Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón
Comparecencias - De Consejeros de la DGA - Ante el Pleno
Comparecencia de la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales para informar sobre la posición del Gobierno de Aragón en lo referente a la agrupación de los servicios de guardia de los juzgados de La Almunia, Tarazona y Ejea.
Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón n°: 042 de Plenos (X Legislatura)
Intervinienen: Ledesma Gelas, Fernando - Pérez Esteban, María Teresa - Sanz Remón, Álvaro - Guerrero De La Fuente, Jesús - Arranz Ballesteros, David - Martinez Romances, Carmen - Cabrera Gil, Itxaso - García González, Beatriz - Villagrasa Villagrasa, Darío
El señor PRESIDENTE: Comparecencia de la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, a petición del Grupo Parlamentario Popular, para informar sobre la posición del Gobierno de Aragón en lo referente a la agrupación de los servicios de guardia de los juzgados de La Almunia, Tarazona y Ejea.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Ledesma, tiene la palabra.
Comparecencia de la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales para informar sobre la posición del Gobierno de Aragón en lo referente a la agrupación de los servicios de guardia de los juzgados de La Almunia, Tarazona y Ejea.
El señor diputado LEDESMA GELAS: Pues, muchísimas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.
Buenos días, señora consejera, señora Pérez.
Mire, desde el Partido Popular hemos querido pedir esta comparecencia para conocer de primera mano cuál ha sido la posición del Gobierno de Aragón, conocer cómo han llegado a esa decisión, el porqué de avalar la propuesta del Consejo General del Poder Judicial, iniciada a instancia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de agrupar cinco juzgados aragoneses, agruparlos a los efectos de las guardias de los fines de semana: agrupar los dos juzgados de Ejea de los Caballeros, agrupar los dos juzgados de La Almunia de Doña Godina y agrupar el juzgado de Tarazona. Es, al final, agrupar tres partidos judiciales que abarcan ciento ocho municipios de nuestra comunidad autónoma, y entre juzgado y juzgado, hay distancias de más de cien kilómetros y de más de una hora y, en algunos casos, casi hora y media de desplazamiento de un juzgado a otro. Esa agrupación, como he dicho, está prevista, inicialmente —esperemos que no vaya a más—, para que solo sea a los efectos de guardias durante los fines de semana—.
Y hasta ahora lo que venía ocurriendo es que los dos jueces que había en Ejea de los Caballeros se turnaban para las guardias los fines de semana, fines de semana alternos, como en las custodias compartidas. En La Almunia de Doña Godina, que había dos juzgados también, pasaba lo mismo y se iban turnando. En Tarazona, tenían menos suerte y tenían que recurrir más a menudo a los que se llaman «jueces de refuerzo territorial» que podían sustituir puntualmente.
Ahora, con la agrupación, es cierto que los jueces van a tener una guardia de cada cinco fines de semana y, sin duda, han solucionado un problema que es cierto, un problema que les acuciaba, un problema de derecho laboral si quieren, de su régimen laboral, de conciliación con su vida personal. Tantas guardias para los jueces, es cierto que era un problema, un problema que venía planteándose desde hace tiempo, porque en el territorio, pues, las guardias requieren un esfuerzo y entiendo que, además, los jueces hacen que pasen más rápidamente de los pequeños juzgados del territorio, porque esas condiciones les obligan a hacer un esfuerzo sobrevenido, unas servidumbres.
Y nosotros no negamos el problema, nosotros no negamos que haya un problema y, por supuesto, estamos a favor de que se busquen soluciones, se busquen alternativas para solventar esos problemas que había con los servicios de guardia los fines de semana, con las exigencias que requerían esos servicios de guardia.
A nosotros lo que nos genera dudas, y por eso hemos querido traer aquí esta solicitud de comparecencia para que nos pueda explicar el Gobierno de Aragón su posición, es la solución que se aporta. Son dudas, bueno, dudas, por supuesto, jurídicas, pero yo entiendo que no es este el foro más adecuado para traer dudas jurídicas, que eso se debatirá en el momento y que estoy seguro que traerá más de un problema en cuanto se pase la pandemia. Pero son dudas también que tienen calado político y, por eso, este sí que es el foro donde tenemos que debatir esas soluciones que se traen y que han sido avaladas por el Gobierno de Aragón, porque, evidentemente, afecta a la calidad del servicio público, a la calidad del servicio de la Administración de Justicia en el territorio.
Precisamente, donde no queremos que se empeore la calidad del servicio público es en el territorio, en ningún sitio, pero en el territorio no es bueno, porque al final se nos llena la boca de defensa de los servicios públicos, especialmente en el territorio, especialmente en Aragón. Entre La Almunia y Ejea de los Caballeros hay en torno a una hora y media de desplazamiento y hay unos cien kilómetros de distancia, pero entre Almunia y Tarazona y Ejea de los Caballeros hay otra hora. Esto va a obligar a alargar, sin duda, a dilatar o incluso a sustituir algunas detenciones que van a verse alargadas en el tiempo. Ya sabemos que hay setenta y dos horas, pero, evidentemente, la ley también obliga a que las detenciones se reduzcan al menor tiempo posible. Estas son las condiciones de detención en las que no por el hecho de ser detenido uno es culpable. Con lo cual, tenemos obligación de reducirlas en el menor tiempo posible. Y esto va a afectar en la calidad del servicio y también a la calidad democrática del servicio. Pero esto también obliga a dilatar la atención a las víctimas, servicio de víctimas en general, pero, especialmente, servicios a las víctimas de la violencia de género o a los menores que son víctimas, donde, probablemente, surgirán dilataciones en esas atenciones que necesitan, las víctimas que tienen alguna discapacidad psíquica o alguna enfermedad mental. Pongo estos ejemplos porque son servicios de guardia especializados, obligatorios, que se tienen que prestar para las víctimas.
Esto también va a obligar a dilatar la toma de declaración de testigos en caso de urgencia. También va a obligar a dilatar la celebración de algunos juicios rápidos, cuando no a renunciar a su celebración y pasar al trámite ordinario. Y esto, evidentemente, trae…, y por eso lo traemos aquí, porque tenemos que reflexionar sobre la afección que estas decisiones tienen sobre el servicio público de calidad en el territorio. Una decisión del Consejo General del Poder Judicial a instancia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y que, evidentemente, el Gobierno de Aragón parece ser que ha avalado.
Y es posible que la señora consejera, en su intervención, venga a decirme que…, bueno, a decirnos que la videoconferencia ha venido a solucionar muchos de esos problemas de la distancia en el territorio. Y es cierto. Es posible que en la intervención, nos diga que se ha hecho una prueba durante unos meses y que ha funcionado perfectamente, entre otras cosas, también por la videoconferencia. Cómo no, la de videoconferencia es útil, es un instrumento de enorme ayuda, pero, oiga, no vale para todo, no vale para todo. En este mismo Pleno no se admiten las videoconferencias, porque bueno, son útiles, sirven para mucho, pero hay cosas que no se pueden…, que no se solucionan, porque empeora la calidad esas videoconferencias. Pero es más, aquí en este mismo Pleno, por seguir con la comparación, pues, oiga, muchas veces aceptamos llevar la mascarilla y los ciudadanos por la calle en circunstancias excepcionales de pandemias, o las mamparas que nos separan a los diputados, o intervenir muchas veces más desde el escaño y no desde la tribuna, porque son circunstancias excepcionales.
Y lo que le quiero decir es que esa prueba piloto que han podido hacer durante unos meses antes de tomar la decisión, hombre, ha funcionado bien, pues, porque en circunstancias excepcionales de pandemia, todos hacemos un esfuerzo, todos hacemos un esfuerzo por que, al final, salgan bien y todo funcione como Dios manda. Pero, bueno, cambiar o aplicar alguna prueba piloto en una época excepcional, como ha sido la de la pandemia y pensar dejarla…, que eso es bueno para que vaya a funcionar para siempre, pues, tenemos serias dudas de que vaya así y estoy seguro de que eso va a traer, cuando se pase la pandemia, más de un problema.
