Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

El señor Presidente (MARION OSANZ): Comienza la sesión [a las once horas y quince minutos].
Como ya es normal, el primer punto del orden del día, si les parece, lo dejaremos para el final.
A petición propia, comparece ASAPA (Asociación de seguimiento y apoyo a presos y a presas de Aragón).
En representación de la Asociación, va a intervenir en primer lugar doña Carmen Aínsa. Tiene usted la palabra... Perdón, no va a intervenir la señora Aínsa, pero, vamos, el orden de factores no altera el producto.
Doña Lourdes Barón Jarqués.
La señora BARON JARQUES: Buenos días.
Somos tres miembros de ASAPA que queríamos, con esta comparecencia, dar continuidad a la que ya se tuvo por un miembro de nuestra Asociación el 21 de marzo del año pasado. En la comparecencia que he citado ahora, de 21 de marzo pasado, como ustedes ya tendrán conocimiento, se presentó por parte de nuestra Asociación un informe que habíamos elaborado acerca de las quejas que habían presentado los presos que están internos en la prisión de Daroca, en la provincia de Zaragoza. Se expuso ante esta Comisión las deficiencias e irregularidades que nos habían remitido los presos que se encuentran allí privados de libertad, y considerábamos que en este momento era bueno ya dar información acerca de lo que había ocurrido a raíz del contenido de ese informe.
ASAPA es una asociación, como ya sabrán, cuyo fundamental objetivo es dar apoyo a aquellas personas que están privadas de libertad, dado que sus medios para expresarse libremente, para comunicar sus sensaciones y sus necesidades, son bastante precarios, puesto que dependen absolutamente de las decisiones de otras personas, al estar privados de libertad. ASAPA considera que los ciudadanos -y los ciudadanos asociados, fundamentalmente- deben tener una participación activa en la vida pública y deben realizar críticas constructivas acerca de las deficiencias patentes que se muestren sobre el funcionamiento de cualquier tipo de institución, y más en el caso, como digo, de dar voz, cual es nuestra función, a estas personas privadas de libertad.
Consideramos que estas críticas fortalecen el estado democrático y deben ser asumidas por las instituciones de forma madura, intentando, con todos los medios a su alcance, realizar investigaciones serias y profundas acerca de las denuncias que se puedan ocasionar en cualquier tipo de colectivo social. Como ya decimos, es fundamental que las instituciones asuman de forma madura estas críticas, y no restringiendo o represariando a aquéllos que las llevan a cabo.
Sin embargo, nos encontramos con graves problemas y dificultades a la hora de llevar adelante las denuncias que nos llegan de los presos, problemas y dificultades que tienen ellos porque, en el momento en que se produce una queja, se encuentran con un camino tortuoso en el que se producen una serie de circunstancias negativas para su propia vida, pues, como ya he dicho, están sometidos absolutamente a las decisiones de otros, su vida está absolutamente reglada en cualquier tipo de sentido.
Pero estos problemas y dificultades no solamente los tienen los presos, también los tiene cualquier persona o cualquier asociación que hable o que constate una serie de irregularidades que son cometidas por la institución penitenciaria. Esto se demuestra en nuestra propia situación: ante denuncias, nos hemos encontrado con graves dificultades de investigación a la hora de que se abran investigaciones, tanto por parte de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias como por parte del Juzgado de Instrucción de Daroca y también por parte del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Pero no solamente está patente esta dificultad, sino que, además, nos hemos encontrado con consecuencias negativas para nuestras propias personas.
Como ustedes ya conocerán por la prensa, en febrero de este año, dos miembros de ASAPA fueron juzgados por un delito presunto de calumnias, a raíz del informe que se conoció por esta Comisión el año pasado. Se les acusaba de verter informaciones calumniosas en una rueda de prensa en la que se daba a conocer ese informe. El juicio se celebró y, tras la declaración de numerosos testigos y peritos acerca de la situación que se denunciaba en el informe y de la situación que se denunciaba en la rueda de prensa, terminó con una sentencia absolutoria por parte del Juzgado de lo penal número 1 de Zaragoza, en la que, además, se recalcaba expresamente que se dedujese testimonio del acta del juicio por si de la misma pudiese derivarse la existencia de algún delito. Es decir, las declaraciones que se prestaron por parte de los testigos acerca de esa situación llegaron hasta el punto de que la jueza se sensibilizase con ellas y hasta el punto de que considerase que podían tener visos de delito en algunos casos.
Pero no acabó con esto el procedimiento. La sentencia fue absolutoria pero la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha recurrido la sentencia, y estamos pendientes de este fallo. A las personas que se enjuició se les pedía un año de cárcel por esta situación.
Como vemos, pues, no sólo son las dificultades de las personas privadas de libertad, sino también de las personas que somos libres y que nos dedicamos un poco a tratar este tema para mejorar lo que es el derecho o el fin al que deben tender las penas privativas de libertad, según la Constitución, cual es la resocialización de lo penados.
También nos veíamos un poco en la obligación de informales sobre qué había pasado después de este juicio, qué había pasado después de este informe con la situación concreta de la cárcel de Daroca en cuanto a qué pasa después de esto con los presos que hay allí y qué pasa con la respuesta de sus gestores ante nuestra denuncia.
Pues bien, recientemente hemos tenido noticia -ha salido en todos los medios de comunicación- de que en los dos últimos meses han muerto en la prisión de Daroca nuevamente dos internos: el primero de ellos, por ahorcamiento, el segundo de ellos murió hace bien poco, el 27 de mayo pasado, y la causa de la muerte, según la prisión, es sobredosis. Este preso estaba integrado en el programa de rehabilitación «Proyecto Hombre» y salía de permiso ordinario con regularidad para someterse a terapia. Es decir, siguen existiendo muertes dentro de prisión, esto no es algo anecdótico porque, como ya se constataba en el informe, son bastantes las muertes que se producen dentro de las prisiones, y, en concreto, de esta de Daroca.
En el informe citado también se denunciaba que muchísimos internos de este centro daban quejas acerca de un funcionario: el subdirector de seguridad del centro penitenciario de Daroca. Estas quejas tampoco eran anecdóticas, sino que eran múltiples las que se nos manifestaron. Los presos, en la actualidad, siguen denunciando que este funcionario, el subdirector de seguridad, continúa realizando un trato de favor hacia aquellas personas que se convierten en sus confidentes en relación con la apertura de expedientes disciplinarios a determinados presos, y un trato de desfavor a quienes se niegan absolutamente a entrar en su juego de confidencias.
Consideramos que el tema no ha sido tratado seriamente, que las quejas son bastante abundantes como para haber abierto una investigación acerca de este funcionario, que, además, se debería haber incoado un expediente disciplinario al efecto, suspendiendo cautelarmente al subdirector de seguridad, por lo menos hasta el momento en que se investigasen los hechos denunciados.
Por otra parte, la actitud de los gestores del centro penitenciario de Daroca ha seguido siendo criminalizadora y marginalizadora hacia los miembros de nuestra asociación. Me imagino que tendrán ya conocimiento de unas declaraciones que se publicaron el 5 de mayo en la prensa de nuestra Comunidad, en las que varios funcionarios del centro penitenciario de Daroca, delegados sindicales de UGT, Comisiones Obreras y CSIF decían textualmente: «existe una conexión de ASAPA con el entorno de Herri Batasuna»; y decían, además, que «algunos internos, inducidos por ASAPA y por determinados abogados, ponen denuncias falsas». Nuestra Asociación ha solicitado formalmente a los sindicatos nombrados una respuesta ante estas manifestaciones... bueno, acusaciones falsas; sin embargo, no la hemos obtenido.
En definitiva, en cuanto a lo que a mi exposición se refiere, no solamente se hace patente la dificultad de las personas privadas de libertad, en cuanto a denunciar las irregularidades que sufren en sus propias vidas, sino también la dificultad que los colectivos sociales tienen a la hora de influir sobre las decisiones de las instituciones para su modificación y para favorecer el cumplimiento de los derechos humanos.
Ahora, mis compañeras van a comentar un poco lo que ha supuesto para aquellos testigos presos que comparecieron en el juicio contra los dos miembros de ASAPA que he nombrado.

