Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón
Varios
Debate y votación sobre la posible interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra Real Decreto-ley 9/94, de 5 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes para el abastecimiento de agua a los núcleos urbanos de la bahía de Palma de Mallorca.
Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón n°: 104 de Diputacion Permanente (III Legislatura)
Intervinienen: Maestro Tejada, Jesus - Gimeno Fuster, Mesias - Bolea Foradada, Juan Antonio - Cebrian Torralba, Elias - Gomariz Garcia, Emilio
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión celebrada por la Diputación Permanente el día 22 de julio del noventa y cuatro (a las diez horas y cinco minutos), que fue remitida con antelación a los Grupos Parlamentarios.
¿Algún Diputado desea formular alguna observación del acta de la sesión anterior? Queda aprobada el acta mencionada.
Señoras y señores Diputados, nos reúne aquí esta mañana en esta sesión de la Diputación Permanente de las Cortes de Aragón una petición formulada por cuatro Grupos Parlamentarios de la Cámara para debatir sobre la interposición o no de un recurso de inconstitucionalidad al Real Decreto-ley 9/94, de 5 de agosto.
Y me van a permitir que antes de que comience el debate y antes de que intervengan los Grupos Parlamentarios, haga un pequeño señalamiento institucional desde la más completa asepsia y desde la más completa independencia de esta Presidencia.
El día 22 de agosto, cuatro Grupos de esta Cámara solicitaron la reunión de la Diputación Permanente. En la petición no se decía que se reuniese con carácter urgente, simplemente se solicitaba la reunión de la Diputación Permanente. El día 6 de septiembre, es decir, no habían transcurrido muchas lunas, se reunió la Mesa de las Cortes, admitió a trámite la solicitud y decidió que la Diputación Permanente se reuniese el día 9, precisamente hoy.
Algún Grupo ha criticado a esta Presidencia por una supuesta demora; recuerden que se presentó el día 29 y está celebrándose la reunión de la Diputación Permanente hoy, día 9, y le ha acusado incluso de plegarse al interés de su Partido. Me duele particularmente, y por eso quería intervenir esta mañana, me duele particularmente que al final de mi mandato, en el cuarto y último año del mandato, se me haga la imputación de haberme plegado al interés de mi Partido, pues saben ustedes que desde el principio dejé claro cuáles eran las reglas de mi comportamiento y que bajo ningún concepto me sometería nunca, y antes dimitiría, a cualquier interés o conveniencia del Partido al que pertenezco.
Les voy a recordar una anécdota. El Banco de Inglaterra, como ustedes saben, es una sociedad anónima, y en él hay bastantes accionistas privados. Lord Keynes dice en una ocasión, escribe en una ocasión que cuando el consejo de administración del Banco de Inglaterra se reúne y toma alguna decisión, en quien menos piensa es en el interés de los accionistas. Pues, guardadas las distancias debidas, muchas distancias en este caso, cuando la Presidencia toma alguna decisión, en quien menos piensa es en el interés de su Partido, en la conveniencia de su Partido, jamás me ha pasado por la cabeza ni me pasará hasta el último día de mi mandato.
Hasta el día 9 de noviembre hay plazo para presentar el recurso de inconstitucionalidad en el caso de que se acuerde su presentación, porque, como ustedes saben, por ley, hay tres meses desde la publicación, y el Decreto-ley supuestamente impugnado, presuntamente impugnado, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el día 9 de agosto. En consecuencia, ¿dónde está la urgencia, dónde está la urgencia?
Y —con esto termino— en aras de esta situación, tengo que reconocer públicamente que esta Presidencia ha sido débil y me he dejado llevar por las presiones y quizás por las críticas, y reconozco mi culpa. Porque lo correcto, quizás, y lo institucionalmente procedente hubiera sido que el debate sobre la solicitud se hubiera demorado hasta que el Congreso de los Diputados se pronuncie sobre la convalidación o no del Decreto-ley, que esto es lo que normalmente ocurre. Mientras no se convalida o deroga el Decreto-ley en cuestión, presentar recurso de inconstitucionalidad o incluso abrir debate sobre un recurso de inconstitucionalidad no tiene mayor sentido. Se podía y se debía, si esta Presidencia hubiera sido fuerte, haber demorado el debate solicitado hasta que se hubiera producido —que ya está a la vista, el día 15 de este mismo mes— el debate en el Congreso de los Diputados sobre la convalidación o derogación del decreto, y haberlo visto en el Pleno de las Cortes de esta casa, en lugar de la Diputación Permanente que tenemos esta mañana, pero eso ya es irremediable, eso ya es irreversible, aunque sí debo reconocer, y asumo la responsabilidad que me corresponda, haber incurrido en debilidad en función de críticas hechas a la imparcialidad y a la independencia de esta Presidencia.
Y nada más, comenzamos: debate y votación sobre la posible interposición del recurso de inconstitucionalidad contra Real Decreto-ley 9/94, de 5 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes para el abastecimiento de agua a los núcleos urbanos de la bahía de Palma de Mallorca.
Intervienen los Grupos Parlamentarios, de menor a mayor, de los cuatro solicitantes, durante un tiempo máximo de quince minutos, y comienza Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida.
Señor Maestro, tiene la palabra.
El señor Diputado MAESTRO TEJADA: Señor Presidente, señorías.
Quiero empezar esta sesión citando textualmente un texto que para todos nosotros es muy querido, como es el Pacto del Agua. Dice así: «Para Aragón, la política hidráulica y todo lo relacionado con el agua constituye una de las mayores preocupaciones de nuestra población. El desarrollo económico de esta Comunidad Autónoma está condicionado en gran medida por el uso y gestión que se haga de los recursos hidráulicos de que disponemos. Es voluntad unánime de las formaciones políticas con representación en estas Cortes de Aragón que las líneas estratégicas fundamentales relacionadas con el agua sean objeto de un acuerdo sólido, que asegure un horizonte estable para todos los sectores de la población cuyo futuro económico está fuertemente mediatizado por las decisiones de los poderes públicos. Este acuerdo debe trascender cambios coyunturales en la representación institucional y permitir la defensa común de los intereses de Aragón en la tramitación de los planes hidrológicos, de modo que se garanticen los acuerdos recogidos en este pacto».
Queríamos empezar nuestra intervención haciendo esta referencia porque nos parece que aquí está dicho casi todo: ésta es la esencia de lo que ha motivado nuestra preocupación, nuestra alarma y por lo que entendemos que ese Real Decreto vulneraba precisamente esta filosofía, porque vulneraba estos acuerdos programáticos del Pacto del Agua. Estas Cortes fueron capaces de consensuar esta resolución porque sentían la necesidad de la misma, porque existía una gran concienciación de que los problemas en torno al agua irían en aumento y que ya era hora de abordarlos con racionalidad para poder avanzar en las soluciones.
Quiero hacer también una referencia a las bases sobre las cuales nosotros entendemos que se sustenta el Pacto del Agua y todo lo que lo rodea y lo ha rodeado durante estos más de dos años de andadura. Decíamos, como base de este acuerdo, que debía haber una absoluta transparencia en toda la información relacionada con la planificación hidráulica, que debía haber una participación y un diálogo constante entre las diferentes partes implicadas, que debía buscarse el consenso social y político, evitar los enfrentamientos, que debía existir el máximo respeto por los afectados y por la protección del medio ambiente, que debía desarrollarse un programa de obras de regulación, de distribución de agua, de abastecimiento y de depuración en unos plazos prefijados, y también se sustentaba en no hablar de los trasvases ni hablar de los excedentes en tanto no se hubiera cumplido este Pacto del Agua. Esos son los pilares, a nuestro entender, sobre los que se ha sustentado y se debe seguir sustentando este Pacto del que nosotros fuimos, desde luego, colaboradores y asumimos, pero con toda la filosofía y no solamente en algunas de sus partes, sino en su integridad.
Con este Real Decreto-ley que hoy estamos considerando aquí, sobre el que estamos hablando, se han incumplido todas estas bases que nosotros entendemos sustentan lo que debe ser el debate del agua. No ha habido información, no ha habido participación y diálogo de las partes afectadas, porque así nos consta; más que el consenso, se ha buscado el disenso y se ha provocado precisamente ese disenso que se conocía, que en el fondo existía y, por lo tanto, no se han puesto los medios para evitarlo. Son unas medidas que, además, se hacen sin respeto al medio ambiente, y luego entraremos en detalle sobre lo que significa este trasvase tanto para el Ebro como para la zona receptora de la bahía de Palma de Mallorca. Por supuesto, las obras, por los plazos, todavía no se han cumplido ni se ha desarrollado el Pacto del Agua en su totalidad, y, además, se aprueba un trasvase con este Decreto, que lo es, y para nosotros es un trasvase de diez hectómetros cúbicos, pero lo es, y es muy significativo, y, por lo tanto, se ha incumplido también este precepto de no hablar, de no aprobar trasvases en tanto no se hubiera desarrollado este Pacto.
Pero no solo ha sido este acto de aprobación del Real Decreto-ley por parte del Gobierno lo que ha torcido la política hidráulica este verano, porque ya venía desviándose de esa trayectoria que desde estas Cortes, hace ya dos años, intentamos poner en marcha, de buscar ese consenso, ese diálogo, la participación, el sosiego, la serenidad sobre temas muy complicados y muy polémicos; como digo, ya empezó a torcerse a principios del verano, cuando tuvimos aquel informe del consejo o de la comisión permanente del consejo nacional del agua, que provocó la alarma de todos los Grupos que formábamos parte de la comisión de seguimiento del Pacto del Agua, y la inquietud del Gobierno de Aragón nos llevó a tener varias reuniones, a pactar unos documentos para llevar a ese consejo nacional del agua. ¿Y por qué todo esto?, porque precisamente se volvía a hablar de los trasvases y de lo que pretendidamente iba a ser el texto que definitivamente entrase en el Congreso de los Diputados, de la ley que recogería el plan hidrológico nacional. Ante ese temor se suscitó la alarma y se establecieron unas pautas de comportamiento de los diferentes Grupos, fruto de los cuales hubo un acuerdo en el que se adoptarían por parte de los cuatro Grupos firmantes todas las medidas a su alcance, incluidas las movilizaciones, para luchar contra los trasvases.
A aquella medida de la comisión permanente del consejo nacional siguieron otra serie de actuaciones que, a nuestro entender, han ido desviándose todavía más de la filosofía del Pacto del Agua. Precisamente, fue la aprobación, por el Consejo de Ministros, del trasvase del Tajo al Segura. ¿Y por qué, por qué se desvía, siendo algo que ya estaba aprobado? Pues porque, precisamente, se cogen aguas —y así lo denuncia la Junta de Castilla-La Mancha— de la reserva estratégica del Tajo, no se habla de aguas excedentarias de la cuenca del Tajo, sino de parte de la reserva estratégica, y esto cuestiona uno de los pilares fundamentales sobre los que se había pacificado precisamente el debate sobre la planificación hidráulica: jamás se hablaría de los trasvases si no era hablando de aguas excedentarias. Y, aun con todo, saben perfectamente sus señorías que nosotros también nos oponemos a los trasvases de aguas excedentarias, aunque no es motivo de este debate, porque también conlleva unas situaciones de desequilibrio que habría que corregir y, por lo tanto, necesitaría de un debate mucho más sosegado.
Pero ahora estamos hablando de aquellos trasvases, de aquella situación que se originaría suponiendo que se cumpla el Pacto del Agua y, por lo tanto, estaríamos hablando de excedentes. Pues bien, este trasvase del Tajo al Segura se hace con aguas de la reserva estratégica y no con excedentes, lo que nos marca una pauta del comportamiento del Gobierno, que está dispuesto a llevar y, por lo tanto, que no nos da ninguna garantía sobre nuestras reservas del Pacto del Agua, porque, por lo tanto, pueden ser cuestionadas en cualquier momento por el Consejo de Gobierno.
Por otro lado, aparece la propia publicación de este Real Decreto fuera de toda la planificación hidráulica, nadie conocía, excepto por la prensa, lo de los barcos que había anunciado el señor Borrell. Si ustedes miran las bases del plan hidrológico nacional, verán que no aparece esa referencia, y de repente, como digo, en poco tiempo, se va cuajando esta idea y se anuncia que se iba a presentar este Real Decreto.
Por otra parte, se anuncia también durante este verano que la Generalitat está negociando el tema de los trasvases. No sabemos en qué marco, pero se está negociando, e incluso se habla de incrementar en más de treinta hectómetros cúbicos la solicitud de trasvases de agua para Cataluña. Todo esto configura un marco en el que nos vamos a mover, y que, unido a la especial sequía que este año está padeciendo Aragón, desde luego, nos presenta un panorama desolador.
Esto es en esencia lo que motiva a Izquierda Unida, todo este panorama, unido, como digo, a este Real Decreto-ley, a plantear todas las iniciativas a su alcance para luchar, empezando contra este Real Decreto, porque consideramos que vulnera la filosofía con la que desde Aragón veníamos trabajando los temas del agua y porque, además, entendemos que hay indicios de inconstitucionalidad, y porque, además, es una posibilidad que no podíamos perder en cuanto a plantar ante el Gobierno central y ante todo el Estado y ante todas las Comunidades que están demandando el agua de una manera irracional, de lo que ellos vienen a llamar los excedentes del Ebro, plantar cara decididamente de lo que estamos dispuestos a hacer los aragoneses para defender una gestión racional del agua, un buen uso de los recursos y, fundamentalmente, un desarrollo del Pacto del Agua en Aragón.
En verdad, ¿podíamos los aragoneses quedarnos tranquilos, como si no hubiera pasado nada, ante la aparición de este Real Decreto?, ¿no debíamos, desde las instituciones, hacer cuanto estuviera a nuestro alcance para frenar tales desatinos? Nosotros entendemos que sí, e incluso seguimos creyendo que deberíamos haberle dado mayor agilidad, porque no es lo mismo decir que nos preocupa, pero, bueno, ya le daremos tiempo al tiempo, para, verdaderamente, demostrar que estamos dispuestos a no consentir absolutamente ninguna variación, ninguna desviación de la filosofía de lo que aquí se aprobó, de la resolución del Pacto del Agua, como nos habíamos comprometido. Por eso, entendemos la celeridad en todas nuestras acciones, no hay motivo alguno para dilatarlo, ninguno. Por ello, nosotros seguimos manteniendo esa posición de que se debería haber dado mayor agilidad, y así lo seguimos defendiendo y manteniendo.
Presentar este recurso, nosotros creemos que es algo positivo, estamos convencidos de que ése es el compromiso que todos los Grupos Parlamentarios aquí presentes prometimos ante estas Cortes y ante todos los aragoneses, así lo creemos nosotros y por eso lo hemos presentado y lo vamos a apoyar y lo vamos a mantener en este debate. Si estamos contra los trasvases, como hemos dicho, y este Real Decreto lo es, es un trasvase de aguas, aunque sea de diez hectómetros cúbicos al año, debemos adoptar medidas, y este recurso es una de ellas y muy importante.
