nuestros esfuerzos están dando resultados, y los datos nos indican que estamos situándonos entre las mejores comunidades autónomas de España. Nuestro futuro, el nuestro y el de cualquiera, depende de nuestra capacidad para insertarnos en las grandes corrientes económicas, tecnológicas, culturales y sociales, y no en apartarnos de ellas. El reto que tenemos por delante es ser capaces de aportar lo que somos al gran acervo común europeo, no encerrarnos en nosotros mismos pensando que así estaremos a salvo de los cambios. El reto es ser europeos no solo por origen o por geografía, sino también por convicción y por actitud.
El mundo, señorías, está cambiando muy rápidamente, y Europa no se ha adaptado a él tan deprisa como es necesario hacerlo. En ese mundo nuevo, el papel de Europa se encuentra en entredicho porque su futuro es incierto, y es necesario que cooperemos a despejar las dudas y a hacer que el proyecto europeo recupere su fuerza. Una parte esencial de ese proyecto es la moneda común, el euro; una moneda que —quiero recordarlo hoy aquí— tiene su origen en el Tratado de la Unión Europea, ampliamente apoyado por el conjunto de la sociedad aragonesa y española. Se trata, por tanto, de un proyecto compartido, de un proyecto nacional en el que se integra Aragón. Lo que mi Gobierno hace no es más que cumplir con ese compromiso nacional del que todos somos artífices. Quien quiera renunciar ahora a ese proyecto es quien debería dar a la opinión pública las explicaciones correspondientes.
Ese proyecto europeo, uno de nuestros grandes proyectos nacionales, se encuentra sometido a graves tensiones. Se está dibujando el mapa del siglo XXI, y en su centro ya no se encuentra nuestro viejo continente. Si no nos movemos deprisa, serán otros quienes nos asignarán un lugar en ese mapa, como está ocurriendo ya, y no será el que nos guste ni el que nos corresponda. Europa, y España con ella, y Aragón con Europa y con España, están siendo arrastradas hacia posiciones marginales, y frente a esa deriva es preciso reaccionar. Crecemos menos, envejecemos más y perdemos relevancia exterior. Esta es la realidad europea, la realidad española y también la realidad aragonesa. Demasiado importante como para pensar que se puede ignorar. Nuestra moneda común y lo que ella demanda en términos de gestión pública es nuestro mejor instrumento para evitar la marginalidad de Europa y nuestra propia marginalidad. El euro no es el problema, sino la solución al verdadero problema.
Señorías, es evidente —y lo digo literalmente porque tenemos la evidencia— que nuestro país puede hacerlo mucho mejor, y para ello es necesario que las comunidades autónomas volvamos a ser motor y dejemos de ser lastre. Debemos actuar con responsabilidad institucional —diré más: con exigente lealtad institucional—, con respeto al modelo de relaciones que nace de la Constitución de 1978.
Debemos liberarnos de la pesada carga de la deuda y del déficit, que nos impide avanzar y salir de la crisis. Debemos sumarnos a la corriente mundial de crecimiento en la que muchos están empezando a situarse ya porque hicieron antes los deberes. No podemos pedir a nadie que crea en nosotros más de lo que nosotros mismos lo hacemos. Creer en nosotros significa creernos capaces de equilibrar las cuentas, de ajustar el gasto, de gestionar mejor para mantener el bienestar. La deuda ha actuado como una cinta transportadora que nos permitía avanzar sin hacer el esfuerzo de caminar. Otros, señorías, pagaban lo que nosotros nos gastábamos. Ahora, ese suelo, esa cinta transportadora se ha parado, y, si queremos seguir avanzando, tenemos que caminar por nosotros mismos. Eso significa que la mayoría que puede caminar debe hacerlo —cada uno según sus posibilidades, pero debe hacerlo— y significa además que debemos ayudar a avanzar a aquellos que no pueden hacerlo por sí solos. La alternativa que algunos proponen es que nos quedemos quietos hasta que alguien —no sé si desde China o desde Alemania— venga a arreglarnos los problemas porque sí. Han decidido no moverse y entorpecer el paso a los que quieren seguir adelante. El trabajo de este Gobierno es hacer posible que todos avancemos: los que pueden por sí mismos, por sí mismos; los que no, con ayuda del resto.
Nuestro programa de gobierno pretende precisamente eso: comenzar a hacer nuestra parte para que se pueda volver a confiar de nuevo en nosotros. Pretende hacer realidad una verdadera solidaridad entre aragoneses y españoles, entre españoles y aragoneses, y superar la falsa solidaridad de la deuda. Creemos tanto en la solidaridad, en la verdadera solidaridad, que estamos dispuestos a hacer nuestra parte sin excusas, estamos dispuestos a hacer nuestros propios sacrificios, y creo, sinceramente, que eso es también lo que quieren la mayoría de los aragoneses.
Señorías, la gestión de mi Gobierno durante este año tiene su origen, como antes decía, en el contenido del discurso de investidura y en el pacto de gobernabilidad suscrito por el Partido Popular de Aragón y el Partido Aragonés, un acuerdo que ha proporcionado la estabilidad política necesaria para afrontar la grave situación que vivimos, originada por una crisis que se asentó entre nosotros hace ya demasiados años. Esta estabilidad nos ha permitido acometer las reformas necesarias y sentar las bases del crecimiento futuro, que será él que nos permitirá mantener nuestro sistema de bienestar.
Se dice, y yo lo comparto, que a Aragón se la reconoce por su derecho y por ser tierra de pactos. Pues bien, desde el Gobierno hemos procurado cumplir con ambas premisas manteniendo un permanente dialogo con todos los sectores, grupos políticos, instituciones y agentes sociales.
Así, el acuerdo firmado en el pasado mes de marzo con empresarios y sindicatos para mejorar la competitividad y el empleo es un ejemplo de esa política de entendimiento que propugnamos.
También es ejemplo de diálogo el grupo de trabajo de Educación constituido el año pasado, en el que participaron activamente representantes de la comunidad educativa con propuestas factibles para mejorar la gestión y la calidad de la educación, y que mayoritariamente han sido recogidas por este Gobierno.
Del mismo modo, en sanidad, en otro grupo de trabajo, representantes sociales y sindicales han aportado sus ideas para el diseño de una nueva política sanitaria y asistencial que, optimizando sus costes, nos permita mantener la máxima calidad.
La voluntad de pactos fue también trasladada al principal partido de la oposición, en concreto para la elaboración de los presupuesto de la comunidad autónoma para el año 2013. Señorías, soy muy consciente de que no es habitual que un Gobierno con mayoría parlamentaria suficiente oferte a su principal adversario político la conformación de una ley tan relevante como es la presupuestaria, pero, sinceramente, creo que, en situaciones excepcionales como la que vivimos, las iniciativas también deben de ser excepcionales, y hubiera sido muy positivo, además de ejemplarizante, que este acuerdo hubiera visto la luz.
Este pacto de gobernabilidad también comprometía —y, a mi entender, lo estamos cumpliendo— a una política de austeridad y ahorro combinada con el mantenimiento de las prestaciones en sanidad, educación y políticas sociales. A todas ellas me referiré con mayor amplitud más tarde. Igualmente, hacía referencia al impulso de las relaciones bilaterales entre Aragón y el Estado, al respaldo a las obras del Pacto del Agua de Aragón, o a la travesía central del Pirineo, asuntos que en este primer año se han recuperado, y a los que también me referiré más adelante.
En cualquier caso, deseo ratificar que el pacto de gobernabilidad que sostiene a mi Gobierno es sólido, que en este primer año se ha visto reforzado y que estamos cumpliendo nuestra agenda de trabajo. Les aseguro que nunca olvidamos que nuestra prioridad son los aragoneses y que son sus intereses los que coronan el frontispicio del acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Aragonés.
Señor presidente, señoras y señores diputados, pretendo a continuación formular un balance sectorial de lo hecho en este primer año de Gobierno, y ya les adelanto que no acometeré el relato exhaustivo de un catálogo de las numerosas acciones ejecutadas o puestas en marcha, pero tampoco evitaré desarrollar con mayor precisión aquellas iniciativas políticas que, entiendo, están siendo estratégicas para alcanzar el cambio que prometí a los aragoneses.
