Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

El señor DIPUTADO (BURRIEL BORQUE): Señor Presidente, señoras Diputadas, señores Diputados.
No me voy a ir por las ramas. Dentro de aproximadamente una hora se puede cometer un delito de exocentralismo, y este Gobierno, el de la Diputación General de Aragón, y esta Cámara y todos nosotros creo que deberíamos dar una respuesta.
Nuestro Grupo, señoras Diputadas y señores Diputados, presentó esta Interpelación, y creo que es bastante fácil de explicar porque nos encontramos en las Comunidades Autónomas, y en particular en la nuestra, en un encrucijada. La presentó porque nos gusta la claridad, porque queremos saber a qué se juega, queremos saber qué se opina, queremos saber dónde estamos cada uno de nosotros, y porque queremos, fundamentalmente, que los ciudadanos sepan cuál es la posición de verdad, la posición real que cada uno de nosotros mantenemos.
Pero vamos a ir a la situación. Todos ustedes son conscientes de que la reforma estatutaria es indispensable, de que el proceso autonómico, que se inició con el proceso democrático, ha alcanzado, en lo que se refiere a las Comunidades que tenemos Estatuto aprobado por la vía del 143 de la Constitución, ha llegado a un límite, y es indispensable avanzar si no queremos que ese proceso estatutario, que ese proceso autonómico se vea claramente bloqueado. Yo creo que esto es reconocido por todos: es reconocido, y así se dice, por partidos políticos; los ciudadanos y los medios de comunicación lo reconocen, y, también, se reconoce en opiniones políticas. Posiblemente, desde el punto de vista de lo que es hoy la política constitucional, hay pocos temas que sean más indiscutibles teóricamente a la hora de ponerlos encima de la mesa. Es indispensable abordar el proceso de desarrollo autonómico; dicho de otra manera: de reforma estatutaria.
Por otro lado, las previsiones contenidas en la Constitución y en el Estatuto permiten, sin lugar a dudas, que este proceso pueda ponerse en funcionamiento. No hay ningún obstáculo jurídico; no hay ningún obstáculo social; hay, al parecer, razones de fondo, una y varias, para que abordemos el tema. Por tanto, es un tema que debe y puede ser abordado.
¿Qué es lo que pasa?, ¿qué es lo que está pasando? Hace pocas fechas, cuando nosotros presentábamos esta Interpelación, creo que a principios del presente mes -y esta vez las circunstancias han permitido que tengamos la oportunidad de verla en un momento; perdóneseme la redundancia: oportuno, desde el punto de vista político-, se nos informaba de que el Partido Socialista y el Partido Popular habían suscrito un pacto llamado autonómico. Yo tengo aquí el texto de ese pacto y, con seguridad, todas Sus Señorías, de una manera u otra, incluso en toda su extensión, lo conocen. Un pacto que se hace exclusivamente entre dos formaciones políticas nacionales, con expresa exclusión inicial no sólo de otros partidos políticos, sino sobre todo y fundamentalmente de las Comunidades Autónomas y sus órganos representativos. Y hablamos de autonomía y autogobierno, pero ¿qué significa autonomía y autogobierno?: capacidad de participación de las autonomías de las Comunidades Autónomas. Se hace con expresa exclusión, y además en su contenido se recogen una serie de propuestas que, desde el punto de vista de la declaración política e incluso de los contenidos materiales, se alejan de lo que cualquier tratadista mínimamente serio estaría dispuesto a entender como reforma estatutaria. En este texto, como todas Sus Señorías saben, se nos dicen cosas como que esto ultima, de acuerdo con las previsiones del Título VIII de la Constitución, el desarrollo y funcionamiento del Estado autonómico en su conjunto. Se nos dice, como expresaba hace un momento, que los partidos firmantes, en todo caso, se comprometen, una vez suscrito, a defenderlo por encima de cualquier circunstancia, en sus propias Comunidades Autónomas. No se pide a los partidos que en las Comunidades Autónomas también participen en el debate y sean las propias Comunidades las que opinen y tomen decisiones; no. Los partidos firmantes son los que trasladarán, sin ninguna modificación, expresamente los contenidos literales de este acuerdo.
En este acuerdo -y no seré muy exhaustivo- se recoge la ampliación de una serie de competencias. Por cierto, faltan incluso algunas que figuraban en aquel famoso catálogo de las treinta y tres; las de ordenación, de ahorro, por ejemplo, no están incluidas; sin embargo, estaban en la primera propuesta que se nos trasladó. En educación, todos aquí pedimos permanentemente -todos los que creemos en la posibilidad de que el pacto autonómico y el desarrollo autonómico se lleven adelante, los que estamos demandando que esa transferencia la tengamos todos nosotros- que la transferencia de educación se haga, y se haga seriamente y con la rapidez precisa, desde el punto de vista técnico, porque es indispensable para poder hablar de autonomía; los plazos de transferencia de educación, en este acuerdo autonómico, se dilatan más allá incluso de lo que estaba previsto, al parecer, en conversaciones anteriores o en propuestas del Gobierno central.
Explíquenme por qué se retiran las competencias de sanidad del pacto autonómico, aunque parece ser que, en una última modificación, se posponen, y yo creo que tampoco hay razones, desde luego políticas; las razones para que la transferencia se ejecute en un momento determinado son de otro tipo, que pueden ponerse en funcionamiento en el momento preciso, pero no hay razón para que a las Comunidades Autónomas se les prive de la capacidad para gestionar competencias que la Constitución admite como gestionables desde esas Comunidades Autónomas.
Pero es más grave, es más grave: estas competencias de las que aquí hablamos se dan a las Comunidades no por derecho propio, sino por delegación: "Doy lo mío para que, por delegación, usted lo tenga"". Y es verdad; se dice: una vez hecho esto, procederemos a la reforma, es decir, incorporaremos a los textos jurídicos el contenido de estas competencias; pero, eso sí, que quede claro: sólo el contenido de estas competencias. Esa será la reforma de los Estatutos. ¿Dónde están las reformas de contenido institucional, indispensables si queremos hablar de reforma?, ¿dónde están? No solamente no están, sino que expresamente, y en conversaciones posteriores, se van excluyendo.
En definitiva, porque creo que son cuestiones que todas Sus Señorías en la forma y en el fondo conocen y saben, se nos presenta un acuerdo autonómico, un llamado pacto autonómico que en la práctica y en la teoría no es simplemente un sucedáneo, sino que es un instrumento para conformar el desarrollo autonómico de este país de una forma centralista, de una forma reducida y de una forma que dista mucho de las perspectivas y de las necesidades que hoy, desde muchas instancias, se están demandando. Y es preciso que las cosas se sepan: qué posición tenemos en Aragón, qué posición tienen los partidos políticos con presencia en Aragón en relación con este tema. Porque las opiniones han sido muy diversas y es hora también de que nos aclaremos.
En el discurso de investidura del señor Presidente hay un compromiso expreso, que supongo que afecta a los partidos que integran ese Gobierno y que lo sustentan en esta Cámara, para la reforma del Estatuto, entendiendo por reforma -dicho también, aunque cito de memoria, por el propio Presidente en ese momento- no sólo la ampliación de competencias, sino las reformas institucionales e incluso financieras. Es obvio que en la intervención que nosotros hicimos en ese momento apoyamos esa propuesta, reiteramos lo que es posición permanente de Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida; reiteramos esa posición y, es más, señalamos que Izquierda Unida se opone a un acuerdo nacional que intente marear la perdiz, que intente evitar el desarrollo autonómico, no avanzar en el proceso necesario de reforma estatutaria; se opone a ese acuerdo, pero no al acuerdo que parta de la voluntad inicial, de la voluntad básica, que parta del principio de la coordinación de la reforma estatutaria para llevar a cabo un proceso ordenado, común, donde todos, todas las Comunidades participemos.
Si no me falla la memoria, y les aseguro que no me falla, entre otras cosas porque aquí tengo papeles, el Partido Socialista, en Aragón, también en ese debate de investidura, comprometió su posición a favor de la reforma del Estatuto. Durante la campaña electoral, y a través de máximos representantes, se apoyó la reforma del Estatuto, y hace falta tener memoria, hace falta de vez en cuando acudir a las hemerotecas y a los lugares donde las cosas se dicen. "Guerra apoya la reforma del Estatuto"": 23 de mayo del noventa y uno, en plena campaña electoral. Esto está en cualquier hemeroteca. Pero debe saberse si ésta es la posición, por lo tanto, que el Partido Socialista sustenta en esta Cámara, la posición con la que todos los aragoneses podemos iniciar o no iniciar un proceso de reforma estatutario. A mí me sorprende, sinceramente, señores del Gobierno y señora del Gobierno, que, cuando se pone en marcha el pacto autonómico, cuando se anuncia que se va a suscribir este pacto entre el PSOE y el PP, en ese momento el Gobierno no diga nada, ni una sola palabra. Los partidos del Gobierno dicen de vez en cuando alguna cosa, y algunas evidencian tensiones y contradicciones -perdónenme que lo diga así, pero yo creo que debe hablarse con total claridad- tanto entre los dos partidos que sustentan al Gobierno como, incluso, dentro de los propios componentes de cada uno de esos partidos políticos. Sin embargo, el Gobierno no dice nada como tal Gobierno: si está a favor, si está en contra, qué opinión le merece lo que está ocurriendo, qué va a hacer en el supuesto de que eso se materialice. Y por eso hemos interpelado, porque queremos saber, que el Gobierno nos diga qué opina en relación con este pacto autonómico que hoy se suscribe entre dos partidos políticos y que, desde luego, no aborda la reforma de los Estatutos; que nos diga qué opina. Evidentemente, queremos saber qué va a hacer: ¿se va a cruzar de brazos y se va a callar?, ¿va, simplemente, a protestar?, ¿va a decir no estamos de acuerdo, o estamos de acuerdo?, o va a tomar algún tipo de iniciativa, que para eso están los Gobiernos: para tomar iniciativas, y este es un tema central, posiblemente básico -sin "posiblemente"": básico para el desarrollo autonómico-. El Partido Popular está en el Gobierno, está presente en el Gobierno, y sustenta a ese Gobierno el Grupo Parlamentario Popular de esta Cámara. Nos gustaría saber también, y lo preguntamos al Gobierno -porque el Partido Popular forma parte del Gobierno-, nos gustaría saber si los compromisos que el Gobierno adoptó en el debate de investidura, y según se dice en el acuerdo entre los dos partidos políticos, son compromisos que se van a mantener en serio, a mantener de verdad, y vamos a dejarnos de historias, perdónenme, vamos a dejar de mear fuera del tiesto, perdónenme que lo diga así, vamos a hablar con total claridad, vamos a hacerlo.
Nos gustaría saber si la opinión del Partido Popular, y que el Gobierno manifestó expresar, sigue siendo la misma ahora, y, por tanto, la opinión que estaremos en condiciones aquí, en las Cortes de Aragón, de poner en funcionamiento.
Y nos gustaría saber -aunque evidentemente no es al Partido Socialista a quien interpelamos; interpelamos al Gobierno, como es obvio- qué posición es la que va a mantener el Partido Socialista en relación con este tema, para poder jugar todos una partida sin cartas marcadas, y el que piense una cosa, que la diga.
Nosotros, Señorías, señores del Gobierno, señora del Gobierno, nosotros les anunciamos que, en todo caso, y por eso me adelanto en el anuncio, vamos a solicitar del Gobierno de esta Comunidad, por vía de moción, si así no se recoge, que en un plazo razonable y breve -tres meses, por ejemplo- ponga en funcionamiento y en marcha los mecanismos para abordar desde esta instancia la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Y lo vamos a solicitar porque nos parece indispensable, nos parece básico y nos parece que es la única salida, no sé si desgraciada o afortunadamente, que se nos deja. Y decimos también que si el Gobierno no pone en marcha ese proceso, Izquierda Unida, que tiene un texto de reforma del Estatuto, iniciará en esta Cámara el proceso de reforma, porque, insisto, nos parece indispensable para Aragón que se ponga en funcionamiento. En todo caso, esperamos conocer las opiniones y confiamos en que no se hable hoy aquí con medias palabras, ni se hable intentando dorar las cuestiones, sino que se digan las cosas con expresa y total claridad.
Esperamos eso. Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señores del Gobierno. Señoras y señores Diputados.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burriel. Para la respuesta del Gobierno, un representante, en este caso el señor Eiroa, tiene la palabra durante quince minutos.

El señor PRESIDENTE de la Diputación General (EIROA GARCIA): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, contesto gustosamente a la Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario de Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida, a propósito del denominado pacto autonómico, y también les tengo que decir, Señorías, señor Burriel, sin ironía alguna: muchas gracias por la Interpelación, porque, de alguna forma, creo que era necesaria y, de alguna manera, también estaba deseando que me la hiciese, aunque he de decirle que creo que hemos sido suficientemente claros en el Gobierno, desde hace mucho tiempo. Repitiendo el gesto de las hemerotecas, yo le puedo facilitar también una buena colección de noticias donde se recoge la postura del Gobierno ante este tema. Aunque hemos sido suficientemente explícitos, a mí me duele que se diga públicamente que llega el interpelante a la conclusión de que el Gobierno autónomo mantiene un silencio interesado. No sé qué silencio interesado o qué interés puede tener el Gobierno autónomo en mantener un silencio en este tema. Podría responderle de manera clara y sucinta, de manera terminante, incluso, diciéndole que como Presidente de esta Comunidad Autónoma, deseo que Aragón disponga de un Estatuto de plena autonomía, sin diferencia alguna respecto de los Estatutos conocidos hace más de diez años; años en los que Aragón lleva esperando tras la aprobación de un Estatuto mínimo, porque tenemos derecho a que se reconozca lo mismo que tienen otras Autonomías, y no algo tan distinto de lo que otras Comunidades Autónomas tienen ya, y perdónenme el juego de palabras.
En líneas generales coincido con su exposición, coincido con sus matizaciones; no comparto la última parte de la Interpelación, aunque intentaré contestarle a todo lo que ha planteado. Creo que con esta contestación, Señoría, bastaría si tuviésemos prisa para ratificar lo que en mi discurso de investidura dije, como su Interpelación y usted, hace unos momentos, me recordaban aquí. Pero no tenemos mucha prisa, con permiso de la Presidencia, por lo menos para agotar el tiempo reglamentario, puesto que el asunto merece la pena, porque la reforma del Estatuto es, como dice en su escrito de Interpelación, "una de las necesidades básicas de la Comunidad"". Afirmación con la que casi estoy de acuerdo; pero yendo un poco más lejos, porque políticamente entiendo que no es una de las necesidades básicas de Aragón, sino la necesidad básica de Aragón. Si queremos defender lo que es de esta tierra, si queremos que no quede incompleto e inservible nuestro esquema institucional.
