Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón
Proposiciones de ley
Debate y votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley de modificación de la Ley 9/90, de 9 de noviembre, del Consejo Económico y Social de Aragón.
Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón n°: 018 de Plenos (IV Legislatura)
Intervinienen: Muzas Rota, Angel Maria - Lacasa Vidal, Jesus - Cristobal Montes, Angel - Yuste Cabello, Chesus - Biel Rivera, Jose Angel - Calvo Lasierra, Antonio
El señor Secretario Primero (MUZAS ROTA): La Diputación General expresa su disconformidad con el contenido de esta proposición de ley de modificación de la Ley 9/1990, de 9 de noviembre, del Consejo Económico y Social, y, en consecuencia, el criterio desfavorable a su toma en consideración por las Cortes de Aragón.
El señor PRESIDENTE: Una vez dada lectura al criterio de la Diputación General, procede la presentación y defensa de la proposición de ley por un representante del Grupo Parlamentario proponente.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida.
El señor Diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, querría comenzar mi intervención haciendo una reflexión previa, una reflexión general, sobre la actividad legislativa que esta cámara está desarrollando desde que se constituyó y en la andadura que llevamos ya en estos nueve meses de Legislatura por los que discurrimos. Creemos, en nombre de nuestro Grupo, Izquierda Unida de Aragón, vemos con preocupación, asistimos con preocupación, a que la parálisis que hemos denunciado, que estamos denunciando en la actividad cotidiana del Gobierno de la Diputación General de Aragón, también alcanza a los temas legislativos, tanto de aquellos que vienen propuestos desde el propio Gobierno de Aragón, a través de los proyectos de ley, como desde las proposiciones de ley que los Grupos que sustentan al Gobierno traen a estas Cortes. Y lo estamos detectando, y en la intervención anterior ha salido.
¿Cuál ha sido la proposición de ley que han presentado los Grupos mayoritarios? Una proposición de ley para excluir a las minorías de los organismos de cuenca. Proposición de ley que yo creo que, en todo ese tiempo, expresa la poca voluntad de traer textos interesantes a esta cámara hay por parte de esos Grupos, porque los partidos del Gobierno realmente se están contentando con cumplir lo que -digamos- estatutariamente es inexorable, que es la presentación de los proyectos de ley de presupuestos y alguna ley de acompañamiento de la ley de endeudamiento, o la llamada ley de regularización, que ya discutimos en su caso. Eso sí, cumplir con lo absolutamente imprescindible y no traer a esta cámara ningún otro elemento de carácter legislativo importante, que pudiera dar respuesta a problemas sociales, institucionales, económicos, etcétera, que esta Comunidad Autónoma tiene planteados. Yo creo que el bagaje es bien corto, es bien triste, y revela -creo- esta incapacidad política clara por parte de los Grupos mayoritarios, los Grupos de la derecha de la cámara.
Y ¿qué hace Izquierda Unida en este panorama? Izquierda Unida de Aragón no se plantea, desde luego, una oposición destructiva. Izquierda Unida de Aragón se plantea una oposición siempre constructiva, siempre con alternativas, y queremos demostrarlo concretamente, día tras día, en todos los plenos en los que podamos, y hoy, en concreto, queremos hacer una presentación de la proposición de ley que creemos que es de la máxima importancia, y creemos que es rigurosa y que puede ser atendida por parte de los Grupos de la cámara.
¿Qué tema traemos hoy a debate? Traemos a debate un tema en el que ya se ha mencionado algo en la sesión de hoy. Traemos un tema que habla de la participación, que habla de la participación, pero no desde luego desde el miedo, como se ha demostrado anteriormente, sino que habla de la participación desde la creencia profunda en que hay que dar a la sociedad los cauces adecuados para que todos los Grupos sociales, económicos puedan participar y expresar su voluntad, y puedan también coadyuvar a que la acción de Gobierno sea efectiva y remueva las condiciones negativas de nuestra tierra.
Por lo tanto, nos planteamos hoy el hablar del Consejo Económico y Social de Aragón, pieza fundamental, desde nuestro punto de vista, para garantizar la participación en los temas económicos, sociales, y nosotros también apostamos por laborales y de empleo, en nuestra Comunidad Autónoma de Aragón.
¿Por qué traemos hoy aquí esta proposición de ley? Evidentemente, porque advertimos con preocupación, en su momento, un titular de prensa que venía luego convenientemente explicado en el que agentes sociales que participan activamente en el Consejo Económico y Social -lo voy a citar textualmente-, el 1 de diciembre del año noventa y cinco, expresan -hablo de dos agentes sociales muy representativos-, expresan, muestran su temor de que el Consejo Económico y Social de Aragón se burocratice y entre en una fase de apatía, después de conocer la identidad de los nueve vocales designados por el Gobierno autónomo, entre los cuales hay cuatro altos cargos de la Administración y ningún representante de colectivos sociales: Creemos que estas designaciones que por parte del Gobierno de la derecha se han hecho, en relación a sus representantes en el Consejo Económico y Social, han revelado claramente la voluntad de controlar más estrechamente el Consejo Económico y Social, cerrar la participación y retroceder en relación a un paso que se había dado en anteriores gobiernos, en los que -hay que reconocerlo así- se había abierto la participación a colectivos, a distintos colectivos, y que en estos momentos han sido excluidos por parte del Gobierno de Aragón.
Hemos asistido con preocupación a estas manifestaciones de los agentes sociales, creemos que son muy justas y muy sensatas, por lo tanto, eso nos ha motivado una reflexión: había que entrar a analizar, porque esto podía no ser nada más que una manifestación de un problema más profundo, y había que entrar a analizar globalmente el modelo de Consejo Económico y Social de Aragón, y eso es lo que nuestro Grupo Parlamentario ha pretendido hacer a través de esta proposición de ley, no una modificación de un solo artículo o de un solo aspecto, sino una auténtica reforma, en profundidad, del Consejo Económico y Social, con seriedad, con rigor, viendo, intentando que de cara al futuro sea un órgano más consolidado y más interesante.
Desde ese punto de vista, ¿cuáles han sido los objetivos que nos hemos trazado al presentar esta proposición de ley? Son claramente cinco objetivos muy claros; en la exposición de motivos, los tienen ustedes reflejados, y yo creo que se ve con toda claridad. El primero, sin duda, es afianzar la plena independencia del Consejo Económico y Social de Aragón. Esto que hemos visto que se ve amenazado, por parte de un Gobierno que estrecha el cerco, por así decirlo, a través de nombramientos de propios funcionarios o altos cargos de la Administración -no hay más que recordar quién preside o quién es el secretario general en estos momentos del Consejo Económico y Social-. Por lo tanto, nuestra línea es afianzar la plena autonomía del Consejo Económico y Social.
En segundo lugar, ampliar el objeto de estudio, el objeto de interés del Consejo Económico y Social, no sólo en los temas económicos y sociales, sino también a aspectos que nos parecen decisivos, como los aspectos laborales y de empleo en la Comunidad Autónoma de Aragón.
En tercer lugar, ampliar el abanico de funciones de competencias, por así decirlo, del Consejo Económico y Social, que en la anterior regulación creemos que son extraordinariamente parcas, y creemos que es posible y positivo ampliar todas estas funciones y competencias.
Cuarto objetivo es abrir la composición del Consejo Económico y Social, abrirlo a más representantes sociales y, por lo tanto, diluir cualquier posibilidad de exclusión, como en estos últimos tiempos estamos viendo que, por parte del Gobierno, se ha desarrollado.
Y, por último, un último objetivo general, cual es asegurar una correcta dotación de medios humanos, económicos y materiales, para que el Consejo Económico y Social no sea simplemente un instrumento que está puesto encima de un papel, sino que tenga, realmente, posibilidades de desarrollar efectivamente sus capacidades y sus facultades.
Desde ese punto de vista, y entrando en cada uno de los temas con parquedad, para intentar ajustarme al tiempo de que disponemos lo más posible, evidentemente, en el artículo segundo nosotros introducimos una modificación que responde, con claridad, a dos de las pretensiones que he comentado: la de la independencia y la de la ampliación del objetivo. Pretendemos garantizar una personalidad jurídica propia al Consejo Económico y Social de Aragón. Esto no estaba dicho en la ley anterior, esto no estaba dicho. Hablaba de que era un órgano de la Comunidad Autónoma; pero no aseguraba su personalidad jurídica propia, algo fundamental si queremos garantizar una estabilidad y una independencia clara del Consejo Económico y Social.
Y aludimos también a la ampliación de su objetivo, a la ampliación de sus fines hacia los temas laborales y de empleo en la Comunidad Autónoma, y lo hacemos en función de que el propio Estatuto de Autonomía reconoce la ejecución de la legislación básica del Estado, en materia laboral, para la Comunidad Autónoma, y haya programas, concretamente, que se están desarrollando, en materia de relaciones laborales, importantes en la Comunidad Autónoma. Luego es posible y positivo que el Consejo Económico y Social acuda a esos aspectos y también a la facultad que el Estatuto de Autonomía de Aragón, en el artículo 57.4, establece de que la Diputación General de Aragón podrá constituir o participar en instituciones que fomenten la plena ocupación. Por lo tanto, es muy importante que el Consejo Económico y Social de Aragón también se ocupe del empleo; el empleo tiene que ser una clara prioridad, no sólo de los partidos políticos en el Gobierno, sino de toda la Comunidad Autónoma de Aragón, y, por lo tanto, también del Consejo Económico y Social, y creemos que es bueno que así aparezca explicitado.