La señora LASSA ALCAIRE: Buenos días.
Yo voy a hablarles un poco de lo que pasó con los testigos que, en principio, estaban propuestos y de los que, por fin, vinieron al juicio.
En principio, había muchos internos de la prisión de Daroca que, conociendo todas las situaciones de malos tratos y torturas que se habían cometido dentro de la prisión -que eran los que nos habían escrito las cartas en las que se basó el informe-, se prestaron voluntarios para venir a declarar a nuestro juicio. Pero, según se iba acercando el momento del juicio, comenzó a correr el bulo de que el juicio estaba amañado, de que era un montaje y de que íbamos a hacer recaer sobre los presos testigos todas las culpas, exculpando a los dos socios de ASAPA. Evidentemente, ante semejante tensión que estaban soportando, renunciamos a algunos de ellos, y otros incluso no quisieron venir porque estaban sufriendo coacciones, amenazas, etcétera.
Fueron tres los testigos que comparecieron en nuestro juicio. Yo les voy a hablar de uno de ellos, Miguel Angel. En los documentos que hemos aportado a los Grupos Parlamentarios está el acta del juicio oral. Se ve la testifical que hizo Miguel Angel, y cuenta todos los malos tratos, torturas, vejaciones físicas y psicológicas a las que fue sometido, especialmente por el subdirector de seguridad, y como, a raíz de esta situación, tiene un suicidio frustrado, sale posteriormente al hospital y se le aprueba un traslado a Zaragoza.
En este traslado a Zaragoza, se mete dentro del programa GAD, que es el Grupo de ayuda a drogodependientes, y comienza el programa y va dando buenos resultados, hasta que, de repente, sin darle ningún tipo de explicación de por qué o por qué no, lo trasladan a Huesca. En Huesca no hay GAD, y él comienza a pedir en reiteradas instancias a la dirección de la prisión que, por favor, comiencen a hacerle analíticas porque lo que él quiere, ante todo, es un centro de desintoxicación y salir del problema que lo tenía tan sumido. Al final comienzan a hacerle estas analíticas y siempre da negativo; comienzan a darle permisos, de los que hace un uso adecuado, como dicen en la prisión. En uno de estos permisos es cuando viene al juicio de ASAPA.
En el juicio testifica todo esto que podemos ver de malos tratos, etcétera. Se pide por nuestra defensa que se deduzca testimonio, que, dado que está la sentencia recurrida, sea parado por el momento; también se pide que se les aplique a estos testigos la Ley de protección de testigos, pero esto, evidentemente, no se hace, no se aprueba por la jueza.
Miguel Angel, cuando llega la hora de volver a la prisión... Bueno, antes de salir de la prisión de Huesca, parece ser, presuntamente, un jefe de servicios le amenaza diciendo que, al volver a la prisión, a ver lo que testifica en el juicio. De estos hechos, él pone una denuncia antes de volver a la prisión de Huesca.
Ante la situación de tensión, del juicio, de todo lo que lleva en su cabeza, comete otro intento de suicidio, y es llevado al Hospital Clínico de Zaragoza, donde ingresa en la unidad de agudos de Psiquiatría. Allí está, aproximadamente, quince días, y, por fin, por parte del médico psiquiatra del hospital, se decide que hay que sacarlo de la unidad de agudos, que ya no es un paciente adecuado para esa situación, y, al darse de alta, se le lleva a la prisión.
Con el informe psiquiátrico que es remitido a la prisión, se decide tomar, por la dirección del centro, una serie de medidas antisuicidio. Estas medidas son llevadas al juez de vigilancia, que, en teoría, las aprueba. Estas medidas consisten en que Miguel Angel no podía tener ningún objeto personal (no tenía colchón, no tenía almohadón, no tenía sábanas, no tenía mantas durante el día, y por la noche tenía mantas y un almohadón), era despertado cada hora para ver si estaba bien, y había posibilidad de sujeción mecánica, es decir, de atarlo, en el caso de que hubiese algún problema. Nosotros pensamos que, para una persona que está con una situación psicológica de trastornos de personalidad y de tensión, este programa antisuicidios es un poco extraño.
Poco a poco, Miguel Angel va dándose cuenta de que no puede soportar esta situación y empieza a solicitar que se le rebajen las medidas. Se le van rebajando las medidas y, al cabo de un mes, es sacado del módulo de aislamiento, porque todas estas medidas se le aplican en un módulo, está en aislamiento, sin compañero, está él solo. Bien. Se le saca de este módulo y se le lleva al módulo 1. En este módulo es dónde se encuentran los presos más conflictivos, los que se adaptan peor a la prisión y los toxicómanos en activo; es conocido que allí es donde más droga hay. Entonces, claro, Miguel Angel es una persona que lleva un año voluntariamente alejado de las drogas, que ha pedido en reiteradas instancias al juez de vigilancia, a la dirección de Instituciones Penitenciarias en Madrid, a las direcciones de los centros en los que ha estado, por favor, un centro de desintoxicación, porque está a punto de conseguir la libertad condicional -tiene una carta de trabajo, tiene apoyo familiar, pero él no quiere eso, quiere un centro de desintoxicación-. Parece ser que vuelve a caer. Según ha salido de esta situación de aislamiento, se le impone una sanción que le condiciona a cumplir dos fines de semana en aislamiento de nuevo.
Una vez en aislamiento -desconocemos la situación psicológica en la que se encontraba, pero es de suponer cuál sería-, Miguel Angel decide acabar con su vida y se ahorca. Cuando lo encuentran los funcionarios de la cárcel, llaman al médico de la prisión, porque lo encuentran con vida. El médico de la prisión no está y no hay nadie en enfermería, y los funcionarios no saben cómo funcionan los instrumentos que tienen para intentar reanimar a esa persona. Entonces, Miguel Angel muere.
Consideramos que la situación es irregular, que, en fin, ha habido un poco de nebulosa en este tema, y por eso solicitamos una inspección de... Sabemos que, dentro de quince días -creo-, se va a tratar una proposición no de ley en relación con una investigación sobre la cárcel de Torrero, respecto a denuncias que ha habido. Nosotros pedimos que, además de esas denuncias, se investigue este tema, el tema de los suicidios en prisión, que es un tema bastante fuerte.
Carmen les va a comentar.

La señora AINSA PEREZ: Yo voy a ser un poco más breve, en relación con otro de los testigos que compareció en juicio, puesto que tiene relación directa con las denuncias sobre malos tratos en la prisión de Daroca. También recojo las propuestas que lanzamos a esta Comisión desde la Asociación de apoyo a presos.
En relación con este testigo, Balbino Martín Quirós, su situación se complica a raíz de las denuncias que hace contra el subdirector de seguridad de Daroca, don Marcos Santos, y puesto que no quiere dar información sobre otros internos. El problema no es que no quiera dar información sobre otros internos, el problema es que denuncia esto y lo saca a la luz pública, pone denuncias en el Juzgado de Instrucción de Daroca y ante el juez de vigilancia penitenciaria, incluso ante el Consejo General del Poder Judicial, un poco en su despiste de mecanismos hacia los que tiene que dirigirse. El caso es que dirige esta denuncia a todas las instancias posibles.
A raíz de esto, en un expediente penitenciario referido a una condena prolongada -prolongada en varios años, no tenía ningún parte disciplinario ni había tenido ningún problema-, su situación se complica, empieza a tener una serie de partes injustificados, que el juez de vigilancia penintenciaria archiva pero que traen como consecuencia su regresión a primer grado de tratamiento, con traslado a la prisión de Zamora.
Cuando tiene que denunciar o tiene que comparecer en el juicio de ASAPA que ha referido mi compañera, también recibe, a la vuelta a prisión, de parte de este subdirector de seguridad, un recado, con una situación de tensión y de amenazas que se manifiesta incluso en la agresión física, y también empieza a tener partes allí, mientras que hasta este momento tampoco había tenido ningún problema en esa prisión.
Entonces, creemos que la situación de este interno es reflejo bastante claro de lo que supone tomar una actitud coherente o valiente dentro de prisión. El hecho práctico es que esta persona se encuentra en primer grado ahora en la prisión de Foncalent. Todo esto se ha denunciado ante el Defensor del Pueblo, ante el Justicia de Aragón también, y a esta Comisión solicitamos que se abra también la investigación pertinente sobre el subdirector de seguridad del centro. Como decía mi compañera, si bien desde la prisión, en la nota pública que se sacó, se decía que todos los funcionarios actúan conforme a la ley, por parte de los sindicatos de prisiones, por nuestra parte, por parte de la Asociación, en ningún momento se ha pretendido acusar al colectivo de funcionarios ni poner en duda su labor, su labor como profesionales, pese a los inconvenientes que sabemos que tiene ese trabajo y lo difícil que es desarrollarlo en condiciones, por escasez de medios, por la situación de relaciones difíciles que se dan dentro y por los inconvenientes que son conocidos por todos.
Pero no nos centrábamos tampoco en un ataque directo contra la institución, contra el colectivo de funcionarios o contra el equipo de tratamiento, nuestra denuncia va, en concreto, contra el subdirector de seguridad, que sabemos que no está cumpliendo con sus deberes y que posiblemente esté incurriendo en delitos. Lanzamos a esta Comisión la posibilidad de que se abra una investigación, puesto que sabemos que ha habido varias inspecciones, desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, referidas a las denuncias que hemos interpuesto. Que se abra -la vía penal, desde luego, no se ha utilizado- la vía administrativa, a través de un expediente disciplinario, una inhabilitación cautelar o alguna otra medida, que tampoco se han tomado, y este señor sigue en su cargo. Por lo menos, proponemos que se le abra un expediente y que se utilicen los medios legales oportunos.
Como propuestas concretas de la Asociación, pediríamos que se estudiara la posibilidad de abrir una investigación, una inspección en la prisión de Daroca en relación con el subdirector de seguridad, con los dos últimos fallecimientos que ha habido; que se abriera también una investigación en la prisión de Torrero, en relación con el fallecimiento que refería mi compañera, pero también con los otros fallecimientos que ha habido en los dos últimos años, por sobredosis varios de ellos y también por no concesión o por no facilitar la salida de las personas que están ya con un deteriorado estado de salud, de manera que, prácticamente, bien se mueren en la prisión, bien salen dos días para morir fuera de la prisión, en un centro especial o en su casa.
Debido al deterioro de las condiciones de vida que hay, se les acentúa mucho más su enfermedad de anticuerpos. Sabemos que hay un alto número de población reclusa con esta enfermedad que no recibe el tratamiento adecuado y que las condiciones sanitarias propias de la prisión dificultan que el desarrollo de la enfermedad sea favorable.
En todo caso, que se investigue en la prisión de Torrero estos hechos de las últimas muertes.
También consideramos que facilitaría todo en gran medida que se abriera un debate público sobre la posibilidad del cumplimiento de penas en el lugar de origen, es decir, saber cuántos presos aragoneses exactamente están cumpliendo en el resto de las prisiones del Estado, saber el origen de los presos que cumplen en las prisiones de Aragón, y conocer exactamente las necesidades de nuestra Comunidad Autónoma para responder a ellas.
Entendemos que el cumplimiento cerca del lugar de origen es un derecho constitucional sin el cual se vacía de contenido lo que puede ser la reinserción o la rehabilitación social, y no tiene ningún sentido hablar de estos términos constitucionales si se quedan en papel mojado, si una persona a lo largo del cumplimiento de condena está totalmente alejada de su entorno social, lo cual imposibilita la comunicación con la familia, la comunicación con el exterior, aparte de su ubicación, del medio en el que se desenvuelve normalmente. Esto se vería en gran medida paliado con lo que sería un cumplimiento más cercano.
También tiene unos efectos muy negativos de cara a lo que es ya la salida al exterior, una vez que el cumplimiento de condena está más desarrollado; puede ser en secciones abiertas. Es necesario un contrato de trabajo. ¿Cómo vas a tener un contrato de trabajo en un sitio en donde no conoces a nadie? También, de cara el cumplimiento en centros de desintoxicación. ¿Cómo acceder a un centro de desintoxicación si no hay nadie que te haga el seguimiento?, puesto que tu familia está a mil kilómetros, o a quinientos, o a trescientos. El caso es que hay que estar cerca del entorno familiar. Consideramos también que esto facilitaría y disminuiría en gran medida la tensión dentro de prisión, máxime ahora, que se van a eliminar las redenciones de penas por el trabajo y que somos conscientes de que la conflictividad va a ser mayor.
Esa es la propuesta que lanzamos, y, si no, por lo menos, iniciar el debate en este sentido, puesto que, de lo contrario, vemos que una asociación como la nuestra, e incluso otro tipo de asociaciones de tipo asistencial que tienen relación con presos y presas, se quedan reducidas a lo que es la mera denuncia o la mera asistencia, con imposibilidad de dar salidas, alternativas o posibilidades reales a los que están en prisión.
También tenemos en cuenta que éste es un tema relacionado con lo que serían las competencias de la Comunidad Autónoma. Creemos que también sería conveniente, pese a que el Estado tenga competencia exclusiva en materia de legislación penitenciaria, como creemos que así se ha propuesto en el Estatuto de Autonomía que está pendiente de aprobación, que se asumiera la competencia de ejecución de la legislación estatal en materia penitenciaria. Nosotros seríamos favorables a esta criterio, a que esto saliera adelante, y pedimos a los diferentes Grupos que lo apoyen con toda la fuerza necesaria para que salga adelante y para que se pueda ejercer un real control, tanto jurisdiccional como por parte de las instituciones, del cumplimiento de los derechos en la prisión, y que suponga un paso adelante; como ha supuesto en Cataluña, aunque la situación es diferente, porque estas denuncias, estos malos tratos, estas cosas no existen, y, pese a la masificación de las prisiones allí también, la situación es mucho más llevadera y puede hablarse en otros términos, no tanto de enfrentamiento.
Estas son las propuestas. Nos gustaría que se diera opinión acerca de ellas. También nos interesaría que, por parte de la Comisión, se solicitara información, si es posible, a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, en relación con el cumplimiento en el lugar de origen, el número de presos aragoneses y el número de presos extranjeros. En la prisión de Daroca, por ejemplo, una tercera parte son presos extranjeros y el resto son de comunidades, de Valencia hay muchos, de Murcia, canarios hay muchos... Es decir, saber exactamente las cifras, a las que una asociación como la nuestra no tiene acceso.
Esas son las propuestas.

