Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

El señor PRESIDENTE: Señores Diputados, comienza la sesión de la Diputación Permanente de las Cortes de Aragón [a las diez horas y quince minutos], solicitada por la quinta parte de sus miembros, que se va a celebrar durante el día de hoy, 22 de julio de 1993, y en la que el orden del día está integrado por una interpelación presentada por el Grupo Socialista y por quince preguntas presentadas por Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida.
Primer punto del orden del día: interpelación número 293, relativa a la televisión autonómica, formulada por el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, quien tiene la palabra durante diez minutos para exponer la interpelación señalada.
Señor Arola, tiene la palabra.


El señor Diputado AROLA BLANQUET: No creo necesario justificar la reunión de esta Diputación, dado el conocimiento de los hechos y de los precedentes que nos traen aquí.
Señor Biel, nosotros creemos que inmediatamente después del señor Eiroa es usted el responsable de un nuevo y rotundo fracaso de la gestión del Gobierno. Estamos, y es su responsabilidad, ante una falta de respeto a estas Cortes. Creemos que el principio democrático de información a los representantes elegidos se ha vulnerado nuevamente. Creemos que estamos ante un nuevo incumplimiento de los presupuestos aprobados con sus votos en abril de este año, que esos presupuestos en manos de ustedes se están convirtiendo en una pelota ajada por el uso y el abuso que hacen ustedes de ellos. Creemos que estamos ante un proceso confuso y oscurantista, porque, ¿cuándo empezaron las negociaciones?, ¿seguía usted otorgando contratos de suministros mientras negociaba?, ¿seguía usted gastando deuda pública mientras negociaba?
Señor Biel, ¿cuándo renuncia usted al proyecto?, ¿por qué no explica nadie en qué se ha quedado desfasado o qué es lo que le ha hecho al proyecto?, ¿qué estudios se realizan para llegar a semejante afirmación? Y una pregunta necesaria: ¿quién los hace?
Señor Biel, el Presidente Eiroa dijo, cuando anunció esta sorpresiva solución (que es lo único que no es: solución), que consultaría a los distintos grupos políticos. ¿Por qué no se hizo, señor Biel?
Señor Biel, si había un problema, si estaba tan desfasado el estudio, ¿por qué no se ha buscado una solución -y permítame decirlo en términos coloquiales- menos circular: que el que inició el proyecto es el que ahora viene a solucionarlo?
¿Cuántos fracasos habremos de aguantar más, señor Biel, para que usted dimita o para que alguien lo cese?
Esta es la responsabilidad política que nosotros tenemos que exigirle ante los hechos que paso a enumerar y que son los que nos han llevado a hacer la interpelación.
Mire, lo que sabemos es que no se pone en marcha el proyecto aprobado por estas Cortes y que se le da un golpe, que puede ser definitivo, a que tengamos una televisión pública; que se vulnera la voluntad de estas Cortes, tantas veces utilizada por usted, señor Biel; que se ha firmado un acuerdo de colaboración -dice en uno de los momentos- entre la Diputación General y una empresa privada, sin comunicación previa a estas Cortes y sin consulta ni pronunciamiento de las mismas.
El Gobierno aragonés ha cambiado absolutamente su posición. El 18 de marzo de 1993, usted, desde esta misma tribuna decía que un Gobierno que ha actuado coherentemente no debe modificar ni un milímetro su posición. Un milímetro no lo sé; ciento ochenta grados la orientación de la política, desde luego, sí, absolutamente.
Estamos ante una privatización de bienes públicos, se cambia la finalidad de la deuda pública y se vulneran -se lo repito- los presupuestos aprobados el 29 de abril. El proyecto, que, según usted, el 18 de marzo era intocable ha quedado desfasado y con carencias técnicas. Son palabras que se atribuyen a los miembros de la Diputación General, apenas tres meses después, pero se ha adjudicado mientras tanto el equipamiento que preveía el proyecto de referencia.