Estratégico para mi Gobierno era y sigue siendo que Aragón consiguiera unas finanzas públicas saneadas. Eso significa algo tan sencillo y tan complicado a la vez como adecuar los servicios públicos que presta la Administración a lo que realmente nos podemos permitir, no gastar por encima de nuestras posibilidades porque eso, inexorablemente, nos podría abocar a cerrar servicios básicos, como ya le sucede a alguna comunidad autónoma de nuestro entorno más próximo.
De hecho, la auditoría encargada por mi Gobierno a la Intervención General —necesitábamos una foto fija y real de la situación económico-financiera de la comunidad autónoma a septiembre de 2011— nos confirmó tres cosas: primero, una situación crítica en la tesorería; segundo, una tendencia desmesurada del incremento de la deuda, y tercero, un sector público empresarial en una muy difícil situación. Por simplificar, apenas había dinero en la caja porque se gastaba más de lo que se ingresaba, se pagaba a crédito en el mejor de los casos, cuando no se dejaban las facturas en los cajones, y, finalmente, teníamos una estructura tan grande que era imposible de mantener.
Lo trasladado a cifras: una deuda financiera de tres mil trescientos treinta y dos millones de euros, por debajo de la media nacional; ciento sesenta y ocho mil facturas en los cajones, por un importe de cuatrocientos sesenta y ocho millones de euros, es decir, facturas sin consignación presupuestaria, de los cuales, cuatrocientos millones correspondían a deuda sanitaria, y, de esos cuatrocientos millones, correspondían a gastos efectuados y sin pagar y sin reconocer, en el año 2010, doscientos veinte millones, y ciento ochenta millones del primer semestre de 2011, y quinientos sesenta millones de euros de deuda en las empresas públicas (deuda financiera y de proveedores), de los cuales, y a título ilustrativo, les recordaré a sus señorías que ciento setenta y tres millones correspondían a Plaza, dieciocho, a Platea, cuarenta y uno, a Plhus, ciento ocho, a Suelo y Vivienda de Aragón, 71,8, a Expo Zaragoza Empresarial, y ciento cincuenta millones era la cuota de deuda de de Zaragoza Alta Velocidad que nos corresponde por nuestra participación social del 25% de su capital.
Por ello, resultaba estratégico, pero, además, urgente sanear las finanzas públicas de Aragón, y para ello hemos creado y utilizado, varias herramientas.
Una Ley de estabilidad presupuestaria cuyo objetivo es procurar dar confianza a los inversores a través del control del gasto y la deuda pública.
Hemos controlado el déficit, es decir, hemos ajustado los gastos a ingresos, y cumpliremos con el objetivo del 1,5% del PIB regional al terminar 2012.
Hemos actualizado el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio, que ya fue presentado por el anterior Gobierno, recuerdo, y, por lo tanto, contamos ya con una previsión realista de gastos e ingresos para los próximos años.
Nos hemos adherido al Plan de Pagos a Proveedores diseñado por el ejecutivo de Mariano Rajoy, lo que ha permitido que autónomos y profesionales, en su inmensa mayoría aragoneses, hayan podido por fin cobrar de la Administración autonómica facturas que tenían pendientes, en algunos casos desde hacía más de tres años.
Nuestro plan de lucha contra el fraude fiscal nos ha permitido aflorar quince millones de euros de deuda tributaria en un solo año.
Son, como digo, señorías, herramientas imprescindibles para que las finanzas públicas de Aragón —que, en realidad, no lo olvidemos, son las finanzas de todos los aragoneses— estén hoy más saneadas y en bastantes mejores condiciones que hace un año.
No querría dejar sin citar la necesaria racionalización que también hemos acometido del sector público aragonés. Recordarán sus señorías, con fecha 29 de noviembre pasado, se anunció el proceso de racionalización del sector público empresarial de mi Gobierno como ampliación del iniciado en octubre de 2010 por el Gobierno anterior. En estos momentos, han sido liquidadas o están en proceso avanzado de liquidación doce compañías; cuatro han revertido a la Administración; se ha acometido y se encuentra ya en sus últimas fases el proceso de fusión de distintas sociedades, entre ellas Sodemasa y SIRASA, por un lado, y las dedicadas a la actividad turística, por otro; también están en marcha, y en algunos casos han concluido ya, los procesos de desinversión de cuarenta y cinco sociedades en las que la comunidad autónoma es socio minoritario. Asimismo, puesto que la diferente composición accionarial de las principales empresas inmobiliarias (Plaza, Plhus, Platea o Expo Zaragoza Empresarial) dificulta su fusión, hemos procedido a unificar y coordinar la gestión de las mismas en Suelo y Vivienda de Aragón.
Como les decía, nuestro compromiso era, en primer lugar, conseguir unas finanzas públicas saneadas y, en paralelo también, una Administración eficiente, austera y transparente. Lo explicaré.
Una Administración eficiente significa que a los ciudadanos les sea menos costoso el funcionamiento, la propia burocracia de la Administración. Por eso, pusimos en marcha, hace ahora un año, un Plan de Racionalización del Gasto Corriente que va a ahorrar a los aragoneses ciento cinco millones de euros en el periodo comprendido entre el once y el quince; buena parte de ellos ya se han ahorrado. Por ejemplo, la supresión de alquileres de oficinas para dependencias del Gobierno nos ha supuesto un ahorro en lo que llevamos de año de tres millones de euros, y la revisión de las condiciones del concurso que el anterior Gobierno dejó en marcha para la prestación del servicio de telefonía nos supondrá otro ahorro de veintisiete millones.
Señorías, ahora y siempre, los ciudadanos nos demandan ejemplaridad a los políticos. En cumplimiento de esa demanda, reduje de once a nueve los departamentos que conforman el Gobierno, suprimí la figura de los viceconsejeros, así como el 40% de los asesores que había en la anterior etapa; hemos cerrado la oficina de representación de Madrid y en la oficina de Bruselas hemos ajustado la plantilla al trabajo real. En suma, hemos reducido la estructura de la Diputación General de Aragón haciéndola más pequeña y menos gravosa para el ciudadano, sin que por ello haya perdido eficacia.
Pero, señorías, una Administración eficiente es, además, la que vela por el mejor funcionamiento de los recursos humanos disponibles; por el bien hacer de la Administración, pero también —y no menos importante— por el de los propios funcionarios.
Cuando tomamos posesión hace algo más de un año, más del 40% de los empleados públicos de servicios generales estaban en situación de interinidad o comisión de servicio, con las profundas disfunciones —que no se les escapa a sus señorías— organizativas y de trabajo que ello conlleva. Hoy, los departamentos tienen ya aprobada una nueva Relación de Puestos de Trabajo y se están convocando concursos internos bajo los criterios de concurrencia, capacidad y mérito. Reitero: criterios de concurrencia, capacidad y mérito.
Para este Gobierno, en un sentido amplio, eficiencia es también la defensa de los intereses de la comunidad autónoma, y en defensa de los mismos, mi Gobierno ha reclamado al Estado, en concepto de mermas tributarias, trescientos setenta millones de euros, reclamación cuya resolución en estos momentos está pendiente de decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Pero si reclamar lo que entendemos que en justicia nos pertenece es defender nuestros intereses, también lo es impulsar el funcionamiento de los instrumentos que el Estatuto pone a nuestra disposición.
En este ámbito, deseo destacar la reunión, con su nueva composición, de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado que se celebró el pasado mes de julio aquí, más concretamente, en este palacio de la Aljafería, después de años en dique seco; y les adelanto que tendremos una nueva reunión de esta Bilateral, y sobre cuyo orden del día ya estamos trabajando, en la segunda quincena del mes de octubre, exactamente el próximo día 22 de octubre.
Y además de la eficacia y la austeridad, hay otro concepto o más bien diría otra práctica de mi Gobierno que quiero destacar hoy aquí: la transparencia de cara a los ciudadanos y a este Parlamento.
