Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

De conformidad con el artículo 159 de nuestro Reglamento, el señor Secretario Primero leerá la Resolución de la Presidencia de las Cortes por la que se propone un candidato a presidir el Gobierno de Aragón.

El señor Secretario Primero tiene la palabra.

El señor Secretario Primero (FUSTER SANTALIESTRA): «Resolución del Presidente de las Cortes de Aragón, de 26 de julio de 1999, por la que se propone un candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón.

De conformidad con lo establecido en los artículos 22.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón y 158 del Reglamento de las Cortes de Aragón, previa consulta con los representantes designados por las formaciones políticas con representación parlamentaria y oída la Mesa de la Cámara, he resuelto lo siguiente: proponer a don Marcelino Iglesias Ricou, Diputado de las Cortes de Aragón perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, como candidato a Presidente del Gobierno de Aragón. Zaragoza, a 26 de julio de 1999. El Presidente de las Cortes, José María Mur Bernad.»

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario.

A continuación tiene el uso de la palabra el candidato a Presidente del Gobierno de Aragón para que realice, sin límite de tiempo, la exposición del programa político del Gobierno que pretenda formar.

El señor candidato tiene la palabra.

El señor Diputado IGLESIAS RICOU: Excelentísimo señor Presidente de las Cortes de Aragón.

Señoras y señores Diputados.

Comparezco ante ustedes, señorías, porque pretendo presidir el Gobierno de Aragón.

Antes de iniciar mi discurso, no obstante, quisiera realizar un llamamiento de solidaridad hacia los vecinos de los núcleos del Jalón Medio, que han visto anegados por la tromba de agua sus casas y sus propiedades el pasado lunes. Las graves pérdidas sufridas necesitan la colaboración, la cooperación y la solidaridad de todos.

Pretendo, decía, presidir el Gobierno de Aragón, y ello porque, primero, el Partido Socialista de Aragón me hizo el honor de designarme candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma en las elecciones autonómicas del pasado 13 de junio y porque, posteriormente y en función de los procesos necesarios de diálogo entre los partidos políticos que se abrieron tras la constitución de las Cortes el día 7 de julio, ha sido posible que el Partido Socialista haya conseguido un acuerdo con el Partido Aragonés y espero que con Izquierda Unida que ha facilitado que el Presidente de las Cortes de Aragón me haya propuesto como candidato en el proceso de investidura que ahora iniciamos.

Es decir, y desde otro punto de vista, lo que también se ha hecho palmario estos días es la imposibilidad del Partido Popular para conseguir aglutinar una mayoría suficiente en torno a su programa y a su candidato, lo que ha mostrado bien a las claras la tremenda soledad de este partido, su carácter minoritario dentro de esta cámara y en la sociedad aragonesa y la consiguiente necesidad de intentar otras soluciones.

En esta sesión de investidura parto con unos apoyos prometidos, que agradezco de antemano, que deberán, no obstante, ratificarse al finalizar la misma. Pero no pretendo solamente conseguir ese resultado, sino que pretendo incrementar e intentar en este debate aumentar esos apoyos. Todo ello, ratificación y aumento, debe suceder de la manera natural que corresponde al sistema de gobierno parlamentario que tenemos, es decir: a través de la palabra, a través de mis frases y expresiones, de mi capacidad de convencimiento, de respuesta a las objeciones y posturas políticas que aquí puedan mantenerse. Mi trabajo específico durante estos días es intentar suscitar de la mayoría de sus señorías la adhesión a unas ideas que sean hábiles para estructurar en torno a ellas el nuevo Gobierno de la comunidad autónoma.

Quiere todo ello decir que lo único que voy a hacer en este lugar es lo que puede esperarse de un candidato: exponer un programa trazando lo que serían las líneas fundamentales de actuación del Gobierno que aspiro a formar, un programa que sea válido, porque es fundamental que la actuación del Gobierno y los programas no sean meras entelequias abstractas, válidas para cualquier lugar y situación; deben responder a necesidades objetivas del territorio y de la sociedad para los que se formulan y, además, tienen que ser factibles, capaces de ser realizados en función de la composición de ese Gobierno y de la situación política, que es lo mismo que decir de la situación social, del territorio donde tienen que aplicarse. Señorías, quiere esto decir que tenemos que comenzar hablando de Aragón y de la situación política aragonesa actual, la de estos finales de julio de 1999.

Hablar de Aragón significa comprender ante todo y sobre todo qué somos los aragoneses, cómo somos, qué queremos y, consiguientemente, cómo debemos actuar. Qué es lo que, legítimamente, podemos pretender y qué medios tenemos que utilizar para conseguirlo.

Comencemos entonces: somos una sociedad con un relativamente alto grado de formación profesional y educativa de sus gentes, con un nivel de vida que se encuentra -en las frías cifras y a pesar de las evidentes bolsas de pobreza y marginación que todos conocemos- por encima de la media nacional, aunque por debajo de la europea, enclavados en la zona más dinámica y, a la vez, más problemática y tensionada de España. Y somos pocos, muy pocos, señorías. No vamos camino de nada, como dijo tiempo ha un poeta que ahora nos acompaña en esta legislatura, porque las cifras desmienten la tentación de concluir de esa forma, aun habiendo tantos signos para ello, pero nuestro peso cuantitativo y cualitativo disminuye y nuestros jóvenes contemplan el porvenir con mucha incertidumbre.

El estado de bienestar permite aguantar el tipo allí donde las aspiraciones de creación de trabajo parecen definitivamente negadas. Las pensiones, la educación gratuita, los servicios sociales... Lo público, en suma, señorías de la derecha, es la única salida para muchos miles de ciudadanos aragoneses, para los habitantes de cientos de miles de hectáreas de territorio casi despoblado y de algunos barrios de nuestras ciudades.

Somos también una sociedad madura, cohesionada en torno a un sentimiento de lo propio. Nadie tiene ni tuvo nunca que enseñarnos a los aragoneses lo que es ser una comunidad histórica, lo que son intereses colectivos diferenciados, lo que es definirse por una forma determinada de ser. Señorías, aquí todos lo sabemos muy bien: la nuestra es una sociedad a la que hoy representan, entre otros, dos partidos nacionalistas y que de esa forma quieren expresar, predominantemente, un sentimiento de defensa de la singularidad, sin olvidar ninguno de ellos su inserción en el proyecto general. El mismo partido al que yo pertenezco recibió hace ya muchos años a todo un conjunto de militantes del antiguo Partido Socialista de Aragón, de cuya actuación en tantos momentos y, singularmente, en la institucional en los tiempos fundacionales de la comunidad autónoma, todos los actuales miembros del Partido Socialista de Aragón nos sentimos muy orgullosos.

Eso quiere decir, señorías, que Aragón es por muchos motivos una tierra esencialmente preparada para la autonomía. El sistema constitucional de gobierno autonómico no es un cuerpo extraño a Aragón, sino que pareciera hecho pensando en características de una tierra y de unas gentes que quieren lo propio y que, al tiempo, ofrecen y exigen solidaridad del conjunto del resto de los pueblos de España. Por eso fue esencialmente injusto que los acontecimientos políticos relegaran a Aragón contra la lógica política y, además, contra lo que estaba inicialmente previsto, a la categoría de las comunidades autónomas de autonomía inicial lenta. El sistema de pactos nacionales entre las fuerzas políticas mayoritarias -que, por otra parte, creemos acertado en sus líneas básicas- impidió durante un tiempo el necesario salto que, por fin, nuestro Estatuto de Autonomía reformado en 1996 con el apoyo unánime de todos los grupos de esta cámara ha permitido dar. Quedan, señorías, pequeñas diferencias de matiz en modo alguno sustanciales para permitir, a partir de ellas, fundar reivindicaciones radicales sobre estas pequeñas diferencias de matiz. Por tanto, señorías, la tarea para la que estamos emplazados es la de desarrollar el Estatuto de Autonomía vigente, resaltando sus múltiples potencialidades, particularmente aquellas que más directamente miran a procurar bienestar y felicidad para nuestros ciudadanos, o sea, las políticas sociales, las educativas, las de salud pública, etcétera.