Así que, señora consejera, ya le digo que los resultados no son plenamente extrapolables, sino que es una prueba piloto en una época de pandemia para pasarla a su funcionamiento general. El Colegio de Abogados, como sabe, presentó alegaciones, unas alegaciones en la que se opuso a esa medida, pues, porque al final son conscientes de que disminuye la calidad de servicio público en el territorio… Señora consejera, ya le digo yo que sí, que he sido actor en la Administración de Justicia y sí que va a disminuir la calidad en el servicio público. Se está recurriendo mucho a la videoconferencia por el entorno, por las circunstancias, pero, al final, cuando un juez tenga que celebrar un juicio en Ejea, un juicio rápido, porque se tiene que celebrar en veinticuatro o cuarenta y ocho horas, pero al mismo tiempo tenga que hacer un levantamiento de cadáver en La Almunia de Doña Godina, o atender una violencia de género en Tarazona, eso va a generar, va a generar tensiones y dilaciones. Porque, al final, lo que no podemos es desplazar a la gente. Tiene que ser el juez el que se desplace por el principio de territorialidad de los jugados.
Así que eso, señora Pérez, ante esa incongruencia que se da entre el discurso que mantienen de que hay que mejorar los servicios, especialmente, en el territorio, por la lucha contra la despoblación y las decisiones que avalan que van en contra de mejorar esos servicios en el territorio, por eso hemos querido pedir esta comparecencia, señora Pérez, porque, al final, entre su discurso y la decisión que han presentado y que han avalado del Consejo General del Poder Judicial a instancia del Tribunal Superior de Justicia, es una enmienda a la totalidad, a su propio discurso, a sus propias políticas. Es una enmienda a la totalidad en cuanto a su discurso de calidad de servicios en el territorio, y es una enmienda a la totalidad que se hacen ustedes mismos a sus políticas de lucha contra la despoblación. [Aplausos].
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ledesma.
Señora consejera, su turno.
La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ ESTEBAN): Gracias, presidente.
Señorías.
Señor Ledesma, la verdad es que cuando vi esta petición de comparecencia me sorprendió, lo tengo que reconocer. Pero después de escucharle, todavía no sé ni cómo empezar, se lo reconozco.
Cuando se plantea una iniciativa, dices ¿cuál es la razón? ¿Ha habido una merma en la calidad del servicio? No, y lo digo aquí mismo, no. Lo niego rotundamente. ¿Es una decisión del Gobierno de Aragón? No, lo digo rotundamente, y usted lo debe de saber. ¿Es una novedad? No, esta decisión se tomó hace dos años.
Espero que no sea una reacción a golpe de titular o sea una representación aquí de un sector corporativista, que estoy segura que no lo será, señor Ledesma. O porque, francamente, no entra en mis cálculos ni en mi entender, señor Ledesma, que ustedes, de alguna manera, no reconozcan o no compartan que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón vela por la calidad del servicio de justicia en esta comunidad autónoma, estoy convencida que eso tampoco les ha movido a plantear esta comparecencia.
Insisto, una decisión que se toma hace dos años, que la toma la Sala de Gobierno, que, en primer lugar, es iniciativa de los jueces, efectivamente, de esos juzgados, que la asume la Sala de Gobierno, que plantea una propuesta al Consejo General del Poder Judicial, que, además, yo creo que, de manera sensata, lo hacen para probar de manera provisional y cuando ven la eficacia del servicio, lo piden de manera definitiva.
Creo que es importante contextualizar, porque lo que ha hecho a usted aquí ha sido una mezcla: primero, de llenar diez minutos de tiempo que no sabía cómo llenarlos. Se lo tengo que decir, porque ha repetido el mismo argumento no sé cuántas veces, señor Ledesma.
En segundo lugar, entiendo defender una posición corporativa y, además, lo ha reconocido, del Colegio de Abogados, que fue el único que recurrió, porque entiendo que se veían amenazados, cosa que no ha sido, como usted sabe, porque solo se está haciendo una reagrupación de las tres localidades, que son cinco juzgados.
Y de lo que tenemos que partir para no hacer demagogia, que es lo que ha hecho usted un poquito, señor Ledesma —y aprovecho porque es la primera vez que tenemos la oportunidad de debatir juntos—, ha hecho demagogia, porque luego acabado con la despoblación, con los servicios... Le aseguro que lecciones no nos tiene que dar a este Gobierno en eso. Pero creo que es importante contextualizar, porque la ciudadanía puede llevarse a error, precisamente, si no conoce cómo funcionan las cosas. Este asunto, a nivel formal —luego entro en el fondo de la cuestión—, a nivel formal, ¿a quién le compete esta decisión? Ustedes, que son firmes defensores de la separación de poderes, que nos acusan en muchas ocasiones de no hacer caso de los tribunales, de los jueces, en fin, ustedes deberían de saber que el artículo 122 de la Constitución, que sirve, desde luego, para centrar claramente el objeto de esta comparecencia y situarla donde corresponde, dice que «la Ley Orgánica del Poder Judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobiernos de los juzgados y tribunales, así como el estatuto jurídico de los jueces y magistrados de carrera que formarán un cuerpo único y del personal al servicio de la Administración de Justicia».
Que, efectivamente, esta ley, la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el año 1985, desarrolló en su artículo 501 este mandato constitucional diciendo que «el Consejo General del Poder Judicial, oídos el Ministerio Justicia y las comunidades autónomas con competencias asumidas, así como los Colegios de Abogados y Procuradores de cada demarcación, determinará los órganos jurisdiccionales y otros servicios de la Administración de Justicia que han de permanecer en servicio de guardia, así como los horarios y las condiciones en que se realizará el mismo». Es decir, este es el marco legal en el que nos estamos moviendo, señor…, este es el paraguas, un marco que, desde luego, el Gobierno de Aragón, como no puede ser de otra manera, comparte plenamente y que no plantea otra cuestión que la puesta [corte autómatico del sonido] …, respeto de la separación de poderes, una de las esencias y fundamentos de cualquier estado democrático.
Es evidente que el Gobierno de Aragón —insisto— no tiene la capacidad…, y en esto de la justicia, tiene su peculiaridad, porque prácticamente no decidimos casi nada. Lo que hacemos es mantener un servicio, pagar las infraestructuras, a los funcionarios, pero la capacidad de decisión la tienen otros. Así está establecido y así, y con estas condiciones, se pidió la transferencia en su día. No tenemos la llave de todos, la capacidad de decisión, podemos participar, dialogar, establecer cauces de colaboración, como así lo hacemos, mostrar nuestras posiciones, pero la posibilidad de decidir está meridianamente clara y autónoma, además, en cuanto a quién tiene la última palabra.
Estamos ante un supuesto clarísimo de organización interna de otro poder del Estado, el Poder Judicial, con el que hemos colaborado la comunidad autónoma y también con el Ministerio de Justicia en los últimos años y en muchísimos aspectos, y hemos conseguido grandes avances en materia tecnológica y con quienes el respeto, la lealtad y la colaboración, desde luego, ha sido, es y será la nota dominante.
El Gobierno nunca ha puesto en tela de juicio las decisiones del Poder Judicial en esta comunidad. Veo que ustedes las están cuestionando hoy. Y si en esta ocasión hubiésemos tenido alguna diferencia, lo habríamos hecho a través de los cauces que están perfectamente delimitados con arreglo a nuestras competencias.
Y entro en el fondo. La propuesta de reagrupar tres juzgados en la comunidad autónoma (Tarazona, La Almunia de Doña Godina y Ejea de los Caballeros) para organizar las guardias de fines de semana partió, como decía, en 2019 de los jueces que están al frente de estos juzgados, en total, cinco: dos en Ejea, dos en La Almunia y uno en Tarazona. El 26 de abril del año 2019, la Sala de Gobierno del TSJ dio el visto bueno a la propuesta que posteriormente trasladaría al Consejo General del Poder Judicial.
