Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

Interpelación núm. 17/10, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia.

La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor presidente.

Señorías.

Señor consejero.

Hace casi un año, el 21 de abril de 2009, le interpelaba en relación con las previsiones del Gobierno de Aragón para la puesta en marcha de la nueva oficina judicial.

En aquel momento, las necesidades de mejora tecnológica centraron gran parte de la intervención, pues no hay que olvidar el importante retraso que lleva en esta materia la Administración de Justicia respecto al resto de la Administración y que le ha supuesto un importante lastre de cara a la necesaria mejora de este servicio.

En este año se han producido avances, por lo menos en este año pasado, en lo que hace referencia al aspecto normativo y administrativo, y así basta recordar la aprobación definitiva de las reformas procesales por parte de las Cortes españolas que dan carta y naturaleza a la nueva oficina judicial, modificación que entrará en vigor en breves fechas, el 4 de mayo de este año. Entrada en vigor que requiere importantes medidas organizativas que están teniendo algún rechazo por parte del personal y que será motivo de profundización en la comparecencia que celebraremos el próximo lunes, aunque también, cómo no, esta nueva oficina judicial requiere mejoras tecnológicas para las que esperamos que estemos preparados.

Le diré que, en materia de nuevas tecnologías y de acuerdo con la moción que se derivó de aquella interpelación de abril, se han firmado varios convenios para la creación de un sistema informático común en todo el territorio en materia de Justicia y el convenio que establece el esquema judicial de interoperatividad y seguridad. Avances normativo y administrativo que no se pueden quedar ahí, sino que exigen su puesta en funcionamiento, su efectiva operatividad, para la que habrá que hablar de la extensión de las mejoras tecnológicas, un plan de aplicación de los diferentes procesos informáticos, acompañados, eso sí, de la adecuada formación de los trabajadores de Justicia, un diseño del sistema de interoperatibilidad entre los diferentes intervinientes de Justicia, en especial el ámbito al que se quiere abarcar, por ejemplo, los cuerpos de seguridad autonómica y local o la Administración autonómica, cómo se va a articular el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia y, cómo no, si se cuenta con el compromiso presupuestario correspondiente y qué compromisos de financiación hay por parte del Ministerio de Justicia.

Estas, de manera resumida, son las cuestiones sobre las que centraré, si el tiempo me lo permite, la interpelación que, sin más preámbulo, paso a desgranar.

Cuando hablo de extensión de las mejoras tecnológicas me quiero referir a la universalización de las mismas en los ámbitos judiciales, ya se encuentren estos en Zaragoza o en el resto del territorio. Vamos, igualdad de trato, de fecha y de posibilidades.

Desde el año 2008 está instalado el sistema Arconte de grabación y archivo de contenidos, sistema que permite la grabación audiovisual de DVD y la gestión de documentales de las salas de vistas, función esta asignada a los secretarios judiciales.

No creo que haya que recordar que en el ámbito civil es obligatoria la grabación de los juicios orales, aunque tal vez no esté de más recordar que a partir de mayo lo será en todas las jurisdicciones. Pues, bien, este sistema está instalado en algunos juzgados de lo penal de la capital y en todos los órganos judiciales de civil de Aragón. Aunque esté instalado en el año 2008, también quiero decir que lleva funcionando escasos meses.

No es rara, sin embargo, la suspensión en estos meses o repetición de juicios por inadecuado funcionamiento y, por ejemplo, el pasado miércoles, hace apenas dos días, se estrenó por primera vez en la Audiencia Provincial de Teruel.

Tal vez este es un buen momento para que nos indique si se va o no a instalar en todas las jurisdicciones y si el Ministerio de Justicia ha dotado ya de tarjetas electrónicas a todos los secretarios judiciales de Aragón, tarjetas electrónicas que son necesarias para utilizar la firma electrónica en las cuentas de depósito, en las consignaciones judiciales y, en lo que nos importa, en los sistemas de grabación del programa Arconte, así como la expedición telemática de exhortos y demás despachos, o si un sistema tan sencillo como el de videoconferencia, que evita el traslado para las declaraciones, va a llegar a todos los juzgados de lo penal.