Esta es una sociedad con esperanzas, con unas ganas tremendas de dar un salto adelante y que se resiste a comprender por qué tiene que jugar el papel marginal en la política española que ha tenido durante estos últimos años, en los que el conjunto de las comunidades autónomas españolas han dado un tremendo impulso y sentado unas bases de progreso que darán sus frutos, sobre todo, en los próximos años.

La nuestra es una sociedad que no entiende una política industrial confiada prácticamente en la prosperidad y el buen hacer de una gran empresa y del sector productivo que encabeza. Que quiere usar de su territorio y de sus recursos naturales para, preservándolos de utilizaciones irracionales, sentar las bases de una agricultura esencialmente competitiva, potenciar un desarrollo rural ordenado, atraer y fomentar industria agrícola de transformación y dar trabajo en su lugar de origen y con nuestros propios recursos a tantos jóvenes que hoy miran con interrogante su futuro.

Una sociedad que se muestra incapaz de comprender cómo el momento gozoso de alcanzar competencias educativas se puede transformar en el comienzo inacabado de agrias polémicas con la gran Universidad de Zaragoza, la de Aragón, y con el cobro por parte de la comunidad, a modo de peaje, de una parte de la financiación universitaria que viene del Estado sin emprender una sola acción de política universitaria nueva, original, propia de una comunidad que se llama autónoma.

Una sociedad que se conecta con Europa por su frontera natural pirenaica; que manda sus gentes a los centros de decisión en Bruselas, Estrasburgo; a sus jóvenes científicos, a formarse en los centros de investigación europeos de punta, y que no entiende el bajo interés de un Gobierno por las grandes políticas europeas de desarrollo, de infraestructuras, de ordenación del territorio, de comunicaciones, del medio ambiente, etcétera. Por ejemplo, ¿saben los aragoneses que existe una oficina aragonesa en Bruselas?, ¿lo sabe la sociedad?, ¿lo saben nuestros sectores económicos, nuestros empresarios?

La nuestra es una sociedad que conoce el tremendo valor creativo histórico de la cultura aragonesa, el impulso que representa el apoyo a la especulación intelectual, a las creaciones artísticas contemporáneas, lo que todo eso significa de rejuvenecimiento permanente de las estructuras sociales, de oportunidades para los más jóvenes y arriesgados, y que, sabiendo todo eso, ve con estupor el acartonamiento de las políticas culturales, el culto a lo antiguo por simplemente viejo -y muchas veces, además, cutre-, la incapacidad de impulsar aquello que rompe y que, por tanto, germina y es fruto insospechado de bienes para todos.

Señorías: la invención científica, la patente tecnológica, la nueva tendencia creativa, las formas singulares de organización industrial, el empresariado atrevido, el papel puntero de un sindicalismo a la busca de un trabajo humanizado y satisfactorio, la modernización de la agricultura..., todo eso no son compartimientos estancos, sino que se mueven en la misma línea, en la misma dirección y con el mismo impulso. No hay sociedad que cree tecnología sin, al tiempo, dar ocasión de expresar y de valorar lo nuevo en arte, en literatura, en música, en arquitectura...

Las comunidades autónomas que hoy admiramos en España son aquellas que han soltado amarras con lo caduco, que ensalzan el valor de lo viejo cuando lo tiene realmente, pero que, sobre todo, lanzan cables hacia el futuro al que quieren hacer irremediablemente suyo. Claro, decir eso en este hermoso y singular palacio de la Aljafería es, evidentemente, una obviedad.

Aragón necesita un impulso radical, un impulso radical que me atrevo a calificar sin exageraciones de regeneracionista. Hay que crear nuevos modos de comportamiento industrial, cultural, educativo, y todo ello desde un giro político que rompa moldes con lo que hasta ahora estamos acostumbrados a tener, porque eso, señorías, ya no sirve a final de 1999.

Estamos, por tanto, en un momento decisivo, y por eso hay que ser valientes para tener la oportunidad no sólo de recuperar el tiempo perdido, sino de ganar una carrera al tiempo en una legislatura que debe ser vertiginosa de realizaciones. Seamos, señorías, los nuevos regeneracionistas de los comienzos del siglo XXI, y les aseguro que estamos en condiciones para ello.

Aragón es también una sociedad esencialmente plural, y, por consiguiente, ser una sociedad plural quiere decir ser una sociedad madura. Hay nada menos que cinco grupos políticos representados en esta cámara; está claro para todos que nadie con significación se ha quedado fuera de las Cortes de Aragón, nadie con significación se ha quedado fuera de las Cortes de Aragón, y todos los aquí presentes encarnan una parte del ser aragonés y, en su conjunto, forman el todo de nuestro ser aragonés.

Es una sociedad plural, insisto, y, por tanto, no tiene, no puede tener mayorías políticas absolutamente claras y definidas. Seríamos una excepción en las comunidades autónomas desarrolladas del norte de España, en donde sin duda nos encontramos. Eso es una verdad de Perogrullo, como lo es también que hay distintas posibilidades de articulación de las diferentes formaciones políticas aquí representadas, que hay distintas formas de crear mayorías, y todas ellas, en cuanto que pudieran alcanzar los requisitos que marca nuestro Estatuto de Autonomía, todas ellas perfectamente legítimas.

Y para hablar de legitimidad, en ese terreno, señorías de la derecha, estoy perfectamente autorizado, estoy autorizado por nuestra historia reciente desde el recuerdo de los veintisiete y treinta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en 1987 y en 1991, respectivamente, que aun siendo muy mayoritarios y a una tremenda distancia de la segunda fuerza más votada, sin parangón alguno con lo que sucede ahora, en ningún caso consiguieron la investidura: su candidato se quedó en la oposición porque inmediatamente se formó una mayoría alternativa con superior número de escaños.

Era una mayoría legítima la que se compuso en aquellos momentos, aunque nos pesara a los socialistas y lo sintiéramos con amargura; era una mayoría legítima la que se compuso en aquellos momentos, aunque podamos seguir pensando ahora, como lo podrán hacer ustedes también, con toda legitimidad, que nosotros -en este caso, ustedes- lo habríamos hecho mucho mejor.

A partir de la legitimidad de cualquier combinación mayoritaria de grupos, hay algo que también sabemos: que una de las formas posibles teóricamente de formar gobierno en esta cámara ha devenido ya en irrealizable y que, por lo tanto, hay que sacar las correspondientes conclusiones.

Tenemos que crear, señorías, una nueva mayoría que se corresponda con los deseos y tendencias predominantes de la sociedad. Este parlamento tiene la obligación de crear una nueva mayoría, y ella tiene, necesariamente, que estructurarse en torno al Partido Socialista por motivo del número de escaños y por razones de ser el lugar natural desde donde debe y puede producirse el cambio, no puede ser de otra forma.

Y yo me dirijo a ustedes, señoras y señores diputados de la mayoría de la cámara, y a través de ustedes al pueblo aragonés, para proponerles un programa, el adecuado para este territorio, el posible de realizar, dados quienes hoy nos sentamos aquí y dada la proporción en la que aquí estamos. Un programa -me permitirán- para un nuevo tiempo, gestionado, sin duda, por una nueva mayoría.

Pero sigamos hablando de Aragón y veámoslo ahora como a vuelo de pájaro, desde una perspectiva territorial, contemplando además sus instituciones políticas.

Tenemos, así, una comunidad autónoma, cincuenta mil kilómetros cuadrados, tres provincias, más de setecientos ayuntamientos (uno de ellos muy grande, la capital), una comarcalización aprobada por estas Cortes y pendiente de ser aplicada, y solamente, señorías, solamente un millón cien mil habitantes.

