Intervinienen: Silva Gayoso, Rogelio - Yuste Cabello, Chesús - De Salas Gimenez De Azcarate, Ana Maria - Lana Gombáu, Manuel - Barrena Salces, Adolfo - Guedea Martín, Manuel
El señor PRESIDENTE: Debate y votación de la enmienda a la totalidad, de devolución, del proyecto de ley de modificación de la Ley del Juego, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
Presentación del proyecto de ley por el consejero de Política Territorial, Justicia e Interior.
Enmienda a la totalidad, de devolución, del proyecto de ley de modificación de la Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El señor consejero de Política Territorial, Justicia e Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidente.
Señorías.
De nuevo me encuentro ante el Pleno de esta Cámara, en esta ocasión para presentar el proyecto de ley de modificación de la Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón, tramitado como anteproyecto por el Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior, al que represento, correspondiéndome la presentación objeto de esta comparecencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 128.1 del Reglamento de las Cortes.
La Comunidad Autónoma tiene, conforme al artículo 71.50 del Estatuto de Autonomía de Aragón, las competencias en materia de juego, apuestas y casinos, incluidas las modalidades por medios informáticos y telemáticos cuando la actividad se desarrolle exclusivamente en Aragón.
La Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón, aborda de manera global la actividad del juego en Aragón. El sector del juego forma parte del entramado económico y de la realidad social aragonesa, que presenta gran dinamismo y complejidad, por lo que los poderes públicos deben de adaptar la política del juego a las demandas sociales, salvaguardando los principios constitucionales y comunitarios, así como los principios rectores de la ordenación del juego. Además, el sector del juego está inmerso en un proceso permanente de innovación tecnológica.
Esta situación aconseja abordar una modificación de la Ley del Juego para dar respaldo legal a las nuevas demandas de ocio y de juego, siendo precisos una intervención normativa y un control administrativo, buscando un equilibrio entre la libertad de empresa y el derecho al ocio responsable.
De esta forma, en su articulado se contempla la posibilidad de juego a través de las modalidades por medios informáticos y telemáticos, la habilitación para la modificación de las características y las cuantías de las jugadas y premios, la autorización o prohibición de modalidades de juego que pudieran proponerse desde otras administraciones o instituciones, la posibilidad de apertura de una sala de juego adicional fuera del inmueble del casino permanente en el mismo término municipal o la organización, gestión y explotación de las salas de bingo sin figuras interpuestas.
Se presenta este proyecto de ley que consta de un artículo único, dos disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.
En consecuencia, y atendiendo a las consideraciones expuestas, solicito de este Pleno el apoyo a la aprobación del proyecto de ley de modificación de la Ley del Juego.
Señorías, muchas gracias.
Presidente, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Defensa de la enmienda de totalidad.
El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.
Hace más de diez años, estas Cortes de Aragón abordaron un problema muy complejo, la regulación del juego en nuestra comunidad, con el desafío de intentar conciliar todos los intereses contrapuestos. Conviene recordar aquellos días para entender algunas cosas.
En aquel tiempo, el casino Montesblancos estaba ubicado en el término municipal de Alfajarín y quería que se le eliminaran los corsés que le impedían trasladarse al centro de Zaragoza para poder ser más rentable.
La Hacienda de la comunidad autónoma necesitaba entonces que el casino fuera rentable para que volviera a pagar la tasa del juego que llevaba varios años adeudando.
Los trabajadores del casino, por su parte, querían que en la regulación hubiera más mesas de juego y más empleo, por tanto, y no tantas máquinas tragaperras.
Los empresarios de salas de bingo querían máquinas como las de los casinos a modo de compensación ante la nueva competencia que iban a tener con el traslado del casino a Zaragoza.
A su vez, las empresas de salas de juegos querían también su compensación por la compensación que se les daba a las salas de bingos.
Y había un último interés que era el de la salud pública, el interés de un colectivo de miles y miles de aragoneses con problemas de adicción al juego. Un interés que, a juicio de Chunta Aragonesista, se parece bastante al interés general de la comunidad autónoma: la salud pública.
Bien, a pesar de la dificultad que tuvo aquello, lo cierto es que logramos alcanzar en el año 2000 un consenso suficiente, un consenso suficiente. Fue muy difícil, pero lo hicimos, y lo hicimos intentando conciliar todos los intereses por muy dispares que fueran. Y desde entonces a ahora, desde aquella ley de consenso de 2000 hasta este momento, ha habido seis modificaciones en la Ley del Juego, cada una de ellas, ampliando los beneficios, las posibilidades, las opciones para las empresas de juego, más máquinas, incluso la posibilidad de locales de apuestas, etcétera, etcétera. Bien, digo seis modificaciones sin contar, por supuesto, con la Ley de centros de ocio de alta capacidad, la denominada «Ley Gran Scala», que viene a suspender esta ley y otras muchas en un determinado territorio. Por lo tanto, también supone una afección importante a tener en cuenta cuando hablamos de legislación del juego.
