Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

De acuerdo con la disposición reglamentaria, les anuncio una modificación en el orden del día: a solicitud del consejero de Industria, Comercio y Turismo, y de acuerdo con la diputada preguntante, se pospone para otra sesión la pregunta cardinal 17 del orden del día, la pregunta número 127/08.

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión plenaria del 27 y 28 de marzo. [Pausa.]

Queda aprobada por asentimiento.

Dictamen de la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes sobre el proyecto de ley por el que se establecen medidas urgentes para la adaptación del ordenamiento urbanístico a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, garantías de sostenibilidad del planeamiento urbanístico e impulso a las políticas activas de vivienda y suelo en la Comunidad Autónoma de Aragón (procedente del Decreto ley 2/2007, de 4 de diciembre, del Gobierno de Aragón).

Debate y votación del dictamen de la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes sobre el proyecto de ley por el que se establecen medidas urgentes para la adaptación del ordenamiento urbanístico a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, garantías de sostenibilidad del planeamiento urbanístico e impulso a las políticas activas de vivienda y suelo en la Comunidad Autónoma de Aragón (procedente, -como sus señorías conocen-, del Decreto ley 2/2007, de 4 de diciembre, del Gobierno de Aragón).

Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (VICENTE BARRA): Buenos días, señoras y señores diputados.

Hace algo más de tres meses, en diciembre pasado, me dirigí a ustedes para presentarles el Decreto ley 2/2007, por el que se establecen medidas urgentes para la adaptación del ordenamiento urbanístico a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, garantías de sostenibilidad del planeamiento urbanístico e impulso a las políticas activas de vivienda y suelo en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Se trataba de una norma con rango legal, vigente desde el momento de la publicación de su aprobación por el Consejo de Gobierno, y que necesitaba la convalidación de esta cámara para no decaer en el plazo de un mes. Se presentó durante el primer periodo de sesiones, y su objeto era evitar la inseguridad jurídica que producía la subsistencia de la Ley urbanística de Aragón, inspirada en los principios que había derogado la Ley 8/2007, del suelo.

Quiso el Gobierno de Aragón incorporar los principios inspiradores de la ley estatal atendiendo, de forma simultánea, tanto a las singularidades de un territorio que, desde el punto de vista urbanístico, tienen en el protagonismo de Zaragoza capital una de sus principales características, como al deseo de que el resto de nuestra comunidad contara con opciones y posibilidades reales de crecimiento ordenado y desarrollo racional.

El debate y votación que se suscitó, así como el marco competencial con el que nos dota nuestro Estatuto de Autonomía, permitió que dicha norma, una vez convalidada, fuera tramitada como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Por ello, quiero agradecer muy sinceramente el trabajo de todos los grupos parlamentarios y de los diputados que han trabajado en la ponencia, hasta conformar el texto definitivo que se va a debatir y votar a continuación. No tengo la menor duda de que, fruto del debate constructivo realizado y de las enmiendas presentadas, se va a mejorar técnicamente la norma presentada.

Como saben ustedes, la norma básica autonómica que ordena el urbanismo aragonés es la Ley 5/1999, urbanística de Aragón, que se desarrolló mediante un decreto de 2002, por el que se aprobó el reglamento en materia de organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños municipios. Aquella Ley de 1999 incorporó una parte sustancial de las orientaciones y mandatos de la Ley estatal de 1998, una norma que, con el pretexto de la liberalización del suelo, lo que en realidad planteó fue una profunda restricción de las potestades de ayuntamientos y comunidades autónomas para gobernar su territorio.

Esta medida, la de universalizar o generalizar la liberación del suelo, con la posibilidad indiscriminada de urbanizar, no sirvió para que el precio de la vivienda libre detuviera su alza. Podemos decir que la liberalización del suelo no sirve socialmente, no atiende a los intereses públicos ni a los intereses de la mayoría; la liberalización del suelo no genera per se suelo urbanizable, que es el suelo que ciertamente cuesta dinero.

La liberalización del suelo, señoras y señores diputados, llevó durante años aparejada la automática incorporación a la propiedad de un valor que incluía potenciales beneficios inmobiliarios de unos desarrollos, en los que el vendedor o propietario del suelo no contribuían financieramente en los gastos derivados del proceso de transformación o urbanización. Era un urbanismo que se olvidó de la vivienda protegida, precisamente, la vivienda, una de las mayores preocupaciones de la sociedad.

La aprobación de la Ley estatal 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, modificó profundamente los principios y objetivos perseguidos por la política estatal sobre el suelo. Esta ley nos sitúa en un nuevo escenario legal de la regulación del suelo, en el que el interés general, el interés de todos prevalece sobre cualquier otro interés. Es precisamente la primacía del interés general la que ha propiciado un nuevo tratamiento del régimen del suelo que potencia fundamentalmente la vivienda protegida. Además, genera un escenario más sostenible ambientalmente, más volcado a dar respuesta a los problemas de los ciudadanos sobre movilidad, seguridad y servicios, aspectos todos ellos que componen, sin ningún género de dudas, una parte importante del catálogo de preocupaciones sociales o ciudadanas.

La Ley de suelo estatal afecta de manera decisiva a aspectos como el régimen de clasificación del suelo, la reservas para vivienda protegida y los límites de repercusión de los precios del suelo en la promoción de vivienda protegida, el control de riesgos, sostenibilidad económica y ambiental del planeamiento territorial y urbanístico. Asimismo, afecta también a los límites entre modificación y revisión del planeamiento, los convenios urbanísticos, la conversión de aprovechamientos, el régimen de las actuaciones de dotación, cesiones de aprovechamiento y patrimonios públicos de suelo.

Por las circunstancias antes apuntadas, y siguiendo las nuevas directrices de la normativa básica estatal, era necesario poner punto final a una ley urbanística autonómica que, lejos de establecer reservas para vivienda protegida, abrió las puertas para que el propio valor legal del suelo subiera.

Los aspectos innovadores introducidos por la nueva ley estatal han sido adaptados en el proyecto de ley que ahora se presenta, profundizando en determinadas políticas y orientaciones, de manera que la propuesta que se trasladó a esta cámara, para su convalidación y posterior debate como proyecto de ley, tenía y tiene los siguientes ejes fundamentales: el impulso a las políticas activas de vivienda. Hoy es el momento de la vivienda protegida, de la gestión eficaz de suelo para promoverla. Todos los operadores públicos y privados coinciden en ello.

El interés general, como guía para la adopción de las decisiones de planeamiento: la planificación es una función pública más vinculada al valor del suelo como recurso natural que como recurso económico, más vinculada a las personas como ciudadanos que como propietarios.

El logro de una mayor sostenibilidad ambiental del planeamiento urbanístico.

Un mejor diseño y programación temporal del planeamiento.

El impulso a las políticas activas de preparación del suelo mediante la colaboración del Gobierno de Aragón, ayuntamientos y el sector privado.

Hoy se debate el proyecto de ley y las enmiendas presentadas (noventa y siete, en total). No voy a analizarlas, porque el protagonismo es de sus señorías, de las Cortes.

Pero antes de concluir mi intervención, quiero recordarles las modificaciones más importantes del Decreto ley 2/2007: mayores reservas de vivienda protegida (pasamos de un mínimo de un 15% a otro general del 30%, el 40% en las capitales de provincia en suelo urbanizable).

Agilización de los procesos de planeamiento y gestión urbanística mediante los sectores de suelo urbanizable delimitado concertado.

Concertación de actuaciones entre administraciones y de éstas con la iniciativa privada como eje de las políticas de suelo y vivienda.

Agilización de los procedimientos expropiatorios e introducción de los límites de repercusión del suelo sobre vivienda protegida, además de criterios de objetividad de los justiprecios de los suelos destinados a vivienda protegida en Aragón.

Exigencia de un modelo claro de evolución urbana y ocupación del territorio a todos los planes, incluso los vigentes, si quieren desarrollar suelo urbanizable no delimitado. Solo será urbanizable el suelo que responda al modelo de evolución urbana y ocupación del territorio. Se rompe con la filosofía del «todo urbanizable» de la legislación estatal del año noventa y ocho.

Seguridad jurídica e imposibilidad de la alteración del modelo de evolución urbana y ocupación del territorio mediante modificaciones sucesivas.

Y medidas, finalmente, para garantizar una mayor transparencia de los procesos de planeamiento urbanístico mediante publicación de la propiedad del suelo, beneficiada por las reclasificaciones y limitaciones a los convenios urbanísticos.

Señorías, es posible que haya llegado el momento de una reforma legal de carácter amplio, que si bien conserve las técnicas urbanísticas conocidas, las aplique a conceptos más cercanos al interés general, como la filosofía de que acceder a una vivienda y generar tejido urbano de calidad son objetivos constitucionales que deben tener atención preferente. De hecho, la actividad urbanística parece en este proyecto de ley inequívocamente configurada como función pública.

El Gobierno de Aragón tendrá que dar un paso más en la regulación de la actividad urbanística, marco que incluirá también a las administraciones locales, todo ello tras un amplio proceso de audiencia y consulta con los agentes y instituciones más directamente implicados en esta actividad. Tendremos que profundizar en la idea de que territorio y ciudad deben ser un marco de convivencia de los derechos individuales y de interés general, que beneficien al conjunto de la sociedad.

Y quiero recordar, una vez más, frente a determinados planteamientos demagógicos, que siempre mantendremos la confianza en el Gobierno local, el más cercano al ciudadano y, por ello, el más idóneo para desarrollar las políticas urbanísticas. Tendremos que trabajar en canalizar la participación en los procedimientos y no en la decisión, de manera que se garantice la máxima agilidad, delimitando con claridad al mismo tiempo el nivel técnico de estudio y propuesta y el nivel político de decisión. Les hablo, en concreto, de una futura ley de urbanismo, la que el Gobierno comprometió, que figura dentro de las cien medidas de Gobierno, y que en breve -yo espero que antes del verano- será remitida a esta cámara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.

Presentación del dictamen de la comisión.

El señor Berdié, del Grupo Socialista, lo hará en su nombre.

El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señoras y señores diputados.

He tenido el honor de coordinar la ponencia sobre el proyecto de ley por el que se establecen medidas urgentes para la adaptación del ordenamiento urbanístico a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, garantías de sostenibilidad del planteamiento urbanístico e impulso de las políticas activas de vivienda y suelo en la Comunidad Autónoma de Aragón, procedente del Decreto ley 2/2007, de 4 de diciembre, del Gobierno de Aragón.

Quiero, en primer lugar, agradecer a los grupos de la cámara su trabajo, especialmente a los miembros de la ponencia: señor Suárez Lamata, señor Fuster, señor Barrena, señor Ferrer y también señor Allué, que acudió a alguna de las reuniones. Un trabajo que se ha manifestado en la elaboración de enmiendas, en su debate en ponencia y, posteriormente, en la votación en la comisión.

También quiero agradecer a los servicios jurídicos de la casa y, especialmente, a la jurista que estuvo en la ponencia, doña Olga Herraiz.

La ponencia se ha reunido en tres ocasiones, estudió un total de noventa y siete enmiendas, cincuenta y una de las cuales eran presentadas por el Grupo Popular; veinte, por el Grupo Mixto, de Izquierda Unida; catorce, por el Grupo de Chunta Aragonesista, y doce, por los Grupos PSOE-Partido Aragonés. Del conjunto de las mismas, han sido admitidas veintidós; retiradas, seis; transaccionadas, dos. Lo que significa un 30% del conjunto de las enmiendas.

Asimismo, se realizó también una reunión de la ponencia para corrección de errores, en la que hubo en este caso unanimidad en la interpretación de los mismos.

El trabajo de sus señorías, el trabajo de todos los miembros de la ponencia, creo que en unos casos han añadido claridad al texto; en otros casos, presentaron enmiendas en las que, lógicamente, formaban parte de la preocupación política de los proponentes. En unos casos, fueron aceptadas por la ponencia; en otros casos, fueron rechazadas.

Solamente quiero terminar diciendo que desde la legítima discrepancia política, el debate de la ponencia ha sido, gracias a sus señorías, un debate tranquilo, un debate con aportaciones importantes, un debate en el que el buen clima democrático es de destacar, y creo que todo ello dará su fruto.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Berdié.

Vamos a proceder al debate de las enmiendas mantenidas y de los votos particulares formulados.

Comenzamos por el Grupo Parlamentario Popular.

El señor Suárez Lamata tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor presidente.

Bien, señorías, asistimos hoy al último acto de lo que a, nuestro juicio, comenzó como un auténtico despropósito en el urbanismo aragonés. Despropósito que comenzaba en el puente de la Inmaculada, en un decreto ley que se dijo urgente, que poco menos que venía con nocturnidad. Lo dijimos entonces: la urgencia era complicada de justificar, y no se ha conseguido demostrar la urgencia después de cuatro meses, y luego lo explicaré. Y fue el empeño de los grupos de la oposición; también, evidentemente, de los grupos que sostienen al Gobierno.

Pero, señorías, no se engañe nadie. Este texto se ha tramitado como proyecto de ley por el empeño de la taifa de la plaza del Pilar, la taifa en el mundo urbanístico. Zaragoza es un mundo aparte, a partir de hoy, en el urbanismo aragonés.

Era tan malo, tan malo el decreto ley, era tan malo el proyecto de ley, que han tenido que ser los propios grupos que sostienen al Gobierno, mediante doce enmiendas, que han sido evidentemente admitidas todas, las que han transformado -y de qué manera- el texto que entró en la cámara.