Cito palabras suyas: "el edificio más avanzado de cuantos existen en España, el edificio más barato -por cierto, luego, ciento cincuenta y cinco millones más caro, porque ha habido que hacer una obra añadida-, el equipamiento que ahorraba cuatrocientos millones de pesetas, esa barata adhesión, los ingresos publicitarios por mil novecientos millones de pesetas...". Y todo esto son palabras textuales suyas. Y para terminar con las citas: "El modelo público complementario, no alternativo, a las cadenas ya existentes -palabras suyas-, se alquila por doscientos cincuenta millones de pesetas, se pagará a Retevisión estimamos que doscientos setenta y cinco, y, además, pagaremos mil trescientos cincuenta millones como contraprestación". Estas son unas nuevas cuentas de la lechera, señoría, y de nuevo le vuelven a salir a usted mal.
Es usted exactamente lo contrario que el rey Midas. Usted sabe que todo lo que tocaba lo convertía en oro; usted, proyecto que toca, una de dos: o lo vendemos en una peseta o, al final, estamos, sólo con sus propias palabras, malbaratando tres mil seiscientos veinticinco millones de pesetas.
Es un hecho consumado, y, por lo tanto, es una prueba concluyente más sobre cómo entienden ustedes la voluntad de consenso y diálogo, es una prueba más de su peculiar teoría de poner en otros la responsabilidad que les es propia, y continuar con el enfrentamiento tanto en el interior de la Comunidad Autónoma como fuera de ella. Las explicaciones que da en su momento el señor Eiroa son absolutamente peculiares: de tres elementos que cita, de dos no tiene él la culpa. Es como si ustedes no estuvieran en el Gobierno: ustedes no tienen ninguna responsabilidad. Es una vieja teoría suya, señor Biel, además.
El acuerdo de la aprobación en el Consejo de Gobierno especifica que el convenio se pagará con cargo al programa 126.1, y este programa está destinado a recoger los créditos para financiar las inversiones de la radiotelevisión aragonesa, y se pretende utilizar, según el texto del acuerdo del Consejo de Gobierno, para algo que, desde luego, no es radiotelevisión aragonesa y que para nosotros tampoco son inversiones.
Por lo tanto, además, la Diputación General se ha comprometido a un gasto no respaldado, en el momento de la firma, por ningún crédito presupuestario. La cronología de los acontecimientos expresa claramente que se otorgan licitaciones con un fin totalmente distinto con respecto a los enunciados en la convocatoria y distinto fin al enunciado en los presupuestos.
La selección de personal, puesta en marcha por la Diputación General de Aragón, por decirlo de la forma más suave, es haber jugado con las ilusiones y esperanzas de diecisiete mil personas. ¿Dónde queda ahora aquella preselección provisional?
Pero han hecho ustedes más cosas en nuestro concepto, y se las voy a decir brevemente. Están ustedes, una de dos -vaya usted eligiendo la posibilidad, y me dice con cuál se queda-, o están encubriendo una concesión de un servicio público, porque si usted lo que nos dice es que ese convenio lo que va a prestar es un servicio público, pues, fíjese usted, incumple el procedimiento a seguir en las actuaciones administrativas preparatorias del contrato de gestión de servicios públicos, incumple la forma legal de la adjudicación, porque se ha hecho a dedo, no se ha respetado el principio de publicidad ni el de libre concurrencia y no existen garantías sobre la gestión. O bien están ustedes encubriendo una subvención ilegal a una empresa privada. Pero, en ese caso, no se respeta la ley estatal 50/1985; no se respetan las sentencias del Tribunal Constitucional 64 y 190 de 1989; incumple la normativa de la Comunidad Autónoma, reguladora de subvenciones y ayudas a empresas, porque las empresas que regentan medios de comunicación y que han solicitado ayudas económicas, han debido presentarse a las convocatorias generales de la Comunidad Autónoma, a "pymes", para creación de empleo. Tampoco se han respetado, en este caso, si éste es el supuesto que usted elige, los principios de publicidad, concurrencia y objetividad.