En segundo lugar, en relación con las funciones, con la ampliación de funciones o de competencias del Consejo Económico y Social, todas las funciones que yo voy a enumerar, así como el resto de aspectos que estoy citando, realmente provienen de un estudio, de un análisis comparativo con situaciones de otros consejos económicos y sociales, tanto regionales como a nivel estatal, en otros países o, incluso, a nivel europeo. Por lo tanto, no son novedades singulares, sino que son intentos de mejorar realmente la legislación existente en función de las experiencias que en otras partes se desarrollan.
¿Qué funciones son éstas? Funciones, en primer lugar, de informe, por lo tanto, funciones consultivas, y, por lo tanto, se establece la necesidad de informar, con carácter preceptivo, de los anteproyectos de ley y de los proyectos de decreto relacionados con todas las materias relacionadas con la política económica, social, laboral y de empleo en Aragón. Evidentemente, esto es algo que en estos momentos no se contempla con ese carácter preceptivo y con esa globalidad, y creemos que es absolutamente imprescindible si queremos dotar de un contenido consultivo realmente eficaz al Consejo Económico y Social, y además de una potestad interesante, que es que el presidente del Consejo podrá comparecer -el presidente o la presidenta del Consejo en su momento-, podrá comparecer ante las Cortes de Aragón para explicar el sentido de estos informes realizados. Creemos que sería muy positivo, incluso para la vida parlamentaria de esta cámara, que este Consejo Económico y Social compareciese con regularidad para explicar cuál ha sido el sentido y alcance de ese informe.
También, en relación con la materia presupuestaria, la posibilidad de que el proyecto de ley de presupuestos sea remitido, simultáneamente a su presentación en las Cortes de Aragón, sea remitido al Consejo Económico y Social para su conocimiento y su posterior valoración. Creemos que también es una medida interesante que puede abrir causas también de participación.
En relación con la planificación económica, si en su momento, evidentemente, el Gobierno tuviese intención de planificar en algún sentido indicativo la economía -no parece que sea ésta la voluntad de un gobierno de la derecha-, estas leyes institucionales tienen que estar abiertas a otras posibilidades. Desde luego, en cuanto gobernemos la izquierda, indudablemente, haremos una planificación indicativa de la economía. En ese sentido se amplían las facultades del Consejo Económico y Social para conocer las propuestas de planificación indicativa de los gobiernos y emitir propuestas en ese sentido, así como el seguimiento de las mismas. Creemos que también es abrir la participación en este campo.
Y, por último, una serie de competencias quizá menores, o no tan espectaculares, pero creemos también muy interesantes, como son el debate de los programas de los fondos comunitarios. Creemos que es interesante que el Consejo se pronuncie sobre estos temas, así como también sobre los temas de la estadística regional, su conocimiento de evaluación, y, por último, que el informe que debe remitir anualmente este Consejo Económico y Social sobre la situación económica de la Comunidad Autónoma de Aragón, que sea remitido a la Diputación General de Aragón y a las Cortes de Aragón, y que el presidente o presidenta del Consejo también comparezca ante la Comisión de Economía de las Cortes y pueda explicar este informe, y, en torno a esta explicación del informe, se abra un debate interesante en el que los Grupos Parlamentarios podamos inquirir y podamos profundizar en los aspectos que ahí se plantean.
Por otro lado, las funciones; funciones que vienen enmarcadas, evidentemente, por el carácter que el organismo tiene, fundamentalmente, de carácter consultivo y de carácter de orientación y de participación.
Pero ¿qué composición, señorías, qué composición tiene que tener este Consejo Económico y Social? Aquí entramos en una clave, en una fase central, nodular, del aspecto que estamos debatiendo hoy aquí. ¿Qué composición para garantizar la plena independencia? ¿Y qué composición para dar satisfacción a los agentes sociales y económicos que en esta Comunidad Autónoma tienen presencia y que ansían estar representados en el Consejo Económico y Social? Pues, evidentemente, una representación en la que se mantengan los representantes, tal cual están, de las organizaciones sindicales más representativas, o de las organizaciones empresariales, tal cual están representadas en estos momentos, con nueve representantes cada una de ellas, pero con la introducción de un tercio nuevo, de nuevos representantes que provengan de distintos sectores e instituciones, como son tres por las organizaciones profesionales agrarias -creemos que tienen un peso específico en la Comunidad Autónoma de Aragón muy claro-, porque tienen que estar representadas en el Consejo Económico y Social de Aragón; tres por las cooperativas y las empresas de economía social (también es obvio la presencia y la participación en el tejido productivo de nuestra Comunidad Autónoma); dos por las organizaciones de consumidores y usuarios, que también tienen que pronunciarse en relación a muchos aspectos de la calidad de vida de los aragoneses y las aragonesas, y uno por la Universidad de Zaragoza, que creemos que también es un elemento fundamental en el desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma.
Se excluye de nuestra propuesta la representación directa de la Diputación General de Aragón, en aras de la profundización de ese modelo de plena independencia, porque creemos, además, que un órgano consultivo y un órgano de orientación, cuanto más independiente y desligado esté del poder político directo, será mucho mejor para ese órgano, para la Diputación General de Aragón y para todos, en definitiva, incluido el Gobierno de Aragón. Y en lugar de esto contemplamos la presencia de cuatro expertos, designados entre personas de especial preparación y reconocida experiencia, en los ámbitos del Consejo, destinados, eso sí, por la Diputación General de Aragón, previa consulta, previo conocimiento del resto de los Grupos Parlamentarios de esta cámara, y, evidentemente, los mecanismos de designación que se prevén por parte de la ley son mecanismos de designación que corresponden a cada entidad, a cada colectivo, la designación del mismo, y ahí hay unas garantías para que esto pueda desarrollarse.
Quisiera también mencionar algunos aspectos de funcionamiento que nosotros queremos garantizar al Consejo Económico y Social de Aragón, y es la dotación suficiente de medios, de los medios que a su disposición tienen que poner la Diputación General de Aragón o las Cortes de Aragón, estableciendo la garantía de que esos medios sólo podrán ser denegados en el caso de que, de forma motivada, se demostrase que no tienen nada que ver las peticiones del Consejo Económico y Social con la naturaleza y funciones del mismo, pero garantizándole el acceso a los medios que la Diputación General y las Cortes de Aragón tienen. También los medios humanos. En ese sentido establecemos la posibilidad de selección del personal propio del Consejo Económico y Social por el mismo Consejo, con lo cual redundamos en autonomía e independencia del mismo, por supuesto con la misma base de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que cualquier otro personal seleccionado por entes públicos o por administraciones. Y también garantizamos la existencia de medios económicos, medios económicos porque la autonomía, sin suficiencia financiera, realmente, es inexistente, es irrelevante, y se establece la necesidad de que el Consejo Económico y Social presente un anteproyecto de presupuestos a la Diputación General de Aragón para que ésta lo incluya en el proyecto anual de presupuestos, petición que sólo podrá ser denegada -y en ese caso tendrá que venir acompañada de un informe a estas Cortes de Aragón y, por lo tanto, tendrá que ser debatida y conocida- por parte de la cámara, si hubiera rechazo a esa solicitud por parte del Consejo Económico y Social de Aragón.
En definitiva, éstas son un poco las líneas maestras de lo que Izquierda Unida de Aragón creemos que plantea con rigor, una ley institucional, una ley que creemos que es muy importante para la Comunidad Autónoma de Aragón; creemos que sería dotarle a un órgano decisivo, sería que nuestra Comunidad Autónoma tuviera un órgano verdaderamente importante en la participación de los temas sociales, económicos, laborales y de empleo de la Comunidad Autónoma de Aragón, y pedimos, sinceramente pedimos, desde un Grupo de la oposición, en un tema institucional, en un tema importante que nosotros consideramos que hemos traído a esta cámara con la voluntad de suplir la carencia de proyectos, de iniciativas, por parte del Gobierno de Aragón, y creemos que estamos respondiendo a numerosos sectores, creemos que no debería ser rechazado, a pesar de esa terminación del Consejo de Gobierno, que no debería ser rechazado por el resto de esta cámara. Nosotros pedimos un voto de confianza, pedimos que se admita a trámite esta proposición de ley, puesto que, evidentemente, estamos totalmente dispuestos, creemos que en el momento en que se admitiera a trámite correspondería a toda la cámara esa proposición de ley, y, evidentemente, estaríamos absolutamente dispuestos a llegar a todos los acuerdos posibles para la mejora del Consejo Económico y Social, y, por lo tanto, pedimos ese voto de confianza y, posteriormente, estamos totalmente dispuestos, evidentemente, a debatir, discutir, pactar, una ley de estas características.