Tenemos muy avanzada la elaboración de un proyecto de ley de transparencia, participación ciudadana y buen gobierno, que se debatirá con agentes jurídicos y sociales antes de convertirse en proyecto de ley y, por tanto, ser remitido a estas Cortes. En esta misma línea de transparencia, los convenios firmados por los distintos departamentos, en este momento, ya son públicos y se cuelgan en la página web del Gobierno de Aragón.
Pero además de presidenta del Ejecutivo autonómico —me lo han oído decir muchas veces—, nunca olvido mi condición de parlamentaria. Creo sin reservas en el parlamentarismo y en estas Cortes como centro de la vida política. Lo manifestaba en la primera parte de mi intervención y lo reitero ahora: el funcionamiento democrático tiene su base en el Parlamento y, a su vez, el Parlamento precisa de transparencia para ser eficaz.
En este aspecto, me siento legítimamente orgullosa de lo realizado por el Gobierno que presido. En este primer año de la legislatura, he comparecido diez veces en el Pleno y he contestado veintisiete preguntas; se han celebrado ciento ochenta y cuatro comparecencias de consejeros y directores generales, frente a las ciento una y ciento cinco que en el mismo periodo de tiempo de las dos anteriores legislaturas se produjeron; hay más de dos mil preguntas escritas respondidas, es decir, el 99% contestadas en tiempo y forma; y novecientas cincuenta y dos peticiones de información al Gobierno, de las que solo diez están fuera de plazo, lo que significa un grado de respuesta del 99%. Son datos que conocen bien sus señorías; no son opiniones ni interpretaciones.
Por resumir esta parte, un año después de que Partido Popular y Partido Aragonés llegaran al Gobierno, las finanzas de la comunidad autónoma están mejor y, por lo tanto, nuestra solvencia económica es mayor. Hemos dado pasos importantes para conseguir una Administración autonómica más eficiente y menos gravosa para los ciudadanos, hemos impuesto la austeridad como norma de comportamiento y, sin duda, el Gobierno y las acciones que acomete son hoy más transparentes y accesibles que ayer.
Señorías, otro capítulo al que voy a pasar revista, y lo haré con cierto detalle, se refiere a lo realizado por mi Gobierno para impulsar el crecimiento económico y la competitividad de nuestras empresas. Porque esta es una parte de nuestra acción a la que hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo, convencidos de que el control del déficit público era necesario —también me lo han oído decir muchas veces en esta Cámara—, pero no suficiente para salir de esta crisis.
Algunos datos nos permiten mirar con menos pesimismo, que no conformismo, el futuro más próximo.
Históricamente, sus señorías conocen que la encuesta de población activa de Aragón ha presentado tasas de desempleo por debajo en cinco o seis puntos de la media nacional. Sin embargo, a partir del año 2008 y hasta el segundo semestre del 2011, el paro en Aragón creció a más velocidad que en el resto de España y supuso que esa distancia en positivo que manteníamos con la media nacional se acortara sensiblemente: pasamos a tener una tasa de paro de algo más de tres puntos por debajo de la media nacional.
Pues bien, a lo largo de este último año, el paro en Aragón, a pesar de que alcanza una cifras inaceptables, a pesar —reitero— de que alcanza una cifras inaceptables y dramáticas, ha crecido a un ritmo más lento que en el resto de España y eso ha permitido que de nuevo los datos de la EPA del segundo trimestre del año 2012 muestren una tasa de paro en Aragón seis puntos, exactamente, cinco con noventa y nueve puntos por debajo de la media nacional, siendo esta distancia mayor si comparamos la sangrante tasa de los jóvenes desempleados (39,83% en Aragón frente al 53,28% de media nacional) o si analizamos la dramática también tasa de número de hogares que tienen a todos sus miembros en paro (el 8,78% en Aragón, bastante por debajo del 13,34%, que es la media nacional).
La evolución del PIB aragonés se ha comportado algo mejor o algo menos mal que el PIB nacional. Su variación, en el primer trimestre de 2012 —es el último dato segregado de Aragón que tenemos— ha sido de un -0,1%, mientras el nacional lo ha hecho en ese mismo periodo en un -0,6%. Nuestra cifra de déficit público tanto en 2011 como en el primer semestre de 2012 ha estado por debajo de la media nacional y cumpliremos, como he dicho anteriormente, con el objetivo del 1,5% marcado para este año.
Al mismo tiempo, señorías, los diferentes estudios económicos —no del Gobierno, sino de distintas instituciones— que se publican muestran como fortalezas de la economía aragonesa la diversificación de su tejido productivo, su mayor capacidad de exportación, a pesar de los malos datos de este primer semestre, debidos básicamente a la coyuntura por la que atraviesa Opel, y la mayor aportación del sector industrial al PIB regional.
Pero, señorías, ¿estos indicadores, entre comillas, «menos malos» consuelan a mi Gobierno? Evidentemente, no, y mucho menos pueden consolar a los más de cien mil desempleados aragoneses. Ahora bien, ¿está cambiando la tendencia? ¿Estamos en una situación menos mala que el resto de España y que otras comunidades autónomas? Pues, sinceramente, creo que sí, pero no deseo arrogar al Ejecutivo que presido más mérito que el que estrictamente le pueda corresponder.
La firma, hace más de medio año, entre mi Gobierno y los agentes sociales, patronal y sindicatos, del Acuerdo Social para la Competitividad y el Empleo (2012-2015) está permitiendo que la actividad económica en nuestra comunidad autónoma goce de un entorno más adecuado para su desarrollo. Son sesenta y cuatro medidas concretas que representan el valor de la unidad y el trabajo de todos los sectores implicados para superar la crisis, a través del fomento de la actividad empresarial, la formación y la creación de empleo.
De igual manera, la «Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento», que recoge las líneas maestras de nuestra política económica para los próximos años, es otro elemento sustancial en la conformación de un «hábitat más favorable» —si me permiten la expresión— para la creación de empleo en Aragón. Esta estrategia plantea seis sectores de actividad básicos, por otra parte, tradicionales en la economía aragonesa: agroalimentación, energía, automoción, logística, turismo y nuevas tecnologías, y está construida sobre un nuevo enfoque en el que la creatividad, la eficiencia, la colaboración y las sinergias con el sector privado y la vocación de servicio deben suplir el hueco al que nos obligan las restricciones presupuestarias que nos vienen impuestas por la crisis. Unas restricciones que, sin embargo, deliberadamente, hemos querido que afecten lo menos posible a los jóvenes y emprendedores, a los que consideramos parte sustancial en la recuperación económica de nuestra comunidad.
En este primer año de legislatura, el Gobierno ha trabajado con intensidad en acciones de apoyo como el «Programa de Emprendedores» y la «Fundación Aragón Invierte», sobre la que luego ampliaré información.
La creación de la «Plataforma Europea» para asesorar a las pymes exportadoras, la puesta en funcionamiento del «Observatorio Aragonés del Comercio» o acuerdos con las Cámaras de Comercio para la implantación de las nuevas tecnologías de la información constatan que el Gobierno que presido considera el crecimiento de la actividad económica regional como clave, sustancial y prioritario, en cuanto a generador de puestos de trabajo.
De hecho, a lo largo de este año, y a pesar de la atonía del mundo económico, se han captado inversiones, como el nuevo centro de Enagás en la carretera de Madrid o la instalación de la empresa canadiense Ballard Powers Systems en Walqa, y hemos concedido ayudas para el desarrollo competitivo de la actividad industrial a través del programa Adia.
Señorías, el aumento de nuestro potencial industrial debe ir acompasado con el despliegue de una red energética suficiente. Por ello, a lo largo de este año se ha trabajado en hacer más tupida la red de gasoductos, así como en aumentar las posibilidades de suministro eléctrico, con la puesta en marcha de las subestaciones de Mezquita y Esquedas, en puntos y áreas estratégicos.
