Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

Interpelación núm. 112/16, relativa a las políticas de atención de la dependencia.

La señora diputada BELLA RANDO: Gracias, presidenta.

Señora consejera, interpelamos hoy a su Gobierno porque la atención a las personas en situación de dependencia en Aragón están teniendo un desarrollo muy lento y de manera muy preocupante, por debajo de la media estatal. Más de diez puntos por debajo. Según los datos de agosto, un 41,8% de lista de espera frente al 30% de la media estatal.

Tras nueve años de desarrollo de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en España hay un millón ciento ochenta mil cuatrocientos treinta y cinco personas valoradas como dependientes y que necesitan apoyo para realizar actividades básicas de la vida diaria porque no pueden valerse solas; el informe del Observatorio revela que uno de cada tres dependientes reconocidos en España no recibe prestación o servicio alguno; son, en total, trescientas ochenta y cuatro mil trescientas veintiséis personas que no reciben nada de nada. Además, el dictamen denuncia que más de ciento veinticinco mil personas han muerto en los últimos cuatro años mientras esperaban recibir estos apoyos, servicios y prestaciones. Y nuestra comunidad aragonesa suspende, otra vez más, porque tenemos casi catorce mil dependientes que están en lista de espera.

Y es cierto que ha habido un avance político si lo comparamos con la anterior legislatura, claro, porque el Gobierno del Partido Popular produjo un abandono casi completo a los dependientes en Aragón. La herencia de Rudi y del señor Oliván en la gestión de la dependencia dejó, entre julio de 2014 y junio de 2015, a siete mil seiscientas setenta personas desatendidas, a pesar de haber tenido reconocido el derecho. Y en junio de 2015 se inició una nueva etapa política en Aragón que abrió una puerta a la esperanza, es cierto.

Es cierto que fue una buena noticia el reconocimiento del IASS de algunos derechos, en concordancia con los recursos de alzada presentados por el Espacio de información, promoción y defensa de los derechos sociales. Es cierto que se están aplicando ya algunos nuevos servicios previstos en la ley referidos a la promoción de la autonomía personal.

Casi nueve años después de entrar en vigor la ley, aparecen tímidamente en las estadísticas del IMSERSO los primeros dependientes disfrutando de mayor grado de teleasistencia, de ayuda a domicilio, de promoción y de prevención. Sí, sé que usted me va a decir que son dos mil doscientos cuarenta y cuatro beneficiarios más con respecto a 2015, pero representan solo una gota de agua en el océano de los dependientes que reciben alguna prestación en Aragón y que, desgraciadamente, son solo el 56% o 57% de los aragoneses dependientes, según miremos la estadística de julio o del mes de agosto. Eran siete mil seiscientas setenta personas y ahora son trece mil setecientas treinta y ocho personas en la lista de espera. Es decir, señora consejera, el retraso que dejo el PP no solo no se ha remontado, sino que se ha incrementado, y la gente sigue esperando y pasándolo mal.

Ustedes han tomado del Partido Popular ese mito de que la atención a la dependencia es solo un problema de gasto social, y se les olvidan dos cosas cruciales: primera, que esta es una cuestión de derechos humanos en absoluto negociables y, segunda, que en comunidades autónomas como Aragón tenemos una oportunidad de sincronizar necesidades de nuestra población envejecida con las necesidades de creación de empleo estable en el sector servicios para el bienestar y cuidados de las personas, empleo con valor social, un empleo que será mayoritariamente femenino, fijación de la población en el territorio y mejora del bienestar social de la gente. Esta sí que es una inversión, esta sí que es una inversión mucho menos espectacular que las que les gusta vender a usted en la tele, pero, desde luego, mucho más eficaz.

La ley garantiza el derecho subjetivo a los servicios a la dependencia, y, cuando estos no se pueden ofrecer en el sistema público (en la teleasistencia, en los centros de día, en las plazas residenciales), se ofrecen de modo extraordinario las prestaciones económicas, o bien vinculadas al servicio en plazas residenciales o bien para cubrir los cuidados en el entorno familiar. Y todo ello, precisamente, es lo que primero recortaron en abril de este año, con 4,4 millones destinados a las comarcas. Espero que sea también para estos asuntos.

Todo ello es un maremágnum de expedientes, demoras y frustraciones, y lo cierto es que, mientras no se reduzca la lista de espera y no se ofrezca atención pública a la dependencia, la cosa va mal, muy mal.