Creemos, y se ha dicho, que hay una vulneración del principio constitucional de libre expresión, del tantas veces ya citado artículo 20.3 de la Constitución, porque dígame usted cómo se permite el control parlamentario de los medios de comunicación con la comisión de seguimiento que establece el convenio, díganme cómo, cuando ya está formada por cuatro miembros de la empresa adjudicataria y por cuatro representantes de la Diputación General de Aragón, y que tendrán nada más que tener una extraña condición protocolaria de homologación. Ya nos explicará en algún momento usted, y, además, ya nos explicará cómo es posible, si es que hay algún miembro del Gobierno que pueda ser un miembro del Gobierno presidido por una empresa privada. Ustedes, que tanto les gusta resaltar lo importante de este Gobierno, explíquennos cómo un presidente del Consejo de Administración puede presidir a un Consejero de la Comunidad Autónoma en Aragón.
Vulneración de la Ley aragonesa de radiotelevisión. No hace falta insistir mucho: Véase el artículo primero, simplemente, y, a partir de ahí, verá usted lo que está ocurriendo.
Creemos que estamos también ante un contrato encubierto de arrendamiento de edificio público.
Se lo decía al principio: es suficientemente conocida, ésta es nuestra posición, y vamos a exigirle a usted todas las responsabilidades políticas que, para un hecho como el que ustedes han producido, nos parece que son absolutamente obligadas.
Se lo vuelvo a preguntar, señor Biel, ¿cuántos fracasos más, cuántos proyectos estrella estrellados más tenemos que tener en esta Comunidad para que algo cambie?, ¿cuántas veces más tendremos que volver a hablar de la Expo, de la olimpiada, del empleo, de la televisión: grandes proyectos, señor Biel, que siempre nos acaban costando dinero? El pabellón era caro porque era desmontable, y, porque no era desmontable lo vendimos en una peseta, y éste era, según sus propias palabras, el mejor modelo alternativo, complementario, público a las televisiones ya existentes. Nos va a costar, según sus propias cifras, en el primer año de cumplimiento, tres mil seiscientos millones de pesetas. Porque había mil novecientos millones de pesetas en publicidad, que usted decía que tenía, a los que ha renunciado ya directamente, y, por lo tanto, habrá que sumarlos.
Señor Biel, ¿cuántas veces más tendremos que subir a esta tribuna para decir: señoría, están ustedes, desde nuestros propios argumentos, haciendo lo contrario de lo que nosotros les decíamos que debía hacer, pero, lo que es más curioso, dando también un giro de ciento ochenta grados sobre su posición? Y la vieja teoría, señor representante del Gobierno, de colocar fuera las responsabilidades de otros, no conduce más que a la parálisis y a la atonía.
Es por todos estos motivos, y muchos más que el tiempo no me da para enunciar, pero que espero haber conseguido sintetizar, por lo que hemos presentado la interpelación que su señoría ya conoce.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arola.
Respuesta del señor Consejero. Señor Biel, tiene la palabra.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, señor Presidente. Señorías.
Una vez más, para este Consejero de Presidencia supone una cierta situación de confort poder intervenir parlamentariamente ante una interpelación que presenta el Portavoz del Grupo Socialista para un tema que, desde su opinión, legítima, y siempre, por supuesto, sincera y objetiva, considera un error del Gobierno. Yo creo que aquí es el terreno donde hay que dilucidar estos temas, porque aquí es el terreno donde este Consejero tiene la opinión y tiene la responsabilidad de responder puntualmente a los hechos que se le puedan imputar al Gobierno.
En el papel de la oposición, el señor Portavoz del Grupo Socialista vierte una serie de cuestiones y da su opinión sobre las mismas que no deja de ser más que una opinión sobre las mismas. Lo que ellos consideran discutible, nosotros, desde el Gobierno y desde los Grupos Parlamentarios que apoyan al Gobierno, lo consideramos como una solución asequible a una situación que, desde nuestro punto de vista, no se podía mantener.
(Quiero también ser muy conciso en los temas y quiero, en consecuencia, limitarme al tiempo de diez minutos que el Reglamento de la cámara me concede.)