Yo no quiero terminar mi intervención sin mencionar que hoy hay muchas expectativas en distintos colectivos, en distintas organizaciones, sobre todo, evidentemente, en quienes aspiran legítimamente a estar representados en el Consejo Económico y Social de Aragón, expectativas que no deberían verse frustradas por parte de los Grupos de esta cámara. Yo creo que todos los Grupos de esta cámara tenemos una responsabilidad, y yo apelo a su sensibilidad a su responsabilidad para que puedan votar favorablemente a la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lacasa Vidal.
Para turno en contra, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.
El señor Diputado CRISTOBAL MONTES: Señor Presidente.
Yo, señor Lacasa, no tengo la velocidad de palabra que usted; por tanto, voy a hablar un poco más despacio.
Nos enfrentamos esta mañana a la toma en consideración o no de una proposición de ley, presentada por Izquierda Unida, de modificación de la Ley del Consejo Económico y Social de 1990, la Ley 30/1990. Poco tiempo de rodaje, señor Lacasa: de 1990 a 1996, la ley no ha podido dar toda su virtualidad, de la ley no ha podido extraerse todo lo que es susceptible a la misma, de la ley no sabemos todavía cuál es su rodaje y cuáles son las posibilidades que puede plasmar la misma en el ámbito específico en que se desarrolla, que es un órgano consultivo de la Administración pública aragonesa, de la Diputación General de Aragón.
Sin embargo, a nuestro modo de ver, el hecho del poco lapso de vigencia de la ley, el corto tiempo -seis años escasos- de vigencia de la ley no sería el obstáculo mayor para propiciar una modificación de la misma. A veces, las leyes se demuestra que son malas al día siguiente de haberse promulgado, incluso antes de aprobarse se demuestra, o se puede demostrar, o se puede prever que esa ley es una ley equivocada. Por lo tanto, no nos dolerían prendas si tuviéramos que reconocer que esta ley debería ser modificada, no obstante su corta duración.
Pero no es ése el problema. El problema es otro, señor Lacasa. El problemas es que ustedes tratan de incidir en un órgano -repito- consultivo de la Administración pública, con una visión, primero, sin saber exactamente qué es un órgano consultivo de la Administración pública, y, segundo, desmesurando sus funciones, desmesurando sus cometidos, desmesurando sus competencias. Hasta tal punto, que la asunción de las competencias que ustedes plantean, de las nuevas funciones o misiones que ustedes plantean en su proposición de ley, posiblemente desnaturalizarían ese órgano consultivo de la Administración pública aragonesa, que es el Consejo Económico y Social, posiblemente lo transformarían en una asamblea. Y esto no es ninguna crítica; esto va muy con su línea política, y es respetable, como cualquier línea política, pero, desde luego, no va con la nuestra y no va con la de otros grupos políticos y parlamentarios. Ustedes tienen una tendencia -repito- muy respetable, asumida ideológicamente, defendida, y absolutamente legítima, de tendencia hacia asambleas, hacia grupos en los que aparezcan organizaciones variopintas, y en las que las entidades que ustedes propician normalmente se diluyen en polifacéticos, agitados y siempre en conflicto colectivos ciudadanos; que repito que no es malo, pero es una óptica diferente de la nuestra. Esa es nuestra óptica. Yo no digo que la nuestra sea ni mejor ni peor, sino simplemente es una óptica diferente. Ustedes tienden hacia organizaciones amplias, con representación muy variada, con representación muy distinta, con presencia de grupos muy diversificados, y eso que a lo mejor en teoría es bueno, en la práctica se rebela -y ahí tienen ustedes los resultados una vez tras otra- no diré en una anarquía permanente, pero sí en un tótum revolútum, en el que, en definitiva, acaban saliendo pocas cosas positivas, y en el que el pragmatismo, el realismo y la realidad de las cosas suelen brillar por su ausencia. Ustedes están en el reino de la utopía, que es un reino legítimo y es un reino deseable, pero la utopía, como todo, tiene que tener un punto de engarce, tiene que tener un anclaje con la realidad, y en muchas ocasiones ustedes pierden ese punto de anclaje, ese punto de conexión con la realidad.
El otro dato insólito, insólito desde nuestro punto de vista, repito -no den nunca un matiz peyorativo a las cosas que diga porque únicamente hago un planteamiento político, plenamente respetuoso del planteamiento político distinto-, el otro dato insólito, a mi modo de ver, que ustedes quieren introducir en el nuevo Consejo Económico y Social, es que la Diputación General no tendría presencia en él, salvo ese matiz que introducen de que a través de los cuatro expertos pudiera la Diputación General tener presencia. Observen ustedes, señor Lacasa, lo insólito que es y lo realmente raro de entender y de aceptar que es que, en un órgano consultivo de la Administración pública de la Diputación General, la Diputación General no tuviera nada que decir y no tuviera representantes nombrados por ella. Ya sé que usted me va a contestar: pero ése es el mejor signo de independencia. De independencia y de ingenuidad. La política no tiene por qué estar de espaldas al realismo; la política no tiene por qué casar con la ingenuidad. La política es engarzar las cosas que deben engarzarse, respetar lo que hay que respetar; pero no perder nunca los papeles ni perder las posibilidades, entre otras cosas, porque, posiblemente, se estaría haciendo dejación de lo que no se tiene y violentando incluso la voluntad popular. Cuando la voluntad popular determina que un gobierno debe gobernar, debe gobernar, primero, para cumplir el mandato popular, y, segundo, sin hacer dejación de todos y cada uno de los resortes que constituyen el mecanismo gubernamental, y éste es uno, pequeño, si usted quiere, pero es uno y, desde luego, no cabría, no es entendible, no sería aceptable que la Diputación General, teniendo un órgano consultivo, cual es el Consejo Económico y Social, hiciese un acto de dejación, de generosidad extrema, que sería de ingenuidad, y dijese: nosotros no queremos tener ninguna representación en este órgano, al objeto de que tenga la mayor independencia posible. Eso quizás pertenece al reino de los cielos. El reino de los cielos es una cosa maravillosa; pero, desde luego, tiene poco que ver con la política a ras de tierra, con la política con los pies en el suelo, que es, en definitiva, la verdadera y quizás la única política.
Y entremos en los grandes apartados que usted ha explicado y que, obviamente, están en la estructura de la proposición de ley por ustedes presentada. El primer punto es la dotación, la atribución de personalidad jurídica propia al Consejo Económico y Social. Mire usted, señor Lacasa, no es posible, ni es posible, ni es conveniente, ni es deseable. Si en la Administración pública cada uno de los órganos que tienen una función o un cometido diseñado y propio tuviera que estar dotado de personalidad jurídica, la Administración se convertiría o se podría convertir en un pandemónium. Piense usted; por ejemplo, hace poco tiempo, se ha aprobado una ley, la Ley del Gobierno y del Presidente de la Diputación General de Aragón, y ahí se crea un organismo consultivo importante: la comisión jurídica asesora. A nadie le ha pasado por la cabeza, ni siquiera cuando se debatió aquí, que la comisión jurídica asesora vaya a tener personalidad jurídica, y es un organismo consultivo. ¿Por qué? Porque no puede ser, porque no debe ser, porque no es conveniente. Porque si usted crea dentro de la Administración pública -otra cosa son los entes autónomos-, si usted crea dentro de la Administración pública, en cada organismo consultivo o de la Administración activa, un reducto de personalidad, un sujeto jurídico diferente, un sujeto jurídico público, posiblemente está sentando las bases para que en el futuro tenga una administración y un gobierno ingobernable desde ese centro. Sería aquello de que hablaba, con tanta agudeza y con tanto sentido, el profesor Alejandro Nieto de la organización del desgobierno; posiblemente, estaríamos sentando las bases para esa organización del desgobierno.
Otra cosa es que, como se dice en el número 2 del artículo segundo de la ley, en el desarrollo de sus funciones, el Consejo Económico y Social actuará con plena independencia de los restantes órganos e instituciones de la Comunidad Autónoma. Para eso no hace falta personalidad jurídica; la personalidad jurídica significa la condición, la atribución de sujeto de derecho, y, por tanto, tener un patrimonio propio, poder tomar determinaciones al margen de cualquier connotación dentro del aparato o del órgano de gobierno, y eso, eso, repito, con un órgano consultivo, con un órgano, en definitiva, de la Administración pública, no casa, no encaja, no tiene mayor sentido.