La propuesta consiste en que cada uno de los titulares de estos juzgados asumiera turnos de guardia los fines de semana de forma rotatoria en los tres partidos judiciales, una posibilidad que, como sabe, queda absolutamente recogida en la disposición adicional decimonovena de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La idea inicial es que el sistema de guardia fuera efectivo desde las dos del viernes hasta las cero horas del domingo. Y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón consideró que esta agrupación, que esta propuesta presentaba indudables ventajas. En primer lugar, facilita el descanso de los titulares y de las titulares de los partidos judiciales con juzgados únicos o con dos juzgados que presentan una especial carga, como usted ha reconocido. En segundo lugar, siempre según el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, entendían que era un mejor aprovechamiento de los recursos humanos en partidos judiciales en los que la carga de trabajo lo permite en fin de semana.
Fíjese, en los seis meses de pruebas, señor Ledesma, la carga de trabajo ha sido de siete detenciones y una orden, siete detenciones y una orden. Hay que tener en cuenta que las guardias en estas sedes, con uno o dos juzgados, son de semana, de toda la semana, no solo del fin de semana, lo que les convierte también, que era otra de las causas, en destinos poco atractivos para los profesionales de la carrera judicial, ya que no les permite descansar.
Esta propuesta inicial de los jueces, que ya había recibido el visto bueno en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, fue trasladada al Consejo General, que en la reunión de 24 de septiembre 2020 la aprobó, como así fue solicitado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón de forma provisional para comprobar su funcionamiento. Esta nueva organización de las guardias estuvo vigente de forma provisional por un periodo de seis meses a partir del 2 de octubre de 2020… Por cierto, nadie ha dicho absolutamente nada, no ha habido ni una sola queja, y en esos seis meses de eficacia, de prueba, no se ha producido la más mínima incidencia en torno a la nueva modalidad de guardias de estos fines de semana. El Tribunal Superior de Justicia remitido de nuevo al Consejo General la propuesta de convertir esta situación provisional en definitiva, tras una nueva reunión, por cierto, que aprobaron de manera unánime en la Sala de Gobierno del TSJ el pasado 19 de febrero.
En todo este proceso, tal como marca claramente el desarrollo legal en este tipo de propuestas, el Gobierno de Aragón fue consultado.
Sobre la posición del Colegio de Abogados, que ha sido la única que usted ha representado en esta tribuna, permítame que se lo digo, desde el ejecutivo autonómico y como consejera, le puedo afirmar que la unificación de guardias solo va a afectar a los jueces, puesto que el número de abogados de guardia los fines de semana en estos tres partidos judiciales, así como de funcionarios, se van a mantener en seis.
No tengo mucho más que decir al respecto, señor Ledesma. Voy a escuchar su siguiente intervención, a ver si me aflora un poquito más de claridad y, sobre todo, de utilidad, que creo que es para lo que nos eligen los ciudadanos y para lo que debemos de servir.
Gracias. [Aplausos].
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
Señor Ledesma, su turno de réplica.
El señor diputado LEDESMA GELAS: Gracias, señor presidente.
Señora Pérez, para hablar de relleno, usted sí que han rellenado más de la mitad de su intervención con ninguna información respecto del objeto de esta comparecencia, que es conocer la posición del Gobierno de Aragón respecto a la decisión del Consejo General del Poder Judicial, porque las competencias de Administración de Justicia están cedidos a la comunidad autónoma.
Y usted no se puede limitar a decir «amén Jesús» a una propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Se espera del Gobierno de Aragón que tenga una opinión al respecto, más allá de un simple «amén Jesús», porque como no me afecta —esto no lo ha dicho, pero seguro que lo han pensado—, no afecta al presupuesto, porque al final los jueces los paga el Gobierno central, con lo cual no le afecta al presupuesto de Aragón, con lo cual, «amén Jesús» a la decisión.
Pero es que es una comparecencia para ver qué alternativas, porque esto sí que afecta a la calidad del servicio, señora consejera, por supuesto que afecta a la calidad de servicio que un juez tenga que cubrir tres partidos judiciales al mismo tiempo en las guardias de los fines de semana con distancias de hora y media de una punta otra. ¡Claro que afecta a la calidad de servicio!
Y me dice: «No, en los seis meses de prueba, no ha habido ningún problema». Claro, porque en los seis meses de prueba, que han tenido lugar en plena pandemia, en plena pandemia, ha habido una voluntad manifiesta de todo el mundo, por las circunstancias excepcionales, de que las cosas salgan bien. Pero ya le digo que cuando se pase la pandemia, generará más problemas de los que ustedes se plantean, porque es que, evidentemente, no se han planteado ni un solo problema. Ustedes se han dedicado a bendecir la decisión del Consejo del Poder Judicial.
Y sí, hay que solucionar el problema de los jueces, ¡por supuesto!, y lo he dicho en la primera intervención. Pero, oiga, tienen ustedes que velar por la calidad del servicio público en el territorio de Aragón, una tierra que, evidentemente, está afectada por la despoblación. Pero, vamos, si a usted, hablar de servicio público en el territorio, Administración de Justicia en el territorio, hablar de calidad del servicio en el territorio, usted no le ve un problema, que no tiene que ver nada con la despoblación, pues, oiga, será una cuestión de separación de poderes, como dice usted, separación de poderes. Pero, oiga, ustedes son responsables de la Administración de Justicia, del servicio de la Administración, no de impartir justicia, sino de administrar la gestión de la Administración de Justicia, y no se les ha oído. La comparecencia que le he pedido es para que diga cuál ha sido la posición del Gobierno de Aragón. Sí, efectivamente, los colegios de abogados han sido los únicos que han hecho alegaciones, porque ellos tienen una opinión que dar, ¡claro que tienen una opinión que dar!, porque forman parte del Poder Judicial, forman parte de la Administración de Justicia.
Mire, me acusa de corporativismo. Bueno, pues, si usted lo quiere ver por ahí, quizás es porque puedo pertenecer a algún grupo profesional y, a lo mejor, pues, usted me ve ahí muy apegado, pero le aseguro que esto es sobre todo por la prestación del servicio. Que claro que sí, al final, quienes sufren la pérdida de calidad servicios son los usuarios, son los profesionales de justicia, claro que sí, incluidos los abogados. Son los que están al lado de las víctimas, son los que están al lado de los detenidos, son los que tienen que estar más horas esperando y, especialmente, los detenidos. Porque, fíjese, no, solo ha habido siete detenidos en la pandemia, pero con que haya un detenido que tenga que estar más tiempo del estrictamente necesario, ya me parece suficiente para que venga usted a dar explicaciones sobre su aval a esta decisión.
Oiga, busquen alternativas, que las hay, busquen alternativas, trabajen un poco más, no venga bendecir la decisión y «chin pun», porque, señora Pérez, se trata de que usted se preocupe por la calidad del servicio en el territorio.
Y sí, yo, pues, sí, soy abogado y he podido hablar con varios abogados que prestan guardias en el territorio, y, oiga, ha empeorado la calidad. Ya se lo digo yo, ha empeorado la calidad. No he hablado con ninguno de los siete detenidos, ya me disculpará, pero le aseguro que empeora la calidad.
Y espero que en el segundo turno, venga a centrarse en lo que es la comparecencia, en el objeto de la comparecencia, que es justificar la decisión de la posición del Gobierno de Aragón. Ustedes han avalado esa decisión. ¿Por qué? ¿Han buscado alternativas? ¿No han buscado alternativas? ¿Han buscado otras soluciones que puedan ser mejores y que no empeoren la calidad? Porque, por lo que ha dicho en su primera intervención, esto es la separación de poderes y ustedes no tienen nada que decir al respecto. Hombre, señora Pérez, a ver si en la segunda intervención tenemos algo más de suerte y nos aclara si han hecho algo o simplemente confirma que no han hecho nada al respecto y que bendicen las decisiones del Poder Judicial, sin tener nada que decir en una gestión de la Administración de Justicia… [Corte automático del sonido]. [Aplausos].