El señor Presidente (MARION OSANZ): Muchas gracias.
Seguidamente, van a intervenir los distintos portavoces de los Grupos Parlamentarios, y ustedes podrán contestar conjunta o individualmente a cada planteamiento que puedan hacer.
Posteriormente, se abrirá también un turno de preguntas, y yo les rogaría que fueran muy concretas y muy escuetas en la contestación que puedan hacer a esas preguntas.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
En primer lugar, querría agradecer a las representantes de ASAPA que hayan comparecido en esta Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón y que la comparecencia que tuvo lugar el año pasado no fuera un acto concreto aislado, sino quizás el inicio de una relación más estrecha.
Porque muchas veces se acusa a nuestras Cortes de tratar temas que no son de carne y hueso, de que a veces tratamos asuntos de alta filosofía política y no aterrizamos en la realidad de nuestro pueblo de Aragón. Yo creo que eso no sucede en estas Cortes tantas veces como se denuncia, pero, ciertamente, en algún caso sí puede ocurrir. Hoy, sin embargo, vuestra comparecencia nos sirve para abrir estas Cortes de Aragón a realidades de carne y hueso realmente graves y preocupantes, tal y como habéis expresado.
Por eso, precisamente, querría comenzar felicitándoos por vuestro trabajo, por vuestro compromiso de ser altavoz de las denuncias de las situaciones que se producen en las cárceles aragonesas. Sin duda, vosotros habéis tomado partido por ser voz de los sin voz, en este caso, de los sectores más débiles, más indefensos, de nuestra sociedad. Yo entiendo, además, que vuestras denuncias son escrupulosas, son estrictas, como así lo ha visto, evidentemente, el poder judicial en la reciente sentencia del proceso que se realizó contra vuestra asociación.
Vuestro papel, sin duda, es muy difícil. Denunciar estas cosas, evidentemente, provoca rechazos. Supongo que trabajáis con muchos obstáculos, con enormes dificultades, incluso se llega a la difamación, como habéis comentado al principio de vuestra intervención. Y, precisamente por eso, por la importancia de vuestro trabajo y por las dificultades que encontráis, desde Chunta Aragonesista vais a tener siempre todo nuestro apoyo y, como mínimo, el ánimo para que sigáis trabajando como lo venís haciendo hasta ahora.
Ciertamente, a pesar de que Aragón no posee competencias en materia penitenciaria, nosotros entendemos que nuestras instituciones, las instituciones aragonesas, tienen el deber de velar por los derechos humanos, de velar por la salud, de velar por muchas cosas que afectan a la vida de los ciudadanos aragoneses, estén fuera de las cárceles o dentro de ellas, aunque esas cárceles dependan, evidentemente, de la Administración central del Estado.
Para mucha gente de mi generación, la cárcel ha sido siempre un mundo desconocido, un poco el cuarto oscuro donde la sociedad escondía realidades que no le gustaban, realidades feas, realidades indignas que se escondían allí. Sin embargo, en estos últimos años, para mucha gente de mi generación, ese mundo desconocido ha irrumpido de repente en nuestras vidas por muchos factores, uno de ellos puede ser, por ejemplo, porque determinados amigos o compañeros han ingresado en prisión para cumplir condenas por delitos de conciencia. Eso ha llevado a que, efectivamente, empecemos a conocer situaciones que ocurren en la cárcel y empecemos a ver y a sentir una honda preocupación por lo que está ocurriendo allí.
Yo, sinceramente, recomiendo a todos los Diputados y Diputadas de esta Comisión la lectura del acta oral del juicio que tuvo lugar contra ASAPA, porque ahí aparecen importantes testimonios de presos que se atrevieron a actuar como testigos en ese juicio y que, de alguna manera, como un bumerán, dieron la vuelta a ese juicio, que pasó de ser un juicio contra ASAPA a ser un juicio de denuncia contra algunos comportamientos y algunas situaciones que se venían dando en el centro penitenciario de Daroca.
Debo decir que, cuando leía los testimonios de esos presos, ciertamente, sentía escalofríos, y creo que es bueno que estas Cortes de Aragón sientan escalofríos por situaciones que se están dando en Aragón en centros penitenciarios, igual que en otros centros.
En esas denuncias se manifestaba el comportamiento continuado del subdirector de seguridad, que presionaba a los presos buscando confidentes y que parece ser que tomaba represalias contra los que no aceptaban entrar en esa dinámica. Se denunciaban continuos malos tratos, palizas por parte de algunos funcionarios; se entiende que no por parte, como ha expresado claramente la señora Aínsa, del colectivo completo de funcionarios de instituciones penitenciarias, sino por algunos funcionarios muy determinados. Se han producido muertes y se denuncia que son por negligencia médica. De todas maneras, sí que resulta realmente escandaloso que haya ciudadanos al cuidado del Estado en centros penitenciarios y que mueran, sea por accidente, sea por enfermedad o sea por sobredosis. Realmente, yo creo que tiene que escandalizarnos.
Se denunciaba también la permisividad con que se asiste al tráfico de drogas; se denunciaban represalias contra los presos que hacían denuncias, que presentaban denuncias, incluso que aceptaban actuar como testigos en el juicio antes referido, y, en definitiva, se denuncian continuos incumplimientos de la legislación penitenciaria, uno de ellos, por ejemplo, el incumplimiento del artículo 56 del reglamento penitenciario, en el que se exige la existencia de departamentos especiales para drogodependientes. Estos departamentos no existen, al menos en Daroca, no sé si en otros centros tampoco existen y están incumpliendo la legislación.
Estas denuncias, además, coinciden con reiterados informes de la Inspección General Penitenciaria, como el informe del noventa y tres, cuyo análisis aparece referido en uno de los estudios, en el dictamen del doctor Ignacio Rivera, que está adjunto al dossier que ASAPA nos ha entregado a los Grupos Parlamentarios. En esos informes se concluye con una sistemática vulneración de los preceptos constitucionales y de la legislación penitenciaria, incumplimientos en cuanto al derecho a la vida y el derecho a la salud, en cuanto a la atención sanitaria, que es deficiente, en cuanto a los programas preventivos de salud o toxicomanías, que no existen o que no se desarrollan en cuanto a la higiene y la limpieza, que no sale muy bien parada en estos informes de la propia Inspección General Penitenciaria, incluso se informa negativamente sobre el trabajo del equipo de observación y tratamiento. Realmente, la situación que se denuncia en estos informes -los informes de la Inspección General Penitenciaria- coincide con el informe de ASAPA en el que se recogían las denuncias de los presos de Daroca.
Ante la lectura de estos informes, yo entiendo que las Cortes de Aragón -los Grupos Parlamentarios- debemos mostrar y expresar nuestra preocupación ante la situación degradada que se está viviendo en los centros penitenciarios aragoneses. En este mismo sentido, Chunta Aragonesista presentó hace ya un tiempo, en concreto, el 10 de mayo, una proposición no de ley para que las Cortes de Aragón insten, a través del Gobierno de Aragón, a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias a que realice una inspección profunda del centro penitenciario de Torrero, por las denuncias que se han producido reiteradamente ante las instituciones penitenciarias y ante la opinión pública aragonesa.
En ese sentido, yo entiendo que sería bueno que las Cortes de Aragón demostraran la sensibilidad con este tema y tomaran, de alguna manera, partido por el sector más débil, sin prejuzgar esas denuncias, sino, simplemente, intentando plantear que, efectivamente, las denuncias tan graves tienen que ser resueltas, tienen que ser esclarecidas por las instituciones competentes, en este caso por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias a través de su Inspección General.
Nosotros entendemos, por lo tanto, que esta proposición no de ley se va a debatir en la próxima sesión de esta Comisión, que, en principio, estaría prevista para el viernes 28. Yo espero que podamos profundizar más en alguno de estos aspectos, por lo que no voy a extenderme ahora.
Yo creo que las comparecientes esperan que estas Cortes de Aragón recojamos con sensibilidad, recojamos con preocupación, las inquietudes que han traído, las denuncias que han traído de personas que, por estar privadas de libertad y por estar, en nuestra opinión, indefensas, no pueden venir aquí a expresar sus quejas, como sí puede hacerlo la asociación ASAPA.
En ese sentido, ¿qué podemos hacer las Cortes de Aragón? Evidentemente, yo creo que algunas de las cuestiones que han planteado desde ASAPA sí que pueden ser recogidas por estas Cortes de Aragón, alguna iniciativa parlamentaria que intente dar respuesta a lo que se ha planteado aquí. En concreto, la reivindicación de la transferencia en instituciones penitenciarias es una transferencia que ya tiene alguna comunidad, como la catalana, y lo que permite no es resolver los grandes problemas de hacinamiento, sino, en todo caso, que el control sea más fácil, que el control por los poderes públicos aragoneses sea más fácil, que podamos tener más cerca la toma de decisiones, que, de alguna manera, los funcionarios responsables de esos centros penitenciarios se vean controlados, y, por lo tanto, controlados desde más cerca por las instituciones autonómicas.
Ese era el punto de vista de Chunta Aragonesista desde hace mucho tiempo, y, por eso, creo que es coincidente con una de las propuestas que habéis presentado.
En cuanto a la reclamación de la inspección de los centros penitenciarios de Torrero y Daroca, creo que la proposición no de ley sobre el centro penitenciario de Torrero ya ha sido presentada por Chunta Aragonesista. En todo caso, puede perfeccionarse vía enmienda por otros Grupos en cuanto a incluir que, efectivamente, esa investigación se centre en el asunto de las muertes que se han producido últimamente, en la falta de derivación de presos, de internos, para estar fuera de prisión..., en fin, el artículo 60. De esto ya hablaremos más en profundidad, en todo caso, en la próxima Comisión.
Yo quiero simplemente terminar haciendo especial hincapié en el tema del cumplimiento de la legislación penitenciaria. Entiendo que la legislación penitenciaria es de las más avanzadas, de las más progresistas de Europa, y lo que es grave es que no se esté cumpliendo.
A veces, cuando se habla de la dispersión de presos, parece que esa alusión, que esa determinada política penitenciaria, va unida a los presos de ETA, y, sin embargo, es una práctica que se aplica a todo el conjunto de presos y presas del Estado español. Realmente, con esa práctica no se está favoreciendo ni la reintegración social ni la rehabilitación, que se supone que son objetivo de la exclusión de libertad, etcétera. Por eso, entendemos que es bueno que se abra este debate, y me gustaría que profundizarais un poco más en el contenido que podría tener esa campaña pública en favor del cumplimiento de las penas en la propia Comunidad, en el lugar de origen.
Por otra parte, estamos en una situación en que, con el cambio de Gobierno...