Desde el 5 de agosto, nuestro Grupo ha estado trabajando insistentemente en plantar cara a este Real Decreto y a toda esa situación que se nos venía encima y que nos anunciaba que en este septiembre nos iban a venir las cosas de manera muy distinta en torno a las esperanzas que nosotros habíamos puesto en la planificación hidráulica, todas estas iniciativas. En respuesta a estas iniciativas de algunos de los Grupos de esta Cámara, solamente hemos escuchado críticas hacia las cosas que decíamos, dudas, pero sin decir qué estaban dispuestos a hacer, dudas sobre las iniciativas que Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida estaba presentando. Pero lo que es más grave no es que planteasen dudas sobre lo que nosotros hacíamos, sino que todavía no conocemos con claridad su opinión sobre lo que se está haciendo con el agua en la bahía de Palma, o lo que les parece la aparición de un Real Decreto-ley al margen de la planificación hidráulica, o el que ni siquiera se haya informado a los miembros de la comisión de seguimiento del Pacto del Agua ni al Gobierno de Aragón, o sea, que no se nos haya informado o consultado, sabiendo de nuestra preocupación e inquietud por estos temas, legítima, por otra parte, sobre el destino de los recursos hidráulicos de la cuenca del Ebro. Repito, sólo les hemos oído opinar sobre lo incómodo de nuestra propuesta y marear la perdiz con ese sí pero no para, al final, anunciar —esperemos que cambien de opinión al final—, nos anuncian algo que a nosotros no nos parece y que entendemos que a lo largo de este debate vamos a intentar hacerles cambiar. Creemos que esta resolución, este recurso de inconstitucionalidad se debe de oponer, hay razones políticas suficientes, indicios para hacerlo. Y, por lo tanto, nosotros seguimos convencidos de que al final de esta sesión así va a ser.
Si nos ponemos a hablar de urgencia y de necesidad, como habla este Real Decreto-ley, ¿no es de extremada urgencia y necesidad solucionar el abastecimiento a las más de cincuenta localidades aragonesas que ya no tienen agua? No como dice el Real Decreto, que en un horizonte de no se sabe muy bien qué plazo van a tener problemas con el agua, no; es que en Aragón tenemos pueblos que ya no tienen y que se les está abasteciendo con camiones, y algunos están consumiendo cantidades exiguas de agua porque no pueden, no tienen o no se les lleva la suficiente. De razones de urgencia, desde luego, no tiene color. O la situación que padecen los usuarios de los ríos como el Jalón o el Jiloca, el Guadalope, con kilómetros y kilómetros de cauce seco. Y qué decir de las pérdidas en agricultura y ganadería provocadas por la sequía en Aragón. ¿De qué sirven las promesas de que no se iba a hablar de los trasvases de momento, que habría moratoria, que se aprobarían tras el plan hidrológico nacional y por ley específica, que nunca se harán de aguas que no sean excedentarias o de que se utilizaría el diálogo y la participación de todas las partes afectadas para solucionar los problemas hidráulicos?
Pero aún hay más razones que deberían respaldar y que respaldan lo que nosotros entendemos que se pretende con este recurso de inconstitucionalidad. Recuerdo, no hace mucho, las alegaciones presentadas por el Gobierno de Aragón, supongo que aprobadas en Consejo de Gobierno, para presentar al plan hidrológico nacional, y que decían textualmente: «realizar las obras de regulación del Pacto del Agua antes de realizar cualquier transferencia a otras cuencas», se decía textualmente en las alegaciones presentadas por el Gobierno de Aragón; vuelvo a recalcar: «realizar las obras de regulación del Pacto del Agua antes de realizar cualquier transferencia a otras cuencas». La transferencia ya se ha iniciado; a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, a partir del día 10 de agosto, se han iniciado las obras para hacer esa transferencia de agua a otras cuencas, de diez hectómetros cúbicos al año.
Por ello, el Gobierno de Aragón debería haberse estimulado, en línea con aquellas alegaciones y aquellos compromisos que adquirió cuando se habló de ese tema en esta cámara, a hacer todo lo posible para impulsar ese recurso y para frenar esa transferencia de agua a otras cuencas en tanto no se desarrollen las regulaciones del Pacto del Agua.
Y por qué no hablar, aunque ya lo he hecho, del acuerdo del 22 de julio, hace mes y medio, de oponernos los cuatro Grupos Parlamentarios que estamos en la comisión de seguimiento del Pacto del Agua a los trasvases, como decía, incluso con movilizaciones. Y por no hablar de otras resoluciones que se han aprobado ya en esta cámara.
Pero, además, debemos preguntarnos adónde va a ir a parar el agua de este trasvase. Todos sabemos que va al entorno de la bahía de Palma de Mallorca, ya no sabemos nada más. Pero podemos darnos una vueltecita por allí y nos encontraremos una situación más que preocupante de la gestión del agua. Pues, bien, ni más ni menos, señoras y señores Diputados, este agua va a ir a fomentar la especulación urbanística y la sobreexplotación turística, lo que llevaría, y llevará inevitablemente, a una situación catastrófica tras el enriquecimiento de unos pocos, como lo ha sido hasta ahora, provocará mayor deterioro ambiental en la isla, porque no aporta soluciones a los verdaderos problemas que tienen de gestión del agua, es una medida cara e inútil frente a políticas urbanísticas expansionistas. ¿Ustedes creen que porque tengan diez hectómetros cúbicos más al año van a cambiar su política urbanística?, ¿dentro de dos, tres años, van a dejar de necesitar agua y a poner medios eficaces para gestionar bien el agua? ¿Ustedes conocen medidas que se hayan puesto en marcha encaminadas a eso?, se han puesto medidas encaminadas a incrementar los consumos, no a racionalizar el uso del agua y a evitar la sobreexplotación de los acuíferos y a evitar el despilfarro. Este agua irá a perderse en conducciones obsoletas o despilfarrada por la ausencia de contadores de agua en los domicilios, situación que no puede volver a repetirse ni debe alimentarse. ¿Por qué no se adoptan, además, las medidas previstas en la Ley de Aguas sobre la sobreexplotación de acuíferos, que limitaría precisamente ese crecimiento urbanístico, atentatorio precisamente contra esos acuíferos? No se están aplicando otras medidas que estaban al alcance del Gobierno, como es la aplicación de la Ley de Aguas, para regular todas esas situaciones, y se utiliza la vía del Decreto-ley para poner un parche para seguir incrementando ese desequilibrio en la isla, ese deterioro ambiental y ese despilfarro. También nos oponemos a todo esto los que hemos presentado este recurso de inconstitucionalidad, o que pretendemos que se lleve adelante, que se acuerde por esta cámara, por esta Diputación Permanente.
Por lo tanto, este recurso que pretendemos poner cuestiona también ese mal uso del agua, el despilfarro, el deterioro del medio ambiente y la especulación, porque ésa no es la filosofía del Pacto del Agua. Nosotros también podíamos haber hecho un Pacto del Agua con esa filosofía, y no lo hicimos, y, desde luego, nosotros no lo hubiéramos apoyado; hicimos un Pacto distinto, con una filosofía de ahorro, de gestión del agua, de no sobreexplotar acuíferos, de hacer un uso racional en las cuestiones urbanísticas y de ordenación territorial del agua, una planificación. Por ello, no coincide con nuestra filosofía y, por lo tanto, no debemos apoyarlo ni permitirlo. Mal haríamos en encogernos de hombros ante tales barbaridades.
La medida que estamos proponiendo que se adopte no es excluyente y ni siquiera es única, es una más, legítima y ajustada creemos. Porque en la defensa de intereses tan serios como los que tratamos todos los esfuerzos públicos e institucionales, a quienes ejercemos esas funciones públicas e institucionales nos deben ser exigidos.
Proponemos la presentación del recurso de inconstitucionalidad porque hay tres hechos para nosotros determinantes: una actuación grave del Gobierno, que expolia un gran pedazo del futuro, que sitúa los términos de los trasvases más allá de los límites del responsable ejercicio de la solidaridad interterritorial, que evidencia la mentira y la intención con la que se pretende, a veces vergonzosamente, regular las aguas del Ebro, que apuesta por un modelo de despilfarro, especulación e intereses estrechos que no deberían admitirse desde ninguna opción política, cualquiera que sea su signo. Pero, además, lo hacemos porque ya no es a estas alturas discutible, que sí hay indicios claros, para asentar un recurso de inconstitucionalidad, que no se propone sin fundamento. Y ustedes, señores Diputados y Diputadas, deberían prestar atención y tomar buena nota de lo que sobre esta idoneidad y posibilidad dicen los informes jurídicos que se han encargado. Y lo hacemos también porque dejar un resquicio de uso sin poner en marcha nuestras posibilidades nos parece un acto de irresponsabilidad y de falta de coherencia ante la gravedad de los hechos que estamos aquí denunciando. No puede hacerse un discurso de oposición hoy al Real Decreto-ley que permite el trasvase de aguas a la isla y decir «no» en esta sesión a la presentación del recurso; quien así lo hiciera mostraría la verdadera faz de sus pensamientos y, lo que es más grave, sus intenciones, y la verdadera faz es a estas alturas lo que merece la pena conocer y exponer.
Yo les daría razones complementarias a todos: basta, señores Diputados del Grupo Socialista, que recordasen la posición de su partido cuando se aprobó la Ley 18/81, de 9 de agosto, sobre el trasvase de aguas a Tarragona. Aquí está el Diario de Sesiones y las intervenciones de tan cualificados portavoces del Grupo Socialista, como el señor Sáenz de Cosculluela, luego Ministro de Obras Públicas, y del señor Marraco, que fuera Presidente de esta cámara y destacado militante socialista.
El señor Cosculluela defendió la enmienda a la totalidad contra la Ley del trasvase a Tarragona, con los mismos argumentos que estamos defendiendo hoy aquí. Denunciaba, en primer lugar, la prepotencia del gobierno de la UCD por haber presentado una Ley en estas condiciones, sin diálogo, sin participación y sin consultar. Anunciaba que era una Ley que fomentaba los desequilibrios territoriales y, además, que había alternativas a la gestión racional del agua, y que ésa era la solución y no las políticas trasvasistas que estaba poniendo en marcha el Gobierno.
Santiago Marraco defendió las enmiendas parciales, una vez que fue tomado en consideración el texto y rechazadas las enmiendas a la totalidad, y decía, en el año ochenta y uno, el señor Marraco: «Es muy grave este trasvase porque supone, ni más ni menos, un continuismo en la antigua ideología hidráulica de los trasvases como alternativa a los desequilibrios hidráulicos, y esto hace temer que trasvases más grandes, que van a provocar desequilibrios territoriales más importantes, puedan seguir poniéndose en marcha en el futuro próximo»; ni más ni menos que lo que estamos denunciando precisamente aquí, lo que denunciamos cuando llegamos al consenso sobre el Pacto del Agua.
Nada han hecho para modificar esa Ley en los años que llevan en el Gobierno, y una vez que se deciden a modificarla, resulta que es a peor, para incrementar los trasvases. Pero, además, ¿cómo lo ha entendido también el Gobierno de Castilla-La Mancha, la aprobación, por el Consejo de Ministros, de trasvasar cincuenta metros cúbicos del Tajo al Segura? Pues presentando un recurso contencioso ante el Tribunal Supremo —bien es cierto, al Tribunal Superior—, pero es una medida clara que da la idea de lo que están dispuestos a hacer por la defensa de ese agua y, en todo caso, de lo que en su día se aprobó en la Ley: que jamás se cogerían aguas que no fueran excedentarias.
¿O quieren que les recuerde a todos, señores del Partido Popular y, en todo caso, una referencia al Partido Aragonés, cómo esta Comunidad ha perdido oportunidades por no hacer uso, por pensar que no era prudente o posible el recurso de inconstitucionalidad? Oportunidades que, si nos han llegado luego, se ha debido a la previsión e impulso de otros Gobiernos, y básteme citar el interpuesto por la Generalidad catalana en materia de administración de los fondos de la PAC. Sin ese recurso, ni usted —que hoy no está aquí el señor Casas—, ni el señor Presidente de la Comunidad Autónoma, o usted, señor Isidoro, que está en representación del Gobierno —señor Esteban, perdone—, no dispondría su Gobierno de cuarenta mil millones de pesetas en este presupuesto, no dispondría si no se hubiera hecho uso de ese recurso por otra Comunidad Autónoma, ya esa referencia me remitía porque ustedes estaban en el Gobierno entonces y no interpusieron ese recurso. Para que vean la importancia de interponer un recurso, en un momento determinado, para las cuestiones que sí que nos interesan y mucho.
Vamos a dejarnos de largas historias retóricas. Todos sabemos lo que Aragón se juega en este tema, todos conocemos la importancia de no ceder en ningún terreno cuando se atenta, sobre todo, contra los más elementales criterios de solidaridad y desarrollo equilibrado, cuando se apuesta por modelos que a unos expolian y, poco a poco, a muchos entorpecen. No votar «sí» será ceder en uno de los terrenos. Si alguien pretende, con argucias, justificar su voto negativo, que ojalá no ocurra, sepa que, desde nuestro punto de vista, que creo es razonado, dejará tras su voto una intención no consecuentemente antitrasvases, y eso, en estas circunstancias y en esta Comunidad Autónoma, hoy, nos parece denunciable.
Para concluir, diré que estamos claramente ante un nuevo trasvase, un precedente nefasto, impuesto por decreto, sin información y sin diálogo, un trasvase, además, en beneficio de la especulación y de los especuladores, al margen de la planificación hidráulica y que incrementará el deterioro ambiental en las islas. En definitiva, el precedente más claro de lo que se nos viene encima, de lo que puede ocurrir a gran escala, cuando en vez de diez hectómetros cúbicos, como estamos hablando ahora, se empiece hablar de los más de mil doscientos veinticinco hectómetros cúbicos sobre los que tienen puestos los ojos otras Comunidades.
Señores que anuncian su voto en contra de presentar el recurso de inconstitucionalidad, dígannos claramente qué propuestas van a iniciar, si no es ésta, para echar abajo este Real Decreto-ley.
Nada más, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Maestro.
Representante del Grupo Parlamentario Popular, señor Gimeno, tiene la palabra.
El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, Presidente.
Señores Diputados, señor Maestro, portavoz de Izquierda Unida en este caso concreto, pues, ¡hombre!, sería facilísimo y rápido responderle al interrogante que usted ha dejado, que yo considero lo único positivo de su discurso. Sería fácil responderle, pero, además, responderle con hechos.
Nos ha preguntado: señores del Partido Popular, señores Diputados, ¿qué propuestas van a presentar para contrapesar lo que usted llama trasvase?, trasvase motivado por un Decreto, según usted, opinión que no compartimos. Pues mire usted, se las pensaba decir a lo largo de mi intervención, pero se las voy a decir ahora ya. En el Registro de las Cortes, ayer, el Grupo Popular presentó una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno de la Comunidad Autónoma —no se lo voy a leer ahora, será un momento de otro debate— para que, de forma urgente, declare de interés general una serie de actuaciones en obras hidráulicas que están contempladas dentro del Pacto del Agua. Mire usted, esperamos que el día de ese debate usted se sume a esa iniciativa, pero, además, con otra particularidad: usted que tantas veces nos ha acusado a nosotros de la supeditación a los partidos nacionales, a las directivas o directrices de Madrid, le voy a anunciar ya, y se lo puedo decir, que a nivel nacional se ha tomado esa iniciativa tanto en el Congreso como en el Senado.
¿Que ustedes defienden el Pacto del Agua? ¡Hombre!, nosotros también, lo hemos dicho por activa, lo hemos dicho por pasiva, lo hemos dicho de todas las formas, lo hemos dicho después de que ustedes adoptasen la intención de convocar la Diputación Permanente, para que se debatiese y, en su caso, aprobase, la presentación del recurso de inconstitucionalidad de ese Decreto. Y en aquella ocasión, yo, personalmente, en representación del Partido Popular, dije: «cuidado, se puede romper el consenso tan necesario» —que está reclamado en esta cámara, en esta tribuna en este momento—, se puede romper el consenso que todos los Grupos de esta cámara mantuvimos en aquel tema tan importante para los intereses de Aragón.