Y hoy, abordamos la séptima modificación, una reforma sustancial que, a nuestro juicio, viene a dinamitar por completo el consenso del año 2000, el consenso que concitó la Ley del Juego en aquel momento. Porque el cambio que se nos propone es sustancial: no es una ley técnica, no es una mera adaptación al nuevo Estatuto de Autonomía como se nos quiere hacer creer y como argumenta la exposición de motivos. Se trata de una reforma profunda que, de entrada, duplica el número de casinos en Aragón; de hecho, lo duplica al permitir que los empresarios de casinos con licencia en Aragón puedan abrir otra sala de juego adicional fuera de las instalaciones del casino en la misma ciudad. Y se abre la puerta también a las casas de apuestas públicas o privadas, y más cosas, más pequeñas cosas que aparecen en esta ley.
Y mientras el Gobierno de Aragón apuesta —nunca mejor dicho— por el juego como sector económico y supongo que como fuente de ingresos tributarios, paradójicamente, Azajer, la asociación aragonesa de jugadores en rehabilitación, sufre un recorte presupuestario brutal y se ve abocada a cerrar sus centros, dejando sin tratamiento a centenares de personas enfermas de ludopatía. Anteayer mismo, en la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, comparecieron la presidenta y el secretario de Azajer, y todos los grupos parlamentarios, en lo que dijimos, entendíamos perfectamente la situación que estaba atravesando Azajer y entendíamos su justa reclamación.
Sin embargo, por mucho que hablemos de esto, hay que reconocerlo: en el año 2010, Azajer ha sufrido un recorte de la subvención del Gobierno de Aragón de un 75%, ¡75%!, creo que es la ONG que tiene el récord de recortes. Muchas han sufrido recortes, pero creo que solo esta ha sufrido un recorte del 75% de su presupuesto, y, evidentemente, 2011 no va a ser mejor.
Por lo tanto, cuando la apuesta es duplicar el número de casinos y autorizar casas de apuestas, con modalidades informáticas y telemáticas, mientras se cierra el grifo de los centros de tratamiento de ludopatía, evidentemente, asistimos a la ruptura del consenso de la Ley del Juego de 2000, y eso, desde cualquier punto de vista, es algo difícilmente justificable, es más, para Chunta Aragonesista es algo inaceptable.
Entre los principios rectores de la Ley del Juego de Aragón, podemos destacar: evitar la incentivación de hábitos y conductas patológicas, reducir, diversificar y no fomentar su hábito, impedir actividades monopolísticas en la gestión del juego. La actual reforma entra en colisión de lleno, en colisión frontal contra estos principios rectores.
Y es que la ley se presenta con la excusa de adecuarse al nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón, regulando las modalidades de juego por medios informáticos y telemáticos cuando la actividad se desarrolle exclusivamente en Aragón, en desarrollo del artículo 71, quincuagésimo, del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Sin embargo, este proyecto de ley, de hecho, no regula la competencia; se limita a citarla en su artículo 1, pero no la desarrolla. Este proyecto, por lo tanto, no cumple con la función que dice que iba a cumplir y aprovecha para hacer otras cosas. Ya he dicho: quien tenga un casino, a partir de ahora, tendrá una nueva sala de juego separada del local del casino en la misma ciudad. Eso es lo que dice la ley, y sin concurso público, sin concurso público. Y, además, se abre la puerta a las casas de apuestas, incluso se especifica «públicas o privadas».
Bien, ya hay empresarios del juego haciendo pasillos. Recientemente, el pasado 27 de octubre, en la prensa especializada en el negocio de juego, se informaba de que la empresa Sportium había presentado su propuesta de locales de apuestas deportivas a los principales operadores del sector en Aragón y al propio Gobierno de Aragón, a la propia Administración de la Comunidad Autónoma.
Ya están haciendo pasillos, porque saben que con esta ley se abre la puerta y, por lo tanto, hay expectativas de negocio para este sector, y me imagino que también habrá expectativas de ingresos tributarios para la comunidad autónoma. Imagino que eso es lo que hay en el fondo del asunto: el nuevo modelo productivo va a ser ahora el de los casinos y las casas de apuestas.