El señor Presidente (MARION OSANZ): Señor Yuste, le ruego vaya usted terminando.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Voy concluyendo.
Con el cambio de Gobierno sería posible que, efectivamente, pudiéramos aspirar a ver un cambio de política en algunos aspectos, en la política penitenciaria, y, por eso, sería interesante conocer la opinión del Grupo Popular sobre alguno de los aspectos que se han planteado aquí, precisamente por el cambio de Gobierno que se ha producido en el conjunto del Estado.
Finalmente, sí que me gustaría hacer una serie de preguntas concretas a las comparecientes en cuanto a la sentencia del juicio de ASAPA, a esa última parte de la sentencia donde se plantea que las denuncias que han realizado los testigos contra funcionarios de la prisión de Daroca sean estudiadas por Fiscalía, etcétera. Me gustaría saber en qué momento se encuentran esas denuncias, si alguna de esas denuncias ya ha pasado más allá o si sólo ha quedado en final de la sentencia.
Me gustaría también que nos explicarais un poco ese programa antisuicidios, que, realmente, pone los pelos de punta, viendo el trato vejatorio que supone y que ha explicado la señora Lassa. Me gustaría que nos explicarais un poco más en profundidad si ese programa existe, está regulado así o es una improvisación realizada por el centro de Daroca y si ese programa se aplica en otros centros.
Y, finalmente, una pregunta: ¿qué se puede hacer con los testigos que en estos momentos tienen miedo a represalias o están realizando denuncias sobre situaciones de represalias? Me gustaría saber exactamente qué se puede hacer desde ASAPA y desde las Cortes de Aragón.
Y, sin más, quiero finalizar mi intervención ofreciendo todo el apoyo de Chunta Aragonesista al trabajo que está realizando ASAPA.
Muchas gracias.

El señor Presidente (MARION OSANZ): Gracias, señor Yuste.
¿Ustedes prefieren contestar a la pregunta que ha hecho el señor Yuste o, en conjunto, contestar a todos después? ¿Ahora?

La señora BARON JARQUES:En cuanto al pronunciamiento que se hace en la sentencia, en el fallo, al final, que, en concreto, es que se deduzca testimonio del acta del juicio respecto de las declaraciones de todos los intervinientes, remitiéndolo al Juzgado de Instrucción de Daroca, a la Fiscalía del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, para que, dentro de sus respectivas competencias, investiguen sobre el contenido de aquellas declaraciones respecto de la existencia de algún delito, como hemos comentado, esta sentencia que está aportada aquí, en el informe, está pendiente de un recurso de apelación que fue interpuesto por la Fiscalía. Y, por lo tanto, en tanto en cuanto no se declare que la sentencia es acorde a derecho y no se revoque este fallo, nos encontraremos con que está pendiente lo que es la deducción de testimonio del acta de juicio. Es decir, si la Audiencia Provincial de Zaragoza fallara en el sentido de mantener el pronunciamiento del Juzgado de lo penal número uno, se investigarán estos hechos.
Sobre el tema del programa antisuicidios, el programa antisuicidios consiste en una serie de medidas que se cree conveniente aplicar según el interno que sea. Creemos que no está regulado en ninguna ley, en ninguna circular, sino que es algo que la dirección de la prisión considera suficiente o considera necesario aplicar.
Y ya hemos comentado las medidas. Yo creo que a una persona con la mente en su sitio le resultarían insoportables. Pues, a una persona con trastornos, a una persona con presión, a una persona que está sintiendo una situación de represalia, huelga decir qué puede suponerle poder ser atada a la cama, que le despierten cada hora, que no tenga objetos personales y que esté sólo en una celda todo el día.
Hay que decir que esta medida la tomó el Juzgado de vigilancia penitenciaria, no el centro penitenciario de Zaragoza, y que el centro penitenciario lleva a cabo las actuaciones sobre programa antisuicidios en ocasiones, porque tampoco tenemos certeza de que esté regulado en una circular ni en ninguna otra norma, y tampoco se nos informa sobre ello. Lo que suele hacer es encargar a un preso o presa de apoyo el seguimiento de la persona que supuestamente tiene tendencias suicidas, es decir, poner a un preso en su celda para que esté todo el día con él e informe a la prisión sobre su evolución y, en realidad, evite un intento de suicidio. En ocasiones, es bastante frustrante para el preso de apoyo, sobre todo porque quien está preso o presa siempre se encuentra con una situación muy difícil como para, además, tener que asumir la problemática de alguien externo a él.

La señora AINSA PEREZ: El tema de la dispersión sí que puede ser confundible con la campaña que se ha iniciado ahora y que está teniendo el Ministerio del Interior en relación con presos políticos o presos de ETA.
Entendemos también que nosotros nos dedicamos al colectivo de presos. Ellos tienen sus reivindicaciones particulares, sus organizaciones sociales y sus apoyos y medios de canalizar esas denuncias. No entramos en la discusión y únicamente lanzamos la idea de cara a lo que serían los presos aragoneses y el colectivo de presos, puesto que parece que los presos políticos, como sí tienen voz en la calle, son los presos por excelencia. Nosotros nos dedicamos al colectivo de presos comunes, no entramos. De hecho, se nos relacionaba, como decía mi compañera, que si con HB, que si con tal... No hemos comunicado. Hay presos de ETA en la prisión de Daroca: ninguna persona de la asociación ha comunicado con ellos. Denuncias, por su parte, no nos han llegado, no hemos tenido ocasión de decir ni que sí ni que no.
Quiero decir que nos dedicamos a los presos sociales. Lo que pasa es que la política penitenciaria que se aplica con ellos es inteligente, a nuestro entender, muy inteligente, porque evita todo control jurisdiccional en la política de traslados, que queda fuera de la competencia de los juzgados de vigilancia penitenciaria y queda únicamente a criterio de la Dirección General en Madrid, con lo que se evita todo tipo de control porque es imposible hacer el seguimiento. Entonces, esta política es muy inteligente y se aplica al colectivo de presos, a los comunes y al resto, se aplica todos; lo que pasa es que nuestra reivindicación es otra.

El señor Presidente (MARION OSANZ): Muchas gracias.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Izquierda Unida señora Sánchez Bellido.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, Presidente.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la Asociación de seguimiento y apoyo de presos y presas de Aragón (ASAPA), agradecerles sinceramente la exposición, la información que nos han proporcionado, y, sobre todo, la documentación previa, que ha sido abundante, muy interesante, y que yo he leído con detenimiento.
La primera conclusión, después de toda esta información, es que, a los diez años de la aprobación de la Ley General Penitenciaria -quiero recordar que esta Ley fue aprobada en las Cortes Generales por unanimidad-, lamentablemente, esta Ley no ha servido para mucho si nos acercamos a la realidad penitenciaria de Aragón en este caso, pero extensible a la realidad penitenciaria de España en general, del país. Precisamente, es la falta de adecuación a esta Ley una de las muchas razones por las que Izquierda Unida se opone, se sigue oponiendo a la puesta en funcionamiento del establecimiento penitenciario de Zuera: porque implicaría serias dificultades, primero, para respetar los derechos de los internos (derecho de intimidad, etcétera), por ser un medio de por sí propenso al hacinamiento, y, sobre todo, al incumplimiento de las condenas en su lugar de origen -estoy de acuerdo con los planteamientos- y al alejamiento de su medio social.
En estos últimos meses, el debate del ámbito carcelario se ha centrado casi exclusivamente en el establecimiento de Daroca como alternativa a los establecimientos de Huesca y de Zaragoza, pero los problemas surgidos en la cárcel de Daroca habían pasado a un segundo plano. La verdad es que, según la exposición que se nos ha hecho en estos momentos, se nos plantean muchos interrogantes que sería preciso aclarar cuanto antes. La verdad es que los datos aportados son realmente preocupantes.
En la documentación que se nos había aportado hay referencias concretas al informe -reciente informe- de Instituciones Penitenciarias de una inspección, en concreto, en abril del noventa y tres; también parece que hay datos del año noventa y cinco relativos a la situación del centro de Daroca, y aporta algunas conclusiones que a mí me parece que son bastante interesantes para resaltar.
La primera es la masificación y el hacinamiento. Un centro con una capacidad máxima para trescientas personas que ha llegado a albergar hasta setecientos reclusos, «con imposibilidad, por tanto,...», dice el informe «... de desarrollar programas educativos y reintegradores». Esto, por supuesto, no se adapta a la Ley penitenciaria. A pesar de haber en esta ocasión, aproximadamente, cien analfabetos, su escuela acusaba un bajo nivel de actividad, sin coordinación con el equipo de tratamiento, con falta de psicólogo y pedagogo; ya digo, en el momento del informe. Y dice textualmente: «parecen incumplirse los mínimos de habitabilidad digna».
Respecto a las condiciones higiénico-sanitarias, también el informe es claro. En el hospital que les corresponde reciben muy mala atención los enfermos allí remitidos; dice que en los casos urgentes no pueden recibir la asistencia puntual deseable, y constata también la ausencia de realización de programas de salud, con el interés que puede suponer el establecimiento de programas de prevención de sida, etcétera. Llega a hablar incluso de un suministro de agua con deficiente potabilidad.
Señala otra cuestión importante por parte de la ubicación del centro: «condiciona claramente las estrategias de actuación en materia de drogodependencias». Parece que no hay colaboración con profesionales extrapenitenciarios ni organizaciones gubernamentales, e incluso de centros dependientes de instituciones, como la propia Diputación de Aragón y el propio Ayuntamiento. Quizás esta situación haya cambiado en estos momentos, yo no lo sé; pero el informe señala esta situación.
En fechas recientes, Izquierda Unida presentó en la Comisión de Sanidad una proposición no de ley por la que se instaba a Instituciones Penitenciarias a la administración de metadona en los centros de Daroca y de Zaragoza -en el resto de establecimientos ya se administraba, de la Comunidad Autónoma, me refiero- y la proposición no de ley fue aprobada.
Pero también tenía una segunda parte que nosotros considerábamos esencial: proponía que esta medida -la medida de administración de metadona- debería de formar parte de «otras actuaciones que garanticen de forma integral la prevención de las drogodependencias, la asistencia, la rehabilitación y la reinserción de los reclusos drogodependientes». Pero, para que esta parte pueda cumplirse, es necesario que la cárcel, por supuesto, se dote de los medios necesarios, y creo que estas Cortes deberán estar muy atentas -desde luego, Izquierda Unida lo va a estar- a cómo se desarrollan todos estos aspectos aprobados por la Comisión, ya que los medios extrapenitenciarios son competencia de la propia Diputación General de Aragón.
En relación con este punto, y a pesar de que Zaragoza -según lo que nosotros sabemos- dispone de medios extracarcelarios suficientes, en el caso del fallecido puede caber la duda de si se actuó correctamente. De cualquier forma, hay que mejorar la coordinación de la atención médica carcelaria con el resto de las estructuras sanitarias, y eso, al margen de otros aspectos fundamentales, también se facilitaría con las transferencias que se nos proponen de instituciones penitenciarias a la Comunidad Autónoma. Y, por eso, Izquierda Unida va a apoyar cualquier propuesta que vaya en este sentido y también todas aquéllas encaminadas, por supuesto, a acercar a los reclusos a su lugar de origen.
Esta Comisión fue promotora en su momento de una visita de parlamentarios en la anterior legislatura, y, como resultado de esa visita, uno de aquellos Diputados declaraba hace uno o dos meses en el juicio, precisamente, a que se nos ha hecho referencia que él pensaba que había motivos para abrir una seria investigación. El Grupo Parlamentario Izquierda Unida también lo cree así.
El papel de esta Comisión en estos momentos, al haber recibido nueva información, bien podría ser el de realizar un seguimiento del trabajo ya iniciado anteriormente, y por eso yo voy a plantear dos propuestas concretas. Primero, creo que la Comisión debería de solicitar a Instituciones Penitenciarias un informe de cómo se han subsanado -si es que se ha hecho- las deficiencias detectadas por su inspección (todos los datos que nosotros tenemos en la documentación que se nos ha remitido), y también sobre los hechos que aquí se han expuesto en relación con las denuncias de malos tratos, etcétera.
Y, en segundo lugar, también propongo que representantes de la Comisión, en septiembre u octubre, visiten nuevamente la cárcel, y se emita un nuevo informe, como el anterior, en relación -ya digo- con los nuevos datos que habría que aclarar, en la medida, por supuesto, de las posibilidades de la propia Comisión. Otra buena medida nos parece la proposición no de ley que presenta el Grupo de Chunta Aragonesista y que ya está en marcha, vamos a debatirla en unos días.
Por último, quiero agradecer nuevamente la comparecencia de ASAPA. Creo que hoy han cumplido uno de sus objetivos como asociación, que es contribuir a abrir debates sobre la realidad del sistema penitenciario. Quiero decirles que Izquierda Unida les va a apoyar en su trabajo, que es exigir el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas en el interior de las prisiones.
Muchas gracias.