Recuerda, Su Señoría, en el escrito de Interpelación, que la totalidad de las fuerzas parlamentarias aragonesas, al plantear en sus programas electorales la reforma estatutaria como una reivindicación indispensable, prácticamente coincidíamos, y parecemos estar -o parecen estar los partidos- unánimemente a favor de aquella reforma. Me gustaría, señor Burriel, ser tan optimista como Su Señoría, pero al menos yo, como Presidente de un Gobierno, tengo que mostrarme más cauto. No sé la postura a nivel nacional de muchos de los partidos políticos, pero, desde luego, mantengo cuanto expuse en mi discurso de investidura, que, por otra parte, tiene antecedentes parlamentarios ya en esta Cámara, en la anterior Legislatura, en la que se presentaron dos documentos básicos relativos a la cuestión: uno, que era el contenido de unos criterios de aquel Gobierno que, a su juicio, tenían que ser tenidos en cuenta para reformar el Estatuto, y el otro documento fue un proyecto de reforma de nuestro Estatuto que cubrió unos trámites parlamentarios pero que, por desgracia, no vio el final del trámite.
En el discurso de investidura, tal y como me recuerda, yo indiqué que el Gobierno que aspiraba a presidir, que presido hoy, se plantearía una serie de prioridades; la primera de ellas era la modernización política, social y económica de Aragón, y decía que, ante un futuro que se anuncia tremendamente exigente, esto era necesario, y ese objetivo de renovación, decía, pasa necesariamente por la reforma del Estatuto de Autonomía, y sigo afirmando que a Aragón le urge contar con un Estatuto de Autonomía plena porque sólo así podremos tener capacidad de decisión sobre nuestros problemas principales, tener recursos económicos suficientes, que es algo que olvidamos siempre o casi siempre que hablamos de la reforma del Estatuto, y unas instituciones aragonesas lo suficientemente fuertes como para reafirmar, con sentido de futuro, nuestra cultura y nuestro ser colectivo.
Me reafirmo, por otra parte, en que la modernización de Aragón pasa, sin duda alguna, por otro Estatuto que nos dote de una autonomía más amplia, de una autonomía plena. Enunciaba entonces, en aquella comparecencia, el propósito de impulsar la reforma del actual Estatuto de Autonomía, tal y como figura en las bases programáticas del pacto de coalición en los niveles institucional, competencial y económico, tal como usted ha recordado en su comparecencia.
Respecto a la postura del Gobierno aragonés sobre el planteamiento del denominado -y empleo sus palabras- pacto autonómico, creo que quedó también claramente expuesta entonces, en aquel discurso de investidura, concepto y planteamiento que he seguido repitiendo reiteradamente. Y decía que no queríamos, desde el Gobierno, ni más ni menos que lo que tengan ya o se les reconozcan en el futuro a otras comunidades.
Y en ese marco de encuentro, decía, porque planteaba la posibilidad de un consenso, estamos dispuestos a la negociación, dando incluso, decía y repito hoy, por supuesto que el nuevo Estatuto no puede recoger íntegramente los planteamientos de mi Partido ni del Gobierno de coalición, y entendiendo que pudiera ser así, ya que necesitaba y necesita hoy también para su aprobación, aquí en este Parlamento, un alto grado de consenso y de votos.
Tampoco rechazaba entonces la posibilidad de participar en el pacto autonómico, que en aquellos momentos empezaba a ser anunciado por el Gobierno central. Pero siempre decía, y lo he ido repitiendo constantemente, que debían cumplirse dos condiciones: que aquel pacto autonómico sirviese para homogeneizar el proceso autonómico y que no perpetuase las actuales diferencias entre las Comunidades Autónomas. Pero añadía algo más. Decía también que participaríamos siempre que ese pacto, inicio del diálogo, no fuese una excusa para retrasar una reforma del Estatuto que consideramos urgente. Además de todas las razones que podríamos dar aquí, y algunas más, para competir en estos momentos en Europa. Lo dije en el discurso de investidura, lo he repetido de manera reiterada y lo vuelvo a repetir hoy, Señoría. Y en sintonía con lo anterior, en mi comparecencia ante esta Cámara el 7 de noviembre de 1991, en la que di cuenta de mis entrevistas con los representantes de la Administración central, volvía a ratificar la postura del Gobierno aragonés, dispuesto a participar en el pacto estatal, en ese acuerdo estatal, siempre que se cumpliesen las dos condiciones a las que antes he hecho referencia y en las que me reitero.
Primera, porque me he cansado de decirla, que el proceso sirviese para homogeneizar el proceso autonómico y no perpetuar desigualdades. Que no haya discriminaciones entre las Comunidades, en definitiva. Y, segunda, que en ningún caso el proceso sea una excusa para retrasar la reforma del Estatuto, que considerábamos entonces, y consideramos hoy, irrenunciable.
Quise entonces dejar claro que este Gobierno no renunciaría, con los trámites parlamentarios y las mayorías necesarias, si así lo estimaban en esta Cámara, a asumir o a ejercitar, en su caso por delegación, aquellas competencias que la Administración central, de acuerdo con las fuerzas políticas mayoritarias y de acuerdo con esta Cámara, decidiese transferir, aunque, desde luego, lo repito, lo repetía entonces y lo digo ahora, no es el mejor procedimiento ni el más beneficioso para Aragón.
Dentro de esos principios que acabo de enunciar, es claro que este Gobierno podría suscribir un pacto que acelerase el camino hacia la plena autonomía de Aragón, pero no, evidentemente, cualquier pacto, Señoría. Y hago este distingo porque parece evidente que si pudieramos alcanzar un acuerdo o un pacto que facilitara nuestro acceso a la plena autonomía, nos gustaría, nos encantaría mucho poderlo suscribir, sin perjuicio de la última palabra en la reforma que incumbe a esta Cámara, y que su Señoría nos ha recordado antes en su comparecencia.
Si, por el contrario, ese pacto del que hemos hablado todos no nos permitiera alcanzar la plena autonomía o nos separase de ella, reconduciéndonos a otro distinto, la pregunta que habría que hacerse es: ¿para qué firmarlo? En este sentido, el texto que conocemos, el texto que conoce el Gobierno -y tiene más suerte que yo, Señor Burriel, porque me dice que ese texto ha sido modificado y que hoy se firma un texto distinto- yo lo he oído por la radio también. Sé que ese texto puede tener alguna modificación. Y hago esta aclaración manifestando que nos hemos enterado y que incluso hemos oído declaraciones del Ministro señor Eguiagaray en las que decía que este pacto no quedaba cerrado; que escribía, que giraba un escrito a los distintos partidos políticos llamándolos a la colaboración y las propuestas.
Del texto que conocemos del llamado pacto autonómico o del borrador o documento de trabajo, como ha sido calificado por el propio Ministro Eguiagaray, desde luego lo que no satisface son las aspiraciones que tenemos y que yo he manifestado en el discurso de investidura y en comparecencias anteriores. Entendemos que ha habido un error grave en su planteamiento, y en esto coincido perfectamente y plenamente con su Señoría: el error de prescindir de las Comunidades Autónomas en su elaboración, incluso me atrevo a decir que el error de no contar con todos los partidos a nivel nacional.
Creo que habría sido bueno que el Gobierno hubiese reunido a las diecisiete Comunidades Autónomas, a los presidentes de las Comunidades Autónomas, en ese colegio autonómico del que tanto se ha hablado, para conocer los criterios de los gobiernos autónomos, de todos los partidos, respecto de este pacto autonómico. Ese ha sido un error, un grave error de planteamiento, y un grave error de estrategia. Por eso no nos mostramos de acuerdo con el contenido, porque he conocido el texto a través de los partidos que conforman el Gobierno de coalición.
Sustituir la culminación del proceso autonómico por un proceso, yo diría sin retorno, de delegación de facultades, no es, creo, negociable, sencillamente porque equivale a reconocer que no estamos de acuerdo con la plena autonomía, con no ser plenamente autónomos.
Con abstracción del procedimiento -que creo que es motivo por sí solo para que un Gobierno autónomo se manifieste no partidario de este pacto-, se podría hacer, prima facie, objeciones al documento que conocemos en mayor o menor grado; eso dependería del espíritu con que se analice, del espíritu del examinando del documento. Si se es progresista, si se es nacionalista, si se es regionalista, si se es liberal conservador, ese pacto tiene distintas lecturas y distintos análisis. Y sin ser demasiado estricto en ese análisis, yo le voy a decir lo que encuentro de negativo en este procedimiento, reconociendo que puede tener una parte positiva: la de romper esa inercia de no haberse hecho durante diez años, por lo menos a nivel nacional, algo en favor de la plena autonomía. Ese preacuerdo, a mi manera de ver, perpetúa diversos tipos de Comunidades Autónomas, y perpetúa también las desigualdades competenciales e institucionales: excluye la competencia de sanidad, sin fijar ningún compromiso a medio plazo, y no fija con claridad los plazos para transferir la de educación.
Me dice Su Señoría que ha habido modificaciones en este tema. A mí, todo lo que sea mejorar el pacto, lógicamente, me ha de alegrar. Obliga a que los Parlamentos autonómicos se vinculen a un acuerdo tomado por las Cortes Generales, sin poder aportar prácticamente nada al texto original. Fija procedimientos para la cooperación que pueden acabar restringiendo, yo diría que prácticamente anulando, el principio de autogobierno de las Comunidades Autónomas. Las comisiones sectoriales, según se recoge en ese documento, son puramente consultivas, con lo que en ningún momento pueden tomar acuerdos que obliguen al Gobierno central. Restringe algo que se ha mencionado en la Interpelación anterior: la Comisión sectorial correspondiente a las relaciones de las Comunidades Autónomas con la Comunidad Económica Europea. Y algo que yo indiqué desde el principio, que se empezo a hablar en este pacto y que luego fue separado de su tramitación: finalmente, desliga el contenido del pacto autonómico de lo que podría haber sido el pacto económico y financiero.
Es evidente que el análisis de los partidos puede ser distinto con arreglo a su componente ideológico y a su militancia. Y lógicamente, Señorías, en los partidos que forman el Gobierno, que son distintos y coincidentes en algunas cosas, discrepantes en otras, puede producirse también algún desacuerdo. Desde la perspectiva del Gobierno, y siendo consecuentes con el pacto de coalición, con la exposición hecha en el discurso de investidura, con las manifestaciones reiteradas, incluida la de la comparecencia a la que me refería en esta Cámara, es obligado decir que seguimos manteniendo el criterio de que Aragón necesita una reforma del Estatuto, con las máximas competencias indicadas en la Constitución y ampliando la reforma a otro tipo de cuestiones, no sólo las competenciales. Este ha sido hasta ahora el criterio, por lo menos compartido, de todos los partidos presentes en esta Cámara, de todas las fuerzas políticas aragonesas.
En este sentido, Señoría, he de decir también que ningún partido presente en esta Cámara, que yo sepa, ha modificado sus posturas en favor de la reforma del Estatuto. Y esto es algo que quizá convenga matizar. Aquí nace una de las posibles discrepancias a las que antes me refería, donde puede haber varias interpretaciones. Yo pregunto, pregunto sin respuesta, Señoría: ¿es compatible suscribir este pacto y apoyar posteriormente la reforma del Estatuto?, ¿es compatible o contradictorio no suscribir el pacto, apoyar la reforma del Estatuto y no oponerse al aumento de competencias delegadas? Esta pregunta puede parecer un jeroglífico y puede tener la apariencia de una contradicción, pero ni la contradicción es indicio de falsedad ni la falta de contradicción es indicio de verdad, y dejo esa frase.
Esta es la cuestión, esa cuestión que también usted planteaba, Señoría, consecuencia del posible pacto, nada fácil en su planteamiento, yo lo reconozco, ni en su solución, porque mi postura también, como Presidente de esta Comunidad Autónoma, de este Gobierno autónomo, manteniendo íntegras las reivindicaciones expuestas de reformar el Estatuto de Autonomía de Aragón, y compartida por todos los partidos, mi postura, repito, ha de estar encaminada a encontrar soluciones prácticas a los problemas de los aragoneses, aunque estas soluciones, Señoría, no sean las ideales.
Hecha esta introducción, y con el fin de concretar y que no quede sin respuesta ninguno de los extremos contenidos en lo que podría llamarse parte dispositiva de su Interpelación, voy a intentar contestar los puntos que usted plantea. Interpele, en principio, para saber con qué criterios se plantea participar el Gobierno aragonés en el llamado pacto autónomico, y contestaré, Señoría, por cortesía parlamentaria y sólo hipotéticamente, puesto que, hasta la fecha, no hay ningún indicio que conozca mi Gobierno, ni que conozca yo personalmente, de que seamos llamados a participar en el pacto autonómico como tal Gobierno. Otra cosa son los partidos, y los partidos han dispuesto de información y también la Comunidad Autónoma, pero no ha habido, que yo sepa -no sé si en otras Comunidades la ha habido-, una invitación formal, por parte del Gobierno, para suscribir el pacto, ni siquiera para participar en su elaboración.
El nivel de colaboración con otros partidos lo desconozco, excepto en los dos partidos que conforman el Gobierno. Yo no sé si su partido ha sido llamado a colaborar en el pacto, a aportar alguna cuestión, y, si ha sido llamado, también ha sido invitado a la firma. Yo le digo que como Gobierno autónomo no hemos sido llamados a la firma de este pacto. Por tanto, contesto hipotéticamente, Señoría, a esa pregunta con la que usted me interpela, y vuelvo a repetirle que por cortesía parlamentaria.
También pregunta por los criterios y contenidos; los criterios y contenidos, lógicamente, son los que acabo de exponer, los ya expuestos en reiteradas comparecencias. Yo podría resumirlos de alguna forma, aunque sé que el peligro de intentar resumirlos es dejar algo fuera, pero lo voy a intentar, y si de verdad se quiere dotar de legitimidad y de sentido de Estado al pacto autonómico, debe abrirse de una manera efectiva este preacuerdo a todos los partidos parlamentarios y a todas las Comunidades Autónomas. Si al final se trata a los parlamentos autonómicos como a convidados de piedra que van a validar la delegación aprobada en las Cortes Generales, creo que se habrá desaprovechado una gran oportunidad de profundizar auténticamente en el desarrollo del Título VIII de la Constitución.
El Gobierno central creo que ha sido poco valiente en el planteamiento de este pacto, creo que tiene temor al Estado de las autonomías. Está perdiendo la oportunidad de llegar, con el diálogo necesario, con la colaboración necesaria de las Comunidades Autónomas y de los partidos, a un pacto definitivo, a un acuerdo de futuro con el que se alcanzase la plena autonomía.