Recordemos —yo creo que no debemos pasarlo por alto—, recordemos lo que ocurrió a principios de 2003, entre finales de 2002 y principios de 2003, cuando el Gobierno de Aragón intentó sacar a concurso, a unos meses de las elecciones, locales de apuestas deportivas, y, al final, el consejero competente en la materia, el señor Biel, tuvo que dar marcha atrás, tuvo que retirar el decreto, tuvo que retirar el concurso una vez que ya lo había lanzado, porque las dos empresas que concurrían en ese concurso para hacerse con las casas de apuestas deportivas, las dos empresas tenían socios comunes, y es más, el asesor jurídico que elaboró el decreto de casas de apuestas, de locales de apuestas deportivas, el asesor jurídico tenía relación contractual, trabajaba o era socio de las dos empresas que concurrían en ese concurso. El escándalo no lo pudo evitar este Gobierno y tuvo que acabar anulando el concurso y metiendo en el congelador el decreto de apuestas deportivas. Mucho me temo que con esta ley volveremos a ver ese concurso de apuestas deportivas.
Y la pregunta que me hago: este Gobierno, que para algunas cosas dice que ya no hay tiempo, ¿será capaz de priorizar, entre sus apuestas políticas, los locales de apuestas deportivas o, por el contrario, lo dejará en el cajón para que el próximo gobierno dictamine?
Creo que, sinceramente, con todos estos argumentos encima de la mesa, lo único que le debemos pedir al Gobierno de Aragón es que retire este proyecto de ley, que lo devuelva a un cajón y que recupere el consenso, el consenso de la Ley del Juego del año 2000.
Y eso pasa por defender el interés general, esto es, la salud pública, esto es, el convenio de financiación estable que necesita Azajer para prestar la atención terapéutica a los centenares de personas enfermas de ludopatía que tenemos en Aragón y que están atendiendo hasta el momento, y que confitó la unanimidad de la Cámara en una proposición no de ley aprobada el año pasado por estas fechas en la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos.
Y, por otro lado, no incrementar más el número de casinos y el número de juegos que están en estos momentos en la órbita del Gobierno de Aragón, me imagino que para incrementar los ingresos tributarios de la comunidad autónoma. Mal vamos cuando se prioriza ese tipo de negocio en detrimento de la salud pública, cuando había una situación de equilibrio el año 2000, sinceramente, creo que valía más la pena conservar ese equilibrio que dinamitarlo, como se ha hecho ahora, de esta manera tan torpe y torticera.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Turno en contra.
Señora de Salas, tiene la palabra.
La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE: Gracias, presidente.
Bien, señorías.
Señor Yuste, intentaré explicar el porqué de este proyecto de ley, que, evidentemente, no tiene esa falta de transparencia o esas cuestiones a las que usted alude. Evidentemente, se las voy a explicar, para que entienda el porqué de este proyecto de ley después de la presentación del consejero.
Vamos a ver, como ustedes saben, señorías, la actividad del juego es una actividad empresarial, pero que, evidentemente, el legislador puede y debe modular, en la que los intereses más necesitados de protección, desde nuestro punto de vista y de acuerdo con una sentencia del Tribunal Supremo, son los personales, familiares y sociales.
Para nosotros, para el Partido Aragonés, en la actividad de juego, debe prevalecer la protección de los consumidores y usuarios y, sobre todo, la protección de aquellos colectivos especialmente vulnerables, como la infancia, la adolescencia o las personas que tengan reducidas sus capacidades volitivas.
El juego, señorías, forma parte de una acción más de ocio de la que disfrutamos los ciudadanos, juego público a través de la Lotería Nacional, la quiniela, Bonoloto, juego social a través de la ONCE, Cruz Roja o también juego privado, y en este sentido, hay una intervención administrativa muy clara de control por parte, en este caso, de la Comunidad Autónoma Aragón.
También lo ha dicho el propio consejero en la presentación del proyecto de ley, en la última década, en la última década, desde la aprobación de la Ley del Juego en el año 2010, el juego ha sido y es una actividad que está sujeta a cambios, a cambios importantes que se han producido, fundamentalmente con el acceso a las nuevas tecnologías, Internet, SMS de móviles, concursos televisivos, por lo que la administración competente debe de dar cobertura y soporte legal, dictando normas que garanticen el conocimiento de los particulares, de las reglas y condiciones en las que se vienen desarrollando estos juegos.
Por tanto, estamos hablando de una actividad totalmente intervenida por parte de las Administraciones Públicas, en este caso, por parte del Gobierno de Aragón. Hay un control y una necesaria autorización para el material de juego local, la práctica del juego, y ahí están la multitud de decretos que el Gobierno de Aragón ha venido desarrollando —no se los voy a decir; usted los conoce perfectamente— y, por tanto, todo lo que se realice al margen de esta autorización por parte del Gobierno Aragón sería juego clandestino.
