Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

Proposición no de ley núm. 29/19-X, sobre la modificación del anexo único de la Ley 9/2013, de autoridad de profesionales del sistema sanitario y de servicios sociales públicos de Aragón.

La señora diputada MARÍN PÉREZ: Muy bien, pues muchísimas gracias, señor presidente.

Señorías, en el año 2013, en la ponencia que se llevó a cabo durante la tramitación de la Ley de autoridad de profesionales sanitarios y de los servicios sociales públicos de Aragón, uno de los aspectos que mayor debate causó fue el que después se reguló en el anexo primero, que hoy, a través de la proposición no de ley que presentamos, se pretende modificar.

Era difícil, dada la gran cantidad de profesionales y la variedad de los servicios que prestan en el ámbito sanitario, separar a unos de otros, llegar a un acuerdo sobre quiénes, por su mayor exposición hacia la sociedad, podían o no tener la consideración de autoridad pública, para protegerles frente a posibles agresiones en el ejercicio de su función.

Al final, buscando lo que siempre se debe buscar en la tramitación de una ley, que no es otra cosa que el mayor consenso posible, los grupos que conformábamos el Gobierno, el Partido Popular y el Partido Aragonés, y el entonces mayor grupo de la oposición, el Partido Socialista, votamos a favor de este punto, y los grupos minoritarios prefirieron votar con la ideología en vez de hacerlo con la razón, como suele ser habitual en ellos.

Pero el 2013 queda ya lejos y la sociedad avanza, y los hechos demuestran las necesidades que día a día van surgiendo, y nosotros debemos adaptarnos y adaptar esas leyes a las nuevas necesidades, a los nuevos retos que se nos presentan.

Y a nadie se nos escapa que vivimos en una sociedad agresiva, cada vez más agresiva, y quienes más se exponen a esa sociedad más se exponen a esa agresividad. Quienes realizan su trabajo continuamente de cara al público y en contacto permanente con las personas, pero, además, en situaciones muchas veces extremas, esas personas, esos trabajadores, están más expuestos, si cabe, a sufrir situaciones agresivas, que muchas veces se quedan en un insulto, cuando jamás debería ser así, pero que otras tantas sobrepasan ese límite y llegan a la agresión.

En 2018 se denunciaron y registraron doscientas cincuenta y tres agresiones al personal sanitario, y, como antes he señalado, las leyes deben avanzar conforme avanza la sociedad y su aplicación debe ser también, y de hecho es, muestra de las necesidades que se deben cubrir y que no se cubren, reflejo de las situaciones nuevas que se pueden dar y que hay que incluir en su regulación.

Como se explica en la exposición de motivos de esta proposición no de ley, en el anexo único de la ley de 2013 se establecieron los grupos de profesionales que debían tener la consideración de autoridad pública en el ejercicio de su profesión. Pero la situación actual, donde, día a día, sabemos de nuevos casos de agresiones que afectan no solo al personal incluido en el citado anexo único, sino a otros profesionales que prestan un servicio sanitario de carácter público, hace necesario modificar el mismo e introducir a todos los profesionales que prestan sus servicios en el transporte sanitario urgente y en el transporte sanitario programado, desde cualquier profesión y desde cualquier ámbito, porque todos están expuestos a posibles agresiones y a todos debemos proteger.

Señorías, se da una paradoja difícilmente comprensible: el personal, médicos y enfermeros o enfermeras, que presta sus servicios en una ambulancia desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, de lunes a viernes, depende del 061, y por tal motivo son considerados autoridad pública. Los técnicos, conductores y camilleros que prestan esos mismos servicios, no, porque no dependen del 061, sino de una empresa externa. A partir de las ocho de la tarde y los fines de semana entra en servicio personal que se encuentra en la misma situación que los técnicos, es decir, que no depende del 061, sino de una empresa adjudicataria del transporte al que me estoy refiriendo. Sin embargo, todo el personal sanitario, dependa o no del 061, está expuesto a sufrir una agresión en el ejercicio de sus funciones.