Con respecto a la situación del sector de la minería en Aragón tengo que recordar que tanto el consejero de Industria e Innovación como yo misma hemos estado, seguimos estando y seguiremos estando en permanente contacto con los responsables del ministerio para hacerles llegar las especificidades de la minería aragonesa, que por ser más competitiva que la de otras zonas de España puede permitir a sus empresas mantenerse activas sin subvención más allá del 2018, y, sobre todo, impulsando al Gobierno de España para que, ante la Unión Europea, consiga que esas empresas no tengan que devolver las ayudas que hubieran podido recibir. Pero para conseguirlo, para conseguir que las empresas puedan seguir adelante a partir del año 2018 sin subvención, es necesario que el volumen de producción autorizado se mantenga; esta demanda, razonable y realista, del sector minero en su conjunto (empresarios y sindicatos) la hemos apoyado desde mi Gobierno y la seguiremos defendiendo frente al Gobierno central. En otro orden de cosas también quiero decir que en la distribución del Fondo de Inversión de Teruel para este año 2012, cuyo convenio firmaremos en escasos días con el Gobierno central, se contemplarán partidas de inversión destinadas a proyectos situados en algunos de los municipios de estas zonas.
Señorías, en el ámbito de las competencias tributarias que nos son propias hemos establecido —establecimos ya el año pasado— una bonificación que de manera progresiva alcanzará el 100% en la cuota del impuesto de sucesiones entre cónyuges y de padres a hijos. Lo hemos complementado, lo complementamos, como sus señorías recordarán, con un programa de incentivos fiscales que rebaja la presión fiscal a los pequeños y medianos empresarios que deseen invertir, iniciar una nueva actividad económica o traspasar un negocio. También derogamos los impuestos ambientales que recaían sobre un sector estratégico de crecimiento para Aragón como es el de la nieve. Es decir, hemos aplicado una política fiscal incentivadora de la actividad económica
Pero, igual que para mi Gobierno los jóvenes, los emprendedores, autónomos y pymes están llamados a convertirse en palancas principales para la recuperación económica, no es menos cierto que la mitad de la población aragonesa reside en el medio rural y que la actividad agraria tiene para nosotros también la condición de prioritaria. Prioritaria por tres motivos, y no menores: primero, como sector productivo estratégico económico; segundo, porque asienta la población en el territorio; y tercero, por los beneficios ambientales y de conservación que genera. Por ello, desde mi Gobierno consideramos la agricultura, junto a los sectores ya citados, como un elemento más para fomentar el crecimiento económico.
La Estrategia de la Industria Agroalimentaria en Aragón que hemos diseñado va a constituir, sin duda, un elemento dinamizador del ámbito rural. No nos conformamos con producir, ni siquiera con producir con calidad —hay que recordar que somos líderes en algunos productos—, sino que además queremos que en Aragón se quede el valor añadido de la transformación y la comercialización. En ese círculo que se inicia en la producción y termina en el consumo es donde estamos convencidos de que radica —si me permiten denominarlo así— la nueva revolución agrícola que llevamos camino de implementar en Aragón. Sobre el contenido de esta estrategia volveré más adelante.
Todo ello sin olvidar las líneas de mejora de explotaciones, las ayudas a los jóvenes agricultores, la modernización de los regadíos, las concentraciones parcelarias y la modificación de la Ley de montes que permitirá aprovechar los recursos forestales de manera más sostenible. Actuaciones todas ellas más que demostrativas de nuestra voluntad de recuperar la enorme potencia que posee el entorno rural para ayudar a la recuperación económica de la comunidad.
No querría olvidar, señorías, llegados a este punto, una cuestión muy importante para el conjunto de los aragoneses: el aprovechamiento de las aguas de los ríos que discurren por Aragón. Creo sinceramente que la reunión de la Comisión Mixta del Pacto del Agua del pasado 2 de mayo en Zaragoza fue especialmente relevante para especificar los compromisos del Ministerio de Agricultura con las obras hidráulicas. Como asunto destacado de aquella jornada recordemos el apoyo explícito al recrecimiento del embalse de Yesa, que está ya aprobado el calendario de ejecución de las obras, con un horizonte de finalización del 2015, así como la licitación del embalse de Biscarrués y las balsas de Almudévar. El almacenamiento de agua es, señorías, en mi opinión, sinónimo de riqueza, y lo saben bien las regiones que disponen sobradamente de este recurso; por ello consideramos la ejecución de las obras hidráulicas como otra palanca más de crecimiento, en este caso sostenido en el tiempo.
En cuanto a la utilización del turismo como catalizador del desarrollo económico de Aragón, señalar que lo verdaderamente importante era pasar de la teoría a la práctica, y lo estamos haciendo. Por eso se ha creado una marca única y además hemos elaborado un Plan Diferencial de Promoción Turística para el horizonte 2012-2015, que va a suponer un cambio de rumbo en los mecanismos y mensajes de promoción turística de Aragón.
Me detendré ahora en el subsector de la nieve. Mi Gobierno considera un paso estratégico para el desarrollo económico de la comarca de la Ribagorza, así como para la recuperación del valle del Aragón, la ampliación de la estación invernal de Cerler a través de Castanesa y la unión entre sí de las estaciones situadas en los valles de Tena y del Aragón con la incorporación a este proyecto del edificio de la antigua estación de Canfranc. Somos muy conscientes —no se me olvida— de la falta de recursos públicos para acometer a corto plazo estas iniciativas, pero, señorías, precisamente es en época de escasez cuando hay que redactar los proyectos y sustanciar los trámites administrativos necesarios para poder iniciar su ejecución en el momento que la situación económica nos lo permita. Mi Gobierno —también con respecto al sector de la nieve— entiende y cree necesario aprovechar todas las sinergias tanto públicas como privadas que vienen actuando en este sector en Aragón, y en esa línea de conseguir sinergias y aunar voluntades venimos trabajando desde hace meses. Con respecto a las no menos importantes estaciones de la provincia de Teruel, el Gobierno aprobó definitivamente el proyecto de ampliación de la estación de esquí de Valdelinares, y, con cargo al Fite tanto del año 2012 como del año 2013, se acometerán las obras necesarias para su ejecución.
Señorías, nuestra condición de comunidad autónoma especialmente extensa en cuanto a territorio obliga a este Gobierno a exhibir una sensibilidad especial respecto a la modernización de sus infraestructuras de comunicaciones. Pese a la precariedad presupuestaria, mi Gobierno no ha estado parado en materia de infraestructuras; más bien al contrario, porque lo cierto es que en obras públicas, urbanismo y vivienda era imprescindible clarificar y ordenar la situación de partida.
Antes he recordado, al hablar de la situación financiera de Aragón, las elevadísimas cifras de endeudamiento de las sociedades inmobiliarias, y, siendo esto grave, todavía lo es más que estas deudas tuvieran unos plazos de vencimiento casi todos dentro de esta legislatura, que hacían imposible aún en el mejor de los casos su cumplimiento, y menos todavía en una situación como la que desde el año 2008 mantiene a los mercados inmobiliarios en una situación de total atonía. Por ello ha sido preciso abrir un proceso de renegociación de las deudas de estas sociedades —alguno de ellos está finalizado— para permitir encarar el futuro con más realismo y algo más de holgura financiera, y, sobre todo, para evitar que su situación siguiera actuando como un pesado lastre a la hora de financiar los presupuestos de la comunidad autónoma.
¿Qué es, por tanto, lo que ha hecho mi Gobierno en materia de infraestructuras? Es realmente lo que me interesa resaltar esta mañana.
Desde el primer momento ya destaqué en mi intervención de investidura —y he venido reiterando en diferentes foros nacionales y europeos— que hacer realidad la Travesía Central del Pirineo constituiría nuestra prioridad en materia de comunicaciones. Hoy, a diferencia de hace un año, el Gobierno de España está fuertemente comprometido con el proyecto; varias comunidades autónomas, una región portuguesa y otra francesa se han sumado a la iniciativa, y tanto los principales operadores ferroviarios europeos como empresas constructoras nacionales avalan decididamente un apuesta originariamente aragonesa. No les insistiré sobre la enorme relevancia de esta propuesta, que ha recibido el apoyo unánime de los principales sectores económicos, sociales y políticos aragoneses, pero considero que es una carrera de fondo, y este Gobierno, apoyado por el Gobierno de España, está preparado para afrontarla con éxito.