Por otro lado, como he indicado al inicio de la intervención y como se acordó en la moción 22/09 aprobada en este Pleno, en noviembre se firmaron por parte de esta comunidad cuatro convenios con el Ministerio de Justicia de cara a conseguir la total integración de los procesos informáticos. Se trata de la cesión de los derechos de uso de los sistemas Lexnet, Minerva, Ainhoa y Fortuny.

No voy a extenderme en sus ventajas y funciones –ya hice hincapié en estas cuestiones en la anterior interpelación–, pero mencionaré que el sistema Lexnet es el que permite la comunicación segura y transmisión documental entre juzgados y tribunales y los agentes externos.

Un programa con el que ya contaban un elevado número de abogados y procuradores que llevan, en algunos casos, hasta cuatro años pagando un derecho de uso sin poder usarlo y que requiere un importante grado de formación por parte de todos los intervinientes en materia de Justicia, lo que determina que, si bien está instalado, no funciona o se utiliza en todos los juzgados, en especial en los tribunales, como son las audiencias provinciales.

El sistema Minerva es el que da la infraestructura técnica necesaria para la puesta en marcha de la oficina judicial, pues es el encargado de la tramitación procesal, lo que exige que esté en pleno funcionamiento el 4 de mayo de este año. No sólo que esté, sino que los usuarios conozcan su funcionamiento.

El sistema Ainhoa es para la gestión personal, cuya utilización será, por tanto, para los órganos judiciales como para los órganos encargados de la Justicia en la comunidad autónoma en lo que se refiere a recursos humanos y nóminas. Sobre este sistema nos gustaría conocer cuál ha sido el criterio para integrar el sistema, y no, como en Valencia o Andalucía, en los que ha sido la comunidad la que ha cedido el uso de su propio sistema al Ministerio de Justicia. Por ejemplo, Andalucía cedió el uso del sistema archivo al ministerio y, así, la Administración de Justicia se ha integrado en el sistema de la Administración general de la comunidad autónoma. Aceptando el sistema Ainhoa, el personal de Justicia se gestionará de manera diferente y no integrada respecto al resto del personal de nuestra comunidad autónoma.

Y, por último, el convenio de colaboración con el sistema Fortuny, este también con la Fiscalía general del Estado, permite aplicaciones de gestión procesal en materia de intervención de oficio y respecto al que nos interesaría conocer si, de acuerdo con el esquema judicial de interoperatividad y seguridad, se va a ampliar este sistema para la comunicación con los cuerpos de seguridad autonómica y local, así como la Administración autonómica, cuando se trate de infracciones administrativas susceptibles de tramitación judicial.

Con esta explicación le he ahorrado que nos cuente lo ya realizado, pues, como ve, ya lo conocemos, y así tiene tiempo para que nos conteste al futuro, pues, si bien hemos sido los últimos en sistemas como el LexNet, Minerva y Fortuny, ya nos hemos integrado y nos gustaría conocer cuál va a ser el plan de aplicación de los diferentes procesos informáticos, qué pasos se están siguiendo para su aplicación y puesta en marcha efectiva por jurisdicciones, por juzgados, por territorios o todos a la vez. Porque quiero recordar que ya se ha caído dos veces el sistema en la Plaza del Pilar y que las conexiones con algunas dependencias de Zaragoza y con algunas del territorio, por ejemplo Calamocha, no tienen suficiente capacidad.

Y el cambio va a ser importante, lo que requiere un buen plan de información y de concienciación de los funcionarios de justicia para evitar situaciones como las manifestaciones por la puesta en marcha de la Oficina Judicial. Es por lo que también queremos conocer cómo se ha planificado esta formación y cuál está siendo el resultado y la aceptación por el personal.