El proyecto de ley que hoy se presenta por parte del Gobierno de Aragón viene a dar respuesta a estas nuevas necesidades, nuevas situaciones y a la problemática que se está dando en el juego, no solamente a nivel autonómico, sino que yo diría a nivel estatal.
Efectivamente, el proyecto de ley que se presenta es en base a la habilitación estatutaria del artículo 71.50 de nuestro Estatuto, que viene a regular y especifica por primera vez la referencia a las modalidades por medios telemáticos e informáticos, de ahí las modificaciones de los artículos 1 y 2 del proyecto de ley 2/2000, señor Yuste, que introduce y adiciona por primera vez la referencia al juego por medios informáticos y telemáticos, y, por tanto, la posibilidad de autorizar el juego desarrollado por estas redes eléctricas.
No es que lo regule, es que está prevista su regulación a través de un reglamento, y ya le digo que incluso el propio departamento tiene un borrador de reglamento para regular este tipo de juegos por medios informáticos y telemáticos, y también le digo, por si usted no lo sabe, que se está en colaboración con el propio Estado y con el resto de comunidades autónomas para consensuar un anteproyecto de ley de ordenación del juego que se practica a través de los sistemas interactivos o de comunicación a distancia.
En cuanto a la modificación del punto tercero o el artículo 10.3, que se posibilita al Gobierno que pueda delegar, mediante orden, al consejero lo relativo a la modificación de las características y las cuantías de las jugadas, simplemente una cuestión de carácter técnico: en muchas comunidades autónomas, prácticamente en todas (Madrid, Andalucía, Castilla y León, Islas Baleares), posibilitan esta actuación porque, evidentemente, estamos hablando de características técnicas que, incluso, lo farragoso que es un decreto para lo que es el procedimiento administrativo de elaboración podría suponer que incluso la aprobación del decreto, si fuese obsoleto en las condiciones técnicas que se aprobasen, finalmente, fuesen obsoletas. Por tanto, el tema de la orden, yo creo que no tiene ningún problema.
En cuanto al artículo 15.3, que se modifica, es bastante interesante, importante, yo creo que se exige autorización del Gobierno de Aragón para instalar cualquier tipo de máquina terminal, lotería o similar en locales de hostelería. Se trata de evitar que cualquier organización empresarial o cualquier institución pueda promover instalaciones de estas características en locales de hostelería y, por tanto, controlar todo lo que es el tema de planificación y ordenación del juego.
El artículo 16, que es al que usted hace referencia, a la sala de juego adicional, una sala de juego adicional de los casinos de juego permanente, evidentemente, estamos ante un problema fundamentalmente de espacio y, sobre todo, obedece a la necesidad de dar respuesta a una oferta de ocio que existe también en nuestro país, como son los torneos o las competiciones del juego de póquer en sus distintas modalidades, que, como usted sabe, solamente se pueden llevar a cabo por parte de los casinos de juego permanente.
En este caso, los titulares de un casino de juego permanente, que usted sabe que, a través del Decreto del Gobierno de Aragón, solo hay uno por provincia, uno por provincia, permitir por problemas de espacio, fundamentalmente, la posibilidad de llevar a cabo esta nueva modalidad de juego y, fundamentalmente, paliar la situación de ilegalidad en la que pueden estar desarrollándose estas competiciones de póquer y, por tanto, que se sometan al control riguroso, control público de la Administración Pública en la misma medida que los propios casinos de juego. Esta sala adicional no supone duplicidad, como dice usted, no supone duplicidad de los casinos, una sala de juego adicional que va a tener todos los controles de acceso de restricción de personas. Ahora mismo, no están, evidentemente, controladas por la propia Administración: condiciones de control, de acceso, de interdicción, de acceso a prohibidos al juego, de los menores de edad, regulando todo lo referente al material y, por supuesto, todo lo relativo al abono de las correspondientes tasas.
Se trata, por tanto, de que aquellos titulares de un casino de juego permanente que lo soliciten podrán ser autorizados para la apertura de una sala de juego adicional, fundamentalmente, como ya digo, por problemas de espacio, pero las condiciones, los requisitos van a ser exactamente idénticos, porque estamos hablando de una única autorización conforme a la prevista y dada, en su caso, anteriormente, a través de un concurso público, es decir, estamos hablando de una única autorización con todas las garantías y con todos los controles necesarios.
El artículo 29 se modifica fundamentalmente en relación con el tema de las salas de bingo y tal: fundamentalmente, suprime una cuestión de una explotación indirecta a través de figuras interpuestas que se podía haber dado en su momento y que creemos que era oportuno.