Hay cosas que inevitablemente se imponen tras escuchar estas cifras. Resalta, ante todo, la necesidad de coordinación, la necesidad de coordinar y de coordinación en la acción de las Administraciones públicas existentes, los múltiples niveles de Administración pública que tenemos, tres de los cuales (el autonómico, el provincial y el municipal) nos vinculan desde la Constitución y desde la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional en relación con las provincias, y el cuarto, las comarcas, ha sido voluntad de creación de estas Cortes.

Creo que es obligada también, al lado de esa coordinación, la desconcentración de competencias de la Administración de la comunidad autónoma y la descentralización de todas las que sean posibles en las entidades locales, a las que entiendo como el suelo, el entramado básico de la completa comunidad. A esos efectos, mi Gobierno llevará a cabo un reforzamiento de los servicios periféricos de la comunidad autónoma, potenciando la figura coordinadora e impulsora del funcionamiento de la Administración de los delegados territoriales del Gobierno en Huesca y Teruel. Al mismo tiempo, se procurará estructurar todas las unidades administrativas que sea posible al nivel comarcal, procurando que el nivel de desconcentración administrativa coincida con el de la división territorial que marca nuestra Ley de comarcalización.

Por otra parte, es necesario acabar de reordenar la división competencial entre la comunidad autónoma y las diputaciones provinciales. No tiene sentido administrativo, ni mucho menos económico, que éstas continúen prestando servicios en materia de salud y que dependan de ellas importantes centros sanitarios, por poner un ejemplo sintomático. En el plazo de tres meses, tras la toma de posesión de nuestro Gobierno, quedarán constituidas las comisiones mixtas pertinentes para dar culminación a un proceso de transferencias de funciones y servicios en esta materia a la comunidad autónoma con arreglo a los principios que sobre la materia establece el ordenamiento jurídico.

Cosa semejante habrá que hacer con las carreteras y con cualquier otra competencia que, dependiente de las diputaciones provinciales, pueda tener un marco más adecuado de prestación en su atribución a la comunidad autónoma.

De forma paralela hay que proseguir, mientras dure este proceso de negociación, el reforzamiento de las mancomunidades de interés comarcal, siguiendo la traza de aquellos entes de este tipo que en la provincia de Huesca han alcanzado un adecuado funcionamiento.

Pienso que se debe generalizar en Aragón este modelo mancomunitario puesto que nos permite ensayar una realidad casi enteramente semejante a la de las comarcas, y que dispone ya nuestro ordenamiento jurídico. A partir de las mismas, podrá haber en el futuro una evolución de la que mi Gobierno será el principal impulsor, pero siempre dentro de unos planteamientos de prudencia que no arrojen a la palestra nuevos niveles administrativos cuando aún no se hayan aclarado todos los procesos a los que me acabo de referir. Debemos ser extremadamente cautos en esta cuestión y no sustituir nunca la elemental iniciativa que les corresponde a las correspondientes entidades locales, y que son las que tienen que iniciar el proceso. Hay que evitar disensiones y, desde luego, huir del excesivo gasto económico derivado de la implantación de un nuevo nivel territorial de Administración que no vaya acompañado de medidas paralelas de racionalización de los niveles administrativos existentes.

Es necesario –decía- descentralizar competencias, descentralizarlas en las entidades locales. En este sentido soy muy claro y afirmo que hay que revitalizar los castigados municipios aragoneses y que ello puede ser ayudado por la delegación, en aquéllos que puedan soportarlo, de competencias que siempre irán acompañadas de la suficiente financiación. Eso puede suceder en distintas materias, como enseñanza infantil y primaria, cultura, deporte, prevención de la salud, protección del consumidor, servicios sociales, entre otras. Nadie mejor que el municipio puede cuidar de lo que son servicios públicos que redundan en beneficio directo de sus vecinos.

Debemos trazar indiciariamente un nivel de población para poder acceder a estos nuevos servicios sin hacer de la mera cifra un muro infranqueable a cualquier consideración ni, además, aplicable a todo tipo de competencias. Muy probablemente, los estudios que realicemos nos indiquen que sean los municipios que tengan por encima de cinco mil habitantes los que puedan acceder al ejercicio de las competencias que la Comunidad Autónoma les entregue, siempre y cuando, como es lógico, sean ellos los que decidan incorporarse al sistema que creemos. En todo caso, no se le debe escapar a nadie que nos estamos moviendo en el entorno de materias muy dependientes de una necesaria reordenación del marco general de financiación de las entidades locales.

Las anteriores fases nos sitúan en un terreno en el que se mezclan las responsabilidades del Estado y las de la comunidad autónoma, y habrán visto, señorías, que no rehuyo entrar en ese terreno, porque, desde mi punto de vista, como aspirante a la presidencia de la comunidad, nunca la existencia de una competencia del Estado puede evitar la intervención de la comunidad autónoma allí donde haya intereses definidos de ésta. Por el contrario, desde esa responsabilidad e interés se influirá en el modo de ejercicio de competencias en nuestro territorio por parte del Estado. Nada de lo que suceda en Aragón será extraño a la responsabilidad de nuestro Gobierno.

Hay múltiples modos para ello: el diálogo es el primero de todos. El diálogo a partir, obviamente, de la formación de la propia voluntad de la comunidad autónoma, de la consecución de las ideas propias sobre cualquier materia. Indico de paso que será en esta cámara donde deberá sustancialmente formarse ese proceso de propia voluntad. En una cámara plural es donde deberemos encontrarnos el Gobierno y los grupos parlamentarios para concluir los puntos comunes que trasladar con firmeza a las instituciones del Estado.

En ese sentido, debo necesariamente abordar algo muy importante como es el sistema específico de financiación de la comunidad autónoma que marca el artículo 48 de nuestro Estatuto. El artículo 48 de nuestro Estatuto dispone la suscripción de un acuerdo bilateral entre el Estado y la comunidad autónoma relativo a la participación territorializada de Aragón en los tributos generales que se determine y las condiciones para la aprobación de recargos sobre tributos del sistema fiscal general, acuerdo que, por seguir citando nuestro Estatuto, deberá tener en cuenta el esfuerzo fiscal de Aragón y que atenderá singularmente los criterios de corresponsabilidad fiscal y solidaridad interterritorial.

Señorías, he leído algunos párrafos de un artículo de nuestro Estatuto de Autonomía, y con eso les he adelantado mi opinión sobre el particular. Estamos ante una ley orgánica aprobada por el Estado, no por nosotros precisamente, aunque sí a nuestra iniciativa. Reclamar su aplicación me parece, por tanto, una cuestión de mero cumplimiento de la legalidad, de pura lógica política y jurídica, bien que no ignoro las incertidumbres que un precepto como éste plantea a primera vista. Quiero decir que esta cámara deberá tener el máximo interés en exigir la aplicación de este precepto si del mismo se van a derivar mejoras sustanciales en la financiación de la comunidad autónoma, y, desde luego, no debería existir ningún interés si concluyéramos, tras el correspondiente y meditado estudio, en lo contrario. No debemos conformarnos entonces con observar la periferia del problema, no debemos concluir en que nos encontramos ante un precepto del Estatuto de Autonomía y en reclamar, por tanto, su cumplimiento. Lo que debemos hacer, lo que propongo que hagamos primeramente y con toda urgencia, es imaginar la forma y modo de implementación de lo que dice este precepto, medir su trascendencia económica real en comparación, obviamente, con lo que se derive del actual sistema de financiación autonómica, prestando mucha atención, por supuesto, a los cambios que del mismo comienzan a otearse para el futuro, para, finalmente, llegar en esta cámara a conclusiones alcanzadas con el concurso de todos ustedes.

Por tanto, me comprometo a impulsar desde el día siguiente a que tome posesión mi Gobierno los estudios necesarios para la simulación de un escenario de aplicación del precepto, midiendo con cifras su efecto, y a hacerlo con los mejores técnicos de los que podamos disponer, y a traer aquí inmediatamente los resultados de esos estudios para, en el marco de un debate parlamentario específico, alcanzar conclusiones mayoritarias, si no unánimes, y aplicarlas a rajatabla.