Pero estos no han sido los únicos convenios firmados recientemente por la comunidad en materia de justicia. El 10 de diciembre, todas las comunidades autónomas que han asumido estas competencias suscriben el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, para el establecimiento del esquema judicial de interoperatividad y seguridad en el ámbito de la justicia.

Algo así como el plan de ruta y el compromiso para alcanzar la total intercomunicación e integración de todo el sistema judicial con unas adecuadas medidas de seguridad, dado que hasta ahora lo poco que se había hecho cada uno lo había hecho a su manera.

Este convenio recoge en su cláusula quinta, en su punto cuarto, las obligaciones que se han asumido por parte de esta comunidad, y también recogen en la cláusula sexta, apartado cuarto, la necesidad de presentar un anexo con las obligaciones y compromisos, tanto técnicos como presupuestarios, para cada ejercicio.

Pues bien, partiendo de las obligaciones que son las de garantizar la compatibilidad de los sistemas informáticos y la de realizar actualizaciones y mantenimientos, y también que se deja la posibilidad de proporcionar el acceso a la información propia de la fiscalía que sea de interés para el resto de la Administración de Justicia, y lo que antes he comentado de acceso a la gestión procesal de los cuerpos policiales, autonómicos y locales, pues bien, nos gustaría conocer cuál es el compromiso de trabajo y económico para este año en relación con el esquema judicial de interoperatividad y seguridad –vamos, el contenido del Anexo del 2010–, y si tiene previsto ahora, en un futuro, el acceso a los sistemas de gestión procesal por parte de las policías autonómicas y locales, en qué plazo, con qué programa y con qué extensión.

La mejora tecnológica debe suponer un mejor y más eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia, pero también una mejora o un mecanismo de acceso de los ciudadanos a la gestión administrativa. Por ello, también se recoge en este convenio la obligación de poner a disposición de los ciudadanos los servicios de acceso a la información a la que tienen derecho en su relación con la Administración de Justicia.

El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BELMONTE): Señora Vallés, tiene que ir concluyendo, por favor.

La señora diputada VALLÉS CASES: Voy terminando, señor presidente.

Es la versión de la administración.

También nos gustaría conocer qué instrumentos y sistemas se han planteado para hacer efectiva esta comunicación, habida cuenta de la dificultad de comprensión y complejidad de los sistemas informáticos judiciales.

Y, por último, y más importante, le recuerdo la solicitud de este grupo y también sus declaraciones, solicitando el compromiso financiero por parte del Ministerio de Justicia respecto a las mejoras tecnológicas y de la formación. En todos los convenios aparece la cesión de uso de los programas, lo que supone que no hay gastos de adquisición de derechos, pero la comunidad asume la instalación, y, tal como se recoge en el convenio de esquema jurídico, también el mantenimiento y la actualización, y para nada se habla de la formación. Eso sí, conocemos los planes del ministerio para con el personal del dependiente, pero no la existencia de aportaciones especiales mediante transferencia para la formación. Nos gustaría conocer, por tanto, cuál va a ser el compromiso financiero del ministerio, si es que lo hay, o si va a ser sufragado en su totalidad por la comunidad autónoma.

Dejaré para la segunda intervención algunas otras precisiones, y concluiré diciendo que se trata de aclarar e informar las actuaciones que próximamente debe realizar o se están ya realizando por parte de la comunidad autónoma, de cara a hacer efectiva la mejora tecnológica de la Administración de Justicia en Aragón.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BELMONTE): Muchas gracias, señora diputada.

Señor Silva, ¿quiere darle usted una respuesta a esta diputada?

Pues tiene usted la palabra.

El señor consejero de Política Territorial, Justicia e Interior (SILVA GAYOSO): Muchas gracias, presidente.

Muchas gracias, señorías.