Porque sí que es cierto que han aumentado en global las ayudas para los cuidadores que usted ha mencionado en la anterior intervención, seguramente han aumentado porque se han cumplido ya los dos años de suspensión decretados en julio de 2012 por el Gobierno del Partido Popular y del Gobierno Rajoy. Pero corremos el riesgo de ir feminizando cada vez más la dependencia, a no ser que encontremos verdaderamente un nicho de empleo que dignifique y que profesionalice el cuidado de las personas.

Sabemos el grave problema del envejecimiento de la población aragonesa. Todo ello va en aumento, lo sabemos todo el mundo, y es previsible que en los próximos años crezca aún más el número de personas que el Gobierno de Aragón tiene que atender por ley, por ética, por política y por dignidad.

El Gobierno de Aragón tiene la obligación de cuidar y de atender a estas personas, y este Gobierno no está actuando para ello. La lista de espera se reduce tan lentamente, tan lentamente (de diciembre a marzo, un 22,6%), que está claramente estancada en los catorce mil que ya reconoció el gerente del IASS hablando de esos catorce mil aragoneses que están en el llamado limbo de la dependencia. Pero lo más grave es que, si echamos cálculos y cuentas, a esta velocidad de crucero, a esta velocidad de reducción, serían necesarios casi veinte años para hacer desaparecer o liquidar esta lista de espera, siempre que el ritmo de incorporaciones no aumente, como es previsible. ¿Esta es la garantía de derechos que el Partido Socialista hace, una garantía de derechos a diecisiete o a veinte años?

Por otro lado, el dictamen 2016 del Observatorio recoge que la culminación de todos estos procesos se sitúa en un momento crucial, y propone la necesidad de un pacto de Estado que replantee el modelo de financiación y que eso sea debatido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y mientras esto se dice, ¿qué hace su Gobierno? Quitar diez millones, quitar diez millones de la dependencia y recortar al igual que hacia el PP.

Pese al esfuerzo mediático que ha realizado su departamento en los anteriores días, saliendo en prensa y anunciando la famosa puesta en marcha del plan de dependencia en grado 1 tras las experiencias piloto de Barbastro y de Borja, hemos de recordarle que esto se tenía que haber puesto en marcha ya en junio de 2015. Y ustedes han quitado diez millones a las personas dependientes, que siguen estando en lista de espera con más dolor, mas sufrimiento y más desesperación. ¿Es necesario provocar tanto dolor y tanta vulneración de derechos?

Y todo esto por no mencionar el recorte del presupuesto a las comarcas, que solo recibirán 4,5 millones en lugar de los nueve que prometió Guillén.

Bien —y voy finalizando—, el pasado 17 de octubre, en la Comisión de Hacienda, se aprobó, con la abstención de casi todos los grupos excepto el proponente, una modificación presupuestaria para reforzar la partida destinada al ingreso aragonés de inserción con diez millones quinientos setenta mil euros provenientes de la atención a la dependencia. Y lo mejor de todo fue la explicación que se dio desde su departamento y desde el de Hacienda, diciendo que estos dineros eran para pagar los retrasos por sentencias judiciales, y, como se había hecho un cálculo y una proyección del resto del año, como el pago de estos retrasos iba a ser menor que lo que se había calculado, estos 10,5 millones se iban a quedar sin ejecutar, sin ejecutar. Pero, ¿cómo es posible? ¿No saben que también son atrasos los dineros y servicios que se les deben a catorce mil personas en lista de espera en esta comunidad aragonesa?

Desde luego, no tenían mucho que hacer para poner en marcha esta partida presupuestaria de los setenta y siete millones, no tenían que hacer ningún esfuerzo jurídico ni contable para gestionarla en su totalidad.

Han rascado dinero de campañas institucionales y medios de difusión, ¿y nos dicen hoy que son incapaces de mantener los presupuestos para la dependencia?

Efectivamente deberían estar pensando en pagar nada de nada. Un abandono total a una muerte anunciada.

Nada más. [Aplausos.]

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Bella.

Señora consejera, tiene usted la palabra.

La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidenta.