Algo parecido sucede con la reapertura de la línea del Canfranc. Nuestra voluntad política sigue inquebrantable, y buen reflejo de la misma resulta, entre otras acciones, la compra, efectuada ya, por parte del Gobierno de Aragón del edificio de la estación.
Conocen bien que el Partido Popular nunca mostró su apoyo al Plan Red porque, a nuestro juicio, suponía un elevado endeudamiento de la comunidad autónoma durante muchos años, pero a pesar de ello debo decirles que las decisiones que hemos tomado han venido impuestas por las circunstancias y no por prejuicios anteriores. Como seguramente recordarán, de los ocho sectores en los que se dividía, uno fue suspendido por el Gobierno del Presidente Iglesias debido a cuestiones medioambientales; tres, según el dictamen de Eurostat, computaban como deuda, lo que imposibilitaba su ejecución, y el cambio en las condiciones crediticias de las instituciones financieras ha hecho muy difícil a los adjudicatarios, hacía muy difícil a los adjudicatarios mantener la viabilidad económica de sus inversiones. Por todo ello, se establecieron negociaciones que han cristalizado en la rescisión de los contratos por mutuo acuerdo, quedando en poder de la Administración aragonesa los proyectos que ya habían sido redactados, y estando en marcha uno de los sectores, en concreto el Huesca-3, por cuanto el adjudicatario ha manifestado su voluntad de seguir adelante.
Junto a las carreteras, y en el mismo ámbito de las infraestructuras, la vivienda. Sinceramente, el ejecutivo ha introducido un giro conceptual importante: la aprobación del Plan Aragonés de Vivienda Social, dotado con cuarenta millones de euros para la presente legislatura, que tiene como principal objetivo favorecer que los sectores sociales más vulnerables puedan acceder a una vivienda digna, y, además, hemos puesto en marcha una línea de ayudas para personas afectadas por los desahucios.
Señorías, dedicaré la siguiente parte de mi intervención a destacar las actuaciones del ejecutivo de coalición en tres áreas especialmente sensibles para la opinión pública: educación, sanidad y servicios sociales. Parto de la premisa de que los tres son servicios esenciales sobre los que se sustenta el Estado del bienestar tal y como lo entendemos los europeos, y la mejor garantía de mantenimiento del mismo pasa por el necesario crecimiento económico, pero también por la eficiencia con la que sean utilizados los recursos que en ellos se emplean.
En Educación, estamos aplicando las veinticinco propuestas para la mejora del sistema educativo de Aragón, surgidas tras un completo análisis y debate del Gobierno con la comunidad educativa. De esas veinticinco propuestas, les enumero algunas: está tramitándose en esta Cámara el proyecto de ley de autoridad del profesorado; hemos trasladado a septiembre la celebración de los exámenes extraordinarios; el transporte escolar en las zonas rurales ha mejorado para que no existan desigualdades entre los alumnos de la pública y la concertada; un 96% de familias han escolarizado a sus hijos en el centro elegido como primera opción y, un 99%, en alguna de las opciones solicitadas; en este curso 2012-2013 hay dos centros más para alumnos con algún tipo de discapacidad; hemos aprobado un plan para la construcción de trece nuevos colegios y la modernización de otros trece que se han quedado obsoletos; hemos comenzado el proceso de digitalización de las aulas de Primaria, Secundaria y FP para asegurar la conectividad de todos los centros; hemos mejorado el actual modelo de educación permanente, y en este curso, señorías, hay cuatro nuevos ciclos formativos en Formación Profesional, con seiscientas cincuenta plazas para nuevos estudiantes.
En definitiva, señorías, nuestro esfuerzo y empeño, que estoy convencida de que comparten la mayoría de padres, profesores y alumnos, está en mejorar sustancialmente la calidad de la educación y, en términos particulares, acabar con el fracaso y el abandono escolar. No es de recibo que una sociedad permita que tres de cada diez alumnos no terminen sus estudios de Secundaria. Este es el verdadero problema actual de nuestro sistema educativo, el fracaso y el abandono escolar, y les aseguro que mi Gobierno está fuertemente empeñado en corregirlo y, además, hacerlo cuanto antes.
En el ámbito de la universidad, es preciso resaltar el esfuerzo presupuestario que para el Gobierno de Aragón ha supuesto mantener el importe de la transferencia básica. Si, en el año 2009, este concepto representaba un 2,48 del presupuesto del gasto no financiero de la comunidad autónoma, en el año 2012, y como consecuencia del menor importe del total del presupuesto, este porcentaje ha pasado a ser de un 2,95% de nuestro presupuesto final.
Pero, junto a la transferencia básica, no podemos olvidar la existencia de otras cuantías, provenientes no solo del Departamento de Educación, sino también de distintos departamentos del Gobierno de Aragón, en forma de subvenciones o convenios, cantidades que en el ejercicio de 2012 han supuesto diecisiete millones de euros.
Sanidad y Servicios Sociales es otra de las áreas consideradas sensibles por mi Gobierno y, como tal, la hemos asumido con el firme propósito de acometer las reformas necesarias que permitan mantener e incluso mejorar su calidad con un uso más racional de los recursos.
En este punto quiero dejar claras algunas premisas: en primer lugar, la asistencia sanitaria en Aragón se seguirá prestando a todo el que la necesite; en segundo lugar, el Servicio Aragonés de Salud prestará asistencia a todas las personas que acudan a cualquier centro, ya sea de atención primaria u hospitalaria; tercero, todos los procesos asistenciales de usuarios que hayan perdido su condición de asegurado o de beneficiario y que se hayan iniciado antes del 31 de agosto de 2012 seguirán su curso. Reafirmo estos principios porque resulta muy sencillo hacer demagogia a costa de las personas más desfavorecidas, cuando la realidad es que la asistencia sanitaria se seguirá prestando a todo el que la necesite, sin coste para aquellos que no dispongan de recursos.
Una buena parte de las cuatrocientas medidas contenidas en el documento elaborado en el seno del Grupo de Trabajo por la Sanidad, que estuvo integrado por representantes de todos los sectores relacionados con el mundo sanitario, han entrado ya en funcionamiento y el resultado está siendo alentador. Se han reducido de ocho a cuatro las gerencias, lo que ha supuesto una gestión más unificada y una disminución de las cargas burocráticas; se controlan las horas extras del personal sanitario; se realizan más intervenciones quirúrgicas en jornada ordinaria que el año pasado; la radiografía electrónica se ha implantado en buena parte de los servicios y lo mismo se está haciendo con la receta electrónica, que esperamos tener desplegada en toda la comunidad autónoma no tardando mucho; el número de estancias hospitalarias ha bajado en nueve mil quinientas, lo que representa un indicador de eficiencia y calidad muy significativo, y hemos ampliado, a título de ejemplo, la cartera de servicios en los centros de Jaca (con la obstetricia) y Tarazona (preoperatorios), por poner solo, como les decía, algunos ejemplos.
Respecto al nuevo hospital de Teruel, su situación actual es la siguiente. El Ayuntamiento de Teruel ha contratado el proyecto de urbanización de los accesos, del que dispondrá a finales del mes de octubre. A partir de ese momento, previsiblemente en el mes de noviembre, concederá la licencia de obras, con lo que estas podrán comenzar.
Con respecto al hospital de Alcañiz puedo anunciarles que en breve plazo se formalizará el acta de ocupación de los terrenos y serán cedidos a la comunidad autónoma, y, asimismo, el Fondo de Inversiones de Teruel preverá dotación presupuestaria para financiar los accesos, lo que supone un importante avance después de bastantes años de parálisis.
En cuanto a las prestaciones asistenciales y servicios sociales, mi Gobierno considera que estamos obligados a trabajar en un nuevo modelo, lo contrario sería dar la espalda a la realidad. La aplicación de la ley de la dependencia ha puesto de manifiesto que los cálculos que en el momento de su aprobación se hicieron fueron erróneos, y hoy, lamentablemente, nos damos cuenta de que no disponemos de los recursos que serían necesarios para la subsistencia del modelo tal y como se diseñó.