La primera derivada del texto del decreto ley, señorías, ha sido -la primera y única-, ha sido que se ha paralizado el urbanismo aragonés durante cuatro meses. Cuatro meses que los ayuntamientos no han sabido qué hacer; cuatro meses que los operadores urbanísticos no sabían qué iba a ocurrir; cuatro meses en los que un sector que, de por sí está complicado, miraba hacia un futuro, un futuro muy incierto.

Hay un problema, señor consejero, hay un problema en este Gobierno con el urbanismo, y es que no tiene muy clara una cosa: que es una competencia básicamente -por no decir «totalmente»- de la autonomía aragonesa.

Hablaba usted de algunas cuestiones. Luego me referiré a ellas. Pero, mire, yo cuando le oigo que se queja usted del precio de la vivienda libre, me deja un poco frío, porque yo creo que usted es consciente que aquí es donde hay que hacer las políticas urbanísticas que impidan precisamente eso. Y este Gobierno acumula un importante dato: Aragón es la segunda comunidad autónoma de España en la que más ha crecido el precio de la vivienda libre en los últimos seis años, y eso lo sabe usted tan bien como yo.

Hay una obsesión en este texto legal, como en todos los que vienen de la misma mente pensante. Señor consejero, se lo digo porque no lo sabe. Y tiene usted al señor Velasco a su lado que se lo explicaría muy bien. Al final, el principio que tiene este decreto, como tendrá -suponemos- la ley, es que él único que entiende de urbanismo en Aragón o los únicos que son capaces de hacer urbanismo en Aragón son el consejero y el director general. Los ayuntamientos, a pesar de que usted hable de restricciones en la anterior ley, vaya si van a estar tutelados con esta norma, señoría. Lo vimos en el proyecto de ley que nunca vio la luz, y habría que explicar algún día por qué.

Decía usted que es una adaptación de la Ley 8/2007. Indiscutiblemente. Pero ustedes han aprovechado y también han introducido otras modificaciones que no estaban contempladas en ese texto legal.

Y mire, como primer resumen de este proyecto de ley, que enseguida será ley, es que va haber dos tipos de urbanismo en Aragón: uno, el que haga el Gobierno de Aragón, pues hay unas normas exclusivas para el Gobierno de Aragón, y otro, para el resto del común de los mortales. Con este decreto ley, señoría, el Gobierno va intervenir donde quiera, en los terrenos que quiera. Se sale básicamente de la aplicación de la ley. Se escapa de los mapas de riesgos, de los catálogos, de los estudios económicos, de la movilidad... Todo eso que exige al resto de los operadores urbanísticos, este Gobierno, el todo poderoso Gobierno autonómico, no se lo va a aplicar.

Me ha sorprendido el discurso, me ha sorprendido, y además lo lamento, ese discurso con el que usted ha intentado aquí dar la sensación de que esto ha sido negociado, pactado, transaccionado... Noventa y siete enmiendas: cincuenta y una presentó el Grupo Popular. Si usted excluye las doce de los grupos que sostienen al Gobierno, se han aprobado un trece por ciento, que es un resultado muy pobre, cuando en esta cámara todos los texto urbanísticos se han obtenido o han tenido un alto grado de consenso. ¡Cinco enmiendas aprobadas del Partido Popular, señor consejero! Empéñese usted en lo que quiera, pero el talante negociador de este Gobierno es, única y exclusivamente, aplicar el rodillo; lo vimos en el presupuesto de la comunidad autónoma y lo hemos vuelto a ver hoy.

Y mire, ¿urgente? Era muy urgente. Cuatro meses han pasado sin pegar un palo al agua. Y se ha despachado esta ponencia en dos sesiones que han durado tres horas, más una de corrección de errores. Ese es todo el tiempo que se le ha dedicado a una norma que es capital, que es vital para esta comunidad autónoma. Yo no sé dónde ven ustedes, donde ven ustedes el ánimo negociador o el ánimo dialogante de este Gobierno, cuando en tres horas se han despachado noventa y siete enmiendas. Es complicado, es complicado entender esta cuestión.

Y bien, para lo único que ha servido la tramitación como proyecto de ley, básica y fundamentalmente, es para que en este periodo de tiempo se hayan conseguido poner de acuerdo el señor Belloch y el señor Iglesias y hayan llegado a un punto de equilibrio para que Zaragoza tenga su sistema y el resto de Aragón, pues, otro distinto.

Voy a pasar a defender alguna de las enmiendas, porque, evidentemente, las cuarenta y tantas sería imposible.

Con la enmienda número tres, pretendíamos, tal y como dice la ley -no pretendíamos nada distinto-, que se pudieran repercutir los gastos de instalación de las redes en los suministradores, así como que en las infraestructuras de transportes no fuera una cosa obligatoria. Es fácil, verdad, cuando los demás tienen que pagar las infraestructuras, obligar a hacerlas. Pero aquí, que nadie se engañe, señor consejero, cuando eso se repercute, al final, el precio de la vivienda se dispara. Esta es una cuestión obvia, pero ustedes siguen anclados en ese discurso, que, además, tanto les gusta con estas cuestiones.

Se introduce de nuevo el concepto de «densidad», que habíamos suprimido en la LUA, por el aprovechamiento. Bien, yo no sé si usted sabe cómo está el sector, porque da la sensación de que no. Es evidente que en estos momentos, con la complicación que hay, al final, habrá que ser flexibles, habrá que posibilitar que haya cambios, -insisto-, en un sector que es muy complicado.

Hay otro grupo de enmiendas que tendía a suprimir el concepto «introducido urbanizable delimitado concertado», el suelo. ¿Por qué? Porque, en definitiva, esto es lo que habilita el Gobierno de Aragón para ser el dueño y señor del urbanismo aragonés: se va a hacer lo que se quiera, en donde se quiera y al margen de, prácticamente, el texto legal. Y por si fuera poco, incumplen el 5 y el 7 de la LUA, cuando no dejan ni a la iniciativa privada entrar en esta cuestión.

La enmienda 18, señorías, la que afecta al límite de diez años para la gestión de los planes generales. Yo creo que esto es desconocer la realidad, y aquí hay alcaldes. ¿Cuánto cuesta desarrollar un plan general? ¿Alguna administración es capaz de hacerlo en diez años? Yo la desconozco. Si no se introducen cambios importantes, desde luego, tenemos serios problemas.

La enmienda 26 pretendía condicionar el desarrollo del suelo urbanizable delimitado con anterioridad al no delimitado. Esto es lo que se ha venido haciendo en Zaragoza, por ejemplo, pero, al parecer, los grupos que sostienen al Gobierno ahora entienden que no es el criterio razonable.

La enmienda número 29. Bien, al final alcanzamos aquí un punto de acuerdo que no nos acaba de satisfacer, pero por lo menos, en los supramunicipales, tendrá que hacer estudios de movilidad este Gobierno. Algo es algo, a pesar --insisto-- de que la enmienda era mucho más amplia.

La enmienda número 33, al artículo 2.15, es más de lo mismo: se queda excluida la Administración autonómica de lo que son alteraciones sustanciales del plan general en cuanto a superar el número de viviendas. Es que esto es difícil de entender: ¿por qué el Gobierno, no, y el resto, sí?

Y llegamos a la enmienda 38: la nulidad de los convenios. La Ley 8/2007 anula las cláusulas, que es lo lógico y normal, pero este Gobierno -y no se nos ha justificado el porqué- ha decidido que, al final, en el momento que haya una cláusula nula, el convenio es nulo, pero podemos llegar al contrasentido de que se introduce una infraestructura en un convenio y es nulo, y si no se introduce y se hace la infraestructura, el convenio no sería nulo y el objetivo, al final, estaría cumplido y la infraestructura hecha.

La enmienda 52, señoría, era una cuestión que viene sucediendo habitualmente en el urbanismo nacional, no solamente una peculiaridad de Aragón, y es que hay un problema serio con la recepción de las urbanizaciones. Nosotros apostábamos por un plazo, que lógicamente estabamos dispuestos a transaccionar, para que al final se produzca esa recepción de las urbanizaciones, que muchas veces, la mayor parte, se quedan allí, en tierra de nadie, y no se sabe muy bien qué régimen tienen.

La enmienda 66, señorías, es la que se refiere al catálogo de suelo urbanizable delimitado concertado. Está bien el artículo, pero solo tiene un problema: que se dice «se hará un catálogo de acuerdo con los ayuntamientos, pero, no obstante, el Gobierno de Aragón, antes de hacer el catalogo, delimitará los suelos concertados que estime oportunos y pertinentes», con lo cual, señoría, o sobra el artículo o sobra el punto tres, más concretamente, de ese artículo.

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor, señor diputado.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Y entramos, señoría, en lo más espectacular.

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, no sé si me ha oído. Por favor, vaya concluyendo.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, señor presidente, enseguida acabo.

Entramos en las disposiciones transitorias, que era el auténtico desaguisado de esta ley.

Algo que no se conocía en el ordenamiento jurídico español era parar todo lo que estaba en marcha y, prácticamente, empezar de cero. Hasta el propio Colegio de Arquitectos le ha dejado por escrito, señor consejero, la barbaridad que suponía esto. Y es verdad que se han rectificado cosas, sobre todo en esta parte.

Pero ¡mire!, estamos ante una norma que crea dos tipos de ciudadanos: Zaragoza, que, amparándose en una ley de capitalidad -que tampoco se ha conseguido explicar qué tiene que ver la Ley de capitalidad con el urbanismo-, se queda con un régimen jurídico, y el resto de los aragoneses, otro, es decir, los ciudadanos de Huesca, los de Teruel -ahí veo a su alcalde-, van a aplicarse una norma distinta a los ciudadanos de Zaragoza, lo cual es muy, muy, muy difícil de entender. No se conoce otro caso en el ordenamiento jurídico español, porque por mucho que se diga, ni Madrid ni Barcelona, que tienen leyes de capitalidad, se excluyen de la aplicación general del ordenamiento jurídico urbanístico.

En cuanto a las propuestas PSOE-PAR, a las enmiendas, solamente me voy a detener en una que me gustaría que explicasen. ¿Por qué se han suprimido las zonas periféricas de los pequeños municipios? Tenían pocas opciones los municipios más pequeños, los que menos recursos tienen, de desarrollarse urbanísticamente, pero esto, al menos, les permitía hacer alguna pequeña construcción. Pues bien, en ese ánimo de controlarlo todo, este Gobierno suprime la zona periférica, con lo cual obligará a los ayuntamientos a hacer planes generales, y si no tienen recursos, yo supongo, señor consejero, que usted los va a poner todos para que cada municipio de Aragón tenga su propio plan general y, si no, no se podrá construir.

Y quiero acabar, señoría, como empezaba el consejero: hablaba de inseguridad jurídica atrás. Mire, señoría, ¡cinco textos legales llevamos en un año en el mundo urbanístico! Un mundo que si algo requiere es estabilidad..., pues, cinco textos legales. Y sobre todo, lo que nos preocupa es esa rotura de consenso que tradicionalmente ha venido habiendo en esta cámara con el urbanismo.

Desde luego, nosotros, señorías, pensamos que no es un buen día para Aragón, ya que se va a aprobar un texto de ley que los aragoneses no se merecen.

Nada más, y muchas gracias.

[Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Turno de Izquierda Unida.

Señor Barrena, tiene usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor presidente.

Muy buenos días, sus señorías.

Buenos días también a quienes nos acompañan desde la tribuna de público.

Estoy en el turno de explicación de nuestras enmiendas y votos particulares, y, por lo tanto, voy a dedicar mi intervención a esa parte. La valoración final sobre el conjunto del texto que hoy se va a votar la fijaré en el turno de explicación de voto.

Empezaré por expresar la crítica al proceso seguido.

Este es un decreto que utiliza el Gobierno de Aragón invocando una de las posibilidades del Estatuto de Autonomía en vigor, que se publica en mitad de un puente festivo. Si al final se ha tramitado como proyecto de ley y, por lo tanto, ha habido posibilidad de debatir, que no de mejorar sustancialmente, ha sido porque la oposición empieza a reclamarlo: empieza Izquierda Unida el mismo día que descubre el decreto en el Boletín a comprometer públicamente un debate sobre un tema tan importante, se vota después aquí, y se alcanza el acuerdo de tramitarlo como proyecto de ley.

Después, después, es verdad que la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias, y es verdad que el Ayuntamiento de Zaragoza y también es verdad que otros ayuntamientos (Huesca, Teruel, Alcañiz, Barbastro) se preocupan por la situación, aunque estoy seguro de que son bastantes más.

Y yo creo que ello provoca una cosa inusual: que, en cualquier caso, como es un reconocimiento del error, hay que valorarlo en su justa medida, y es que reconoce el Gobierno, mediante la presentación de enmiendas conjuntas de los grupos que lo apoyan, que el decreto estaba mal, y por lo tanto deberá agradecerle el Gobierno a la oposición que por el empeño de la oposición se debatió con posibilidad de arreglar cosas que venían mal hechas en ese decreto.

Dicho esto, suscribo la valoración de que no es aceptable pretender transmitir la idea de que ha habido consenso. De las veintidós enmiendas aceptadas, más de la mitad son autoaceptadas por el propio Gobierno, y por lo tanto, reconocimiento de los errores cometidos por las prisas y por la precipitación.

He oído al consejero decir -lo cual me alegra- que vamos a conocer en esta cámara «antes del verano» la nueva LUA. Yo creo que viene tarde, y creo que es la nueva LUA lo que habría habido que traer en lugar de este mecanismo que, con la justificación de que había que trasladar a la norma aragonesa la Ley estatal del suelo, ha provocado esta precipitación. Nosotros creemos que la precipitación tenía otros motivos, a los que me referiré al defender nuestras enmiendas.