Pero mire, el debate de hoy, usted lo ha desvirtuado. Hoy traemos a esta cámara —y me gustaría leérselo textualmente— para debatir y, en su caso, aprobar, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra un Decreto. Usted se ha limitado aquí a realizar un discurso maniqueo —esto es así— mezclando temas de Baleares que competen a aquella Comunidad Autónoma —luego le haré referencia a alguna de ellas—, y ha dejado el mensaje muy claro: o están con nosotros o están en contra de Aragón. No, señor Maestro, estamos con Aragón, no estamos con ustedes; con ustedes estaremos en el momento en que tengamos que defender los intereses generales de todos los aragoneses.
Pues, mire usted, esto es lo que se debate hoy aquí, o lo que pretendemos nosotros que se debata: si conviene, si es conveniente, si es legítima o no la presentación de ese recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto. Yo entiendo —y lo hemos dicho; el presidente regional lo ha dicho en múltiples ocasiones, porque ese es el pensamiento del Partido—, que nosotros estamos en contra del Decreto-ley, en el fondo y en la forma, en contra del Decreto-ley: en la forma, porque tenía usted razón, ya que fue un Decreto que se realizó con premeditación, alevosía y estiaje, y estiaje, en el mes de agosto. Es cierto que no se consultó a la parte social, es cierto, pero no tiene que negarme usted tampoco que el Gobierno, el Consejo de Ministros, tiene la capacidad de dictar decretos leyes en momentos concretos. Esa capacidad la tiene, se la reconoce el artículo 86 de la Constitución, la tiene, y es así, aunque pueda equivocarse. Posiblemente, ustedes nunca se equivoquen gobernando porque, posiblemente, no vayan a gobernar, pero, bueno, sabe usted que puede equivocarse, que podrá equivocarse. En todo caso, el recurso de inconstitucionalidad había que presentarlo a la Ley del ochenta y uno, porque sabe usted que ese Decreto modifica muy poco la Ley del ochenta y uno; iba a decir nada, pero estaría falseando la realidad, porque modifica muy poco, aunque ahí no hay trasvase. Pero sabe usted que el minitrasvase a Tarragona, según la ley del ochenta y uno, era recuperación de caudales para mejora en las infraestructuras hidráulicas, con un límite de cuatro metros cúbicos/segundo; agua que no se consume ahora, y no sé por qué razones, pero no se consume.
Ante unas determinadas necesidades, ante una extrema urgencia y necesidad —yo no he sido el que ha determinado las razones y las causas de la extrema necesidad—, que el Gobierno, supongo, habrá estudiado detenidamente, adoptó un acuerdo determinado. Pero, mire usted, nosotros no hemos realizado críticas, como ha venido diciendo usted, desde el día que presentaron la iniciativa, no hemos realizado ninguna crítica hacia ninguna fuerza política, ninguna; ustedes son los que han puesto en el disparadero de decir sí o no. Inmediatamente de que firmamos la Diputación Permanente, nosotros solicitamos de los servicios de la cámara, un informe jurídico sobre la viabilidad, sobre la posibilidad de presentar el recurso, sobre si en el Decreto podían existir algunos fundamentos o algunas razones que podían motivar la presentación de ese recurso. Yo no voy a entrar a valorar los recursos, voy a hacerle un poco de caso, a su coordinador, no voy a entrar, los ha visto usted, creo que están en la opinión pública, y no encuentran razones jurídicas para la viabilidad de la presentación del recurso. Y es cierto, y lo ha dicho usted aquí, les movieron, única y exclusivamente, razones políticas, explicaciones políticas, sanas y legítimas explicaciones políticas, pero, desde luego, en este caso concreto, nosotros creemos que usted ha intentado desvirtuar el tema y llevarlo única y exclusivamente a sus intereses partidistas.
¿Qué propone el Partido Popular?, y es una propuesta que pretende hacer aquí. No voy a recoger, voy a hacer referencia, simplemente, a la reflexión que el propio Presidente de las Cortes ha hecho antes del inicio de esta Diputación Permanente. Usted sabe que en política las prisas suelen ser malas consejeras, usted sabe que la presentación de un recurso de inconstitucionalidad es el último paso a realizar cuando pueden quedar pisoteados los intereses personales, o de una Comunidad Autónoma, o de una institución cualquiera, es el último paso. Creo que previamente existen otros pasos, y recogiendo —digo— la insinuación, nosotros propondríamos a los Grupos de esta cámara, sin fijar de antemano el sí o el no, que no decimos ni el sí al recurso ni el no, esperamos, simplemente, a que definitivamente ese Decreto-ley sea convalidado el día 15 o el día 16 en el Congreso de los Diputados, pero, todavía más, que hoy no decimos sí o no, y eso es lo que proponemos. Oiga, mire usted, estamos presentando un recurso de inconstitucionalidad a algo inconcluso, a algo que no está terminado.
¿Qué puede pasar en las Cortes Generales?, ¿que no se convalide el Decreto? Puede pasar. Posiblemente no pase pero puede pasar. Puede pasar, y esto ya se lo anuncio, puede pasar que el Partido Popular presente una iniciativa para transformar el Decreto-ley en proposición de ley, o que el Gobierno presente una iniciativa para transformar el Decreto-ley en proyecto de ley, perdón, en proposición de ley, o que el Gobierno presente el proyecto de ley correspondiente y, por lo tanto, poder ser modificado sustancialmente, sustancialmente, y aquellas —yo diría, según los informes jurídicos—, aquellas pequeñas parcelas que podrían entrar presuntamente en colisión puedan modificarse, y esto ya se lo anuncio yo. Posiblemente, si hoy no hubiese sido día festivo en Madrid, en el Congreso y en el Senado estarían presentadas estas dos iniciativas. Estamos intentando presentar un recurso de inconstitucionalidad contra algo que todavía está sin terminar, que no sabemos su redacción final, que no la conocemos; sí, ¡hombre!, conocemos un Decreto, pero usted sabe que esto es una medida urgente que puede adoptar el Gobierno, pero que en algún caso, o en algún momento, el Parlamento puede rechazársela.
Entonces, nosotros lo que solicitamos de esta cámara, habiendo o existiendo el plazo de posible presentación del recurso hasta el día 9 de noviembre, si los intereses de Aragón, con el texto definitivo, pueden quedar dañados en la más mínima parte, yo le garantizo a usted que nosotros votaremos «sí» a la presentación de ese recurso de inconstitucionalidad, se lo decimos así de claro, pero, hombre, no nos haga usted hoy que le digamos sí o no a algo que puede ser modificado sustancialmente. Por eso, solicitamos de esta cámara, independientemente del debate que puede existir, que es positivo, en el que cada uno aporta ideas, y aportamos soluciones, que deberíamos intentar aportar algo más: recuperar parte del consenso que se consiguió y que parece que en el día de hoy está roto, parece ser. Y yo me atrevería a decir más: por intereses, única y exclusivamente, partidistas, me atrevería a decirles. No se sorprenda usted, señor Maestro, que yo he dicho que me atrevería a decir más, y usted ha dicho muchas y más cosas, mucho más graves de las que yo le estoy diciendo aquí y que muy rápidamente intentaré explicarle después. Por eso, yo pido a los Grupos de esta cámara que reflexionen sobre esa posibilidad, que no es dilatar el tema, que no.
Yo, aquí, sí que querría hacer una reflexión, una reflexión que no viene al hilo del debate, pero que ha sido vivida en esta cámara. ¿Ustedes recuerdan cuando comenzamos los trabajos para la reforma del Estatuto? ¿Lo recuerdan? Había posicionamientos muy divergentes, legítimos, pero muy divergentes; quizás, las mayores críticas las llevó el Partido Popular, porque casi todo el mundo le acusaba de incoherencia. Y paradojas de la vida, al final, los planteamientos del Partido Popular en aquel tema concreto fueron los que han prosperado. No quiere decir que ahora sea única y exclusivamente el Partido Popular el que tenga razón, no, ni muchísimo menos, simplemente esta propuesta que hacemos a los miembros de la Diputación Permanente y a las distintas fuerzas políticas será, simplemente, no para dilatar, sino para tener unos elementos serios de juicio y decir: señores, el Decreto-ley o el proyecto de ley —definitivamente, tiene estos términos—, ¿perjudica o no perjudica a los intereses de Aragón? En aquel momento, el Partido Popular dirá sí o no a la presentación del recurso de inconstitucionalidad.
En este momento, señorías, y esto hay que decirlo, la pura lógica, aunque la lógica en política no siempre es aplicable, pero por pura lógica, en este momento, nosotros estamos diciendo sí o no a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, a algo que definitivamente no está cerrado, y ésta es la situación que nosotros venimos planteando. Pero bueno, vamos a ver, es que existe otro tema. Caso de que nosotros votásemos «sí» a la cuestión del recurso de inconstitucionalidad, ¿qué pasaría?, ¿díganme qué pasaría? Pues no pasaría absolutamente nada. El Tribunal Constitucional, como muy pronto, como muy pronto, lo admitiría a trámite, o diría o no de su legitimidad el 9 de noviembre, como muy pronto, y sabríamos cuál es el camino que seguiría luego un recurso de inconstitucionalidad, y yo me atrevería a decir un año o un año y pico, pero como pronto, un año.
¿En qué beneficia esto a los intereses de Aragón? Yo tendría que decir que nada. Pongámonos todos a trabajar para, en positivo, basta ya de que Aragón sea para el resto de las Comunidades Autónomas la «anti»; no, seamos la «pro», seamos el camino, y lo hemos empezado, lo empezamos ya con la firma de un Pacto del Agua consensuado por todas las fuerzas políticas y que sirve de ejemplo que quieren imitar otras Comunidades Autónomas. Lo continuamos con la reforma del Estatuto, que también quieren imitar otras Comunidades Autónomas. Vamos hacia medidas positivas. Yo también recomiendo a los Grupos de la cámara que se estudien esta proposición no de ley que ha presentado el Partido Popular, que la enmienden para mejorarla, si es necesario, porque creo que ahí está, en realidad, lo que tenemos que hacer de una vez para Aragón: buscar medidas positivas, no negarnos, por sistema, absolutamente a todo. Este creo, y estoy convencido de ello, es el camino que nosotros, en este momento, debemos seguir.
Y voy a terminar. Señor Maestro, el Partido Popular está en contra de los trasvases. Se lo voy a repetir para que lo transmita usted a su coordinador: el Partido Popular está en contra de los trasvases. Le voy a decir más, y no recuerdo con exactitud, pero usted no estaba presente cuando aquí se debatió el tema del Pacto del Agua: haga uso de la hemeroteca y verá cuál es el posicionamiento que mantuvo entonces, y su Grupo también, representado por don José Antonio Martínez, cuál era el posicionamiento del Partido Popular. Está en contra, pero hay que aplicar sensatez en las actuaciones.
Voy a terminar. Declaraciones que hoy he recogido —y voy a aprovechar esta tribuna para contestarle— en algunos medios de comunicación, donde su coordinador general o, perdón, regional, dice: «...esa posible dilatación de la decisión es una argucia para evitar retratarse». Mire usted, nosotros nos retrataremos, nos retratamos y nos hemos retratado, hombre, no le voy a decir siempre, pero casi siempre, y siempre cuando había que defender los intereses de Aragón, siempre, siempre. Y también ustedes se retrataron en actuaciones concretas, pero aquellas fotografías salieron veladas. Sabemos quién está en contra o a favor de los trasvases. Oiga, mire usted, ya se lo he dicho, y se lo vuelvo a decir ahora: el Partido Popular está en contra de los trasvases; ahora, el que podamos adoptar en este momento una posición en relación a la posibilidad o no de la presentación del recurso no significa estar ni en contra ni a favor de los trasvases, pero se lo vuelvo a repetir, estamos en contra.
Y luego, de lo que ya no me caben dudas que le ha llevado y que ha motivado las razones políticas a las que usted aducía, que decía que sería un error hacer un debate sobre los informes jurídicos que existen en esta cámara en el día de hoy... Señoría, yo le quiero decir en este caso concreto que lo que hoy debatimos —no lo que ha hecho usted—, lo que hoy debatimos es conocer si hay fundamentos, si hay razones jurídicas y políticas para la presentación del recurso de inconstitucionalidad. En este momento, nosotros se lo hemos dicho, ésa es la propuesta, si ustedes quieren aceptarla, ésa es la propuesta. Estaremos votando la presentación de un recurso de inconstitucionalidad a algo que no está terminado, y desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista político, creemos que no es bueno y que no es positivo.
Gracias, Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gimeno.
Representante del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
El señor Diputado BOLEA FORADADA: Señor Presidente de las Cortes de Aragón. Señorías.
Dado que el objeto de este debate es decidir si la Comunidad Autónoma de Aragón impugna o no ante el Tribunal Constitucional el Decreto-ley de 5 de agosto de 1994 de trasvase de aguas del Ebro a Mallorca, parece adecuado que sean los argumentos jurídicos más que los políticos los que principalmente debamos utilizar en el mismo. Desde este prisma, y como Portavoz del Partido Aragonés, haré referencia a tres puntos: primero, sobre la legitimación de la Comunidad Autónoma de Aragón para recurrir el Decreto-ley; dos, sobre si dicho Decreto-ley infringe o no la Constitución, y tres, sobre sus contradicciones con la Ley de Aguas.
Anticipo que estimamos que el momento del debate es oportuno. Ciertamente, falta la convalidación del Decreto-ley en el Congreso, que se producirá o no se producirá, pero, evidentemente, la postura que aquí adoptemos está condicionada a su convalidación, es absolutamente obvio. Pero es bueno, porque la convalidación significa, si se ratifica ese texto, porque no se va a modificar o no se ratifica, es bueno que a nivel de las Cortes Generales conozcan cuáles son las opiniones o razones jurídicas de los aragoneses, e incluso será bueno para todos los partidos con representación en el Congreso de los Diputados la posibilidad de que alguno de los argumentos que aquí se esgriman puedan ser también mantenidos en Madrid, en las Cortes Generales. Por lo tanto, nosotros no vamos a decir en este momento que vamos a esperar, vamos a decir todo lo que tenemos que decir: nuestro voto va a ser favorable a la impugnación, condicionada, evidentemente a que sea convalidado en el Congreso de los Diputados.
Respecto al primer punto, legitimación de la Comunidad Autónoma de Aragón para recurrir o no este Decreto-ley, el artículo 32.2 de la Ley Orgánica de 3 de octubre de 1979, reguladora del Tribunal Constitucional, declara que las comunidades autónomas se encuentran legitimadas para recurrir aquellas disposiciones o actos con fuerza de ley del Estado que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía, redacción respecto de la cual el alto tribunal, a partir de la sentencia 31/81, entiende que no cabe identificar el concepto «autonomía» con el de «competencia», por lo que acepta la legitimación de las comunidades autónomas para realizar una defensa del interés general, presentando un recurso que, simultáneamente, beneficia a su propia autonomía. El real Decreto-ley de 5 de agosto de 1994 autoriza un trasvase —no tengan miedo a decir las cosas por su nombre— de aguas públicas procedentes de la cuenca del Ebro a otra cuenca hidrográfica, cual es la balear, en el área correspondiente a Palma de Mallorca, imponiendo un canon a sus usuarios, cuyo importe se destinará a obras de infraestructura del delta del Ebro y a otras obras de infraestructura de esta cuenca.
Más de la mitad del territorio de la cuenca del Ebro y de la población que en la misma se asienta pertenecen a la Comunidad Autónoma de Aragón, por lo que es evidente que la detracción de caudales de la cuenca y la asignación del canon derivada a la misma afecta directamente a los intereses de Aragón, como al resto de las comunidades, por lo que resulta incuestionable su legitimación para la impugnación del citado Decreto-ley.