Para hacer frente a esta situación, hemos diseñado el I Plan Estratégico de Servicios Sociales de Aragón 2012-2015, dotado con cuatrocientos doce millones de euros, donde planificamos las medidas y actuaciones, así como los recursos necesarios. Además, en este año 2012, el ejecutivo ha multiplicado por tres la partida destinada al Ingreso de Inserción, hasta llegar a los veinte millones de euros, para poder hacer frente a los mil nuevos perceptores de esta ayuda.
En la atención a los dependientes hay un cambio de orientación; por un lado, se va a potenciar la prestación vinculada al servicio frente a la prestación económica, es decir, se profesionaliza la atención a los dependientes, pero, además, la cuantía de esas ayudas va a estar determinada por la renta y el patrimonio de la persona dependiente, es decir, se aplican criterios de equidad.
Señorías, este es un resumen de lo efectuado durante el primer año de mi Gobierno y, como no podía ser de otra manera, si lo desean, en la réplica de mañana podré ampliarles con más detalle otras áreas de actuación de mi ejecutivo que no he relatado en esta primera intervención.
Hasta aquí, por tanto lo realizado. Ahora bien, consideraría incompleta mi intervención de esta mañana si no les adelantara el camino por el que queremos transitar durante el periodo de sesiones que ahora comenzamos.
Como anteriormente decía, en el primer periodo de sesiones del próximo año, remitiremos a esta Cámara el proyecto de ley de transparencia, participación y buen gobierno. En el ámbito de mejora del funcionamiento de la Administración autonómica, adquiero también el compromiso de traer a esta Cámara una ley de Función Pública antes de la finalización del próximo mes de junio, y, en paralelo, aprobaremos durante los próximos meses las órdenes que regularán la provisión de puestos de trabajo, situaciones administrativas, régimen disciplinario, o selección y formación. Siguiendo esta misma línea de modernización y eficacia de nuestra Administración autonómica, tenemos la voluntad de traer a este Parlamento durante el año 2013 el proyecto de ley de calidad de los servicios. Nuestra intención es ir mejorando los estándares de calidad tanto respecto a la tramitación de los expedientes como a la agilización de los plazos de los mismos.
Señorías, en mi discurso de investidura, así como en otros debates que se han producido en esta Cámara a lo largo de este último año, he puesto de manifiesto, y así figura en el pacto de gobernabilidad firmado entre el Partido Popular y el Partido Aragonés, la necesidad de revisar la actual distribución de competencias entre las diferentes instituciones que conforman la Administración local en Aragón, así como revisar también el número de consejeros comarcales.
He entendido y reiterado a menudo que este es un asunto que debe acometerse con actitud abierta, sin dogmatismos y con la firme voluntad de alcanzar acuerdos; pues bien, a este respecto quiero decir que los grupos políticos que sustentan al Gobierno presentarán al finalizar este debate una propuesta de resolución solicitando a la Mesa de la Cámara la constitución, en el plazo más breve posible, de una ponencia especial que acometa esa labor con un claro objetivo: racionalizar y simplificar la Administración Pública aragonesa bajo la premisa general de «una competencia-una administración».
Les pondré un ejemplo. De la experiencia acumulada hasta el momento en las distintas instituciones de la Administración local aragonesa, podemos deducir la conveniencia de que el bloque de competencias en materia de acción social o el correspondiente a la gestión de los residuos sólidos y recogida selectiva, entre otras muchas, sean ejercidas por la Administración comarcal, mientras que también de la misma experiencia, se deduce que las diputaciones provinciales debe ejercer las competencias de cooperación y asistencia a las entidades locales o las correspondientes a la vía pública.
Pero, señorías, Aragón cuenta con setecientos treinta y un municipios, de los cuales más del 71% son menores de quinientos habitantes y, aproximadamente, el 45% no llega a los doscientos cincuenta; a muchos de estos últimos les resulta complicado —y esto, también nos lo dice la experiencia— ejercer sus competencias propias, por lo que para aquellos que así lo deseen se podría, en esta modificación legislativa también, introducir un procedimiento de encomienda mediante convenio o acuerdo con la comarca de su territorio para que sea esta quien las ejecute en su nombre, es decir, las competencias propias de aquellos ayuntamientos menores de doscientos cincuenta habitantes, siempre, obviamente, con sujeción a las directrices de los órganos de gobierno del propio municipio.
En materia de Justicia, puedo anunciarles que a finales de este año, la Audiencia Provincial de Zaragoza estrenará sus nuevas instalaciones y que la Ciudad de la Justicia será, por fin, una realidad en el primer semestre de 2013. Se trata de un primer paso, muy importante en lo que supone de mejora de las dotaciones y equipamientos judiciales.
Señorías, las políticas de impulso económico, como ya he relatado extensamente, han constituido en este primer año una de las sólidas columnas sobre las que estamos generando el cambio que Aragón necesita y, por esta razón, van a ser reforzadas en este curso político que ahora comenzamos.
Implantaremos el llamado «Canal único para emprendedores» como canal virtual de información, que incluirá toda la oferta pública y privada, así como las líneas de ayuda disponibles, los servicios de asesoramiento y líneas de financiación que existen para emprendedores, así como una homogeneización de procesos para el establecimiento de los planes de negocio, entre otras cuestiones.
También en este curso, con el objetivo de fomentar el crecimiento de la dimensión de las empresas aragonesas —saben que la dimensión de nuestras empresas está por debajo de la media nacional—, pondremos a su disposición el «Programa de mediana empresa», que les permitirá identificar y conocer las posibles fórmulas de colaboración existentes (Joint-Venture, clusters sectoriales, alianzas estratégicas, etc.). Asimismo, este Programa contemplará la firma de un convenio entre el Gobierno de Aragón y las principales entidades financieras para facilitar el acceso al crédito a las empresas.
Anteriormente, me he referido a la creación de la Fundación Aragón Invierte, cuyo objetivo es novedoso en el panorama de la economía aragonesa: va a permitir la puesta en marcha de una red de business angels (inversores tutores) mediante la cual, inversores privados financiaran aquellos proyectos de emprendedores que les resulten atractivos.
Pues, bien, señorías, para impulsar esta línea, el Gobierno de Aragón bonificará en el tramo autonómico del IRPF a aquellos inversores privados que respalden financieramente a los emprendedores.
Asimismo, vamos a implementar un «Programa de Empresas Tractoras», que bajo la denominación Arexnetwork pretende que las empresas aragonesas que ya tienen experiencia en el exterior ayuden a las que quieren exportar e intercambiar conocimientos sobre la materia, y ya contamos con la participación en este programa de un número significativo de empresas, algunas incluso con residencia fuera de Aragón.
Pero no nos conformamos con un tejido empresarial propio, y por ello, de manera inmediata, se pondrá en marcha la «Comisión de atracción de inversión directa: nacional y extranjera» con el objetivo de atraer inversiones de alto valor añadido. De esta manera, habremos reforzado el tejido empresarial aragonés, evitado la deslocalización y posicionado a Aragón en el ámbito internacional.
Seguiremos, por tanto, insistiendo durante el próximo curso político en el respaldo a los emprendedores y a los proyectos innovadores. Vamos a dotar de una mayor orientación de apoyo a este sector también a los organismos públicos y asistentes, como el Instituto Aragonés de Fomento, el CITA, el Centro de Empresas e Innovación, así como al Instituto Tecnológico de Aragón.
Modificaremos, asimismo, el Plan General para el Equipamiento Comercial de Aragón, tendremos plenamente operativo el Consejo Aragonés de Promoción Exterior, y aprobaremos la planificación y el amueblamiento energético de nuestro territorio para el período 2013-2022.
Señorías, en el mundo actual, si importantes son las infraestructuras del transporte para el desarrollo de las actividades económicas, todavía lo son más las nuevas redes de transporte de voz y de datos. En Aragón, es imprescindible acometer el más amplio despliegue posible de banda ancha si queremos apostar de una vez por todas por el desarrollo de nuestro territorio. Por ello, el Gobierno tiene en proceso de elaboración el pliego de condiciones para sacar a concurso por el sistema contemplado en la Ley de Contratos del Estado de Colaboración Público-Privada y «Diálogo Competitivo» el despliegue de estas redes.