En este ámbito general de la financiación autonómica y de los planteamientos de política económica, nuestra comunidad autónoma debe ser extremadamente vigilante acerca de lo que está sucediendo en comunidades autónomas próximas que están desarrollando políticas fiscales muy agresivas que pueden tener el efecto de desincentivar inversiones en nuestra comunidad.
Aragón ha sido durante la pasada legislatura extremadamente complaciente en este terreno. Hemos hablado en ocasiones de la cuestión pero no hemos dispuesto o, al menos, conocido estudios serios sobre el particular, y, lo que es más grave, el Gobierno no ha adoptado decisiones de oponerse, incluso judicialmente, a determinadas medidas, tal como, por ejemplo, lo hizo la Comunidad de La Rioja, y con éxito por ahora, si estamos atentos a las noticias que nos llegan de las sedes de las instituciones europeas.
La participación responsable de Aragón en los asuntos de Estado exige, sin embargo, tal actitud. Ha sido muchas veces tónica común en nuestra tierra la de quejarse, a veces con fundamento, otras veces sin él, de presuntos agravios a Aragón cometidos por el Estado o por otros entes públicos territoriales. En este terreno debemos ser taxativos e inflexibles: hay que poner a nuestras estructuras administrativas específicas a trabajar en el seguimiento de las políticas fiscales, de fomento de la industrialización y del empleo en otras comunidades autónomas, y de oponernos a ellas si concluimos en que, además de perjudicarnos, contradicen el marco constitucional que a todos nos vincula. Ello no es en modo alguno una política de mala vecindad o de relación conflictiva, sino simplemente la consecuencia lógica de un análisis de los propios problemas y de sus causantes. En última instancia, y más allá del siempre aconsejable diálogo político previo, serían los tribunales quienes dictaminarían si estábamos equivocados o habíamos sido certeros en la hipotética impugnación jurisdiccional que pudiéramos hacer.
Lo que les indico es mucho más razonable si se tienen en cuenta las carencias estructurales de determinados territorios aragoneses con graves problemas de creación de empleo y de riqueza. La provincia de Teruel es un ejemplo claro: lleva años sometida a una tremenda sangría económica y demográfica que nos tiene que preocupar a todos para llevarnos a actuar rápida y eficazmente. Como altoaragonés que soy, reafirmo solemnemente mi compromiso con esa provincia, prometo dedicar mi esfuerzo a dinamizar, efectivamente, el Plan de la Minería y, a su través, crear riqueza y futuro para Teruel por simples razones de justicia pero también para una contemplación más equilibrada de un territorio aragonés que no puede bascular irremisiblemente sólo hacia el centro.
La presencia de Aragón en los asuntos del Estado que nos atañen no se limita a nuestras propias fronteras administrativas. Hoy en día, la política europea tiene que ver directamente con nuestros propios intereses, y, a la vez, hay que seguir esa política, estar presente allí donde surgen las ideas y se negocia la aplicación de los cuantiosos fondos económicos dispuestos, sean éstos estructurales o de otro tipo.
Hasta ahora, la actividad desarrollada por Aragón en el plano europeo es decepcionante, y no creo que haya nadie en esta cámara que pueda sentirse satisfecho del trabajo realizado en ese ámbito. Por ello, señorías, me propongo como tarea personal incrementar la presencia de Aragón en los foros europeos, tomando parte activa en las discusiones que tengan lugar en los principales organismos que afecten a la política regional, y en la que se insertan los intereses de nuestra comunidad autónoma.
Igualmente es imprescindible reforzar, política y administrativamente, nuestra oficina en Bruselas y difundir su existencia entre los sectores sociales y económicos aragoneses que puedan necesitarla.
Pero insisto, señorías, en que la política europea es tan importante que no puede ser sólo objeto de medidas administrativas o burocráticas; la dedicación de funcionarios a la tarea, por magníficos que éstos sean, no es suficiente. Además del plano de lo burocrático, hay que tener presencia política activa y con liderazgo allí donde se adoptan las decisiones, donde están presentes las regiones europeas, buscando alianzas, moviendo peones, haciendo valer nuestra siempre socorrida posición estratégica, que puede darnos bazas muy notables, y estoy absolutamente convencido de ello. En este punto, como en tantos otros, el Gobierno es quien debe ejercer el liderazgo, pero la sociedad debe acompañar al Gobierno en los múltiples vericuetos de la política europea, y estoy seguro que lo hará si siente que esta compañía es valorada por el ejecutivo.
Ni que decir tiene, señorías, que mi Gobierno será muy firme en intentar extraer el máximo partido posible del túnel carretero del Somport, ya prácticamente finalizado, para lo que es imprescindible que el Gobierno de la nación se tome de una vez por todas en serio la construcción de la autovía desde Sagunto, que no sólo es una realidad, y parcial, en el tramo valenciano, de lo que me alegro por los valencianos. Tendremos ocasión en seguida, señores Diputados de la derecha, de pedirles que se unan a nosotros en una presión al señor Aznar para conseguir una aceleración en los trabajos de la autovía, lo que está vinculado a la inclusión de las correspondientes dotaciones económicas en los presupuestos del Estado para el año 2000. Igualmente, señores del Partido Popular, vamos a ver si tienen más éxitos en este empeño como oposición en esta cámara que como Gobierno. Estaré muy contento de ello, y se lo digo con toda sinceridad.
Es obvio también, por supuesto, que dirigiremos nuestros esfuerzos a conseguir la reapertura del tráfico ferroviario con Francia por Canfranc, que es de máximo interés para Aragón, pero también para España y para Francia. El momento actual parece esencialmente propicio para una labor como ésta. Aragón podría contribuir a ella sumando a la necesaria presión política la confección de un completo estudio que demostrara a todos, y sobre todo a los órganos competentes de la Comisión Europea, la viabilidad y ventajas económicas, sociales y ambientales de la reapertura del ferrocarril. Lo mismo puede decirse, aunque sé que tiene otro ritmo, de la unión ferroviaria con Francia por el Vignemale, opción que parece más lejana, pero que es tremendamente ambiciosa, complementaria y positiva para nuestros intereses.
Presión política, informes técnicos indiscutibles y, señorías, conocimiento de la situación francesa y de las instituciones políticas y sociales de la otra parte del Pirineo. La proyección exterior de Aragón debe ser europea -les decía hace un momento-, pero sin olvidarse ni por asomo de que el país del norte, Francia, es nuestro primer vecino y debe ser también nuestro primer socio y amigo. Otra vez en este terreno me propongo compensar personalmente las deficiencias que hemos podido notar durante los pasados años. Aragón tendrá una presencia política en Francia y, con ella, nos acompañará la presencia social y económica. Todo el Gobierno y la sociedad deben tener bien claro este objetivo. Es obvio que las relaciones internacionales corresponden al Estado y que la última palabra sobre las conexiones ferroviarias y de carreteras entre los dos países respectivos corresponde a los Estados, pero los Estados no son entelequias inaccesibles en las sociedades complejas y abiertas, que son tanto la sociedad francesa como la española; es posible preparar el terreno para las decisiones de los Estados (o sea, de los Gobiernos) mostrando claramente a los responsables políticos respectivos cuáles son los intereses y valores que defiende la sociedad. Ésa es nuestra tarea y ése el terreno en el hay que moverse sin dilación.