El señor Presidente (MARION OSANZ): Gracias, señora Sánchez.
¿Desean contestar? Muchas gracias.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE: Gracias, señor Presidente.
Yo quiero que sean mis primeras palabras de felicitación y de agradecimiento a la Asociación, a los miembros de la Asociación, por estar en esta Comisión y exponernos de una forma clara y muy sincera esos graves problemas que se han detectado, quizás no en el sistema penitenciario, sino en la ejecución de ese sistema penitenciario que tenemos en España.
Creo que la felicitación es porque, en estos momentos en que la sociedad -yo creo- está excesivamente materializada, somos todos quizás un poco materialistas, encontrar asociaciones como la vuestra merece nuestro aplauso, merece nuestra felicitación. Y, además, quiero decíos que sigáis en esa línea, que hace mucha falta.
Dicho esto, yo querría comentar que, desde luego, desde el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, entendemos que la privación de libertad no debe suponer en ningún caso, nunca, que la Administración no garantice los derechos inherentes a la persona. Yo he leído muy detalladamente este informe, lo he subrayado, lo tengo hecho un cristo, como vulgarmente se dice, porque, efectivamente, creo que es un informe francamente duro, pero no duro porque se exagere, sino porque reflejáis una realidad que en muchos casos obviamos o desconocemos.
Pero, además, hay un tema importante, y es que, normalmente, para eso está el tratamiento penitenciario en su conjunto; el fin que tiene, la finalidad que tiene, el objetivo que tiene es la reinserción de los reclusos en la sociedad. Y la verdad es que, leyendo todo esto que nos contáis aquí, pensamos que a veces es difícil que la gente no salga con cierto traumatismo, ¿verdad?, y le sea difícil volver a adaptarse a la sociedad.
Hay unas frases que, efectivamente, me parecen durísimas: «la situación penitenciaria de la cárcel de Daroca vulnera el derecho a la salud», que es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, seamos quienes seamos; «el oculista, el dentista y el psiquiatra aparecen una vez al mes»; que la propia Dirección General detecta en las propias inspecciones que hace a la cárcel de Daroca una negligencia médica alta; que faltan las más elementales normas de cuidado; que ni el agua tiene la potabilidad suficiente... Son unas cosas tan básicas que parece muy extraño que hoy día puedan ocurrir. El propio director general dice en su informe que faltan psicólogos. Y con esta información, contrastada con el informe que habéis hecho desde la Asociación, efectivamente, se está viendo que, desde el aspecto sanitario, los malos tratos, el tráfico de drogas, vulnera la cárcel de Daroca la legalidad, y deberá investigar el Ministerio Fiscal.
Es decir, son unas acusaciones tremendas y, además, con datos que parecen muy fiables, porque se está hablando de que se han contrastado con el propio informe emitido por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Si analizamos, yo estoy convencida de que éstos son problemas no sólo de la cárcel de Daroca, sino de todas las cárceles de España. La masificación y la falta de medios son algunos de ellos, y esa falta de medios repercute en la atención médica, en la atención psicológica y en unas condiciones higiénicas muy débiles. Realmente, es tremendo pensar en la situación que están padeciendo unos ciudadanos, una serie de personas. Con ello no quiero quitar importancia al hecho de que todo aquel ciudadano que transguede la ley debe soportar -no cabe duda- su culpa, debe asumir su responsabilidad y debe pagar una pena con el resto de la sociedad, pero eso no quiere decir que se vulneren sus derechos humanos y que sufra humillaciones, como parece que en casos muy palpables se ha constatado.
Por tanto, yo os pido que sigáis trabajando en este sentido, porque no cabe duda de que ésta es una voz de alarma que dais a la sociedad, y yo creo que la sociedad también tiene esa responsabilidad que asumir. Y, por tanto, debemos volver la vista atrás de vez en cuando y ver de verdad los dramas que están sufriendo determinadas personas.
Habéis hablado de unas propuestas concretas que hacíais, y yo he entendido -quizás no he entendido bien- que estabais hablando de iniciar un expediente a un funcionario concreto; porque no acusáis al colectivo de la cárcel de Daroca, acusáis a una determinada persona, que es la que está produciendo quizás las infracciones que se detectan.
Yo creo que desde esta Comisión, lógicamente, no tenemos competencia para pedir eso, no podemos, no se puede iniciar un expediente a un funcionario si no es por el órgano competente, y eso no lo podemos asumir. Lo que sí podemos asumir es que se investigue y si la actuación es correcta o no lo es.
Estoy totalmente de acuerdo con la cercanía de los reclusos a las prisiones de Aragón. Muy recientemente, hemos visto como desde el País Vasco están pidiendo esto. Y, si en el País Vasco lo piden, ¿por qué no lo podemos pedir nosotros? Yo entiendo que sería factible que los propios reclusos aragoneses estuvieran cumpliendo sus penas en Aragón, porque, además, yo creo que sería más fácil la reinserción y la rehabilitación encontrándose cerca de su entorno familiar, de su tierra, de sus costumbres, y entiendo que sería una medida asumible completamente.
Respecto a la legislación, aquí -habéis dicho- sólo tenemos la ejecución de la legislación en materia penitenciaria. No cabe duda de que con esa ejecución, estando aquí, quizás se puede controlar mucho más. Pero no olvidemos que no tenemos competencias para dictar la legislación, o sea, la ejecución siempre es hacer lo que la ley dice, es decir, que, a lo mejor, en algunas cosas, tampoco llegaríamos a que, con nuestros deseos como ciudadanos aragoneses, se pudieran aliviar ciertos problemas que entenderíamos que podrían resolverse. Pero no cabe duda de que, si el Estatuto de Autonomía, como todos queremos, se aprueba, a través de esa ejecución de la legislación tendremos un control mucho más directo.
Y, para terminar, yo querría hacer una serie de preguntas, muy facilitas todas. Una de ellas es si contáis con algún equipo de profesionales que os ayuden en esta labor de detectar las deficiencias psíquicas, las deficiencias de todo tipo que tienen estos reclusos.
Me gustaría saber también si recibís ayudas, cómo se financia vuestra asociación; porque toda asociación que trabaja necesita una movilidad, unos medios. Cómo suplís estas cosas.
Y también si ayudáis vosotros a las familias de los reclusos, psíquicamente, por ejemplo, porque la familia también está muy afectada... Si tenéis algún tipo de ayudas para las familias de los reclusos.
Por último, si vosotros, como asociación, habéis detectado en las cárceles a que tenéis acceso un trato diferente en los presos comunes y en los presos de ETA. Es lo que me gustaría que me contestarais.
Muchas gracias.

El señor Presidente (MARION OSANZ): Muchas gracias, señora Aulló.
Podéis contestar a esas preguntas.

La señora LASSA ALCAIRE: En cuanto al equipo de profesionales con que contamos, ASAPA está formada por gente que ha accedido desde diferentes situaciones: hay abogados, asistentes sociales, familiares de presos, ex presos.
En cuanto a profesionales médicos, no tenemos ninguno. Nos basamos para decir las cosas, respecto a trastornos de personalidad o cualquier otro característica psiquiátrica, en los informes de los médicos forenses, en los informes, por ejemplo, que elaboran los psiquiatras de los diferentes centros, etcétera. Nosotros procuramos estar bastante informados, sobre todo en temas de repercusiones que pueden tener las personas con sida, etcétera, y también a través del trato personal con los presos se deducen situaciones de tensión, diferentes situaciones.
En cuanto a si recibimos ayudas, el año pasado presentamos un proyecto, porque ASAPA no quería quedarse en una mera asociación de denuncia, queríamos colaborar para la existencia de alternativas a la prisión. Para eso, hicimos un proyecto que presentamos al Ayuntamiento, y fue subvencionado por el Ayuntamiento, creo que con quinientas mil pesetas. Nosotros hemos creado un centro de día, hemos adecuado un poco nuestra sede, que es bastante cochambrosa, y hemos creado un centro para que gente que se va de permiso, gente que sale en libertad condicional, gente que sale definitivamente, pueda venir allí. No tenemos capacidad para más, somos muy pocos y, además, tenemos que ganarnos la vida. Entonces, simplemente es para que vengan a charlar, para que vengan a estar un rato, a tomar un café, a lo que quieran, pero que vengan (ellos, sus familiares) a contarnos sus problemas, sus situaciones de tensión, y que las expulsen allí.
Además, en ASAPA, los profesionales del Derecho aconsejan en determinados temas -es una asesoría jurídica-, en todos los temas que se presentan. Hay un grupo de familiares también, y parece que va funcionando, hace un año que está en marcha y tiene autonomía, se coordinan con nosotros, pero, vamos, ellos funcionan; ya fue presentado a la prensa.
En cuanto a si es diferente el trato que reciben los presos de ETA y los presos comunes, nosotros no tenemos acceso a datos como ése, simplemente conocemos las denuncias que hacen los presos. Con los presos nos tratamos, y no creo que haya diferencia.
Una puntualización. En cuanto a lo que ha dicho de que, en el caso de que la competencia de ejecución se pudiese traer a Aragón, ustedes no podrían hacer nada, usted ha dicho que ejecución es hacer lo que la legislación dice. Si la Comunidad Autónoma aragonesa consigue eso, consideramos desde ASAPA que es suficiente y bastante.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE: Muchas gracias.
Simplemente decíos que contáis con el apoyo del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
Gracias.