En primer lugar, señora Vallés, yo que me leo con detenimiento las exposiciones de motivos de las interpelaciones, le quiero agradecer el reconocimiento que usted hace por estos dos años desde las transferencias, en el sentido de que sí reconoce un avance tecnológico importante, y estamos de acuerdo, evidentemente, en la importancia que las tecnologías de la información y comunicación tienen en la Administración de Justicia, como en otras administraciones, así como yo creo que el interés que en este momento yo creo que se desprende de todas las instituciones para llevar esto adelante.

Estará de acuerdo también en dos planteamientos que yo le hago: uno de ellos es que, evidentemente, todo el mundo reconoce que las tecnologías de la información y comunicación son fundamentales para un buen funcionamiento de la Administración de Justicia, pero, en otro, que también es importante, es que la situación competencial nos lleva, evidentemente, a la necesidad de compartir información y de trabajar de forma coordinada entre Ministerio de Justicia, entre comunidades autónomas, la Fiscalía General del Estado, los distintos profesionales y también otras administraciones como es la Policía o como es la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.

Por lo tanto, yo me veo obligado a hacerle un planteamiento global y después particularizaré en la comunidad autónoma, pero yo creo que de esta forma se puede entender mejor. Porque, si no, señora Vallés, yo creo que caemos a veces en el error, cuando hablamos de nuevas tecnologías, de disparar por muchos sitios y quizá no tener todo bien esquematizado. Yo he hecho un esfuerzo por esquematizar un poco la exposición en un tema que a veces resulta árido y que seguramente, además, nos va a permitir entendernos incluso mejor en futuras interpelaciones.

Y además voy a leer, hoy más que nunca, porque, si no, yo también me perderé con las nuevas tecnologías, si no también me perderé, por eso le digo que he hecho un esfuerzo importante en ese sentido. Mire, tengo que aludir –porque no tengo otro remedio–, tengo que aludir al Plan estratégico de modernización del sistema de justicia 2009-2012, que, como bien sabe, es una buena guía y está ordenada, de la sistemática de actuaciones para la transformación de la Administración de Justicia.

Y permítame que aluda a la finalidad de este plan de modernización, que no es otro que facilitar y agilizar los trámites administrativos y las notificaciones, mejorar el acceso de la información a los ciudadanos y sobre todo favorecer la interoperatividad entre los distintos actores. Y se han marcado unos objetivos, y esos objetivos son garantizar una defensa correcta del derecho de los ciudadanos, dar un servicio de calidad próximo al ciudadano, tener una organización adecuada y unos medios adecuados y también establecer un modelo de cooperación eficiente entre los distintos colectivos. Y por ello es por lo que se está haciendo una nueva organización a través de las modificaciones y la mejora normativa y la mejora en la gestión.

Y sabe que este plan tiene cinco ejes, seguramente usted lo conoce, y tiene cinco ejes. De los cinco ejes hay uno que se dedica exclusivamente a nuevas tecnologías, así le llaman, nuevas tecnologías, aunque ya seguramente no son tan nuevas, ¿verdad?, pero nuevas tecnologías. Y hay otro que yo creo que está tremendamente relacionado, que es el de al interoperatividad. De acuerdo, pero, bueno, esos son los cinco ejes.

Y me centro en ese eje de nuevas tecnologías. Contempla esencialmente, y yo creo que está bien estructurado, bien estructurado, contempla cinco materias: información, sistemas, infraestructuras tecnológicas, formación y servicios de interoperatividad. Y creo que eso resume muy bien cualquier plan de tecnología en la información y en la comunicación, y permítame, para centrarnos bien, un pequeño esquema de cada uno de ellos.

Mire, en materia de información sabe que se trata de crear portales web y redes para todos, en esencia hablamos de portales de la Administración de Justicia que van dirigidos al ciudadano, que van dirigidos a los profesionales y también por los factores en materia judicial.

En materia de sistemas, se pretende potenciar y crear un sistema para registrar la información procesal y la información administrativa. Se trata de realizar la tramitación automática de expedientes y de realizar la gestión de documentación generada en distintos formatos electrónicos; en realidad estamos hablando, para hacerlo más sencillo, de los sistemas de información procesal, de los sistemas de información del Ministerio Fiscal y de los registros administrativos.