Señora Bella, si algo ha tenido claro esta consejera ha sido que había que dar, nada más llegar al Gobierno, una respuesta a la emergencia, y eso es lo que hemos hecho pagando inmediatamente a todas las personas con derecho al ingreso aragonés de inserción y dar la vuelta a la aplicación de la ley de dependencia. La ley de dependencia, una ley aprobada en un Gobierno socialista, en la que creemos firmemente, siempre hemos creído en ella, porque es ampliar los derechos subjetivos de ciudadanía y un gran avance, el mayor avance en políticas sociales en ese cuarto pilar del Estado del bienestar.

Porque, fíjese, en los servicios sociales no hay ninguna otra ley estatal que la ley de dependencia. Y, por lo tanto, mire, me puede explicar ahora lo importante que son los derechos de las personas, se lo agradezco mucho, pero no me lo tiene que explicar porque lo tengo clarísimo. Tengo clarísimo, he denunciado mil veces el desmantelamiento que ha habido en esta comunidad en cuanto a la aplicación de la ley de dependencia, y creo en ella.

Y, fíjese, el Parlamento no empieza cuando usted llegó aquí, hay una historia; el Gobierno tampoco. Mire, en el Gobierno en el que dirigió los servicios sociales la consejera Fernández, el incremento y la aplicación de la ley de dependencia hacía que esta comunidad fuera pionera, y lo era porque creíamos en ese derecho, pero también porque me parece que es muy importante que apliquemos la ley y que la sociedad sea consciente, que este derecho que plantea a ley de dependencia sea un derecho asumido por la sociedad.

Y yo he dicho muchas veces: no me quedaré tranquila hasta que la sociedad no se escandalice tanto de una persona dependiente que tiene derecho a reconocer su prestación como de un alumno que no se escolarice. En eso estamos avanzando, señora Bella, y no ha sido fácil, le aseguro que no ha sido fácil invertir la situación que tenemos.

Hablaba usted de ese Decreto de 2012, del 13 de julio de 2012, que supuso reducir un 15% el presupuesto de la dependencia a nivel del Estado, que ya se había reducido antes en doscientos ochenta y tres millones; se elimina el nivel acordado, en el nivel mínimo no se tiene en cuenta la dispersión de la población, con lo cual la financiación es diferente; se elimina —lo decíamos esta mañana— la seguridad social de los cuidadores; se plantea el copago; se incrementan los seis meses que tenía para tramitarse a dos años...

Nos encontramos con una situación muy difícil, muy difícil. Pero le aseguro, y usted lo ve... ¡Si es que lo ha dicho!, que le gustaría hacer más: a mí también, a nosotros también, a este Gobierno también. Pero hemos hecho un esfuerzo que, si lee usted..., porque usted ha leído del Observatorio y del informe de la Asociación de Directores y Gerentes lo que le ha parecido oportuno, que es lo que tiene que hacer, pero si usted lee el informe, usted ha visto también lo que valora los progresos que se han hecho en materia de dependencia en esta comunidad autónoma en poco más de un año. Fíjese, la creación —eso lo dice también el informe— de cuatrocientos puestos de trabajo, ¡fíjese si es importante!

Por supuesto que los servicios sociales y la dependencia son una inversión, una inversión social y una inversión en puestos de trabajo, y hemos hecho un esfuerzo a todos los niveles, un esfuerzo en la contratación y organización de los efectivos personales que, como le digo, ha sido complicado, nos encontramos con una situación de desmantelamiento en todo.

¿Qué hemos hecho más? Pues lo que hemos hecho es desarrollar todas las prestaciones del catálogo de la dependencia, que no estaban desarrolladas todas las prestaciones.

La promoción de la autonomía personal —hablaba usted casi como riéndose—, ¿no le parece importante? ¿No le parece importante que atendamos a las personas de grado 1, que se paralizó además?

¿Que nos ha costado? Claro que cuesta, claro que cuesta poner en marcha eso y tramitar y todo lo que significa, porque aquí no es levantar la mano y ponemos en marcha una prestación. Claro que cuesta, pero es importante, y la hemos puesto en marcha en dos centros y la vamos a poner en marcha, en este mes precisamente, en dieciocho.

La teleasistencia, no estaba puesta en marcha la teleasistencia como un servicio de la dependencia y la hemos puesto como una prestación complementaria a otros servicios, excepto en el residencial, y me parece muy importante. Y la ayuda a domicilio. Y las dos las hemos hecho con una encomienda de gestión a las entidades locales.

Por eso, cuando usted me hablaba del recorte para las comarcas, le voy a decir: es que las comarcas son fundamentales y nuestro cimiento fundamental en el territorio para, precisamente, poner en marcha la ley de dependencia.