Por lo tanto, esa diferencia puede ser una causa de incongruencia, además de desigualdad. Porque no cabe en la cabeza de nadie que en un momento determinado se sufra una agresión por parte del personal que presta sus servicios en una ambulancia y, a efectos legales, en la denuncia a efectos probatorios y en la calificación y aplicación del cuerpo penal a efectos de condena, que es donde más peso se tiene, el médico o la... [corte automático del sonido]... sean considerados autoridad pública y el camillero, no. Ante la misma agresión, las mismas circunstancias, distintas condiciones.

Este servicio que nos prestan a todos es el que debe hacernos protegerles a todos. Y por eso, para que todo el personal que presta sus servicios en los transportes ya mencionados tengan la consideración de autoridad pública y queden debidamente protegidos, frente a las posibles agresiones que puedan sufrir, pedimos la modificación del anexo único de la Ley del año 2013, para que no exista esa diferencia entre los que dependen del 061 y los que no dependen de ese servicio, puesto que todos, señorías, todos nos prestan un servicio, desde luego, impresionante a todos.

Muchas gracias, presidente. [Aplausos].

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Marín.

Señor Sanz.

El señor diputado SANZ REMÓN: Sí, señora Marín, claro, incongruencia. Claro, la incongruencia viene derivada, fundamentalmente, de una cuestión clara, que lo hemos debatido en la propuesta anterior y en la comparecencia de la consejera, que es por la privatización. Eso es lo que genera la incongruencia. La incongruencia es que, evidentemente, hay profesionales que están prestando sus servicios para una empresa y que no son personal del departamento, y, por lo tanto, pues hay un problema.

Empezaré situando encima de la mesa varias cuestiones al respecto de la propuesta que plantean, que compartimos, evidentemente, la preocupación que hay sobre esos episodios que puedan darse de situaciones de riesgo para los profesionales que están prestando ese servicio sanitario.

Primero, decir que lo primero que deberíamos hacer es el reconocimiento, el reconocimiento a la profesión, a los profesionales, a la titulación. Es decir, el técnico en emergencias sanitarias debería incluirse (y esta es la primera de las cuestiones que, a nuestro juicio, fundamentarían una propuesta más sólida que la que ustedes plantean, y esto depende de Madrid, del Gobierno estatal), debería incluirse en la Ley del 2003, que está desactualizada, en el artículo 3, en el apartado b), donde se incorporan los grados medios, precisamente, para incorporarlos a lo que sería la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias. y a partir de ahí ya los tendríamos en el mapa, reconocidos, reconocidos. Por lo tanto, instar al Gobierno estatal a actualizar y modificar la ley con las nuevas certificaciones profesionales que se han generado, y, específicamente, la inclusión del técnico en emergencias sanitarias.

Y, a partir de ahí, como le decía, otro tema es el tema de que fuera personal propio del Salud, y a nosotros es lo que nos gustaría, no a ustedes, a nosotros es lo que nos gustaría. Porque, claro, con las externalizaciones, lo que pasa es que se crea un vacío de responsabilidad que, al final, pagan los trabajadores.

Mire, «se está haciendo un servicio público», dice usted. Sí, ¿y? Ahora mismo, ¿qué tenemos? Pues tenemos que la empresa les ha facilitado un protocolo de agresiones, que, por otro lado, lo redactaron ustedes, era para empleados públicos y lo redactaron ustedes, y, en este sentido, pues hay problemas.

La primera propuesta ya se la he hecho: internalizar el servicio. Presentaremos una PNL. Si quieren, pueden votar por ahí, ¿vale?