Si hablamos de comunicaciones, debo tratar por fuerza de una cuestión en la que el Partido Popular a nivel central y autonómico ha tenido un fracaso clamoroso: me estoy refiriendo al necesario cambio que debe tener el régimen de circulación de vehículos por la autopista A-68. Fíjense, señorías, que hablo de toda la autopista, aunque desde nuestra perspectiva, claro está, en su tramo aragonés. Hablo de toda ella porque el interés de los ciudadanos aragoneses -coincidente con el de los ciudadanos de otras comunidades autónomas- se extiende también a todo ese itinerario. La situación existente en sus primeros kilómetros y, singularmente, hasta Alagón es para muchos de los afectados angustiosa en determinados momentos, pero la comunidad autónoma tiene que ser más ambiciosa, y lo tiene que ser comprendiendo y haciendo comprender a otros el cambio sustancial que las autopistas de peaje han tenido desde el momento de su construcción hasta la actualidad. La A-68, en concreto, se configuró en realidad como un mecanismo de transporte complementario a corto y medio plazo de la carretera nacional que discurre muy próxima a su trazado. Hoy, en función de las necesidades de transporte del corredor del Ebro, la autopista debería ser el medio normal de transporte y la carretera el complementario y, por ello, nuestra política será la de tender sustancialmente a la gratuidad de su utilización.
No quiero hacer demagogia en este lugar, porque conozco las dificultades, sobre todo de índole económica en relación a la cuestión que estoy planteando. Pero es necesario caminar hacia una rebaja sustancial del peaje en la autopista para, de ese modo, apoyar no solo la seguridad del tráfico, sino apoyar también, sobro todo, el desarrollo industrial y agrícola del eje del Ebro.
En esas circunstancias, me parece difícil, me parece una empresa difícil, pero no imposible un acuerdo entre todos con la finalidad de rebajar gradualmente hasta un 50% primero y, finalmente, hasta el 25% la cuantía del peaje en esta autopista, indemnizando en la justa medida, claro está, a la sociedad concesionaria. Hacia ahí van a ir nuestros objetivos y nuestra actuación de una manera absolutamente firme si me otorgan la confianza que les estoy pidiendo.
Como hablo de comunicaciones, quiero reafirmar el compromiso que manifesté en la campaña electoral, y que es compartido ampliamente por esta cámara, sobre el acercamiento de la autovía hacia la ciudad de Daroca, un compromiso compartido ampliamente por esta cámara, en el que nosotros vamos a empezar a trabajar inmediatamente.
Hablo de ferrocarril y de comunicaciones e, inmediatamente, la atención se centra con completa lógica en el Pirineo. Pocos lugares pueden ser a la vez la solución y el problema, al modo de cómo lo era Europa en el debate clásico de los intelectuales de la primera mitad de este siglo acerca de los problemas de España. El Pirineo como la máxima acumulación de recursos naturales y paisajísticos. El Pirineo como ocasión de tentación permanente para su explotación desmedida. El Pirineo, en realidad, como lugar donde se debe ser inflexible en la protección de su conjunto y, a la vez, en la apertura a la utilización económica de determinadas áreas menos sensibles que ofrezcan solución de vida a sus habitantes antes que a ningunos otros.
Señorías, algunos Diputados tenemos nuestro solar y otros nuestro solaz en aquellas cumbres y valles. El Presidente de las Cortes y yo mismo somos de los que poseemos ambas características, y creo que a todos nos une la voluntad común, a todos nos une -insisto- la voluntad común de preservar utilizando o de utilizar preservando el Pirineo; pueden usar el infinitivo y el gerundio en el orden que quieran, pues el resultado en mi intención es exactamente el mismo.
Es necesario, entonces, un instrumento jurídico que posibilite alcanzar la solución a partir del planteamiento sincero del problema. Pienso que una ley del Pirineo aprobada en estas Cortes puede ser una solución idónea. Una ley consensuada entre los grupos parlamentarios y hecha de cara y no de espaldas a los habitantes de la montaña, que orientará para el futuro la actividad social y económica en uno de los lugares más singulares y necesitados de atención por su belleza y sensibilidad.
Infraestructuras, comunicaciones, transportes... Señorías, durante los próximos años va a tener lugar en Aragón un hecho trascendental, como es la llegada del AVE hasta nosotros. Muchos comienzan ahora a advertir el capital acontecimiento social y económico que puede producirse, hasta el punto de que, si sabemos aprovechar las oportunidades, podremos hablar, sin duda, de un antes y de un después del AVE en Aragón. Me propongo en este sentido crear una unidad administrativa directamente vinculada a la Presidencia de la Comunidad Autónoma con el rango y con el encargo de formular un Plan para ordenar y orientar el sistema de transportes y comunicaciones en Aragón -noten, señorías, que no digo «de Aragón», pues incluyo, por ejemplo, el aeropuerto de Zaragoza- en relación a la llegada del AVE. Para que dispongamos de un instrumento técnico con el suficiente tiempo para poder con el mismo negociar desde una posición de conocimiento y, por tanto, de firmeza lo que son nuestros intereses específicos con otras Administraciones públicas. Al mismo tiempo, este Plan servirá de dinamizador de los distintos sectores aragoneses para que cada cual aproveche, desde su concreta perspectiva, las oportunidades de asentamientos industriales y de servicios que van a plantearse muy pronto.
En ese marco, es imprescindible la reflexión acerca de las necesarias conexiones entre el AVE, el aeropuerto y el desarrollo de la ciudad de Zaragoza. Necesitamos, para el bien de Aragón, la integración de esas tres realidades. Es precisa una estación lineal en el aeropuerto que posibilite la parada allí de los trenes y que, por diversas circunstancias, alguno de ellos no vaya a hacerlo, aparte de los que ya paran en la ciudad de Zaragoza. Hay que hacer comprender al Estado las ventajas estratégicas nacionales de esa opción, y en esa dirección se van a mover los principales de mis esfuerzos.
Una política de comunicaciones y transportes formulada para el próximo siglo y milenio no debe limitarse a las infraestructuras físicas. Probablemente tengan mucha mayor importancia para el futuro otro tipo de comunicaciones. Extender las redes de la información, difundir por todo el tejido aragonés las múltiples posibilidades de formación, diversión y cultura que tiene la informática será una preocupación fundamental del Gobierno, que a esos efectos formulará un plan específico, vinculado primordialmente, pero no exclusivamente, al ámbito educativo.
De la misma forma, trataremos de potenciar en los medios de comunicación existentes o en los que puedan crearse la presencia efectiva de los intereses y valores aragoneses, considerando que la intervención del poder público, siempre medida y matizada, no tiene por qué ser, como en las concepciones antiguas, una amenaza a la libertad, sino, al contrario, una garantía de pluralismo social.
Un Gobierno de progreso como el que pretendo presidir tiene que ser necesariamente muy sensible a las políticas sociales.
La educación va a ser una de las prioridades básicas de este Gobierno, que se mostrará por la existencia de un departamento específico dedicado a ella.
Se potenciará la enseñanza pública considerando que, a través de la misma, se produce la verdadera igualdad de oportunidades y el progreso social para aquellos que parten en la carrera de la vida con un retraso en la posición de inicio.
Este favorecimiento de la enseñanza pública no es incondicionado: su objetivo primordial es la calidad. Hoy no se trata ya de proporcionar un puesto escolar para nuestros hijos, porque eso ya se consiguió en la década de los ochenta por los sucesivos gobiernos socialistas de la nación; hoy, de lo que se trata es de conseguir una formación integral que prepare adecuadamente a nuestros jóvenes para el ejercicio profesional y para su integración social como ciudadanos responsables.
La descentralización de funciones en los municipios, acompañada de la correspondiente financiación, y la descentralización también de responsabilidades en cada uno de los centros educativos, unida a la adaptación a la realidad aragonesa del currículum educativo, puede ser un medio eficaz de lucha para conseguir esta calidad, en cuanto que estimulará el lógico interés de ayuntamientos, padres, alumnos y profesores por conseguir lo mejor para sus centros.
Nos preocupa mucho la Universidad de Zaragoza, y extenderemos a ella, obviamente, esta política general de calidad de la enseñanza de la que hablo. Con respeto a la autonomía de la Universidad, intentaremos favorecer la consolidación de las ciudades de Huesca y Teruel como ciudades universitarias, estimulando la descentralización de competencias universitarias en ellas con el reforzamiento de la correspondiente autonomía de gestión de sus órganos de gobierno universitarios.