¿Qué enmiendas mantenemos para debate? Me centro en las que considero más importantes. La número cuatro, no entendemos por qué no se acepta, cuando lo único que plantea es que quienes desarrollen nuevos espacios residenciales sufraguen el coste de los servicios públicos de transporte que tienen que llegar hasta allí, hasta que esa nueva zona cuente con un volumen de potenciales usuarios de esos transportes públicos que lo hagan aceptable desde el punto de vista social y económico. Impidiendo esta mejora, que volveremos a plantear en el debate de la LUA, a ver si corre mejor suerte, lo que se hace es cargar a las Administraciones públicas con los costes de los transportes una vez entregadas las obras.

Las enmiendas 6, 7, 8 y 9 buscan, única y exclusivamente, modular, regular los nuevos crecimientos urbanísticos. Parece ser que no ha considerado el Gobierno necesario arbitrar esta figura y ha preferido dejarlo a las capacidades y a las posibilidades de quienes toman decisiones; quienes toman decisiones, que, en función de algunas de las enmiendas de los grupos que apoyan al Gobierno, será el propio Gobierno. Por lo tanto, claro, se entiende que no quiera autolimitarse.

El siguiente bloque de enmiendas va a por algo que consideramos total, rotunda y absolutamente inaceptable, que es el invento de los suelos urbanizables concertados, en los que también las reglas del juego las pone el Gobierno. Nos parece un auténtico despropósito. Democráticamente, no podemos hacer nada más que enmendarlo, defender la enmienda y seguir apelando a la racionalidad, y decir que tendremos una segunda posibilidad cuando se presente la LUA.

Hay otra enmienda con la que pretendíamos recuperar algo que en Aragón ha sido algo que siempre se ha aplicado, y era que en los suelos públicos, para desarrollar viviendas sociales, hubiera un equilibrio entre la iniciativa social, las cooperativas y la iniciativa privada. No ha sido aceptada tampoco.

Y nos ha sorprendido que no se aceptara la enmienda 80, de Izquierda Unida, que era una de las que Izquierda Unida había recibido la sugerencia, igual que el resto de grupos, que venía pactada unánimemente por la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias. Han autoenmendado la enmienda en función de otras enmiendas de los grupos que apoyan al Gobierno.

Paso a los votos particulares. Los que mantenemos y defendemos son aquellos que, por una parte, defienden la autonomía municipal y la defienden frente a la invasión que supone de sus competencias el tema de los proyectos supramunicipales, el tema de los proyectos de declaración de interés general y el tema de los nuevos suelos urbanizables concertados; son aquellos que defienden las mejoras indudables que tiene la Ley estatal del Suelo, que contó con el apoyo de Izquierda Unida y que algunas de las medidas puestas aquí restringen por lo menos su aplicación en el territorio de Aragón; son aquellos que buscan poner elementos de racionalidad en los desarrollos de los suelos, especialmente de los rústicos, y son aquellas que van a combatir la arbitrariedad que supone eximir a Zaragoza de cumplir cuestiones que aparecen en esta ley. Aunque me da que, últimamente, el Gobierno está optando por hacer exclusiones del cumplimiento de leyes en zonas como Zaragoza -supongo que por algún motivo- y en otros sitios en los que creo que hay otro interés, como es el de facilitar la instalación de grandes complejos de ocio, juego, casinos y relax.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor, concluya, se lo ruego.

El señor diputado BARRENA SALCES: Acabo ya, señor presidente.

Me detendré un momento en lo que significa la propuesta que al final ha introducido el Gobierno mediante los grupos que le apoyan de eximir a Zaragoza.

En primer lugar, queda eximida en presentar su modelo de evolución urbana y de ocupación del territorio. No entiendo por qué si setecientos treinta municipios tienen que hacerlo, uno, por muy grande que sea, no, que es el de Zaragoza.

Exime de aplicar los coeficientes de vivienda protegida en Zaragoza. Señorías, yo creo que los zaragozanos y zaragozanas tienen el mismo derecho que el resto de los territorios a cumplir con ese derecho, y además, Zaragoza es el que más posibilidades tiene, porque es el que más desarrollo de suelos en ese sentido ha vivido. Entonces, creemos que no está justificado.

¿Por qué no hace falta para Zaragoza la autorización del Gobierno de Aragón para eximirle del régimen de reservas de vivienda de protección oficial? ¿Por qué? Si es una posibilidad que el Gobierno de Aragón tiene y los ayuntamientos tienen, ¿por qué a Zaragoza se la libera de pedir ese permiso? No lo entendemos.

Y una última cuestión sería que dentro de que para los nuevos suelos concertados, esos que se inventan, con los que no estamos de acuerdo en absoluto, no entendemos que si se empeñan en ponerlos, por qué en los que decida la DGA en Zaragoza deberá contar con el Ayuntamiento de Zaragoza y en lo que decidan el resto de ayuntamientos, no. No lo entendemos, señoría. Aquí hay muchos alcaldes y alcaldesas, así que miren a ver si se lo explican, porque nosotros, la verdad, es que no lo entendemos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Chunta Aragonesista. Su turno para la defensa de los votos particulares y las enmiendas.

Señor Fuster, tiene usted la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, señor presidente.

Señorías.

«Proyecto de ley -dice el título- de medidas urgentes para la adaptación a la Ley 8/2007, de suelo», etcétera, etcétera, y es de lo primero que queremos hablar, porque en política, a veces, son más importantes las formas que el fondo, y en este caso, desde luego, las formas son especialmente relevantes.

Si las medidas eran urgentes, ¿qué estamos haciendo aquí, señorías? ¿Qué estamos haciendo aquí once meses después aprobando una ley que modifica la Ley aragonesa del Suelo, que venía determinada por la nueva Ley del suelo estatal de mayo de 2007? Si era urgente, esto tendría que estar hecho, y si no era urgente, por qué llamarla así, por qué utilizar como un pretexto la urgencia para cambiar otras cosas y por qué no haber traído una ley que ya se trajo la legislatura pasada y que, después de estar tramitada, con sus enmiendas presentadas, no se llegó a debatir y, por tanto, no se pudo aprobar la nueva ley urbanística de Aragón.

Dice el Gobierno de Aragón en su…, lo ha dicho el consejero, lo dijo en su momento con el decreto ley, y lo dice la exposición de motivos de la ley que esta forma, según nuestro estatuto, puede hacerse «en caso de necesidad urgente y extraordinaria». Pues, es que es tan difícil de explicar que la necesidad sea urgente y extraordinaria y que se tardara siete meses en presentar el decreto ley, y que estemos once meses después debatiendo la ley de adaptación, que, evidentemente, ha ocurrido lo que ha ocurrido.

Y como yo sé que sus señorías, a todos aquellos que no han estado en la ponencia e, incluso, por no hablar de la ciudadanía ni de la opinión publica, este tema les resulta de especial dificultad para su comprensión, no porque no conozcan el urbanismo o no les preocupe el urbanismo, sino porque realmente la actitud del Gobierno ha sido tan absolutamente irresponsable en este caso, ha sido de una ligereza tan impresentable, que hemos conseguido lo siguiente -y me he permitido elaborarles a sus señorías un esquema para que se entienda lo que voy a decir-: en menos de un año, en menos de un año, Aragón ha tenido cuatro reglas de juego, cuatro marcos jurídicos, cuatro ordenamientos jurídicos urbanísticos diferentes, y amenazamos, amenazamos con un quinto, porque acabamos de oír que antes del verano estará presentada la nueva LUA. Será el quinto. Sí, sí, voy a explicarles, por si acaso alguien lo duda o piensa que es exceso verbal, voy a explicarles porque es así.

Miren sus señorías, hasta mayo del 2007 teníamos un régimen urbanístico, es decir, hace menos de un año teníamos un régimen que era la legislación anterior. El 28 de mayo se aprueba la Ley del suelo estatal -estamos en un régimen-; el 28 de mayo se aprueba y se genera un nuevo marco jurídico, un nuevo marco jurídico, que si el Gobierno de Aragón, al mes, hubiera hecho las adaptaciones estrictamente necesarias que exigía esa modificación legal, pues, prácticamente, hubiera habido un lapsus de tiempo con cierta ambigüedad, pero inmediatamente hubiéramos sabido a qué aplicar. Pero no, se tardó siete meses, y entonces apareció el decreto ley -ese que tanto hemos comentado aquí-, que se publicó no con nocturnidad, sino con «vacacionalidad» o con «puentilidad», no sé si habrá que inventar una nueva palabra; sí, en el puente de la Constitución se publicó y entró en vigencia desde el momento de su publicación, entró en vigencia con carácter provisional, que luego fue refrendada con la convalidación en esta cámara y, por tanto, estos dos regímenes no los he diferenciado, lo de entrar con carácter provisional y con carácter definitivo, no he hecho un régimen, porque, si no, saldrían seis.

Desde el mes de diciembre, tenemos otro marco jurídico, otras reglas de juego, y como se acordó..., porque la oposición tenía razón, como demuestra el hecho de que los propios grupos de Gobierno hayan presentado doce enmiendas -Chunta Aragonesista ha presentado catorce y los grupos de Gobierno han presentado doce-, luego estaba mal hecho, ¿verdad?, aquel decreto ley, y ha habido que rectificarlo, se ha modificado. Y hoy, señorías, se va a aprobar un proyecto de ley, hoy, 3 de abril, que inaugura la tercera era, desde diciembre hasta ahora, el tercer marco jurídico, la tercera normativa urbanística aplicable aragonesa, la tercera, en este lapsus de un año, y desde hoy, inauguramos la cuarta, con la entrada en vigor de esta ley de modificaciones, de medidas urgentes para la adaptación de la ley. Y como estamos en abril, y se nos anuncia que antes del verano, por tanto, en el mes de junio, tendremos ya en la cámara el nuevo proyecto, dando crédito a las palabras del consejero, pues, en un año, estaremos debatiendo el quinto régimen jurídico urbanístico aragonés, las quintas reglas de juego.

Señorías, todo esto, sin entrar en el contenido de esos regímenes, pero conseguir esto, es un récord, señor consejero -que usted es nuevo en estas tareas de consejero-, este es un récord que creo que no tiene nadie en España -apúnteselo usted-: conseguir cinco marcos jurídicos urbanísticos en el plazo de un año es de Guiness, de Guiness, no sé si de Guiness bueno, del malo o del regular, pero es de Guiness. Y usted lo ha conseguido. Eso sí, a costa de generar una inseguridad jurídica alarmante, grave.

Preguntemos a los operadores urbanísticos, preguntemos a los ayuntamientos, a los profesionales y a los constructores qué están haciendo, qué hacían esta mañana algunos en algún Pleno, por si acaso esto ya deja de estar de aplicación, etcétera. Preguntemos qué inseguridad jurídica se ha generado en el sector inmobiliario, urbanístico y de la construcción, que se está moviendo precisamente en una aguas turbulentas de recesión materializada ya en estos momentos y que se va agudizar en los próximos meses.

Por tanto, creo que es un tema muy importante el de las formas, que incide en las competencias urbanísticas de los ayuntamientos, cuya autonomía local queda desde luego en entredicho, y esto ya forma parte del contenido. Que, en todo caso, esa búsqueda del consenso que se anunció por parte del consejero en la presentación, evidentemente, no la hemos visto. La aprobación de una decena de enmiendas de la oposición, más de la mitad de las cuales eran de carácter formal, evidentemente, del total de noventa y siete, no parece que sea un síntoma de acuerdo, ni de consenso, ni de búsqueda de se acuerdo en un tema tan sustancial, tan delicado, en el que siempre -y hemos coincidido todos, también el gobierno- había que buscar acuerdos, tenían que superarse los marcos de las legislaturas y de las posiciones políticas, porque era importantísimo hacerlo.

En fin, en todo caso, es cierto que les ha servido de pretexto para modificar aspectos de la LUA que no venían modificados por esta Ley 8/ 2007, la ley de mayo, la Ley del suelo; lo han aprovechado, con independencia de que estemos de acuerdo o no en algunos de ellos, que lo estamos.

Y quisiera destacar sólo algunas de las cuestiones de las enmiendas, pero, sobre todo, de los votos particulares que vamos a votar a continuación.

Mantenemos nuestras enmiendas no aceptadas, lógicamente: la número cinco, que hace referencia a los proyectos supramunicipales, a una extralimitación; la número ocho, que hace referencia a limitar a tres hectáreas y a cinco mil metros de superficie construida en el apartado cinco del artículo dos de la ley. Pero hay unas, que son la diez, la trece y la treinta y dos, que hacen referencia al suelo urbanizable delimitado concertado. Ya se ha dicho aquí por parte de los demás grupos, y es que el Gobierno de Aragón más los promotores pueden acordar perfectamente urbanizar un suelo contra la voluntad de un municipio. Esto, ¿no es invadir las competencias municipales?, ¿no es dirigir el urbanismo local desde la ámbito autonómico? Evidentemente, lo es.

Cuando se habla de las revisiones de los planes generales de ordenación urbana, las limitaciones de los que se excluye... ¿A quién se excluye? Precisamente, a los suelos urbanizables delimitados concertados, es decir, aquellos que puede controlar perfectamente el Gobierno de Aragón. Dos varas de medir, dos reglas de juego: en aquello en lo que el Gobierno de Aragón manda y dispone, la excepcionalidad, la barra libre; en lo demás, sujeción a las normas.