Algunas de las nuevas funciones -y entramos en otro punto- que se pretenden atribuir al consejo son, sencillamente, extravagantes y utópicas. Por ejemplo, cuando ustedes dicen que el nuevo consejo tendrá, entre otras funciones, informar con carácter preceptivo -es decir obligatorio-, con carácter preceptivo los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto en todas las materias atinentes a la política económica, laboral, social y de empleo -y ¿que queda fuera?; pues pocas cosas-, prácticamente, ustedes le están dando la vuelta al aparato, o intentarían darle la vuelta al aparato gubernamental aragonés. Porque si el Gobierno tuviera que consultar preceptivamente todos los anteproyectos de ley y todos los proyectos de decreto que va a dictar en estas materias, pues, señor Lacasa, tendríamos a la Diputación General como rehén del consejo, se transformaría éste en una especie de guardián o ángel custodio de la Administración, entrabaría y retrasaría la gestión y privaría de la autonomía e independencia que, en base a la Constitución y al Estatuto, corresponde al ejecutivo regional. Que el Gobierno de Aragón tuviera que someter preceptivamente a informe del consejo los proyectos de decreto es algo que casi suena a la convención de la revolución francesa, a los soviet de campesinos, obreros y soldados de los primeros días de la revolución soviética, o a algún sueño de Calvino, de Cromwel, de Fourier o de Saint-Simon.
Es el reino de la fantasía, el reino total de la fantasía, señor Lacasa, que un gobierno salido de las urnas tuviera que ir a un órgano propio, a un órgano consultivo de él, a decirle: que voy a dictar un órgano, y, preceptivamente, tengo que venir, y, si no fuera, el consejo le tirara de las orejas: oiga usted, que no puede dictar el decreto sin pasar por esta casa. Y me dirá usted: pero es que si transcurren treinta días sin haber dicho nada, pues... Pero es lo mismo, es el gesto, es el gesto. ¿Cómo un Gobierno, para dictar un decreto, va a ir a pedirle permiso, va a ir a pedirle autorización a un órgano de la propia Administración y, además, obligadamente, es decir, que, si no pasa, se le puede llevar, le puede llevar la fuerza pública? El consejo consultivo, aunque usted no lo dice, podría decir a la policía: vaya usted a buscar al Presidente del Gobierno a que venga a pedir autorización para dictar un... Y es bueno que nos lo tomemos a risa, porque tiene una parte simpática, tiene una parte agradable, tiene una parte casi de cómic, en el que, obviamente, el dibujo sería muy agradable, de un presidente del gobierno llevado por la fuerza pública a un órgano de su propia Administración, consultivo, en el consejo de política social, diciendo: viene aquí porque no quería venir voluntariamente, viene a la fuerza, a pedir permiso para dictar un decreto porque quiere colocar, o quiere dictar, o quiere tomar una medida en política económica, social, de empleo o laboral.
Es obvio que el informe de un consejo económico social, de éste y de cualquiera, sólo puede referirse a anteproyectos de ley y sólo puede tener carácter facultativo, es decir, cuando el Gobierno lo quiera, porque ese órgano es un órgano del Gobierno, es un órgano consultivo de la Administración pública, con carácter facultativo, nunca preceptivo.
Obligar a la Diputación General a enviar al Consejo simultáneamente que a las Cortes de Aragón el proyecto de ley de presupuestos para su conocimiento y valoración parece una grave e innecesaria interferencia, una fuente gratuita de futuros conflictos y una innecesaria y antiestaturia afrenta a las Cortes y a su exclusiva competencia presupuestaria. No tiene sentido, aunque sólo sea a efectos de conocimiento y valoración -y lo de valoración no es poco-, que al mismo tiempo que se envía el proyecto de presupuestos a la ley, se tuviera que enviar a un órgano del propio Gobierno que ha elaborado el proyecto de ley de presupuestos para que emita su valoración. Eso es inconsecuencia, eso es contradicción, eso no tiene sentido, e, indudablemente, sería un vejamen, sería una humillación gratuita a las Cortes de Aragón, que, con el Estatuto en la mano, es la única que tiene potestad presupuestaria, y, en consecuencia, cualquier interferencia, cualquier conmistión, cualquier adhesión de otro órgano, antes que solucionar las cosas o facilitar las cosas, amén de crear complicaciones innecesarias, supondría un roce, un roce inaceptable entre órganos, en este caso, nada más y nada menos, con el órgano supremo legislativo de Aragón, que son las Cortes de este mismo nombre.
En fin, conocer anticipadamente y emitir propuestas en relación con las medidas de planificación económica y social que se elaboren por la Diputación General resulta excesivo, plantea una servidumbre intolerable para el Gobierno de Aragón y limita de manera excesiva su campo competencial. Lo mismo que decía antes: si tiene que emitir propuestas el Consejo Económico y Social cada vez que la Diputación General tome alguna medida planificadora... y ojalá tome muy pocas, porque me ha hecho mucha gracia, señor Lacasa, lo que usted ha dicho en su intervención, dice: este Gobierno no va a tomar medidas de planificación, ni siquiera indicativas y no las va a tomar. Y enhorabuena que no las tome, desde luego. Pero usted ha añadido de su propia cuenta: en cuanto gobernemos la izquierda haremos una planificación indicativa de la economía. Pues ya ha gobernado la izquierda en este país, y bastantes años, y sigue gobernando -trece años en Madrid-, y no he visto ningún rasgo de planificación indicativa, y aquí en Aragón también ha gobernado, y no he visto ningún rasgo de planificación indicativa. ¿Por qué? Porque la planificación es uno de esos muebles desahuciados que hace mucho tiempo que todo el mundo ha tirado por la ventana, porque la planificación ha sido, junto con las nacionalizaciones, uno de los grandes fracasos de la izquierda tradicional, de la que la izquierda moderna. La izquierda pragmática, la socialdemocracia, hace mucho tiempo que se dio cuenta y renunció tranquilamente. De nacionalizaciones y de planificación, nada, absolutamente nada. Porque la planificación, primero, es un cuento y, segundo, es una fuente inagotable de conflictos, de problemas y de frustraciones y de pobreza, como tenemos a la vista con esos planes quinquenales famosos de la Unión Soviética, adónde condujeron y qué tipo de beneficios generaron para los países que tuvieron que soportarlos. Aquí, como en tantos campos, sigue siendo verdad aquel viejo dicho liberal de que el orden espontáneo es siempre preferido, es siempre preferible al orden decretado, al orden impuesto.
La nueva composición que se plantea no es admisible. Primero, como antes se dijo, porque excluye la representación del Gobierno, y, segundo, porque aparte de los nueve miembros sindicales y de los nueve miembros empresariales, contempla nueve miembros más: tres por las organizaciones profesionales agrarias, tres por las cooperativas y empresas de economía social, dos por las organizaciones de consumidores y usuarios y uno por la Universidad de Zaragoza, aparte de cuatro expertos designados entre personas con una especial percepción y reconocida solvencia en el ámbito económico-social, experiencia en el ámbito económico-social y laboral.
Mire usted, señor Lacasa, cuando la ley vigente atribuye nueve miembros a las... el nombramiento de nueve miembros -la propuesta, porque el nombramiento lo hace el Presidente a la Diputación General-, la propuesta de nueve miembros a las organizaciones sindicales y a las organizaciones empresariales, se supone que tanto en las organizaciones sindicales como las empresariales existe la suficiente diversificación interna como para que, cuando se hace la designación, todos no van a ser del mismo sector, todos no van a ser del mismo campo o todos no van a ser del mismo tema. Nueve miembros dan mucho de sí, tanto a los sindicatos como a las organizaciones empresariales, y harán la diversificación correspondiente, y vendrá un variopinto ramillete de personas representativas de variados sectores del mundo sindical, de variados sectores del mundo económico, del mundo social, del mundo laboral. Así, como es natural, cuando el Gobierno nombre a sus nuevos representantes, no va a nombrar -como usted decía- automáticamente a nueve personas de la cuerda, a nueve personas que estén perfectamente acomodadas y que tengan como único objetivo actuar dentro del Consejo Económico y Social la obediencia y la plasmación de todas y cada una de las órdenes que se les den, sino que el Gobierno tendrá, ha tenido la suficiente habilidad como para explicar, como para que en ese conjunto de nueve haya representación adecuada y, sobre todo, que haya expertos y que haya técnicos, que son esos cuatro a los que usted hace referencia, los cuatro finales - y ya termino- de la presencia en el nuevo Consejo Económico y Social. A no ser que se quiera una asamblea abierta -y vuelvo a lo mismo que decía antes-, un foro ciudadano o un pandemónium, pues, en ese caso, ¿por qué no iban a estar presentes en el nuevo Consejo Económico y Social, por ejemplo los ecologistas, los objetores de conciencia, las asociaciones de vecinos, incluso los boys-scouts? ¿Por qué no podrían estar todos estos colectivos también en el nuevo Consejo Económico y Social? Si se abre la mano tanto, abrámoslas totalmente y lleguemos a la asamblea, que parece que es el desiderátum.
Como no se trata de objeciones de detalle, sino de insalvables objeciones de fondo, que no podrían ser salvadas mediante la presentación de enmiendas parciales, ya que su admisión nos devolvería al texto actualmente en vigor, el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de la toma en consideración a la proposición de ley de Izquierda Unida. Los proponentes no han llegado a captar plenamente la sustancia, configuración y misión de un órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cual es el Consejo Económico y Social de Aragón.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado. Muchas gracias.