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ledesma.
Señora consejera, su turno de duplica.
La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ ESTEBAN): Señor Ledesma, «valor de la coherencia» decía esta mañana su compañera Vaquero, lo ha dicho hoy, dentro de esa ceremonia de la confusión a la que nos tienen ya acostumbrados.
Decía hace quince días el Partido Popular: «Este Gobierno autonómico tiene la aspiración de ser un gobierno independiente, independiente de la ley, independiente de los jueces, un gobierno que se centra en el ataque hacia el Poder Judicial y los jueces. La esencia de la democracia es que el Poder Judicial lleve a cabo el control de la acción política sin que eso evite tomar decisiones, y ustedes no lo han hecho. Nosotros sí que creemos en que quien no respeta la ley, no respeta la democracia ni defiende la libertad». Estas son declaraciones del Partido Popular, señor Ledesma.
Hoy viene aquí y dice que nos tenemos que rebelar ante una decisión que ha tomado, como corresponde, el Consejo General del Poder Judicial, el TSJ… Aclárense, hay que respetar la separación de poderes… Mire, son muy poco creíbles y nada, nada coherentes. En quince días, en unas horas, dos posiciones distintas, pero un mismo objetivo, eso sí, el Gobierno, desgastar al Gobierno, sea o no sea responsable y siempre a beneficio de parte, señor Ledesma. Un día utilizamos a los jueces, otro día utilizamos a los ayuntamientos, da igual, dejan el rigor y la responsabilidad en la puerta a la entrada, si es que en algún momento han tenido.
Señor Ledesma, me parece sorprendente, me parece sorprendente como consejera. Pero es que le parece sorprendente al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, le parece sorprendente a todo el ecosistema que configura la gestión de la Administración de Justicia, y usted sigue defendiendo que yo no he dicho nada. Claro que lo he dicho, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, dentro de ser una parte que no decide ni toma las decisiones, señor Ledesma. No confunda a la ciudadanía, ¡no confunda a la ciudadanía! Estamos ante una decisión organizativa adoptada por otro poder del Estado, el Poder Judicial, que tiene como objetivo, oiga, dar un servicio de calidad.
Es que usted está dudando de que al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia de Aragón no les importa la calidad en el servicio, es que usted lo ha dicho aquí. La independencia, desde luego, del Poder Judicial es indiscutible. Yo no me puedo imaginar, de verdad, a la Sala de Gobierno del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, organizando las guardias de los centros de salud de estas poblaciones o las guardias que tenemos los consejeros de fines de semana, no me lo imagino. ¿A que usted tampoco, señor Ledesma? ¿A que usted tampoco? Piense un poco, piense un poco —me va a permitir— en el ridículo que ha hecho usted hoy, esta mañana.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en virtud de su competencia y su autonomía, remitió al Consejo General del Poder Judicial un informe de los jueces y las juezas afectados que han realizado una valoración positiva y que solicitan, además, que se dote de carácter permanente a esta experiencia de guardias rotatorias. Insisto, porque además lo hizo después de haberlo probado, de haber evaluado que esas medidas no causan perjuicio, no causan merma en la calidad del servicio y son muchos más los beneficios que aporta que, como usted está aquí anticipando, los problemas.
El Gobierno de Aragón estudió, como no puede ser de otra manera, la carga de trabajo de las guardias semanales de estos juzgados cuando se nos consultó, como así debe ser, y de sus informes, se observa precisamente lo que le he dicho, que a la vista del volumen de las actuaciones en lo que se refiere a la prestación de servicios, es pertinente plantear y adoptar esta posición. Porque, señor Ledesma, yo no dudo lo más mínimo de la profesionalidad y del compromiso de estos jueces, en absoluto. Pues, si usted tampoco duda, no sé dónde ve el problema, señor Ledesma, ¡es que dice una cosa y la contraria! En seis meses de prueba, no se ha registrado la menor queja de ninguno de los operadores del ámbito judicial, la menor queja, solo la suya, aquí, hoy, en esta comparecencia.
En un informe llevado a cabo por el Consejo General del Poder Judicial, se recabaron todas las actuaciones, y ahí, en ese informe, plantean precisamente las actuaciones que yo le he dicho en los seis meses de prueba: siete detenciones y una orden.
Y por lo demás, señor Ledesma, es muy cínico que usted nos acuse aquí de no combatir la despoblación, de tergiversar y de engañar a la ciudadanía diciendo que estamos recortando servicios solo porque se prestan en el medio rural. Eso es una falacia y eso es tergiversar y engañar a la sociedad, y usted lo sabe, y, desde luego, no nos van a dar ni ejemplo en eso ni en el compromiso con la inversión en materia de Justicia, que sabe usted que esta Dirección General, la Dirección General de Justicia en… [corte automático del sonido] …, no ha hecho nada más que subir desde que llegamos al Gobierno, teniendo en este presupuesto más de ochenta y un millones de euros. El Partido Popular lo dejó en setenta y llego a reducirlo en el 2013 a sesenta y seis millones y medio. Así, seguro, señor Ledesma, que ni se mantenía la calidad del servicio de justicia ni se atendía correctamente al medio rural que ahora tanto le preocupa a usted.
Gracias. [Aplausos].
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Seguidamente, turno para el resto de los grupos.
Les anuncio que por seguir, más o menos, el horario de todos los Plenos, haremos también una PNL antes de la parada para comer.
Turno ahora del resto de grupos.
Señor Sanz, ¿desde el escaño?
El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Sí, desde el escaño, y no voy a decirlo, ¿verdad?, espero con brevedad, porque nunca se sabe en estos debates…
Debatimos hoy sobre una decisión del órgano de gestión de los jueces. Es decir, estamos debatiendo sobre una decisión del Consejo General del Poder Judicial, y lo primero que Izquierda Unida tiene que plantear en esta Cámara en su sorpresa porque el Partido Popular haya traído a bien hablar de esta cuestión.
En cualquier caso, mire, consejera, yo puedo compartir alguno de los argumentos que usted pone sobre la mesa, pero también es necesario alertar sobre una cuestión mayor, decida quien decida, decida quien decida el «optimizar» —a mi juicio, una palabra que puede ser un eufemismo— los servicios públicos en el ámbito rural, que tanto desde lo privado —y hablamos de entidades bancarias, suministros básicos, comunicaciones— como desde lo público, se están viendo..., bueno, pues afectados por decisiones que, como digo, pues, nosotros, desde luego, entendemos que pueden traer, pueden acarrear consecuencias no positivas, sobre todo para garantizar que no hay demoras en este caso concreto innecesarias, que la espera, por ejemplo, de las víctimas de violencia machista no se produce. En fin, una serie de cuestiones que usted dice que no van a verse afectadas, y yo espero que así sea.
Yo creo que evitar sustituciones interinas o mejorar el aprovechamiento de los recursos públicos, incluso facilitar el descanso de los jueces, obviamente, cosas que compartimos, se puede hacer de otra forma, ¿no? Y el llamado, quizá, no sería tanto a la consejería, aunque es verdad que se ha dado un aval dentro de lo que es ese respeto a la autonomía del Poder Judicial, a la independencia también del Poder Judicial. Pero por qué no hacer un llamado también a repensar este tipo de decisiones y buscar otras alternativas que no pasen por estas cuestiones, ¿no?
Y para finalizar, señorías, a mí me parece bien —y lo vuelvo a decir— que el Partido Popular traiga esto a colación, pero, señor Ledesma, ya por el año 2012, ustedes planteaban una reforma, una reforma de demarcación y planta judicial que iba a dejar a Aragón de dieciséis a siete…, en siete los partidos judiciales, fusionando directamente varios de ellos. Por lo tanto, los discursos hoy de las derechas poco tienen que ver, poco tienen que ver con aquel discurso que defendía entonces. Ya no hablamos de optimizar guardias, sino que hablamos directamente de fusionar servicios en nuestros juzgados.