El señor Presidente (MARION OSANZ): Muchas gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Diputado GARCIA LLOP: Buenos días.
En primer lugar, quiero agradecer a ASAPA el interés que tenéis, el trabajo que estáis desarrollando. Y tengo que decíos que yo he estado dieciséis años de alcalde en Daroca y, por lo tanto, el tema de Daroca lo conozco bastante bien. Además, me une buena amistad con todos los funcionarios, porque tengan en cuenta que vivimos en un pueblo, que es pequeño, que estamos en el bar o en cualquier otro sitio y hablamos bastante y con frecuencia.
Por otra parte, hemos conseguido de la Diputación Provincial unas cantidades económicas, tanto para Torrero como para el centro penitenciario de Daroca, para actividades culturales, e incluso algún cursillo que se ha dado de cerámica o de otras actividades que no entraban dentro de los convenios que se hacían con INEM o con otros organismos oficiales. Por lo tanto, estoy preocupado por ese tema.
Yo respeto la opinión de los abogados, respeto todas las cosas vuestras, pero también hay que tener en cuenta el tema siguiente, que creo que es importante.
Del informe que habéis hecho vosotros sobre la realidad de lo que hay en Daroca hoy en día, sí que puedo decir que, en el tema de sanidad, no está tan mal como estáis mencionando en este informe, porque en Daroca hay cinco médicos, en el centro de Daroca, ¿eh?, cinco médicos, cuatro ATS y dos asistentes sanitarios. Por lo tanto, hay once personas para cuatrocientos cincuenta internos; cuatrocientos cincuenta y tres, con exactitud, actualmente.
Por otra parte, en Daroca y en la comarca, con treinta municipios... Y lo digo sin querer ir en contra de los internos, al contrario, los internos me merecen todos los respetos del mundo, porque, precisamente, no tienen la libertad, que es la base principal, la base principal es tener la libertad, pero estas personas, los internos que hay en los centros penitenciarios, están exentas de libertad; por su culpa, en el 99% será por su culpa, digo yo, porque, si no, no van a estar allí. Pero, bueno, en definitiva, a mí me merecen todos el máximo respeto, me merecen todo el respeto esas personas que están privadas de libertad. Pero también hay que tener en cuenta una cosa: las personas que estamos en la calle. Y en Daroca, concretamente, hay ocho médicos para atender treinta pueblos, con ocho mil habitantes, y en total tenemos ocho médicos y seis ATS. Quiere decirse que en el centro penitenciario de Daroca hay tantos médicos y ATS como para atender a una población de ocho mil habitantes en treinta pueblos.
El tema de las ambulancias. En cuanto a las ambulancias, que también se menciona aquí, yo creo que no puede haber ningún servicio mejor que el que tenemos en Daroca, tanto en el centro penitenciario como en la población de Daroca. Llamas al parque de bomberos que tenemos de la Diputación Provincial de Zaragoza y, en dos minutos, se presenta una ambulancia, tanto para cualquier casa como para el centro penitenciario. Hay una UVI -costó seis millones y pico de pesetas la ambulancia- para trasladar a los internos y a los enfermos de Daroca a cualquier otro sitio.
Que sepáis que estamos colaborando con el tema. El agua es la misma que bebemos los ciudadanos de Daroca, es un agua que tiene cal. Ha mejorado el tema de abastecimiento, porque sí que hubo unas deficiencias, en cuanto a escasez, hace año y medio o dos años, pero la Diputación Provincial hizo un pozo nuevo y, por lo tanto, ese tema se corrigió también.
En definitiva, en relación con las ayudas que estamos dando para el tema de los internos, se proyecta todas las semanas una película de cine, la misma que están proyectando aquí, en Zaragoza; es una colaboración que se ha hecho con la Diputación Provincial. También pone en unos informes que no hay antenas por todos los sitios, pero también se ha corregido; hay nueve canales de televisión, los que actualmente están viendo ahora. Quiere decirse que se ha mejorado todo lo posible.
Ahora bien, yo desconocía totalmente lo que vosotros decís del subdirector. Por supuesto, voy a tomarme gran interés en ese tema, porque, además, puedo conocer eso por mediación de otras personas, e incluso estaré en contacto con vosotros parar informáos sobre lo que haya. Yo no conocía vuestra asociación pero a partir de ahora estaré en contacto con vosotros. Y me presto incluso, como decía la portavoz de Izquierda Unida, puesto que creo que es conveniente, a hacer una visita al centro penitenciario de Daroca y a hacer una visita también al centro penitenciario de Torrero.
Creo que los cuatrocientos cincuenta y tres internos que hay hoy en el centro de Daroca pueden ser acogidos perfectamente porque la capacidad es de trescientas sesenta camas -las que hay en total-, uno por celda, que sería lo ideal, aunque la legislación también dice que se hará dentro de lo posible. Cuatrocientos cincuenta y tres no es masificación, a pesar de que sería mejor que fueran trescientos cincuenta los que tuvieran que estar.
Yo creo que Daroca se puede mejorar bastante, exceptuando ese tema de los malos tratos, que en eso yo no puedo entrar porque lo desconozco, a pesar de que hay un informe aquí, claro. Pienso que en ese caso es el Ministerio Fiscal es el que tiene que atender todas las denuncias que se están haciendo. Nosotros, como Comisión, no somos las personas adecuadas para poder hacerlo, sí que podemos informarnos, como os decía anteriormente, y a eso me comprometo, voy a informarme y voy a estar en contacto con vosotras porque creo que es un tema importante.
Además, pienso que se han ido corrigiendo las anomalías que se han encontrado, como ahora, por ejemplo, que se va a hacer una depuradora con un presupuesto de ciento sesenta millones de pesetas; está aprobado ya por el Ministerio y comenzará a construirse dentro de un mes o mes y medio; por parte de la Diputación General de Aragón, se hizo un acceso importante que costó setenta millones de pesetas, aproximadamente. Por lo tanto, yo creo que todo lo que se ha podido mejorar, se ha ido haciendo. Desde luego, yo creo que el centro de Torrero tiene peores remedios. Y, a pesar de todo lo que se está diciendo, yo creo que es importante el centro penitenciario de Zuera. ¿Por qué? Pues porque el centro penitenciario de Zuera puede tener talleres, puede tener toda las condiciones óptimas y buenas para poder insertar a los internos.
Por ejemplo, en Daroca, hay ciento tres personas en este momento en talleres productivos; en talleres ocupacionales, hay treinta y dos; en la escuela, hay noventa y nueve; en la formación profesional, veintiuno, y, con diferentes destinos, doscientos cuarenta y cinco. Hay también seis profesores de EGB y cinco de formación profesional; en la formación profesional están el de electricidad y la especialidad de madera. Y todos los internos que hay en el centro penitenciario de Daroca que quieren trabajar, dicho por su dirección -y, es más, si es mentira lo que me han dicho a mí, me lo podéis decir, que yo, concretamente, lo solucionaré rápidamente con la dirección-, tienen trabajo. Hay unas cien personas que no quieren colaborar en nada en absoluto, y eso hay que entenderlo también, es la libertad del interno, que quiera trabajar o no quiera trabajar, porque a lo mejor tiene unos problemas y es posible que no quiera.
En definitiva, por concluir, os felicito por la labor que estáis haciendo, que es importante. Porque, además, vas al centro penitenciario... Yo he visitado los talleres, he hablado con los internos, se publica una revista -que financiamos- con libertad absoluta, dicho por los internos. Yo he estado con doce o catorce internos, he estado cuatro horas con un profesor y con ellos... ¡Hombre!, a mí, a lo mejor, si estaba el profesor -según decís vosotros-, es posible que no se atrevieran a decirme otra cosa, pero yo he estado solo con ellos aparte, ¿eh?, y «¿qué tal estáis?, ¿os encontráis bien?», y tal, dándole un pitillo para abrir un poco más el tema de la amistad, y, además, que me parece muy bien porque así se pueden explayar un poco más. Ha habido dos chicos de Daroca que han cumplido la condena en Daroca, que es importantísimo, les hemos dado trabajo a través del Ayuntamiento, han salido a la calle; por el artículo 60, salieron quince presos el año pasado, cinco en lo que vamos de este año...
Quiere decirse que, claro, a ti te dan una cantidad de datos -a mí, concretamente- que son factibles, que son humanos y que con los derechos humanos... Yo, precisamente, cuando entré como parlamentario, pedí precisamente entrar en esta Comisión por el tema de los centros penitenciarios, porque era un tema que lo había vivido, que lo estaba viviendo y que, además, me preocupa, me preocupa que los internos estén en perfectas condiciones, que les atiendan lo mejor posible, y, claro, todo tiene unas limitaciones también, y tiene unas limitaciones no solamente para los internos, tiene unas limitaciones para los ciudadanos.
Porque, cuando sale un interno de un centro penitenciario, es muy difícil darle un puesto de trabajo. Sin embargo, a través del Ayuntamiento de Zaragoza, hace dos o tres años, se hizo alguna labor para darles un contrato con corporaciones locales, también cogimos en la Diputación Provincial a uno para que trabajara en el cementerio de La Cartuja, y a los cuatro meses se nos marchó, o sea que también... y era un contrato por el que se hubiese quedado indefinido, por ejemplo. Quiere decir esto que hay veces que colaboras, que trabajas y tal, pero no siempre se logra la reinserción total del interno que ha entrado.
Los chicos jóvenes son más fáciles, y hay que apoyarles, hay que dar la metadona. En Daroca no se da la metadona porque no hay ninguna farmacia que la suministre, pero, concretamente, ayer, que hablé con el director, quedamos en que vamos a proponer al Consejero de Sanidad que en breves fechas, a poder ser en este mes mismo, se pueda suministrar la metadona en el centro penitenciario de Daroca.
Y decíos solamente que me tenéis a vuestra disposición, que creo que es una cosa importante. Luego, os daré mi teléfono y mi dirección para estar un poco en contacto, y pasaré por vuestro despacho también. Y a ver si encontráis alguna ayuda para poder mejorarlo, según decís vosotros. Me tenéis a vuestra disposición -y al Grupo Parlamentario Socialista-, a vuestra total disposición, para lo que necesitéis.
Gracias.

El señor Presidente (MARION OSANZ): Muchas gracias, señor García.
¿Queréis responder?