Entiendo que se quiera imponer racionalidad en el proceso; pero me parece imprescindible que si, como parece que ha ocurrido en esta Comunidad Autónoma, los partidos políticos y los Grupos Parlamentarios han asumido, ante sus votantes, el compromiso de reformar el Estatuto de Autonomía, se les dé también la oportunidad de consensuar un proyecto que dentro del Estado cumpla lo recogido en los programas electorales. Si esto no lo podemos hacer, Señorías, creo que es condenarnos a todos los políticos y a todos los partidos políticos a una inevitable pérdida de credibilidad; si no es compatible lo que estamos hablando con la reforma del Estatuto, creo que esto es condenarnos a todos a una inevitable pérdida de credibilidad ante nuestros electores. Me parece imprescindible, igualmente, que no se obligue a todas las Comunidades Autónomas a cumplir los mismos plazos para asumir las competencias de educación, algo que se recoge también en ese documento.
Algunos Gobiernos autónomos han declarado ya que no tienen prisa en negociar esa transferencia, pero otros la consideramos imprescindible para el proyecto de desarrollo que tenemos diseñado para nuestra Comunidad. En consecuencia, creo y considero lógico que se nos debe de reconocer esa capacidad para fijar la fecha de asunción de esa competencia que, desde Aragón, venimos reclamando con urgencia. Creo que también deben de ajustarse mejor las competencias incluidas en ese paquete al que antes se refería Su Señoría; paquete que transferir para que se complemente e incremente el autotogobierno efectivo. Transferir la estadística, como viene en el documento, a efectos regionales, díficilmente puede considerarse un paso en la descentralización; mientras que incluir educación, pero dejando también fuera el Instituto Nacional de Empleo, puede ser -y estimo que lo es- un contrasentido -la formación ocupacional sólo sirve si se integra en las funciones del Instituto Nacional de Empleo-, y, además, creo que también es necesario, por último, fijar un plazo para la transferencia de la sanidad. Sé que es una transferencia que todos vemos con cierta reticencia, pero creo que políticamente, coincido con Su Señoría, hace falta fijar ese plazo y hace falta fijar un plazo también para la reordenación de ese servicio de la sanidad, que es un servicio que hoy está en crisis. Estas propuestas, que son una mínima opción, permitirían que el pacto autonómico cumpla, aunque sólo fuese parcialmente, los objetivos que el futuro inmediato nos demanda.
Hay aquí una cuestión relacionada con el llamamiento que ha hecho Su Señoría en pro de la reforma del Estatuto. Hay un dato que es el informe Pi Suñer sobre Comunidades Autónomas, correspondiente a 1990, donde demuestra que el menor grado de satisfacción de los ciudadanos con las autonomías se dan en las Comunidades del artículo 143. Parece algo lógico pero es necesario recalcarlo. Sólo el 23% de los aragoneses, el índice más bajo de todas las Comunidades Autónomas, se dice satisfecho con su grado de autogobierno; sin embargo, más del 52%, porcentaje superior a ninguna otra Comunidad, desea mayor autonomía. Yo tengo algún temor de que si este pacto, si este acuerdo nacional no es compatible con la reforma del Estatuto, se puedan frustrar, una vez más, esas espectativas de autonomía, lo que sin duda haría cuestionar a medio plazo el Estado de las autonomías, uno de los elementos fundamentales de la modernización de la Constitución, y es que, además, todas estas cuestiones que planteo no son nada que estemos reclamando o que digamos que lo pedimos por vicio; todo ello nos lo permite la Constitución. No hace falta que haga una referencia al artículo 2, al 138, al 150..., y, además, no debemos desistir de emplearlos, sino que es más que dudoso que fuera legítimo renunciar a ellos.
Interpela Su Señoría también para saber, en caso de no ser llamado al acuerdo, qué actitud va a tomar este Gobierno en relación con el mismo, y he de contestarle, Señoría, que la actitud del Gobierno en este sentido va a ser de santa perseverancia: santa perseverancia en los planteamientos del discurso de investidura, una actitud también de confianza en los partidos políticos que en la campaña electoral se comprometieron -incluido el mío- a la reforma del Estatuto. Yo le diría que, sin perjuicio de la moción que pueda o no pueda presentar Su Señoría, si de este debate se desprendiese la posibilidad de un acuerdo global sobre la oportunidad de presentar un proyecto de ley de reforma del Estatuto, estaríamos dispuestos a esa negociación, dando por supuesto que el nuevo Estatuto no puede recoger íntegramente los planteamientos particulares de ningún partido, ni los del Gobierno siquiera, pero entendiendo también que la reforma no ha de ser limitada estrictamente a criterios competenciales, en línea con lo que venimos diciendo.
También me pregunta cuál es la actitud de este Gobierno. Actitud también práctica y con estricto respeto de los criterios que pueda imponer la mayoría. Desde luego, si esa mayoría decide que, entre tanto, no se produzca la reforma del Estatuto, esta Comunidad Autónoma tiene posibilidad de ampliar sus competencias por otra vía que no sea la de la reforma, a la que creo que todos aspiramos, por lo que no podremos oponernos a que esto pueda llevarse a cabo.
En una sociedad moderna y democrática como en la que vivimos, el concepto de intereses se incorpora hoy a la idea de los derechos, las obligaciones, la responsabilidad y la racionalidad para definir la persona moderna como ciudadano, como individuo; los ciudadanos son hoy portadores paradigmáticos, diría yo, de intereses, y decir que un individuo o un colectivo o un pueblo tiene un interés, es dar una posible razón para que este interés se pueda cumplir.
Una de las maneras de mostrar respeto a las personas y de mostrar respeto a la democracia es tomar en serio los intereses de los ciudadanos. Y como parece que esto también podría interpretarse como un jeroglífico, le voy a poner un ejemplo, señor Burriel. Señorías, es posible, aunque no tengo la seguridad, que este pacto autonómico sea suscrito hoy por partidos a nivel estatal, es posible, y deseo de todo corazón que nos pongamos de acuerdo para una reforma amplia del Estatuto en esta Cámara. Pero ocurra lo que ocurra, y entre tanto esos hechos puedan influir en el desarrollo competencial, yo no voy a cancelar la entrevista que tengo con el Ministro de Educación y Ciencia, señor Solana, el próximo día 5 de marzo, en la que intentaré un convenio de colaboración amplia con ese Ministerio, y si de esa colaboración surgiese la posibilidad -que no creo que surja, pero lo digo también a título de hipótesis- de que esta Comunidad, con la responsabilidad del Parlamento, asumiese competencias en educación por vía de delegación -vuelvo a repetir-, con el pronunciamiento previo de la Cámara, tenga la seguridad de que, sin renunciar un ápice a la reforma del Estatuto, admitiría esa reforma para ejercitarla de manera inmediata.
Creo que de esta forma haría posible que una preferencia política -que quizá es esto lo que estamos debatiendo- fuera contraria a un interés político, y sobre todo, pensando que, como Presidente de los aragoneses, debo procurar aquello que mejore su calidad de vida, respetando las mayorías, respetando los criterios de los partidos y dejando siempre claro que Aragón tiene derecho, y además un derecho irrenunciable, a un Estatuto de plena autonomía.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Señoría.
Para el turno de réplica por el interpelante, el señor Burriel tiene la palabra.

El señor DIPUTADO (BURRIEL BORQUE): Muchas gracias, señor Presidente.
Sinceramente, señor Presidente del Gobierno de Aragón, estamos muy satisfechos por haberle liberado de una preocupación, pero no le quepa duda de que tiene usted las facultades suficientes como para no tener esas preocupaciones, y tenía usted las posibilidades, sin ningún tipo de reservas, para haber acudido a esta Cámara a explicar su posición en relación con el pacto autonómico, sin esperar una Interpelación de Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida. De cualquier manera, bienvenida sea la Interpelación, si a usted le libera de un problema y a nosotros nos permite conocer algunas de sus opiniones.
Yo creo que hay que seguir aclarando varias cosas, y aclararlas porque me temo que podemos estar continuando y participando de la rueda de la confusión. Voy a dejar, y espero que con la suficiente claridad, claras varias cuestiones. La primera de ellas es que a Izquierda Unida le hubiese gustado -a nadie le quepa duda- que un acuerdo nacional con participación de las Comunidades Autónomas y de los Parlamentos autónomos hubiese posibilitado abordar la reforma estatutaria, completar el Título VIII de la Constitución y entrar, de verdad, en un proceso que creemos que está peligrosamente cerrado en este momento. Eso sí, y vuelvo a repetirlo aunque lo hayamos dicho en multitud de ocasiones, también en esta Cámara: un proceso de reforma que no excuse lo que es una reforma, es decir, competencias, pero también capacidad no sólo económica, capacidad institucional para el ejercicio de esas competencias, porque eso es fundamental.
Explíquenme ustedes, si alguno sabe, por ejemplo, cómo en esta Comunidad, si dispusiésemos de mayores competencias y haciendo uso de los instrumentos democráticos, cómo este Parlamento podría ponerlas de verdad en funcionamiento, cómo podríamos hacerlo sin abordar una auténtica reforma institucional del Estatuto. Yo creo que nadie se engaña; la reforma es la reforma, la reforma tiene varios apartados, y sin duda alguna, desde posiciones distintas, la reforma puede no ser la que tengamos expresamente en nuestro programa cada uno de los partidos políticos. Es obvio. Pero la reforma, el contenido de la reforma, yo creo que tiene una definición clara y a nadie que esté dispuesto a decir las cosas con claridad se le escapa esa definición.
El pacto autonómico, el llamado pacto autonómico. Yo tampoco sé las modificaciones, excepto lo que hoy comenta la prensa. En relación con el tema de sanidad, creo, en todo caso, y para que usted se aclare, que la modificación que hay es que en vez de decir que no se aborda, se dice que no se incluye. Creo que ésa es la modificación; como ve, una modificación sustancial, una modificación de fondo.
Y respecto al pacto autonómico, usted se hace varias preguntas: ¿este pacto autonómico bloquea de verdad las posibilidades de reforma o no?, ¿permitirá abordarlas en el futuro? Este pacto autonómico no permite ninguna posibilidad de reforma; o no entendemos las cosas o las entendemos y decimos cosa contraria, porque este pacto autonómico dice expresamente que el procedimiento para llevarlo a efecto será, primero, con la ampliación de competencias por la vía de delegación o transferencia, acordada por las Cortes Generales, según el procedimiento del artículo 150.2 de la Constitución, plasmado en ley orgánica, en la que se incluyan, para todas las Comunidades afectadas, las materias que son objeto de esta ampliación. Primer paso. Segundo paso: ley orgánica de delegación de competencias que concretará las adaptaciones geográficas y específicas que para cada Comunidad se requieran. Tercer paso: tramitación en el año 1992 del proyecto de ley orgánica de delegación o transferencia por parte del Gobierno.
Hasta aquí está todo muy claro: catálogo de competencias, transferencia de esas competencias, cuáles son las acomodables a cada una de las Comunidades, leyes de delegación para que eso se produzca -artículo 150.2 de la Constitución.
Después de que esto esté aprobado, después de que este paso haya sido ultimado, después de esto, los partidos políticos firmantes, es decir, el PSOE y el Partido Popular, promoverán la incorporación de la ampliación de competencias previstas en estos acuerdos en los Estatutos de autonomía. Hecho esto, los dos partidos, con los mecanismos mayoritarios de que disponen en la mayor parte de las Cámaras -desde luego, en las Cortes Generales-, dicen que promoverán la reforma de los Estatutos, porque la reforma, desde el punto de vista jurídico, evidentemente es un trámite especial. Entonces, utilizarán ese trámite de reforma, que consiste en decir: estas competencias pasan a formar parte del texto estatutario y no son competencias formalmente delegadas; ya hemos hecho la reforma, ya la hemos hecho. Sigue diciendo el propio texto: "las iniciativas de reforma incorporarán a cada Estatuto, mediante artículo único, las competencias recogidas en la ley orgánica de delegación o transferencia que correspondan a la Comunidad Autónoma, expresando que el contenido y ejercicio de las mismas se ajustará y se entenderá integrado en los términos recogidos en la ley de delegación. Y siempre que las iniciativas de reforma -escúcheme- respondan estrictamente al contenido antes indicado, los partidos firmantes se comprometen a votar su aprobación en las Cortes Generales"".
Es decir, el procedimiento de reforma exclusivamente permite transferir competencias y compromete a los firmantes para no hacer uso de ninguna otra capacidad que se escape a lo dispuesto en las leyes de delegación que emitirá el Gobierno central. Esto es lo que se dice, pero se dice más. Se dice en el acuerdo: "esto que estamos haciendo, esto que estamos firmando significa ultimar, de acuerdo con las previsiones constitucionales, la definición concreta del desarrollo del Título VIII de la Constitución""; es decir, esto, según este acuerdo, es ultimar el desarrollo del Título VIII de la Constitución.
Por tanto, desde el compromiso de esos dos partidos políticos, no hay ya ninguna alternativa de modificación; eso es lo que aquí se pacta y eso es lo que los partidos firmantes comprometen para todas las Comunidades Autónomas, sin arte ni parte de las propias Comunidades Autónomas. Insisto: autogobierno, autonomía; explíquenme, incluso, al final, qué significa la palabra.
Este acuerdo no permite una reforma estatutaria como la que usted dice que defiende, no permite esa reforma, sepámoslo. Y es cierto: no tenemos suficiente mayoría, desde luego nosotros no, obviamente, para poder, por la vía reglamentaria constitucional, llevar a efecto un acuerdo distinto o llevar a efecto una reforma estatutaria distinta.
Usted se pregunta: ¿el pacto es compatible con el Estado de las autonomías? Yo creo que es incompatible. Este pacto, especie de ejemplo después de años, especie de ejemplo o de reproducción de la LOAPA, expresa en buena medida una voluntad de cierre, que es en esta circunstancia histórica de las mayorías que se dan una voluntad de cierre de las posibilidades de reforma estatutaria. No nos engañemos; se podrán reformar los Estatutos, las mayorías cambiarán, la Constitución quedará abierta, un año después podrán volverse a iniciar nuevos procesos de reforma -dice la Constitución que podrán hacerse-, y, desde luego, espero que la historia no se pare, y aunque haya algunos que en este tema estén dispuestos a que se detenga, espero que no se pare. Pero la circunstancia concreta, este pacto, en la voluntad que expresa y en los contenidos que tiene, imposibilita una auténtica reforma estatutaria.