Yo creo que las propuestas se demuestran andando, la coherencia se demuestra andando, y en este caso concreto, Izquierda Unida, yo creo que sí que puede decir alto y claro que la mejor manera de atender las necesidades de los servicios públicos en el ámbito de lo rural no pasan, no pasan por optar por estas soluciones, sino por reforzar, por ejemplo, las plazas que permitan ese descanso, que eviten la cobertura con sustituciones interinas y también mejorar el aprovechamiento de los recursos, porque, al final, los recursos públicos, como bien sabemos, no son una inversión económica, sino una garantía de derechos fundamentales.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
Por el Grupo Aragonés, señor Guerrero, ¿también desde el escaño?
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Sí, muchísimas gracias.
Bueno, nosotros, respeto máximo a la decisión del Consejo General del Poder Judicial, nos guste o no nos guste, pero respetamos esa decisión. Y además, también mostramos nuestro respeto y admiración por el sector de la abogacía en Aragón, por esos magníficos profesionales que tenemos, no solo en el ámbito urbano, sino también en el medio rural.
Como ha dicho la consejera, no es una decisión del propio Gobierno de Aragón, y eso no quita para que luchemos todos por defender, optimizar o reforzar los servicios que la justicia da en Aragón en su amplio espectro. Desde del Gobierno se vela por esa calidad de los servicios, y es una buena noticia la que ha dado la propia consejera de que la unificación de guardias no afecte al gran amplio espectro de profesionales, simplemente al tema de los jueces. Por lo tanto, la labor del Gobierno es administrativa, y nosotros debemos seguir velando y luchando por defender, optimizar y reforzar esos servicios que la justicia da Aragón.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerrero.
Por el Grupo Parlamentario Vox, señor Arranz. ¿También desde el escaño?
El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el escaño]: Sí, desde el escaño.
Gracias, señor presidente.
Buenos días, señora consejera, y gracias por su comparecencia.
Pues, yo entiendo, con el debido respeto, que sí que es usted competente del asunto que nos ocupa. Es decir, la gestión del servicio de la Administración de Justicia sí que es competencia suya, el turno de oficio, el servicio de asistencia de las víctimas y, además, el propio Consejo General del Poder Judicial ha pedido un informe a su consejería o al Gobierno de Aragón. Entiendo que alguna competencia tendrá en todo ello.
La situación actual de la Justicia no admite ocurrencias ni medidas que aumenten su ineficacia. Hoy se solicita su comparecencia, como sabe, para que nos dé su opinión y su argumentación sobre esta decisión, sobre esta medida, aprobada, ciertos es, no por ustedes —y en eso tiene toda la razón—, sino por el Consejo General del Poder Judicial, a instancia o iniciativa de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que pretendía esta agrupación de varios juzgados en uno para el servicio de guardia.
En concreto, se pretende la agrupación del servicio de guardia el fin de semana de los juzgados de La Almunia de Doña Godina, donde hay ocho mil noventa y un habitantes; Tarazona, con diez mil quinientos cincuenta y ocho, y Ejea de los Caballeros, con dieciséis mil novecientos ochenta y cuatro, a fecha 2020. Además de todos los habitantes de los distintos municipios que se agrupan en tales partidos judiciales, que ya sabe que son muchos más. Estamos hablando de un único juez y un único letrado de la Administración de Justicia para ciento ocho municipios.
A tales datos, hemos de añadir la distancia entre los distintos partidos judiciales y juzgados referidos, con el consiguiente tiempo necesario para acudir de unos municipios a otros. Un juzgado de guardia, como usted sabrá y, si no, pues, se lo vamos a comentar, tendrá que tener un juez, un secretario judicial y un médico forense a disposición para el levantamiento judicial de cadáveres. También deberá ocuparse de tomar declaración judicial a investigados y víctimas con presencia de letrados, ministerio fiscal, especialmente, pues, en temas de violencia de género o en otro tipo de temas, como dictar órdenes de protección, medidas civiles y penales. Todo ese tipo de medidas. Es decir, no se puede tener más de setenta y dos horas a un detenido encarcelado o encerrado en un calabozo. Y, además, es una medida restrictiva de libertad que debe prorrogarse el menor tiempo posible, dice la ley. Entonces, esto sí que afecta, sí que afecta.
Entendemos que tal medida va a provocar un peor servicio para los ciudadanos y creará dificultades de organización y funcionamiento a los abogados. Y sí, no es una cuestión de corporativismo, es que los letrados, el turno de oficio, la gente que tiene que asistir a esas llamadas, a esas distintas llamadas, pues, tiene algo que decir. No creo que sea algo tan extraño ni tan corporativista. Es decir, son parte de la Administración de Justicia y son parte afectada, afectada y directa. Porque no me querrá usted decir que el Colegio de Abogados no quiere una justicia de calidad, como ha dicho del Consejo General como titular. ¿Ese es el titular que quiere decir firmado por usted? ¿Verdad que no? Pues, entonces, también tendrán algo que decir, y si se oponen, por algún criterio objetivo será.
Evidentemente, el número y complejidad de casos que pueden surgir en una guardia, pues, no son previsibles, pero hay que tener en cuenta el número de municipios que abarca, la población que puede ocurrir y datos que son objetivos, datos que son objetivos. Nadie sabe cuántos se van a morir en un fin de semana o cuántas violencias van a ocurrir, pero hay que estar a disposición, y si no se está a disposición, luego vienen los problemas.
Además, tal medida no va a suponer ningún ahorro económico de recursos públicos, pues, el coste va a ser el mismo. El juez y el letrado de la Administración percibirán el importe correspondiente a su propio partido judicial y al de los otros.
Esta iniciativa, en todo caso, parece contentar a jueces y letrados de la Administración. Eso no le digo que no, además de permitirles un descanso que antes no tenían. Es cierto que esos jueces merecen ese descanso. Yo no digo que no, pero es una cuestión en la que habrá que abordarse su solución sin menoscabar otros derechos y otros intereses también fundamentales, como son los propios ciudadanos, las víctimas y también los letrados, sí, también los letrados. Porque el hecho de tener que esperar tiempos innecesarios y excesivos, pues, es un perjuicio, y un profesional también tiene sus derechos y sus obligaciones, por supuesto. Pero lo que en todo caso va a ocasionar es retrasos, esperas, posibles dilaciones indebidas y un claro empeoramiento del servicio de guardia y de la Administración de Justicia para ciudadanos y letrados del turno oficio.
Si existe escasez de plazas cubiertas por jueces o letrados de la Administración, pues, habrá que abordarlo. Habrá que tener esos reemplazos, esos refuerzos, todo ese tipo de opciones. Esas son las alternativas que creo que el señor Ledesma le proponía que expusiera, si tiene algún plan B, alguna alternativa para cuando sí que vengan esos problemas.
Ahora estamos en pandemia o estábamos en pandemia especialmente en esas fechas, en una pandemia de mayores restricciones de movilidad y no se puede comparar.
Vox no va a apoyar ninguna medida que empeore o colapse más la Justicia. Entendemos que esta medida es un error. Debemos mejorar los servicios públicos, y esta medida no está pensada, no está pensando ni en los ciudadanos ni en mejorar la calidad del servicio.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.
Por el Grupo Parlamentario Chunta, señora Martínez. ¿También desde el escaño?
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Gracias, presidente.
Sí, desde el escaño.
Señora consejera, muchas gracias por sus explicaciones, explicaciones que no le han gustado al Partido Popular, que era el que ha pedido esta comparecencia y que, además, yo estoy segura de que hubiera dado las que hubiera dado, no le habrían gustado, y partimos de esa premisa.