Dos, inconstitucionalidad del Decreto-ley. Siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, fijada en su sentencia de 21 de mayo de 1982, el control de legalidad o de adecuación al ordenamiento jurídico de los decretos-leyes puede realizarse a través de dos aspectos: uno, si se han respetado o no los requisitos exigidos en la Constitución para que el Gobierno pueda ejercitar tal potestad normativa excepcional, cuestión formal; dos, si del contenido material de la norma se deriva o no una violación de la Constitución, cuestión material o de fondo. Aplicando tales posibilidades al Real Decreto-ley de 5 de agosto de 1994, analizaremos, en primer lugar, si respecto del mismo concurren o no los requisitos formales exigidos por la Constitución. Desde este punto de vista, es de recordar que, según el artículo 66 de la Constitución, las Cortes Generales son las que ejercen la potestad legislativa del Estado —esto es lo normal—, admitiendo excepcionalmente en su artículo 86 que tan sólo en caso de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas, que tomarán la forma de decretos-leyes. La exposición de motivos del Decreto-ley de agosto de 1994 lo justifica diciendo que: «A) El Real Decreto-ley de 22 de mayo de 1992, por el que se adoptaron medidas urgentes contra la sequía, declaró de interés general las obras de abastecimiento de aguas al entorno de la bahía de Palma de Mallorca. B) En la actualidad, se encuentran ya ejecutadas las obras para la conducción de aguas desde el acuífero Lluví-Muro hasta la bahía, y en preparación las de construcción de la planta desaladora y las de conducción de aguas desde Sa Costera-Sóller. C) Que en este momento la situación de la bahía de Palma se ha convertido en muy grave a causa de la prolongada sequía».
Es evidente que el Gobierno de la nación es el primero al que corresponde apreciar la existencia de un caso de extraordinaria y urgente necesidad para utilizar la excepcional vía del decreto-ley, pero no lo es menos que, como dice la sentencia de 31 de mayo de 1982, «el Tribunal Constitucional podrá, en supuestos de uso abusivo arbitrario, rechazar la definición que los órganos políticos hagan de una situación determinada como caso de extraordinaria y urgente necesidad, de tal naturaleza que no pueda ser atendida por el procedimiento legislativo de urgencia». «Es claro —sigue diciendo— que el ejercicio de esta potestad de control del Tribunal implica que dicha definición sea explícita y razonada y que exista una conexión de sentido entre la situación definida y las medidas que en el decreto-ley se adoptan».
¿Justifican las causas que se expresan en la exposición de motivos la promulgación de un excepcional decreto-ley? A nuestro juicio, responderemos con rotundidad que no. La apreciación de insuficiencia de recursos hidráulicos para atender los abastecimientos de un área tan desarrollada y estudiada, cual es la bahía de Palma, no puede presentarse de repente como una situación inusual, imprevisible y urgente, tal como exige la más fundada doctrina administrativa. Baste para contrastarlo que desde la publicación del Real Decreto-ley de 22 de mayo de 1992, por el que se adoptaron medidas urgentes contra la sequía y declararon de interés general, entre otras, las obras de abastecimiento de agua de la zona del entorno de la bahía de Palma, se está tramitando a nivel de toda España la planificación hidrológica. Y curiosamente, ni en el plan hidrológico de las cuencas internas de Baleares ni en el plan hidrológico nacional se prevé la situación que ahora se anuncia, ni se prevé tampoco en ninguno de los dos el trasvase de agua a Palma procedente de la cuenca del Ebro. Y ello, a pesar de que en ambos planes han informado exhaustivamente los técnicos, han informado las comunidades autónomas y se ha abierto un plazo de información pública en el que todas las administraciones y todos los afectados han formulado sus pertinentes alegaciones. Añádese a ello que, como se dice en el informe emitido por el Justicia de Aragón, la situación de la bahía de Palma es en gran parte debida al deficiente estado de conservación de las conducciones de agua, que provoca pérdidas cuantiosas; a la utilización de agua potable para usos suntuarios, siendo los campos de golf el más significativo ejemplo, y a la ausencia de mecanismos desincentivadores del despilfarro de agua, como evidencia el hecho de la inexistencia de contadores individuales, circunstancias que, por añadidura, se unen a la muy significativa de que el Decreto-ley no puede tener eficacia inmediata, dado que en los puertos de Tarragona y Palma es preciso construir instalaciones de bombeo de agua.
En consecuencia, no parece justificado que existan razones de extraordinaria y urgente necesidad para que el Gobierno utilice la vía del Decreto-ley en lugar de tramitar ante las Cortes Generales el correspondiente proyecto de ley, que, al tratarse de un trasvase de aguas entre diferentes cuencas, debiera contemplarse en el Plan Hidrológico Nacional, que, curiosamente y en la actualidad, está ya en muy avanzada tramitación.
Analizado el aspecto formal, estudiaremos ahora si en el aspecto material o de fondo el Decreto-ley de 5 de agosto de 1994 infringe o no algún otro precepto constitucional. Adelantemos que, a juicio del Partido Aragonés, el citado Decreto-ley infringe abiertamente los apartados 22 y 24 del artículo 149 de la Constitución, según los cuales el Estado tiene competencia exclusiva en materia de ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma, y respecto de las obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una comunidad autónoma. Yo supongo, señorías, que al apuntar esta violación de la Constitución se abra en ustedes un paréntesis de curiosidad.
Debo añadir que, ciertamente, en ninguno de los tres informes jurídicos de los que el Partido Aragonés ha tenido conocimiento (el de los letrados de las Cortes de Aragón, el de los letrados de la Diputación General y el de los letrados del Justicia de Aragón) se hace ninguna referencia al mismo, pero, evidentemente, si estamos hablando en el campo del Derecho, permítannos, señorías, que todos los juristas podamos hacer alguna aportación, y permítasenos, señorías, el que en este momento, al margen de todo partidismo, les ruego que piensen muy seriamente en el argumento que a partir de este momento voy a desarrollar, porque o es correcto o no lo es, y si es correcto, la postura de estas Cortes de Aragón y la postura de esta Comunidad Autónoma no podrá ser otra que la de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional. Razonaremos nuestra conclusión.
El artículo 3 del Real Decreto-ley de 5 de agosto de 1994, éste, el que nos afecta, dice que los caudales utilizados por su trasvase a Mallorca estarán sujetos al pago por el destinatario, allá, en Baleares, de una tarifa en alta, que incluirá el importe del canon e incremento del mismo por utilización compartida de las instalaciones existentes, especificadas en la Ley de 1 de julio de 1981, vulgarmente conocida como del minitrasvase a Tarragona, que se aplicará, dicho canon, a las finalidades expresadas en la misma, plan de obras del delta del Ebro y, posteriormente, a otras de la infraestructura hidráulica en la cuenca del Ebro, incluido Aragón, y que —presten atención, dice el Decreto-ley del noventa y cuatro— su gestión se llevará a cabo por el organismo que actualmente la realiza —es decir, las pesetas—. «Su gestión —dice el Decreto-ley— se llevará a cabo por el organismo que actualmente la realiza.» ¿Por qué no nos dice cuál es?, ¿por qué no tiene el Gobierno de Madrid la valentía de decir quién va a recaudar y quién va a administrar esos fondos? Ha pasado desapercibido. Tres informes de letrados aragoneses, dignísimos los tres, competentísimos los tres, y no han caído en este extremo.
El lector del Decreto-ley de 5 de agosto de 1994 se preguntará de inmediato: ¿a qué organismo se estará refiriendo? Si está algo enterado del tema de las aguas, inmediatamente se le ocurrirá pensar que la respuesta se encuentra en la Ley de 1 de julio de 1981, es decir, la del minitrasvase a Tarragona, y se irá a la Ley del minitrasvase, y a la vista de esta Ley observará que en su artículo tercero se dice que el importe del canon, el que se percibe por el minitrasvase de Tarragona, se ingresará en la Confederación Hidrográfica del Ebro, que lo destinará —la Confederación Hidrográfica del Ebro—, en primer lugar, al plan de obras del delta del Ebro y, en segundo lugar, a otras obras de infraestructura en la cuenca del Ebro, entre otros, Aragón. Pero cuando el lector ya quedará sumido en la más absoluta perplejidad será cuando compruebe que la Confederación Hidrográfica del Ebro ni ingresa el canon del minitrasvase ni lo destina a las obras del delta, ni menos todavía a otras de la cuenca del Ebro. ¿Quién demonios cobra, pues, y administra el dichoso canon que la Ley del ochenta y uno encomendaba, por ley, a la Confederación Hidrográfica del Ebro? La respuesta, como la de un jeroglífico egipcio, no la encontrarán fácilmente los no iniciados. ¿Saben sus señorías dónde se encuentra?, pues, pásmense y reflexionen las sorpresas de la España de las dos clases de autonomías: está en el Real Decreto de 27 de diciembre de 1985, por el que se traspasan funciones y servicios del Estado en materia de obras hidráulicas a la Generalitat de Cataluña. En efecto, en su anexo 1, apartado c, punto 4, se dice que hasta que se cubra la parte del coste del plan de obras del delta del Ebro, a que se refiere la Ley de 1 de julio de 1981, del minitrasvase, la Generalitat de Cataluña recaudará por cuenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro el canon, cuyos recursos destinará al plan, en el cumplimiento de cuyas obligaciones se subroga. ¿Qué les parece? ¿Han visto sus señorías algún ejemplo más claro en el que toda una ley se viola y deja sin efecto práctico por un simple decreto?
Les voy a recordar algo. El proyecto de ley del minitrasvase a Tarragona de 1981 decía en su artículo tercero que el canon se administraría por la Generalitat de Cataluña. Este modesto senador presentó una enmienda a la totalidad de la Ley del minitrasvase y presentó algunas enmiendas parciales, entre ellas, a este artículo, y propuse la enmienda de que la percepción y administración del canon no se hiciera por la Generalitat de Cataluña, sino por la Confederación Hidrográfica del Ebro, y esa enmienda fue aceptada y esa enmienda está en la Ley, y la Ley del ochenta y uno es la que dice por ley quién debe ingresar, cobrar, gestionar y administrar el canon. En este momento, la Confederación Hidrográfica del Ebro, como les digo, no ve una peseta, aunque le puedan presentar sus cuentas.
Pero la cuenca del Ebro, según interpreta el Tribunal Constitucional, es, en toda su extensión, de la exclusiva competencia del Estado, encomendada a su Confederación Hidrográfica. Pero, al parecer, ni las aguas del minitrasvase a Tarragona ni al delta son caudales o territorio de la cuenca del Ebro. No quiero insistir. A nuestro juicio, el decreto de transferencias a Cataluña es inconstitucional en cuanto transfiere a la Generalitat aspectos que afectan al canon del minitrasvase a Tarragona y a las obras del delta. Y, consecuentemente, el Decreto-ley de 5 de agosto de 1994 es asimismo inconstitucional en cuanto encomienda el cobro y gestión del canon de las aguas que se trasvasen a Mallorca a la Generalitat, en cooperación con el consorcio de aguas de Tarragona, por ser materias de la exclusiva competencia del Estado y, más concretamente, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, según el artículo 149 de la Constitución. Señorías, el argumento es jurídico, no político.
Tres: contradicciones con la Ley de Aguas. Añadamos a lo dicho que el Decreto-ley de 5 de agosto de 1994 contradice abiertamente a la Ley de Aguas y que, aun cuando ambas normas tengan el mismo rango, el Decreto-ley olvida los más elementales principios del rigor jurídico hidráulico y produce evidentes indefensiones. Así, y de forma meramente enunciativa, dada la limitación de nuestro tiempo, uno: el artículo primero de la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985 dice literalmente que «corresponde al Estado, en todo caso, y en los términos que se establecen en esta Ley, la planificación hidrológica a la que deberá someterse toda actuación sobre el dominio público hidráulico». Frente a este principio elemental, el Decreto-ley de 5 de agosto del noventa y cuatro regula una actuación sobre las aguas públicas del Ebro al margen de toda planificación, sin que las comunidades autónomas ni los usuarios de la cuenca hayan podido alegar absolutamente nada en cuanto pueda afectar a sus respetables intereses. Dos: el artículo 38 de la Ley de Aguas dice que la planificación hidrológica tendrá, entre otros objetivos, equilibrar y armonizar el desarrollo regional. Toda actuación marginal, como la del Decreto-ley al que nos referimos, vulnera y desconoce tan elemental principio. Y tres: el artículo 43 de la Ley de Aguas dice que el plan hidrológico nacional se aprobará por ley y contendrá, entre otros extremos, la previsión y las condiciones de las transferencias de recursos hidráulicos entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca. Frente a tan claro procedimiento, y al margen del mismo, el Decreto-ley de 5 de agosto de 1994 improvisa un trasvase desde la cuenca del Ebro a la cuenca interna de Mallorca, en Baleares, a pesar de que en este momento el plan hidrológico nacional está en avanzada tramitación, ya que ha sido informado por el Consejo Nacional del Agua y sólo está pendiente de la presentación del proyecto de ley por el Gobierno a las Cortes Generales.
En esta primera intervención —vamos a esperar a las votaciones—, no quiero hacer ninguna valoración política. Yo solamente les digo, señorías, que si la Comunidad Autónoma interpone un recurso ante el Tribunal Constitucional, por infringir la Constitución este Decreto-ley, tengan la seguridad de que desde el punto de vista jurídico no haremos el ridículo. Tengan la absoluta seguridad de que en el argumento no concurren los supuestos excepcionales de urgencia para publicar un decreto-ley, y el argumento de que el Decreto-ley infringe la Constitución Española, en su artículo 149, al confiar a un organismo de una concreta Comunidad Autónoma, cual es la Generalidad de Cataluña, los cánones y tarifas que van a pagar los mallorquines, tengan la seguridad de que este argumento es de tal peso jurídico que, perdonen, y no hago sino decir que llevo toda una vida y que cada día creo que hay que aprender más estudiando el derecho de las aguas. Yo, este argumento lo digo aquí ante una institución evidentemente política, pero este argumento, señorías, estoy dispuesto a defenderlo jurídicamente en cualquier otro foro. Este argumento, señorías, tiene tal peso que, evidentemente, el Tribunal Constitucional se pensará mucho si justifica que la percepción del canon que van a pagar los mallorquines lo administre el consorcio de Tarragona y la Generalidad de Cataluña, cuando la aplicación de esos fines es para un concreto tema: las obras del delta del Ebro, del delta del Ebro, que está en la cuenca del Ebro, y que lo está administrando la Generalidad de Cataluña y el consorcio de aguas, sin enterarse la Confederación Hidrográfica del Ebro, y respecto a obras que también afectan a Aragón, porque tanto la ley del ochenta y uno como este Decreto-ley dicen que se aplicarán también a obras de la cuenca.
No tengan miedo, no haremos el ridículo desde el punto de vista jurídico; al contrario, muy posiblemente, si sumamos los argumentos de los tres informes, más lo que cada uno de nosotros pueda aportar, más lo que otros aragoneses puedan aportar, tengan la seguridad de que si alguien, con objetividad, coge todos esos estudios, los ordena y los presenta ante el Tribunal Constitucional, tengan la seguridad de que a nivel jurídico y político nadie podrá decir que la Comunidad Autónoma de Aragón está actuando de forma caprichosa, de forma parcial o de forma insolidaria, y conste que cuando el Partido Aragonés afirma esto no estamos prejuzgando nada con respecto a la cuestión de fondo, a si hay que llevar o no aguas a Mallorca; que nadie piense que esto es una lucha entre aragoneses y mallorquines, que no lo es. Lo único que estamos debatiendo en este momento —el otro punto, en su día, ya lo veríamos— es si formalmente procede un decreto-ley para resolver este tema y si la percepción del canon y tarifas que en el mismo se establecen lo puede percibir y administrar la Generalidad de Cataluña en lugar de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Termino, señor Presidente.