Hemos seguido, lógicamente, con las estancias nocturnas y diurnas y de alojamiento permanente o temporal.

Y en cuanto a las prestaciones económicas, estaba ya desarrollada la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, las prestaciones económicas vinculadas al servicio, y hemos puesto también en marcha la prestación de asistencia personal.

Con esto, ¿qué hemos hecho? Pues, con esto, lo que hemos hecho es desarrollar todo el catálogo, que no estaba desarrollado. O sea, hemos hecho un avance importantísimo en este sentido.

Y lo hemos hecho, y fíjese, además, logrando algo que es importante: en este momento tenemos más personas que reciben servicios, el 51,62%, y el resto, prestación económica. Y hemos tratado de que haya personas beneficiarias con prestación, más personas beneficiarias, frente al colectivo de personas con derecho a recibir la prestación.

Por cierto, le voy a mejorar sus datos, le voy a mejorar sus datos y le voy a decir: no tenemos en este momento los datos de octubre, pero sé que van a ser mejores, sé que van a ser mejores porque cada mes estamos superando el número de personas que estamos atendiendo.

Fíjese, decía usted —me hablaba de cifras—, en este momento son menos de trece mil las personas que estamos esperando. ¿Estoy satisfecha? No. Pero también me parece importante, y usted decía una cosa en la que, desde luego, le tiendo la mano, ese pacto importantísimo por la dependencia. Porque, fíjese, cuando el Partido Popular llega al Gobierno, hace una evaluación de la ley de dependencia, y, en esa evaluación de la ley de dependencia, en vez de tratar de ver qué aspectos se pueden mejorar de la ley de dependencia y cómo se puede aplicar de una manera diferente, lo que hace es hacer una evaluación con un interés, simplemente, de llegar a un ahorro y de anteponer el cumplimiento del déficit a los derechos de las personas, y ese es el problema que se tuvo con los recortes que se llevaron a cabo.

Hemos mejorado los procesos de gestión, pero también, aparte de todo esto que le estoy diciendo, creo que hay dos órdenes que son muy importantes, muy importantes en cuanto a la aplicación de la ley de dependencia: una Orden del 25 de mayo del 2016 que modifica la del 16 de abril del 2015, por la que se regula el régimen de acceso y adjudicación de plazas de servicio de estancia diurna asistencial, diurna ocupacional y alojamiento ofertados por el Gobierno de Aragón (ahí, lo que modificamos es que simplificamos la tramitación: antes tenían que hacer una tramitación absolutamente engorrosa y ahora, simplemente, les pedimos una declaración responsable única de renta y patrimonio y eliminamos la complejidad que había en la anterior, y se modifica la Orden de participación en el coste de atención residencial, quedando en el 80% de los ingresos per cápita, en el caso de una residencia, y en el 25% en los centros de día), esa yo creo que es una orden fundamental e importantísima, y, por otra parte, hay otra orden que modificamos, que son las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia y la capacidad económica de los beneficiarios, que establece la fórmula para el cálculo de la participación de las personas en situación de dependencia, y planteamos que el coste de ayuda a domicilio sea gratuito en los primeros tramos para cada uno de los grados, que nos parece que es fundamental para ampliar el número de personas que tienen atención en la dependencia.

Mire, señora Bella, en la última legislatura se perdieron siete mil seiscientas noventa y una personas, pero es que fíjese las que se hubieran perdido, porque cada día se perdían cinco más.

Hasta ahora, con los datos de principios de octubre (me faltan los datos de octubre), hemos incrementado en... [corte automático del sonido]... personas más, señoría. Creo que vamos avanzando.

Me gustaría que fuéramos capaces, entre todos, de lograr que el Gobierno de España cumpliera con su compromiso de financiación, porque en este caso ya no habría ningún dependiente por atender en Aragón. [Aplausos.]

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.

Señora Bella, tiene usted la palabra.

La señora diputada BELLA RANDO: Gracias, señora consejera.

Efectivamente, había que desarrollar el Catálogo de servicios sociales, como venía marcado por ley, y poner en marcha algunas cuestiones, como la teleasistencia, que no se habían puesto en marcha.