Señorías, este proyecto de ley responde, ni más ni menos, que a las necesidades y a las nuevas modalidades de juego que se han modificado en la última década y, por tanto, a que todas ellas estén bajo el control, la supervisión y autorización del Gobierno de Aragón, porque es la Administración competente, ni más ni menos, garantizando por supuesto los principios rectores del juego previstos en el artículo 11, previendo que una actividad lúdica no conduzca a un juego patológico, que es lo que, evidentemente, está realizando el Gobierno con esta ley.
Sabemos que se han presentando enmiendas parciales (treinta y nueve enmiendas parciales). Por supuesto, llegaremos, si es que hay que llegar a acuerdos en relación con algunas de ellas, pero no vamos a apoyar la enmienda a la totalidad para rechazar este proyecto de ley, porque creo que ha quedado suficientemente claro cuáles son las razones de la presentación de este proyecto de ley, que no es, ni más ni menos, que atender a una realidad y, sobre todo, controlar el juego en la comunidad autónoma por parte del Gobierno de Aragón.
Nada más, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: ¿Más turnos en contra?
Tiene la palabra el señor Lana.
El señor diputado LANA GOMBAU: Gracias, señor presidente.
El proyecto de ley de modificación de la Ley 2/2000, de 28 junio, del juego de la Comunidad Autónoma de Aragón, afronta su adaptación a las particularidades que se suceden en torno al juego, apuestas y casinos y a los continuados cambios estructurales y sociales experimentados en nuestro territorio.
De acuerdo con el artículo 71.50 del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, el proyecto de ley se ajusta a la ampliación de las competencias de la Comunidad de Autónoma de Aragón en materia de juego, apuestas y casinos, incluidas las modalidades por medios informáticos y telemáticos, cuando la actividad se desarrolle exclusivamente en Aragón.
La Administración viene obligada a intervenir en este supuesto adaptando la política del juego a la realidad social aragonesa, atendiendo sus demandas, preservando los principios constitucionales y comunitarios, dando protección contra hábitos o conductas patológicas y procurando evitar, además, su trascendencia a sectores especialmente vulnerables, como los menores de edad y personas de reducida dominación impulsiva.
Desde esta perspectiva, señorías, el proyecto de ley debe contemplarse como una herramienta complementaria y precisa que regula aspectos sobrevenidos a la propia Ley 2/2000, de 28 junio, o las modificaciones afianzadas por la Ley 4/2003, de 24 de febrero, y Ley 3/2004, de 22 de junio, ponderando, además de su repercusión social, los efectos económicos y tributarios que de la actividad del juego puedan derivarse.
Conviene incidir en que ninguna de las modificaciones que se propone incorporar con este proyecto de ley afecta o lesiona la esencial protección de la salud física y mental, la defensa de los derechos económicos de consumidores y usuarios o colectivos especialmente sensibles, como la infancia y adolescencia, respetando además las medidas preventivas y el control sobre patologías del juego, quedando asegurada, en cualquier caso, la disponibilidad de los recursos socio-asistenciales y sanitarios públicos indispensables para su tratamiento, recuperación y rehabilitación.
Contrariamente a lo argumentado en la enmienda a la totalidad, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista y defendida por el señor Yuste, el Grupo Parlamentario Socialista entiende oportuno el conjunto de las innovaciones que se pretenden anexar al actual marco legislativo regulador del juego, no pudiendo diferenciarlas y clasificarlas, por lo tanto, en hipotéticos grupos de enjundia, interés u oportunidad.
En consecuencia, no podemos compartir de ningún modo su particular conclusión sobre la verdadera finalidad de este proyecto de ley, según se manifiesta en la motivación de esta enmienda a la totalidad, que contrasta, evidentemente, con los objetivos que se explicitan en la memoria que lo acompaña y con el estricto contenido del proyecto, que no transmiten duda alguna al respecto ni lugar a otras interpretaciones especulativas que, aunque respetables, obedecen a distintas determinaciones alejadas de la auténtica esencia de este proyecto.
Sin embargo, señor Yuste, nos quedará la oportunidad de mejorarlo y enriquecerlo con las aportaciones que desde los distintos grupos parlamentarios se han hecho en formato de enmiendas para que, de acuerdo con el procedimiento parlamentario, se analicen y debatan en la ponencia que se constituye al efecto, pudiendo alcanzarse en ese nivel posibles acuerdos que, con esta iniciativa, no son factibles.
Le aseguramos que analizaremos todas y cada una de las treinta y ocho enmiendas que se han presentado: tres del Grupo Parlamentario Popular, veintiuna de Chunta Aragonesista y catorce del Grupo Parlamentario Mixto (Izquierda Unida de Aragón), para, finalmente, procurar adoptar aquellos compromisos que se consideren más convenientes en aras a que este proyecto de ley responda a las expectativas y a los intereses del conjunto de los aragoneses.