En conclusión, el Grupo del Partido Aragonés, desde un punto de vista estrictamente jurídico, estima que la Comunidad Autónoma de Aragón, que está plenamente legitimada, debe recurrir al Tribunal Constitucional el Decreto-ley de 5 de agosto de 1994 por las siguientes razones: primera, el abastecimiento de agua a los núcleos urbanos de la bahía de Palma de Mallorca no es un caso de extraordinaria y urgente necesidad, tal como exige el artículo 86 de la Constitución para la promulgación de un decreto-ley, por lo que su regulación, en todo caso, debería hacerse a través de una ley ordinaria y, concretamente, en el plan hidrológico nacional, actualmente en avanzada tramitación.
Segunda: infringe los apartados 22 y 24 del artículo 149 de la Constitución, ya que las aguas del Ebro y la percepción de un canon para la ejecución de obras públicas en el delta del Ebro y en otros lugares de la cuenca afecta a varias comunidades autónomas, sin que, por tanto, su recaudación y ejecución, que es competencia del Estado, pueda encomendarse, como hace el Decreto-ley, a la Generalidad de Cataluña y al consorcio de aguas de Tarragona.
Tres: el procedimiento de trasvasar el agua, previsto en el Decreto-ley, se hace al margen de toda planificación, en contra de lo dispuesto en los artículos 1 y 43 de la Ley de Aguas, y sin posibilidad de que las comunidades autónomas y usuarios afectados puedan alegar nada en defensa de sus legítimos intereses.
Cuarto: en consecuencia, procede que la Comunidad Autónoma de Aragón impugne ante el Tribunal Constitucional el Decreto-ley de 5 de agosto de 1994, en el supuesto, evidentemente, señor Presidente, de que el mismo sea convalidado por el Congreso de los Diputados.
Nada más, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bolea.
Representante del Grupo Parlamentario Socialista; señor Cebrián, tiene la palabra.
El señor Diputado CEBRIAN TORRALBA: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, señor Bolea, estamos debatiendo el interponer un recurso de inconstitucionalidad, y para ello debemos encontrar argumentos jurídicos en que basarlo, con independencia de que, posteriormente, estemos de acuerdo o no con el transporte de agua, de la concesión que tiene el consorcio de Tarragona, a Baleares. Por lo tanto, son dos debates que, sin duda, se entremezclan: el debate con argumentos jurídicos y el debate político, de fondo, y yo creo que ambos hay que tratarlos sin rehuir ninguno de ellos, en realidad son dos temas aparentemente distintos pero que, sin duda, están entremezclados, como hemos podido ver en los propios informes, hechos por gabinetes jurídicos, desde un punto de vista estrictamente formal y que, sin duda, traslucen también, en algunos de ellos, algún contenido político. Por lo tanto, hablaremos de la forma y también del fondo.
Un recurso de inconstitucionalidad, evidentemente, tiene que tener unos fundamentos jurídicos. Esta cámara no puede tomar una resolución a la ligera, no diría hacer el ridículo, pero, desde luego, esta cámara, desde nuestro punto de vista, no debe ser desautorizada por ningún tribunal y cuando presente un recurso debe de presentarlo sabiendo que hay bastantes posibilidades de que prospere ante el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ¿existe esa base jurídica? Es lo primero que nos debemos plantear, y el señor Bolea se lo ha contestado, desde mi punto de vista, a pesar de ser un prestigioso jurista, y aunque no lo quiera reconocer, más motivado por su posición política que por sus grandes conocimientos jurídicos en esta materia.
Yo no voy a intentar reproducir aquí lo que los servicios jurídicos de las distintas instituciones aragonesas han interpretado. Sin duda todos ustedes los han leído, los han estudiado, han meditado sobre ellos, nosotros también lo hemos hecho, yo personalmente también lo he hecho, y, bueno, en principio, los tres informes coinciden en no encontrar un argumento legal para interponer el recurso de inconstitucionalidad, porque, incluso, el informe del Justicia, que habla de temas que sin duda sugieren que las instituciones aragonesas tomen en consideración, tampoco concluye, y hace aseveraciones contra el Decreto-ley que luego analizaré, pero, en ningún caso, recomienda de una forma rotunda que se interponga un recurso de inconstitucionalidad. Es cauto, cuando menos, y a pesar de que se deduce también algún tipo de motivación más allá de lo jurídico, en su interpretación del Decreto-ley, no va tan lejos de recomendar a las instituciones aragonesas el que presentemos este recurso de inconstitucionalidad.
Además, en el aspecto que más incumbe al Justicia, y que debe ser la misión fundamental del Justicia, velar por una posible violación del Estatuto de Autonomía de Aragón, en este aspecto el informe del Justicia coincide con los otros dos informes en reconocer que el Decreto-ley no viola las competencias que, en materia de agua, corresponden a la Comunidad Autónoma y, en consecuencia, tampoco a las competencias establecidas en la Constitución.
Pero vamos a detenernos, siquiera mínimamente —ya que el resto de los portavoces lo han hecho lo voy a hacer yo también—, para intentar dar el contrapunto de los argumentos que aquí ha expuesto el señor Bolea. Se dice que infringe los artículos 40, 86 y 140 de la Constitución. El 86 hace referencia a la utilización del Decreto-ley, como norma para adoptar disposiciones legislativas, en casos de extraordinaria y urgente necesidad; la propia exposición de motivos del Decreto-ley justifica la utilización de esta figura, habla de la concurrencia de circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, como los problemas de suministro que se presentan en torno a la bahía de Palma de Mallorca, situación que califica de muy grave, a causa de la prolongada sequía. Por lo tanto, la justificación del Decreto-ley, lo que justifica el propio Decreto-ley en su exposición de motivos es una situación de extraordinaria y urgente necesidad, en la que nosotros, evidentemente, no tenemos los argumentos que pueda tener ni el Gobierno balear, ni el Gobierno de la nación, ni quienes han analizado el tema. Pero se deduce de la propia exposición de motivos, y de las explicaciones que, de alguna manera, hemos recabado a través de nuestros contactos con nuestros compañeros en Baleares y en Madrid, que, efectivamente, hay tres factores que confluyen: la grave situación de sequía, el incremento del consumo del agua con motivo de la época estival, y la no terminación de las obras de abastecimiento de agua en la zona.
Y no voy a entrar yo aquí, como hacía el señor Maestro, en calificar, valorar y sacar conclusiones de por qué ese incremento de consumo del agua, con motivo de la época estival: son razones obvias que todos conocemos; no vamos a hablar de la grave situación por causa de la sequía, eso es algo objetivo. En cualquier caso, son tres argumentos, tres factores que reconoce el Decreto-ley. Ciertamente, esa extraordinaria y urgente necesidad constituye, en definitiva, un concepto jurídico indeterminado, pero existe la suficiente jurisprudencia y existen los suficientes antecedentes, en sentencias del Tribunal Constitucional, en temas, sin duda, incluso más graves o de más difícil apreciación de si existe esa extraordinaria situación o esa urgencia tan apremiable. En todos ellos —repito— la doctrina constitucional que el Tribunal ha ido delimitando en todos estos años concluye en que es, en definitiva, el Gobierno, en cada caso, quien tiene que determinar si existe o no esa urgencia. Efectivamente, deja un margen bastante amplio a la interpretación, por parte de los distintos Gobiernos, para adoptar esas medidas por causas de urgencia. Existe, sin duda, una notable capacidad de autolimitación de la propia jurisdicción del Tribunal Constitucional y el reconocimiento de que hay un cierto peso en la apreciación, en el juicio político del Gobierno.
Por lo tanto, el Tribunal Constitucional parece condicionarse sólo a la esfera externa del juicio puramente político y, en ese sentido, resulta, como reconocen tanto el informe de la propia cámara, como el informe de la Diputación General de Aragón, que es sumamente difícil que, a la luz de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, en temas de similar materia, se considere que el Gobierno ha hecho un uso abusivo o contrario de su facultad excepcional y, por lo tanto, declare inconstitucional este Decreto. Parece que por ese lado, por la violación del artículo 56, no hay muchas posibilidades de que prosperara un recurso de inconstitucionalidad.
¿Se vulnera el artículo 40 de la Constitución por este Decreto-ley? Sin duda, todos ustedes conocen lo que dice el artículo 40, pero voy a citarlo: «Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica». ¿Es incompatible el Decreto-ley con este mandato de una distribución de la renta regional más equitativa? Yo creo que es coger el rábano por las hojas y decir que, desde el punto de vista de la renta regional, este Decreto-ley vulnera aquí la interpretación que también la doctrina del Tribunal Constitucional ha ido haciendo, da un poder de interpretación amplísimo, como no podía ser de otra manera, a los poderes públicos, para ver y decidir si esa justa distribución de la renta se vulnera o no por una medida o por otra. Cualquier medida de un gobierno va a afectar a la distribución de la renta en una comunidad respecto a otra.
En definitiva, sería muy difícil encontrar una medida política, una decisión política de un Gobierno que no haga una incidencia en la distribución de la renta. Aprobar, por ejemplo, una carretera en cualquier comunidad, si es una de las comunidades que tienen una renta per cápita más alta que la nuestra, podría también ser susceptible, por ese argumento, de interponer un recurso de inconstitucionalidad, porque nosotros, con una renta más baja, no tenemos acceso a esa inversión en carreteras. Es una cosa absurda, y en los antecedentes en la jurisprudencia constitucional no hay ningún antecedente que considere inconstitucional cualquier decreto, cualquier medida legislativa que hayan aprobado las cámaras por atentar a una justa distribución de la renta; no hay antecedentes. Sería ridículo pensar que los fuera a haber por este Decreto-ley. Estamos hablando, además —y hay que repetirlo una y otra vez—, de la modificación del destino de una parte del caudal de agua ya trasvasado. Por tanto, sería la Comunidad de Cataluña la que debería reclamar por trasvasar esa agua que tienen ellos concedida, por ley del ochenta y uno, a la que todos ustedes han hecho referencia, y, en definitiva, tampoco tendría mucho sentido porque estaríamos hablando de dos comunidades ricas (Cataluña y Baleares), y no tendría mucho sentido hablar de una injusta distribución de la renta por este pequeño caudal de agua que va a trasvasarse a Baleares.
Finalmente el carácter transitorio del Decreto-ley. Difícilmente una medida, que tiene una vigencia limitada, podría contribuir a una justa distribución de la renta regional. Este artículo de la Constitución se refiere, sin duda, hace referencia a medidas estructurales de mayor alcance, no a una medida coyuntural que tiene un plazo muy concreto para su vigencia.
El artículo 149 ha sido en el que el señor Bolea se ha entretenido más en argumentar que este Decreto-ley lo vulnera. El artículo 149 hace referencia a cuáles son las competencias exclusivas del Estado, y entre ellas está la de dictar la legislación, ordenación y concesión de recursos hídricos, cuando las aguas discurren por más de una comunidad autónoma. Se puede argumentar, y eso sí que es cierto, que debido a su urgencia, no se ha podido recabar la colaboración de la Comunidad Autónoma en la elaboración de los proyectos de planificación respectivos, y eso sí que sería un argumento, pero la propia urgencia del Decreto-ley invalidaría el hecho.
La realidad es que si había alguna laguna para ver si las competencias exclusivas en materia de aguas, que otorga la Constitución a los poderes del Estado, y las que el Estatuto reconoce a nuestras instituciones autonómicas, si hubiera alguna duda, la Ley de Aguas de 1985 —el señor Bolea ha hecho referencia a ella abundantemente— realiza una interpretación de competencias estatales en la materia, que algunas comunidades autónomas, en su momento, consideraron lesivas y contrarias a derecho, y que fueron recurridas, en consecuencia a esta Ley de Aguas, por varias comunidades autónomas. El Tribunal Constitucional fue muy claro en declarar constitucional la Ley de Aguas y en centrar el concepto clave de cuenca hidrográfica. Es decir, según el artículo 9 de la Ley de Aguas, el territorio por el que las aguas fluyen al mar, a través de una red de cauces secundarios, que convergen en un cauce principal único, es lo que define como cuenca hidrográfica.
Poniendo este artículo, que —repito— ha sido recurrido y no aceptado el recurso por el Tribunal Constitucional, poniendo este artículo en relación con el 149 de la Constitución, se deduce que el Estado ejerce sus competencias sobre las cuencas, ya definidas por la Ley de Aguas, que exceden el ámbito territorial de una comunidad autónoma, quedando en manos de la comunidad autónoma las cuencas que no sobrepasen su territorio. Esto es algo ya sentado por la doctrina del Tribunal Constitucional, asumido ya en estos momentos por todo el mundo, por todas las comunidades autónomas y, por lo tanto, no tiene ningún sentido decir, en este caso, que, efectivamente, estamos hablando de la cuenca del Ebro. Es exclusivamente el Estado el que tiene competencias, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, sólo el Estado es el que las gestiona a través de esos organismos de cuenca. A la comunidad autónoma le resta —como usted muy bien sabe porque ahí ha participado usted— el participar en los órganos correspondientes.
Desde estas premisas, pues, está claro que el reparto competencial está establecido y no puede hablarse de inconstitucionalidad al hacer referencia al artículo 149. Otra cosa es que el señor Bolea ha hablado de otro tema que, desde mi punto de vista, no tiene nada que ver con la constitucionalidad o no del Decreto-ley, pero que sin duda tiene un interés, y es qué pasa con el canon. Y tiene un interés importante, y así, además, lo ha entendido el propio Gobierno de Aragón, porque antes de este debate el Gobierno de Aragón, a través de su Consejero de Ordenación Territorial, ya intervino en el tema y envió una carta, que tengo aquí, al Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, en la que fundamentalmente hacía referencia a estos aspectos. Decía la carta: «Dado que los diez hectómetros cúbicos son adicionales a los otorgados en la Ley de 1981, no está justificado que el canon que van a pagar los beneficiarios se destine ahora a la mejora infraestructural del delta del Ebro, sino al conjunto de la cuenca del Ebro, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro». En eso coincidimos plenamente con usted.
En la misma línea, decía el señor Isidoro Esteban: «Solicitamos urgente información al cumplimiento de la previsión, contenida en la Ley 18/81, sobre actuaciones en materia de aguas en Tarragona, sobre el abono de un canon a la Confederación Hidrográfica del Ebro, por parte de los beneficiarios del vigente trasvase de aguas a Tarragona». En dicha Ley se establece que, en primer lugar, dicho canon se destinará al plan de obras de mejora de infraestructuras hidráulicas del delta del Ebro. No nos consta que, hasta el momento, se hayan destinado los ingresos de este canon a obras en el resto de la cuenca, por lo que nos gustaría conocer los planes del Ministerio y de la Confederación Hidrográfica del Ebro en este sentido. Esperamos una respuesta a estas dudas que, sin duda, compartimos con el Gobierno y con su intervención, pero no entiendo, quizás, porque no soy un experto en jeroglíficos egipcios —como decía el señor Bolea—, no entiendo la relación que ello tiene con declarar inconstitucional o no este Decreto-ley. Además —repito—, este Decreto-ley no vulnera el artículo 149 de la Constitución y no vulnera las competencias que, en materia de aguas, tiene nuestro Estatuto de Autonomía de Aragón. En eso coinciden, categóricamente, todos los informes que hemos conocido al respecto.
En definitiva, no hay razones para interponer el recurso. El recurso, sin duda alguna, no sería aprobado por el Tribunal Constitucional, y aquí podría concluir mi intervención, como la ha terminado el señor Bolea, argumentando lo contrario, pero ciñéndose, única y exclusivamente, a los temas formales, es decir, a que no existe, en nuestro caso, base jurídica para interponer un recurso de inconstitucionalidad.