No estoy diciendo que su departamento no haya hecho nada, le estoy diciendo que no responde a la lista de espera, al incremento de la lista de espera, y por qué 10,5 millones van a quedarse sin ejecutar. Esto es lo que nos parece una tomadura de pelo: no considerar atrasos a catorce mil personas que están esperando que se les reconozca la prestación y poder cobrar ese dinero y que puedan garantizar tener una mayor calidad de vida, y esto consideramos en Podemos Aragón que es una obligación moral de todas las personas que estamos ejerciendo la política.

La ley de dependencia está hecha, precisamente, y usted lo sabe, para profesionalizar los servicios de dependencia, y no para precarizar aún más las condiciones de vida de la gente.

Y, claro, lo que aquí hablamos —usted lo ha mencionado también comparándolo con la educación—, yo me pregunto: ¿se le puede decir a un estudiante «espérate, chaval, que no hay plaza, ya veremos al año que viene»? Esto ni lo pensamos, ni se nos pasa por la cabeza, ni se nos ocurre, ni lo cuestionamos. Del mismo modo, tiene que ser impensable y no se le puede decir a un dependiente, a una persona dependiente: «anda, anda, si es que puedes andar, espérate al año que viene o al otro o al otro o hasta el año 2017 o veinte años más, y tranquilidad, que ya estás en una lista» ¿En qué lista, en la de Schindler o en la otra? Porque, entre tanto, puede que estas personas mueran.

Uno de los argumentos principales de su departamento ha sido, y lo ha mencionado aquí, el incremento de los beneficiarios, pero no de las prestaciones (de ello no ha dicho nada), y además el incremento de servicios. Por supuesto que es bueno que se pongan en marcha dieciocho unidades nuevas de ayuda a la autonomía, pero, señorías, piensen un poco, de lo que estamos hablando aquí es de una lista de espera feroz, y necesitamos poner en marcha o necesita su Gobierno poner en marcha, y eso es lo que Podemos Aragón venimos a exigirle aquí, poner en marcha de manera urgente medidas que atajen esta lista de espera, porque, si no, dentro de diecisiete o de veinte años o, bueno, según los últimos datos, como es cierto que no están los datos de octubre y, sorprendentemente, tampoco están los datos de septiembre... [la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Sra. BROTO COSCULLUELA, se manifiesta desde su escaño en los siguientes términos: «están»]..., habrán salido ayer, pues los de octubre faltan, a ciento cuarenta personas por prestación, nos colocaríamos que rebajaríamos un poco la cantidad: igual con ocho años de demora conseguiríamos liquidar esta lista de espera.

Se necesitan medidas urgentes, y el Observatorio de la Dependencia lo dice, un 30% de las personas morirán si no reciben apoyo, asistencia, servicios y prestaciones. ¿Y qué está pasando?, es lo que le pregunto. ¿Será por dinero? Dinero hay, pero no es un dinero que nos podamos ahorrar a costa de no dárselo a los dependientes que lo están esperando. Y no es de recibo que juguemos con la miseria y el reparto de la miseria, enfrentando necesidades entre los que tienen derecho a cobrar el IAI por ley y porque es un derecho esencial y los que tienen derecho, las personas dependientes, a recibir también el cuidado institucional que se merecen. No se trata de una guerra entre pobres y dependientes ni entre urbanos y rurales, no vamos a enfrentar a la gente de bien; la gente tiene necesidades económicas y tiene derechos reconocidos y eso es lo que tenemos que hacer.

Desconocemos, para finalizar, y quizás usted podría responder, ya que no ha respondido a otras preguntas, lo que podría llamarse la tasa de reposición, es decir, cuántos dependientes mueren al año y cuántos dependientes calcula que morirán al año con la velocidad de crucero que este Gobierno está teniendo en el pago de las prestaciones. ¿Va su departamento a hacer algo más que racanear el presupuesto a la dependencia para garantizar una vida digna a las personas dependientes? [Aplausos.]

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Bella.

Señora consejera, tiene usted la palabra.

La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO COSCULLUELA): Señora Bella, la verdad es que esperaba de su intervención una cierta complicidad, y me voy a explicar.

Si estamos de acuerdo usted y yo, que somos personas progresistas y de izquierdas y que anteponemos las personas por encima de todo, yo creo que una cuestión que sería importante es que nos uniéramos en una reivindicación clara ante el Gobierno de España para decirle: queremos un pacto por la dependencia, por la aplicación de la ley de dependencia; pero, además de que queremos un pacto por la aplicación de la ley de dependencia, queremos que se cumpla la ley de financiación de la ley de dependencia.