Para turno de fijación de posiciones. Grupo Parlamentario Mixto.
Su portavoz, tiene la palabra.
El señor Diputado YUSTE CABELLO: Buenos días, señoras Diputadas. Señores Diputados. Señores Consejeros.
Cinco años y medio después de la aprobación de la Ley 9/90, que crea el Consejo Económico y Social de Aragón, parece un tiempo más que suficiente para valorar el papel que ha tenido este órgano, este instrumento en la vida socioeconómica aragonesa. Por ello nos permitimos valorar que, efectivamente, ha sido un órgano útil, ha demostrado una utilidad como órgano consultivo y como órgano de participación de los ciudadanos y ciudadanas, de organizaciones, a través de organizaciones sociales en la vida económica y social aragonesa. Pero, ciertamente, no se han desarrollado todas sus potencialidades, y entendemos que el Consejo Económico y Social de Aragón puede dar y debe dar más de sí. Precisamente porque entendemos que puede participar más, y de forma más amplia y más plural en los asuntos económicos y sociales de este país, por eso nos parece muy oportuna -y llevábamos tiempo valorando precisamente la necesidad de abrir este debate político- la necesidad de plantear la reforma de la Ley del Consejo Económico y Social de Aragón, la necesidad de abrir un mayor espacio para la participación de sectores sociales sindicales, agrarios, cooperativos y otros; y, de hecho, estábamos estudiando adoptar una iniciativa semejante a la que se plantea hoy en estas Cortes de Aragón; por ello confiamos precisamente en que pueda prosperar esta proposición de ley, en que se pueda debatir aquí en próximos plenos sobre el fondo de muchas cuestiones en las que hoy sería oneroso entrar. Entendemos que sería bueno poder debatir sobre otras medidas que consideramos necesarias, y por eso nos gustaría que ciertamente se tomara en consideración esta proposición de ley.
El 28 de julio de 1995, el Consejo Económico y Social de Aragón -en su anterior composición, evidentemente-, a través de un informe enviado a los Grupos Parlamentarios de esta cámara, nos planteó la necesidad de introducir cambios, de introducir modificaciones, sobre todo, abordando un problema que se le había presentado a lo largo de su experiencia de gestión: la necesidad, en concreto, de dotar al Consejo Económico y Social de Aragón de personalidad jurídica propia que pudiera garantizar su independencia frente a la Administración. El anterior Consejo Económico y Social, la anterior composición de este organismo, centraba su preocupación en la necesidad de regular mejor, más explícitamente, la situación del personal -funcionario y laboral- de dicho organismo. Es decir, entendemos que, desde el propio Consejo Económico y Social, después de años de experiencia, se venía valorando la oportunidad y la necesidad de afrontar una reforma de la Ley del Consejo Económico y Social. Por ello consideramos necesario, consideramos oportuno entrar en este debate hoy.
Desde Chunta Aragonesista valoramos positivamente muchas de las propuestas que aparecen dentro del texto articulado de la proposición de ley que ha presentado el Grupo de Izquierda Unida; pero, sin entrar a debatir pormenores -como ha hecho el portavoz del Grupo en contra-, entendemos que lo fundamental es abrir mayores cauces a la participación.
La composición del Consejo Económico y Social de Aragón, tripartita, entre sindicatos, empresarios y administración, nos parece ridícula, nos parece estrecha, nos parece que no refleja una realidad que es mucho más plural: ¿es que la organizaciones profesionales agrarias se pueden considerar representadas por UGT y Comisiones?, ¿es que las empresas de trabajo asociado, las cooperativas se pueden considerar representadas por la CREA, por ejemplo? ¡Por favor!, tenemos que concluir que la realidad socioeconómica de Aragón es mucho más amplia, es mucho más rica, es mucho más plural, y por ello entendemos que otros sectores deben estar representados en este organismo, como lo están en el Consejo Económico y Social de la Unión Europea o en el Consejo Económico y Social del Estado español, donde la realidad, la composición es tripartita, entre sindicatos, empresarios y lo que ellos llaman actividades diversas, que da pie, que deja sitio a otras muchas voces que hoy, en Aragón, están enmudecidas en el ámbito del Consejo Económico y Social.
Tenemos el ejemplo de muchas comunidades autónomas, de todos los colores, de todos los colores políticos, que en su composición son mucho más plurales, mucho más amplias, mucho más ricas que la composición actual del Consejo Económico y Social de Aragón. Estamos hablando desde Castilla-La Mancha hasta Castilla y León, desde Extremadura a Murcia, Comunidad Valenciana, Euskadi o Navarra; en todas ellas las organizaciones profesionales agrarias -con mayor o menor peso- están representadas; en todas estas comunidades autónomas las cooperativas y empresas de economía social están representadas, al menos, con un miembro; en todas estas comunidades autónomas las asociaciones de consumidores están representadas, al menos, con un miembro. En todas la comunidades autónomas, en muchas de estas comunidades autónomas, la representación de la administración se sustituye por una representación de expertos designados por el Gobierno, previa consulta con los Grupos Parlamentarios representados en los respectivos poderes legislativos autonómicos, en muchas de esas comunidades autónomas. Y, en Navarra, por ejemplo, conviene citar que es el único Consejo Económico y Social donde se cuenta con un representante del movimiento ecologista. Pues, precisamente por ahí, por ahí irían los tiros de la propuesta de Chunta Aragonesista, que si se tramitara, si se tomara en consideración esta proposición de ley, presentaríamos en fórmula de enmienda. Nosotros entendemos que, junto con la representación de las organizaciones profesionales agrarias, de las cooperativas y empresas de economía social, de las asociaciones de consumidores -tal como plantea el Grupo proponente de Izquierda Unida- nosotros creemos que habría que ir más allá, y entendemos que debería haber, al menos, un representante del movimiento ecologista y, además, convendría que la representación sindical fuera más plural, aplicando un criterio de representación por encima de la barrera del 5%, como hay, precisamente, en el Consejo Económico y Social de Cantabria, por ejemplo. Por ahí irían las propuestas de Chunta Aragonesista.
Nos sorprende que el señor Cristóbal Montes, el ilustre portavoz del Grupo Popular en el debate de hoy, convierta esta ampliación de la representación de las entidades sociales, de los sectores ciudadanos, de los agentes sociales, lo convierta en tótum revolútum, en un soviet, en una convención revolucionaria francesa. La propuesta de ampliar la representación del Consejo Económico y Social de Aragón es tan tótum revolútum, tan soviet, tan asamblea de facultad, como lo es el Consejo Económico y Social de Castilla y León, donde no gobierna la izquierda precisamente, sino el Partido Popular. En el Consejo Económico y Social de Castilla y León no existe representación de la Junta, no existe representación del gobierno autonómico. Hay seis expertos nombrados por el gobierno autonómico, cuatro expertos -perdón-, cuatro representantes de las organizaciones profesionales agrarias, un representante de los consumidores y un representante de las cooperativas, junto a los doce representantes sindicales y doce representantes empresariales. Eso no es un tótum revolútum, eso es una sociedad civil rica, representada, participativa.
El Gobierno de Aragón, el 22 de febrero, con fecha 22 de febrero, ya ha expresado su disconformidad con el contenido de esta proposición de ley, pero no ha aportado ninguna razón. Y yo pregunto: ¿por qué el Gobierno de Aragón no quiere reformar la Ley del Consejo Económico y Social?, ¿por qué no quieren dar voz a sectores que sí que están representados en los consejos económicos y sociales de la Unión Europea, del Estado español, de otras comunidades autónomas?
Señores del PP-PAR, díganles, díganles a las organizaciones agrarias, a los consumidores, a las cooperativas, que ustedes, que el Gobierno que ustedes representan no quiere contar con su opinión, díganlo. Si ven necesario reformar el Consejo Económico y Social, entiendo que deberían aceptar con generosidad esta posibilidad que se abre hoy, aunque la traiga la oposición. Si no son generosos, si ustedes son de esos de al enemigo ni agua, si entienden que no pueden aceptar nada que venga de la oposición, pero por lo menos si coinciden con nosotros en la necesidad de reformar la ley, entonces yo les pediría que traigan a esta cámara un proyecto de ley en la línea de lo que ustedes quieran; pero, por favor, permítannos abrir un debate sobre el contenido de la Ley del Consejo Económico y Social de Aragón. Aunque, quizá, ustedes no quieran reformar esta ley, porque el Consejo Económico y Social les aburre, no les interesa, como declaró el anterior presidente del Consejo Económico y Social de Aragón -cito textualmente-: Hay un desinterés por que funcionen organismos de este tipo que se mueven con independencia y que sólo deben dar cuenta a las Cortes. Eso dijo Santiago Marraco, anterior presidente del Consejo Económico y Social.