Pero vamos a ver el fondo de la cuestión, y sin duda el fondo es político, y vamos a valorar, en definitiva, qué es lo que nos trae aquí, cuál es el sentido de este debate, más allá de los aspectos formales. Se entiende en este debate por «más allá de los aspectos formales», si es lesivo para nuestros intereses este Decreto-ley o no, si es perjudicial o no para Aragón, este Decreto-ley. Este Decreto-ley —repitámoslo— pretende autorizar el trasvase de una cantidad determinada de agua, en ningún caso superior a la que ya tiene concedida el Consorcio de Tarragona, y que la cantidad total no varía, es decir, mantiene la aludida cantidad de cuatro metros cúbicos por segundo, pero modifica el destino de una parte de esta agua, al autorizar que se dedique al abastecimiento de los núcleos de población situados en la bahía de Palma.
Por lo tanto, no existe un trasvase propiamente dicho: existe la modificación del destino de un trasvase previamente autorizado. En este sentido, no afecta a los intereses de Aragón. Era un trasvase previamente autorizado, al que nosotros, como me ha ahorrado el señor Bolea exponer, en su día, ya nos opusimos, pero que una vez que eso está autorizado, y lo está, nada menos que desde hace catorce años, pues una vez autorizado, el que ahora parte de ese caudal se utilice en otra Comunidad Autónoma no afecta a los intereses de nuestra Comunidad Autónoma, no afecta a los intereses de Aragón.
Pero es que, además, señoras y señores Diputados, debemos de ir más lejos y debemos de ver claramente cuáles son nuestros objetivos en materia de agua, y hablo, además, en plural, es decir, los objetivos de todos los Grupos Parlamentarios que nos sentamos en esta cámara, y que ya fuimos capaces de ponernos de acuerdo en fijar cuáles son nuestros objetivos en materia hidráulica.
Es decir, aquí, todos los Grupos políticos estamos comprometidos en la defensa de los intereses de Aragón, comprometidos en la defensa de los intereses en materia hidráulica en Aragón, y esos intereses están concretados, cifrados, consensuados, reiteradamente expuestos y defendidos por todos nosotros, en lo que se ha llamado el Pacto del Agua.
Entonces, para alcanzar este objetivo común —y nadie ha manifestado lo contrario, a pesar de que en algún momento se hayan podido ver reticencias—, para alcanzar eso de objetivo común, que son, además, el objetivo común de las aspiraciones de nuestro pueblo, tenemos que actuar, señoras y señores Diputados, sin duda, con intransigencia y firmeza en defender nuestros intereses, pero, también, cargándonos de razón, y con buenas relaciones, tanto con el Gobierno central como con el resto de las comunidades autónomas de la cuenca del Ebro. Sin confrontaciones inútiles, no sólo inútiles sino, a veces, contraproducentes, nada de guerras del agua. Yo creo que eso es lo más negativo que puede pasarnos a los aragoneses. Entrar en guerras del agua nos perjudicaría a nosotros más que a ninguna otra comunidad porque, en definitiva, somos los que más tenemos que perder, porque estamos comprometidos, y hasta que alguien del Gobierno se desdiga de ello, y esperemos que no (nosotros vamos a velar por que nadie se desdiga de ello), está el Gobierno de la nación comprometido en afrontar todas las inversiones que están contempladas en el Pacto del Agua. Por lo tanto, tenemos más que perder, tenemos que perder doscientos mil millones si esas inversiones no llegan a concretarse aunque algunas ya se estén concretando.
Sí que debemos combinar firmeza y generosidad, exigencia y capacidad de diálogo, comprender que Aragón se juega su futuro y, a la vez, comprender también que otras comunidades también deben de alcanzar el suyo, y no entrar en esas guerras porque, a lo mejor, lo que a nosotros nos beneficia no tiene por qué perjudicar a otros, y lo que beneficie a otros no tiene por qué perjudicarnos a nosotros.
Podemos pedir la culminación de todas las obras previstas en el Pacto del Agua, que suponen —como he dicho—, en los próximos cuatro o cinco años, unas inversiones de más de doscientos mil millones, de todos los españoles, que se van a invertir en nuestro territorio. Y ¿cómo podemos exigir que haya esa inversión en nuestro territorio y negarnos a que los excedentes, si los hay, puedan ser utilizados, según sus necesidades, por el resto de los españoles? Los socialistas tenemos presencia y responsabilidad públicas, a uno u otro nivel, en todas las comunidades autónomas del territorio español. Se nos ha criticado duramente, en este debate y en otro, que no defendemos suficientemente los intereses de Aragón, porque defendemos también los intereses de otras comunidades autónomas, y es que lo que no se nos puede exigir a los socialistas es pedir comprensión y apoyo, por ejemplo, a los legítimos representantes del pueblo balear, en el Congreso de los Diputados, a la hora de debatir el plan hidrológico nacional, con la incorporación íntegra de nuestro Pacto del Agua, como pretendemos, y, a la vez, exigir nosotros que forcemos a compañeros de nuestro Partido, representantes en el Parlamento de la nación, de los electores del pueblo balear, a que voten en contra del Decreto-ley que asegura el abastecimiento de los municipios de la bahía de Palma. No se nos puede exigir eso. Ya no por solidaridad, sino por cordura y por buen sentido, hemos de pedir a esos compañeros nuestros que en un futuro muy próximo, a la hora de debatir el plan hidrológico nacional, apoyen nuestra legítima aspiración, la legítima aspiración del pueblo de Aragón, de que todas las obras del Pacto del Agua, que implican la inversión de doscientos mil millones de todos los españoles, que, sin duda, ellos, por ser una de las comunidades más ricas, en su renta per cápita pueden argumentar que son los que más aportan al erario y, por lo tanto, más aportan a esos doscientos mil millones. ¿Cómo podemos, a la vez, intentar convencerles de que cuando están pasando por una acuciante necesidad de agua de boca, porque los pozos están salinizados, porque la profunda sequía de los últimos meses hace que el agua les falte no para regar campos de golf, sino para beber, cómo podemos exigirles que voten en contra de este Decreto-ley, por muy compañeros nuestros que sean? Es evidente que no podemos llegar hasta esos límites.
¿Cómo podemos conseguir también, en la misma línea, que compañeros socialistas, que se sientan en los escaños del resto de los parlamentos autonómicos, y que nos han mostrado su apoyo y su comprensión para nuestro acuerdo, en materia hidráulica, lo sigan manteniendo y, a la vez, admitan su renuncia a regular los excedentes de acuerdo con sus propias necesidades? Tenemos el apoyo, yo no sé si con la boca pequeña o grande, no sólo de nuestros compañeros socialistas en el resto de las comunidades autónomas de la cuenca del Ebro, sino, incluso, de las instituciones que gobiernan las comunidades autónomas de la cuenca del Ebro, y han mostrado su solidaridad y su apoyo, al menos hasta la fecha, a que el Pacto del Agua se incluya en el plan hidrológico nacional y prospere.
Entonces, ¿cómo podemos, a la vez, exigirles a esos mismos gobiernos autonómicos, gobernados por compañeros nuestros o no, que los excedentes, si es que los hay, más allá de los seis mil quinientos cincuenta hectómetros cúbicos, que nuestros ríos aportan a la cuenca del Ebro, los vamos a regular íntegramente, si se cumple el Pacto del Agua, en uso y beneficio nuestro exclusivamente? ¿Les vamos a pedir que si hay excedentes, además, ellos no los puedan regular de acuerdo con sus propias necesidades? No podemos llegar tan lejos. ¿Cómo podemos exigir, en definitiva, a nuestros compañeros socialistas del Gobierno de España que, como gestores del dinero de todos los españoles, hagan ese tremendo esfuerzo inversor en nuestra tierra y, a la vez, no atiendan las perentorias necesidades de agua de boca que, como consecuencia de la sequía, padecen en otros lugares de la geografía española otros españoles?
Tenemos que exigir con firmeza, con dureza y hasta donde haga alta, el cumplimiento del Pacto del Agua, al Gobierno de la nación y a todo el que se oponga a él; pero tenemos que tener a la vez la generosidad suficiente de comprender que el agua no es sólo nuestra, que hay otros españoles que también tienen necesidades y que, en la medida en que no colisionan, sino que son complementarias a nuestras aspiraciones, no tenemos que oponernos a ellas. No sólo por solidaridad, sino por cordura y pragmatismo debemos ser intransigentes en la defensa de nuestros intereses y, a la vez, respetuosos y comprensivos con el resto de las comunidades autónomas de la cuenca del Ebro.
Queremos que los seis mil quinientos cincuenta hectómetros cúbicos que nuestros ríos aportan al Ebro, sean regulados para uso exclusivo de nuestra Comunidad. Es evidente que podemos encontrar obstáculos y, además, poderosos obstáculos. Pero ¿cuál es el mejor argumento, el único modo de superar estos posibles y poderosos obstáculos? Sólo la unidad de todas las fuerzas políticas aragonesas en su defensa. Si se toman iniciativas unilaterales, como ha hecho Izquierda Unida en este caso, partidistas, si se utiliza el tema del agua como el arma arrojadiza y electoralista, unos contra otros, si se intenta, en definitiva, confundir y manipular a la opinión pública aragonesa en provecho propio, estamos poniendo en riesgo el Pacto del Agua. Si nos acosamos y nos acusamos unos a otros de querer incumplir el acuerdo al que llegamos, sin otro fundamento que el oportunismo político, estamos dividiendo las fuerzas políticas aragonesas, estamos dividiendo nuestras propias fuerzas y debilitamos la posición de Aragón en un tema tan estratégico como el agua; estamos poniendo en riesgo el cumplimiento del Pacto del Agua. Es muy fácil alarmar a los aragoneses y hay fundadas razones, basadas en la experiencia y en la historia, para desconfiar y recelar de las administraciones públicas en cuanto a inversiones y regulaciones en materia hidráulica, es cierto, pero ahora tenemos un instrumento, fruto de la racionalidad y del consenso, como es el Pacto del Agua, y yo creo que si cerramos filas en torno a él, será muy difícil que tanto el plan hidrológico nacional como cualquier otra medida que se quiera arbitrar, desde el Gobierno de la nación, vaya en contra de Aragón.
Por lo tanto, señoras y señores Diputados, no nos enfrentemos entre nosotros, no debilitemos nuestras fuerzas, superemos recelos y desconfianzas. Ya sé que el momento político que atravesamos no es el momento más oportuno para decir estas cosas, pero tengamos, al menos, la altura de miras suficiente como para ser respetuosos con el mandato que nuestros electores nos han dado a todos y cada uno de nosotros para que, por encima de situaciones difíciles, como la que atravesamos, no caigamos en posturas partidistas y coyunturales y antepongamos los intereses de los aragoneses en materia hidráulica.
Nada más, y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cebrián.
Fijación de posiciones del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor Diputado GOMARIZ GARCIA [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.
Señorías, sólo quiero resaltar dos ideas, después de haber escuchado a cada uno de los portavoces de sus distintos Grupos. En torno al tema que nos ocupa, se han expresado aquí argumentos políticos y jurídicos, los más, y los menos los sociales y los económicos, en aras, quiero entender, de intereses más o menos partidistas, que pueden generar confusión. Yo quiero decir claramente que tanto Baleares como Aragón tienen un mismo problema: una gran sequía; pero Aragón tiene una sequía mayor, que es la de no tener infraestructura para llevar el agua a tantísimos pueblos. El agua no es un bien aislado. De hecho, en Baleares el agua la quieren para algo más que para beber, el agua es un bien que está conectado con todos los demás, y quitarle el agua a un pueblo es quitarle la posibilidad de desarrollo, y aquí es donde veo que los aragoneses tienen que luchar por todos los cauces y no esperar más para hacer posible esa llamada de atención y que lleve a nuestros pueblos el agua que necesitan.
¿Qué dirían los demás, los pueblos que están pasando sed, qué dirían si vieran cómo disfrutan de nuestra agua, a expensas de lo que es posibilidad de desarrollo nuestro, si no piensan disfrutar de la misma?
Se está creando una gran confusión. Hoy mismo, en un diario, se lee que las Cortes regionales deciden hoy si Baleares ha de beber agua del Ebro. Las Cortes aquí no van a decidir nada de eso, pero el problema se lleva al agua, se lleva a la solidaridad, se lleva a la confusión. Aragón, solidario y antisolidario. Pero ¿es que se ha de ver siempre la solidaridad desde dentro para fuera?, ¿nunca la hemos de ver de fuera para dentro?
Esto es lo que me lleva a mí a apoyar el recurso de inconstitucionalidad, aunque fuera constitucional.
El señor PRESIDENTE: Señor Gomáriz, esa parte final es un auténtico estrambote, no se puede apoyar algo, cuando se sabe que es exactamente lo contrario. Le pediría, por favor, que reconsidere.
El señor Diputado GOMARIZ GARCIA [desde el escaño]: Señor Presidente, entiendo perfectamente lo que acaba de decir, pero quiero que se entienda en el contexto que lo he dicho, quiero que se entienda en un contexto de que Aragón tiene que luchar por el agua, por evitar esta sequía, y que cualquier cosa se ha de afrontar con uñas y dientes. Es a lo que me estoy refiriendo. Por supuesto, sé que no se ha de ir contra la Constitución.
El señor PRESIDENTE: Suficientemente explicado. Espero que sus electores lo entiendan adecuadamente.
Vamos a pasar a la votación de la interposición del recurso de inconstitucionalidad solicitado por el Grupo Parlamentario Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida.
¿Votos a favor de la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 9/94, de 5 de agosto? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seis votos a favor, ninguno en contra, nueve abstenciones. Al no haberse alcanzado, por tanto, la mayoría absoluta de los miembros de la Diputación Permanente requerida por el Reglamento de las Cortes para la interposición del recurso de inconstitucionalidad, queda rechazada esa interposición.
Explicación de voto. ¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Grupo Parlamentario Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida?
El señor Diputado MAESTRO TEJADA: Señor Presidente. Señorías.
Verdaderamente, nuestro Grupo siente con gran pesar el que hayamos desaprovechado esta oportunidad que las Cortes de Aragón teníamos para defender lo que todos hemos dicho, o parece que coincidimos en defender, que es el Pacto del Agua, la gestión racional del uso del agua, no sólo en Aragón sino en el conjunto del Estado y, además, en oponernos a los trasvases. Se han utilizado todo tipo de retóricas para decir sí pero no, para, al final, abstenerse. Es decir, es algo que ahí queda grabado y queda para la historia y ahí queda para que cada uno saque sus conclusiones.
Nosotros lo que sí queríamos decir es que ninguno de los tres informes que se han citado se oponía a la presentación de este recurso. Todo lo demás que se quiera decir, se puede añadir, pero ninguno de los tres se oponía y, además, señor portavoz del Partido Socialista, el encargado por la propia Diputación General de Aragón dice textualmente: «El contenido del artículo 1.3 del Real Decreto-ley 9/1994 sirve para fundamentar por razones estrictamente jurídico-formales la interposición de un recurso de inconstitucionalidad». Este es el informe que han presentado los servicios jurídicos de la Diputación General de Aragón al Gobierno. Por lo tanto, diga usted lo que diga, interprete lo que interprete, esto es lo que dice; luego ustedes han hecho lo que han querido con este informe.
Nosotros, por ir avanzando ya, puesto que ahora ya estamos en un punto sin retorno, es decir, esto ya es agua pasada, ahora sacaremos cada uno las conclusiones, pero, evidentemente, está claro que estas Cortes no van a presentar este recurso de inconstitucionalidad. Ahora tendremos todos la oportunidad de retratarnos de nuevo en el Congreso de los Diputados ante la convalidación del Real Decreto-ley, y allí se puede votar en contra de la convalidación del Decreto-ley si es que se está en contra por defectos de forma, e incluso por defectos de fondo, por elementos en el fondo. Por lo tanto, esperamos que todos los Grupos que aquí así lo han manifestado en el Congreso hagan valer esos argumentos y se opongan, y al menos esperamos que los Diputados aragoneses así lo hagan.