Quiero recordarle al señor Portavoz del Grupo Socialista toda la intervención que este Consejero pronunció, ante el Pleno de la cámara, con motivo de la comparecencia celebrada el día 18 de marzo de 1993. Quiero hacer gracia a sus señorías, efectivamente, de todos los hechos, suficientemente constatados, que se manifestaron en ese momento. Y quiero referirme, retrotrayéndome -como hice entonces- al año 1984, cuando empieza a aparecer la idea de la televisión autonómica, en unas primeras jornadas sobre televisión, y cómo se aprobó luego la ley del año 1987, por el Gobierno socialista de entonces; cómo en el año 1989, en el programa económico regional, ya se hacía mención expresa a la televisión autonómica, citando entonces, el año 1989, y asumidas por la cámara, inversiones de alrededor de unos cuatro mil millones de pesetas para poner en marcha la televisión; cómo se encargaron una serie de estudios por el Gobierno, a propuesta de la propia Comisión Institucional y con el respaldo de la Comisión de Economía de las Cortes; cómo los Grupos Parlamentarios tuvieron todos los estudios necesarios para poder decidir sobre la puesta en marcha de la televisión autonómica y, en consecuencia, la gestión, el ejercicio o el desarrollo de la ley de creación de la corporación aragonesa del año 1987; cómo se dieron una serie de pasos hasta la comparecencia o debate que se produjo en diciembre del año 1990, donde, efectivamente, las Cortes de Aragón, con la finalidad de que la Comunidad Autónoma pudiera contar con un servicio propio de radio y televisión, establecía una serie de condiciones y encomendaba al Gobierno de la Diputación General de Aragón la puesta en marcha de una serie de actuaciones técnicas y legales para la puesta en marcha de la televisión autonómica; cómo el 15 de enero de 1991, el Gobierno de Aragón solicitó formalmente del Gobierno de la nación la concesión del tercer canal de televisión aragonesa; cómo un año después, en enero del año 1992, ese tercer canal, del que es absolutamente fundamental tener la concesión, para poner en marcha la televisión autonómica, fue solicitado otra vez del Gobierno de la nación; cómo han transcurrido, señoras y señores Diputados, más de treinta meses desde que el Gobierno de la Diputación General de Aragón solicitó del Gobierno de la nación la concesión del tercer canal, que es absolutamente esencial para que la televisión autonómica pueda funcionar -estamos hablando de la legislatura anterior, de enero del año 1991-; cómo después de la solicitud del Gobierno de la Nación todos los Grupos Parlamentarios de la cámara, en sus campañas electorales, prácticamente, defendieron la posibilidad de que Aragón contara con una televisión autonómica; cómo en enero de 1992 el Gobierno de la Diputación General de Aragón solicitó formalmente de estas Cortes la constitución del Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, constitución del Consejo de Administración que tenía que haberse realizado en el plazo de seis meses desde la constitución de estas Cortes, el año 1991, y que han transcurrido, prácticamente, veinticuatro meses (dieciocho desde la solicitud del Gobierno) sin que se haya podido constituir el Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión; cómo a pesar de eso, y como decía la propia resolución de las Cortes, la comisión parlamentaria, creada al efecto en diciembre del año 1990 y el Gobierno de la Diputación General de Aragón, seguían dando los pasos absolutamente necesarios para la puesta en marcha, en su caso, de la televisión aragonesa. Y ésa es la situación en la que nos encontramos hace unos meses, hace unas semanas, cuando, efectivamente, en marzo del año 1993, a la vista de la situación en la que se encontraba el proyecto, este Consejero -como digo- compareció ante el Pleno de las Cortes para solicitar, desde la cámara, algún tipo de pronunciamiento, al menos la opinión de los distintos Grupos Parlamentarios.
Ni tenemos, señorías, la concesión del tercer canal, que el Gobierno de la nación tiene la obligación legal de conceder a la Comunidad Autónoma de Aragón para la puesta en marcha de la televisión aragonesa, solicitada hace treinta meses, reiterada un año después, y solicitada, incluso verbalmente, al señor Vicepresidente entonces, y todavía ahora, del Gobierno de la nación. Más de treinta meses sin que el Gobierno de la nación haya concedido el tercer canal, dieciocho meses desde que el Gobierno de la Diputación General de Aragón solicitó de estas Cortes la constitución del Consejo de Administración, y a eso hay que unir el posicionamiento de distintos Grupos Parlamentarios, en la comparecencia de marzo de este año, el posicionamiento de determinados grupos en otros medios, en contra, en muchas ocasiones, de la televisión autonómica.