El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, le ruego que concluya, por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy terminando, señor presidente.

En este sentido, eran las enmiendas diez, trece y treinta y dos de nuestro grupo parlamentario.

Pero en los votos particulares, dos cuestiones que me parecen muy relevantes, muy importantes. Uno, la enmienda cincuenta y tres, de los grupos de Gobierno, que suprime las zonas periféricas, solo una pregunta: ¿y los pueblos que no tienen plan general, dónde se quedan?, ¿en el limbo?, ¿a la intemperie?, con esta desaparición de las zonas periféricas.

El de la enmienda número setenta, de los propios grupos del Gobierno. Ya se ha hecho referencia, y yo creo que es gravísimo: la excepcionalidad de Zaragoza, el régimen especial de capitalidad, que se anuncia para cuando lo haya, de todos modos, para cuando esté aprobada esa ley de capitalidad. Lo malo no es que se pretenda salvar Zaragoza -eso lo podríamos hasta entender-, lo malo es que, de paso, se condene a todo resto de Aragón: se condene a Huesca, a Teruel, a Barbastro, a Alcañiz, a Tarazona, a Fraga y a tantos otros pueblos cuyos alcaldes están aquí sentados como diputados en esta cámara. ¿Por qué? ¿Por qué por salvar a Zaragoza hay que condenar al resto de Aragón, hay condenar al resto de los ayuntamientos? Es difícil de explicar. Es difícil de entender que el Gobierno de Aragón apruebe una ley que diga de antemano que para la mitad de los aragoneses no sirve, no afecta, no se sienten vinculados, es decir, todos aquellos que no son ciudadanos de Zaragoza.

El problema no es buscar excepcionalidad al caso de Zaragoza: el problema es condenar por la misma razón a todos los demás, a todos los demás ayuntamientos, y eso es de difícil encaje, de difícil aceptación por parte de nadie. De hecho, habrán notado, sus señorías, que coincidimos los tres grupos de la oposición en ésta y en otra de las cuestiones que hemos comentado ya, como el suelo concertado o las zonas periféricas.

Y termino con un último voto particular, al que quiero hacer referencia, el de la enmienda setenta y seis, de los grupos del Gobierno. La que habla de que la aprobación inicial de planes parciales requerirá informe previo vinculante de la DGA. Es decir, que en vez de controlar a posteriori, en la aprobación definitiva, que ya tiene la capacidad para hacerlo y la obligación para hacerlo, resulta que desde el Gobierno de Aragón se puede impedir que se tramiten o que se aprueben inicialmente los planes a costa de pedir informes, de pedir documentos, que, por cierto, lo son para quien lo son. Es decir, lo que va a suponer ahora el apartado uno de la disposición transitoria cuarta que, evidentemente, genera de nuevo la inseguridad jurídica, agrava la inseguridad jurídica, y permite y facilita la arbitrariedad por parte del Gobierno. Por que ¿quién garantiza que no se pueda hacer? No quiero ni hablar de eso. No quiero pensar que el Gobierno de Aragón tenga la tentación de utilizar este mecanismo para boicotear, paralizar, controlar, en otras palabras, el urbanismo de alguno de los municipios.

En fin, señorías, ven ustedes que hay cuestiones de forma graves, muy importantes. Lo de los cinco regímenes jurídicos que es de Guiness, que va a pasar a la historia del Guiness. Y, desde luego, cuestiones de fondo muy importantes que hubiera sido mucho mejor debatir, sí, pero también ponernos de acuerdo en la tramitación de una LUA, que, en todo caso, vamos a tener la oportunidad, pero mucho me temo que los acuerdos y los artículos que hoy queden aprobados aquí van a pasar directos a los artículos que serán aprobados de oficio en la nueva LUA. Seguro que no va a haber modificación de esos artículos. Por tanto, yo creo que hay que abandonar toda esperanza de que determinados aspectos tan importantes como se han visto aquí puedan ser mejorados en la próxima tramitación de la LUA.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Turno en contra.

Comenzamos por el Grupo del Partido Aragonés.

Señor Ferrer, tiene la palabra.

El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, tal como ha explicado en consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Aragón, hoy se tramita aquí un proyecto de ley de una importancia que yo creo que es fundamental para el urbanismo de Aragón, pero, además, que tiene ya unos antecedentes claros.

En lo que se ha hablado por los grupos de la oposición, yo creo que subyace el hecho -como se ha dicho por el portavoz de Chunta Aragonesista- de que habido cinco regímenes especiales, cinco regímenes de urbanismo de Aragón en un año. Pero, claro, habría que explicar por qué. Nosotros, en Aragón, teníamos la LUA y, naturalmente, un decreto de desarrollo de esta LUA del año 2002.

Todo ello viene, digamos, a interferir por el decreto que el Gobierno, el decreto que el Estado aprueba en mayo del 2007. Y quiero que se fijen en las fechas: mayo del 2007. Este decreto..., perdón, esta ley que aprueba el Gobierno, naturalmente, viene a interferir en todo el procedimiento y en todas las normas aragonesas que teníamos. Y ya, el propio consejero, en su discurso de septiembre sobre el desarrollo que iba hacerse en la legislatura por parte de esa consejería, ya anunció la tramitación de un decreto que viniera a poner orden en dos leyes contradictorias. Porque en algunos ayuntamientos -y luego me voy a referir a esto- ya habíamos hecho alguna consulta en el sentido de qué mandaban la ley estatal y la ley aragonesa, porque había claras contradicciones en algunos aspectos yo creo que fundamentales.

Por ejemplo, y por citar solo uno, con el patrimonio del suelo municipal. La antigua ley aragonesa (la LUA) establecía que los recursos que los ayuntamientos obtuvieran por venta de suelo municipal únicamente podían destinarse a compra de suelo municipal. Esto ya lo hablamos cuando se hablo del decreto que se presentó. Esto hacía que los ayuntamientos pudieran comprar suelo, pero no pudieran generar suelo con esos ingresos, de forma que había ayuntamientos que tenían dinero paralizado que podría haber generado suelo y, sin embargo, no podía destinarse a ese suelo, porque si no había nadie que lo generara, no se podían dedicar estos recursos, digamos, a generar suelo. Esta es una pregunta que se hizo a la consejería y que, naturalmente, viene a clarificar el decreto. ¿Por qué? Porque este dinero de patrimonio del suelo no únicamente se va a poder destinar a compra de patrimonio, sino que se va a dedicar también o puede dedicarse a sistemas generales, a planes, etcétera, es decir, a generar el propio suelo, que es lo lógico. Si no hay suelo para poder comprar, para hacer vivienda protegida, lo lógico es generar ese suelo. ¿Con qué recursos? Con los que tenga el ayuntamiento, y uno de ellos es, precisamente, el que ha generado por venta de suelos.

Aparte de estas consideraciones, de este ejemplo que pongo claro de contradicciones entre lo que había y lo que hay, hay que tener en cuenta que, naturalmente, había que clarificar y decir cuál era la primacía, si la ley estatal o la ley autonómica, luego no son tantos.

¿Por qué se hace -que ya lo anunció el consejero- por decreto ley? Pues, porque el decreto ley, tal como establece nuestro Estatuto de Autonomía, tiene vigencia del mismo día que se publica. Por lo tanto, desde el mismo día que se publica, que es el 4 de diciembre, desde de ese día, Aragón tiene una única ley, no otras, que clarifica las otras dos anteriores.

Pero, naturalmente, por parte de la propia consejería, por parte de los grupos que apoyan al Gobierno y por parte de la oposición también, es cierto que se vio la oportunidad de tramitarlo como proyecto de ley, por poder introducir, pues, alguna cuestión y, sobre todo, por el hecho de poder consensuar con los grupos, pues, cuáles son, o qué artículos variar. Y eso es lo que se ha hecho. Ahora bien, eso es lo que se está echando en cara ahora, por qué se dice, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, pues, estamos haciendo aquí la modificación y la tramitación de un proyecto de ley para que pueda incorporar todas aquellas enmiendas que se quiera por parte de los grupos de la oposición, que puedan presentarlas, e incluso por parte del equipo de Gobierno, también. Esta tramitación es lo que ha hecho que, en estos momentos, estemos aquí, pero no olvidemos que se aprobara o no se aprobara hoy este proyecto de ley, el decreto ley tiene vigencia y, por lo tanto, hay una ordenación en Aragón y sabemos a qué atenernos los ayuntamientos.

Aparte de eso, el proyecto de ley que se presenta para su aprobación, de acuerdo con la ley estatal, habla del suelo como recurso natural que merece una especial protección, por lo que hay que congeniar y conectar ese derecho a acceder a una vivienda digna por parte de los ciudadanos, con ese derecho.

También habla del suelo urbanizable. No puede ser el residual, como era en esos momentos, y los criterios de clasificación del suelo urbano y no urbanizable, que pueden ser reglados. Pero habla de facilidades de acceso a la vivienda, y ahí amplia cuantitativamente, naturalmente, la reservas de vivienda protegida, particularmente en aquellos ayuntamientos que pueden hacer uso de esta reserva. Pero es que se crea la figura de los sectores de suelo urbanizable delimitado concertado, con mayores reservas de vivienda protegida, que se incluirán en los planes generales de ordenación urbana y se gestionaran conjuntamente, no únicamente, sino conjuntamente por la comunidad y los ayuntamientos interesados en impulsarlos. Solo habrá sectores de suelo urbanizable concertado -y digo «solo»- en aquellos municipios que los aprueben y que estén de acuerdo y que los quieran incorporar a su planeamiento.

Pero también habla de otras figuras, que también se han comentado en esta tribuna, como son la práctica urbanística, que ha llevado a una insostenibilidad territorial y ambiental de un planteamiento urbanístico que se ha urbanizado de forma un tanto irresponsable. Frente a ello, la nueva ley impone la necesaria incorporación de un modelo de evolución urbana y de ocupación del territorio a corto plazo, y previsiones adicionales a largo plazo que deberán de ser objeto por las pertinentes evaluaciones ambientales.

Pero a la nueva ley, también afectan aspectos como el régimen de clasificación de suelo, reservas de vivienda protegida -ya lo he dicho-, los límites de repercusión -y esto es importante- de precios de la vivienda protegida, el control de riesgos, la sostenibilidad económica y ambiental del planeamiento territorial urbanístico, los límites en lo que es modificación y lo que es revisión del planeamiento, los convenidos urbanísticos, la conversión a metálico de aprovechamientos y el régimen de las actuaciones de dotación, cesiones de aprovechamiento y patrimonios de suelo público.

Aquí, desde esta tribuna, me ido apuntando, pues, los adjetivos que se iban utilizando, y uniendo los adjetivos de todos los grupos anteriores, hemos hablado de decretazo, de imposición, de nocturnidad, de irresponsabilidad, de ligereza y de paralización de actividades urbanísticas. Cuando yo creo que lo único que se está haciendo es clarificar una legislación, ya de por sí complicada y difícil de entender, pero, además, una legislación que, en algunos aspectos, se contradecía y lo que viene es, precisamente, a poner coto y a clarificar cuáles son esas contraindicaciones.

Con respecto a las enmiendas que se han presentado, son ciertas las cifras que se han dado aquí de las enmiendas presentadas; entonces, lo han sido por el equipo del Gobierno, cinco enmiendas han sido aceptadas del Partido Popular, tres de Izquierda Unida y dos de CHA, lo que hacen un total de diez, más las doce, más las seis retiradas -algunas de la oposición coincidían con algunas que había preparado el equipo de Gobierno- y las dos transaccionadas, estamos hablando de un porcentaje cercano al 30%, que se incorpora de todas las enmiendas presentadas.

Pero aquí podemos hablar de otra cosa muy curiosa, señorías, porque de aquellas que no han sido aceptadas, hay que explicar también algunos detalles que yo creo que son muy gráficos y de fundamental importancia, como son: de aquellas enmiendas no aceptadas, veintidós han sido únicamente con el voto del Partido Popular, es decir, únicamente han contado estas veintidós enmiendas con su voto particular; una de CHA, únicamente con su voto; siete, con el voto de Izquierda Unida, únicamente con el voto de Izquierda Unida, y únicamente -hay que tomar nota- han sito cuatro las enmiendas presentadas por el equipo de Gobierno, que solo han contado con el voto del equipo de Gobierno, cuatro. Yo creo que esto clarifica lo que se está diciendo de «decretazo», de todas esas palabras que se han dicho.

Si sumamos unas enmiendas con otras -las treinta y tres que he comentado- con las aprobadas, estamos hablando de que más de un 60% de las enmiendas se han tenido en cuenta, y se han incorporado naturalmente a este texto, unas adaptadas por la ponencia y otras en forma de transacciones o de cualquier forma, pero se han aceptado prácticamente y se han incorporado al texto un 60%, o sea, que no estamos hablando de un 10%, ni mucho menos, estamos hablando de un 60%, y esto son cifras claras. Pero fíjense en el hecho de que únicamente cuatro propuestas en el equipo de Gobierno han salido solamente con los votos del equipo de Gobierno; si ha esto se le puede llamar «decretazo», «nocturnidad», «alevosía» y todos los adjetivos que han querido aplicar, pues, fíjense si de noventa y siete enmiendas, únicamente cuatro cuentan con los votos del equipo de Gobierno. Yo creo que esto hace decaer totalmente sus adjetivos y lo que han estado utilizando ustedes en la sesión de hoy.