Porque la verdad es que, señor Ledesma, usted ha hecho aquí un arte de ocupar tiempo, porque, al final, para conocer la opinión del Gobierno de Aragón ante una decisión que él no ha tomado, porque no es el competente en tomar esta decisión, quizás, pues, hubiéramos podido echar mano de otro tipo de iniciativa, pero no seré yo quien le diga a usted qué tipo de iniciativas tiene que formular al Gobierno.
Lo que sí, a lo mejor, si estuviéramos la consejera y yo en una cafetería tomándonos un café aquí a la salida, pues, a lo mejor, le comentaría: tiene poco que rascar la oposición cuando trae este tipo de iniciativas a un Pleno. Creo que se está haciendo bastante bien, pero bueno, aquí, lo importante es que el Partido Popular lo que está poniendo o está haciendo es una enmienda al Tribunal Superior de Justicia de Aragón y al Consejo General del Poder Judicial. Esa es la novedad, esa es la novedad que aquí nos plantean. Y, claro, en esa ceremonia de la confusión que usted también citaba, resulta que los datos objetivos no sirven y las pruebas piloto tampoco sirven, porque, además, esta prueba piloto no sirve porque se hace durante la pandemia, que todo el mundo pone la mejor voluntad, pero cuando pase la pandemia, será un desastre. Solamente le ha faltado recurrir, señor Ledesma, como hacia la pasada legislatura, al sistema AVANTIUS, que era el mayor de los desastres para el Poder Judicial, solamente le ha faltado recurrir a eso.
Entonces, claro que son importantes el número de municipios que están afectadas por esto y el número de kilómetros, pero, oiga, la estadística también sirve, y la estadística dice el número de veces que ha habido que intervenir por parte de los jueces durante este período piloto.
Con lo cual, yo creo que, bueno, también entiendo que si después de que ya se ha superado la prueba piloto, pero después, en el normal funcionamiento o en el funcionamiento de esta medida ya, pues, crece el número de casos o no sé qué, se podrá hacer una revisión si es que merece la pena, que probablemente sí que los jueces, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Aragón como el Consejo General del Poder Judicial, estarán a bien.
Y luego, claro, señor Ledesma, es que resultan poco creíbles ustedes con lo de la calidad de los servicios públicos. Que lo digan ustedes, que los maltratan y los machacan cada vez que tienen la oportunidad de gestionarlo… Se lo ha dicho el señor Sanz: usted está criticando aquí una decisión de una agrupación de tres juzgados los fines de semana, y ustedes querían poner patas arriba la planta judicial en Aragón. Ustedes querían fusionar… ¿Ah, no? Es que no pudieron hacerlo, no pudieron hacerlo, pero esa era su intención. ¿Le hablo de las tasas judiciales, de lo que querían hacer? ¿Le hablo de lo que querían hacer ustedes con la justicia gratuita? ¿Le hablo de lo poco que han hecho ustedes con la despoblación? Oiga, señor Ledesma, ustedes aquí tienen que dar muy, muy, muy pocas lecciones de lo que es el territorio y de lo que es trabajar por los servicios públicos.
Señor Ledesma —se lo vuelvo a repetir—, busque alguna iniciativa, busque algún tema más para hacer de oposición a este Gobierno, porque ahora lo que nos ha hecho es, bueno, pues, estar aquí debatiendo entre unos y otros, pero con poca utilidad para los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
Por el Grupo Podemos, señora Cabrera.
La señora diputada CABRERA GIL [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
Una pregunta, señora consejera, ¿usted estaba aquí hoy para informar y para hablar sobre lo referente a la agrupación de servicios de guardia que los juzgados de La Almunia, de Tarazona y de Ejea? Porque parece que los derroteros por los cuales ha querido ir el Partido Popular se desviaban de esa iniciativa principal.
Nosotras nos vamos a ceñir sobre lo que ahora mismo se está debatiendo y vamos a dejar que el Partido Popular, cuya única intención es marear y agitar el avispero, pues, se quede en eso, en simplemente una agitar el avispero, como en tantas otras veces nos tienen acostumbrados. Porque hoy le hacen comparecer a usted sobre una cuestión en la que coincidimos plenamente, y lo cierto es que atiende a una organización y a una optimización de los recursos humanos.
Y lo mismo que le decíamos a la consejera de Sanidad, que judicializar la política no es un buen camino, pero politizar la justicia tampoco lo es. Porque, mire, no podemos obviar algo que resulta clave, y es que el sistema de gestión que se está llevando en el tema que estamos tratando de los servicios de personal judicial del Consejo General del Poder Judicial el pasado día 18 fue, asimismo, objeto de aprobación definitiva del Pleno del Consejo Judicial también del pasado 8 de abril. Y, por lo tanto, también comprendemos, señora consejera, que la diferenciación de los de los órganos, la independencia de los órganos judiciales debe de darse. Judicializar la política, pues, no es óptimo y tampoco politizar la justicia.
Y para estos que recurren tantas veces a estos debates, nosotras recurrimos a la Constitución, donde dice que la «Ley Orgánica del Poder Judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobiernos de los juzgados y tribunales, así como el estatuto jurídico de los jueces y magistrados de carrera, que formarán un cuerpo único y de personal del servicio de Administración de Justicia». Y es que en su desarrollo, esta ley supuso la organización competencial de los artículos 501 y 502. Por lo tanto, hoy, como decíamos, no vamos a entrar a esa judicialización de la política ni viceversa.
La propuesta de los propios jueces de estas poblaciones consistía en asumir turnos de guardia de los diferentes fines de semana de forma rotatoria en tres partidos judiciales, una posibilidad que queda recogida en esa Ley Orgánica del Poder Judicial de Aragón, y que esta Sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón consideró la agrupación de partidos judiciales para la realización de las guardias presentadas con, indudablemente, dos ventajas: por una parte, que facilitara el descanso de las y los titulares de los partidos judiciales con juzgados únicos o con dos juzgados, y por otra parte, suponía también una mejora en el aprovechamiento de los recursos humanos. Y sin que ello sirva tampoco como una cuestión importante o fundamental, suponía también un ahorro económico.
En definitiva, la reorganización de los fines de semana responde a una propuesta planteada por el propio personal de la Administración de Justicia y, por lo tanto, ha estado perfectamente tramitada, ha estado perfectamente contrastada y argumentada, y no es otro que una organización, como decíamos, una atomización de esos recursos humanos y materiales en beneficio de profesionales y que el servicio de la Administración de Justicia presta a la sociedad aragonesa en una vertebración territorial.
Creemos que no tiene mucha más miga esta comparecencia, que no tiene muchísimo más asunto, así que aquí concluye nuestra puesta en escena.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cabrera.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora García.
La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
Pues bien, efectivamente, la verdad es que, además, hablar después de tantos grupos parlamentarios sobre una cuestión que, a mi entender, tampoco da demasiado de sí, pues, a lo mejor, me voy a repetir un poco.
Pero lo primero que quiero decir es que partimos de la base de que nosotros y nuestro grupo parlamentario respetamos la independencia judicial por encima de todo, y que es cierto que esta medida viene avalada por los propios jueces de la adscripción a que se refiere y que esos propios jueves hablaron o estuvieron con el presidente del TSJ, que ha sido el que impulsó esta agrupación de juzgados ante el Consejo General del Poder Judicial, con el aval del Gobierno de Aragón.
A ver, decir que el Gobierno de Aragón no tiene nada que decir, evidentemente, en la competencia correspondiente, pero sí que es cierto que también —y lo hemos visto—, en cuanto a la planta judicial, el Gobierno de Aragón, muchas veces sí que ha dicho alguna cosa. Estamos hablando de cuando, por ejemplo, se tuvo que instaurar el juzgado de cláusulas abusivas, el Gobierno de Aragón tuvo la palabra, de igual forma que para reforzar determinados juzgados, para la creación de uno nuevo de violencia de género que le hemos oído aquí a usted y a su directora sacar pecho y, además, me parece estupendo sobre la creación de un nuevo juzgado de violencia de género, con lo cual, sí hay algo que decir por parte del Gobierno de Aragón.