Y la segunda, con respecto a ese protocolo, claro, es que este protocolo, para los servicios externalizados, es difícil de aplicar, es difícil de aplicar. ¿A dónde va a ir un técnico en emergencias sanitarias?, ¿al secretario general técnico, a pedirle cuentas? Ya ha visto lo que lo que hemos obtenido como respuesta. Es complicado. Por lo tanto, quizá lo que necesitamos es poder desarrollar el trabajo con garantías y, sobre todo, el carácter preventivo a través de un protocolo que realmente resuelva los problemas en el seno de la actividad. Y eso, ¿qué significa? Pues significa que ese protocolo debe contemplar y resolver la ambigüedad ante la cobertura en este tipo de cuestiones que pasan hoy. ¿Y qué le proponemos en ese sentido? Pues impulsar el proto... [corte automático del sonido]... propios del servicio, que estableciese medidas preventivas, y eliminar la ambigüedad del procedimiento y de las coberturas de las que se dispone. Eso nos parecería correcto, porque, de lo contrario, estaríamos planteando un parche.

Y, luego, ustedes proponen a todo el personal que da servicio a las subcontratas... O sea, ustedes proponen, perdón, que se plantee al servicio, y nosotros proponemos que se hable de los profesionales, de los profesionales. ¿Qué va a pasar con los técnicos del servicio que están gestionando en un despacho también? No nos parece que sea correcto. Por lo tanto, acaso sería incluir en el anexo único de la Ley 09/2013 de 28 de noviembre, de autoridad de profesionales del sistema sanitario —acabo ya, presidente—...

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.

El señor diputado SANZ REMÓN: ... y de servicios sociales públicos de Aragón, la profesión, no el servicio, de técnico de emergencias sanitarias.

Con estas tres cuestiones, que irían de la raíz a la punta, o al revés, y que resolverían el problema, porque lo que necesitamos es resolver el enfoque desde el que se afronta el problema, es decir, recuperando para lo público, y ese es el punto de partida de mi propuesta, que no van a compartir, nosotros estaríamos a favor de apoyar un voto favorable.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.

Por el Grupo Aragonés, señora Peirat, tiene la palabra.

La señora diputada PEIRAT MESEGUER: Sí, muchas gracias, señor presidente.

Bueno, vamos a ver si en esta intervención he estudiado más, porque yo no sé si el problema es de que yo no estudio o de que ustedes, cuando no escuchan lo que quieren oír, me dicen que no estudio, pero bueno... [Aplausos].

Respecto al tema del respeto, yo también he sido respetuosa con todos ustedes, pero no lo tengo que manifestar más veces porque lo voy a seguir siendo. Creo que todos somos compañeros en este Parlamento.

Lo que nos plantea con esta iniciativa el Grupo Popular es extender la condición de autoridad pública y, por tanto, otorgarles la presunción de veracidad en sus informes y declaraciones, así como la protección reconocida en el ordenamiento jurídico, no solo al personal funcionario y estatutario del Sistema de Salud, sino también a terceros que, no teniendo tal condición, participan en actividades dentro del sistema, como son los trabajadores de empresas privadas que colaboran en materia de transporte sanitario, que serían los únicos que se verían afectados por esta modificación de la Ley 9/2013, de 28 de noviembre, de autoridad de profesionales del sistema sanitario y de servicios sociales públicos en Aragón.

Desde el Partido Aragonés, entendemos que la categoría o la especial protección del carácter de autoridad ha de realizarse con ciertos criterios, ya que no parece prudente conceder esa condición de una forma tan generalizada, debiendo ser una condición muy motivada para su otorgamiento, entendiendo que, posiblemente, este tema no lleve aparejada una solución de este tipo, sino otras. La solución que plantean es conferir a los profesionales vinculados a empresas privadas un estatus cuasi funcionarial, que no sé si ustedes han pensado en las contras de dicho planteamiento.