Yo creo que es tan incontrovertible la cuestión, que es tan clara desde el lugar en que se mire, que puede haber razones de voluntad política, razones de conveniencia partidaria, las que sean, pero, desde luego, no se puede decir con rigor qué pasa: ¿este pacto es compatible con el desarrollo del Estado de las autonomías? ¿Es compatible con una reforma futura? Yo creo que no es compatible.
Segunda cuestión. Usted dice: "oponernos al pacto o expresar una opinión sobre el pacto significa negarnos a que haya transferencias"". Yo digo: ¿por qué nos vamos a negar aquí a las transferencias? En absoluto. Nadie está diciendo eso. Que nadie intente pensar que los que estamos defendiendo una posición lo que pretendemos es ser testimonio, aunque a veces no se sabe muy bien de qué. Pretendemos cambiar cosas y pretendemos cambiar realidades, algunas tan básicas y tan de partida como las que hacen referencia a la capacidad de autogobierno que deberíamos tener desde las Comunidades. Háganse las transferencias que sean precisas y, desde luego, no se renuncie a aquello que se crea que es importante e indispensable para hacer otra política, a ver si así el Gobierno deja de ser una gestoría y es un Gobierno que dirija. Por tanto, esa incompatibilidad no existe. Es cierto que habrá problemas para el desarrollo y para el ejercicio de esas competencias, los derivados de una ausencia de modificaciones institucionales, que impedirán, en buena medida, toda la capacidad que un Estatuto reformado podría ofrecernos a los aragoneses.
En su intervención, señor Presidente, a mí me ha parecido, sinceramente, que usted ha ido de algo así como de la santa perseverancia -ayer había aquí santa indignación; éste es un Parlamento yo creo que poco santo, pero, en todo caso, con muchas referencias a la santidad-, que usted mantiene una santa perseverancia y que nosotros seguiremos siendo perseverantes. Es decir, ustedes son el Gobierno del mantenimiento de los derechos, pero, en todo caso, no se plantean cómo llevar a efecto y poner en funcionamiento y ejercer esos derechos. Yo creo que lo que ocurre es que no se lo plantean, que no se lo plantean.
No estamos muy de acuerdo con este pacto. Es muy posible que, además, tenga problemas que yo dejo aquí en el aire y que no sé muy bien; que se me responda, y son preguntas sin respuesta: "no renunciaremos a otras cosas, lo nuestro es gobernar""; "que sepan, además, que seremos santos perseverando""; "no les quepa ninguna duda de que, ocurra lo que ocurra, yo mantendré las reuniones -que a mí me parece muy bien-con el Ministro de Educación"", "y qué vamos a hacer si tenemos la desgracia de que nos vienen los aires malos"". Esa es la impresión que me da usted cuando sube aquí.
Yo creo que hay que tomar iniciativas. Además, fíjese, estamos en un momento en el que, con esto aprobado, no tenemos ninguna oportunidad de perder nada, pero sí de dejar constancia de lo que se piensa en esta Comunidad o de lo que piensan los ciudadanos de esta Comunidad. Y además de dejar constancia, no se puede hablar de pacto autonómico con exclusión, con olvido, con desprecio, incluso, de las Comunidades Autónomas.
Nosotros sí que fuimos llamados, Izquierda Unida sí que participó, como participó su Partido, todos los partidos con representación parlamentaria participaron en una reunión, en una, en ninguna más, en una sola reunión, donde estuvieron todos los partidos con representación parlamentaria nacional. En esa reunión, a usted le consta que Izquierda Unida mantuvo una posición similar a la que en este momento yo estoy manteniendo desde esta tribuna, hasta el punto de que el representante de ustedes en esa reunión estuvo de acuerdo y remitió su opinión a la opinión que Izquierda Unida había expresado allí... ¡Pero si eso es evidente! Y el Gobierno, el Ministro de Administraciones territoriales, presente según parece, no dijo nada, y dijo: "ya veremos a ver qué pasa"". Ya no ha dicho qué pasa, sino que hoy, a las doce y media, es decir, dentro de dos minutos, se firma el llamado pacto autonómico. Esa es la situación.
Nosotros, Señoría, vamos a mantener la Moción a la que hacía referencia. Creemos que es de elemental razonabilidad política e, incluso, que es exigible, desde el compromiso que hemos expresado aquí, una vez celebradas las elecciones y antes de celebrar las elecciones ante los electores que a cada uno de nosotros nos han votado en Aragón, que es elemental que mantengamos ese compromiso. Vamos a presentar una moción, insisto, solicitando de ustedes, solicitando del Gobierno, que traslade a esta Cámara y que inicie los trámites precisos en un plazo, insisto, razonable, para que aquí abordemos en lo concreto la reforma estatutaria y hagamos uso de una de las facultades que el Estatuto reconoce a esta Cámara, facultad a la que nosotros no estamos dispuestos a renunciar. Y si ustedes no lo hacen, y si ustedes no asumen esa, creo que elemental, responsabilidad, si ustedes no se quedan en la santa perseverancia, sino que pasan, en todo caso, al necesario quehacer político, y en este caso a la necesaria actuación política, si ustedes se quedan ahí, nosotros lo que haremos será trasladar un texto de reforma estatutaria, que a usted le consta que lo tenemos, porque también a esta Cámara lo trajimos, y pedir, con el acuerdo de todos, que estemos en condiciones de hacer de la autonomía no un instrumento de desencanto democrático, como es, sino un instrumento que permita recuperar buenas dosis de esperanza y efusión colectivas, pero también de gestión, como las que había y hubo en muchos momentos en esta Comunidad.
Confiamos, Señorías, en los turnos siguientes, que en las intervenciones siguientes, si las hay, los demás partidos políticos nos puedan aclarar cuál es su posición, porque nosotros, sinceramente, tenemos muchos obstáculos para entenderla, y lo que entendemos nos gusta tan poco y nos da la impresión de que va por donde va, que en estos términos a mí me parece que salimos todos perdiendo, incluso ustedes, en definitiva.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias a todos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burriel. (Aplausos.)
Turno de dúplica. Señor Eiroa, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE de la Diputación General de Aragón (EIROA GARCIA): Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, Señorías.
Muy brevemente, en este turno de dúplica, aunque me da la impresión de que Su Señoría ha equivocado la tribuna: la tribuna debería ser la del Congreso de los Diputados y no ésta. Me recordaba usted una anécdota que cuenta con mucha frecuencia un buen amigo mío, hablando de cosas, de un sacerdote que echaba la bronca todos los domingos a los que iban a misa diciendo que había mucha gente que no iba a misa, y les echaba unas broncas fenomenales, y al final se encontró con que no iba a misa nadie porque los bronqueaba.
No me riña a mí, señor Burriel, si yo ni he participado en el pacto, ni lo he firmado, ni me parece bien, ni me han llamado; en definitiva, si no tengo nada que ver con el pacto. Le doy mi opinión y respondo a la Interpelación que usted hace cuáles son los criterios. Se los explico. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues se lo cuento también. Pero no me riña a mí porque el pacto no sea bueno, que yo sé que el pacto tiene muchas deficiencias: las que usted ha dicho y algunas que no ha dicho. Yo estoy convencido de que con ese pacto no sólo no ganamos en autonomía, sino que perdemos. Habrá que estudiarlo. Y eso plantea -y le hablo como compañero, a nivel jurídico- unos problemas que vamos a ver cómo salen. Por eso, las preguntas las tengo que hacer. ¿Qué se opina de ese tema? ¿Es compatible suscribir este pacto y apoyar posteriormente la reforma del Estatuto? A mí me encantaría que fuese así, y ojalá sea así. ¿O quiere usted que presente un proyecto de ley de reforma del Estatuto, para que siga el mismo trámite que en la Legislatura pasada? A eso me niego, señor Burriel, a presentar un proyecto de ley para que no prospere y tener durante un año cortada la posibilidad de volverlo a presentar; a eso me niego. Apelo ahí a la responsabilidad de los partidos y a que cada uno medite sobre lo que hemos prometido y comprometido.
Le decía esto porque creo que algunas de las competencias que tenemos reconocidas en el Estatuto las vamos a ver mermadas. Una contradicción, por ejemplo, que usted no ha citado es el tema de las aguas, las transferencias en materia hidráulica. ¿Qué va a pasar con nuestro Estatuto, que reconoce unas competencias amplias, y el pacto, que las limita? ¿Qué problema jurídico se puede plantear? ¿Qué va a prevalecer?, ¿el pacto?, ¿el Estatuto? ¿Qué va a pasar? Y además le diría que también debemos esforzarnos en la reforma del Estatuto, porque es que parece que en su segunda intervención, Señoría, yo no soy partidario de la reforma del Estatuto. Me parece que cualquier cosa puede usted decir, pero ésa, posiblemente, no.
He manifestado por activa, por pasiva, a nivel personal, como secretario general de un partido, como Presidente del Gobierno, que soy partidario de la reforma del Estatuto, que es algo irrenunciable para Aragón, pero no me riña usted a mí porque los demás partidos no se ponen de acuerdo en hacer un pacto en el que podamos entrar todos. Yo puedo manifestarle cuál es mi criterio, puedo contestarle a lo que usted me indica, pero nada más; yo no puedo hacer ninguna gestión. Y le hago el apunte de que, como Presidente, debo gobernar -que no todo es teoría-, y yo sé que si no tenemos una reforma del Estatuto amplia, por consenso de esta Cámara, o no hay una forma de poderla llevar a cabo, yo tendré que seguir gobernando, Señoría, con las competencias que tengo, y algunas, a lo mejor, un poco cortadas; pero tendré que seguir gobernando. Y tengo dos actitudes: una, que ha sido muy criticada en esta Cámara, es la de enfrentarme a los poderes centrales y decir que esto es Numancia y que reforma del Estatuto o nada; la otra es la de colaborar y buscar un sistema de cooperación. Creo que es comprensible en estos momentos, Señoría, que yo diga que soy partidario y que mi Gobierno apuesta por la reforma del Estatuto con las máximas competencias, y que además tengo que seguir gobernando, y que, si vienen competencias por vía de delegación, las tengo que asumir. Pero no me diga usted por eso que me conformo sólo con gobernar. Tengo que hacer lo posible y mantener lo posible.
Me da la impresión de que usted, Señoría, ha incurrido en el error de confundir la consecuencia con la causa. Yo soy la consecuencia de un pacto de gobierno, y el pacto de gobierno es la causa; yo soy la consecuencia. Yo no tengo que ver con ese pacto de gobierno ni con esa posibilidad, que parece que se busca por todos los sitios, de que, por una dificultad de entendimiento en un tema concreto, se vaya a romper un pacto de gobierno. Si eso es lo que se está buscando y ésas son las fisuras que se pretenden, yo le digo, Señoría, que ése es un tema que no tiene nada que ver con el Gobierno. Lo mismo que me he remitido antes a los partidos, que son los que han sido llamados a este pacto de gobierno, me remito también a los partidos, para contemplar si se cumple o no el pacto de gobierno. Creo que sería suficiente con esto para terminar.
Señoría, no le quepa la menor duda de que el Gobierno es partidario de la reforma del Estatuto, que es partidario de la ampliación de competencias al máximo que permita la Constitución, y que haremos lo posible para que esa reforma del Estatuto se pueda llevar a cabo. Pero si esa reforma se puede producir, como hemos dicho en múltiples ocasiones en esta Cámara, a través de un acuerdo, a través de un consenso, dejando cada Partido parte de lo que considera ideal en aras del pragmatismo, yo estoy dispuesto y reitero el ofrecimiento que he hecho antes. Si de este debate, Señoría, sale la consecuencia de que es oportuno y de que es compatible presentar un proyecto de ley de reforma del Estatuto con posibilidades de prosperar -le hago esa matización: con posibilidades de prosperar-, ese proyecto lo va a presentar el Gobierno. Si tengo la seguridad, de antemano, de que ese proyecto va a ser sumido en el olvido, también le voy a decir, Señoría, que no lo voy a presentar, que esperaré a que las cosas estén mejor, para tener la oportunidad de que, quizá dentro de algún tiempo, ese proyecto se pueda presentar. Otra cosa son las consecuencias que se puedan sacar de esa cuestión.
No deforme las preguntas que yo he hecho. Las preguntas que yo he hecho las he planteado como un interrogante que creo que en estos momentos se pueden plantear todos los partidos y todos los aragoneses. No deja de ser un documento, a nivel jurídico, a nivel técnico, que tiene muchos problemas de interpretación, y le digo, sinceramente, que a mí no me parece adecuado para la autonomía de Aragón. Por eso, lógicamente, no estamos en esa negociación o no lo hemos firmado.
Además, también he de manifestarle algo en relación con la afirmación de que no ha habido una trayectoria normal en este Gobierno respecto del pacto. Usted mismo reconocerá que este pacto, este acuerdo, ha tenido tres fases perfectamente definidas. Una fase que yo llamaría filosófica, la fase filosófica en donde se habla del entendimiento de la Administración central con la Adminsitración autonómica, y se nos dice: estamos dispuestos a llegar a un entendimiento para que las Comunidades Autónomas amplíen, de manera inmediata, sus competencias. Perfecto. Y estamos dispuestos a que eso se haga por consenso; también, de acuerdo y perfecto. Y estamos dispuestos a que eso se lleve a cabo cuanto antes. A mí, el planteamiento filosófico, Señoría, me parece perfecto.
Viene una segunda parte en la que se empiezan a matizar estas cuestiones, y estas cuestiones se matizan diciendo que se separa el tema económico-financiero del pacto, que se duda sobre la posibilidad de la reforma de los Estatutos y que se excluyen algunas competencias. Esa es otra historia y otra cuestión, y nosotros ahí incidimos diciendo que ese pacto se puede estudiar y negociar con las dos condiciones que he repetido hasta la saciedad en mi anterior intervención.
Y, por último, viene la tercera fase, que es un documento, en principio cerrado, un documento con una serie de cuestiones que nosotros conocemos una vez redactado. Y, reitero una vez más, no hemos sido llamados a intervenir en ese documento, del que hemos tenido conocimiento después, porque ese documento es participación de dos partidos en concreto. Pero eso, Señoría, no quiere decir que en estos momentos nosotros podamos asumir parte de culpa en la redacción de ese documento.
Yo le reitero, y termino, que el Gobierno aragonés es partidario, como dice el Consejero Biel muchas veces, es partidario de la reforma del Estatuto al máximo de competencias permitido por la Constitución; es partidario de que esa reforma del Estatuto se pueda hacer cuanto antes; y es partidario de que dentro de esa reforma se incluyan temas tan concretos y tan importantes como son los temas económicos y los temas financieros. Puede tener el convencimiento, señor Burriel, de que el procedimiento que se ha seguido en el pacto no nos convence. Pero eso no impide -le repito una vez más y lo digo hasta la saciedad- que, a pesar de ello, nosotros tengamos que seguir gobernando en la Comunidad Autónoma de Aragón y haciendo lo posible para que el entendimiento entre los partidos, en aras de este Gobierno y con el fin de llegar a entendimientos, sea el máximo posible.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eiroa.