Pero permítame que reconduzca un poco la situación, porque donde yo creo que sí que realmente el Gobierno de Aragón es competente en cuanto al tema de estas reagrupaciones es en el tema del turno oficio, porque la justicia gratuita sí que es competencia del Gobierno de Aragón. Tenemos una Ley General de Justicia Gratuita, la del noventa y seis, donde se habla de que los colegios profesionales organizarán dos turnos, el de violencia y el general. Tenemos un Reglamento de Justicia Gratuita en Aragón donde se dice que los órganos correspondientes de la Administración tienen que avalar esas listas de profesionales a cargo del turno oficio y donde los colegios profesionales tienen que ofrecer unos colegiados o unos turnos que den un servicio de calidad a la ciudadanía, etcétera, etcétera.
Con lo cual, sí que hay una parte que corresponde, hay una parte que corresponde al Gobierno de Aragón, y que donde yo sí que quería que usted me respondiese a cuestiones que son competencia suya, que se refieren a lo que es la organización de estas guardias. Si va a sufrir algún tipo de cambio, sí se van, de alguna forma, a reconfigurar, si va a haber menos números de integrantes, si va a haber más números de integrantes, etcétera, etcétera.
Eso sí que es competencia, entiendo, de su departamento, lo que es la organización, junto con los colegios de abogados, de la parte que corresponde a las asistencias de justicia gratuita. Evidentemente, habrá detenidos y habrá diligencias que se llevarán a cabo por parte de abogados particulares, pero sí que hay un gran número de asistencias, fundamentalmente, por ejemplo, la violencia de género que, per se, es un tema de justicia gratuita. Entonces, va haber un número de asistencias y de diligencias a llevar a cabo en esta agrupación que van a depender de ese turno de oficio, de esas guardias de asistencia, y ahí es donde sí que yo creo que ustedes como Gobierno, usted como Gobierno, creo que nos debería o yo, por lo menos, tengo curiosidad en saber si se va a introducir algún tipo de cambio en lo que va a ser el listado, la configuración de guardias, si va a pasar a que un solo letrado lleve la guardia semanal, si se van a alternar distintos letrados, si eso, además, va a tener un costo sobreañadido en lo que es la justicia gratuita a la hora del pago de las guardias, si no lo va a tener, si va a tener un ahorro. En cualquier caso, todo eso sí que creo que es competencia de su departamento, y aprovecho la ocasión, porque, probablemente, de otra manera, se lo hubiera preguntado de forma más global, no solamente por la agrupación está. De forma más global, en el sentido de qué giro va a darle a la justicia gratuita su departamento para este año y para años venideros, que a mí me parece que es un tema fundamental.
Y en cualquier caso, yo sí que creo que esto es un proyecto piloto, así que vamos a ver cómo funciona. Yo he estado treinta años de guardia, sé lo que son las guardias, y hay guardias que no hay quien las controle y hay guardias tranquilas. No sé lo que va a pasar y yo creo que lo más prudente ahora mismo es ver cómo va avanzando de este tema y, en cualquier caso, como ha hecho otras veces el Gobierno de Aragón, si en un momento dado, hay que reforzar ese sistema que ahora se establece, si hay que volver a darle una vuelta, pues, igual que lo ha hecho, como le digo, con las cláusulas abusivas, con un nuevo juzgado de violencia, entiendo que el Gobierno de Aragón impulsará cualquier reforma que redunde en beneficio de la calidad de la justicia para los ciudadanos, porque sí que en esto, ustedes son garantes, garantes de que los ciudadanos tengan una justicia de calidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor Villagrasa.
El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Señora consejera, lo cierto es que en el Grupo Parlamentario Socialista estábamos también expectantes para ver el contenido material y cuáles eran los derroteros de la intervención, y mi pregunta, porque lejos de hablar de La Almunia, de Tarazona, de Ejea, de la distribución y Planta Judicial, lejos de hablar de las infraestructuras, lejos de hablar de las partidas presupuestarias, del sistema AVANTIUS, del cual, si recuerdan, hablamos mucho en la pasada legislatura, aquí, el señor Ledesma, de una manera hábil, porque él es un parlamentario hábil, ha intentado discurrir su tránsito por la tribuna con que esto va contra la calidad democrática, perjudica a las víctimas, disminuye la calidad del servicio público y es una enmienda al discurso del Grupo Parlamentario Socialista o a la acción de Gobierno.
Nada más lejos de la realidad, señor Ledesma, usted ha cogido una cuestión que bien sabe que depende directamente de la decisión de los órganos judiciales, y usted ha intentado aquí armar un castillo de naipes en contra del Gobierno de Aragón.
En realidad, ¿cuál era el propósito de su comparecencia?, ¿que el Gobierno de Aragón dijera que respeta esa decisión de los órganos judiciales? La señora Pérez se lo ha dicho.
Pero si me permite, si me permite y emulando como si esto fuera una sentencia, voy a empezar primero por los fundamentos de derecho, artículo 122 de la Constitución, Ley Orgánica del Consejo del Poder Judicial, la decisión organizativa de otro poder del Estado… Da la sensación de que aquí estábamos debatiendo sobre un aspecto de organización de medios materiales de cualquier consejería del Gobierno de Aragón. Y usted sabe que eso no es así, usted lo sabe, pero, además, la decisión ha sido propuesta por los jueces y avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, se traslada al Consejo General del Poder Judicial, el 24 de septiembre se aprueba. Luego, existe una prueba piloto durante unos meses, se solicita posteriormente en el mes de febrero que a tenor de esa experiencia, esa situación se convierta y devenga en definitiva. Se aprueba definitivamente en el mes de abril por parte del Consejo General del Poder Judicial, y ahí hay un momento en el cual al Gobierno Aragón se le pide.
Yo quiero lanzar la pregunta a la inversa: ¿qué hubiera ocurrido, señora consejera, si el departamento que usted preside se hubiera opuesto o hubiera tomado una decisión radicalmente contraria a lo que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón o los jueces hubieran solicitado en base a sus competencias y a su responsabilidad? Pues, menuda semana de ruedas de prensa hubiéramos tenido y cómo nos hubieran puesto al conjunto del Gobierno de Aragón.
Por tanto, yo creo que se ha explicado, se ha estudiado también el estudio de la carga, la operatividad de las guardias. Y miren, yo no quiero dejar de pensar —vamos, creo que nadie de ustedes lo piensa— que se ven forzados en determinados discursos por el foro parlamentario y por el continente en el cual hablamos, pero creen que, de verdad, si por el conjunto de los profesionales o los operadores jurídicos hubiera una lesión a los derechos de los ciudadanos y a las garantías jurídicas que estos tienen en La Almunia, Tarazona, Ejea o en cualquier otro partido judicial, ¿de verdad creen que el órgano de los jueces o que el propio Gobierno de Aragón mirarían para otro lado? Señorías, yo es que considero que no, y les niego la mayor, y por eso creo que es importante que cuando hablemos de Justicia, cuando hablemos también no solamente de las competencias, hablemos de aquellos aspectos en los que podemos ser útiles.
Y yo entiendo, señor Ledesma —y se lo decía—, que usted es un parlamentario hábil, que ha cogido el caballo de batalla que uno de los operadores jurídicos entendía como contrario a la idea que tomaba el órgano de los jueces, pero podríamos debatir o podríamos emplear este tiempo en hablar de las infraestructuras, que sí que dependen de una manera más certera. Podríamos hablar de la justicia gratuita, podríamos volver a hablar del sistema AVANTIUS tan criticado durante tantas y tantas comparecencias en la legislatura pasada. Pero, señora Pérez, yo creo que usted ha dado la información oportuna, usted ha sido absolutamente correcta en el ámbito de sus competencias y en la colaboración con la Administración de Justicia y con los representantes de la misma. Y miren, yo, después de los fundamentos de hecho o de los fundamentos de derecho, no voy a ser tan osado de sentenciar con frases tan duras como que esto deja desprotegidos a los ciudadanos, porque ni usted ni los órganos judiciales lo permitirían.