La agricultura debe ampliar su papel estratégico. Para ello, hemos acometido la negociación de la PAC con los siguientes objetivos: lograr que las explotaciones mantengan el mismo o similar nivel de apoyo, mejorar los mecanismos de intervención de los mercados ante crisis alimentarias o de precios, adaptar las exigencias medioambientales a las peculiaridades aragonesas y compensar a los sectores más desfavorecidos mediante ayudas directas.
En estos momentos, está en elaboración el Programa de Desarrollo Rural de Aragón para el periodo 2014-2020, encaminado a lograr un incremento de la superficie de regadíos y la modernización de los existentes, la incorporación de los jóvenes a la actividad agroalimentaria, así como las líneas de apoyo a la agroindustria y las medidas de fomento a la diversificación de la economía en el medio rural.
Seguiremos, igualmente, con proyectos de modernización de regadíos (más de 6.000 hectáreas), de concentración parcelaria (5,6 millones de euros), y queremos finalizar el «Plan especial de Depuración» (tenemos ya cien de las ciento treinta y una depuradoras previstas) y pretendemos adecuar el Plan de Depuración del Pirineo a las previsiones reales de ocupación del territorio.
En los próximos meses, concluiremos la elaboración de la Estrategia Política de la Agroindustria, que, como recordarán sus señorías, en permanente contacto con todos los sectores afectados, y se concluirá en torno a los siguientes ejes: un aumento sustancial de la competitividad de las empresas y explotaciones a través del conocimiento y la innovación tecnológica; una reorientación estratégica del potencial investigador; un decidido apoyo a la promoción exterior de nuestros productos y a la internacionalización de su tejido empresarial; una simplificación legislativa y administrativa de todo el entramado normativo que afecta al sector y que, en muchas ocasiones, sirve de freno en lugar de acelerador del mismo, y un acortamiento sustancial de la distancia que separa a los productores y los consumidores en la cadena alimentaria.
Próximamente, asimismo, presentaremos a sus señorías en este Parlamento la reforma del «Plan Integral de los Residuos de Aragón», conocido por GIRA. Se trata, fundamentalmente, de adaptarlo a la directiva europea sobre residuos y afectará a los residuos industriales no peligrosos, a los de construcción y a los domésticos.
Nadie pone en duda la considerable aportación económica del turismo al PIB de Aragón, ni de su potencial para ampliar su desarrollo equilibrado. Nuestra voluntad es consolidar a Aragón como «destino» en lugar de «lugar de paso», y para ello es obligado que el sector cuente con una marca única, reconocida y de prestigio.
El turismo enológico, de balneario o religioso, además del cultural o el de nieve, que están más consolidados en las tres provincias, van a ser objeto de un renovado impulso. Para su difusión, utilizaremos de manera más intensa las nuevas tecnologías y los nuevos canales de comunicación, con renovación de contenidos, presencia masiva en Internet, posicionamiento clave en los buscadores y campañas on line específicas.
Vamos a seguir avanzando en la línea de flexibilizar los procedimientos, simplificar gestiones y coordinar a las Administraciones implicadas para que los ciudadanos y las empresas aragonesas puedan vivir y trabajar mejor. Por ello, en 2013, concluiremos el proceso de tramitación de la Ley Urbanística de Aragón, modificaremos la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón, y procederemos a la revisión de la legislación de los «Planes de Interés General de Aragón», precisamente, para conseguir que estos planes faciliten las iniciativas de aquellas personas que quieran ponerlos en marcha.
Respecto a vivienda, seguiremos desarrollado el Plan social aprobado este año, y como novedad, les digo a sus señorías que la Ley de Medidas Fiscales para el próximo ejercicio 2013 contemplara una deducción en la cuota autonómica del IRPF a aquellos propietarios de viviendas que estén dispuestos a alquilarlas bajo las condiciones y premisas que ponga la comunidad autónoma para el Plan de Vivienda Social, es decir, para permitir aportar viviendas a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
Nuestra propuesta para el conjunto del territorio también pasa por tener un nuevo Plan de Carreteras, que va a definir una red principal de ejes estructurantes, asegurando un programa de inversiones junto con otro de mantenimiento, con una gestión eficaz de los recursos disponibles y acorde con nuestra capacidad inversora: mil trescientos millones de euros en doce años sin necesidad de aumentar el nivel de endeudamiento. Se trata de un plan a débito, en lugar de a crédito, lo que nos evitará gastos indirectos innecesarios en financiación o seguros.
En materia ferroviaria, nuestra intención durante 2013 es impulsar la puesta en marcha de la estación de cercanías de Plaza, seguir trabajando en la Travesía Central del Pirineo y el Canfranc, y, muy ligado a esto, tenemos previsto concluir lo que denominamos la planificación de las áreas de actividad logística prioritarias para el desarrollo económico y el empleo en Aragón, alguna de las cuales ya ha sido presentada en el territorio; concretamente, en la provincia de Huesca.
Señorías, la formación de los niños y los jóvenes es un asunto axial en nuestro proyecto de Gobierno. Decía a la hora de hacer balance que luchar contra el fracaso escolar, contra el abandono temprano de las aulas, es nuestra prioridad. Para ello hemos incluido en el catálogo de programas de política educativa proyectos de éxito escolar y excelencia académica. Soy consciente de que esto no lo lograremos solo en esta legislatura, y manifiesto que es un asunto que trasciende a la misma.
Nadie debe quedarse atrás por motivos económicos, y por eso, dentro de la ley de medidas fiscales también para 2013, se incluirán bonificaciones para la compra de libros escolares en la cuota autonómica del IRPF en función de la renta de la unidad familiar y del número de hijos que esa unidad familiar tenga en edad escolar.
Tampoco nadie debe quedarse atrás por la falta de ayuda en los centros escolares; por eso estamos elaborando un nuevo decreto que marcará los conceptos y categorías del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo e introducirá el necesario concepto de educación inclusiva. Así garantizamos que todos los alumnos tengan acceso a una educación de calidad y en igualdad de oportunidades.
En paralelo estamos planteando una estrategia de calidad y excelencia, mediante la valoración del esfuerzo, que permitirá elevar el porcentaje de alumnos con buenos resultados en competencia matemática, en competencia lectora y en competencia científica.
Señorías, si les digo que el aprendizaje de idiomas se ha revelado como una exigencia no les descubro nada nuevo. En el primer trimestre de 2013, el Gobierno presentará el modelo de bilingüismo de Aragón, un modelo basado en tres niveles, dependiendo de las posibilidades de los centros, que nos permitirá impartir o que les permitirá impartir algunas materias en lengua extranjera.
Todas estas iniciativas, cuyo desarrollo está previsto durante este curso político que ahora iniciamos, precisan de la relevante participación del profesorado. Como he insistido en numerosas ocasiones, los docentes constituyen, sin duda, la clave de bóveda del sistema educativo, y, por eso, este Gobierno considera básica su formación.
Ha sido una de las apuestas importantes de este año, y este curso se inicia ya el nuevo modelo bajo las siguientes premisas: evaluación por competencias básicas, metodologías de aula para favorecer el éxito escolar y profundización en el sistema de educación inclusiva como proyecto para reducir el fracaso escolar.
En este ámbito y en el de cultura y deporte, como iniciativas legislativas pongo en conocimiento de sus señorías que presentaremos a lo largo del 2013 el proyecto de ley de mecenazgo de Aragón; el de actividad física y deporte, y la reforma de la Ley 5/2005, de 14 de junio, de ordenación del sistema universitario de Aragón. Les adelanto que es intención del Gobierno que todos ellos, en su desarrollo, sigan un proceso muy abierto y participativo antes de convertirse en proyectos de ley.
En clave de mejora de la calidad del sistema, el catálogo de programas educativos, que será presentado antes de que termine el año, recogerá todas las actuaciones que se ofrecen a los centros. Nuestra intención es que los colegios puedan concurrir a los diferentes programas que oferte la Administración y, posteriormente, evaluar los resultados obtenidos.