El nuevo proyecto de ley que hoy sometemos a aprobación y que, naturalmente, el Partido Aragonés va a votar a favor, cuenta también con algunas cuestiones que se han puesto aquí en la cámara y no se han explicado bien. Por ejemplo, cuando se habla de las zonas periféricas, se han suprimido -es cierto-, pero se clarifican, porque el suelo en los núcleos rurales -y hablamos de rurales que no tengan figuras de planeamiento- son urbano y no urbano, punto. Pero en el suelo, incluso, que se pueda delimitar urbano, aunque no tenga los servicios correspondientes para serlo y se pueda hacer, se puede contar además con que hagan las obras de reposición naturalmente, las infraestructuras necesarias, con lo cual, automáticamente, se pueden conceder licencias sin ningún riesgo, y será capacidad del ayuntamiento de exigir o no exigir naturalmente las condiciones, calles, servicios, ectcétera.

Pero, luego, hay otras cosas muy curiosas también, y se han dicho aquí en la cámara. Resulta que por parte del Partido Popular, algunas enmiendas iban destinadas a bajar los costes de urbanizaciones, pero luego hemos oído decir al representante de Izquierda Unida que el Gobierno no ha aceptado aumentarlas. Fíjense, fíjense cuáles son las enmiendas que estabamos rechazando, unas y otras. Es decir, las dos de los extremos. ¿Por qué? Pues porque si en este momento se está diciendo que no se pueden, -digamos-, asumir los costes de urbanización, cómo vamos a aumentar los de los demás.

Pero, claro, ¿por qué se rechazan las del Partido Popular? Pues porque los ayuntamientos tenemos claro que cuando hay un planeamiento de desarrollo, si no se realizan las infraestructuras necesarias y no se tienen en cuenta todos estos servicios que han de tener esos terrenos, naturalmente convertidos en urbanos, alguien los ha de poner después. ¿Que ha de ser el ayuntamiento a su costa? Nosotros creemos que lo lógico y lo legítimo es clarificar cuáles son esos costes, decir cuáles son las imposiciones que se tienen que poner en esos suelos, no aumentarlos de forma que se pueda hacer insostenible y aumentamos y hagamos más difícil la edificación, pero sin mantenerlo en un sitio lógico, que es lo que hace la ley: soporta los costes de urbanización, pone los servicios, incluso infraestructuras de transporte, pero no grava en exceso estos costes para que, naturalmente, sea asumible.

El señor PRESIDENTE: Señor Ferrer, por favor, le ruego que concluya.

El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Sí, gracias, señor presidente.

En suma, yo creo que es una buena ley para Aragón, una ley que viene a clarificar todo un proceso que es cierto que estaba enrevesado. Es una ley que va a suponer, además, una clarificación de actuaciones.

Y para hablar de otro extremo también que se ha comentado en esta sala, quiero referirme a otra cuestión: yo no sé si de los alcaldes que estamos aquí, y somos bastantes en estas Cortes -yo, en este caso, no estoy aquí como alcalde de Teruel, sino que estoy como diputado y, naturalmente, representante del Partido Aragonés en la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo, por lo que no puedo hablar como si fuera alcalde-, ¿alguno hace una figura de planeamiento y se puede saltar la Comisión de Ordenación del Territorio?, ¿alguien puede hacer eso ahora? No. Se tiene que tener la aprobación de la Comisión de Ordenación del Territorio, y allí, en esas figuras, no se están exigiendo sin clarificar, porque ahora están más clarificados en la ley todos aquellos requisitos que tienen que tener. Pues, naturalmente que sí. Aquellos ayuntamientos, además, que estén en proceso de renovación del plan general de ordenación urbana van a poder incorporar, desde la fecha de aprobación... Perdón, ¿se ha cortado?

El señor PRESIDENTE: Puede continuar, pero le ruego que concluya inmediatamente, por favor.

El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Sí, sí, voy terminando.

Gracias, señor presidente.

... podrán incorporar naturalmente a su planeamiento general todas estas disposiciones, que en este decreto quedan claras y que, desde luego, los ayuntamientos no vemos ninguna carga en que se puedan establecer así y que se puedan llevar, en efecto, a la práctica.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Finalmente, turno en contra del Grupo Parlamentario Socialista.

Señor Berdié, tiene usted la palabra.

El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señoras y señores diputados.

En primer lugar, y valga como muestra un botón, quiero hacer un previo: yo sé que desde esta tribuna se puede decir todo, ¡faltaría más!, para eso está esta cámara; sin embargo, creo que hay cosas que no se deben decir, aquellas que no son ciertas.

Se ha dicho, por ejemplo, por el representante de Chunta Aragonesista: «Gobierno y promotores, excluyendo a los ayuntamientos afectados, pueden delimitar suelos». Eso no es cierto, y no se debe decir, mas cuando estamos discutiendo sobre esta ley, que dice exactamente: «son sectores de suelo urbanizable delimitado concertado los promovidos, previa declaración de interés general por la actuación del Gobierno, los promovidos conjuntamente por la Administración de la Comunidad Autónoma y el municipio en que se ubiquen», los promovidos «conjuntamente». Además, añade «a través de un consorcio o sociedad de capital mayoritariamente público». Por eso digo que hay cosas que, aunque se puedan decir, no se deben decir, para no confundir a la ciudadanía.

Esta ley va a estar en vigor menos de un año después de la nueva ley del suelo, de la Ley del suelo estatal del año 2008. Esto no es mucho tiempo. Es que estamos hablando de una ley del suelo, en este caso de una adaptación, pero de una adaptación de preceptos muy importantes.

¡Claro!, se ha dicho textualmente: «ha habido cuatro normativas». Bueno, una fue la del noventa y ocho, no para Aragón, sino para toda España estuvo la normativa del noventa y ocho. Pero, ¡qué argumento! Y desde el 2008, a no ser que lo hubiera hecho el Gobierno en funciones, que la que habría caído, pues, en un mes, no se podía presentar el decreto ley, porque, si no recuerdo mal, hubo elecciones, autonómicas y municipales.

Desde el punto de vista de los plazos, el Gobierno ha estado trabajando, y en un tiempo prudencial, hubo un decreto, que suerte que lo hubo, y suerte que lo hubo para que desde esa fecha de diciembre, no hubiese ningún tipo de operación urbanística no querida en ningún sitio de Aragón. ¿Les parece mal? Al Grupo Socialista y al Gobierno del Partido Socialista y del Partido Aragonés era algo que les preocupaba y que querían evitar, puesto que ya había una ley nueve aprobada, la Ley del suelo del 2008.

Por lo tanto, desde ese punto de vista, me parecen exagerados los calificativos que se han vertido por todos los grupos acerca del procedimiento.

Hemos hecho una adaptación que, sintetizando, facilita la posibilidad de construcción de vivienda de protección oficial, con lo que se facilitará la accesibilidad a la vivienda. Creemos que esto es positivo para los ciudadanos. Se aumentan las medidas de protección ambiental en los desarrollos urbanísticos, y también creemos que esto es positivo para los ciudadanos y para los desarrollos urbanísticos en la Comunidad Autónoma de Aragón. Todo esto está en artículos, muchos de los cuales no han enmendado los grupos de la oposición; otros sí que los han enmendado -hablaré después de ellos-. Se aumenta la transparencia en la gestión pública del urbanismo -también está en la nueva ley-.

Por otro lado, se facilitan las actuaciones conjuntas entre Gobierno autónomo, ayuntamientos y particulares. Esta, al parecer, ha sido la bomba del decreto, porque todo el mundo se ha opuesto. Y no nos cabe en la cabeza al Grupo Socialista que cuando se plantea una política de concertación, esto es, de llegar acuerdos entre el Gobierno de la comunidad, los municipios y los particulares, cuando los particulares desean, pueda producir esto tal, en fin, tal enfado en quienes deberían de alegrarse de esta voluntad política de llegar a acuerdos a través también de la legislación, de esa posibilidad.

Hemos aprobado algunas enmiendas que nos parecía que tenían un carácter positivo, porque hablando de las enmiendas, del conjunto de las enmiendas, ¡hombre!, eran bastantes en número, pero muchas de ellas eran variación sobre el mismo tema. Por lo tanto, muchas en numero, pero el mismo fondo en ocasiones, y hemos aprobado algunas.

¿A cuáles nos hemos opuesto? Primero, a las que desde el Grupo Popular iban en la dirección de intentar recuperar mediante enmiendas el «todo vale» de la antigua ley del noventa y ocho que hizo el Gobierno del Partido Popular, aquella de: «como en todos los suelos se puede edificar, habrá competencia y bajará el precio de la vivienda», sin caer en la cuenta de que como el suelo no se compra igual que se compran las chufas, tiene un cierto carácter monopolista, que es lo que sucedió en los años del gobierno del PP, que contribuyó a subir el precio del suelo y, por lo tanto, el precio de la vivienda. Y así estamos, unos años después, pagando las consecuencias de aquella ley. Este tipo de enmiendas las hemos rechazado.

Hemos rechazado aquellas otras que iban contra el suelo urbanizable concertado, por lo que he explicado hace un momento, porque ese es uno de los ejes centrales que quiere acometer el Gobierno: las políticas de concertación con ayuntamientos y con particulares en los suelos urbanizables.

Y hemos rechazado aquellas otras que querían dejar sin efecto el decreto ley. ¿Con qué intención? ¿Con la intención también de «el todo vale» durante cinco meses? Pues, no. Desde diciembre, el decreto ley entró en vigor y se mantienen los efectos de la ley desde aquella fecha.

En concreto, qué decían algunas de las enmiendas que hemos rechazado y, fundamentalmente, las del Grupo Popular, porque, en fin, voy a intentar traducirlas, esto es, la interpretación de lo que dicen.

Primero, están contra la reserva de suelo. Claro, en una confusión sobre la obligación de cesión que en cada plan, en cada ámbito es obligatoria para todo los promotores, los planes generales, además de la obligación de la cesión del aprovechamiento, como ustedes saben, existe otra idea, que es la idea de la reservas, que no son para pasado mañana; las reservas, en los planes generales, son a medio y largo plazo, y además afectan al conjunto del territorio. Y el Gobierno, con buen criterio, y además con mucho mejor criterio ahora que vemos pueden llegar momentos en la historia de cierta época de recesión urbanística, si no hay reservas de suelo para vivienda de protección oficial, no hay posibilidad de construir viviendas de protección oficial, y, por lo tanto, el Gobierno, que no mira solamente ni para hoy ni para pasado mañana, ha establecido unos cupos de reserva de suelo que van del 40% en las tres capitales, del 30% en las de más de tres mil habitantes y con la posibilidad de exenciones en conjunto con todos los ayuntamientos de Aragón de que, en momentos determinados, el máximo de reserva de suelo sea del 10%. ¿Dónde está el problema? Claro, si el problema está en que algún grupo no quiere que haya dirección pública, dirección política pública de los desarrollos urbanísticos, ¿cómo no vamos a estar en contra?

Otro tipo de enmiendas que hemos rechazado, ¡hombre!, tienen que ver con que el Grupo Popular proponía eliminar las densidades. Claro, yo tengo que traducir qué significa eso para que el ciudadano se entere. Al Grupo Popular le da igual el número de viviendas por hectárea, y estoy hablando de densidades, no de edificabilidad. La propuesta de eliminación de densidades es: en una hectárea nos da igual que haya cuarenta, cincuenta, doscientas, que trescientas viviendas. Bueno, si hay trescientas, tendrán menos superficie. Pero, claro, el número de viviendas, aunque sean más pequeñas, implica mayor número de habitantes, mayor numero de infraestructuras, mayores problemas de movilidad..., por lo tanto, al Gobierno es lógico que le importe el que no desaparezca el concepto de densidad. Otra cuestión es qué densidad se pone por hectárea. Ese tipo de enmiendas del Grupo Popular en la línea del «todo vale», y, por lo tanto, doscientas viviendas por hectárea o siete mil viviendas por hectárea, como en algún caso de la política concreta de sus épocas de Gobierno, algunos ayuntamientos llevaron a cabo.

Claro, enmiendas al régimen transitorio en el sentido también de demorar en el tiempo la aplicación de la ley. Pues, claro que tenemos que estar en contra. Si tenemos voluntad, si el Gobierno tiene voluntad de sacar una ley adelante, ¿cómo vamos admitir enmiendas que quieran demorar la aplicación de la ley, para mantener esa línea del «todo vale»? Bueno, incluso se quería derogar algún tipo de artículos que, precisamente, como no era tan exigible el desarrollo sostenible, medioambiental, por la vieja ley del noventa y ocho, pues, el Gobierno, con buen criterio, los deroga para que no tengan contradicción con la nueva ley.

Y hemos rechazado también algunas enmiendas de otros grupos, bueno, pues por las mismas razones de fondo, ¿no?, por la coincidencia que en estos temas, en algunos de estos temas, tenían con el Grupo Popular y con esa filosofía que, bueno, no es la nuestra, no es la del Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Berdié, concluya, se lo ruego.

El señor diputado BERDIÉ PABA: Sí, sí señor, voy a concluir de inmediato.

Y, en fin, hemos rechazado enmiendas que iban en esa dirección. Por poner el último ejemplo, cuando un suelo urbano no se desarrolla, el decreto ley dice que si el particular incumple los tiempos, ¡hombre!, que pueda desarrollarlo otro particular que quiera hacerlo. Aquí, por ejemplo, Izquierda Unida se oponía a esta enmienda, que lo único que pretende es que no haya solares sin edificar durante doscientos años.

Nada más. Desde ese punto de vista, tengo que terminar agradeciendo no obstante a todos los grupos las enmiendas que presentaron, agradeciendo también el tono del debate..., bueno, el tono del debate es un poquito discutible en algunos calificativos.