Así que cuenta con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista y confiamos en seguir en esta línea de trabajo, pensando siempre en el respeto a la ley y en los derechos de los aragoneses.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villagrasa.
Señora consejera, su turno para responder al resto de grupos.
La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ ESTEBAN): Muchas gracias, presidente.
Bien, en general, compruebo que los grupos han comprendido que se trata de una simple cuestión organizativa por parte de los jueces y que la decisión ayuda a la labor de los profesionales que ejercen su labor en Ejea, en La Almunia y en Tarazona, sin causar perjuicios al servicio público que ejercen esos juzgados, y lo repito, sin causar perjuicios al servicio público que ejerzan estos juzgados. [Aplausos].
Hombre, les he escuchado en alguna intervención que saben ustedes más las funciones que tienen que hacer estos jueces que los mismos profesionales que están ejerciendo su labor allí. Sí, señor Arranz, ha hecho usted un relato en el que parece que les recuerda a los profesionales que están ejerciendo su labor allí lo que hacen, que no sé si ha querido decir que es que ya no lo están haciendo.
Dice la señora García: «no, hombre, ustedes tienen competencia…». Nosotros somos una parte, como saben perfectamente. Y un informe exclusivamente en cuanto a la organización de los jueces no vinculante. En cuanto los juzgados de cláusulas suelo, del nuevo juzgado el número ocho de lo social, claro que sí que somos oídos, escuchados y tenidos en cuenta, señora García. Pero hay una gran diferencia: aquí no solo estamos hablando de jueces, sino también de la dotación de personal, que depende de la comunidad autónoma que se requiere. Aquí estamos hablando de una reorganización exclusiva de jueces —repito—, ¡de jueces!, y yo creo que aquí, la gente se ha puesto la venda antes de la herida.
Y qué casualidad, señora García, señor Arranz y señor Ledesma, que ustedes se han hecho eco de esa amenaza que tenían en este caso los abogados, y no es así, porque nosotros no vamos a tocar las guardias de los abogados. Exclusivamente, los jueces de los tres partidos judiciales, junto con el TSJ, junto con el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal han decidido reorganizarlo, lo han probado y no ha pasado absolutamente nada. Igual, cuando les he dicho que había siete detenciones y una orden, igual, igual, igual, señor Ledesma, hasta los delincuentes se han puesto de acuerdo para no cometer delitos en estos seis meses solo para demostrar que la unificación no causa efectos perniciosos. Igual, igual ha pasado esto. Entonces, vamos a poner las cosas, de verdad, en su sitio.
El Gobierno de Aragón constató, dio su conformidad cuando constato los datos de la propuesta y que, evidentemente, los efectos y el impacto que tenía no producían ningún tipo de perjuicio y descenso en la calidad del servicio. Así de claro. Y la propuesta —insisto— ha recibido el visto bueno del Ministerio de Justicia, de la fiscalía la Comunidad Autónoma, de la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y del propio Gobierno de Aragón.
El propio 19 de febrero, el propio TSJ argumentó al Consejo General del Poder Judicial que el funcionamiento de esta agrupación ha sido muy positivo. Oiga, no puede ser que defendamos al TSJ para lo que nos interesa y lo ataquemos cuando no estemos tan de acuerdo, ¿no? Hombre, digo yo, ustedes, que además exigen y dan ejemplo de todo lo contrario.
¿Y cuándo lo han hecho? ¿Por qué ha hecho esa petición el Tribunal Superior Justicia de Aragón? Pues, porque durante todo este tiempo, han visto precisamente que se han cumplido los objetivos que determinaron la propuesta y que no se ha producido ninguna circunstancia negativa al respecto. Po lo tanto, hombre, de verdad, vamos a ser sensatos.
¿Ha ayudado todo el avance que hemos hecho a lo largo de estos últimos años en algo que usted personalmente, señor Ledesma, criticó muchísimo, que fue el sistema AVANTIUS? Se acuerda, ¿no?, que usted era partidario de comprar otro sistema y, sin embargo, ahora mismo somos ejemplo en la gestión, ejemplo precisamente en algo que ustedes están anticipando de manera agorera que va a haber muchos retrasos, cosa que no ha habido, pero precisamente tener el sistema AVANTIUS lo que ha permitido es adelantar muchos de los trabajos que en otros juzgados que no lo tienen se ha atascado precisamente todos los procedimientos judiciales. Por tanto, esta organización, también, desde luego, va a garantizar que la gestión sea solvente en la utilización de este sistema de gestión AVANTIUS.
Quedó también fijada la prelación de actuaciones del servicio, sin perjuicio, evidentemente, de la autonomía y de la decisión que en cada momento puede tomar un juez en función de las circunstancias del caso: las diligencias de levantamiento de cadáveres, la regularización de detenidos y la resolución de solicitudes de medidas cautelares, como saben, copan las medidas prioritarias. Pero insisto, y esto es un mensaje a la sociedad, fundamentalmente a las poblaciones que puedan verse alertadas o amenazadas porque se les está recortando servicios: la opinión de este Gobierno es que la reorganización de los fines de semana ha estado perfectamente tramitada, contrastada y argumentada, y no vemos ningún tipo de efecto negativo sobre los ciudadanos en estos tres partidos judiciales. Y le digo más, si en algún momento fuéramos conscientes de que se produjera algún tipo de disfunción, lo haríamos llegar, como no puede ser de otra manera y como lo estamos haciendo, a los órganos que tienen la capacidad de decidir. Pero, insisto, oiga, yo creo que se han puesto la venda antes de la herida, han visto peligrar alguna situación, y por eso han montado ustedes esta situación.
Y a mí, para terminar, sí que me gustaría hacer una reflexión, porque se han oído aquí fundamentalmente dos argumentos: la defensa del medio rural, la lucha contra la despoblación y la defensa de lo público. Y hombre, el aval y el crédito de quienes han defendido estas posiciones deja mucho que desear, deja mucho que desear. Y yo recomiendo, desde la humildad, no utilizar ambas defensas en vano, cuando lo que oculten es la defensa de otro tipo de intereses. Le estaremos haciendo un flaco favor al servicio público y a la lucha contra la despoblación cuando se usa y se utiliza como paraguas para defender otro tipo de intereses. Y creo francamente en la apuesta por lo público, y miren, el presupuesto para justicia ha aumentado de setenta y seis millones el año pasado a ochenta y uno en este ejercicio. Un esfuerzo impresionante en el capítulo de personal, que refleja, entre otras cosas, la reducción, por ejemplo, en el número de demandas de cláusulas suelo pendientes, que llega solo a mil novecientas, y eso sí que es dar un servicio de calidad. Que, como les decía, en el apartado tecnológico, en el sistema AVANTIUS y la sede judicial electrónica, han permitido que los retrasos provocados por la pandemia sean mucho menores en nuestra comunidad autónoma. Que durante la pandemia se proveyó de ordenadores portátiles a jueces y letrados de la Administración de Justicia para que pudieran desarrollar su labor en la modalidad de teletrabajo. Un compromiso del Ejecutivo autonómico con la eficiencia del sistema. Que se está acelerando la puesta en marcha del juzgado número ocho, del nuevo juzgado, y la solicitud para crear un nuevo juzgado de violencia sobre la mujer en Zaragoza, que esto tiene un coste, más de medio millón de euros. Y que tenemos también reservada una dotación para la nueva oficina fiscal, con los procesos de realización de las relaciones de puestos de trabajo, implantación de la misma y para la dotación de oficinas judiciales en las comarcas que eviten desplazamientos para impulsar la tramitación de procedimientos simples.
Una cosa es predicar y otra es dar trigo. Por tanto, ojo, no utilicemos el combate a la despoblación y la defensa de lo público para ocultar —insisto— otros intereses, que lo que hemos visto en el día de hoy en esta comparecencia es precisamente eso.
Muchas gracias. [Aplausos].
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.