Fijación de posiciones de los restantes Grupos Parlamentarios. Grupo Parlamentario Popular.
El señor Gimeno tiene la palabra.

El señor DIPUTADO (GIMENO FUSTER): Gracias, señor Presidente. Señoras y señores Diputados.
Antes de comenzar el turno de fijación de posiciones, deseo señalar cuál es la que mantiene el Grupo Popular en relación con lo que a estas horas ya es una realidad: la firma del pacto autonómico.
Señor Burriel, usted ha comenzado su discurso diciendo que este pacto era un delito de exocentralismo. Yo le diría que sus propuestas, su Interpelación, que ha modificado un poco, primero la dirigió al Gobierno, porque lógicamente la tenía que dirigir, pero se ha transformado en un delito, entrecomillado, de lesa novedad, porque ha interpelado no solamente al Gobierno, ha interpelado a la oposición. Mi experiencia parlamentaria no es muy grande, pero, desde luego, que la oposición interpele a la oposición me parece que es una práctica poco usual, poco habitual, por no decir muy extraordinarísima, como dicen algunos alumnos al abusar del superlativo.
También quiero coincidir con lo manifestado por el Presidente de la Comunidad Autónoma, porque creo que, como otras muchísimas veces, los representantes de Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida han equivocado el foro; de verdad, como otras muchas tantas veces.
El Presidente se lo ha dicho claramente: hay voluntad mayoritaria, yo diría unánime, de esta Cámara a la hora de presentar un texto de reforma de Estatutos. De lo contrario es preferible, yo diría, que duerma, para que despierte algún día cuando exista verdadera posibilidad de que ese texto, sea proyecto, sea proposición de ley, tenga visos de salir adelante.
Ha manifestado usted, señor Burriel, que poseía una inmensa hemoroteca en la que se recogía cuál era el planteamiento que Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida tenía con relación al posible pacto autonómico y al posicionamiento de las distintas fuerzas políticas. Mire usted, me va a permitir que yo no le enseñe aquí, porque estaría haciendo propaganda electoral, el programa que el Partido Popular presentó en mayo a las elecciones autonómicas de esta Comunidad Autónoma. Pero, mire usted, el Partido Popular -se lo enviaré a su Grupo, si es que lo quiere y no lo tiene, para que lo recuerde- proponía la reforma de nuestro Estatuto para la ampliación de competencias por la vía del artículo 148.2, para conseguir así una división vertical y horizontal del poder político, que entendíamos y entendemos, y así lo manifestamos en nuestro programa, que se debía conseguir a través de la firma de un pacto autonómico a nivel nacional. Esto es lo que manteníamos entonces, esto es lo que veníamos manteniendo desde hace tiempo y esto es lo que manifestamos y mantenemos ahora.
Para conseguir esto, son necesarias grandes dosis de cooperación, y en el texto del pacto que hoy, me atrevería a decir, se va a firmar o se ha firmado, se recoge como una característica básica, pero hacen falta grandes dosis de coordinación, de colaboración, alejadas de planteamientos totalmente absoletos, miméticos y particularistas. Los posicionamientos de partida eran totalmente diferentes: el Partido Socialista, por un lado, proponía la asunción de competencias por parte de las Comunidades Autónomas a través del artículo 150.2; el Partido Popular proponía una vía totalmente distinta: el artículo 148.2. Mire usted, en el momento que dos, que tres, que cinco, que nueve se sientan en una mesa a negociar, hay que renunciar a las posturas iniciales, hay que romper el posicionamiento primigenio. Y también le voy a decir que ese acuerdo, que puede prosperar en un momento determinado, será un acuerdo, yo me atrevería a decir, no cerrado -luego haré alusión al significado del verbo, de la acción que usted utiliza sistemáticamente: ultimar-. No le quepa la menor duda: el Partido Popular admitirá posiciones y criterios que puedan tener en un momento determinado otras fuerzas políticas. Para llegar a un acuerdo, es conveniente abandonar planteamientos de ámbito localizado. Este abandono no presupone olvido, menoscabo o desprecio de las posiciones, de los criterios. Deseamos todos, y en especial el Partido Popular de Aragón, las mayores cotas de autogobierno para nuestra Comunidad Autónoma, pero desde parámetros constitucionales. Aspiramos a la creación de un Estado de las autonomías pleno, coordinado y homogéneo, donde nos una lo igual, lo transcendente, lo uniforme, dentro de la diversidad de cada región, sin que esto tenga planteamientos obsoletos y planificaciones particulares.
Es imprescindible una voluntad unánime, es imprescindible el consenso, es imprescindible la generosidad para convertir la realidad de este Estado, con derechos uniformes, en una conciencia de participación y de cooperación generosa y responsable. Y no en un reino de taifas, donde las diferencias sean puntos de encuentro y puntos de concurrencia, pero no de disparidad. Esto es lo que el Partido Popular quiere para este Estado, esto es lo que el Partido Popular desea para esta Nación, para el Estado español.
¿Qué aporta el pacto? Señorías, yo pienso que el pacto, aunque no es el mejor -hay que reconocer que no es el mejor-, tiene aspectos positivos, claro, y aspectos negativos. Pero ¿qué aporta? Mire usted, aporta, en primer lugar, sacándolo del estancamiento en que se encontraba, el desarrollo del Título VIII de nuestra Constitución; abre la puerta por la que podrán entrar todas, absolutamente todas las fuerzas políticas. Se incorporan nuevas competencias por un camino, me atrevería a decir, sinuoso, no directo, pero se consigue la incorporación de nuevas competencias con la reforma de Estatutos, y entre ellas yo voy a destacar, aunque caben y existen otras competencias que no se recogen, el INSERSO y la educación. Somos conscientes de que éste no es el mejor de los pactos ni el único pacto posible, pero estamos convencidos de que sí es en este momento el menos malo, dadas las reticencias que el Partido en el Gobierno pretendía mantener para conseguir la equiparación competencial entre todas las autonomías.
El Partido Popular cree y está convencido de que esto va a ser así. Y me voy a ceñir simplemente a unas declaraciones que realizó el honorable Jordi Pujol en relación con el pacto autonómico, cuando decía que se oponía a la firma del pacto porque él se negaba a negociar con el Estado y otras Comunidades Autónomas en términos de igualdad. Cuando el honorable dice esto, creo que algo de positivo tiene ese pacto, conocido el afán diferenciador que el señor Jordi Pujol tiene de su Comunidad Autónoma, de su Generalitat, con respecto al resto de las Comunidades.
El Pacto que hoy se firma y el cumplimiento del programa electoral del Partido Popular son perfectamente compatibles. Señor Eiroa, a pesar del interrogante que usted se ha planteado, yo estoy convencido, los hombres del Partido Popular estamos convencidos, de que son perfectamente compatibles.
Se ha dicho: ¿qué se puede hacer? Pues muchísimas cosas. En política, los tiempos no cuentan: lo que parece hoy inamovible, mañana es perfectamente viable. Existen muchos caminos, existen muchos recursos. Una modificación de la mayoría, por ejemplo, Señor Burriel, una modificación en el cambio de voluntades, de esas propias o de esas mismas mayorías, puede provocar un cambio radical; pero hoy, tal y como está, tendría que decirle a usted que sí que son perfectamente compatibles. El Partido Popular está convencido de ello.
No hay razones que justifiquen otros planteamientos. Quienes buscan otros planteamientos, quienes buscan incompatibilidad entre la firma del pacto autonómico y la reforma de los Estatutos, pretenden única y exclusivamente -éste es mi criterio y el criterio del Partido Popular- confundir.
El pacto sincero es mejor: sin satisfacer los deseos de todas la fuerzas políticas, posee características que yo voy a intentar resaltar de una forma telegráfica. Consagra al Estado no como una ordenación estática y cerrada, sino abierta, totalmente abierta. Ultima un acuerdo que afianza el desarrollo autonómico del Estado -Señor Burriel, aquí hemos llegado a "ultimar"", a su famosa acción, la que usted hace tanta referencia-. Mire usted, yo me he molestado estos días en consultar algunos diccionarios enciclopédicos con el fin de buscar el significado de esta palabra. Y me atrevería a decirle que son dos. Se ultima, en primer lugar, un acuerdo. Mire usted, significa "acabar"", ultimar significa "terminar, concluir"". Sin embargo, el significado de este término utilizado en el pacto es otro muy distinto. Las fuerzas firmantes del pacto lo entienden como "la elaboración de un acuerdo abierto"". Quiero dejarlo perfectamente claro: abierto; y abierto está. En esta Cámara nos hemos enterado de que antes de la firma posiblemente existan modificaciones en el texto inicial. Abierto y perfeccionable, como resultado de unas negociaciones. Este es el sentido que los firmantes del pacto han querido dar a esa acción, a ese verbo ultimar.
La estructura territorial del Estado necesita de un consenso básico de las fuerzas políticas, como lo requirieron en otros momentos documentos tan importantes como la Constitución, como la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autonómas, como los propios Estatutos de Autonomía, y otros muchos, y ojalá, ojalá acciones importantísimas, que reduden en beneficio de los ciudadanos, puedan contar con el consenso de estas fuerzas políticas.
El Partido Popular es consciente de que la no asunción por parte de las Comunidades Autónomas de todas las competencias recogidas en este pacto, y otras que se pudiesen incluir en pactos posteriores, pueda ser el pretexto para que el Partido hoy en el Gobierno del Estado central justifique el mantenimiento de estructuras administrativas centralizadas que generen gastos adicionales, escasa eficacia administrativa, descoordinación y, lo que es peor, servidumbre partidista. Por ello, el Partido Popular invita a todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, tanto estatal como regionalista, a un esfuerzo adicional que posibilite el acuerdo, con el convencimiento de que el pacto es inicio de un desbloqueo para el desarrollo del Título VIII de nuestra Constitución.
El pacto no es, en suma, el mejor, pero sí es necesario; el pacto desbloquea una situación que ha estado paralizada, lo ha reconocido usted, durante un período muy largo de tiempo. El acuerdo no satisface a muchos, pero es necesario para el mantenimiento de lo que yo me atrevería a llamar casi pérdida del concepto de Nación que empezamos a sentir los españoles. El pacto no es más que el inicio de otros caminos que lo complementen, que lo mejoren. Aquí se ha planteado el dilema ante la pérdida de algunas de las competencias que ya estaban recogidas en nuestro Estatuto. Pues mire, es cierto, pero hay que decir que el acuerdo, el pacto que hoy se firma o se ha firmado no es una norma jurídica: es un acuerdo, es un pacto, y por encima del acuerdo y del pacto, está lo que dice nuestro Estatuto; por lo tanto, no vamos a perder ninguna, absolutamente ninguna, de las competencias recogidas en nuestro Estatuto.
Es un pacto abierto, iniciado únicamente, que necesitará de nuevos encuentros y de nuevas reuniones, de nuevos consensos para ir mejorándolo. El pacto no es un ser maligno ni es un hijo del diablo, no, ni es un engendro, no, ni muchísimo menos. Es, simplemente -y hay que decirlo así-, un acuerdo mejorable, un acuerdo que se puede mejorar. Tampoco es una torpeza política, como algunas fuerzas lo califican, por haber quedado -yo pondría entrecomillado- voluntariamente fuera del posible consenso. Era y es deseo del Partido Popular que el consenso sea unánime, pero ese consenso requiere planteamientos iniciales e iniciativas que no le corresponden al Partido Popular. No les quepa, Señorías, a ustedes la menor duda: el Partido Popular intentará conseguir el traslado a otros partidos de estas inquietudes para conseguir ese consenso.
Voy a terminar, Presidente, reiterando tres conceptos que me gustaría que quedasen perfectamente claros: que el pacto es perfectamente compatible con el cumplimiento de los compromisos tanto electorales como de gobierno que el Partido Popular ha venido manteniendo en esta Comunidad Autónoma; que es necesario el pacto, el consenso, a nivel nacional entre todas las fuerzas políticas, tanto de ámbito nacional como autonómico; y que es un logro importante porque con él se ha conseguido desbloquear una situación que estaba desde hacía diez años totalmente paralizada.
Muchas gracias, Señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas Gracias, Señor Gimeno.
El Portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, tiene la palabra. Señor Bolea, tiene la palabra.

El señor DIPUTADO (BOLEA FORADADA): Señor Presidente. Señorías.
En nombre del Grupo del Partido Aragonés, al intervenir en esta Interpelación presentada sobre un tema tan actual como es el de los acuerdos autonómicos, sean mis primeras palabras, Señor Presidente, Señorías, de recuerdo del día que hoy celebramos, 28 de febrero, Día de Andalucía. Hoy Andalucía celebra con alegría la plena autonomía, la totalidad del desarrollo constitucional, y los andaluces, nuestros queridos hermanos andaluces, se sienten totatalmente satisfechos de haber logrado algo que nadie les ha dado y que nadie tiene por qué regalarles, algo a lo que tienen derecho, según la Constitución. Y como la rueda de la fortuna es tan caprichosa, el día de Andalucía, 28 de febrero, es el día en que hoy celebramos aquí un debate sobre el tema autonómico, y hoy precisamente, según nos enteramos a través de los medios de información, se firma o ha firmado, amigo Adolfo, que me parece que nos ha caído la losa encima, me parece que ya nos ha caído el pacto autonómico.
Qué cúmulo de circunstancias. Los aragoneses, que, sobre todo los que somos de pueblo, hemos oído tantas veces contar esas historias en los hogariles, empezamos a creer que algo hay, algo ha ocurrido para que estas circunstancias no sean casuales.
Hoy, por lo visto, se han firmado estos acuerdos autonómicos. No son los primeros. En l981, el 31 de julio, se firmó este pacto autonómico; lo firmaron don Adolfo Suárez y don Felipe González, en representación del Partido Socialista Obrero Español. En estos pactos autonómicos del 31 de julio de 1981 se decía literalmente: "Con la excepción de Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía, las restantes Comunidades -entre ellas Aragón- se constituirán en Comunidades Autónomas por la vía del artículo 143 de la Constitución."" Dicho y hecho; aquí estamos.