La señora AINSA PEREZ: Son muchos temas.
Decía que habían salido quince presos el año pasado y cinco este año con el artículo 60. Nosotros tenemos constancia de que las personas con la enfermedad por anticuerpos en un avanzado momento son numerosas. Conocemos a la mayoría de estas personas, han salido prácticamente a morir a su casa, como antes habíamos dicho.
Comparaba -creo- la población de Daroca con la población que hay en la prisión. No se puede comparar el estado de salud de unas personas con el estado de salud de otras, ni las condiciones sanitarias y de higiene de unos y otros. También le podemos decir que ha habido dos muertes en estos dos últimos meses en la prisión de Daroca, uno por sobredosis, que es del que refería mi compañera que estaba en el «Proyecto Hombre», y que, pese a ello, estaba en el módulo primero, que usted lo conocerá, que ese módulo primero es el más conflictivo, donde están los consumidores habituales de heroína. Suelen tenerlo también -éste es un criterio de la dirección del centro- como prueba, a ver si es verdad esto del «Proyecto Hombre». Entonces, esta persona falleció, y no murió en el momento, pero, como no había medios suficientes en la prisión, no llegó a Calatayud. Hubo otro fallecimiento. Este último que le digo es de hace quince días, y el ahorcamiento es de hace mes y medio. Tampoco se le pudo salvar, pese a que se le cogió a tiempo y fue trasladado a Calatayud, donde murió.
Entonces, sí, hay médicos, pero la población... Yo tampoco tengo los mismos datos. Cuando elaboramos el informe, los presos eran unos seiscientos cincuenta, y mis datos no coinciden exactamente, porque, aunque haya trescientas sesenta camas, no es una cama por celda, sería una cama por celda si fueran doscientas, ¿eh? En el momento en que hicimos el informe, la capacidad era de doscientos, contando que hubiera una cama por celda, pero había seiscientos cincuenta internos.
Esta prisión se crea como una prisión de especial seguridad, y, posteriormente, deja de ser de especial seguridad y se convierte en una prisión de cumplimiento de penas prolongadas, teniendo en cuenta que tampoco se sigue el criterio de separar, como exige la ley, penados y preventivos, están penados y preventivos juntos, independientemente de los módulos. Hay un módulo especial para jóvenes, lo cual nos parece otra aberración por la peligrosidad de que puedan estar juntos en Torrero con los mayores, están allí, en un módulo, fuera totalmente de su entorno.
La cuestión sanitaria, pues eso, es que hay un litro de lejía a la semana para limpiar la celda, pero es que no hay jabón, pero es que, al ir a comer, el que llega antes es el que coge el vaso, y, si no, los últimos no llegan al vaso ni a los cubiertos. Las deficiencias sanitarias y de higiene son múltiples. En verano, un día que fui, estaba todo con salfumán, que era de intoxicarte, porque hacía falta desintoxicación por todo el centro, pero, claro... Somos conscientes de que las condiciones de higiene son pésimas, dificultadas por el hacinamiento, que se evitaría si fuera en condiciones de decir: doscientas camas, doscientos internos. Evita tensión, evita malas condiciones de vida y evita problemas.
Hay una revista, sí. Yo también puedo decirle que, en concreto, un cliente mío, que no tenía relación con la asociación, fue sancionado por decir «boqueras» en la revista, en lugar de «funcionario», no sé, en una poesía que hacía, fue sancionado y echado de la revista. O sea, sobre todas estas cuestiones que salen fuera sobre que se está haciendo una revista, que hay talleres, la vivencia del que está dentro es relativa, según desde dónde la veas.
No hay grupo de apoyo a toxicómanos. Las estadísticas son que el 70% de la población reclusa entra por causa de su toxicomanía. En Daroca, hubo un intento -lo conocerá- por parte de la Cruz Roja de iniciar ese grupo de apoyo, fue fallido, no sé si es que no hubo..., creo que se cortó la subvención, el caso es que no hay grupo de apoyo.
La sección abierta del centro. Que me expliquen a mí qué sección abierta es. Con el mismo problema nos encontraríamos en Zuera si, para trabajar, tuvieras que desplazarte a Zaragoza. O la capacidad de oferta laboral de Daroca para una población de seiscientos si hay capacidad para poder trabajar para cien. También me gustaría preguntarle, por ejemplo, datos de las personas que están clasificadas en tercer grado y que, sin embargo, están en un régimen ordinario: ni permisos de fin de semana, ni permisos... Tendrán permisos ordinarios, pero, pese a estar en el último tramo de cumplimiento de condena, tampoco puedes salir a cumplir, puesto que, aunque consigas un trabajo, Daroca... pues, usted lo ha dicho, es que son dos las personas que han salido, dos, dos ofertas laborales. Yo entiendo que Daroca tampoco tiene mayor capacidad laboral, es lógico, tiene que estar en un centro industrial, en un sitio donde pueda haber un entorno que te facilite esa vía.
Las diferencias que decía entre Torrero y Huesca. Yo entiendo que son prisiones diferentes, son dos prisiones provinciales con una población reclusa totalmente diferente, estamos hablando de preventivos y de cumplimientos de penas cortas en las dos prisiones, y no estamos hablando de la prisión de Daroca, que son cumplimientos largos y que, encima, está totalmente desarraigada del entorno, está a ochenta y cinco kilómetros de Zaragoza, es la ciudad cercana más grande que hay. Entonces, son dos centros totalmente diferentes, con una población con necesidades diferentes.
Hay que partir de que las mínimas condiciones de higiene y de habitabilidad tiene que haberlas en todas ellas y de que hay un elemento común para la población, que sería principalmente las salidas a centros de cumplimiento, que se facilitan mucho más en una ciudad que en un pueblo; si es Zuera, está a veinte kilómetros o así, lo cual acerca al entorno pero dificulta la cuestión de acceder a un centro de tratamiento.
No sé si me dejo alguna cosa. Quiero agradecerle también el ofrecimiento, con este trasvase de información, que yo creo que va a ser interesante, puesto que, por parte de la dirección de la prisión, se nos ha cortado desde un principio. Incluso, antes de elaborar el informe, llevamos pidiendo entrevistas tanto con el director como con los subdirectores de una forma reiterada, llevamos prácticamente tres años. No ha habido posibilidad de comunicación.
También somos conscientes de que las inspecciones que ha habido a raíz de nuestras denuncias han mejorado el equipo de tratamiento. Cuando yo entré en contacto con la prisión, no había psicólogo; educadores, había uno por módulo; asistentes sociales, ahora hay cuatro más; el psicólogo, nadie lo conocía. En cuanto a asistencia médica, hay unas listas de espera para el dentista, como se decía, impresionantes; en la ciudad también las hay, de acuerdo, pero para cuestiones urgentes, como sería un dentista... Me refiero a que muchas cosas son mejorables y hay unas cosas básicas, como sería el tema de la toxicomanía o el tema de la cercanía, que son inevitables si queremos avanzar algo en este tema.
Es importante también trabajar con una red social que te permita el acceso tanto al centro de asistencia social como a los grupos de desintoxicación o a la red sanitaria, a la red de servicios sociales, que permita acoger al preso no únicamente como persona privada de libertad, sino como una persona con una problemática muy específica que viene de sus malas condiciones económicas anteriores y de su introducción en el medio de la droga, con unas condiciones específicas por las que necesita estar en este entorno, con una red social que apoya lo que es la prisión, no en un centro cerrado en sí mismo, sino que le ofrece revista, le ofrece taller, le ofrece...
Todos los cuerpos o las entidades que trabajan con la institución penitenciaria forman parte de Instituciones Penitenciarias, los profesores no dependen del MEC, dependen de la Dirección General, los médicos son de la Dirección General. Empezando por ahí, es una institución cerrada en sí misma, que imposibilita la comunicación. Este también es un elemento de debate que sería posterior.

El señor Presidente (MARION OSANZ): Muchas gracias.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular señora Fierro.

La señora Diputada FIERRO GASCA: Gracias, Presidente.
Bienvenidas de nuevo a esta Comisión, ya tuve oportunidad de recibir a alguna de ustedes el año pasado, en el mes de mayo concretamente. Y aquí nos encontramos de nuevo con una problemática que ya entonces nos parecía grave y, a la vez, interesante, puesto que nos traen inquietudes de un mundo oscuro, de un mundo triste, como es el mundo de la cárcel. Y también decía yo entonces, y lo repito ahora, que siempre debemos pensar: odia el delito y compadece al delincuente. Y, desde ese punto de vista de compasión y desde ese punto de vista de dignidad de la persona humana, es desde el que nos tenemos que centrar cuando estudiamos la problemática del preso.
Hace bastantes años, surgió en España, como en casi todos los países civilizados, el problema de la droga, y yo creo que ninguno le dimos entonces la importancia que hoy le estamos dando, ninguno pudimos valorar la problemática que iba a ocasionar en multitud de familias, en multitud de colectivos, las muertes de personas jóvenes -muchos de ellos, amigos nuestros, hijos de amigos nuestros- que habían caído en ese terrible mundo que iba a acabar con sus vidas. Yo tengo compañeros -soy licenciada en Derecho pero no ejerzo de abogada- que conocen bien la cárcel de Torrero, dicen que allí puedes comprar todo, como en todas las cárceles. Es decir, en relación con el problema de la droga, deberíamos haberlo cortado hace tiempo, ahora nos estamos encontrando con las terribles consecuencias que ha ocasionado.
El problema de los suicidios. Es cierto, es cierto que en la cárcel se suicida gente, pero también a los padres se les suicidan hijos, ténganlo en cuenta. Me dicen que no encuentran conveniente que tengan un preso de apoyo para evitar ese suicidio. ¿Qué fórmula podemos encontrar? Cuando ni siquiera unos padres pueden evitar el suicidio de un hijo, ¿qué fórmula podemos encontrar en una cárcel? Aportemos ideas, demos ideas. Yo entiendo que, si hay una buena relación entre dos presos y se puede realizar ese apoyo, se produzca, y esa buena relación humana se produzca entre dos personas que están sufriendo condena, por diferentes causas, evidentemente, pero puede haber una buena conexión o puede haber una buena receptividad, puede nacer una relación de amistad. Pienso que puede ser una medida adecuada.
Evidentemente, para ello estarán los psicólogos, que sí debe haber en los centros penitenciarios, en evitación de que estas situaciones se produzcan. Pero no nos engañemos, se producen los suicidios en todos los sitios y se producen los suicidios, por supuesto, en personas que han delinquido, que están viviendo en unas circunstancias, como ustedes decían, negativas para su vida, pero que las están viviendo porque han ocasionado unas circunstancias negativas para la sociedad. Realmente, todos debemos entender que la ley es para todos y que quien comete un delito debe pagarlo, si no, no estaríamos obrando justamente en relación con las personas que no delinquen.
También es cierto que debemos entender la serie de circunstancias que concurren en muchas personas: todos no hemos tenido el mismo ambiente familiar. Y, al hablar del ambiente familiar, quiero hilarlo también con la posibilidad de que el recluso, de que el interno, esté cerca, esté próximo a su familia. Y ésa es una de las pautas que yo siempre me marqué para criticar la macrocárcel de Zuera, porque entendía que Zuera, como bien decíais, está a quince kilómetros, concretamente, de Ontinar del Salz, que es el pueblecito más cercano a la cárcel, y que el preso se va a encontrar realmente aislado en medio del campo, dentro de una gran ciudad de reclusos, pero quizás sin el apoyo de la familia, incluso de los propios letrados, sin el difícil aporte de aquellas personas a las que les va a suponer un gran coste para sus economías familiares poder trasladarse a visitar a ese recluso.
De todos modos, es cierto que tampoco en eso podríamos generalizar, porque yo entiendo que hay veces en que es la propia familia también la que ha ocasionado ese ambiente que ha obligado a ese joven a delinquir, y, a lo mejor, esos casos sí que habría que estudiarlos uno por uno.
La problemática del trabajo. Decíais que sería bueno que estuvieran en un sitio donde tuvieran conocidos para que les diesen un contrato de trabajo. A veces, ocurre al contrario: somos humanos, todos nos conocemos, y si una persona está en una cárcel, en una ciudad como Zaragoza, y quiere trabajar, pues a lo mejor le interesa más que no conozcan que tiene un pasado recluso, porque, desgraciadamente, somos así y tenemos que estar juzgando las cosas con arreglo a los criterios que nosotros conocemos y entendemos.
Por eso, yo pienso que es bueno un acercamiento del recluso a su familia, que tenga la posibilidad de estar lo más cerca posible. Además, estáis viendo que el actual Ministro está tendiendo a realizar eso con los presos de ETA, que es un colectivo de presos importante y con una conflictividad diferente a la del resto de los demás. Por supuesto, es la teoría que se va a aplicar a todos, pero caso por caso.
Y lo mismo diría yo para el tema del trabajo. Es difícil encontrar trabajo para cualquier persona normal, con una preparación, con unos estudios, con unos conocimientos, de manera que a lo mejor nos podemos encontrar con que esa dificultad pueda ser mayor. Ahí tiene que actuar la Administración, ahí tienen que actuar también todas las personas, como ustedes, desde la asociación, que puedan aconsejarles, asesorarles y ayudarles.
Decíamos qué podíamos hacer en esta Comisión. Pues yo creo que los Grupos Parlamentarios que tenemos la suerte de tener parlamentarios nacionales podemos trasladarles estas inquietudes que nos han traído ustedes aquí, podemos trasladarles esa necesidad de que es probable que sea urgente y necesario que se realice una inspección en estos centros para que haya la mayor transparencia en estas circunstancias, para evitar, por supuesto, que se produzcan muertes, para evitar que se produzcan tratamientos indignos hacia las personas. El recluso debe tener las máximas garantías de respeto a su dignidad, como queremos para cualquiera de nosotros. Es preciso también, como no, abrir cauces de diálogo. Se ofrecía el portavoz del Grupo Socialista a abrir un diálogo con la cárcel de Daroca, yo me ofrezco para hacerlo con la cárcel de Torrero: mayor diálogo con los funcionarios.
Ustedes relatan aquí unos hechos. Yo los he contrastado, me han contado otras cosas que a mí me gustaría que les contasen también a ustedes. Por eso, entiendo que es bueno abrir el diálogo, es bueno que la cordialidad reine en todos los ámbitos de la vida. Y lo último que hay que hacer es llegar a los juzgados, porque allí no se solucionan los problemas, yo creo que se crea una problemática mucho mayor, es una experiencia un poco frustrante, aunque se salga absuelto del tema, y no conduce a solucionar el problema. Yo entiendo que la vía del diálogo, la vía del respeto y la vía de la cordialidad deben ser las principales.
Y, desde luego, me ofrezco, como portavoz, en este caso, de Grupo Parlamentario, como portavoz también ante funcionarios de prisiones, concretamente de la cárcel de Torrero, para que estudieis con ellos aquellas cosas que creais importantes para tener en cuenta y valoréis también lo que ellos os puedan decir.
Gracias.