El señor Lanzuela, en su discurso de investidura, habló de articular la sociedad civil. Bien; ahora tiene una oportunidad de demostrar que quiere articular esa sociedad civil. En esta democracia aragonesa hay muy pocos instrumentos de participación; uno de ellos es el Consejo Económico y Social: ábranlo a los sectores sociales, articulen la sociedad civil, por favor, cumplan con su programa de investidura, demuestren aquí su talante democrático, abierto, generoso, demuéstrenlo permitiendo que siga el trámite de esta proposición de ley que ha presentado la oposición, aunque la haya presentado la oposición. Si no quieren que la policía lleve al Presidente de Aragón ante el CESA para ser controlado por ese soviet hipotético -que yo entiendo que no les gusta esa imagen-, pues, bueno, tienen fórmulas, tienen una mayoría suficiente para impedir que la reforma del CESA llegue a donde ustedes no quieren que llegue. Pero, por favor, permítannos que se debata sobre el contenido de una ley que consideramos necesario reformar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista va a votar a favor de esta proposición de ley para la reforma de la Ley del Consejo Económico y Social.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste Cabello.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Su Portavoz tiene la palabra.
El señor Diputado BIEL RIVERA: Gracias, señor Presidente. Señorías.
Cuando se pretende modificar sustancialmente un importante órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, yo creo que un grupo de seis Diputados -aunque está en su legítimo derecho de hacerlo- no puede pretender el éxito, que a lo mejor pretende obtener, presentando una proposición de ley por sorpresa y sobre todo desconociendo cuál es el origen real del creado Consejo Económico y Social de Aragón por Ley del año 1990.
Siguiendo la terminología del portavoz del Grupo de Izquierda Unida, fue un Gobierno geográficamente ubicado a la derecha quien impulsó la creación del Consejo Económico y Social, en la segunda legislatura de estas Cortes, cuando había transcurrido la primera legislatura, siendo Presidente el que fue luego presidente del Consejo Económico y Social, sin que hubiera ni una sola iniciativa de creación del Consejo Económico y Social. Y hubo una oportunidad para Izquierda Unida, incluso, en el período que va desde el 15 de septiembre del año 1993 hasta las últimas elecciones autonómicas, para que se hubiera planteado alguna iniciativa de modificación del Consejo Económico y Social de Aragón.
Mire, yo quiero recordar a sus señorías que este importante órgano consultivo tiene su origen -insisto- en una ley de septiembre del año 1990, que se aprobó en esta cámara con un amplio consenso; que se aprobó y que fue propuesta por un gobierno que no tenía mayoría absoluta, el Gobierno PAR-PP, presidido por Hipólito Gómez de las Roces, no tenía la mayoría absoluta y trajo a esta cámara el proyecto de ley de creación del Consejo Económico y Social de Aragón, que fue ampliamente respaldado, entonces, prácticamente por todos los Grupos Parlamentarios de esta cámara. Pero es que ese proyecto de ley que fue el tercer Consejo Económico y Social que se creó en España, incluso, antes del Consejo Económico y Social del Estado. Aunque existía, y todavía existe, un Gobierno geográficamente de izquierdas en el Parlamento español, a pesar de eso, fue el tercer Consejo Económico y Social que se creó en España -creo que ahora funcionan del orden de trece o catorce contando con el Consejo Económico y Social del Estado-, fue el tercero, y se creó por un Gobierno PAR-PP el año 1990 -conviene colocar a cada cual en su puesto-. Pero es que conviene también decir que el origen fundamental del Consejo Económico y Social, que nadie ha citado aquí, lo tiene el acuerdo económico y social de Aragón de junio del año 1989, que se pactó con las organizaciones empresariales y con las organizaciones sindicales, y en uno de cuyos puntos se establecía tajantamente que la composición del Consejo Económico y Social que se tenía que aprobar por estas Cortes debería de estar constituida por nueve representantes de la Diputación General de Aragón, nueve designados por las centrales sindicales más representantivas en proporción a la representatividad que ostenten, en función de lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, y nueve en representación de las organizaciones empresariales más representativas de acuerdo con la ley.
El Consejo Económico y Social es fruto de una ley que, a su vez, es fruto del primer Acuerdo económico y social que se firma en Aragón, en junio del año 1989. Cuando tiene el respaldo de un acuerdo -que alguno se escandalizó en su día-, cuando tiene el respaldo de este acuerdo y tiene prácticamente esta ley el respaldo casi unánime, en su día, de todos los Grupos de esta cámara, plantear ahora la reforma de la Ley del Consejo Económico y Social por sorpresa, aunque legítimamente, me parece que es tener claro que no se quiere cambiar el Consejo Económico y Social. Pero es que, aparte de otros argumentos que ha dado el Diputado señor Cristóbal, hay otros temas con que, claro, lo que se pretende es abrir el melón de hasta dónde es posible reformar el Consejo Económico y Social. Es decir: ¿será posible retomar el consenso de septiembre del año 1990? Yo lo veo muy difícil. Basta discutir, por ejemplo, el tema de la composición del Consejo.
Yo he tenido la paciencia -supongo que como todos ustedes- de ver la composición de los distintos consejos económicos y sociales, y hay para todos gustos. ¿Con cuál nos quedamos?, ¿con cuál? Está claro: en el País Vasco, los sindicatos, los empresarios, las cámaras de comercio, las cajas de ahorro, las cooperativas, las cofradías de pescadores -aquí no es el caso-, las organizaciones agrarias, la universidad; en Asturias, dos expertos solos designados por el Gobierno, cinco de los sindicatos y cinco de los empresarios; en Canarias, consumidores, etcétera, etcétera; en Valencia, el sector financiero, los intereses locales; en Navarra, los ecologistas; en Murcia, la federación de municipios. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Será posible el consenso, que costó mucho conseguirlo después del acuerdo económico y social en septiembre del año 1990? ¿Nos podemos permitir el lujo de poner en entredicho un Consejo Económico y Social que tiene escasamente un poquito más de una legislatura de funcionamiento? ¿Podemos arriesgar el funcionamiento y el futuro del Consejo Económico y Social en un debate que, yo creo, todavía es prematuro?
Yo creo que éstas, más las razones que han dado otros portavoces, son suficientes para que podamos decir en esta cámara que nuestro Grupo Parlamentario, por inoportuna, aunque legítima -y eso en cualquier caso se lo respetaremos, como usted sabe-, por inoportuna, esta proposición de ley no puede aceptarse, porque corremos el riesgo de frenar el funcionamiento del Consejo Económico y Social. Vamos a darle la posibilidad de que funcione, y cada una de las tres partes está en su legítimo derecho de poder hacer uso, incluso de su propia representación, en beneficio de quien corresponda. Pero, claro, no se nos ponga ni al Gobierno, ni a los Grupos que apoyamos al Gobierno, contra la espada y la pared diciendo que si no aceptamos esta proposición de ley es que no estamos de acuerdo con la representación de una serie de organizaciones, todas legítimas. No es esa la cuestión. La cuestión es que es inoportuno, porque costó mucho conseguir el consenso, es inoportuno plantearse ahora, aunque sea legítimo, pero inoportuno, políticamente plantearse ahora la modificación de la ley. Y porque han tenido, los llamados gobiernos de izquierdas, han tenido oportunidades de poder modificar la ley y oportunidades de haber incluso podido crear su propia ley del Consejo Económico y Social; pero cuando un Gobierno sin mayoría absoluta consigue el acuerdo de los grupos políticos y el acuerdo de las organizaciones económicas y sociales, poner en juego ese Consejo Económico y Social yo creo que es argumento bastante para que nuestro Grupo diga en esta cámara que tenemos que votar, por supuesto, en contra de la proposición de ley.
Nada más, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Biel Rivera.
Grupo Parlamentario Socialista. Su portavoz tiene la palabra para fijar la posición respecto a la proposición que estamos debatiendo.
El señor Diputado CALVO LASIERRA: Gracias, señor Presidente. Señorías.
Pienso, y tal vez esté equivocado, que las leyes no son buenas o malas en sí. En todo caso, las hacen buenas o malas su aplicación y su uso. Y, en este caso concreto, tenemos un buen ejemplo: el Gobierno anterior utilizó esta ley nombrando representantes en el Consejo Económico y Social, cubriendo los espacios, los huecos que realmente no se cubrían por la propia ley. En cambio, el actual Gobierno ha actuado de forma muy distinta. Yo digo que esta ley no sería necesario modificarla, la Ley 9/90, del Consejo Económico y Social, si el Gobierno fuera capaz de utilizarla con criterios amplios desde el punto de vista de la participación, del campo de la actuación, de las potencialidades y las funciones del Consejo Económico y Social.
Respeto a la independencia del mismo, respecto de la participación pensamos que el Gobierno, con sus nombramientos, puede abrirla, como hizo el Gobierno anterior, puede abrirla a aquellos grupos sociales y económicos que no tienen la representación directa con esta ley. Eso lo hizo el Gobierno anterior. Incluso, igual que alguien ha dicho desde la tribuna que en algún consejo económico y social había representantes de los ecologistas, también lo hubo en el Consejo Económico y Social anterior, hubo un representante de los ecologistas.