En todo caso, creemos que esta es una buena ley, que es una ley en defensa de los ayuntamientos de Aragón, en defensa de los ciudadanos y en favor de la vivienda de protección oficial.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado. Vamos a proceder a la votación. [Pausa.]

Votación conjunta de los artículos y disposiciones a los que no se han mantenido enmiendas.

Votamos el artículo 1. Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda aprobado por unanimidad.

Apartados 1 bis, 4, 6, 13, 14, 16, 17 bis, 20, 22 y 24 del artículo 2 . Comienza la votación. Finaliza la votación. Quedan aprobados por unanimidad.

Apartado 3 del artículo 3, disposiciones transitorias segunda, sexta y octava, y disposiciones finales primera y segunda. Comienza la votación. Finaliza la votación. Quedan aprobados, asimismo, por unanimidad.

Comenzamos ahora la votación de los votos particulares formulados y de las enmiendas mantenidas, así como de los correspondientes apartados de los diferentes artículos.

Al apartado 1 del artículo 2, referido al artículo 14.2 de la Ley 5/ 99, votamos la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Popular. Comienza la votación. Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor, cuarenta y tres en contra. Queda rechazado.

Votamos el apartado 1 del artículo 2. Finaliza la votación. Cuarenta y tres votos a favor, veintitrés abstenciones. Queda aprobado.

En el apartado 2, referido al articulo 18.b de la Ley 5/99, debemos votar lo siguiente: la enmienda número 3, del Grupo Popular. Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor, treinta y nueve en contra y cuatro abstenciones. Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 4, de Izquierda Unida. Finaliza la votación. Un voto a favor, sesenta y uno en contra, cuatro abstenciones. Queda rechazada.

Votación del apartado 2 del artículo 2. Finaliza la votación. Cuarenta y un votos a favor, veinticuatro en contra. Queda rechazada..., perdón, queda aprobada.

Al apartado 3, referido al artículo 19 de la Ley 5/99, procedemos a la votación en primer lugar de la enmienda 5, de Chunta Aragonesista. Finaliza la votación. Veintiocho votos a favor, treinta y ocho en contra. Queda rechazada la enmienda número 5.

Votación de la enmienda número 6, de Izquierda Unida. Comienza la votación. Finaliza la votación. Veintiocho votos a favor, treinta y ocho en contra. Queda rechazada.

Votamos el apartado 3 del articulo 2. Finaliza la votación. Treinta y siete votos a favor, seis en contra, veintitrés abstenciones. Queda aprobado.

Apartado 5, referido al articulo 24.a de la Ley 5/99. Vamos a proceder a la votación de la enmienda número 7, de Izquierda Unida. Finaliza la votación. Un voto a favor, sesenta y uno en contra, cuatro abstenciones. Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 8, de Chunta Aragonesista. Finaliza la votación. Cinco votos a favor, sesenta en contra. Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 9, de Izquierda Unida. Finaliza la votación. Cinco votos a favor, cincuenta y nueve en contra. Queda rechazada.

Votamos a continuación el apartado 5 del artículo 2. Finaliza la votación. Sesenta y un votos a favor, uno en contra, cuatro abstenciones. Queda aprobado.

En el apartado 7, refundición de los anteriores apartados 7 y 8, referido al articulo 30 de la Ley 5/99, procede votar lo siguiente: en primer lugar, votación conjunta de las enmiendas números 10, de Chunta Aragonesista; 11, de Izquierda Unida, y 12, del Grupo Parlamentario Popular. Las votamos. Finaliza la votación. Veintiocho votos a favor, treinta y ocho en contra. Quedan rechazadas.

Votación conjunto de las enmiendas número 13, de Chunta Aragonesista, y 14, de Izquierda Unida. Las votamos. Finaliza la votación. Veintiocho votos a favor, treinta y ocho en contra. Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 15, del Grupo Parlamentario Popular. Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor, cuarenta y tres en contra. Queda rechazada.

Votamos la enmienda 16, de Izquierda Unida. Finaliza la votación. Cinco votos a favor, treinta y ocho en contra, veintitrés abstenciones. Queda rechazada.

Votación de la enmienda 17, del Grupo Parlamentario Popular. Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor, treinta y ocho en contra, cinco abstenciones. Queda rechazada.

Votamos el apartado 7 del artículo 2. Finaliza la votación. Treinta y siete votos a favor, veintiocho en contra. Queda aprobado.

Al apartado 9, referido al artículo 32 de la Ley 5/99, procede votar lo siguiente: en primer lugar, las enmiendas 18 y 19, del Grupo Popular. Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor, treinta y nueve en contra, cuatro abstenciones. Quedan rechazadas.

Votación conjunta de las enmiendas 20 y 21, de Chunta Aragonesista. Finaliza la votación. Veintisiete votos a favor, treinta y nueve en contra. Quedan rechazadas.

Y, finalmente, votamos el apartado 9 del artículo 2. Finaliza la votación. Treinta y nueve votos a favor, veintisiete en contra. Queda aprobado.

Apartados 10, 10 bis y 10 ter, procedentes del apartado 10 del artículo 2 del proyecto de ley, referidos a los artículos 34, 35 y 37 de la Ley 5/99. Votamos, en primer lugar, el voto particular del Grupo Popular frente a la enmienda 23, de los Grupos Socialista y del Partido Aragonés. Votamos el voto particular. Finaliza la votación. Veintidós votos a favor, cuarenta y tres en contra. Queda rechazado.

Votación de la enmienda número 22, del Grupo Popular. Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor, cuarenta y tres en contra. Queda rechazada.

Y, finalmente, votación conjunta de los apartados 10, 10 bis y 10 ter del artículo 2. Comienza la votación. Finaliza la votación. Cuarenta y un votos a favor, dos en contra, veintitrés abstenciones. Queda aprobado.

Señorías, estamos votando. Si sus señorías piensan que alguna anomalía debe ser corregida, pidan la palabra, a ser posible los portavoces, y trataremos de enmendar el asunto.

Continuamos.

Apartado 11, referido al artículo 38 de la Ley 5/99. Votación conjunta de las enmiendas números 24, 25 y 26, del Grupo Popular. Las votamos. Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor, cuarenta y tres en contra. Quedan rechazadas.

Votación del articulo... Perdón. Votación del apartado 11 del artículo 2. Finaliza la votación. Cuarenta y tres votos a favor, veintitrés en contra. Queda aprobado.

Al apartado 12, referido al artículo 40 de la Ley 5/99, procede votar, en primer lugar, la enmienda 28, del Grupo Popular. Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor, cuarenta y tres en contra. Queda rechazada.

Y votamos el apartado 12 del artículo 2. Finaliza la votación.

Apartado 15, referido al artículo 72 de la Ley 5/99, procede votar conjuntamente... Perdón, corrijo un error, al haber omitido el resultado de la votación del apartado 12 del artículo 2: cuarenta y tres votos a favor, veintitrés en contra. Queda aprobado.

Apartado 15 -ahora sí-, referido al artículo 72 de la Ley 5/99. Votación conjunta de las enmiendas 32, de Chunta Aragonesista; 33, del Grupo Popular, y 34, de Izquierda Unida. Las votamos. Finaliza la votación. Veintiocho votos a favor, treinta y ocho en contra. Quedan rechazadas.

Y votamos el apartado 15 del artículo 2. Finaliza la votación. Treinta y siete votos a favor, veintinueve en contra. Queda aprobado.

Al apartado 17, referido al artículo 77 de la Ley 5/99, se ha mantenido la enmienda 36, del Grupo Popular, que la votamos. Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor, cuarenta y tres en contra. Queda rechazada.

Votamos el apartado 17 del artículo 2. Finaliza la votación. Cuarenta y tres votos a favor, veintitrés en contra. Queda aprobado.

El apartado 18, referido al artículo 83 de la Ley 5/99, se ha mantenido la enmienda 38, del Grupo Popular, que la votamos. Finaliza la votación. Veintisiete votos a favor, treinta y nueve en contra. Queda rechazada.

Asimismo, votamos a continuación la enmienda 39, de Izquierda Unida. Finaliza la votación. Veinticuatro votos a favor, treinta y ocho en contra, cuatro abstenciones. Queda rechazada.

También, procede votar la enmienda 40, de Chunta Aragonesista. Finaliza la votación. Veintisiete votos a favor, treinta y nueve en contra. Queda rechazada.

Finalmente, votamos el apartado 18 del artículo 2. Finaliza la votación. Treinta y siete votos a favor, veintiocho en contra. Queda aprobado.

Al apartado 19, referido al artículo 84.2 de la 5/99, se ha mantenido un voto particular de Izquierda Unida frente a la enmienda 41, de Chunta Aragonesista. Votamos el voto particular. Finaliza la votación. Un voto a favor, sesenta y cinco en contra. Queda rechazado.

Asimismo, se han mantenido las enmiendas 42, del Grupo Popular, y 43, de Izquierda Unida, que votamos conjuntamente. Finaliza la votación. Veintiocho votos a favor, treinta y ocho en contra. Quedan rechazadas.

Procede votar el apartado 19 del artículo 2. Finaliza la votación. Cuarenta y un votos a favor y veinticuatro en contra. Queda aprobado.

Al apartado 21, referido al artículo 86, apartado 1.º de la Ley 5/99, se ha mantenido la enmienda 45, de Chunta Aragonesista. La votamos. Finaliza la votación. Veintiocho votos a favor, treinta y ocho en contra. Queda rechazada.

Votamos el apartado 21 del artículo 2. Finaliza la votación. Sesenta y un votos a favor y cinco abstenciones. Queda aprobado.

Al apartado 23, referido al artículo 89 de la Ley 5/99, se ha mantenido la enmienda 46, del Grupo Popular, que votamos. Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor, cuarenta y tres en contra. Queda rechaza.

Procede votar el apartado 23 del artículo 2. Finaliza la votación. Cuarenta y tres votos a favor, veintidós en contra. Queda aprobado el apartado 23 del artículo 2.

Votamos la enmienda 47, de Izquierda Unida. Finaliza la votación. Un voto a favor, sesenta y uno en contra, cuatro abstenciones. Queda rechazada.

Al apartado 25, referido al artículo 102 de la Ley 5/99, se ha mantenido la enmienda 48, del Grupo Popular. La votamos. Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor, cuarenta y tres en contra. Queda rechazada.

Votación del apartado 25 del artículo 2. Finaliza la votación. Cuarenta y tres votos a favor, veintitrés en contra. Queda aprobado.

Apartado 26, referido al artículo 103 de la Ley 5/99, se ha mantenido la enmienda 49, del Grupo Popular. La votamos. Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor, cuarenta y tres en contra. Queda rechazada.

Votación del apartado 26 del artículo 2. Finaliza la votación. Cuarenta y tres votos a favor, veintitrés en contra. Queda aprobado.

Al apartado 27, referido al artículo 121 de la Ley 5/99, al haberse mantenido para la sesión plenaria la votación conjunta de las enmiendas 50 y 51, de Izquierda Unida, procedemos a su votación. Finaliza la votación. Un voto a favor, treinta y siete en contra, veintisiete abstenciones. Quedan rechazadas.

Votamos el apartado 27 del artículo 2. Finaliza la votación. Cincuenta y nueve votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones. Queda aprobado.

Votación de la enmienda 52, del Grupo Popular. Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor, treinta y nueve en contra y cuatro abstenciones. Queda rechazada.

Al apartado 27 bis del artículo 2, referido al artículo 212 de la Ley 5/99, se ha mantenido el voto particular de los Grupos Popular y Chunta Aragonesista, así como de Izquierda Unida, frente a la enmienda 53, de los Grupos Socialista y del Partido Aragonés. Votamos los votos particulares. Finaliza la votación. Veintiocho votos a favor, treinta y ocho en contra. Quedan rechazados.

Votación del apartado 27 del artículo 2. Finaliza la votación. Treinta y ocho votos a favor, veintiocho en contra. Queda aprobado el apartado 27 bis del artículo 2.

Votamos a continuación la rúbrica del artículo 2. Finaliza la votación. Queda aprobada por unanimidad.

Artículo 3. Apartado 1, referido al artículo 5 de la Ley 24/2003. Votación del voto particular de Izquierda Unida frente a la enmienda 56, de los Grupos Socialista y del Partido Aragonés. Finaliza la votación. Un voto a favor y sesenta y cinco en contra. Queda rechazado.

Votación conjunta de las enmiendas 55, 57, 58, 60, 61 y 62, del Grupo Parlamentario Popular. Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor, cuarenta y uno en contra. Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 59, de Chunta Aragonesista. Finaliza la votación. Cuatro votos a favor, cincuenta y cinco en contra y una abstención. Queda rechazada.

Si alguien tiene interés en corregir una votación, ruego que sea el interesado o el portavoz de su grupo parlamentario. Y el resto, por favor, absténganse de hacer comentarios, porque les aseguro que es fácil perder la atención en la dirección de las votaciones.

Votación del apartado 1 del artículo 3. Finaliza la votación. Treinta y siete votos a favor, veinticinco en contra y cuatro abstenciones. Queda aprobado.

Apartado 2, referido al artículo 8 de la Ley 24/03. Votación de la enmienda 63, del Grupo Popular. Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor, cuarenta y tres en contra. Queda rechazada.

Y votamos el apartado 2 del artículo 3. Finaliza la votación. Cuarenta y tres votos a favor, veintitrés en contra. Queda aprobado.

El apartado 3 bis, referido a la letra i, artículo cuarenta y cuatro de la Ley 24/03, se ha mantenido un voto particular del Grupo Popular frente a la enmienda 65, de los Grupos Socialista y del Partido Aragonés. Votamos el voto particular. Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor, cuarenta y tres en contra. Queda rechazado.