La tercera actuación va dirigida a las infraestructuras tecnológicas: se trata de dar un buen soporte, un buen soporte a estos nuevos servicios y a los sistemas de información.

Hay un cuarto paquete de actuaciones, que es la formación, es evidente, que haya que contar con el factor humano para que todo esto funcione.

Y, por último, el servicio de interoperatividad, con el fin de intercambiar datos y poder compartir información y conocimiento.

Yo creo que estos cinco paquetes son los cinco que resumen las nuevas tecnologías o las tecnologías de la información y la comunicación, y en estos cinco paquetes, nosotros hemos estado trabajando durante este tiempo, y es en los que tenemos previsto seguir trabajando.

Cuando nosotros cogemos las transferencias en 2008, tuvimos que hacer yo creo que lo que resulta obvio: lo primero, evidentemente, era hacer una auditoría y un análisis de cómo estaba la situación, con el fin de poder actuar en aquellas cuestiones que se consideraban urgentes y de aquellas otras que eran susceptibles o que debía de realizarse una planificación para poderlo hacer. Elaboramos un plan, un plan de tecnologías de la información y de la comunicación para la comunidad autónoma, y, evidentemente abrimos porque no podía ser de otra forma, una manera de colaboración, unas vías de comunicación entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial fundamentalmente.

Nosotros nos planteamos unos objetivos iniciales y que fundamentalmente iban dirigidos a la creación de una red propia en materia de comunicación, para el intercambio fluido de información, a garantizar la seguridad de la información, a integrar la Administración de Justicia con los servicios del Gobierno de Aragón, a estabilizar los sistemas informáticos, problema que, como usted sabe, teníamos con frecuencia y aún en algunos casos seguimos teniendo, unificar las aplicaciones procesales de gestión y también de paso en algunos temas rebajar costes, porque desde nuestro punto de vista eran realmente muy importantes.

Y en estos cinco paquetes yo después le detallaré, en la segunda parte de mi intervención, le detallaré aquellas cuestiones que nosotros hemos hecho, para que usted vea un poco la situación de que se trata, pero me interesa y he hecho un esfuerzo por realmente centrarme en estas cinco líneas de actuación, porque, si no, señora Vallés, desde mi punto de vista, hablando de tecnologías de la información y comunicación, empezamos a disparar hacia un sitio u otro, y creo que lo que hacemos es seguramente no centrar bien el tema.

Yo le desarrollaré, independientemente de las preguntas explícitas que usted me haga, le desarrollaré estos cinco bloques, para que vea el trabajo que se ha venido desarrollando y que se va a desarrollar.

Gracias, señorías.

Señor presidente, muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BELMONTE): Muchas gracias, señor consejero.

Señora Vallés, su turno de réplica.

La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor presidente.

Señor consejero, la verdad es que usted me ha dejado todo para la segunda intervención, y tampoco me ha dicho nada en la primera; como me temía, usted se ha dedicado, más que a explicarnos lo que han hecho, a explicarnos cómo hay que hacerlo o lo que hay que hacer, y nos va a dejar para después cómo lo van a hacer y qué es lo que han hecho.

Cuando se habla del Plan de modernización de la Justicia del 2009-2013, es verdad que es un plan de carácter estatal, que establece principios y objetivos de carácter general, fundamentalmente en lo que tiene que afectar o los principios que tenemos que cumplir todas las comunidades autónomas, pero el propio plan establece que esos procedimientos se van a aplicar solamente en el territorio en el que son realmente competentes, y en ese sentido yo quiero recordar que la comunidad autónoma es competente en el territorio de Aragón y, por tanto, tendrá que establecer su propio plan o bien adherirse directamente al plan, y aplicamos simplemente el plan del Ministerio de Justicia y nos lo dice claramente y sabemos a qué atenernos. Lo que realmente nos preocupa, y esa es la razón por la que hemos planteado esta interpelación, es conocer si ustedes cuentan con un plan de actuación o de aplicación de los sistemas de las nuevas tecnologías; pero le quiero recordar que no son cinco ejes los planes estratégicos, son seis, el plan de modernización y el quinto: sí que es verdad que el quinto son nuevas tecnologías, pero la nueva oficina judicial o el plan de modernización es algo más.