Fíjese, en el año 2015 tuvimos que hacer la justificación al Gobierno de España de cuánto habíamos gastado en dependencia para justificar la subvención que recibíamos: del Gobierno de España, en 2015, recibimos treinta y un millones, nos gastamos ciento ochenta y ocho, es decir un 16,6%. Si hubiéramos recibido esos sesenta millones más no habría lista de espera.

Por eso, eso es lo que le pido, señora Bella, le pido, sí, desde luego, que impulse, que me pida, que me obligue, que me diga, en nombre de los aragoneses, que hay que cumplir la ley de dependencia, que los dependientes tienen que tener la prestación, pero también le pediría el apoyo en ese sentido, el apoyo para pedirle al Gobierno de España esa necesidad de financiación que Aragón necesita.

Porque yo estoy de acuerdo con usted: solo nos sentiremos tranquilos cuando la ley de dependencia se aplique con los mismos criterios de derechos subjetivos, de ciudadanía, que la escolarización de los alumnos, claro que sí. Pero eso no lo podemos hacer solos, y por eso le pido la ayuda, le pido la ayuda para hacerlo conjuntamente, le pido la ayuda para que tengamos un presupuesto en Aragón para poder seguir avanzando en la ley de dependencia y para que le exijamos al Gobierno de Madrid, para que le exijamos al Gobierno de España esa corresponsabilidad, que es la que le plantea la ley.

Y sin teles y sin nada. Mire, a mí, la tele creo que me gusta menos que a ustedes, porque, entre otras cosas, como tengo tanto trabajo, tengo bastante poco tiempo para salir en los medios de comunicación.

Mire, ese pacto de Estado es absolutamente necesario, porque no pueden morir las personas sin la prestación; en eso, estoy de acuerdo. Las personas tienen que recibir las prestaciones de la dependencia, las que les reconoce la ley.

Y, mire, le decía que hemos reducido mucho el limbo de la dependencia, en más de dos mil personas; tenemos dos mil ochocientas sesenta y ocho personas más atendidas desde que gobernamos. Pero una cosa que me parece muy importante: en este momento estamos valorando a más personas, por eso es posible que se incremente ese número. ¿Pero sabe por qué?, ¿sabe por qué? Lo mismo que ocurre con el ingreso aragonés de inserción: porque hay muchas más personas que solicitan la ayuda de la dependencia, porque saben que hay posibilidades de tenerla, como pasa con el ingreso aragonés de inserción. Porque antes, y lo puede preguntar usted a los centros de servicios sociales, la gente ya decía: «es que ni la solicito, porque como no me la van a dar...». Y esa es la situación que tenemos en este momento.

Y, mire, le decía que hemos invertido las prestaciones económicas frente a los servicios, pero es que hemos incrementado en un 18% el número de plazas en centros de día, en un 10% el número de plazas residenciales, en un 11% las prestaciones vinculadas al servicio; hemos puesto en el servicio de ayuda a domicilio, que le decía que es una prestación que hemos puesto en marcha nosotros, quinientas personas, y con estos servicios hemos creado cuatrocientos puestos de trabajo.

En lo que me decía usted de la deuda de los diez millones, es que no ha entendido usted la situación: los diez millones no son la deuda que nosotros tenemos con los dependientes que no hemos atendido, no es eso. Cuando nosotros recibimos el documento de transferencias del Gobierno anterior y cuando nosotros recibimos el informe de la Cámara de Cuentas, se nos dice que, entre los dos ejercicios presupuestarios, se debían cuarenta millones de euros de retrasos. La realidad ha sido que, en el presupuesto del 2015 y 2016, hemos, de alguna manera, retenido ese presupuesto para pagar los retrasos, y la realidad ha sido que esos retrasos reconocidos, no los retrasos de las personas que no se están atendiendo, han sido menores, y, por lo tanto, hemos tenido la posibilidad de hacer esa modificación presupuestaria para pagar el ingreso aragonés de inserción, dicho sea de paso.

Que también le digo, señora Bella, el ingreso aragonés de inserción de cualquier manera se hubiera pagado, porque este Gobierno y esta consejera siempre han dicho que era un crédito ampliable y un derecho subjetivo que no puede estar condicionado a la disponibilidad presupuestaria.

Muchas gracias. [Aplausos.]

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.