Votamos el apartado 3 bis. Finaliza la votación. Cuarenta y tres votos a favor, veintitrés abstenciones. Queda aprobado.

Votamos la rúbrica del artículo tres. Finaliza la votación. [Es aprobada por unanimidad.]

A la disposición adicional única, se ha mantenido el voto particular de Izquierda Unida frente a la enmienda 67, de los Grupos Socialista y del Partido Aragonés. Votamos el voto particular. Finaliza la votación. Un voto a favor, treinta y ocho en contra, veintisiete abstenciones. Queda rechazado el voto particular.

Votamos la enmienda 66, del Grupo Popular. Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor y cuarenta y tres en contra. Queda, en consecuencia, rechazada.

Votamos la disposición adicional única. Finaliza la votación. Treinta y ocho votos a favor, veinticuatro en contra y cuatro abstenciones. Queda aprobada.

Votamos la enmienda 69, del Grupo Popular. Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor, cuarenta y tres en contra. Queda rechazada.

A la disposición transitoria primera, se ha mantenido la enmienda 71, del Grupo Parlamentario Popular, que votamos. Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor, cuarenta y dos en contra. Queda rechazada.

Y votamos la disposición transitoria primera. Finaliza la votación. Cuarenta y tres votos a favor y veintitrés abstenciones. Queda aprobada.

Votamos conjuntamente las enmiendas 73 y 74, del Grupo Popular, que se han mantenido a la disposición transitoria tercera. Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor, cuarenta y tres en contra. Quedan rechazadas.

Y votamos la disposición transitoria tercera. Finaliza la votación. Cuarenta y tres votos a favor, veintitrés en contra. Queda aprobada.

A la disposición transitoria cuarta, se ha mantenido el voto particular del Grupo Popular frente a la enmienda 76, de los Grupos Socialista y del Partido Aragonés. La votamos. Finaliza la votación. Veintiséis votos a favor, treinta y nueve en contra. Queda rechazado.

Votamos la enmienda 75... No ha lugar la votación de la enmienda 75, puesto que ha decaído el voto particular.

Votamos la disposición transitoria cuarta. Finaliza la votación. Treinta y nueve votos a favor. Cuatro en contra y veintitrés abstenciones. Queda aprobada.

A la disposición transitoria quinta se ha mantenido la enmienda 77, del Grupo Popular. La votamos. Finaliza la votación. Veintiséis votos a favor, treinta y nueve en contra y una abstención. Sí, señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el escaño]: Señor presidente, para hacer constar que hay un error: no es la enmienda número 77, del Grupo Parlamentario Popular, sino de Chunta Aragonesista. En consecuencia, solicito que se repita la votación, para que quede claro.

El señor PRESIDENTE: Gracias, por la observación.

Permítame que lo compruebe con los servicios jurídicos. [Pausa.]

Tampoco es el mejor momento para que entre el público, pero en fin.

Comprobada la observación del señor Fuster, votamos la enmienda 77, de Chunta Aragonesista. Comienza la votación. Finaliza la votación. Veintisiete votos a favor, treinta y ocho en contra y una abstención. Queda rechazada.

Votamos la disposición transitoria quinta. Comienza la votación. Finaliza la votación. Treinta y nueve votos a favor, cuatro en contra y veintitrés abstenciones. Queda aprobada la disposición transitoria quinta.

A la disposición transitoria séptima, se ha mantenido la enmienda 79, del Grupo Parlamentario Popular. La votamos. Finaliza la votación. Veintisiete votos a favor, treinta y nueve en contra. Queda rechazada.

Votamos la disposición transitoria séptima. Finaliza la votación. Cuarenta y dos votos a favor, veintitrés en contra y una abstención. Queda aprobada.

A la disposición transitoria novena, se ha mantenido el voto particular de Izquierda Unida frente al texto transaccional elaborado con las enmiendas 81, de los Grupos Socialista y del Partido Aragonés, y 83 y 84, del Grupo Popular. Votamos el voto particular. Finaliza la votación. Un voto a favor, sesenta y cinco en contra. Queda rechazado.

Votamos la enmienda 80, de Izquierda Unida. Finaliza la votación. Un voto a favor, sesenta y dos en contra. Queda rechazada.

Y votamos la disposición transitoria novena. Finaliza la votación. Sesenta y cuatro votos a favor y uno en contra. Queda aprobada.

Disposición transitoria novena bis. Votación de los votos particulares de los Grupos Popular, Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida frente a la enmienda 70, de los Grupos Socialista y del Partido Aragonés. Votamos los votos particulares. Finaliza la votación. Veintiocho votos a favor, treinta y ocho en contra. Quedan rechazados.

Y procede votar la disposición transitoria novena bis. Finaliza la votación. Treinta y ocho votos a favor, veintiocho en contra. Queda aprobada.

A la disposición transitoria novena ter, se ha mantenido el voto particular de Izquierda Unida frente a la enmienda 86, de los Grupos Socialista y del Partido Aragonés. Votamos el voto particular. Finaliza la votación. Un voto a favor, sesenta y cuatro en contra. Queda rechazado.

Y votamos la disposición transitoria novena ter. Finaliza la votación. Sesenta y cuatro votos a favor y dos en contra. Queda aprobada.

Disposición derogatoria única. Se ha mantenido un voto particular del Grupo Popular frente a la enmienda 89, de los Grupos Socialista y del Partido Aragonés. Votamos el voto particular. Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor, treinta y ocho en contra y cinco abstenciones. Queda aprobada..., perdón, me he confundido; estaba ya en la disposición derogatoria. Queda rechazado el voto particular.

Votación conjunta de las enmiendas 87, de Chunta Aragonesista, y 88... Votamos directamente la disposición derogatoria única. Comienza la votación. Finaliza la votación. Treinta y ocho votos a favor, veintitrés en contra y cinco abstenciones. Queda aprobada.

A la exposición de motivos, se han mantenido las enmiendas 90 y 91, del Grupo Popular. Las votamos. Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor, cuarenta y dos en contra y una abstención. Quedan rechazadas.

Votación de la enmienda 92, del Grupo Popular. Finaliza la votación. Veintiocho votos a favor, treinta y ocho en contra. Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda 93, de Izquierda Unida. Finaliza la votación. Un voto a favor, cuarenta y dos en contra y veintitrés abstenciones. Queda rechazada.

Procede votar la enmienda 94, del Grupo Popular. Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor, cuarenta y tres en contra. Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda 95, de Izquierda Unida. Finaliza la votación. Veinticuatro votos a favor, cuarenta en contra y una abstención. Queda también rechazada.

Votación de la exposición de motivos. Finaliza la votación. Treinta y ocho votos a favor, veinticuatro en contra y cuatro abstenciones. Queda aprobada.

Votación del título de la ley. Finaliza la votación. Treinta y siete votos a favor, uno en contra y veintisiete abstenciones. Queda aprobada.

Comienza el turno de explicación de voto.

Señor Barrena, en nombre de Izquierda Unida, tiene la palabra.

[Murmullos generales.]

Señorías, silencio, por favor.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor presidente.

Quiero empezar por agradecer el buen clima de trabajo que hemos tenido en la ponencia, así como el apoyo y buen trabajo que hemos tenido también de la letrada que ha estado asesorando.

Señorías, dije en mi primera intervención que haríamos la valoración de la ley en este turno de explicación de voto.

Tengo, primero, que hacer una matización a los grupos que apoyan al Gobierno: al Partido Aragonés tengo que decirle que cuando yo he hablado de «premeditación y alevosía» era cuando presentaron un decretazo en mitad de un puente; es verdad que ahora estamos hablando de un proyecto de ley, pero estamos hablando de un proyecto de ley porque les pillamos el día del decretazo, y, por lo tanto, entonces era decretazo y ahora es, desde este momento, una ley que se ha tramitado como corresponde, no por el empeño del Gobierno, sino por el empeño de la oposición.

Decía el señor Berdié que en esta tribuna no se pueden decir cosas que no sean ciertas. Yo le doy toda la razón, pero lo que hay que hacer es decir también las cosas como son. Y cuando hemos hablado desde mi grupo de que los suelos delimitados concertados son un cheque en blanco para la Administración autonómica, es decir para el Gobierno de Aragón, lo reitero. Porque, además de lo que usted ha leído, yo le leo lo que hay antes de lo que usted dice, que es verdad que «los suelos urbanizables delimitados concertados se promoverán conjuntamente por la Administración de la comunidad autónoma y el municipio». Pero hay un previo, hay un previo, y es «previa declaración de interés general de la actuación por el Gobierno de Aragón». Por lo tanto, si el Gobierno de Aragón no quiere y no lo declara de interés general, no habrá posibilidad de promover conjuntamente nada; luego quien tiene todos los ases en la manga es el Gobierno de Aragón.

Dicho esto, tengo que reconocerles que hemos votado a favor en bastantes de las disposiciones de este artículo. Hemos votado a favor de las cosas positivas que indudablemente tiene esta ley, y hemos votado en contra de las arbitrariedades.

Esta ley tiene tres artículos que se han mejorado gracias a las enmiendas aportadas por Izquierda Unida, y luego, hay otros que es verdad que limitan los crecimientos aislados, que favorecen el proceso de documentación en los planes generales, que se preocupan más de la sostenibilidad económica del urbanismo, de ahí aquello que decía el señor Ferrer: «los de Izquierda Unida quieren que paguen más los promotores». Sí, ya sé que ustedes quieren que paguen menos y el Partido Popular que paguen todavía mucho menos, por eso ustedes se quedan en el centro, Gobierno de centro, al fin y al cabo, que es lo que he venido diciendo en muchas ocasiones.

Es verdad que también favorece esta ley el control de los propietarios afectados por las recalificaciones, que era un lapsus que había, que incrementan las posibilidades de vivienda de protección oficial tanto para venta como para alquiler. Es verdad que también dificulta que se vendan los aprovechamientos municipales, con lo cual se introducen elementos de democracia. Es verdad que se amplia y regula mejor lo que es toda la cuestión referida al patrimonio municipal de suelo, y es verdad que fija condiciones de aprovechamiento. Todo eso es verdad.

Pero, claro, cuando de refilón cuelan ustedes el tema de los proyectos de interés supramunicipal y los de interés general para proyectos que solo el Gobierno decide y que nos lleva a situaciones que pueden ser consensuadas, como ha podido ser lo de Plaza, o impuestas, como puede ser lo de Gran Escala, no estamos de acuerdo con ello.

Y cuando todas estas medidas positivas que tiene esta ley excluyen a la ciudad de Zaragoza y, por lo tanto, al Ayuntamiento de Zaragoza, que nos parece una arbitrariedad, pues, no podemos apoyar globalmente le ley. De ahí que hayamos mantenido nuestras enmiendas, de ahí que hayamos mantenido nuestras discrepancias y de ahí que hayamos optado al final por apoyar simplemente las medidas que nos parecen de verdad que mejoran la situación.

Pero aprovecho para emplazarles a esa ley urbanística de Aragón, que tiene que venir a esta cámara, que recuperen el trabajo del consenso en el urbanismo, que hay que aplicarlo en todo el territorio de Aragón, en setecientos treinta y un municipios, en los que unas veces gobernarán ustedes, otras veces gobernarán otros y estoy seguro que otras veces gobernará Izquierda Unida también. Por lo tanto, el urbanismo debe ser de todos, no solo de una parte, y debe de plantearse desde el consenso, que es al que Izquierda Unida les hace el llamamiento, para que hagan, ya que en esta ocasión no han sabido hacerlo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Turno de explicación de voto para Chunta Aragonesista. El señor Fuster lo hará en su nombre.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, señor presidente.

Es difícil explicar el sentido del voto con un monosílabo, no lo hay, y hemos votado «sí», lógicamente, a aquello con lo que estábamos de acuerdo, hemos votado «no» a aquello con lo que discrepábamos y a lo que ya antes he hecho referencia, o nos hemos abstenido cuando las fórmulas que se planteaban no eran mejores o introducían confusión respecto al texto que tenemos.

He de decir -no lo he dicho antes- que han sido aceptadas dos enmiendas de Chunta Aragonesista, en concreto, la 41 y la 44, y como no quiero dejar de reconocer aquello que sí se ha hecho, quiero decir que la número 41 hace referencia a cuando el cumplimiento del deber legal de cesión del aprovechamiento urbanístico, que podrá tener lugar mediante el pago de cantidad sustitutiva en metálico, se añade que «quedará siempre afectada a la construcción de vivienda protegida o equipamientos públicos». Nos parecía un tema importante, y así se entendió y así fue incorporado al propio texto de la ley.

Y la número 44, que también fue aprobada, que hace referencia a los ingresos obtenidos mediante enajenación de terrenos y sustitución del aprovechamiento por su equivalente en metálico también, que se destinarán a varias cosas y, entre ellas, cuando se habla de las obras de urbanización, se hace referencia a que serán, en el apartado a, «obras de urbanización en suelo urbano».

Bien, pues dicho esto, he contradicho algunas de las afirmaciones. Señor Ferrer, acabar diciendo que el 60% fue tenido en cuenta, dando a entender que el 60% de las aportaciones fueron aprobadas, es una falacia, porque usted sabe perfectamente que no es así. Al final, noventa y siete enmiendas y de la oposición, porque que se cuente usted las suyas propias, a estos efectos no vale; cuente usted las de la oposición para ver si ha habido diálogo o no. Diez enmiendas de noventa y siete, de las cuales, seis o, siendo generosos, solo cinco, son formales. Por tanto, el nivel de acuerdo -ya sé que había otras muchas enmiendas formales- pero esa es una cifra en realidad.