A esos efectos, favoreceremos también la oferta de títulos propios de la Universidad adecuados a las necesidades de la comunidad autónoma.
En el ámbito de la sanidad, conseguiremos durante la legislatura la transferencia de las funciones y servicios ejercidos por el Insalud y la reordenación del mapa competencial interno.
Las estructuras sanitarias de las diputaciones provinciales pasarán a la comunidad autónoma, quien configurará una red sanitaria única y pública, orientada por prescripciones de calidad y eficacia.
Nos opondremos igualmente a cualquier medida de organización de la sanidad pública que, movida por pretendidas razones de eficacia, pretenda en realidad propiciar una privatización encubierta de un servicio público.
Particular interés dedicaremos a la mejora del medio ambiente. Crearé un departamento específico de medio ambiente como mejor forma de perseguir políticas de signo medioambiental. Completar las instalaciones del Plan de residuos sólidos urbanos, revisar el Plan de residuos especiales, luchar decididamente contra los desastres de la contaminación acústica, en donde se manifiesta una sensibilidad especial de los ciudadanos, elaborar y aprobar una ley de la energía eólica y otra de montes, extender la Red de Espacios Naturales Protegidos de Aragón, etcétera, son algunas de las actuaciones que en este ámbito se realizarán.
Obviamente, también es política ambiental la aprobación de la ley del Pirineo, de que antes hablaba, y la política hidráulica a la que enseguida voy a dedicar un apartado específico.
Igualmente, en el ámbito de las puras actuaciones gubernamentales, se constituirá una comisión de seguimiento para tratar la problemática de los organismos modificados genéticamente, y mi Gobierno tendrá en cuenta que treinta y siete mil ciudadanos aragoneses suscribieron una iniciativa legislativa popular en torno al ahorro energético y las energías renovables y procurará impulsar la aprobación de esa ley, y, en todo caso, tendrá en cuenta el espíritu que la guía en la elaboración del correspondiente Plan autonómico de energías renovables.
Pero antes quiero decirles que la mejora del empleo en la comunidad autónoma tiene que ser una prioridad específica también. No podemos complacernos en las meras cifras estadísticas que nos dan una ocupación por encima de la media nacional, porque ésta es conseguida, fundamentalmente, a través de un crecimiento demográfico de signo negativo.
Hay escasa creación de empleo, y eso atenaza el futuro de nuestros jóvenes. Debemos encontrar nuevos yacimientos de empleo, que propondremos que se exploren en las políticas sociales y en las del medio ambiente. La experiencia en otros países dice que, con una adecuada política administrativa, las oportunidades para los jóvenes en esos ámbitos pueden ser muy interesantes. La puesta en marcha efectiva del instituto aragonés de empleo será muy importante a esos efectos.
Puede ser muy importante para la creación de nuevos empleos estudiar la reducción en la jornada laboral, con el horizonte de las treinta y cinco horas. Hablo de estudiar esa reducción. Mi Gobierno impulsará, a esos efectos, el diálogo entre las organizaciones empresariales y sindicales, intentando que el pacto efectivo entre ellas dé una salida en un plazo razonable a una problemática de debate general en la Europa de hoy y de la que nuestros jóvenes podrían salir muy beneficiados. Igualmente, se estudiará la instauración de esa jornada en la Administración y en los organismos y empresas públicas dependientes de la comunidad, entablándose, a esos efectos, la correspondiente negociación con los representantes del personal.
Para el mejoramiento del empleo y, en general, para ayuda de la completa actividad productiva en Aragón, el papel de las cajas de ahorro aragonesas es fundamental. Mi Gobierno colaborará lealmente con ellas, prestará atención a sus deseos y les transmitirá con prontitud los propios. Han demostrado en el pasado que son un compañero natural de las preocupaciones que encarna la comunidad autónoma, y mi Gobierno las considera plenamente implicadas en el proceso de favorecer la calidad de vida en la comunidad autónoma mediante su obra social y cultural.
Señorías, esperamos mucho de las cajas de ahorro, cuya influencia positiva en Aragón es más que conocida, y ellas tienen en mi persona y en mi Gobierno el interlocutor atento y preciso, dispuesto en todo momento al diálogo y a la colaboración.
La atención prioritaria a los problemas de la comunidad autónoma que tendrá mi Gobierno no puede justificar que no tengamos también una clara conciencia de la situación privilegiada política, económica y geográficamente en que nos encontramos, y la necesidad de, en la medida de nuestras posibilidades, cooperar a un mejor reparto de las riquezas desde La perspectiva supranacional.
Desde esos presupuestos, dedicaremos un 0,7% de los capítulos inversores del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón a la cooperación al desarrollo, con la perspectiva de intentar incrementar, en la medida de lo posible, tal aportación.
Un apartado especial, muy especial, y último hay que dedicar a la política hidráulica que seguirá mi Gobierno. Por razones obvias, en Aragón éste es un tema especialmente sensible, y no lo es -les aseguro- por casualidad. No somos los políticos quienes hemos inventado el interés de la sociedad aragonesa por las obras hidráulicas o -digámoslo de otra forma más actual y constitucional, con la que me identifico plenamente por su precisión- por la utilización racional del agua con vistas a propiciar el desarrollo territorial y sectorial equilibrado.
Los políticos recibimos, simplemente, los impulsos de la sociedad, y de esa forma podemos contemplar un día a treinta mil regantes recorriendo las calles de Zaragoza, e igualmente sabemos otro de algunos ciudadanos que inician una huelga de hambre contra la decisión estatal de crear un embalse, y conocemos la preocupación de unos cuantos municipios y de sus vecinos por el sentido de su porvenir en el marco de la decisión de ejecución de determinadas obras hidráulicas.
La cuestión está en la calle, y este parlamento y el Gobierno que aspiro a formar deben responder coherentemente a un problema que no tiene por qué eternizarse entre nosotros. Hay que aspirar a que un día el problema desaparezca de las primeras páginas de los medios de comunicación aragoneses porque, simplemente, se haya solucionado.
En este tema, señorías, hay que ser valientes y llamar a las cosas por su nombre. Hay que dar el salto de una política aragonesa que hasta ahora ha tenido un corte netamente defensivo hacia una política del agua de signo positivo, de realizaciones meditadas, prudentes, pero también esencialmente firmes.
Y, en este marco, me parece que debo realizar una constatación simple: si treinta mil personas salen a la calle y el agua es para los aragoneses algo más que H2O o el 90% de la composición de nuestro cuerpo es porque nuestros padres, nuestros abuelos, nosotros mismos, hemos podido contemplar lo que ha sido el efecto transformador que el agua ha producido en Aragón.
Señorías, todos sabemos que, sin la decisión adoptada a comienzos de este siglo de implicar al poder público en la utilización y la realización de las obras hidráulicas, hoy Aragón sería un desierto, hace mucho tiempo que hubiera desaparecido cualquier vestigio de vida social organizada más allá de veinte kilómetros al norte y al sur del río Ebro o fuera del área de influencia de los otros grandes ríos aragoneses: ésa es la realidad. Sin los regadíos de Bardenas, las Cinco Villas hoy no serían una tierra con esperanza; sin Riegos del Alto Aragón, mi provincia constituiría un inmenso vacío; sin el canal de Aragón y Cataluña, en el este de Huesca, en la parte de lo que llamamos «la Franja», no se habría creado la riqueza que hoy nos enorgullece a todos. No es de recibo, por tanto, una crítica frontal y sin matices a las obras hidráulicas porque las pruebas de su utilidad son palmarias, la riqueza creada, colosal. La oportunidad de futuro de Aragón se puede escribir -digámoslo en voz alta y firme- porque en el ayer, en este mismo siglo, desde principios de este mismo siglo, se hicieron determinadas infraestructuras.