Nosotros queríamos sacar este tema, porque lo consideramos fundamental, y además porque puede o no ir acompañado de la nueva organización; quiero recordarle que ha habido comunidades autónomas que han introducido, a lo mejor porque tenían anteriormente competencias –eso ya es discutible–, han introducido anteriormente los propios sistemas informáticos, y por tanto llevan mucho más adelantado que nosotros, que nos vamos a ver en las mismas fechas, teniendo que aplicar nuevos sistemas informáticos, nuevas tecnologías y además una nueva organización.

Y en esto quiero recordarle que ha habido una serie de manifestaciones, con una serie de protestas, fundamentalmente los trabajadores, que se quejan de la organización y de la forma de trabajar, y que en algunos casos hablan de cierta improvisación, y, claro, todos conocemos que la improvisación en algunas cuestiones a veces es necesaria, y se tiene que aplicar, pero la improvisación como estrategia realmente no es nada buena.

Cuando le hablaba de retraso y de ser los últimos, y le decía que había comunidades autónomas que han ido mucho más rápidas en la firma de los convenios o en la aplicación de sistemas, le decía ese problema que vamos a tener ahora nosotros de unir ambas cuestiones, la mejora tecnológica y la mejora de la nueva organización; quiero recordarle que el Lex-Net ya se aplicaba en Valencia, en Galicia y en Cataluña; hace más de un año que el Fortuny se aplicaba también en Galicia y Andalucía, también hace más de un año que ya se ha desarrollado en otras comunidades autónomas el propio Minerva, y que no necesitaría desarrollos complementarios con la aplicación del nuevo sistema, o que la Ainhoa no se ha asumido, como ya le he dicho, en comunidades como Madrid, Valencia o Andalucía, y nosotros en cambio sí que hemos asumido integrarnos completamente en lo que es el ministerio.

Y por eso a nosotros lo que más nos preocupa es conocer cómo se va a producir esa aplicación y sobre todo si hay un proceso de sensibilización, de formación, comunicación y coordinación de cara al funcionariado y a su aplicación, y me gustaría saber qué mecanismos de aplicación se van a llevar a cabo en cuanto a la formación. Y sobre todo nos gustaría que nos explicara un poco los planes de formación, porque el viceconsejero en unas manifestaciones en prensa dijo que se aplicarían en breve, que serían de acreditación, de formación, más que de asistencia, pero usted no nos lo ha explicado de esta manera, y seguimos sin conocer realmente cuál es ese plan de formación y si existe implicación técnica y económica por parte del Ministerio de Justicia.

Conocemos que el Ministerio de Justicia sí que ha aplicado un plan de formación, un plan de formación que habla de más de ochocientos cursos, treinta mil horas y trescientas personas implicadas en ese plan de docencia, pero explica claramente que va a ser para el personal suyo directamente dependiente, es decir, no del personal que gestiona las comunidades autónomas con competencias, pues nos gustaría conocer si el ministerio se ha comprometido con la Comunidad Autónoma de Aragón en apoyo técnico, en dotación presupuestaria o en ambas cosas. Vamos, que qué partida de los ciento cincuenta y un millones de euros que ha destinado el Ministerio de Justicia para modernización de la Administración de Justicia, va a venir a esta comunidad autónoma para aplicar todo lo necesario, sobre todo en materias de informaciones tecnológicas.