Tan solo las comunidades de Extremadura, Castilla y León y la nuestra, es decir, Aragón, cuentan con una ley específica por la que se reconoce el carácter de autoridad a los profesionales del sistema sanitario. Los datos están accesibles en el informe de agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud y que ha publicado recabando y analizando datos aportados por las diferentes comunidades autónomas. Cabe señalar, de todas las agresiones que se producen en el Sistema, tan solo un 3% se genera fuera de los centros de atención primaria, colectivo que más denuncias acumula, o del ámbito hospitalario. Asimismo, recoge el propio informe las recomendaciones a adoptar por las administraciones para incrementar la seguridad de los profesionales de la sanidad del sistema, y en ningún caso recomienda el mismo la extensión de la consideración de autoridad.

La aplicación del término autoridad, a nuestro entender, debe ceñirse a los trabajadores del sistema público, ya sean profesionales... [Corte automático del sonido]... funcionario o estatutario. Y, por ende, entendemos que la proposición que hoy traen a este pleno carece de viabilidad.

Muchas gracias. [Aplausos].

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Peirat.

Por el Grupo Parlamentario Vox, señor Morón.

El señor diputado MORÓN SANJUÁN: Muchas gracias, señor presidente.

Bien, en primer lugar, yo creo que hay que reconocer que este servicio, como ya se ha comentado también anteriormente en otro tema que hemos tratado en esta Cámara, es un servicio muy expuesto a agresiones, por las propias características del mismo. La verdad es que, muchas veces, los profesionales son los paganos, precisamente, de todas esas carencias que el sistema permite y de todos esos pliegos que no se cumplen, etcétera.

Pero, bueno, centrándonos ya un poco en el tema, yo me plantearía cuál es el problema, le preguntaría al señor Sanz y a la señora Peirat cuál es el problema. ¿Que no son funcionarios? Bueno, desde luego, desde nuestro grupo parlamentario consideramos que hay que tratar a todos los españoles y a todos los profesionales por igual, en dependencia, fundamentalmente, de sus funciones. No se deben establecer diferencias por el lugar de trabajo o la condición de funcionario o no por encima de la consideración profesional, es decir, por la función o las características del puesto que desempeñan en la sociedad, que es lo que realmente debe primar.

Por lo tanto, y más allá del propio objetivo de esta PNL, que vamos, lógicamente a apoyar, somos partidarios de que se reconozca este principio de autoridad tanto entre los profesionales de la sanidad pública como de la concertada y privada, y como en la educación pública, concertada y privada.

Muchas gracias. [Aplausos].

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón.

Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Lasobras.

La señora diputada LASOBRAS PINA: Gracias, señor presidente.

La normativa vigente sobre autoridad de profesionales del sistema sanitario y de servicios públicos de Aragón reconoce la condición de utilidad pública a los profesionales del sistema público y sanitario, que quedan determinados desde luego, como se ha dicho aquí, en el anexo único, y gozan de la protección reconocida a tal condición en la legislación vigente.

Suponemos perfectamente conocedores de esta situación al grupo proponente, al Partido Popular, porque es una ley que fue defendida en este mismo pleno por un consejero de su partido, justo en un momento en el que se quería desmantelar el sistema público sanitario y social aragonés, fruto de los recortes y las decisiones políticas.

En la citada ley se incluía al personal del Sistema de Salud de Aragón, al personal de las administraciones públicas, al personal del Servicio Aragonés de Salud, quedando excluido el personal adscrito a empresas privadas que presten sus servicios para la Administración sanitaria mediante fórmulas de acción concertada. Y es que hay que recordar también que el vigente Código Penal solo considera autoridad a efectos de la comisión del delito de atentado a los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo o con ocasión de ellas, quedando excluido de dicha consideración, por tanto, el personal al servicio de empresas privadas concertadas con la Administración.

Ese es el marco jurídico en el que nos movemos, pero también somos conscientes de la demanda de las personas afectadas, de estos trabajadores y trabajadoras que sufren agresiones físicas o verbales, así que habrá que buscar otros modelos, otras fórmulas que permitan, cumpliendo la norma, conseguir una situación de mayor seguridad en el ejercicio de su trabajo diario.