El señor Presidente (MARION OSANZ): Gracias, señora Fierro.
¿Algunas cuestión queréis plantear? Brevemente.

La señora BARON JARQUES: Unicamente, dar de nuevo las gracias por la colaboración.
Sobre lo que ha comentado acerca de los programas antisuicidios, la verdad es que es un tema bastante difícil, lo que pasa es que consideramos que a lo mejor no está en la cárcel el sitio adecuado para las personas con trastornos psicológicos.
Existe una especie de pugna entre centros psiquiátricos o centros de apoyo a personas con trastornos de cualquier tipo en el ámbito psicológico y centros penitenciarios. En el caso, por ejemplo, de Miguel Angel, que comentaba antes mi compañero, no lo querían en ninguna unidad psiquiátrica, pero la cárcel también tenía miedo de tenerlo. Ahí hay un problema que a lo mejor debería solucionarse tendiendo un poco a potenciar lo que es el apoyo terapéutico a estas personas, a lo mejor en centros diferentes, en centros abiertos, con apoyo de personas especializadas. Porque, por ejemplo, en el caso de Miguel Angel, no sé si lo vio el psicólogo de la cárcel... no me acuerdo concretamente, pero vamos, que alguna visita le hizo pero no existía una terapia concreta para esa persona en ese momento.
En cuanto a lo de los presos de apoyo, he conocido casos de personas que en su expediente personal constaba que tenían tendencias depresivas y tendencias suicidas y que se habían puesto en la prisión como presos de apoyo a otro con tendencias depresivas. Todo es muy complicado, pero yo creo que hay que atender mucho al caso concreto, y, en situaciones especiales, medidas especiales.
No sé si mis compañeras quieren comentar algo más.

La señora AINSA PEREZ: Yo añadiría que me parecía bien, en relación con este asunto, la propuesta o la intervención que hacía Carmen Sánchez, de Izquierda Unida, referente a la red social normal, o sea, el miedo de la prisión a comunicarse con el exterior. Pero es que cualquier ciudadano puede estar en una situación de especial sujeción, como sería el caso de los presos; cualquier otro ciudadano en especial sujeción sería un militar, por ejemplo, o un soldado, que está en una relación especial con la Administración pero tiene acceso a la red social, tiene acceso a la red sanitaria y tiene acceso al resto del entorno. Entonces, ir abriendo esa vía.
Agradecemos la oferta de diálogo, de intermediación, que se hace para la prisión de Torrero.
Y también he querido entender que se ve problemática la creación o la puesta en marcha de la prisión de Zuera. Quisiera preguntar si podría aclarar un poco en qué términos está la situación, porque, claro, el único inconveniente que parece que se le pone a la prisión, o el único aspecto beneficioso, es que el preso queda más aislado de lo que es el pueblo. Un pueblo es muy pequeño, además, la asistente social va a llamar para decir: ¿qué tal va fulanito?, que es que soy de la prisión..., y es que está en libertad condicional... O está en tercer grado o... Quiero decir, anonimato, ninguno. Y, aparte, la práctica nos demuestra que las ofertas de trabajo las hacen amigos, a un preso no se le da, en el mercado laboral normal no encuentra un puesto de trabajo, será un amigo, un albañil, un...
Lo que pasa es que quiero entender que éste es el único aspecto favorable que se le veía a la prisión de Zuera. Entonces, ¿qué actitud va a tomar el Grupo Popular en relación con este tema?, también por informarnos.

El señor Presidente (MARION OSANZ): ¿Quiere contestar?

La señora Diputado FIERRO GASCA: Sí, Presidente, gracias.
Creo que el Grupo Popular se ha mantenido reiteradamente con una postura contraria a la construcción ya en su principio, ya en el año noventa y uno, de la macrocárcel de Zuera. Había muchas causas. Yo he intervenido en multitud de ocasiones, tanto en Zuera, como aquí, en las Cortes, como en la Comisión de Ordenación Territorial -la última vez-. Había muchas circunstancias. Primero: no nos gustan los macrocentros. Entendemos que los presos estarían mejor en unidades pequeñitas de doscientos cincuenta, como pide la Ley General Penitenciaria, como exige la Ley penitenciaria.
No nos gustaba tampoco la ubicación, incluso por tema de la zona, porque había habido un rechazo vecinal, porque entendíamos que era una zona en pleno apogeo turístico e industrial, y el instalar la cárcel podría suponer un freno para ello.
No estábamos de acuerdo porque considerábamos mucho más necesario que se construyera la cárcel de Huesca. Hace nueve años que el Ayuntamiento de Huesca había cedido terrenos para construirla y que se crease otro centro, por supuesto, en Zaragoza, en las proximidades de Zaragoza, cediendo, por supuesto, un terreno el Ayuntamiento. Entendíamos también que, al igual que denunció el Colegio de letrados de Huesca, para ellos iba a ser una pega el tener que trasladarse a atender a los reclusos a la cárcel de Zuera, puesto que, lógicamente, podrían ser más admitidos los de Zaragoza por estar más próximos a ella. Por supuesto, entendíamos que los reclusos -lo que os decía al principio-, además de que no es bueno que haya un gran número de reclusos -en principio se planeó para mil, puede que haya incluso hasta dos mil reclusos-, estaban alejados, por supuesto, de sus familiares.
Es decir, no ha habido sólo una causa, ha habido multitud de causas, que son las que al Grupo Parlamentario Popular, desde un principio, nos adujeron a estar en contra de la construcción de esta macrocárcel, y, en este momento -son las últimas noticias que tengo, estoy a la espera de lo que diga el Consejero de Ordenación Territorial, que va a comparecer este mes en la Comisión de Ordenación Territorial para hablarnos de la macrocárcel de Zuera, y, probablemente, también nos adelante algo el día 19, y eso lo digo como Presidenta de la Comisión Institucional, el Consejero de Presidencia sobre las conversaciones mantenidas en Madrid-, la realidad es que se está tratando de paralizar la macrocárcel de Zuera y se está tratando de buscar una utilización para lo que ya está construido, que ha supuesto, además, un aporte de siete mil millones a Aragón. Y, claro, tampoco se puede desaprovechar eso, no queremos que sea cárcel pero sí queremos darle una solución alternativa, una utilización alternativa para que ese dinero no se quede tampoco ahí tirado.
La realidad es que en este momento está en una situación -digamos- paralizada, a la espera de una contestación más radical, pero en línea de que no se abra Zuera.

El señor Presidente (MARION OSANZ): Muchas gracias, señora Fierro.
No estaba previsto abrir un debate sobre la macrocárcel de Zuera. Yo les recuerdo que, si quieren contestar a alguna pregunta, disponen de dos minutos para poder hacerlo.

La señora AINSA PEREZ: Otra cuestión en relación con las competencias sería saber la actitud del Grupo Popular en este sentido.

La señora Diputada FIERRO GASCA: En las competencias, por supuesto, apoyamos desde el principio también la reforma del Estatuto, que en este momento ya se ha tomado en consideración por segunda vez en el Congreso de los Diputados.

El señor Presidente (MARION OSANZ): Muchas gracias, señoras comparecientes.
Creo que ha sido una comparecencia muy ilustrativa y muy importante para los que, de alguna manera, no tenemos acceso, o no tenemos ocasión, o interés también -por qué no- para acercarnos a este colectivo de presos. Se ha mencionado por parte de alguien, y yo propondré, como Presidente de la Comisión, que en otoño podamos hacer una visita a la cárcel de Daroca y otra a la de Torrero. Muchísimas gracias.