Continuaremos con el programa de construcción y modernización de centros escolares que iniciamos el curso pasado. Nuestra previsión es actuar en Vadespartera 2, Ronda Norte y Guillermo Fatás, todos ellos en Zaragoza, y en el Río Aragón, Sallent de Gállego y en Jaca, en la provincia de Huesca.
En otro orden de cosas, señorías, permítanme decirles que hemos iniciado conversaciones, que seguramente darán resultado en un plazo no muy largo, para que la colección de pintura moderna de doña Pilar Citoler pueda residenciarse en Aragón. Seguramente sus señorías saben que ha habido un largo proceso por el cual esta colección se iba a residenciar en Andalucía. Sin embargo, en estos momentos puedo decirles que existe la firme voluntad por parte de la propietaria de la colección, así como del Gobierno de Aragón, de llegar a acuerdos para que esta colección se residencie en Zaragoza, en el Instituto Aragonés de Arte Contemporáneo Pablo Serrano, y para que sea el origen de una importante colección de arte moderno en Aragón. Creo que es una buena noticia para el mundo de la cultura el que una colección que no encontraba su lugar en Aragón..., los acontecimientos nos hayan permitido reconducirlo y que la podamos tener en esta ciudad de Zaragoza espero que en un horizonte no muy lejano.
En sanidad seguiremos implantando medidas que nos aseguren la sostenibilidad y la mejora de la calidad del sistema a través de tres grandes líneas: equilibrio presupuestario, mejora en la gestión y modernización del mismo. La eficacia en la gestión, que iniciamos con éxito en 2011, puede aún mejorarse a través de la racionalización de recursos, gestión de compras, gasto farmacéutico y ahorro energético. Es también nuestra intención la realización de un plan de recursos humanos, como instrumento esencial en la ordenación del personal sanitario; proseguir la ejecución de las ofertas públicas de empleo 2010 y 2011; la convocatoria inminente de concursos de traslado, y la actualización periódica de la bolsa de empleo laboral. Para la modernización del sistema sanitario integraremos algunos de los servicios médicos que en la actualidad se prestan en diferentes centros, para así lograr una mayor eficiencia y excelencia. Asimismo, y para conseguir una mayor calidad de los servicios, se pondrán en marcha protocolos de cuidados paliativos y se estructurarán y coordinarán los programas de salud mental, entre otras cuestiones.
En cuanto a servicios sociales, vamos a continuar con la reordenación del sistema de atención a los dependientes a través de la aplicación del nuevo modelo y del refuerzo de la red de centros públicos. Tenemos prevista la apertura de la residencia de Utebo para ciento treinta y cinco plazas de residencia y treinta de centro de día, así como la concertación de otras plazas a través de nuevos contratos suscritos con las entidades privadas y también con residencias de titularidad municipal y comarcal. Tenemos asimismo previsto modificar la normativa que regula el ingreso aragonés de inserción para adecuarlo a la actual situación de demanda y, sobre todo, para asegurarnos de que son fondos que llegan a quien realmente lo necesita. En otro orden de cosas les diré que vamos a poner en marcha la primera fase del Servicio de Emergencias Sociales de Aragón, concentrando todas las emergencias sociales en el 112 y creando un protocolo único de actuación.
Señorías, en mi opinión, esta es la legislatura de la rebelión social contra la resignación y a favor de una nueva manera de hacer política. Ese es nuestro mandato: liderar desde las instituciones la rebelión de los aragoneses contra la crisis económica, social y política a la que nos han llevado demasiados años de irresponsables políticas en el ámbito nacional, años de un largo proceso de deterioro de nuestros instrumentos de bienestar, de nuestra economía y de nuestros valores políticos y sociales. Frente a esos, en Aragón hay un Gobierno en marcha y una sociedad en marcha que están trabajando desde el primer día y que van a seguir haciéndolo sin descanso.
Una legislatura es poco tiempo, pero en poco tiempo se pueden hacer —y de hecho se han hecho— muchas cosas cuando se tiene un proyecto sólido y un equipo preparado y comprometido. Yo sé muy bien que hay quienes preferirían que este Gobierno no hiciera nada, pero esos parecen ignorar que seguir como estábamos no es posible; no está en nuestra mano ni en la suya evitar el cambio. Lo que está en nuestra mano es orientar el cambio en el sentido que deseamos. Lo que está en nuestra mano es, como dice la célebre frase, dejar de preguntarnos lo que nos va a pasar y comenzar a preguntarnos por lo que debemos hacer y ponernos a trabajar para lograrlo. No se trata de una elección ni fácil ni gratuita. Es difícil, tiene costes y exige sacrificios, pero les aseguro que vale la pena, porque siempre vale la pena ser dueño del propio destino y no estar en manos de otros. La actitud inmovilista de quienes se oponen a las reformas merece algunas preguntas y debe algunas respuestas. Con unas cuentas públicas en situación de quiebra y sin acceso a las fuentes de financiación, ¿no había que hacer nada? Con una sanidad en una situación también de quiebra, ¿no había que hacer nada? Con un sistema educativo que produce resultados de aprendizaje claramente inferiores a los países europeos de referencia, ¿tampoco había que hacer nada? Yo creo que, ante la evidencia de un sistema de bienestar con graves problemas, lo responsable no es decir que no pasa nada, lo responsable no es negar la evidencia: lo responsable es decir la verdad, actuar para evitar el desplome y fortalecer luego la estructura para que pueda durar muchos años más. Eso es lo que está haciendo, señorías, mi Gobierno.
Como política, como persona comprometida con el bienestar y con la justicia, como persona a la que no le da igual cómo les vaya a los demás, yo no acepto el no hacer nada. Hay dos tipos de políticos en mi opinión: los que actúan solo pensando en cómo les irá en las próximas elecciones y los que actúan pensando en el porvenir de su tierra, que tratan de anticiparse al futuro y que lideran las instituciones y la sociedad para que la historia no les pase por encima ni les deje al margen. Señorías, yo quiero ser de estos y no de aquellos. Quiero formular acuerdos, reforzar los ya existentes y sumar pactos nuevos a los que ya están en vigor. En ocasiones he encontrado el rechazo, pero no por ello dejaré de insistir, porque los aragoneses quieren que busquemos soluciones entre todos y para todos.
El debate que puede ayudarnos no es el debate estéril entre quienes aceptemos la realidad y busquemos el modo de cambiarla y quienes siguen negándola; el debate importante, el que debe darse en esta Cámara, es entre quienes no van a permanecer de brazos cruzados, entre quienes están dispuestos a hacer los sacrificios que necesitamos, por muy alejadas que puedan estar sus ideologías de base. Porque lo que no quieren los aragoneses es que se pierda tiempo ni que se diluya el nítido mandato reformista que nos otorgan las urnas. Yo no voy a diluir nuestro programa de gobierno, en el que sigo creyendo y por el que sigo trabajando, en un mar de partidismos, de oportunismos y de pasividad. Estoy dispuesta a mejorarlo, pero no a diluirlo ni mucho menos a paralizarlo. Este Gobierno va a seguir actuando y va a seguir liderando, y va a seguir fortaleciendo el pacto de gobernabilidad que le permite hacerlo.
Necesitamos consolidar el cambio de mentalidad que ya está en marcha. Necesitamos consolidar una nueva manera de mirar lo público y pasar de un simple Estado del bienestar a una auténtica sociedad del bienestar, como han hecho los países europeos que funcionan mejor. Necesitamos una nueva jerarquía de valores en la que la persona recupere el protagonismo, en la que su libertad, su capacidad de elegir por sí misma y sus oportunidades estén garantizadas. Necesitamos, como tantas veces hemos afirmado, más sociedad y mejor gobierno.
Esa es nuestra tarea porque ese fue nuestro compromiso, y creo que el balance de este primer año de legislatura que acabo de presentar a la Cámara indica que la estamos cumpliendo.
Muchas gracias. [Aplausos.]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta del Gobierno de Aragón.
Vamos a suspender la sesión, que se reanudará mañana a las nueve y treinta horas.
Señorías, se suspende la sesión [a las doce horas y doce minutos].