Hoy, lamentamos no poder respaldar esta enmienda a la totalidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Fijación de posiciones.
Señor Barrena, tiene la palabra.
El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor presidente.
Señorías, el proyecto de ley presentado por el Gobierno, que, en definitiva, lo que supone es romper un vez más el consenso que había en materia de juego en esta comunidad autónoma, desde nuestro punto de vista, debe de ser rechazado y, por lo tanto, vamos a votar a favor de la enmienda de devolución que ha presentado Chunta Aragonesista.
Hay tres razones fundamentales que nos llevan a defender esta posición y, por tanto, a pedirles que retiren ese proyecto de ley: la primera es la justificación que ustedes dan de que el juego forma parte del ocio y llegan a considerar el ocio como un derecho de trabajadores y trabajadoras, y es verdad que desde la izquierda se ha trabajado mucho para que trabajadores y trabajadoras, además de la obligación de trabajar, tuvieran el derecho a tener un salario digno, a tener unas condiciones de vida adecuadas y derecho al descanso y, por lo tanto, al ocio, y lo que siempre ha defendido la izquierda y defiende Izquierda Unida es el ocio productivo, no el ocio especulativo, que es al que ustedes les quieren llevar con esta ley, puesto que justifican como necesidad de dar respuesta —lo llegan a decir así— a la necesidad de ocio de la ciudadanía, y la necesidad de ocio de la ciudadanía para ustedes, para el Gobierno PSOE-PAR, debe ser llenar Aragón de casinos, de ruletas y de máquinas tragaperras. Ya lo intentaron con Gran Scala, y veremos a ver si algún día reconocen que eso fue un error, que jamás tuvieron que abrirles la puerta a esos aventureros, y ahora, a lo que vienen con esta modificación de la ley, amparándose, además, en lo que dice el Estatuto de Autonomía de Aragón, es a incrementar las posibilidades de las empresas que especulan con el ocio y hacen negocio con el ocio. Y, por lo tanto, ese es el primer motivo que nos lleva a pedir que retiren esa ley.
El segundo tiene que ver con lo que hablábamos de ruptura del consenso y del acuerdo al que se había llegado en esta comunidad autónoma en materia tan sensible. Somos conscientes de que en la sociedad actual hay actividades en las que el juego, la ruleta, el casino, el póquer, todas aquellas, están presentes y, por tanto, hay que regularlas. Y aquí se produjo un efecto de participación en el que, con los grupos políticos, con los gobiernos, con la ciudadanía, con las asociaciones que trabajan para..., bueno, modular los efectos que provocan la ludopatía y los otros efectos perniciosos que tiene el juego, se llegó a una ley que salió por consenso. Bueno, pues, rompen ese consenso con la presentación de esta ley y, por lo tanto, abren, desde nuestro de vista, una senda peligrosa en materia sensible.
Y el tercer elemento que nos lleva a rechazar esta propuesta es que está sin resolver, está sin resolver, cómo y de qué manera se atiende a las personas que, con medidas como las de ustedes, que aumentan la capacidad de instalar salas y zonas de juego, al final tienen que ser atendidas y tienen que ser tratadas de los efectos que provoca la adicción a este tipo de juegos, a este tipo de apuestas y que luego acaba siendo, además, una ludopatía, que es una enfermedad, y está sin resolverse ese tema, señorías. El Gobierno había decidido empezar a trabajar en esa dirección mediante el recurso a asociaciones como Azajer, pero el Gobierno, con la excusa de la crisis, deja sin subvenciones y sin apoyo a asociaciones que estaban trabajando en esta dirección. Y hace a la vez dos cosas inaceptables desde el punto de vista de Izquierda Unidad, y es, por una parte, aumentar las posibilidades de apostar, de entrar en casinos y, en definitiva, duplicar esas salas de juegos, mientras recorta las posibilidades de atención a personas que al final son dependientes, tienen adicción al juego y, por lo tanto, hay que tratar la ludopatía.
En esas condiciones, no contarán claramente con el apoyo de Izquierda Unidad. Por eso, defendemos esta enmienda a la totalidad presentada por Chunta Aragonesista, y hemos presentado otra serie de enmiendas parciales para luego en el debate, que, a la vista de qué grupos se han posicionado para que esto siga adelante, habrá que tener.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Popular.
El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Intervengo, en nombre de nuestro grupo parlamentario, con objeto de fijar la posición ante la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Chunta Aragonesista ante el proyecto de modificación parcial de la vigente Ley del Juego en Aragón.