Le voy a recordar que cuando se debatió el Estatuto de Aragón, en el Congreso y en el Senado, algunos Diputados y Senadores aragoneses tuvimos la valentía de reclamar un Estatuto pleno para Aragón, pedimos la denominación como Nacionalidad, y no quiero recordar lo que otros hicieron. Por si de memoria hablamos. (Murmullos.)

El señor PRESIDENTE: Señores, señores, del Grupo Socialista, no interfieran la exposición del interviniente. Van a tener la intervención de su portavoz para poder trasladar esas y cualesquiera otras impresiones. Pero esto no es un diálogo ni un debate interpersonal. Esto es una exposición unilateral.

El señor DIPUTADO (BOLEA FORADADA): Estoy recordando simplemente el proceso autonómico español sin darle ninguna calificación. En estos pactos autonómicos se decía: "Las Comunidades Autónomas que accedan por la vía del artículo 143, podrán ampliar sus competencias mediante ley de delegación o transferencia"". Estamos llegando a 1992.
En estos pactos autonómicos se decía que las elecciones de estas Comunidades Autónomas se celebrarán el mismo día -aprobamos hace muy poco una reforma de la ley electoral-, para que todas las Comunidades Autónomas que van por el artículo 143 celebren las elecciones el mismo día, a excepción de las del artículo 151, como Cataluña, que muy próximamente va a celebrar sus elecciones. En los pactos autonómicos del ochenta y uno se decía que los Presidentes de estas Comunidades no podrán disolver las Asambleas Legislativas, como no han podido y como tampoco van a poder con este pacto autonómico, a diferencia de lo que pueden hacer el resto de los Presidentes que han accedido por el artículo 151. Los Consejos de Gobierno de las Comunidades del 143 no podrán exceder de diez Consejeros, cosa que se respeta en todos los Estatutos, y todos los cargos desde el nivel de Director General serán designados entre funcionarios, a diferencia de lo que ocurre en los otros cuatro Estatutos.
Así nacía nuestro Estatuto, que yo, algunas veces, no despectivamente sino de una forma intencionada, he llamado "estatutito"", y al que quiero profundamente como queremos a los hijos, o como el labrador quiere a los árboles que no crecen con la potencia que deben de crecer, pero que puede ayudárseles a crecer.

El señor PRESIDENTE: Por favor, Señor Bolea.
Ruego a la Cámara que, sin perjuicio de que puedan tener salida los naturales humores de afirmación o de negación, no interpelen, no interpelen ni se dirijan al interviniente, porque eso es romper la dinámica parlamentaria. Por favor.

El señor DIPUTADO (BOLEA FORADADA): Siguiendo el orden de los acontecimientos, en 1985, los entonces diputados de las Cortes de Aragón recibimos esta invitación, que dice literalmente: "El Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, excelentísimo señor don Santiago Marraco Solana, se complace en invitarle al acto de la firma del protocolo de culminación del proceso de transferencias de la Administración central a la Diputación General de Aragón, que tendrá lugar en el salón de actos de la sede de esta institución, en la plaza de los Sitios, número 7, de Zaragoza, a las doce horas del día 31 del presente mes"". Esa acta de culminación del proceso autonómico está en la Diputación General de Aragón, y esto indicaba que se había culminado. Y no hago ninguna valoración; lo que digo es que al parecer no se culminó, porque en estos pactos autonómicos ahora se trata de ampliar con veintiocho, treinta, treinta y dos nuevas competencias, luego mal pudo culminarse lo que ahora se añade. O entonces no se entendió o es que faltaban algunas cosas por culminar.
El acuerdo autonómico de 1992, el que todos nosotros conocemos, empieza por decir: "Los partidos políticos firmantes de este acuerdo, como instrumentos que articulan la voluntad de los ciudadanos...""; evidentemente, los partidos articulan la voluntad de los ciudadanos, pero estos partidos son los que llevan a la modificación, última consecuencia, incluso, de nuestros Estatutos. Y yo quiero recordar que el artículo 148.2 dice literalmente que "transcurridos cinco años, las Comunidades Autonómas pueden reformar y ampliar sus competencias"". Dice también que el derecho que la Constitución reconoce en el artículo 2 a la autonomía de las nacionalidades y regiones lo garantiza la propia Constitución y es un derecho de las Comunidades. Ese derecho de las Comunidades nace y se ejerce por quien tiene el derecho; lo que no es admisible es que a una Comunidad Autónoma como Aragón se nos diga desde Madrid que esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo pregunto: ¿es ésta la voluntad del pueblo de Aragón?, ¿realmente los aragoneses están de acuerdo con estos acuerdos autonómicos que culminan el proceso?
Se nos ha instado en las Cortes de Aragón, antes de este acuerdo, a un debate para que dijésemos lo que cada uno piensa, en la Comunidad Autónoma de Aragón, con respecto a estos acuerdos. ¿Que hay una mayoría en un sentido?; pues mire usted: esa es la mayoría en este sentido, pero yo tengo la seguridad de que estos acuerdos autonómicos no nos los han facilitado para tener un debate previo, que habría sido enriquecedor.
Y me pregunto: si no se ha celebrado aquí y, por lo tanto, desconocemos la voluntad de las Cortes, ¿qué cuota, qué parte de estos acuerdos autonómicos han sido hechos por nosotros? Voy a ser más incisivo: ¿hay algún Diputado de estas Cortes que haya sido llamado por sus respectivos partidos a redactar este texto?,
¿ha habido alguna expresión concreta de los órganos de cada uno de los partidos pronunciándose sobre este tema?, ¿hay alguien de Sus Señorías que públicamente quiera responsabilizarse diciendo "yo he intervenido, yo he redactado, yo he aprobado...""?; me temo que ningún aragonés ha intervenido en esta redacción, y es curioso que esta redacción es la que ahora se nos presenta.
Pero no solamente tiene esta -yo no sé cómo llamarla- deficiencia que no nos posibilita a nosotros, como Comunidad Autónoma, ejercer el derecho más elemental, como decía mi buen amigo Adolfo, de ejercer la propia autonomía. Dicen que el derecho más elemental de la persona con capacidad para ello es el de ejercitar sus derechos, y naturalmente ninguna persona física o jurídica, cuando quiere ejercitar un derecho, consiente en que lo ejerciten por ella. Y éste es nuestro caso, y lo digo porque no nos han permitido a ninguno de nosotros que digamos qué autonomía queremos.
Y la gravedad, segunda gravedad de este acuerdo es que dice que lo han cambiado. Es curioso porque tampoco sabemos en qué consiste el cambio, tampoco han intervenido ustedes en la modificación. A ver si resulta que estos acuerdos los han cambiado ahora y son muy buenos, yo no lo sé. ¿En qué ha consistido el cambio? Si no lo saben ni siquiera ustedes, si lo estamos debatiendo aquí hoy. Pero parece ser que -no sé si se habrá cambiado o no- el pacto dice, en su preámbulo, que pretende, y leo entre comillas, "ultimar, de acuerdo con las previsiones constitucionales, la definición concreta del desarrollo del Título VIII de la Constitución, de manera que se afiance un funcionamiento integrado y estable del Estado autonómico en su conjunto"". Es decir: se emplean las siguientes palabras: ultimar, afianzar, estabilizar. Yo de gramática no entiendo, pero ciertamente aquí no se dice que éste es el final de la película. Ojalá se haya cambiado esto, ojála se haya cambiado, por lo menos que nos den un resquicio por donde mirar, que no nos ocurra aquí como ocurre en la Divina Comedia, cuando Dante nos dice que allí, en la puerta del Averno, está esa terrorífica frase de "Abandonad toda esperanza"". Hombre, no es que esto sea la Divina Comedia, pero que no sea tampoco la comedia divina.
¿Qué es lo que ocurre en estos acuerdos? Pues miren, Sus Señorías: en estos acuerdos solamente se contienen algunos aspectos referentes a competencias. Así, por supuesto, no se permite que ninguna Comunidad Autónoma pueda modificar su artículo primero con una modificación tan romántica y hermosa como sería la de poder decir que Aragón es nacionalidad, para que no tengamos que estar oyendo, incluso a algunos aragoneses, que las Comunidades históricas son Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía. Toda esa historia nace de que tuvieron un Estatuto o proyectaron un Estatuto en la Constitución de 1931. A nosostros ni siquiera nos queda esa posibilidad romántica de definirnos como deseemos.
En el tema de las competencias, evidentemente, como ya ha expuesto nuestro Presidente, algunas ya están; otras nos las limitan, por ejemplo, en materia hidrográfica; otras importantes no aparecen, como la sanidad, y, mucho más grave, no se dice nada de la Administración local. En la Ley de Bases de la Administración Local, las Comunidades del 151 tienen amplísimas competencias sobre esa materia. Una Disposición Transitoria de las Comunidades con referencia a las Comunidades Autónomas, entre las que cita expresamente a Aragón, impide el ejercicio en materia de Administración local. Pero ¿cómo es posible que como españoles, ya no como aragoneses, que aquí no podamos hacer, en materia de Administración local, lo mismo que hacen otras Comunidades Autónomas? ¿Cúal es la diferencia? Es que a mí me gustaría que alguien me lo explicase y olvidémonos, y vayamos todos a ver si podemos ser constructivos. ¿Por qué vamos nosotros a renunciar a esto?
En cuanto a reformas institucionales, nada se dice de la posibilidad de ampliar el período legislativo. Vamos a tener más competencias: habrá que trabajar más, habrá que legislar más, pero no se nos permite que cambiemos los períodos legislativos. Se nos limita también el número de Consejeros, pero si hay más competencias, a lo mejor hay que ampliar el número de Consejeros.
La libre designación de los cargos, como Directores Generales, etcétera, tampoco está permitida. No se faculta al Presidente para disolver la Cámara Legislativa. No se admite, tampoco, ninguna posibilidad de reforma del régimen financiero.
Y otra cosa que ya mi buen amigo Adolfo Burriel ha expresado, aunque coincido con él y voy a decir prácticamente lo mismo, y es que mis apuntes coinciden totalmente con lo que acaba de expresar el Portavoz de Izquierda Unida al referirse al procedimiento de reforma. Voy a leer este procedimiento de reforma porque vamos a reflexionar juntos sobre lo que aquí va a pasar. Según estos acuerdos, que tienen mayoría asegurada en el Congreso de los Diputados, va a suceder la siguiente historieta.
Capítulo primero. La ampliación de estas competencias se llevará a cabo mediante ley orgánica de delegación o transferencia en el Congreso de los Diputados. Es decir, en el Congreso de los Diputados se aprobará una ley que, me imagino, englobará a todas las Comunidades Autónomas, y donde se nos dirá qué competencias concretas nos delegan.
Capítulo segundo. Es literal lo que estoy leyendo: "inmediatamente después de su aprobación, los partidos firmantes -los dos partidos firmantes- promoverán la ampliación de las competencias de estos acuerdos previstas en sus respectivos Estatutos de Autonomía"". Es decir, que dentro de muy poco tiempo, de tres, cuatro, seis meses, los dos partidos que han firmado este pacto -no sé si en un texto conjunto- presentarán, en cumplimiento de un pacto nacional, una iniciativa de reforma del Estatuto de Autonomía.
Capítulo tercero. Las iniciativas de reforma, las que Sus Señorías, en cumplimiento de lo que les dicen desde Madrid, van a presentar en las Cortes de Aragón, incorporarán a cada Estatuto, mediante un artículo único -¡qué fácil va a ser!: se lo darán redactado ya desde Madrid-, las competencias recogidas en la Ley Orgánica de Delegación.
Y capítulo cuarto. Este es delicioso: siempre que las iniciativas de reforma respondan estrictamente al contenido antes indicado, es decir, cuando ustedes presenten ese articulito, los partidos firmantes del acuerdo -nosotros no hemos firmado, ¿eh?- se comprometen a votar su aprobación en las Cortes Generales. Pero en todo acuerdo hay una trampa. Aquí dice que siempre que las iniciativas de reforma del Estatuto respondan estrictamente a ese articulito, en las Cortes Generales los partidos que han firmado lo aprobarán, y podemos hacer la siguiente probatina: ustedes nos traen ese articulito, el que sea, y nosotros lo aceptamos, y como seguramente también Sus Señorías estarán de acuerdo en añadir algo más, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo y decimos: por lo menos, vamos a ver si colamos estos siete articulitos más; pero aquí no les dice: "y no podrán votar en su propia Comunidad Autónoma""; aquí no lo dice, aquí tienen ustedes libertad. Vamos a ver si de una vez los aragoneses nos ponemos de acuerdo y les hacemos una faena en Madrid y colocamos al CAI el primero en la liga, y vamos a ver si lo hacemos y presentamos los articulitos. ¿Qué ocurrirá? Si nos ponemos de acuerdo, que nos podemos poner de acuerdo porque yo he visto en todos los programas que todos queremos reformar el Estatuto, que nosotros, incluso, tenemos un pacto de Legislatura que creo que podemos desarrollar, pues colaremos siete artículos; y, después, como esa ley orgánica también la podemos llevar nosotros, incluso podemos nombrar nuestros representantes. Yo encargaría a nuestros Senadores o a nuestros Diputados que defiendan la postura que hemos mantenido en Aragón. Y entonces nosotros podemos decir en las Cortes Generales que Aragón presenta el acuerdo autonómico, pero presentamos nuestro hecho diferencial.
Seguramente, las otras Comunidades estarán muy felices porque no han dicho ni pío; pero nosotros tenemos nuestro hecho diferencial, y vamos a ver si aprobando por unanimidad aquí esos cinco o seis artículos, en las Cortes Generales, a nivel nacional, los partidos firmantes van a reconocer la voluntad de las Cortes, que es la que representa la voluntad del pueblo de Aragón, porque ni Izquierda Unida ni el Partido Aragonés tenemos toda la voluntad del pueblo aragonés; tenemos un cachico, pero ustedes tienen también un cachico; el PSOE, un cacho un poquico más grande. Entonces, si es que lo hacemos, ¿creen Sus Señorías que en Madrid no nos van a aceptar el hecho diferencial?; hagamos la prueba. Pero si no somos capaces de hacer esto, nos encontraremos con que con ese articulito, que será exactamente lo que dice la ley orgánica, habremos culminado, ultimado, afianzado y estabilizado el desarrollo autonómico español. Y -no hace falta leer mucho- estos acuerdos los tienen todos los medios de información, y si alguno no los tiene, los tengo a su disposición para que haga una fotocopia. El resultado final de este Estatuto, con ese articulito, comparado con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, del País Vasco, de Galicia y Andalucía, no se parecerán en nada; seguirá habiendo unas diferencias abismales, y si lo que hemos conseguido con este acuerdo es culminar y estabilizar el proceso autonómico, habremos culminado o estabilizado, en una expresión que me es personalmente muy grata, lo que hoy es la realidad de las dos Españas: la España de los territorios que van por un camino, a los que se les considera mayores de edad, capacitados, y el resto de los españoles -que somos menos en número, aunque más en Comunidades- que, por lo visto, no estamos capacitados para administrar la sanidad, para desarrollar la educación plenamente, para administrar la Administración local, para poder legislar... Se habrá culminado algo que infringirá ciertamente el artículo 138 de la Constitución: las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.