Por eso, es comprensible que estas Cortes de Aragón suscribieran unánimemente en 1992 el llamado «Pacto del Agua», que luego se incorporó al Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro. Pero, como he dicho muchas veces a lo largo del discurso, no hay que quedarse en la periferia de las cosas, sino profundizar en el núcleo de las mismas, saber lo que significan las palabras más allá de la reunión de letras, las frases más allá de la conjunción de palabras sueltas.
No hace falta que les recuerde a sus señorías el contexto político en el que estas Cortes de Aragón aprobaron el Pacto del Agua. La política del Gobierno de la nación del momento se orientaba hacia un Plan Hidrológico Nacional que contemplaba distintos trasvases entre cuencas hidrográficas, no sólo a partir de la del Ebro, pues recuerden que también a la cuenca del Ebro llegaba agua desde los planes hidrológicos de la cuenca del Duero y de la del norte. Era un sistema interconexionado de cuencas el que se diseñaba en el documento, del que se comenzaba a tener conocimiento cuando en estas Cortes, aquí, se aprobaba aquel acuerdo. Lo que hacíamos los diputados aragoneses en aquel momento era, por tanto, poner una suerte de dique defensivo ante los posibles perjuicios que el Plan Hidrológico Nacional pudiera arrostrarnos en su ejecución.
Algunas frases de aquel Pacto eran esencialmente significativas. Se las recuerdo, señorías, porque de cuando en cuando es necesario hacer historia para entender con más justeza el presente. Decíamos después de enumerar una serie de amplias obras a realizar que «finalmente, deberán asumirse los diferentes instrumentos que en su día se recojan en la Ley del Plan Hidrológico Nacional». Es decir, la aceptación por el Estado de todas las obras que antecedían iría unida a la aceptación por las Cortes de Aragón del Plan Hidrológico Nacional, pero, dicho de otra forma, si no se realizaban esos proyectos, las Cortes no se sentirían vinculadas por el Plan Hidrológico Nacional, que entenderían atentatorio de los intereses hídricos aragoneses.
El marco de juego está, pues, meridianamente claro y no hace falta ahora insistir mucho más sobre él porqué, entre otras cosas, de aquellos acuerdos, de aquel Plan Hidrológico Nacional, que ha desaparecido, que ha desaparecido completamente del panorama y que no ha sido sustituido por otro ni siquiera a modo de borrador, lo cual, dicho sea de paso, es algo que sigue generando, y comprensiblemente generando, mucho recelo entre todos nosotros. Es obvio que hay que exigir que la política hidráulica estatal se formule de una vez por todas y que ello se haga con nuestra participación y, por tanto, sin merma alguna de los intereses de Aragón.
Pero el Pacto del Agua era algo más que lo que a veces se ha dicho interesadamente, era algo más que un mero catálogo de obras hidráulicas. Les recuerdo otro párrafo de aquel documento, por ejemplo, éste: «En las mejoras de regadíos en las que las actuaciones sobre la infraestructura hidráulica deban ir acompañadas de adaptaciones en la explotación y concentraciones parcelarias, dichas actuaciones deberán ser llevadas a cabo por la comunidad autónoma. Las adaptaciones en las comunidades de regantes deben ser también promovidas por la comunidad autónoma». En otro lugar se decía: «En el aprovechamiento hidroeléctrico de los futuros embalses, se crearán sociedades mixtas en las que participarán, además de las Administraciones públicas, sociedades privadas y otros colectivos sociales especialmente afectados por la construcción de las obras».
Mejoras de regadío, aprovechamiento económicos del agua para los afectados por las obras de regulación... Esto es también, señorías, el Pacto del Agua. Y, desgraciadamente, ni la realización de las obras enumeradas ni las incidencias en ese tipo de actuaciones o en otras distintas de corte medioambiental que pudiéramos imaginar en aquel momento se han llevado a cabo.
Sería muy fácil, señores del actual Gobierno, imputarles la pasividad y, por tanto, el fracaso en estas cuestiones, que ustedes, elegantemente, han reconocido en algún debate. A fin de cuentas, son ustedes quienes han presidido un Gobierno en Aragón durante cuatro años y es su partido el que también ha presidido un Gobierno en Madrid desde mayo de 1996. Son, a todos los niveles, los que no han hecho prácticamente nada en lo que al Pacto se refiere, ese Pacto que luego se incorporó al Plan Hidrológico de la cuenca. No solamente eso, no solamente eso, sino que se ha generado un clima de enfrentamiento entre el llano y la montaña absolutamente novedoso en Aragón y que hay que cortar rápidamente.
Me sería muy fácil pero no voy a hacer ni por asomo darles a ustedes la responsabilidad, toda la responsabilidad. Porque creo que en este tema tenemos que ir unidos todos los diputados y grupos parlamentarios de estas Cortes de Aragón. Y, aunque alguien me pueda juzgar como políticamente blando, aquí se acaban lisa y llanamente los reproches que podría formular. Señores diputados, aquí se acaba: punto final.
Porque lo que me interesa es pasar a otro plano, a otro plano más creativo, a ir sentando sucesivamente las bases para la formulación de esa política hídrica positiva de la que les hablaba. Eso se puede conseguir con el concurso de todas las fuerzas políticas y sociales aragonesas a través de una determinada acción de Gobierno. Tenemos que ser capaces, señorías, de volver a reconstruir los acuerdos hidráulicos en la forma y método, y con la elasticidad que sea necesaria, que lo hicimos en 1992.
Efectivamente, la política hídrica aragonesa debe volver a ser formulada sin olvidarnos de las bases comunes que ya tenemos. Para ello, entre otras cosas, debemos dotarnos de instrumentos hábiles de trabajo. Es incomprensible que, con todo el interés de la sociedad aragonesa por el agua y con los múltiples debates que en estas Cortes hemos tenido sobre el particular desde su misma constitución, la estructura de la administración hídrica aragonesa se limite a una dirección general con menos de media docena de técnicos superiores y no precisamente favorecida presupuestariamente.
Frente a ello, mi Gobierno creará un instituto aragonés del agua, concebido jurídicamente como una entidad de Derecho público y en la que se reúnan todas las competencias que actualmente tiene Aragón sobre el agua y las obras hidráulicas, fundamentalmente en abastecimiento y saneamiento. Pero, más allá de las competencias formales, será un ente que servirá para agrupar el interés y la responsabilidad de la comunidad sobre el agua. Imagino una entidad con personal cualificado y más numeroso que el que existe en la actualidad, bien dotada presupuestariamente, concebida también como el lugar para propiciar el estudio y la reflexión sobre los problemas del agua desde el punto de vista fundamentalmente de la modernización en su gestión para llegar a pautas sostenibles adecuadas en la utilización del recurso.
Ese organismo será el centro administrativo de las decisiones en torno al desarrollo y formas de ejecución de los acuerdos hidráulicos que tenemos que construir, lugar donde se adopten criterios en torno a la priorización temporal de objetivos, donde se busquen formas de compensación para los perjudicados que luego puedan ser trasladadas como posición firme del Gobierno aragonés a los órganos estatales (al Ministerio de Medio Ambiente y a las confederaciones hidrográficas), que tienen la responsabilidad de ejecutar las obras de interés general, entendiendo siempre dentro de ellas las de compensación y restitución territorial. En ese mismo marco, mi Gobierno intentará que la ejecución de obras hidráulicas no comporte la inundación de núcleos urbanos.
Por ello incorporaremos a este instituto un órgano consultivo, donde se sienten las representaciones políticas, económicas, sociales y ciudadanas en torno al agua, y en donde se puedan propiciar mecanismos de consenso que luego se oficialicen en estas Cortes. Todos los que tengan algo que decir en Aragón con fundamento y racionalidad sobre el agua, allí estarán representados, y nunca actuaré en ese lugar con el sectarismo que nos dejó a la oposición política en la pasada legislatura fuera de todos los organismos hidráulicos: el Consejo del Agua, la Confederación Hidrográfica, etcétera. Era evidentemente difícil, señores del actual Gobierno, mantener y proteger aquel maravilloso pacto, aquellos consensos, expulsando a todos los representantes de la oposición de los órganos en donde se hablaba de la política del agua.