No me gustaría terminar sin hacer una pequeña reflexión respecto a lo que sería la comunicación con los ciudadanos. Sé que es complicado el acceso con los ciudadanos; usted ha hablado de que va a haber unos portales de comunicación, pero en estos momentos se está discutiendo el anteproyecto de la ley de registro de civil, que modificará la naturaleza y la presencia directa para realizar los trámites; realmente podemos decir que el Registro civil es la puerta, hasta ahora la puerta de mayor acceso por parte de los ciudadanos a la Administración de Justicia. Nos gustaría conocer, en este punto por lo menos, si se ha completado ya la digitalización del Registro civil, tal como tenía previsto el ministerio.

Para terminar, quiero decirle que, evidentemente, llevamos solamente dos años de transferencias, y también quiero decirle que estamos en el momento clave para la reforma y modernización de la Justicia, y que el diseño de esta puesta en marcha, el diseño que nosotros planteemos, va a ser importante para lo que sería la Administración de Justicia. El Plan de modernización del ministerio es un plan, con acuerdo de los grandes partidos a nivel nacional, un plan que requiere un esfuerzo por parte de todos, y del que queremos conocer por tanto sus previsiones, es decir, cuál va a ser su procedimiento y el apoyo o no del ministerio, así como nuestra labor de control, sino también de impulso y de compromiso, y ofrecer, cómo no, nuestro trabajo.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BELMONTE): Muchas gracias a usted, señora Vallés.

Su turno de dúplica, señor consejero, para cerrar ya esta interpelación.

El señor consejero de Política Territorial, Justicia e Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidente.

Gracias, señorías.

Señora Vallés, yo he procurado antes sentar las bases y ahora le voy a decir cómo está la situación. Información: desde el principio se disponía de la conexión con el Gobierno de Aragón –estoy hablando ahora del bloque información–, pero la principal era la del Ministerio de Justicia. En este momento nosotros disponemos de un nodo central de comunicaciones situado en el Pignatelli; se ha creado una red propia de Administración de Justicia en Aragón, dependiente de la RACI, y sabe que en información tiene una gran relación la telefonía en las sedes judiciales. Se ha trabajo mucho en la adecuación de la telefonía, que estaba en unas condiciones realmente muy malas, y se ha creado, además, un portal web de la Administración de Justicia, con el fin de poder hacer visible a la ciudadanía los servicios de la Administración de Justicia.

En cuanto a los sistemas de gestión procesal, yo le quería hacer una pequeña aclaración. Usted sabe que Las comunidades autónomas tienen en ocasiones distintos sistemas de gestión procesal. Ha habido comunidades autónomas que han hecho un gran esfuerzo: dígase el País Vasco y dígase Cataluña. En este momento, nosotros estamos en una situación extraordinaria, extraordinaria, la situación es que en España existen aproximadamente tres o cuatro o cinco sistemas de gestión procesal diferentes, y que existe un bloque dentro del territorio nacional, que es todo el territorio del Ministerio, más cuatro o cinco comunidades autónomas que estamos trabajando en la misma línea.

¿Cuál es el miedo y las dificultades que tienen en esas comunidades autónomas que tienen un sistema de gestión procesal diferente?: la interoperabilidad. Ese es el gran problema que en este momento están teniendo. No nos podemos considerar en Aragón que estamos en absoluto en peores condiciones que en otras comunidades autónomas. Sabe que estamos en proceso de minervización; seguramente, el día 31 de marzo tendremos minervizada toda la comunidad autónoma, sabe que estamos pendientes exclusivamente de la Plaza de Pilar, que yo creo que se solucionará en el mes, a principios de marzo, de Jaca, Calamocha y Teruel, la última que intentaremos será Teruel, aproximadamente el 31 de marzo. Además...

El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BELMONTE): Señorías, por favor, bajen el volumen de sus conversaciones.

Gracias.

El señor consejero de Política Territorial, Justicia e Interior (SILVA GAYOSO): ..., en gestión procesal, usted sabe que es el SACE, y el del decanato es de registro y reparto.