Como aragoneses, Señorías, ¿ustedes creen, honradamente, que el Estatuto de Autonomía de Aragón no es sensiblemente inferior a estos cuatro que yo les he citado? ¿No creen que hay un privilegio social importantísimo en favor de estas Comunidades? Y ninguno ha renunciado; ni andaluces, ni gallegos, ni vascos, ni catalanes han renunciado a estos privilegios: les parecen normales. ¿Creen que vamos a permitir esa infracción? La Constitución reconoce y garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española. Si esto lo explicásemos hoy, cuando hablamos tanto de federalismo, en la Alemania Federal, no lo entendería nadie. Si hoy los lander de la Alemania Oriental, que se han incorporado a la Alamenia unificada, entrasen por la vía del artículo 143, no se habría producido la unificación de Alemania.
Queridos amigos, estamos hablando de la solidaridad y de la igualdad de los pueblos de España; pero, por lo menos, los aragoneses vamos a perpetuar que esto no sea igual ni solidario, sino que sea distinto. Pero ¿por qué distinto?; que me lo explique alguien. ¿Razones de Estado?; pero ¿cuáles son esas razones de Estado? ¿Es que va a venir don Jordi Pujol aquí, a invadirnos, si tenemos un Estatuto de Autonomía igual que Cataluña? ¡Hombre!, a mí me gustaría que estuviese aquí, en una especie de rendez vous de las Comunidades. Si estuviese aquí con nosotros el señor Jordi Pujol, le diríamos: ¡Hombre!, pero ¿esto es lo que usted quiere, de verdad, respecto a Aragón? Pues dígalo públicamente, venga usted a decirlo aquí.
Ahora, ¿que hay hechos diferenciales?; evidentemente, como también nosotros los tenemos, pero que como aragoneses no podemos permitir que haya esta discriminación. Bueno, a nosotros nos resulta muy fácil de explicar. Yo espero que a los demás partidos les resulte también fácil; pero hagamos algo.
Y, termino, Señoría, yo expreso el punto de vista del Partido Aragonés. El Partido Aragonés tiene su proyecto de Estatuto, el Estatuto que en la Legislatura pasada presentó nuestro Presidente Hipólito Gómez de las Roces. ¿Se puede hacer alguna modificación? Ya dijimos que en las negociaciones estamos abiertos a las modificaciones; ¿que a lo mejor es maximalista?; hombre, podemos ceder en algunas cosas, pero intentemos algo.
Postura del Partido Aragonés: queridos aragoneses, el Partido Aragonés no ha firmado ni firmará este acuerdo; le deseamos los mejores resultados; deseamos que esto sea para bien; no hagamos una tragedia, pero, desde luego, nosotros no ponemos nuestras manos, no lo firmamos. El Partido Aragonés seguirá manteniendo viva la llama de la esperanza. Nosotros, en campaña electoral y en campaña no electoral, podremos explicar, con la sencillez con la que lo estoy haciendo ahora, que los que integramos este Partido que llamamos aragonés queremos para Aragón un Estatuto de Autonomía pleno, de acuerdo con la Constitución Española, y esto es lo que nosotros explicamos; no digo vendemos porque a lo mejor somos malos vendedores, porque no hemos obtenido mayoría en las pasadas elecciones, pero seguiremos con este criterio porque somos demócratas. Si esto -como ha dicho el Presidente- lo van ustedes a aprobar aquí, y si hay que aceptar algunas competencias, ¡qué vamos a hacer!, las aceptaremos.
Y ya algo para finalizar: a los amigos, a todos los amigos de las Cortes de Aragón, que en este debate, por parte del Partido Aragonés, no vean ningún intento de dividirnos, de pelearnos o de no entendernos. Mis respetos a los tres partidos que, con el Partido Aragonés, integran esta Cámara, mi respeto total; nosotros aceptamos la vía de los partidos. Pero un ruego: que no demos una imagen ante los aragoneses de que, ciertamente, no queremos todos seguir luchando; abramos esa puerta a la esperanza, para, de verdad, ver si en esta Legislatura, que nos quedan tres años y medio, somos capaces de pasar, como en las carreras de obstáculos, este primer obstáculo. Ustedes lo van a pasar, nosotros lo vamos a ver, no lo vamos a compartir, pero la carrera no se ha terminado. Yo solamente les ruego a los partidos firmantes, a los que son representantes de Aragón que, por lo menos, no digan nunca que esto es la culminación de la autonomía aragonesa. Yo, en este momento, queridos amigos -ahora va a actuar el Grupo del Partido Socialista-, yo con esto ya tendría bastante: que aceptemos que Aragón tiene derecho, como el resto de las Comunidades españolas, a tener un Estatuto de plena autonomía. Los amigos del Partido Aragonés seguiremos luchando. No nos va a resultar difícil explicar este tema, y saben los aragoneses que seguiremos luchando y manteniendo una bandera con la que nos encontramos y sentimos muy orgullosos.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bolea. El representante, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Marco, tiene la palabra.

El señor DIPUTADO (MARCO BERGES): Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Diputados.
Esta mañana del 28 de febrero, pensaba yo, en el arranque del día, que quizá era un buen día para algunos de los parlamentarios que nos sentamos en esta Cámara; pensaba ser un buen día porque era el momento de desbloquear un Estatuto, era el momento de desbloquear una forma de concebir el Estado, era el momento de salir de una especie de desfiladero donde, desde hace cinco años, estábamos unidos los aragoneses, íbamos a entrar en una alameda competencial distinta, en un Aragón novedoso, pero yo no sé si estoy oyendo mal a lo largo de la mañana, cuando alguien planteaba que, precisamente hoy, 28 de febrero, era el momento de bloquear definitivamente la autonomía de Aragón, que sucedería lo inverso en Cataluña, Euskadi, Galicia o Andalucía. Yo no sé si el problema es de lectura o de interpretación. Creo que no han leído la página 19 del pacto autonómico, por eso hoy, esta mañana, en la SER, los partidos nacionalistas vascos y catalanes decían que no están de acuerdo con este pacto autonómico, porque si de suelo no hablamos, sí de techo competencial, sí en el pacto autonómico, y en esa página 19, se dice: "solamente a través de las conferencias sectoriales, las diecisiete Comunidades Autónomas, sentadas con el Estado, podrán seguir avanzando en el proceso autonómico"". Y las conferencias sectoriales -alguien lo ha malinterpretado- no son voluntarias, no son órganos de interpretación; tienen un carácter obligatorio, y en esa página 19 se dice que el avance autonómico, en este proceso, a partir de este momento, la fórmula principal será la unanimidad. Es la primera vez que, desde el arranque del proceso autonómico, trece Comunidades Autónomas vamos a decir cuánto avanzamos, cómo avanzamos y si a alguien le vamos a permitir que se distancie de nosotros; pero, para mí, la mayor alegría de esta mañana -y no es el hecho de que por lo menos uno tiene la impresión de que está en mayoría-, quizá por primera vez en ocho meses, en estas Cortes de Aragón, la mayor alegría es posiblemente ver que, efectivamente, la rueda de la fortuna es caprichosa: alguien me recordaba la fecha del 28 de febrero y el evento de la autonomía andaluza en su caminar, en su petición hacia la autonomía plena, y volviendo efectivamente la memoria hacia atrás en la historia, yo me preguntaba cuál fue, de verdad, el posicionamiento de su partido, de la UCD en ese momento. ¿Por qué en Andalucía dijo "no"" a la autonomía por la vía del 151, o por qué aquí, en Aragón, a los que éramos alcaldes desde 1979 se nos decía que no era la mejor fórmula la del 151? Sin embargo, el 151 solamente se lo planteaba el Partido Socialista.
Por eso, que hoy se diga que nuestro Estatuto es sólo estatutito, en 1979, 1980 y 1981 teníamos fuerza capaz para que hubiera sido Estatuto en esta Comunidad si la derecha de esta región hubiera dicho: vamos a por un Estatuto de verdad, y no hubieran visitado uno tras otro los doscientos noventa municipios, los setecientos treinta municipios de esta Comunidad Autónoma, hablándonos en otra dirección. ¿Es serio que se deje aquí un interrogante esta mañana preguntándonos si esta fórmula del pacto es la voluntad de los aragoneses?; implícitamente, ¿qué tengo que interpretar?, ¿de verdad se consideran ustedes, con diecisiete escaños, los más legítimos intérpretes de la voluntad de Aragón? Alguna vez, alguna vez se pondrán a pensar por qué del diecinueve al diecisiete. Alguna vez se tienen que poner a pensar por qué partidos políticos de esta Cámara con un presente reducido o, en otros casos, con un futuro cargado de nubarrones, en elecciones generales se plantean lo de juntos, solos o acompañados; alguna vez tendrán que empezar a pensar que, quizá, la legitimidad de la interpretación de la soberanía popular no radica sólo en una parte de esta Cámara; ya que ustedes me estaban introduciendo al debate de qué pasaría con los lander alemanes, pues vamos a salir. Yo creo que me están invitando a boda, y voy a decirles algo que en el otoño de 1990, en la Universidad de Comercio de Milán, Iulio Andreotti estaba pronunciando una de aquellas proposiciones contradictorias; decía él -y voy a su terreno-: si en el siglo XIX era absurdo hablar de una Italia desmembrada en nacionalidades y regiones comunales, porque en Europa entonces se estaba hablando, fundamentalmente, de estados soberanos -decía-, en 1990 sería ir contra la historia el fortalecer el poder soberano de los estados frente a las regiones. Y participo yo también de ese criterio. El contexto era fácil para el aplauso: se trataba, ni más ni menos, que de una convención en pro de la creación del Senado Europeo de las Regiones. Pero la premonición del viejo político italiano ha sido contradictoria en los últimos meses a la velocidad de la luz: por un lado, la crisis económica; por otro lado, la aparición de un nuevo mundo, de un nuevo sistema, ya no bipolar sino unipolar, con una sola cabecera: Washington, y no Washington frente a Moscú. Pero, sobre todo, la aparición de nuevos criterios de eficacia, de eficiencia y de rentabilidad económica está obligando hoy a los países más decentralizados de la Europa comunitaria a plantearse una revisión en profundidad, con una cierta tendencia -y hay que decirlo- a la centralización del reparto de los poderes financieros e institucionales.
El caso que más llama la atención, posiblemente, es el caso de Bélgica, un país fuertemente descentralizado, en el arranque de esta parte del siglo, en tres poderes regionales: la región flamenca, la región valona y la región de Bruselas. Hoy estamos asistiendo, precisamente porque no concuerdan las regiones existentes geográficamente con las regiones culturales, con poderío económico, a un proceso de inversión hacia la concentración. En Italia, con un régimen estrictamente regional, después de veinticinco años de aquel famoso Decreto seiscientos dieciséis de transferencia de competencias, todavía asistimos hoy al hecho de que frente a mínimas regiones especiales, y es el caso de Trieste y de Cerdeña, el resto son todo regiones comunes, regiones con unos parlamentos que no tienen capacidad legislativa y con unas juntas de gobierno cuya única misión es ser meros intermediarios financieros, para distribuir los recursos de la caja única central, que tiene la sede en el Quirinal o en el Monte Citorio romano. Francia no acaba de creerse el proceso descentralizador. ¿Qué les cuento de Gran Bretaña, que está todavía más lejos de este espíritu de la descentralización? Grecia tiene solamente regiones sin gobiernos, sin cámaras legislativas. Y en el caso de Portugal solamente se han desarrollado virtualidades autonómicas en Azores y en Madeira, y esto a muy escaso nivel. Por no alargarme, la República Federal Alemana está conociendo hoy el proceso centrípeto más fuerte de toda su reciente historia, sobre todo en la decisión del gasto y en la recaudación de ingresos, porque está buscando una mayor efectividad en el destino y en el control del gasto público, y lo está haciendo, precisamente, en este momento, en un momento de real crisis económica mundial. Y en todo ese contexto europeo, comunitario y extracomunitario, solamente España, y éste es nuestro orgullo, aparece hoy como un país dinámicamente descentralizador, como un país que está avanzando con extraordinaria velocidad, y reto a cualquier parlamentario a que me demuestre un mayor impulso en este proceso, hacia un horizonte que no es otra cosa que un federalismo cooperativo. En menos de quince años, historia por historia, España ha conseguido organizar diecisiete Comunidades Autónomas, diecisiete Gobiernos regionales, con Consejeros que no necesariamente han de ser parlamentarios, que son proclamados por el Presidente; con diecisiete verdaderos parlamentos regionales como éste, cuyas leyes tienen el mismo rango, el mismo calado, el mismo poder que las leyes ordinarias de las Cortes Generales, y que no necesitan ser ratificadas; es una prerrogativa que sólo se conoce en los estados federales. Pero, además, diecisiete Tribunales Superiores de Justicia de cuya composición, a pesar de la obligada unidad jurisdiccional del Estado, participan los Parlamentos regionales.
El desarrollo del proceso autonómico español ha sido tan rápido que en sólo diez años -y ahí viene el dato por si alguno quiere molestarse en empezar a estudiar- estamos superando en descentralización a países federales, como Austria o como Estados Unidos, y nos estamos aproximando al umbral de la República Federal Alemana. Por eso, hoy, 28 de febrero, para nosotros, socialistas, es un gran día; nosotros hoy afirmamos que España se sitúa, esta mañana, a las doce y media, entre los cuatro o cinco países más descentralizados del mundo, o mejor, con una organización territorial del Estado más descentralizada.
Para evaluar el calado político de este pacto, y porque aquí se ha mencionado repetidas veces a lo largo de la mañana, no querría finalizar sin constatar lo que digo con lo que ya hemos dicho en nuestro programa y en nuestra campaña electoral. Compararemos solamente con el programa del Partido Socialista; primero porque es nuestro programa, el programa de nuestro Partido; segundo, porque es el Partido que más ladrillos ha puesto en la construcción del Estado de las autonomías, y tercero, sobre todo, porque seguimos siendo el Partido más votado en esta Comunidad en los tres procesos autonómicos.
Se nos decía en campaña, nos decían ustedes que nuestras propuestas no llegarían a ser realidad, y ahora, punto por punto, vengo a decirles que no queremos cumplir, vengo a decirles que hemos cumplido con espíritu y talante superador.