Cuando mi Gobierno tenga que nombrar los representantes del agua en el Consejo del Agua de la Cuenca, se acordará de quien asuma el papel de oposición en esta cámara, porque, de verdad, para nosotros el agua tiene que ser elemento que una y que cree prosperidad para todos de cara al nuevo siglo, y no el elemento de desunión en que desgraciadamente se está convirtiendo en estos últimos meses.
Y una vez que pongamos los medios para reconstruir el consenso, para formular internamente nuestra política, tenemos también que estar dispuestos a hablar sinceramente y sin tapujos con el Estado y con el resto de las comunidades autónomas que comparten nuestras cuencas hidrográficas. Lo tenemos que hacer porque es necesario hacerlo, simplemente. Si en el seno de estas Cortes dos partidos políticos con diferentes orígenes y sensibilidades hemos sido capaces de confluir en una serie de puntos que han están haciendo posible que hoy esté yo aquí ante ustedes, ¿cómo no tiene igualmente que ser posible el diálogo, el simple diálogo, con los representantes políticos de millones de ciudadanos españoles? Aragón no es un ente aislado ni debemos dar el menor signo de que queremos aislarnos, de que queremos desentendernos de lo que muchos ciudadanos españoles sienten como problemas personales y a veces angustiosos. En ese contexto, Aragón tendrá que manifestar claramente a todos, por ejemplo, que se opone al mercado del agua, que sin ninguna justificación real hoy pretende imponer un proyecto de reforma, pretende imponerlo el proyecto de la ley de aguas, actualmente en tramitación parlamentaria.
Señorías, hoy la problemática del agua en España es muy diferente de la de hace casi treinta años, cuando todos estábamos unidos en la reivindicación y defensa del agua frente a agresiones injustificadas que hipotecaban nuestro futuro. La política del agua es hoy en buena parte europea, trasciende las fronteras territoriales en cuanto que está decisivamente influenciada por la normativa europea. Hoy, diversas comunidades autónomas modifican igualmente sus esquemas iniciales de pensamiento, y partiendo de un análisis completamente legítimo de sus propias necesidades que les hace sentirse deficitarios de agua, la buscan ya fuera de las fronteras nacionales, como sucede con Cataluña y su aspiración no formalizada, pero estudiada, a disfrutar del agua del Ródano.
Este es un hecho del que debemos sacar consecuencias, como también tenemos que hacerlo de la problemática tan distinta en relación al agua de las diversas partes del territorio aragonés. La margen derecha del Ebro, por ejemplo, tiene unos déficit estructurales que hacen pensar que nunca podrá resolver sus necesidades con sus propios recursos y que sería una solución teóricamente posible el ir a buscarlos a la cuenca del Duero, al menos en lo que se refiere a la cuenca del Jalón. Si llegáramos, como es posible llegar, a esa conclusión: ¿no estaríamos obligados a hablar con el Estado y las comunidades autónomas correspondientes para intentar solucionar nuestras necesidades sin, por supuesto, crear agravios ni perjuicios injustificados?
Debemos aplicarnos en nuestra propia casa nuestra propia receta y convencernos y convencer al resto de los ciudadanos españoles de la disponibilidad de Aragón a dialogar, a dialogar sinceramente sobre la problemática del agua a partir, por supuesto, de la convicción firme de no ceder un solo milímetro en la necesidad de agotar nuestras posibilidades de crecimiento, de no hipotecar en modo alguno nuestro futuro para entregar nuestros recursos a cambio de nada a otras comunidades. Eso que quede meridianamente claro, señorías.
Señoras y señores Diputados, el tiempo inicial que quería dedicar al discurso está más que cumplido, y una vez comunicado el esencial armazón de mis propósitos e ilusiones, no hay por qué prolongar más tiempo mi presencia en este estrado. No obstante, me quedan todavía algunas cuestiones que debo trasmitirles, y a ello me voy a dedicar con celeridad.
Una de ellas es de índole personal: yo no soy un recién llegado a la política aragonesa, aunque no pertenezca a los diputados más antiguos de estas Cortes. Es ésta la tercera legislatura en la que ocupo un escaño, y antes he ejercido responsabilidades públicas en otros lugares. Comencé mi trabajo político por abajo, por el pequeño para algunos, pero para mí más que honorable y satisfactorio nivel de la Administración local. He gestionado los asuntos de mi municipio, luego los de mi provincia. Más tarde llegué a este lugar, en 1991, y en 1995 volví encabezando la candidatura autonómica de mi partido. Ahora, en 1999, las circunstancias políticas y el reconocimiento de algunas de sus señorías me han traído a este estrado a intentar realizar la más alta ambición de un político aragonés, presidir el Gobierno de Aragón, a través del más humilde y formidable método que la democracia haya inventado: pedirles a ustedes, representantes del pueblo de Aragón, su voto.
Quiero decir que conozco la gestión pública, las servidumbres y grandezas de administrar los caudales de todos y de procurar volcarlos para la consecución del interés general. Que sé lo que es gobernar y que quiero hacerlo ahora a otro nivel con su apoyo.
Que sé lo que es gobernar, además, para todos, sin exclusiones. A partir de la consecución de la investidura, seré como lo fui en otros lugares, el Presidente de todos los aragoneses, y ninguno podrá esperar de mí olvido por su origen territorial, o desinterés por el sector social al que pertenezca. Ser el Presidente de todos implica servir al interés general desde los presupuestos, obviamente, del programa político que les estoy planteando.
Ser el Presidente de todos implica comenzar por serlo en estas Cortes. Hay determinados temas, señorías, que nos trascienden espacial y temporalmente a todos los que estamos aquí y que no pueden resolverse coyunturalmente por una simple cuestión de mayoría de votos. Reafirmo mi intención de contar con todos para la formulación de las políticas estructurales aragonesas, las que trascienden las legislaturas y las generaciones. Tengan, señores Diputadas y Diputados de todos los grupos parlamentarios, la absoluta convicción de que ello será así.
Soy consciente de que la apuesta es apasionante, la transformación del mapa político de la Comunidad Autónoma que se viene encima, innegable, y nuevos los modos del actuar político que se van a imponer por sí mismos. Creamos un Gobierno para entrar en un nuevo siglo y un nuevo milenio, señorías. Justo es que seamos ambiciosos y que nos atrevamos a hacer algo que hasta hace muy poco no era posible, porque no estaba escrito, parece, en ninguna especie de manual del comportamiento político aragonés, que, por cierto, yo no conozco.
Como no está escrito, señorías, confío en que cuando concluyan los debates en torno al programa que les he presentado habré logrado convencer a la mayoría suficiente para poder conseguir la investidura y formar un gobierno estable para los próximos cuatro años. Espero que mi programa suscite la adhesión no sólo de los diputados de mi grupo y de los que han mostrado inicialmente su parecer favorable, como el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés o el de Izquierda Unida, sino también de quien hasta este momento, como Chunta Aragonesista, se muestra tendente a la abstención, según manifiesta en repetidas ocasiones públicamente.
Señorías de la Chunta: ustedes, que son miembros jóvenes -usted más joven que nadie, señor Labordeta- de un parlamento joven en su edad contemporánea, pero heredero de una tremenda tradición histórica, como nuestro mismo Reino, tienen que enmendar la plana a ese viejo lord inglés que en el momento de su jubilación política declaraba: «En el curso de mi vida política he escuchado grandes discursos en la cámara. Algunos ciertamente formidables, plenos de aciertos y llenos de razonabilidad. Pero ninguno de ellos logró cambiar mi voto». Y decía el lord: «Es que soy un caballero».
Espero que mis palabras contengan la suficiente razonabilidad para merecer, siendo más caballeros que nadie y, por supuesto, mucho más que el lord inglés, su voto favorable para un nuevo tiempo, para un nuevo Gobierno, para un nuevo Aragón.
Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
Finalizada la intervención del candidato a presidir el Gobierno de Aragón, y de conformidad con la ordenación del debate acordada por la Junta de Portavoces, se suspende la sesión [a las doce horas y cuarenta minutos], que se reanudará mañana, a la diez en punto.