De ser convalidado, puesto que la retórica llega hasta términos insospechados, igual, aun habiendo dicho que se va a votar en contra o que se anuncia que se votará en contra, al final resulta que va y sale y se convalida en el Congreso, y entonces nosotros lo que sí vamos a exigir, evidentemente, es esa tramitación como ley, donde nosotros plantearemos un texto alternativo, sin lugar a dudas, pero no de trasvasar diez hectómetros cúbicos a Baleares, sino de solucionar el problema que tienen en Baleares, porque se puede hacer una ley para solucionar los problemas. Y, si no, les voy a recordar algo a los señores del Partido Popular: ¿qué se ha hecho en Madrid ante la falta de agua cuando ha habido sequía o cuando ha habido problemas en el abastecimiento de la ciudad? Pues eliminar el uso del agua para el riego de césped, por ejemplo, o los lavados de coches, es decir, regular el agua, hacer campañas para el uso del agua, y no han pedido un trasvase de agua. Hay soluciones distintas, señores del Partido Popular, y razonables, además. Y vuelvo a insistir: es caduca la iniciativa de resolver los problemas del agua sólo y exclusivamente con los trasvases, porque le digo que dentro de unos años, si este trasvase se lleva adelante, volverán a necesitar más agua y volverán a exigir más trasvases y más agua, y así sucesivamente.
También nosotros anunciamos nuevas iniciativas a partir de ahora en estas Cortes y en el Congreso. Pero, señores del Partido Popular, nosotros vamos a seguir buscando ese consenso que dicen que nosotros hemos roto. Esta iniciativa, curiosamente, pasará a la historia porque la hemos presentado los cuatro Grupos por unanimidad, y luego ha habido unos Grupos que no la han votado y, por lo tanto, no sale adelante; esto pasará a la historia.
El señor PRESIDENTE: Señor Maestro, le señalo que la iniciativa no la han presentado los cuatro Grupos. Los cuatro Grupos presentaron la solicitud de reunión de la Diputación Permanente; la iniciativa la presentaron exclusivamente ustedes, ¿eh?
El señor Diputado MAESTRO TEJADA: De acuerdo, señor Presidente.
No obstante, no deja de ser chocante que una iniciativa, en la que los cuatro nos hemos comprometido, incluso con hacer el propio debate, porque entendíamos que había elementos, y así se hacía por unanimidad...
Nosotros propiciamos precisamente...
El señor PRESIDENTE: Señor Maestro, le repito que no hay una iniciativa de los cuatro... Los tengo aquí a la vista, yo tengo a la vista dos documentos: un documento firmado por los cuatro Grupos, que dice: a la Mesa de la Diputación Permanente, de acuerdo con tal, «solicitan la convocatoria de la Diputación Permanente», y una propuesta de ustedes que exclusivamente solicita la «adopción de acuerdo para interponer recurso de inconstitucionalidad». No hay más propuesta que la de Izquierda Unida. Otra cosa es que haya una solicitud conjunta de convocatoria de la Diputación Permanente para conocer la propuesta de ustedes.
El señor Diputado MAESTRO TEJADA: De acuerdo, señor Presidente, con matizaciones, aunque no las comparto.
Nosotros sí que anunciamos nuevas iniciativas, y las haremos buscando el consenso, no por libre, como ustedes parece que nos anuncian que ya las han presentado.
Cuando se pactó el Pacto del Agua se fijaron unos calendarios y una serie de prioridades. Si ustedes ahora, unilateralmente, se desmarcan proponiendo el adelanto de una serie de obras, eso puede afectar al desarrollo del Pacto del Agua, y creo que se debe negociar por todos los Grupos. Y, desde luego, nosotros, si hacemos iniciativas que afecten al Pacto del Agua en cualquiera de los sentidos, serán por consenso de los cuatro Grupos, y así lo vamos a proponer, y haremos propuestas de proposiciones no de ley o lo que sea necesario para seguir avanzando en el desarrollo del Pacto del Agua, pero, desde luego, no de forma unilateral. Eso sí que creemos que, en todo caso, puede ser el consenso y no lo que hemos hecho nosotros.
Nosotros no hemos hecho el Real Decreto-ley, nosotros nos lo hemos encontrado encima de una mesa, por sorpresa también, nos lo hemos encontrado allí y hemos puesto en marcha una maquinaria para luchar contra ese Real Decreto porque entendemos que afecta, y de manera muy grave, a los intereses de Aragón y a lo que habíamos defendido en el Pacto del Agua.
Dicen ustedes que había otros mecanismos y otros pasos antes. Pero si ni siquiera el Presidente de la Confederación Hidrográfica se ha puesto al teléfono, si no hemos recibido ninguna explicación. Como miembros de la comisión de seguimiento del Pacto del Agua no hemos encontrado ni siquiera respuesta en la Confederación Hidrográfica del Ebro, que se supone que es el interlocutor válido para informarnos y para estar todos enterados de las cuestiones relativas al Pacto del Agua o que creamos que afectan al Pacto del Agua o a la planificación hidráulica en Aragón, ni siquiera se ha puesto al teléfono. ¿Qué tenemos que hacer?, ¿esperar a ver cuándo le apetece ponerse al teléfono, cuándo tiene tiempo o cuándo quiere o le conviene políticamente? No lo sé. Claro, ya se definió antes, diciendo que le parecía fenomenal, que defendía el trasvase del agua del Ebro a Mallorca, y nos amenazaba, nos advertía, perdón, que el uso partidista del Pacto del Agua hará peligrar las obras hidráulicas en Aragón, argumento que ha repetido aquí el señor Cebrián, o ha dejado caer.
No es nada malo que Aragón se adelante al Congreso, no tenemos por qué esperar al Congreso, ¿dónde dice que tengamos que esperar a la convalidación en el Congreso? No lo dice en ningún sitio. Ustedes están en una posición política que me parece poco razonable, pero ahí está. Nosotros entendemos que Aragón está perfectamente legitimado para, una vez conocido este Real Decreto, presentar las iniciativas que considere oportuno, y no vamos a esperar a la convalidación ni a nada; porque ya se ha hecho bastaste firmando ese Real Decreto, como se ha firmado, en pleno mes de agosto. Por lo tanto, nosotros entendemos que estamos legitimados para hacer esa iniciativa.
Y simplemente quiero señalar esas posiciones contradictorias. No quiero repasar la prensa, pero aquí hay posiciones contradictorias de los dos partidos que se han abstenido hoy aquí; no me extraña que al final hayan acabado absteniéndose, porque está claro que no saben qué es lo que quieren, o lo saben muy bien y no lo quieren decir, porque aquí han dicho de todo, lo uno y lo otro, lo blanco y lo negro, a favor y en contra. Y aquí, desde luego, señor Cebrián, es inadmisible que no le interese mucho saber para qué se va a utilizar el agua del trasvase, y que no le importe o no le interese. Pues, perdone que le diga, pero eso no se le hubiera ocurrido ni al señor Borrell y ni el señor Borrell lo hubiera dicho ni lo hubiera hecho mejor. Desde luego, yo no sé si sabe los aliados tan buenos que tiene en esta cámara para defender su política de agua, y, desde luego, se va a quedar encantado con algunas de las cosas que aquí se han dicho.
Y sólo le faltaba, señor Cebrián, haberse felicitado por los puestos de trabajo que va a crear en los barcos que trasegarán el agua desde el Ebro a Mallorca.
Nada más, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Maestro.
Grupo Parlamentario Popular. Señor Gimeno.
Procuren, ya que ha habido amplitud en los tiempos de la exposición de posiciones, ahora, en la explicación de voto, moderar el tiempo de intervención.
El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, Presidente.
Me voy a ceñir al tiempo, si me lo permite y me lo permito yo mismo.
Señor Maestro, voy a empezar también por el final. Desde luego, perdone que se lo diga, y se lo digo con el mejor de los cariños: usted ha pretendido desviar el debate en su primer turno de intervención y ahora lo ha desviado totalmente. Usted ya, en este momento, que acuse al Partido Popular de aliado del Partido Socialista en esta cámara..., porque si hay algún aliado del Partido Socialista en esta cámara es el constitucional o anticonstitucional y ustedes mismos, que realizaron el principal trasvase en esta Comunidad Autónoma, el principal trasvase, origen no de todos pero de muchos de los males que tiene esta Comunidad Autónoma. Ustedes son aliados del Partido Socialista, y el pueblo aragonés así lo ha entendido y así lo entiende.
No, por favor, mire usted, en los grandes temas de Aragón, con las grandes diferencias, con los grandes problemas que ha tenido esta Comunidad Autónoma, el Partido Socialista, el Partido Aragonés, ustedes mismos y nosotros nos hemos puesto de acuerdo, y esto es lo que hay que buscar, esto, así de claro.
Usted dice que no han hecho el Decreto, nosotros tampoco, y hemos criticado aquí el Decreto. Por eso hemos propuesto, tenemos el compromiso de nuestro partido, a nivel nacional, de que van a tomar la iniciativa de que se transforme en un proyecto de ley para posibilitar sus enmiendas, para mejorarlo, para no perjudicar los intereses de ninguna Comunidad Autónoma.
Usted dice que nos hemos adelantado tomando una iniciativa que adelanta la realización de las obras contenidas en el Pacto del Agua. Su representante es consciente, en el mes de julio le entregaron un documento en el cual el Ministerio de Obras Públicas proponía el retraso de unas determinadas obras. Pues, mire usted, contra esa medida nosotros hemos presentado la nuestra. Ustedes no nos consultaron a nosotros para presentar esta iniciativa, una iniciativa que, vuelvo a decirle lo que le ha dicho el Presidente, a pesar de que usted ha dicho que admitía pero que no compartía, nosotros solicitamos y firmamos un documento para celebrar esta sesión, para debatir, para celebrar esta sesión, y lo haremos cuantas veces sea necesario, no compartiendo —vuelvo a repetir—, porque tampoco nos lo consultaron ustedes, la iniciativa suya, que fue vuestra, políticamente. Y usted recuerda que en el despacho del Grupo Parlamentario, conmigo mismo, le dije, palabras textuales: «Jesús, yo te firmo para la celebración de la Diputación Permanente, pero el posicionamiento del Partido Popular lo dirá en su momento». Fueron palabras textuales que le dije a usted, no diga que fueron posiciones unánimes.
Vuelve usted a acusarnos de posiciones contradictorias. Le recuerdo los debates de la reforma del Estatuto. Ojalá consiguiésemos con este debate volver a recuperar el consenso, que, vuelvo a decirle, ustedes lo han roto.
Señor Bolea, le agradezco de verdad, se lo digo de todo corazón, ha centrado usted el debate, lo ha centrado, y se lo digo, tengo que reconocerlo, lo ha centrado, se ha fijado única y exclusivamente en intentar traer, como jurista, y jurista de prestigio, a esta cámara los argumentos jurídicos. Yo entiendo que usted ha hecho una interpretación como la han podido hacer otros juristas, que ahí puede no haber unidad de criterio, se lo digo. Pero su intervención nos ratifica todavía más en la propuesta que el Partido Popular ha hecho de posponer esta votación, posponer la votación. Nosotros no hemos fijado un posicionamiento del sí o del no; hemos dicho que pospusiésemos para después para ver cómo quedaba el propio texto del Decreto, si se convalida, o del proyecto de ley, si se transforma, cómo quedaba, para, de nuevo, realizar un debate y, de nuevo, tomar posturas al respecto. Su intervención, señor Bolea, nos ha ratificado en nuestra propuesta que estábamos en lo cierto, propuesta que, desgraciadamente, y nosotros lo sentimos de verdad, no haya sido aceptada por ninguno de los miembros de la cámara.
Es cierto —y le contesto, señor Maestro—, el posicionamiento que va a tener el Partido Popular en las Cortes Generales va a ser un posicionamiento de mejora, de apoyo para que eso se tramite por proyecto de ley, que supondrá, sin ninguna duda, la modificación del contenido de ese Decreto.
Gracias, Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gimeno.
Representante del Grupo del Partido Aragonés, señor Bolea.
El señor Diputado BOLEA FORADADA: Señor Presidente, señorías.
En nuestra intervención hemos tratado de explicar que la impugnación de un decreto-ley debe basarse fundamentalmente en razones jurídicas, y a ello nos hemos ceñido. Yo agradezco mucho las palabras del portavoz del Grupo Popular diciendo que le parecía correcta esta intervención. Bueno, yo ahora lo que le sugiero es lo siguiente: donde se va a debatir el Decreto-ley no es aquí, es en las Cortes Generales. Yo le rogaría que el argumento que el Partido Aragonés ha expresado lo ponga en conocimiento de su partido, que los letrados de su partido estudien esas razones y que las aleguen o no el día 15 ó 16 de septiembre. El representante del Partido Aragonés lo va a hacer, y ya veremos, en consecuencia, cuál es su voto.
No nos hemos opuesto a nada del pueblo mallorquín o balear. Unicamente hemos dicho que la cuestión de forma no es correcta, que este tema no debe ser objeto de un decreto-ley sino de una ley a la que, si se tramitase como ley, los distintos Grupos Parlamentarios podrían presentar enmiendas, como hicimos con el minitrasvase a Tarragona, entre otras, por ejemplo, la referente al canon o cualquier otra. En el decreto-ley no es posible, el decreto-ley se convalida o no se convalida.
Quiero también aclarar el tema de la impugnación. El Partido Aragonés, cuando se publicó el Decreto-ley lo pidió inmediatamente a la DGA y le hizo saber que era conveniente que lo recurriese, y luego, con muy buen criterio, Izquierda Unida presentó esa misma propuesta aquí, en las Cortes Generales, pero sólo pedimos que fuese la Diputación General quien lo impugnase.
Y algunas matizaciones. ¿Porque nosotros impugnemos este Decreto-ley ponemos en peligro el Pacto del Agua, señor Cebrián? No diga usted esto, por favor. En ningún párrafo del texto que hemos aprobado hemos dicho que los aragoneses, por doscientas mil pesetas de inversión, nos tragamos los trasvases del Ebro, en ningún párrafo, y lo que usted acaba de decir, don Elías, es un chantaje. ¿Cree usted de verdad que si en Aragón nos oponemos al trasvase, aquí no se van a invertir doscientos mil millones de pesetas? No sea usted ingenuo, señor Cebrián. ¿Sabe usted cuánto va a costar la ejecución del plan hidrológico nacional? Me parece, si mi memoria no recuerda, que sobrepasa los tres billones de pesetas ¿Cree usted que esa limosna de los doscientos mil millones para Aragón no nos la van dejar porque nosotros nos opongamos a los trasvases? ¡Hasta ahí podríamos llegar, señor Cebrián, hasta ahí podríamos llegar!
«Es razón de Estado el no tocar en Aragón los temas de los trasvases». Esto lo dijo en el mes de agosto el actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, anterior delegado del Gobierno, cuando llevaba unos quince días al frente de la Confederación y, lógicamente, con poco tiempo para aprenderse la cartilla, e imputaba a algún partido, que concretamente era el Partido Aragonés, que nosotros estábamos poniendo en peligro las razones de Estado. Pero ¿puede ir por ahí un presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro haciendo partidismo? Mientras tanto, mientras Aragón está en la postura que nos encontramos, hace muy pocos días, en el Senado se ha aprobado el convenio del arco mediterráneo, en donde las comunidades autónomas de Cataluña, de Valencia, de Murcia, de Andalucía y de Baleares declaran que el arco mediterráneo es la zona de más posibilidades de desarrollo de toda España y están haciendo una política coordinada y conjunta para que las inversiones públicas vayan allí. Eso es un apoyo conjunto con respecto a los trasvases de agua, no seamos ingenuos, no seamos ingenuos. Y mientras tanto, nosotros, cuando hacemos alegaciones al plan hidrológico nacional nos limitamos a decir, como dijo la Diputación General de Aragón —señor Esteban, ya se lo recordé—, que los trasvases que se prevén en el plan hidrológico nacional hay nueve razones para decir que no perjudican a Aragón. Esa es su postura, como fue su postura la de no votar en contra del informe de la comisión permanente en el Consejo Nacional del Agua.