Pero también se está olvidando de otras personas, como pueden ser el personal de limpieza de las bases, de las ambulancias, que también recibe agresiones. Y allí está el trabajo que no nos cabe duda que se puede hacer desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.

Y otra cuestión es el modelo de gestión. Y, como he dicho en mi anterior intervención, a partir de los años noventa, algunos partidos políticos comenzaron a llevar privatizaciones en sus programas electorales que luego pusieron en marcha, pero esos modelos han fracasado o se han mostrado ineficaces para la prestación de servicios a las personas.

Seguramente, sí que se podrá dar una respuesta a estos trabajadores y trabajadoras si fuéramos capaces de ir avanzando a otro modelo de gestión pública. Es una obviedad, como he dicho antes, que, cuando una empresa privada asume una concesión, un servicio público, el objetivo fundamental es conseguir unos beneficios económicos.

Y hay algún ejemplo de éxito en este mismo tema que estamos hablando, como ha ocurrido en Baleares. Son fórmulas, ya decimos, que pueden servir como un referente para buscar una solución definitiva y que se pueda estudiar, valorar y, sobre todo, acordar con la participación y apoyo de todas las partes implicadas para tener garantía de éxito. Y sabemos que para lograrlo se necesita mucho tiempo y voluntad política.

No obstante, y volviendo a la PNL que nos ocupa, consideramos que todos estos trabajadores y trabajadoras que prestan sus servicios en el transporte sanitario urgente, desde el criterio de nuestro grupo parlamentario, tienen que quedar protegidos al máximo en el desarrollo de su trabajo ante los posibles... [corte automático del sonido]..., manteniendo un contacto fluido y efectivo con el colectivo implicado, para que pueda sentir esa implicación de la Administración aragonesa en su protección, primero, y en el apoyo, después, ante posibles agresiones ocurridas durante el desempeño de su trabajo.

Creemos que hay que implicarse decididamente, por parte de todas las autoridades públicas responsables, tanto en prevenir como en combatir posibles agresiones a través del servicio de prevención de riesgos laborales de las empresas adjudicatarias responsables de los trabajadores y las trabajadoras, para que se les permita hacer su trabajo sin sentirse vulnerables, además de otras instituciones públicas implicadas.

Y para finalizar, Sanidad, del Gobierno de Aragón, tendrá que estar alerta para que la empresa cumpla con los protocolos de actuación para proteger a todos estos trabajadores, y confiamos en que, desde el departamento, se tendrán en cuenta estas demandas de este colectivo.

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos].

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasobras.

Por el Grupo Podemos Equo, señora Cabrera.

La señora diputada CABRERA GIL: Muchas gracias, señor presidente.

Muy buenas, señores diputados.

Bueno, yo creo que hay que comenzar hablando de una cuestión que no ha salido a lo largo de todo el debate, y es la educación para la ciudadanía, una cuestión en la que yo creo que el respeto que debemos tener para los profesionales que prestan los servicios en la sanidad, pues, al fin y al cabo, debe ser transversal a toda la ciudadanía, como decía, y creo que debemos comenzar por ahí, que no debe producirse ningún tipo de agresión en ningún marco, tanto en el plano sanitario como no.

Pero aquí quiero poner encima la mesa un dato, y es que el 3% de las agresiones se produce fuera de los centros de salud. Y quizás hago una correlación que es demasiado atrevida, pero eso supone que el 97% de las agresiones son en centros sanitarios, esto es obvio. Y, por lo tanto, el hecho de que se apueste por parte del Ejecutivo aragonés actualmente por el incremento de las partidas presupuestarias para potenciar la atención primaria también pasa por poner medidas que puedan proteger a los profesionales, cuestiones que el Partido Popular olvidó en su día, cuando gobernaba y cuando era Ejecutivo, cuando desmantelaron la sanidad pública. Por lo tanto, cuando ustedes traen iniciativas de este tipo, cuando dicen que van a defender a los trabajadores, cuando dicen que van a poner mayores medidas dentro del sistema sanitario aragonés, lo cierto es que se están olvidando del modelo privatizador que tenían cuando ustedes gobernaban. Por lo tanto, creo que es una iniciativa que carece bastante de credibilidad por parte de quien traen este modelo.