Y dice: «al final, solo cuatro de los Grupo del Gobierno no han sido respaldadas por todos los grupos». Sí, sí, tiene usted razón, solo cuatro, pero qué cuatro, qué cuatro, señor Ferrer, precisamente, las que han tenido los votos particulares y que son las más graves, las que han suscitado más debate y más contradicción: las que hacen referencia a la supresión de las zonas periféricas, las que han hecho referencia a la excepcionalidad de Zaragoza, al caso de Zaragoza respecto al resto de Aragón, a esa salvación de Zaragoza y condena del resto del territorio, y la que hace referencia, por ejemplo, a la aprobación inicial de los planes parciales, que requerirá siempre un informe previo del Gobierno de Aragón. Claro, me dice usted que solo son cuatro... Bueno, si es que las otras también podríamos decir que eran correcciones técnicas, con las que podíamos estar más o menos de acuerdo. Pero todo esto no cambia las valoraciones globales que hemos hecho respecto al fondo, pero, sobre todo, respecto a la forma de la ley.

Mire, es la primera vez que yo creo recordar que voto en contra del título de una ley, y ya es difícil votar en contra de un título de una ley, es difícil, pero, claro, cómo puedo votar a favor de un proyecto de ley -ahora una ley- «de medidas urgentes para la adaptación de la Ley 8/2007», porque cualquier persona sabe que una adaptación de una ley que se podía hacer por decreto ley, como era el caso, se podía hacer…, no sé si el Gobierno estaba en funciones, pues, podíamos esperar a que tomara posesión el nuevo, a que se lo pensaran dos veces, pero, en todo caso, los servicios técnicos seguirían trabajando -no sé cuánto- un mes, dos meses, todo el verano, ¿volvemos en septiembre y seguimos?, y sigue octubre, y sigue noviembre y tiene que ser en diciembre, en pleno puente de la Constitución... Señorías, ¿urgentes?, ¿de carácter urgente y extraordinario, que es lo que dice el Estatuto de Autonomía para los decretos leyes? Evidentemente, no; evidentemente, esto podía haberse hecho, si era mera adaptación a la modificación de la Ley del suelo 8 de 2007, se podía haber hecho en un mes, dos meses, tres si quiere, si me apura, y hubiéramos entendido que fueran urgentes.

Le recuerdo que la vez anterior que se utilizó esta fórmula del decreto ley se hizo en verano, y se podía entender hasta que se convocara una diputación permanente. De hecho, se han convocado plenos extraordinarios en verano también para elegir el senador de la comunidad autónoma, por ejemplo, el señor Mur, que si era tan importante y si era tan excepcional y urgente, también se hubiera podido hacer aun con la fórmula del decreto ley para ser convalidada.

Luego, me ratifico en todo lo dicho. Evidentemente, hay mucho trabajo que hacer, seguirá habiendo mucho trabajo que hacer en la modificación de la LUA, de la nueva ley urbanística, pero esto se ha hecho de forma irresponsable y demasiado alegre o demasiado ligera, para un tema tan importante como es el urbanismo, que afecta a tanta gente, que ya tiene suficientes problemas en otras vías, que ya hay suficientes problemas interpretativos en el día a día y que los tienen los operadores urbanísticos, como para que nosotros, desde la Administración pública y desde el Gobierno de Aragón y, en consecuencia, en este caso, desde las Cortes de Aragón cuando convalidamos ese decreto ley, les introduzcamos en más confusión y en más inseguridad jurídica.

Yo creo que no hemos hecho bien las cosas en este sentido y lo mínimo que tenemos que hacer es reconocerlo, y no será porque no lo advirtiéramos, porque no lo dijéramos cuando pedimos la retirada del decreto ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

El turno de explicación de voto es ahora para el Grupo del Partido Aragonés. El señor Ferrer tomará la palabra a continuación.

El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Muchas gracias, señor presidente.

Yo quiero agradecer mucho el tono de esta segunda intervención, y la verdad es que creo que ha cambiado mucho con lo de antes.

Y cuando yo me he referido a las palabras que ha dicho el señor Barrena de «decretazo», «imposición», «nocturnidad», «irresponsable», «ligereza» y «paralización de actividades urbanísticas», ya sé que todas no las ha dicho usted, pero he querido hacer un refrito -y ahí se lo tengo que reconocer-, he hecho un refrito de todo lo que se ha dicho aquí, que a mí me parece que no son palabras adecuadas para una cosa de este tipo. Yo creo que este decreto, en este caso, esta ley viene a apoyar ese decreto y viene, precisamente, a avalar un poco la urgencia de la que hablado el señor Fuster también.

Yo puedo discrepar de que un mes, más o menos, sea más urgente o menos urgente, pero desde luego sí que este decreto ley era urgente y está en vigor desde el 4 de diciembre. Ahora ya, con la promulgación de la ley, yo creo que queda todo bastante más claro y clarifica toda la legislación urbanística que había en Aragón.

También quiero decirle que me agrada lo que ha dicho el señor Barrena con respecto a que estamos en el medio cuando habla de costes de urbanización. Claro, claro, pero yo lo he dado como ejemplo de esas enmiendas que se habían preparado que, digamos, van a los extremos, y en este caso, el equipo de Gobierno, tanto el Partido Socialista como el Partido Aragonés, hemos estado en medio de lo que nos parece una cosa razonable de costes de urbanización: ni nos parece que haya que incrementarlos ni tampoco bajarlos.

Y me he referido a esto cuando ha hablado de muchas enmiendas que, naturalmente, no se podían tener en cuenta, porque, claro, por algún sitio hay que cortar, y el aceptar una de ellas supone rechazar otras dos, porque es que había tres con diferentes sentidos. Entonces, no es que se rechacen enmiendas, es que al aprobar una, quedan rechazadas las otras.

Por otra parte, también me ha gustado lo que ha dicho ahora el señor Barrena, que es bueno para todos los ayuntamientos menos para el de Zaragoza, bueno, yo ya me conformo con estas palabras, mucho más que con lo de antes, porque si es bueno para todos los ayuntamientos menos para el de Zaragoza, pues, allá Zaragoza, pero en todo caso creo que esas palabra avalan la bondad de la ley.

Y solamente, por acortar también, no quiero alargarme, de esas cuatro enmiendas que ha hecho el señor Fuster, que es verdad que hemos votado en contra, yo creo que he aclarado lo de zonas periféricas, porque desaparece como tal el nombre, pero no desaparece lo que los ayuntamientos pueden hacer con esto. Si un ayuntamiento de carácter rural, que va referido precisamente a estos, con esta ley, no es que no puedan desarrollar suelo urbano, claro que pueden, y con más facilidad que antes, e incluso tienen en su mano el poder exigir obras de urbanización o no. Luego sí que desaparece como tal nombre la zona periférica, pero no los efectos que sobre ella había.

Y por último -no quiero extenderme más-, cuando hablamos de suelo urbanizable concertado, quiero insistir en que a pesar de que haya aprobación previa por parte del Gobierno de Aragón, tiene que ser a los ayuntamientos y municipios que lo aprueben y que estén de acuerdo, y si no están de acuerdo los ayuntamientos, el Gobierno de Aragón, por sí solo, no lo puede estar. Esto tiene que quedar claro. Ahora bien, que sea precisa naturalmente, pues, la aprobación del Gobierno de Aragón con carácter previo, eso se tendrá que consensuar, pero no puede el Gobierno de Aragón motu proprio y de oficio realizar este tipo de actuaciones.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Explicación de voto del Grupo Parlamentario Popular. El señor Suárez tiene la palabra.

El señor diputado SÚAREZ LAMATA: Gracias, señor presidente.

Bien, como decía el señor Fuster, hasta el título de la ley plantea serias dudas, señorías, fíjense si es malo.

El Grupo Popular sí que es verdad que ha votado algunos artículos a favor y, fundamentalmente, los que hemos votado en contra, insisto que es porque hay una pérdida por parte de esta cámara a regular todo el territorio aragonés en favor del Ayuntamiento de Zaragoza. Aquí, nadie hoy -yo espero que lo haga el señor Berdié-, es capaz de explicar por qué Zaragoza es distinto del resto, de Teruel, de Huesca, de Calatayud, de Fraga... Yo, señor Berdié, le emplazo.

Hemos votado que no a cosas tan sorprendentes como que los funcionarios no tasaran ya los suelos, que serán sociedades independientes. Ya nos podemos echar a temblar. Y, fundamentalmente, porque nos parece una ley arbitraria en algunos puntos.

Y mire, señor Ferrer, a mí me sorprende su discurso. Yo creo que aquí, única y exclusivamente, habla usted como diputado; yo creo que, en cuatro meses, usted y su ayuntamiento no han movido ni un solo papel en materia de urbanismo. Y lo de contar las enmiendas, pues, tiene usted una forma bastante particular de contarlas; espero que los presupuestos de su ayuntamiento no los cuadre igual, que supongo que no será así. Pero solamente le quiero hacer una pregunta: ¿usted está de acuerdo con ser distinto a un ciudadano de Zaragoza?, ¿a usted le parece razonable? ¿Le ha convencido el Gobierno de eso? Es difícil, ¡eh! Yo todavía estoy esperando el argumento, a ver se hay suerte.

Y mire, señor Berdié, yo le quiero agradecer el talante que ha tenido usted en la ponencia. De verdad que le ha tocado un papelón tremendo y ha aguantado. Y sí que no entiendo cómo nos dice que queremos suprimir la reserva de suelo, porque usted sabe que no es verdad; queríamos modificar algunos de los artículos, pero no suprimirlo. Y usted justifica esta ley como que va a mejorar el precio de la vivienda. Pues, ¡mire!, cuatro años ha tenido el Gobierno de Rodríguez Zapatero y el precio de la vivienda ha seguido subiendo. Ahora se ha desacelerado, y le voy a explicar por qué. Ustedes llevan gobernando diez años y el precio de la comunidad autónoma en la vivienda está como está.

Pero, mire, ha entrado en el tema de las densidades. Usted conoce muy bien en urbanismo y sabe cómo funciona el urbanismo del ayuntamiento de Zaragoza. A pesar de haberse suprimido las densidades, luego, los planeamientos, sabe usted perfectamente que introducían densidades. Yo, por una parte, estoy encantado con las densidades, y sabe por qué, fundamentalmente, pues, porque impedirán que ustedes den pelotazos como el de las esquinas del psiquiátrico; si esta norma hubiera estado entonces, no hubieran ustedes podido hacer lo que realmente hicieron. [Aplausos desde los escaños del Grupo Popular.] A lo mejor, por ahí van los tiros.

Y mire, lo que no entiendo es otra cosa: aquí, en esta cámara, todo el mundo se rasga las vestiduras cuando hay novecientos empleos de la GM en el aire, y lo entiendo, es preocupante. Pero el otro día el señor consejero decía que se van a perder quince mil puestos de trabajo en el sector de la construcción, y aquí nadie pestañea, y lo único que se hace con textos legales como este es poner palos en el eje de la carreta para que al final se reviente y se caiga.

Nada más, y muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BELMONTE): Gracias, señor diputado.

Es el turno del portavoz del Grupo Socialista.

Señor Berdié, tiene usted la palabra.

El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor presidente.

Señor Suárez, le ha salido el ramalazo: «pelotazos». En fin, yo pensaba que el señor Rajoy les había dado la instrucción de que cambiaran de chip, pero parece que no es así.

Querríamos agradecer, en nombre del Grupo Socialista, el importante acuerdo que ha habido con la propuesta del Gobierno, según se ha reflejado en las votaciones. Las explicaciones que daba el portavoz del PAR al principio, en la primera intervención, eran acertadas. Ha habido un amplio, un amplio acuerdo, prácticamente todas, más del 60%, más del 60%, muchas por unanimidad, y muchísimas por el 90%, y ese es el resultado de las votaciones. Lo demás son palabras que están muy bien y algunas palabras están muy mal.

Que Zaragoza es distinta como ciudad respecto al resto de municipios aragoneses es evidente: setecientos mil habitantes, es una estructura territorial aragonesa distinta a la del resto. Pero Zaragoza no es diferente, ni sus ciudadanos, ni su ayuntamiento, ante la legislación. Con esta legislación, todos los ayuntamientos y todos los municipios están protegidos, más protegidos que antes, con más posibilidades de vivienda de protección oficial que antes, con más posibilidades de analizar desde un punto de vista sostenible el desarrollo urbanístico, con más posibilidades de transparencia, con más posibilidades de no hacer lo que se quiera sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, como era el hábito que tenían algunos antes. Todos los ayuntamientos y de todos los colores, todos los ciudadanos y de todas las ideologías, están mejor con esta ley frente al encarecimiento de la vivienda, frente a las necesidades de vivienda de protección oficial que hay ahora y que habrá más en el futuro.

Por lo tanto, desde el Grupo Socialista, felicitamos al Gobierno porque en tan breve plazo, menos de un año de la nueva Ley del suelo estatal de 2007, hayan sacado adelante esta ley -insisto-, en la que prácticamente, en todas las votaciones, con más del 60% de votación y una media del 70%, 80%, y agradezco también a los grupos municipales sus aportaciones.

Y, bueno, nos gustan menos, en cualquier caso, algunas salidas de tono, pero son entendibles las salidas de tono cuando hace muy poco que los ciudadanos han puesto a cada cual en su sitio.

Nada más, y muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BELMONTE): Gracias, señor diputado.