¿Se puede respetar la independencia del Consejo Económico y Social? Sí. Se puede respetar nombrando responsables del mismo personas con autonomía, dejándoles capacidad de actuación y de trabajo, dotándole de los medios necesarios y abriéndole los campos de actuación a los temas que le son propios, que son sus objetivos como órgano de estudio y asesoramiento de las Cortes de Aragón y del Gobierno autónomo.
¿Cuál ha sido la actitud del actual Gobierno? En vez de seguir el criterio -como decía antes- de nombramientos que aplicó el Gobierno anterior, ha cambiado de forma diametral. Ha nombrado responsables o funcionarios de la Diputación General de Aragón, aplicando una estructura que a priori muestra un férreo control, que intenta ejercer un férreo control sobre el mismo, nombrando presidente del Consejo Económico y Social al secretario general de la Presidencia. Yo creo que éste, supongo, es un caso absolutamente inédito. Estos nombramientos han creado preocupación en muchos grupos sociales y económicos de Aragón, y, desde esa preocupación, entendemos que Izquierda Unida haya planteado esta proposición de ley para modificar la 9/90, del Consejo Económico y Social. El Grupo Socialista, que sí aceptó, participó en el consenso en septiembre del noventa, y votó a favor de esta ley, votó a favor de la Ley 9/90, hoy va a votar a favor de su modificación, de la toma en consideración de su modificación. Va a votar a favor de la toma en consideración de su modificación por las razones que hemos dicho: porque el actual Gobierno no ha hecho el uso que creíamos que debía hacer de esta ley, porque los grupos sociales están manifestando su preocupación con los criterios que ha aplicado el Gobierno de la Comunidad Autónoma.
Y, estando de acuerdo en la voluntad de Izquierda Unida de modificarla -y no es exactamente la que dice el Diputado Cristóbal Montes-, estando de acuerdo en parte del fondo de esta modificación, nosotros, de todas formas, si tiene la consideración, el visto bueno de esta cámara, participaremos intentando mejorarla a través del camino de las enmiendas. Estamos dispuestos a participar, a conseguir o a colaborar para conseguir entre todos un consenso, como se consiguió en septiembre del noventa, mejorando, modificando aquellas cosas que sea necesario modificar, para que, en todo caso, la modificación de la Ley 9/90 sea fruto nuevamente del consenso de esta cámara.
Y, por último, quería hacer un comentario a mi amigo Angel Cristóbal. Mire, la socialdemocracia sigue planificando, en España, en Europa, en Aragón y hasta en mi pueblo. Le voy a dar ejemplos -estoy seguro de que me los aceptará-: el plan de infraestructuras que aprobó el Gobierno del Estado, el plan de carreteras, el plan de residuos tóxicos y peligrosos, el plan de equipamiento deportivo... Y le podría seguir diciendo muchos. Incluso la derecha, la derecha, no solamente la europea, hasta la derecha española, utiliza mecanismos de planificación, no aquellos del plan quinquenal y aquellos que posiblemente estén ya muy lejos de lo que es la planificación actual, de las necesidades que exige este mundo que va a una velocidad tremenda y que en los temas económicos difícilmente se puede planificar, incluso desde los gobiernos de los estados; pero sí hay elementos de planificación necesarios, imprescindibles en el ejercicio de la gestión, incluso, como le digo, hasta en los pequeños ayuntamientos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Diputado Calvo.
Terminado el debate, procedemos a la votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley de modificación de la Ley 9/90. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, cuarenta votos en contra, ninguna abstención. La cámara no toma en consideración la proposición de ley de modificación de la Ley 9/90, del Consejo Económico y Social de Aragón.
¿Los Grupos parlamentarios consideran necesaria la explicación de voto? ¿Grupo Mixto?, ¿Grupo Parlamentario Izquierda Unida?
El señor Diputado LACASA VIDAL: Gracias, señor Presidente.
Hemos votado que sí, evidentemente, al texto que planteábamos, y no hemos votado a favor de un texto que yo, en alguna intervención, no reconocía, una deformación... He escuchado algún pastiche que recordaba soviet, que recordaba convenciones republicadas, licencias de ese tipo, que yo creo que, evidentemente, no estaban en la intervención ni en el texto que hoy estábamos debatiendo.
Yo creo que los argumentos que nosotros hemos dado eran argumentos serios, y eran argumentos que no se pueden descalificar fácilmente, sobre todo porque yo creo que ha habido algún elemento en la intervención, sobre todo del profesor Cristóbal Montes, que hoy se ha alejado de la línea, hoy se ha quitado la toga, la toga de docente y de investigador, porque no ha reparado en lo que son los elementos de la legislación comparada, no ha mirado hoy el derecho comparado, y no ha visto que todo lo que está proponiendo Izquierda Unida de Aragón en estos momentos son experiencias que ya están funcionando, todas; ninguna de las que hay en esta ley no está experimentada ya con éxito, con distintos azares, evidentemente, en legislaciones de otras comunidades autónomas de otros estados o de la Unión Europea. Por lo tanto, no participamos de ese criterio.
Hemos votado que sí a la mayor independencia del Consejo Económico y Social y, sobre todo, hemos votado que sí a la nueva composición, excluyendo directamente a la representación de la Comunidad Autónoma, en consideración, por ejemplo, a lo que dice este volumen que se editó sobre los consejos económicos y sociales, coordinado por el profesor Antonio Ojeda Avilés, un ilustre profesor, y, en concreto, a un texto que presentó y que preparó don Jesús Maeztu, en relación con los consejos económicos y sociales, en los que mencionaba que los CES -dice- en los que no están representados el poder político o los representantes de la Administración, dentro del ámbito respectivo, son los que presentan una más clara definición acorde con la propia naturaleza asignada en la línea de una plataforma de diálogo, de deliberación, de participación en los problemas económicos y sociales; pero, en cambio -dice-, no es tan evidente que la participación del poder político garantice las posibilidades de acuerdos concertados. Por lo tanto, nosotros nos atenemos a la doctrina, a la mejor doctrina que hemos encontrado en esta materia, al derecho comparado, y, fruto de eso, es esta proposición de ley, no, evidentemente, ningún desvarío totalizante, ningún desvarío de ese tipo.
Es más, hemos encontrado ejemplos en el Consejo Económico y Social del Estado, en el que no participa la Administración, en el que sí participa este nuevo tercio de representantes con distinta procedencia, que, evidentemente, no es un tótum revolútum, sino que es considerar que en Aragón hay sectores económicos y sociales de verdadero peso, que Aragón, por ejemplo, tiene un sector agrario de un peso específico superior a la media nacional, y, por lo tanto, tienen que estar representadas las organizaciones profesionales agrarias, considerar que en la economía social aragonesa las cooperativas también tienen una presencia muy importante, y considerar que esos elementos están ahí. Y que la Universidad de Zaragoza tiene un peso importante. Que si la del País Vasco está representada en el Consejo Económico y Social del País Vasco, ¿por qué no va a estarlo la Universidad de Zaragoza?
No son extravagantes, no son utópicas. La planificación, evidentemente -ya se ha dicho antes-, la planificación indicativa sigue vigente. Y les quiero recordar: ¿quién no planifica?, ¿las empresas privadas no planifican? ¡Por favor! Las corporaciones multinacionales son las que más planifican del mundo, evidentemente, y los estados, los gobiernos tienen la obligación de planificar. Claro, hay que planificar con arreglo a los tiempos, evidentemente, y con arreglo a los instrumentos que se tienen; pero esa planificación tiene que existir, de hecho existe en numerosos casos. Por lo tanto, yo creo que es un elemento al que tenemos que atender; por lo tanto, yo creo que son elementos que están en el acervo de los consejos económicos y sociales de referencia; por lo tanto, yo creo que son elementos verdaderamente lógicos de incorporación en este caso.
Nuestra voluntad ha sido de consenso. Por supuesto que nuestra iniciativa también está aquí, pero yo creo que el criterio de oportunidad que ha defendido el señor Biel se puede volver por pasiva. Es decir, la oportunidad es aquí, señor Biel, hoy, ahora, ahora es la oportunidad, cuando se está debatiendo en esta cámara, cuando un Grupo Parlamentario de la cámara, legítimamente representante de una parte de la opinión aragonesa, la trae aquí, la debate y le dice a usted: señor Biel, ¿por qué no votan a favor de la toma en consideración de esta ley, por qué no la votan?
Evidentemente, no pretendemos sacar el cien por cien de lo que hay aquí planteado; pero, ya digo, todas las medidas que hoy estamos planteando, todas (la solicitud de informes preceptivos, la remisión de los presupuestos...) son todas lógicas, absolutamente encontrables. Y yo brindo aquí este volumen de legislación comparada y de doctrina al respecto para que cualquiera de ustedes las pueda analizar y ver que realmente se ha producido, en nuestra opinión, lamentablemente, un error al no presentar, al no aprobar, al no apoyar esta proposición de ley.