Y como hablábamos en el anterior punto, referente a la materia sanitaria, hablábamos de un modelo de externalización, un modelo de internalización, el de externalización es el que se está proponiendo ahora, es decir, lo que ustedes defendían en anteriores legislaturas, cuando gobernaban, que era que desde la sanidad pública se llevaran gestiones privadas y que, por lo tanto, diéramos más alas y más vuelo a aquellas empresas que están gestionando la sanidad. Y, por lo tanto, vulnerar la ley en este sentido, no comprender los artículos que en ella se relatan, hace que ustedes, bueno, pues vayan defendiendo ese modelo de externalización y no ese modelo de gestión pública desde la sanidad pública.

Dicho esto, yo creo que hay que pararse en la ley y que hay que hablar, por lo tanto, de esa pretensión que supondría aprobar una iniciativa como la que ustedes traen aquí, que, por lo tanto, supondría conferir a profesionales vinculados a empresas privadas un estatus cuasi funcional, rebasando ampliamente el espíritu que trae la ley que ahora mismo se está debatiendo, la 9/2013, del 28 de noviembre, de autoridad de profesionales del sistema sanitario y de servicios sociales públicos de Aragón.

Y yo me querría parar, simplemente, en el preámbulo de la propia ley, que dice de manera literal: «La presente ley reconoce la condición de autoridad pública a los profesionales del sistema público sanitario y social de Aragón que quedan expresamente determinados en el anexo único, lo que implica que todos ellos gozarán... [corte automático del sonido]... presunción de veracidad en sus informes y declaraciones, así como de la protección reconocida en el ordenamiento jurídico». Pero, si avanzamos en la ley, hablará y concretará que va, concretamente, hacia el personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de los presentes del servicio del Sistema de Salud de Aragón, además de aquellos adscritos a servicios del Sistema de Salud de Aragón, a los servicios, por lo tanto, de carácter sanitario de empresas públicas —dice aquí—, «públicas» dicta la ley, sin incluir, por lo tanto, al personal adscrito a empresas privadas que presten un servicio para la Administración sanitaria mediante fórmulas de acción concertada.

Por lo tanto, dicho todo esto, yo creo que le quedan a usted bastantes premisas por parte de nuestro grupo parlamentario para comprender que no podemos apoyar una iniciativa que carece de veracidad por parte de su grupo parlamentario, veracidad, carencia de veracidad política por parte del Partido Popular, pero, además, carencia de base jurídica.

Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cabrera.

Por el Grupo Ciudadanos, señora Gaspar.

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Yo hoy, en este pleno, estoy flipando, pero absolutamente. Ahora, bueno, se han cambiado los papeles absolutamente.

Yo, señora Marín, le digo algo: creo que la seguridad de los profesionales es algo esencial, creo que es algo que ya tratamos en la pasada legislatura con diferentes iniciativas que se trajeron por parte de diferentes grupos parlamentarios, y que ahora, bueno, pues ya no debe de ser una prioridad porque estamos en gobierno.

Mire, este martes pasado, cuando comparecía la consejera de Sanidad para presentar los presupuestos, hablaba de que se había incrementado una partida para dar cobertura jurídica a los profesionales que sufren agresiones, y es obvio que es bueno, pero no es suficiente.

Y aquí hoy se habla de internalizar un servicio. Bueno, puede ser una fórmula, pero ¿y mientras se internaliza? ¿Qué pasa con esos profesionales que atienden el transporte sanitario terrestre urgente y el concertado y sufren agresiones? Porque la señora Cabrera lo ha dicho, las agresiones se producen en los centros de salud y en los centros hospitalarios, pero también se producen fuera. Y la mayor inseguridad que se genera es cuando se van a atender alcoholemias o se van a atender agresiones, y en muchas ocasiones, después de la llamada del 061, los primeros que acuden al lugar de los hechos son pues los sanitarios que van a atender, y se sienten desprotegidos.