En primer lugar, indicábamos como objetivo prioritario el aumento de las competencias en la Comunidad Autónoma de Aragón. Este proceso, decíamos, debe desarrollarse como consecuencia de un pacto. Y de eso estamos hablando a las doce y media. El acuerdo autonómico, el pacto autonómico que esta mañana se firma supone, pues, pocas cosas. Quizás se nos han olvidado a los demás, pero no viene mal para refrescar la memoria: ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos -¿van a aceptar esta competencia, señores del PAR?-; casinos, juegos y apuestas; cooperativas; espectáculos; estadística; fundaciones; industria; publicidad; servicio meteorológico; producción, distribución y transporte de la energía; defensa al consumidor; minería; medio ambiente; prensa, radio y televisión; denominaciones de origen; INSERSO; ferias internacionales; asociaciones; productos farmacéuticos; propiedad intelectual e industrial; educación, fundamentalmente en toda su extensión, sus niveles y sus grados.
Segundo. Creo que la primera parte del pacto con los electores estaba cumplida, pero en el programa electoral, en el nuestro, en el que fue votado mayoritariamente por los aragoneses, textualmente también decíamos que propugnábamos el desarrollo del Estado de las autonomías hacia la perspectiva de los Estados federales. ¡Casi nada lo que estábamos diciendo! Señor Presidente, señores Diputados, con la propuesta de transferencia de esta misma mañana, el porcentaje de competencias del gasto público imputable a las Comunidades Autónomas españolas supera el 30%, y nos situamos en un índice de descentralización únicamente por debajo de Canadá, con el 30,4%, y Autralia, con el 32,5%, que son los Estados federales más descentralizados del mundo. A esa situación pasamos esta mañana.
En tercer lugar, los socialistas nos comprometimos, en la campaña electoral, a reformar el Estatuto de Autonomía; nos comprometimos en el mayor acto público de toda la campaña electoral, en el pabellón de deportes de La Romareda. Y ahora, esta mañana, todas esas competencias van a venir a Aragón, y constarán ya -y pido atención al dato- como propiedad jurídica y constitucional aragonesa en nuestro Estatuto de Autonomía porque, señoras, señores Diputados, vamos y cumplimos el punto tercero. Vamos a reformar el Estatuto de Autonomía, lo repito por la sordera, vamos a reformar el Estatuto de Autonomía.
En cuarto lugar -que creo que no les dio tiempo a trabajar lo suficiente-, los socialistas nos estábamos comprometiendo, por un lado, a potenciar la presencia de Aragón en las decisiones del Estado que tuvieran que ver con la Comunidad Autónoma de Aragón y, por otro lado, a potenciar nuestra presencia en todas las decisiones europeas que tuvieran que ver con nuestro territorio. Pues bien, no les dio tiempo de estudiar esta parte del pacto autonómico, aunque el pacto autonómico que hoy se firma recoge esta doble filosofía: participación de Aragón en el desarrollo de la España autonómica y en el desarrollo de la Europa Comunitaria. Dos vertientes distintas tremendamente importantes. Y el dato que no he visto reflejado a lo largo de la mañana: aparecen las conferencias sectoriales, que son un instrumento de articulación de los intereses de las Comunidades Autónomas en relación con el Estado, aunque no son -y estoy hablando textualmente- órganos voluntarios, sino que tienen reconocimiento institucional, son los garantes de la participación de las Comunidades Autónomas en los intereses de todo el Estado. Pero sobre todo y fundamental, los acuerdos que hoy estamos firmando garantizan, ya para siempre, la participación de Aragón como Comunidad Autónoma en la fase ascendente y descendente del proceso comunitario europeo. Aragón, junto con el resto, con las otras dieciséis Comunidades Autónomas y junto con el Estado, conformará una sola voluntad política que elevará ante Bruselas. Después, junto con el Estado a nivel central y con el resto de las Comunidades, hará en nuestro territorio lo que en Bruselas se acuerde. Y estos dos elementos son los que han sacado de quicio a nacionalistas de otras latitudes, a distancia ideológica en algunos casos inconmensurable, algunos de ellos en campaña electoral desde esta misma mañana.
El PSOE de Aragón asumió un compromiso electoral, nada menos que -y nos lo decía el Portavoz de Izquierda Unida- nuestro Vicesecretario General, en mayo del noventa y uno, decía en Zaragoza que se comprometía real y formalmente con la propuesta electoral que nuestro Partido en Aragón estaba presentando a la sociedad. Y hoy, casi nada, antes de un año de aquel compromiso, se firman unos acuerdos que, como ven, superan los compromisos de los socialistas en nuestro proyecto de campaña. Nuestro Partido fue el más votado -pueden seguir con los rumores: ustedes siguen bajando y, sin embargo, siguen hablando- en tres ocasiones; seguirá siendo el más votado por coherencia, y por esa misma coherencia, porque hemos cumplido esta mañana lo que decíamos en campaña electoral, es por lo que volveremos a pedir el respaldo de esta sociedad. Hoy, solamente hoy, cuando salgamos por esa puerta y sepamos que ya disponemos de una competencia en educación, que este Gobierno ya no va a tener el presupuesto que tiene -porque sólo educación, no tiemblen ustedes, supone casi doblar su presupuesto: es el 75% del presupuesto de toda la Comunidad-, podremos orientar fundamentalmente el futuro en el campus universitario, en las enseñanzas medias, en las enseñanzas primarias -obligatorias y no obligatorias-; solamente así podremos anular el estrangulamiento que el no poder controlar lo que supone formación profesional está suponiendo en esta Comunidad. Espero más ánimo y más coraje, para asumir las competencias de educación, que el que están demostrando ustedes con los adultos, en Calatayud o en Barbastro, donde los veo tan tremendamente distantes, como si esto de la educación no fuese con ustedes.
Señores Diputados, hoy por hoy, ésta es la profunda reforma de nuestro Estatuto, éste es el decidido avance que la sociedad de Aragón necesita para desarrollar el Título VIII de la Constitución. En ese sentido, y sólo en ese sentido, vamos a decir los socialistas que éste es un acuerdo cerrado, porque en política, señor Presidente, sobre todo en política autonómica, sería muy triste que ustedes pudieran pensar que los socialistas nos vamos a detener alguna vez. Pero hemos de demostrar que somos capaces de llevar este proyecto y estas competencias hacia adelante.
Yo tenía pendientes muchas cosas, de tantas que he oído a lo largo de la mañana, y algo sí que creo que deben de permitirme decirles. Señor Burriel, ¿el pacto es entre dos partidos?; porque el suyo, el 4 de febrero, a las ocho y media, solamente pedía una alusión a sanidad -estaba yo delante-; lo pedían ustedes y lo pedía el CDS, y solamente pedían introducir cuatro términos en ese pacto. No puede ser tan malévolo sin cuatro términos, sin cuatro vocablos, y puede ser tan perfecto y tan asumible por ustedes el 4 de febrero por la tarde.
Usted ha preguntado: ¿por qué no sanidad? Le contestaba el Presidente de esta Comunidad, el Presidente de la DGA: hay una reforma sanitaria, hay un problema tremendo sobre la mesa, en el país; vamos a intentar solucionarlo antes de empezar a hablar.
Qué alegría me ha dado usted, señor Presidente, cuando ha dicho que el tema de la reforma del Estatuto era, quizá, la primera urgencia. Estaba preocupado porque decía yo: ¡tanta televisión!, ¿de verdad será la primera de las urgencias de este Gobierno la televisión? Mire usted, yo querría hablar con usted de sus urgencias, pero me gustaría más hablar con usted de cuarenta y siete mil parados, ante los cuales ustedes no han movido nada; me gustaría hablar con usted de dieciséis mil viviendas que las queremos ya, en ocho meses; me gustaría poder hablar con usted de cuáles son los proyectos urgentes y apremiantes de esta Comunidad.
Tenemos la impresión, muchos Diputados que hemos venido por vez primera a las Cortes de Aragón, que en ocho meses hemos legislado sobre el agua, el aire y el fuego, pero casi nada de lo que teníamos que legislar, casi nada de lo que son preocupaciones reales de esta sociedad, y estamos un tanto confundidos. De verdad, si alguien cree que cuando digo televisión estoy tan fuera de lugar, que ese alguien elija una de las veinticinco comarcas para hacer la pregunta este fin de semana: ¿televisión o empleo? Empleo, señores del Gobierno.
Dice usted: podríamos firmar un pacto, pero no cualquier pacto. Mire, visto lo que tengo aquí con respecto al pacto autonómico, seamos sinceros: ustedes quieren firmar el pacto, pero no les dejan firmar el pacto, ni éste, ni ningún otro. Pero ni aunque venga Defensa, ni Asuntos Exteriores, ni Moneda, ni Seguridad, no pueden firmar el pacto, porque alguien ha cogido la bandera y ha dicho que no se firma el pacto, y donde hay patrón... Este pacto, por la tranquilidad de conciencia que supone, no va a perpetuar desigualdades. Hemos puesto un techo y, a partir de ahora, a través de las conferencias sectoriales, si ustedes quieren avanzar, ustedes, cuatro Comunidades Autónomas del 151, tienen que pedirlo a nosotros, a las trece restantes. Por unanimidad, les diremos que sí a cambio de tres veces sí por su parte; con este techo, la desigualdad empieza a ser menor, la desigualdad que la UCD puso en marcha, que el Partido Socialista, desde la solidaridad, quiere solucionar.
No ha habido invitación del Gobierno a la firma de este pacto autonómico. Pero ¡cómo!, ¿a estas alturas del debate y de la vivencia democrática no se han enterado de que no es un tema del Gobierno el pacto autonómico?; el pacto autonómico es un pacto entre partidos políticos, a diferencia del pacto de financiación, que es un pacto entre Gobierno central y los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, y llevan un jaleo no entendiendo dónde acaba el Gobierno...
El pacto debe abrirse a todos los partidos políticos; no concluyamos aquí, porque esto casi es fundamentalismo, y dejo la pregunta: ¿qué pasa si en el pacto no hay acuerdo?: ¿que como no hay pacto no hay política? Pues no es así; el más minoritario del Congreso de los Diputados puede decir: no firmo. Pero el pacto sale adelante porque hay un respaldo del pueblo español diciendo que en estos momentos Ucrania queda lejos y Yugoslavia se está rompiendo, y que este país no aguanta más la indefinición en la que estamos viviendo. Por eso creo que era bueno decirles algo en esta dirección, y quiero decirles, señores del Gobierno, que ha habido una afirmación que me ha puesto a temblar; dice: este Gobierno, el de Madrid, el Gobierno central, el de todos, parece tener temor al Estado de las autonomías, porque solamente transfiere el 50% del gasto público, parece tener temor. Ustedes son los campeones de las diecisiete Comunidades Autónomas; transfiriendo hacia los ayuntamientos, son ustedes campeones.
Es grave, es grave que se diga no al pacto, pero sí a educación, pudiendo hablar con el Ministro por vía de delegación... No lo entiendo, aquí no he entendido nada y, sobre todo, a usted, señor Burriel, no le perdono una cosa: no le riña usted, que se lo ha dicho cuatro veces, al señor Eiroa; ríñale a algún otro compañero, porque si alguno dijo "no, sí, no"", no fue él, y porque si alguien ha hecho prevalecer su criterio en su Grupo, tal vez no sea él el responsable. No veo en absoluto correcto que usted le riña en ese sentido.
Yo querría acabar también como han acabado prácticamente todas las intervenciones, quería acabar preguntándole: cuando presentemos en estas Cortes la reforma del Estatuto de Autonomía, con todas estas competencias que hoy enumeramos, señores del PAR, ¿las van a aprobar?, ¿se van a abstener, o votarán en contra?
Segunda pregunta. Cuando lleguen las transferencias -yo tenía dudas esta noche-, ¿las van a aceptar ustedes, o las van a rechazar? Estoy viendo en el "sí"" lo que quieren decir: las van a aceptar para que las gestione la parte del Gobierno que es el PP, que es el que está a favor de las transferencias. (Risas.) La última pregunta y acabo. La última pregunta, conocida por toda la Cámara. El Informe tan exquisito de ese órgano tan serio, tan por encima de todos nosotros, que es el Tribunal de Cuentas, viene a explicitarnos que Cataluña es la Comunidad Autónoma con el mayor grado de ejecución presupuestaria en 1988 -perfección de ejecución al 95%-, y de las diecisiete Comunidades Autónomas, Aragón, al 60%. Mi pregunta es: ¿de verdad van a gestionar ustedes un poco mejor las nuevas transferencias que las que tienen ya?
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marco.
Señor Bolea, antes de que hable usted voy a hablar yo, y esta vez no voy a permitir que me interrumpa nadie. Este debate, importante debate, ha durado nada más y nada menos que tres horas, y habrán observado que la Presidencia ha sido exquisita en no llamar la atención ni recortar la intervención de nadie.
Creo que hemos hecho una buena inversión parlamentaria, pero creo que el resultado global, de todas formas, es dudoso. Yo no sé si se ha autorizado el tiempo parlamentario con la ponderación, con el equilibrio que es exigible siempre en la dinámica parlamentaria. Me ha dado la impresión, y me he tenido que morder la lengua en alguna ocasión, de que los portavoces se pegaban con exceso al atril y repetían los argumentos varias veces, pero, como he querido tratar a todos igual, no he cortado ninguna intervención. Yo pediría que en el futuro tengan en cuenta que en debates importantes como éste, en los que no se debe cortar y no he cortado, sean, sin embargo, razonables en la utilización del tiempo parlamentario, incluso por eficacia parlamentaria, porque no por repetir las cosas cuarenta veces se consigue mejor efecto político.
Ahora bien, yo considero, a estas alturas, que se ha dicho todo y algo más, y alguna cosa varias veces, de lo que tenía que decirse. Que el orden es el reglamentario, y que si alguien ha intervenido al final y ya no se le puede replicar es porque así se refleja en el Reglamento, pero no podemos reabrir turnos de intervenciones y contraintervenciones indefinidamente. Yo también he oído aquí a personas y a Grupos que han intervenido antes que también se han referido a otros Grupos que han intervenido después y, en consecuencia, lo que es igual no daña, el reglamento es el reglamento y no se puede reabrir ad infinitum un debate que ha sido largo, extenso y creo que fructífero globalmente. Por lo tanto, se da por terminado el segundo punto del Orden del Día.
Continuamos con las preguntas. Pregunta número 18/92, relativa a la Escuela de Hostelería -ahora sí seré riguroso en los tiempos-, formulada a la Diputación General por la Diputada del Grupo Socialista, señora de la Vega Cebrián. Puede formular la pregunta.