En cuanto a Lex-Net, debo decirle lo siguiente: sabe que era una aplicación del ministerio y que es una aplicación del ministerio que, tras ocho años de proyecto piloto, el sistema se estaba utilizando en una serie de juzgados en Zaragoza. Nosotros tenemos dos fases establecidas, dos fases: una de ellas para procuradores y abogados de la comunidad autónoma y letrados, que está puesta en marcha desde mayo de 2009; esta fase estará terminada en 2010. Y en la segunda fase intentamos que la comunicación sea bidireccional, es decir, que en este momento va de dentro a afuera, no va de fuera adentro, intentamos que vaya también de fuera adentro. Y le puedo decir que, a modo comparativo con el territorio y el ministerio, en ese territorio solamente se extiende a procuradores, es decir, que esta comunidad autónoma en ese sentido no está mal, no le quiero hacer alusión ni a Fortuny ni a Asclepio ni a esos programas, porque sabe usted que funcionan muy bien, están funcionando realmente bien.

Sobre los sistemas de interoperabilidad ya le he hablado. En cuanto a sistemas de información general, tenemos los Intranet de Fiscalía y de la Secretaría de Gobierno, y además se han puesto en marcha otras dos aplicaciones: una de ellas de justicia gratuita y otras de peritaje de automóviles.

En cuanto a gestión documental, debo decirle que el 90% de edificios de Aragón dispone ya de sistemas de videoconferencia, y el cien por cien de salas de vistas; el cien por cien de las salas de vistas se han digitalizado ya –no voy a extenderme mucho más porque, si no, no llego a los otros bloques–.

En cuanto a la infraestructura tecnológica, teníamos veintisiete sedes con veintisiete servidores totalmente independientes, con sus aplicaciones, bases de datos, sistemas operativos y hardware totalmente independiente. Estamos, queremos mantener esos veintisiete servidores, y estamos conectándolos todos a un servidor común ubicado en Walqa; en este momento lo único que falta es la conexión. Con eso vamos a garantizar el peso del sistema, que se puedan hacer copias de seguridad y que pueda haber un mantenimiento y un servicio de veinticuatro horas y que los servicios no se caigan.

En cuanto a formación, debo decirle que en 2009 se han llevado adelante tres líneas de trabajo. En 2010 las tres líneas serán lo siguiente: una línea de formación continua, otra de cursos de reciclaje y específicos y dos planes específicos de formación de formadores para la implantación de la nueva oficina judicial: una dirigida a funcionarios y otra dirigida a secretarios. Pretendemos llegar a mil doscientos funcionarios y llegar a ciento cincuenta secretarios; fundamentalmente irán dirigidos a la nueva oficina judicial Minerva, Lex-Net, Agenda de Señalamientos y Grabación. Además, están los convenios de colaboración que ustedes han citado.

Y, en relación con la interoperabilidad, debo decirle, ya para finalizar, presidente, muchas gracias, decirle que hemos firmado al mismo tiempo el convenio del esquema judicial de interoperabilidad y seguridad con las otras comunidades autónomas, que inicialmente había un cierto rechazo por parte de alguna comunidad autónoma, en el sentido de que temían quedarse fuera, precisamente, de la interoperabilidad –como le comentaba antes, tiene realmente un grave, tienen algunas comunidades un grave problema; aquí no lo tenemos, aquí no lo tenemos– y que hay que desarrollar unos anexos que en este momento no están desarrollados.

También quiero decirle que, por los presupuestos que yo conozco de otras comunidades autónomas, esta comunidad autónoma en materia de justicia está en una buena situación, de manera que nos va a permitir seguir trabajando en las tecnologías de la información y de la comunicación y poder acometer edificios como la Audiencia Provincial, como la Ciudad de la Justicia de Huesca, terminar Fraga y meternos en la Expo en Zaragoza.

Señoría, muchas gracias. Presidente, disculpe la rapidez, pero es que no llegaba a todo.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BELMONTE): Muchas gracias, señor consejero. Es usted muy amable.