En primer lugar, existen en estos momentos en la Cámara —lo hemos visto— dos posiciones contrapuestas: el apoyo total, como es lógico, de los dos grupos que apoyan al Gobierno al proyecto de ley, en estos momentos, en tramitación parlamentaria, y, por otra parte, dos grupos parlamentarios han manifestado ya su posición en contra del proyecto.
El Partido Popular, en esta materia, pues, está distante de ambas posiciones: ni está con el Gobierno ni está con los dos grupos de oposición que me han precedido en la intervención.
Efectivamente, no entendemos, en el procedimiento previo que se ha seguido en la elaboración de la Ley del Juego del 2000 y posteriores modificaciones, que no haya sido habitual por parte del Gobierno, del Gobierno desde entonces PSOE-PAR, el intentar por lo menos una aproximación o un diálogo previo con los grupos parlamentarios, con objeto de que una materia que calificaríamos de delicada por las consecuencias que tiene en diferentes ámbitos llegase o saliese con el máximo consenso posible. Efectivamente, por lo que a nosotros respecta, en este caso, se ha roto esa materia, esas actuaciones previas y esos precedentes, y en estos momentos nos encontramos con que teníamos presentado un proyecto de ley de modificación de la Ley del Juego que tuvimos que estudiar.
Aunque en la presentación se dicen otras cosas, yo creo que, efectivamente, nos encontramos que el proyecto de ley regula tres cuestiones: una, en la que estamos todos de acuerdo, y es que la Ley del Juego de Aragón tiene que contemplar la posibilidad de la regulación del desarrollo del juego por Internet, pero al mismo tiempo que sabemos que tiene que hacer eso, todos somos conscientes, porque es un problema de Estado e, incluso, de la Unión Europea, que si no hay un acuerdo entre las comunidades autónomas y el Estado y un acuerdo incluso más amplio en el ámbito de la Unión Europea, la regulación del juego por Internet no tiene ninguna eficacia ni ningún sentido la regulación parcializada, aunque tengamos competencia, por diecisiete comunidades autónomas.
Otro aspecto importante del proyecto de ley es que abre la posibilidad de que los casinos actualmente autorizados en Aragón tengan la facultad de ampliar con una sala adicional fuera del local en el que en este momento se ubican, pero dentro del término municipal. En este sentido, queremos escuchar y veremos en el trámite de Ponencia cuál es el resultado final, y ahí, el Partido Popular, pues, meditará la posición final sobre esta situación, que entendemos que pueda plantearse en algún caso.
Y al mismo tiempo, también vemos que una de las modificaciones es que las salas de bingo titularidad no de empresas mercantiles, sino de entidades que consiguieron las autorizaciones con la primera liberalización y regulación del juego que se hizo en España en el periodo previo a la aprobación de la Constitución en el año setenta y siete, que cuando se extinga la autorización concedida, cuando expire el plazo, pues, tengan que ser estos bingos de titularidad de empresas mercantiles.
Respecto a la posición que han manifestado CHA e Izquierda Unida, no estamos de acuerdo en muchas cuestiones. Distinto es el problema de las apuestas deportivas. Sabemos los problemas que conlleva y creo además que, en algún caso, lo he estudiado con especial cariño. El juego por Internet es otra cuestión —ya lo he hablado—. La situación que en la reciente Comisión de Peticiones y Derechos Humanos plantearon los actuales dirigentes de la asociación que se dedica a la rehabilitación de los antiguos jugadores, pues, tiene una situación en estos momentos bastante difícil, pero eso es otro problema distinto a la modificación de la Ley del Juego. La ruptura del consenso sería el único asunto en cuanto a las actuaciones previas, que se han roto en este caso.
Por otra parte, entendemos que nada tiene que ver esto con Gran Scala, con el proyecto de ley que se aprobó de centros de ocio de alta capacidad ni con lo que pueda pasar en ese proyecto, y tampoco entendemos, porque es una cuestión anticuada, oponernos por el ocio de los trabajadores y por la situación actual.
También somos conscientes de que no se acaba de entender, y por eso hay dudas en el Partido Popular, porque la situación en estos momentos es que tenemos tres casinos en Aragón autorizados, dos permanentes y uno temporal: los dos permanentes, que podrían tener esa sala adicional; uno de ellos, la empresa madre —podríamos decir— de esa empresa, en estos momentos, como la otra de la autorización temporal, está en concurso de acreedores en esta situación. Por tanto, plantear en este sentido ampliaciones de este tipo, pues creo... Por lo cual, se circunscribirían, de las tres que hay, a una exclusivamente, a una exclusiva posibilidad. Ahí creemos que, aunque pueda darse esta situación, habrá que perfilar muy bien en el trámite de ponencia —y estamos abiertos a un acuerdo—, para ver cómo se pueden, en qué condiciones y cómo se pueden establecer esas salas adicionales. Y también hay que tener en cuenta, en las otras cuestiones relacionadas con los titulares de empresas de salas de bingo, la situación para evitar perjuicios que puedan tener las entidades actualmente titulares de esas autorizaciones.