En todo caso, yo invito, desde luego, invito encarecidamente, además, lo hago encarecidamente, a que en los escaños del Gobierno, que apoyan al Gobierno, o el propio Gobierno, presenten un texto de proposición de ley, o un proyecto de ley, en la línea que estimen oportuna, que abra el Consejo Económico y Social, que lo abra, que aumente la participación, que incorpore a estos sectores, que no escabullan el bulto, por favor, que tomen medidas en beneficio de los aragoneses y de las aragonesas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL): Muchas gracias, señor Lacasa.
¿Desea intervenir el Portavoz del Grupo Parlamentario Aragonés?
El señor Diputado BIEL RIVERA [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.
Yo quiero simplemente completar la intervención con una cuestión de procedimiento, pero que es clara. Lo que se ha tratado esta mañana era si se tomaba o no en consideración una proposición de ley; no se ha entrado en el contenido. Es decir, nosotros, nuestro Grupo ha considerado que no era oportuno tomar en consideración la proposición de ley porque se había conseguido un enorme consenso, importante consenso, en septiembre del año 1990, y se corría el riesgo en estas fechas de no conseguir la creación de un consejo económico y social con tan amplio consenso. Nosotros no hemos entrado a discutir pormenorizadamente el texto articulado, que, de alguna forma, ha planteado Izquierda Unida, sino que hemos dicho que no a que se tome en consideración en esta cámara esta proposición de ley, por considerar peligroso que se abra un debate en esta cámara que podría conducir a un consejo económico y social sin consenso. Y como nos parece que es prematuro que se tratara este asunto, es por lo que procedimentalmente hemos dicho que no a la toma en consideración, sin entrar en el fondo de la cuestión.
El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL): Muchas gracias, señor Biel.
¿Desea intervenir el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista? Tiene la palabra.
El señor Diputado CALVO LASIERRA: Gracias, señor Presidente.
Yo querría ser muy breve y decirle al Gobierno y a los Grupos que le respaldan que ya que no han aceptado modificar la ley, en todo caso, si ellos ven otra solución, que la propongan, o, como último recurso, que creo que es el primero, que cambien de actitud, que cambien de criterios y que el Gobierno PP-PAR nos demuestre que esta Ley, la 9/90, sigue siendo útil. Que sigue siendo válido el consenso de septiembre del noventa y que esta ley va a seguir siendo útil para los intereses no del Gobierno, no de los partidos que lo apoyan, para los intereses de los aragoneses y las aragonesas.
Y, al señor Biel, un breve comentario. Por favor, nos podía haber dicho lo que dice antes de votar. Dice: no; nosotros no es que no estemos de acuerdo con la modificación. Oiga, si quiere, buscamos el consenso antes de votar, o abrimos el período de consulta y volvemos a debatir dentro de unos días. Hombre, después de votar dice: no; nosotros.... Todos sabemos lo que ha votado cada uno, todos sabemos lo que quiere cada uno; pero de lo que no estamos seguros es de si todos estamos buscando los mismos intereses para los aragoneses y aragonesas.
Muchas gracias.
EL señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL): Muchas gracias, señor Calvo.
¿Desea intervenir el portavoz del Grupo Parlamentario Popular? Tiene la palabra.
El señor Diputado CRISTOBAL MONTES [desde el escaño]: Señor Calvo, la socialdemocracia sigue planificando, claro que sí, la socialdemocracia, y los liberales, los conservadores, y los democristianos, y los ayuntamientos, como usted dice, ciertamente, como cualquier familia planifica las vacaciones, planifica los gastos, planifica su empresa; las multinacionales nos han enseñado a planificar. Pero ésa no es la planificación de la que estábamos hablando. La planificación de que estábamos hablando era planificación económica, los planes de desarrollo, y eso ha quedado desvirtuado por tirios y troyanos, en los países de socialismo real y en las democracias occidentales. Y hoy día, en la planificación como instrumento de desarrollo económico, ya no piensa nadie, ya no cree nadie, ya no quiere nadie, y, menos que nadie, los partidos socialdemócratas. Ya hace muchos años que Helmut Schmidt decía que los funcionarios -pensando en la planificación- tienen muchas virtudes, menos una: la de dirigir empresas. Y como la planificación, en el fondo, es eso, la dirección de empresas por funcionarios, eso lo han abandonado todos los socialistas, todos los socialdemócratas moderados en todas las partes del mundo desde hace muchos años. No era esa planificación.
Señor Lacasa, dice usted que todas las cosas que proponen en su proposición de ley están ensayadas. Puede que sí, puede que sí; aunque no estoy tan convencido de que el informe preceptivo de los decretos esté ensayado, y, si está ensayado, será con mala fortuna. Pero ése no es el problema, ése no es el problema. El problema es que, como recordaba el señor Biel, cuya intervención me ha gustado sobremanera, en la vigente Ley del Consejo Económico y Social están los mecanismos para que, si se tiene suficiente mano izquierda, si se tiene suficiente apertura y suficiente visión de las cosas, puedan funcionar perfectamente esos mecanismos representativos a los que usted hace alusión en su proposición de ley. Si las organizaciones sindicales abren la mano, si las organizaciones empresariales abren la mano y el Gobierno abre la mano, no hace falta más, no hace falta más; está todo ahí. Y como no me duelen prendas, le voy a decir una cosa: yo no tengo ningún reparo en reconocer que el anterior presidente del Consejo Económico y Social, mi adversario político durante muchos años, Santiago Marraco, lo hizo francamente bien, no tengo ningún reparo. Le infundió ánimo al Consejo, le dio protagonismo, trabajó bien, hizo que estuviera presente y tuvo suficiente amplitud de miras, generosidad y equilibrio para que el organismo tuviera una buena imagen y un buen funcionamiento. Y no me duelen prendas en reconocerlo. Pero ¿por qué pudo? Pues porque están dados los mecanismos precisos para ello, y ahora también se puede, y estoy seguro de que también se hará, estoy seguro de que también se hará.
No se puede evaluar la función o el resultado, la misión de un consejo económico y social que se acaba de componer o recomponer hace escasamente dos o tres meses. Démosle tiempo al tiempo, esperemos y veamos cómo, a lo mejor, la gestión del nuevo consejo, nuevo en cuanto a su composición, es tan meritoria y tan plausible como fue la función del consejo presidido por el señor Santiago Marraco.
Y, en cuanto a las comparaciones, yo creo que usted tiene suficiente sentido del humor para darse cuenta de que han sido comparaciones amables. Cuando yo hablaba de que someter a informe preceptivo los decretos que dicte el ejecutivo, pues recordaba un poco la convención francesa o los primigenios soviet, era una mera broma, y en esas cosas, obviamente, creo que me tomo suficientemente en serio la política como para que cuando las menciono es simplemente con carácter festivo, con carácter amable, y máxime viniendo de una fuerza, como ustedes, Izquierda Unida, en la que, aunque disiento ideológicamente, y aunque tengo planteamientos distintos, admiro cosas de ustedes: el ir contra corriente, que a mí, por naturaleza, me va mucho; el ir contra corriente yo lo admiro, y admiro que se opongan a cosas que parecen meridianas y claras para los demás, excepto para ustedes, y no digo que ustedes estén equivocados.
A mí, por ejemplo, me eriza -no diré los cabellos porque no los tengo, pero sí el vello-, cuando ustedes, por boca de su coordinador, dicen: vamos a abolir el capitalismo; pero no porque me produzca terror, sino porque me produce una especie de sensación de que todavía es posible luchar contra la realidad de las cosas y todavía es posible pensar en mundos del más allá. O cuando dicen: defendemos el marxismo, cuando, como dice Karl Popper, el marxismo ha muerto de marxismo; cuando el marxismo ha muerto de marxismo, que todavía haya -y le repito que no lo digo críticamente, sino laudatoriamente- grupos que hablen bien del marxismo pues merece un reconocimiento. O cuando exaltan hasta el extremo la presencia de lo público y la presencia del Estado, cuando se ve, u otros vemos, o creemos ver, que la presencia del Estado, el Estado desorbitado y crecidísimo, ha producido daños prácticamente irreparables. Pues no lo crítico; no lo comparto, pero no lo critico. Es más, me produce una cierta exaltación por ir contra corriente, por ese carácter de rebeldía que siempre muestra. Que se siga pudiendo decir, como dicen ustedes, que cuanto más presencia del Estado en la economía, más racionalidad y más justicia social, pues, repito, me produce, no sé si en aras de la ingenuidad, en aras del recuerdo de ciertas situaciones pasadas, o simplemente por sentimiento y emotividad, me produce una reacción muy positiva; aunque creo que su reino no es de este mundo [risas]; pertenece a otra cosa, muy estimable, pero, desde luego, más allá del reino de la política real, posible y asentada en las cosas que realmente pueden suceder.
Muchas gracias.
El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL): Muchas gracias, señor Cristóbal Montes.
Finalizado el debate y votación del punto tres del orden del día, pasamos al punto cuatro: debate y votación de la moción número 1/96, dimanante de la interpelación número 10/95, relativa al Plan Integral del Menor, formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Socialista señor Tomás Navarro.
Para la presentación y defensa de la moción tiene diez minutos.