Y lo ha dicho la señora Marín: si analizamos los datos disponibles, en Aragón, en el 2017 se produjeron ciento setenta y cinco agresiones y en el 2018, doscientas cincuenta y tres. Veremos cómo acabamos el año 2019, pero es evidente que el número de incidencias se va incrementando y que esto hace que la sensación de inseguridad por parte de los profesionales aumente.

Y hablaba la señora Marín, y me voy quedando sin tiempo, así que voy a intentar acortar, de un tema de agravio comparativo. Efectivamente, hay profesionales que, como están integrados dentro del sistema sanitario, sí que se encuentran cubiertos por la Ley 9/2013, pero, en cambio, los profesionales que están contratados por la empresa no se encuentran cubiertos por esta ley, y creo que eso es un agravio comparativo y creo que, cuando hablamos de seguridad de profesionales, deberíamos hablar de la seguridad de todos los profesionales que atienden la sanidad aragonesa, dependan de la Administración o dependan de una empresa con la que se ha concertado el servicio, porque, si no, estamos generando agravios comparativos entre los diferentes profesionales.

Por este motivo, porque creo que, además, esta iniciativa pone el foco en un problema que se genera y al que debemos darle solución, y que los propios profesionales están demandando a la empresa que desarrolle un protocolo para hacer frente... [corte automático del sonido]... que generan las agresiones, creo que es necesario apoyar esta iniciativa.

Y vuelvo a insistir: hoy, de verdad, con estas intervenciones, estoy flipando, tengo la sensación de estar en el mundo al revés y hay cosas que no entiendo. [Aplausos].

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora Gaspar.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Villagrasa.

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señora vicepresidenta.

Pues entramos en un debate en el cual muchas de sus señorías ya han adelantado algunas cuestiones que no les sorprenderán, y es que, en este debate de índole sanitaria, quizás estemos planteando como solución la modificación de un anexo de una ley que se aprobó en el año 2013, amén de un consejero del Partido Popular y miembro hasta hace poco de esta Cámara, en la cual, no solamente en los propios debates de la Cámara, sino en el contenido material de la ley, se excluía, a tenor de los resultados, de la autoridad que en este momento pretenden.

Creo que aquí hay dos debates fundamentales: por un lado, el jurídico, el programático, y, por otro lado, la valoración política.

Respecto al jurídico, cabría decir que estaríamos lanzando un falso mensaje o una expectativa que no podemos cumplir si a los ciudadanos les dijéramos que, con la única modificación del anexo, estaría resuelta esta situación, para lo cual ustedes saben que hay que entrar también en otras leyes, no a nivel únicamente sectorial, sino general, y abrir un amplio debate sobre el sistema sanitario.

Además de todo ello, algunas de sus señorías han reflexionado, y, en una valoración política desde el Grupo Socialista, coincidimos en que, quizás, lo que tenemos que hacer también es fomentar, sin ningún tipo de detrimento en las labores, en el reconocimiento y en el prestigio de las personas que trabajan en el sistema sanitario, fomentar esas conductas cívicas más que un concepto, digamos, de férrea autoridad.

Y era el señor Oliván el que, en el año 2013, negaba esa autoridad para el personal de la privada.

Y también les tendría que decir que nosotros, desde el Grupo Socialista, con esta modificación no solamente no se resuelve el problema, sino que esto responde a una cuestión más de fondo, que entendemos que, no solamente por prudencia legislativa o no solamente por seguridad jurídica, nuestro grupo se manifestará votando en contra de esta proposición no de ley.

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos].

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villagrasa.

¿Entiendo, señora Marín, que no hay ninguna modificación?