Pero, mientras tanto, estamos oyendo, y yo lo leí ayer o anteayer, que ustedes ahora se oponen a los trasvases. ¿Pero esto es verdad? Me parece que era su propio presidente el que lo decía: «No; el Partido Socialista se opondrá a los trasvases? Entonces, no nos digan ustedes, señor Cebrián, no nos eche usted ahora una bronca aquí porque nosotros seamos antitrasvasistas, si ustedes en este momento no saben qué hacer. Pues, miren ustedes, si ustedes se oponen a los trasvases, lo tienen muy fácil: retiren el plan hidrológico nacional, porque el plan hidrológico nacional no es invento del Partido Aragonés; el plan hidrológico nacional, con los trasvases del Ebro, es un invento de su Gobierno socialista, firmado por don Felipe González; dígale que lo retire.
Y, mientras tanto, aquí estamos: razones políticas; las jurídicas existen: no voy a insistir. ¿Y qué piensa el pueblo aragonés de todo esto? Porque, claro, nosotros representamos al pueblo aragonés. Pues, mire usted lo que piensa el pueblo aragonés, pregunten al primero que se encuentren en la calle qué opina de los trasvases y qué opina también de éste, pregunten, y oigan los medios de información aragoneses. Yo, de verdad, como aragonés he sentido una profunda satisfacción al ver como, incluso a nivel de editoriales, se dice que las Cortes de Aragón deben tener en este momento el coraje político de impugnar este Decreto-ley; no lo hemos tenido, no lo hemos tenido. Con la abstención del Grupo Popular y del Grupo Socialista, han impedido ustedes que esto se pueda recurrir ante el Tribunal Constitucional, y lamento decirle que ustedes dos, de estos dos partidos, son los que, en definitiva, tienen la responsabilidad de que no sepamos si el Tribunal Constitucional entiende que esto es adecuado o no. Lo lamento muchísimo, pero cada uno cargue con sus propias consecuencias.
Y termino, señor Presidente. Bueno, este Decreto-ley se va a convalidar, claro que se va a convalidar, ya lo verán, espero, lógicamente, que con el voto favorable del Grupo Socialista, evidentemente, con el voto favorable de los Diputados aragoneses del Grupo Socialista, espero que votarán a favor de la convalidación, salvo que se salgan fuera, naturalmente. A ver si rompen la disciplina de partido, den un ejemplo, den un ejemplo, va a ser dentro de muy pocos días. El Grupo Popular, ya lo veremos; espero, en ustedes es obligado, que por obediencia debida.
Y, claro, en cuanto a la carta que usted ha escrito al señor Borrell, usted reconoce que, efectivamente, debe ser la Confederación Hidrográfica del Ebro la que debe cobrar el canon. Lo dice en su misma carta, evidentemente, con el asesoramiento de sus muy buenos técnicos que allí tiene.
¿Usted cree que la respuesta política de un Gobierno de Aragón es escribir una carta?, ¿ésa es la respuesta? Mire usted: usted tiene una gran ocasión: o le retiran el Decreto o se lo impugnan, como ha hecho el de Castilla, que se lo impugnan; usted no ha tenido ese valor. ¿Qué vamos a hacer a partir de este momento? Recogiendo lo que decía el señor Maestro, el pueblo aragonés no está por la labor de los trasvases. Mire, nosotros somos sus representantes, vamos a decir ahora que no vamos a recurrir el Decreto-ley, y nos vamos a estar callados de aquí a mayo, esperando a ver qué proposiciones presentamos sobre esto y sobre lo demás allá. Esta es una cuestión fundamental. ¿Cuántas veces nos han dicho ustedes al Partido Aragonés: mira, el partido del agua, los del botijo, con ironía? Y ahora, ustedes, se encuentran atrapados en su propia red: es que Aragón tiene el problema del agua y el problema del botijo.
Pues vamos a seguir, y el Partido Aragonés anuncia en este momento, reitera en este momento, por voz de su Portavoz, que el Partido Aragonés va a estar en cabeza de la defensa de los intereses de Aragón, en contra de los trasvases. Anunciamos que estamos y estaremos presentes en la mesa antitrasvase, anunciamos que el Partido Aragonés hará todo lo posible para levantar al pueblo aragonés en contra de los trasvases, y anunciamos que estamos abiertos a la colaboración de todos los grupos políticos, sociales, económicos, etcétera, que quieran participar en esa mesa. Y espero que la postura nuestra no sea una postura del Partido Aragonés, o de Izquierda Unida, que también se ha expresado en este sentido, sino que sea de dos pequeños partidos, con pequeña representación aquí en Aragón, Izquierda Unida y el Partido Aragonés, pequeños, todo lo que queráis, pero con fuerza de convicción y con poder, y ya veremos, ya veremos qué ocurre a partir de este momento.
Yo no me voy a referir a los demás Grupos; sí al Grupo Socialista, ya veremos lo que hacen, ya veremos si también ustedes son antitrasvasistas, ya veremos si el plan hidrológico nacional sigue adelante. Yo tengo la seguridad de que ustedes acatarán lo que les digan desde Madrid, se tragarán el plan hidrológico nacional, como se tragan el Decreto-ley el día 15, y se tragarán todo lo que les echen, pero el mes de mayo hay elecciones, y así como en las pasadas elecciones ustedes estuvieron diciendo a la opinión pública: ¡si el Pacto del Agua está recogido, está recogido en el plan hidrológico nacional! Eso lo dijeron ustedes en todos los medios. Mentira, y ustedes mismos lo han demostrado, cuando ahora están exigiendo que se recoja en el plan hidrológico nacional. Pedido por escrito, porque no está recogido el Pacto del Agua en el plan hidrológico nacional.
Sean consecuentes. Nosotros, señor Presidente, lo seremos. Lamentamos profundamente que las Cortes de Aragón no hayan tenido ni la intuición jurídica ni el coraje político de impugnar formalmente un decreto-ley, sin perjuicio de que se tramite por ley y con respeto a nuestros buenos amigos mallorquines. Espero que el pueblo aragonés no se lleve una total decepción, por esta lamentable postura de las Cortes de Aragón, y espero, señorías, que tengan la confianza y la esperanza de que algunos aragoneses, que aquí estamos, no vamos a reblar.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bolea.
Representante del Grupo Socialista, señor Cebrián.
El señor Diputado CEBRIAN TORRALBA: Señoras y señores Diputados, a pesar de nuestra buena voluntad, vemos que esto es muy difícil de mantener, esta unidad y ese consenso imprescindible al que me refería en mi anterior intervención, porque ni siquiera se entiende cuál es nuestra posición. Voy a explicarla. Creo que he dado suficientes argumentos para que se entendiera que nosotros estábamos en contra de interponer el recurso de inconstitucionalidad de este Decreto-ley que estamos debatiendo, porque no encontrábamos fundamentos jurídicos para poder presentar este recurso. A pesar de ello, encima, ahora se nos reprocha. Acordamos que se convocara esta Diputación Permanente, sin estar de acuerdo con que se convocara, para debatir un tema que se debería debatir antes en el Congreso de los Diputados. En aras del consenso, en aras de no romper la unidad de las fuerzas políticas aragonesas, en aras de que todos estábamos comprometidos en la defensa del Pacto del Agua, admitimos, sin estar de acuerdo, en que se convocara esta Diputación Permanente.
A pesar de los argumentos, que no voy a reiterar, en contra de la presentación de este recurso de inconstitucionalidad, nos hemos abstenido, y la imagen que se llevan los Grupos Parlamentarios de la oposición, de nuestro Gobierno, ahora, es que no tenemos postura, que nos hemos abstenido porque no sabemos ni decir que sí ni decir que no. Nuestra postura creo que la he expuesto claramente; si no la han entendido lo vuelvo a repetir con toda rotundidad: estamos en contra de presentar un recurso de inconstitucionalidad a este Decreto-ley, pero nos hemos abstenido por no romper el consenso, por mantener la unidad, precaria ya, como por desgracia estoy viendo, entre las fuerzas políticas aragonesas que, en su día, firmamos el Pacto del Agua. Nos hemos abstenido incluso haciendo un discurso del no, porque teníamos muy claro que este recurso no iba a ningún lado; hemos hecho un esfuerzo de abstención por aproximar posturas, por no plantar la cara más dura de negación, de controversia, con el Grupo de Izquierda Unida, que ha presentado esta iniciativa. A pesar de ello, se nos reprocha que convocáramos la Diputación Permanente, y se nos reprocha que nos hayamos abstenido.
Bueno, no lo han entendido. Nuestra postura está clara y estará clara en el Congreso de los Diputados, el día 14, convalidando este Decreto-ley, porque entendemos que este Decreto-ley debe prosperar, porque no va en contra de los intereses de Aragón, porque, únicamente cambia el uso de una pequeña cantidad de agua, de una concesión que ya tiene el consorcio de Tarragona, por lo tanto, no afecta para nada a los caudales del Ebro, y porque tenemos que mantener, no por ningún chantaje, sino porque tenemos que mantener una buena relación con el Gobierno de la nación y con el gobierno de las comunidades autónomas del resto de la cuenca del Ebro, porque tenemos que mantener esa buena relación, porque necesitamos su apoyo y comprensión para que prospere lo que son nuestros intereses. Y nuestros intereses creía, señor Bolea, que eran, no ya hacer el trasvase o no hacer el trasvase, sino conseguir todas las obras de regulación que, entre todos, aprobamos que se debían de hacer en Aragón y que están contempladas en el Pacto del Agua.
Resulta que ahora ya lo importante no es que el Pacto del Agua se cumpla o no se cumpla. Lo importante es que no haya trasvases. Nosotros claro que estamos en contra de los trasvases, lo hemos dicho una y otra vez: estamos en contra de los trasvases en tanto en cuanto no se cumplan todas las expectativas, todas las necesidades que los aragoneses tenemos en materia hidráulica, y todas las necesidades, todas las expectativas que los aragoneses necesitamos en materia hidráulica están refrendadas, recogidas, cifradas y cuantificadas en el Pacto del Agua, y todos, teóricamente, estamos de acuerdo en defender ese Pacto del Agua, y por eso nosotros hemos mantenido esa postura, que se nos podría tildar incluso de ambigua, en aras de mantener el consenso, cuando la postura política que teníamos era muy clara. Pero nosotros no decimos que el debate deba volver otra vez a lo anterior, a la firma del Pacto del Agua, a utilizar el fantasma del trasvase como arma demagógica para atizar con él al Gobierno de la nación, y para intentar agitar, manipular y utilizar a la opinión pública aragonesa, muy sensible en estos temas del agua, en provecho partidista y en provecho, incluso, de construcción de un partido político.
Nosotros estamos en contra del trasvase, pero estamos a favor, y ésa es nuestra razón de estar aquí hoy, defendido la postura que defendemos, estamos a favor de que se haga el embalse del Val, estamos a favor de que se haga el embalse de Santa Liestra, estamos a favor de que se haga el embalse de Montearagón, estamos a favor de que se haga el embalse de Jánovas, el recrecimiento de Yesa, el embalse de Biscarrués, el embalse de La Loteta, el recrecimiento de la Tranquera —por cierto, de estos dos últimos aprobada ya su iniciación por Decreto-ley, que nadie ha recurrido, afortunadamente, de otras comunidades autónomas al Tribunal Constitucional—, la regulación intermedia del canal de Aragón y Cataluña, el embalse de San Salvador, el embalse de Mularroya, el de la Pimienta, el de las Torcas, el del Batán, el de la Torre del Conte, y todo el resto de las obras contempladas en el Pacto del Agua y que completan y aseguran todas las necesidades de los aragoneses en materia hidráulica, y que contemplan y aseguran que los seis mil quinientos cincuenta hectómetros cúbicos que los ríos aragoneses aportan a la cuenca del Ebro se regularán todos para uso exclusivo de los aragoneses, de la Comunidad Autónoma de Aragón. Eso es lo que creía que todos defendíamos y en lo que todos debíamos de cerrar filas en su defensa.
Eso es lo que defendemos hoy, y en aras de ese consenso hemos adoptado la postura que hemos adoptado, y en aras de ese consenso quiero hoy decir a todos los grupos políticos que nos sentamos en esta cámara, que cuando surja cualquier otro tema, que cualquiera pueda pensar que afecta a los intereses de Aragón, o que afecta y contradice los intereses del cumplimiento del Pacto del Agua, se diga, se diga y se pida que se convoque la comisión de seguimiento del Pacto del Agua, que para eso se constituyó, para eso se dijo que se convocara, cuando hubiera algún problema que afectara, o que cualquiera tuviera la sensibilidad de que amenazaba al Pacto del Agua.
Se exigía mucho que se convocara, que se constituyera esa comisión de seguimiento. Ya está constituida, ahora nadie se acuerda de ella. ¿Por qué? Porque lo que se está intentando hacer no es salvar los intereses de Aragón, ni salvar el Pacto del Agua, sino, en el fondo, quizás, lo que algunos pretenden es que se haga todo lo contrario, que vayamos al desastre, que no se cumplan los compromisos que ha adquirido el Gobierno de la nación, que no se cumplan las obras de regulación que están previstas en el Pacto del Agua, para así poder, como decía el señor Bolea en la recta final de su intervención, agitar a la opinión pública aragonesa, hacer movilizaciones, hacer campañas, recoger firmas, hacer pintadas, hacer cadenas humanas; eso es lo suyo, lo de Izquierda Unida y lo del Partido Aragonés, eso es lo suyo: utilizar el agua como elemento partidista, como elemento de agitación y manipulación del pueblo aragonés, y no como un elemento de desarrollo, de progreso en Aragón. Si el desarrollo y el progreso de Aragón todos concluimos que está reflejado en este Pacto del Agua, defendámoslo todos unidos, porque la única garantía, la definitiva garantía de que esto se cumpla, es que todos lo defendamos unidos.
A eso me refería, y usted, señor Bolea, ha malinterpretado mi intervención. A lo que me refería es, precisamente, a que si hay alguna amenaza al Pacto del Agua lo digan, y lo digan donde lo tienen que decir. Convóquese la comisión se seguimiento y verán que allí los socialistas seremos los primeros que si percibimos que esa amenaza es real estaremos a la cabeza de oponernos a que eso se lleve a cumplimiento; pero lo haremos a través, al menos en un principio, de las cartas, a través de la negociación, de las conversaciones, para intentar que el resto de las instituciones de otras comunidades autónomas, o la Administración central, si atentan y amenazan a lo que son nuestros intereses, lo sepan, y por la vía de la negociación rectifiquen, y si no lo hicieran, entonces, efectivamente, nosotros seríamos los primeros que estaríamos en la movilización, en contra de lo que fuera atentatorio a los intereses de Aragón.
Pero hay cauces para antes de salir a la calle. Primero, ponernos de acuerdo nosotros, y una vez que haya una única voz de Aragón, en esa comisión de seguimiento del Pacto del Agua, hacerla llegar a donde corresponda, a donde haga falta; en eso nos encontrarán. En las manipulaciones partidistas, con provecho electoral, en un momento en el que estamos ya en la recta final de esta Legislatura, no nos encontrarán.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cebrián.
Debatido el único punto de esta Diputación Permanente, se levanta la sesión. [A las doce horas y cuarenta minutos.]