Por lo tanto, ante esta posición que no compartimos de las dos expuestas hasta el momento, el Grupo Parlamentario Popular se abstendrá en la votación de hoy y trabajará en el seno de la ponencia con objeto de intentar llegar a un acuerdo mayoritario en la regulación del juego en Aragón en su vertiente administrativa y tributaria, incluso en algunos aspectos sociales que se pueden abordar en esta tramitación.
Nada más, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Votación de la enmienda a la totalidad. Comienza la votación. Finaliza la votación. Cinco votos a favor, treinta y ocho en contra y veintidós abstenciones. Queda rechazada.
Explicación de voto.
Señor Yuste, tiene la palabra.
El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]: Muchas gracias.
Quería agradecer, en primer lugar, a Izquierda Unida —no al Grupo Mixto, sino a Izquierda Unida— su voto favorable. Debo decirle que me ha gustado especialmente su discurso lafarguiano, más lafarguiano que marxista.
Y quiero agradecer también, incluso, la abstención del Grupo Popular. Yo creo que casi le convenzo, señor Guedea; yo creo que he estado a puntito de convencerle, y en ese sentido, valoro su discurso, especialmente, parte de su discurso, al respecto de esta cuestión.
En breve se verá, en breve se verá si lo que he dicho hoy han sido especulaciones, como apuntaba el portavoz del Grupo Socialista, o si son las consecuencias lógicas que cabe prever de una ley como esta. Yo creo que, evidentemente, esta ley nace para eso y, por lo tanto, lo veremos en los próximos meses, si se aprueba, si da tiempo de que se apruebe, quiero decir.
Esperemos, en todo caso, el trato que reciben las enmiendas. Me imagino que habrá rodillo —ojalá no—, aunque quizá quieran suavizar alguna parte del proyecto de ley con las enmiendas del Grupo Popular, siguiendo la oferta que les ha planteado el señor Guedea. Ya veremos a ver lo que ocurre en ponencia, pero, en todo caso, lo que tenemos en estos momentos es lo que hay, y yo quiero reiterar una vez más la apelación de Chunta Aragonesista a que recuperemos el consenso del año 2000, y eso pasa, a nuestro juicio, por establecer un convenio que garantice la financiación estable para el centro de tratamiento de ludopatía de la asociación Azajer, tal como se aprobó, sin ir más lejos, el año pasado por unanimidad en la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos. Y por otro lado, frenar la apertura de nuevas modalidades de juego, como las casas de apuestas deportivas, que no cuentan con tradición en Aragón, las loterías públicas de la comunidad autónoma cuya puerta sigue abierta o los salones de póquer instalados fuera de las instalaciones de los casinos. Entiendo que todo ese tipo de cosas supone una alteración sustancial del consenso del año 2000.
Y si en el futuro se quiere reformar la Ley del Juego, hágase bien, hágase con el máximo espíritu de consenso posible, como se hizo hace diez años en circunstancias muchísimo más difíciles, y quienes estuvimos de ponentes en aquella ponencia recordaremos los problemas que había en aquel momento con el casino Montesblancos y todas esas cuestiones.
Por lo tanto, máximo consenso y no, desde luego, esa actitud de trágala con la que vemos al Gobierno en estos últimos meses, especialmente en estos últimos meses de legislatura.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo del Partido Aragonés.
La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE [desde el escaño]: Sí, brevemente, señoría.
Hemos votado que no al rechazo a este proyecto de ley. Evidentemente, con ustedes, llegar a un consenso con un rechazo tal cual, bastante complicado, pero ahí está el turno de ponencia, en el que, evidentemente, con aquellas enmiendas que sean constructivas en relación con este proyecto de ley, podemos llegar a acuerdos.
Dos cuestiones: la Comisión del Juego, donde están representados la Administración y otros representantes, informó favorablemente el anteproyecto de ley, y otra cuestión es la posibilidad de que haya una sala adicional al casino permanente, y por las cuestiones que antes he dicho en mi intervención, ya está en otras comunidades autónomas como, por ejemplo, la Comunidad Valenciana. Evidentemente, nuestro posicionamiento es llegar a acuerdos, pero creo que, conforme a algunas de las enmiendas presentadas, difícilmente podremos llegar a acuerdos con los grupos políticos.
Nada más, y muchas gracias.