Pues vamos a proceder a la votación. Esperamos a que la señora Cabrera... [Pausa]. Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cuatro presentes; emitidos, sesenta y tres; votos favorables, treinta; contrarios, treinta y tres; ninguna abstención. Por lo tanto, decae la iniciativa.

Turno de explicación de voto.

Por Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Sanz. ¿No? De acuerdo.

¿Grupo Aragonés?

¿Grupo Parlamentario Vox en Aragón?

¿Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista?

¿Grupo Parlamentario Podemos Equo?

¿Grupo Parlamentario Ciudadanos?

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: Sí, gracias, señor presidente.

Lo dicho: yo estoy flipando.

A mí, el que me digan que, porque el servicio está concertado, aunque dependa del sistema sanitario público aragonés, a los trabajadores que dependen de la empresa no les queremos ampliar la cobertura que da la ley 9/2013... Si no está bien planteado, busquemos la manera de plantearlo bien, pero creo que hay que garantizar la seguridad a todos los profesionales, dependan de empresas concertadas o dependan de la Administración.

Y lo que hoy ha pasado aquí, vuelvo a repetir, es para flipar.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gaspar.

¿Grupo Parlamentario Popular? Señora Marín.

La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

Agradecer a los grupos parlamentarios de Vox y de Ciudadanos el voto afirmativo que han dado a la proposición no de ley que hoy presentaba mi grupo parlamentario.

Y también agradecer al resto de partidos su voto, puesto que me ha servido mucho, porque me ha servido para corroborar algo que todos sabíamos: que usted, señor Sanz, que usted es un comunista entrañable [risas], es muy entrañable, pero de boquilla, de boquilla, porque defiende a los trabajadores desde la tribuna, pero, cuando le toca votar, cuando le toca retratarse, cuando le toca retratarse, entonces vota usted en contra de sus derechos. Lo dicho, comunista de boquilla, como casi todos los comunistas. [Risas]. [Rumores].

Señora Cabrera, yo recuerdo perfectamente, recuerdo perfectamente cuando llegó usted a este Parlamento, lo revolucionaria que era: «la lucha» decía usted, «la lucha». Hoy ha demostrado que era la suya propia, su lucha, la que le preocupaba, era usted misma, porque, cómodamente sentada en la Mesa de las Cortes de Aragón y defendidos sus derechos, se olvida de los derechos de los demás trabajadores. [Aplausos].

Señora Lasobras y, a usted también, señora Peirat, también les agradezco mucho su intervención, porque, con su intervención, me han recordado a un compañero de la pasada legislatura al que yo tenía un gran aprecio, que decía que hay dos tipos de diputados: los que al principio no saben —eso nos pasa a todos— pero, luego, con el tiempo, aprenden, y los que no aprenden nunca. Después de su intervención, no me digan ustedes a qué tipo de diputados corresponden.

Y finalmente, señor Villagrasa... [rumores], señor Villagrasa, parece que se olvida de que también ustedes apoyaron esta ley, la ley de 2013, para la que hoy pedíamos su modificación. Yo, después de su discurso, le recomiendo que consulte o que se mire la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de San Sebastián en la que confiere carácter de autoridad pública a los profesionales que hoy nosotros demandábamos. Le encontrará usted muy interesante, se lo aseguro.

Concluyo, presidente.

Gracias de nuevo al partido Vox y a Ciudadanos y al resto de los partidos. Desde luego, señorías, por sus hechos los conocerán.

Muchas gracias, presidente. [Aplausos].

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Marín.

Señor Villagrasa.

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde el escaño]: Pues, únicamente, señora Marín, reafirmar la posición del Grupo Socialista.

Y ya que estamos de calificativos, nosotros siempre hemos sido prudentes desde el punto de vista de la seguridad jurídica y de las expectativas que damos a los ciudadanos con los textos y las modificaciones que aquí sometemos a votación.

Gracias. [Aplausos].