Se alegaban razones económicas para que no se pusiera en marcha la televisión autonómica, se decía que era absolutamente impensable, en una situación de crisis económica como la que padecemos actualmente, poner en marcha la televisión autonómica. Se manejaban cifras como algunas que yo quiero recordar al señor Arola, porque él mismo me entregó, efectivamente, el informe con motivo de esta comparecencia; se decían cosas, por el Grupo Parlamentario Socialista, como la siguiente, en relación con la posibilidad de la puesta en marcha de la televisión autonómica, y se decía, por ejemplo: "El Partido Socialista, tras recabar la opinión y el asesoramiento de diversos profesionales, tanto de Aragón como de otras autonomías, entiende que las inversiones iniciales superarán, para poner en marcha la televisión autonómica, los cuatro mil millones de pesetas". Hemos hecho inversiones, hasta ahora, de dos mil quinientos millones de pesetas, aproximadamente: la misma cantidad que Telemadrid, para la Agencia Efe por el alquiler de los servicios correspondientes anualmente. Esta ha sido toda la inversión que ha hecho hasta la fecha la Diputación General de Aragón: dos mil quinientos millones de pesetas, cuando el Grupo Socialista, entonces -era una opinión-, decía que las primeras inversiones podrían costar del orden de cuatro mil millones de pesetas. Dos mil quinientos millones de pesetas para la puesta en marcha de la televisión autonómica.
Y decía más: "Y su presupuesto anual podría superar los siete mil millones". Las estimaciones más optimistas señalan que el déficit real de la televisión autonómica, según el criterio del Grupo Socialista, estará por encima de los seis mil millones anuales de pesetas.
Esos serán argumentos que se decían entonces, y siempre legítimamente, y siempre opinablemente, para tratar de que no se pusiera en marcha la televisión autonómica.
A la televisión autonómica se le han opuesto tres frentes fundamentalmente: en primer lugar, el Gobierno de la nación no ha concedido el tercer canal a la Comunidad Autónoma de Aragón, primer frente; en segundo lugar, estas Cortes, en el ejercicio de su derecho, no han constituido todavía el Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, que, según la ley del ochenta y siete, debe de constituirse en el plazo de los seis primeros meses desde la constitución de las Cortes de Aragón; y, en tercer lugar, a través de los medios de comunicación y en esta misma cámara, se han puesto inconvenientes de carácter no sólo político, que respetaré siempre, sino también de carácter económico, en el sentido de decir que no es una prioridad de esta Comunidad Autónoma, que hay prioridades más importantes, que es un gasto muy importante, que va a costar seis mil millones de pesetas... Se ha intentado, se ha intentado por todos los medios que no hubiera televisión autonómica, y, claro, se iba cerrando al Gobierno ante un callejón sin salida. No había concesión del tercer canal, no había consejo de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, y se iba generando un cierto clima, las condiciones económicas no eran las más adecuadas para poner en marcha el proyecto de televisión autonómica.
¿Qué puede hacer el Gobierno? El Gobierno tiene que dar una solución, aunque sea provisional, a ese hecho. Y yo puedo discutir con su señoría, y lo haré siempre muy gustosamente, la posibilidad de que en el parlamento no se haya discutido más; se discutió en una comparecencia de marzo de este año... Se le ha dado una solución provisional, una solución que yo creo que es buena, y, por eso, también entramos en el mundo de lo opinable: ustedes creen que no es buena, y nosotros creemos que es una buena solución provisional para salir de un atolladero en el que, realmente, se encontraba el proyecto de la televisión aragonesa.
Yo creo que sus señorías siguen pensando, como pensaban entonces, con motivo de este dictamen que hicieron, que Aragón -decían entonces- necesita una programación propia en televisión, elaborada con criterios aragoneses, como instrumento de vertebración y afianzamiento de la Comunidad Autónoma, y cuyo coste esté en consonancia con la capacidad financiera de la Comunidad. Esto es lo que decían sus señorías. ¿Nos parece bien? Bueno, ésta es la solución que se ha dado.
Mire usted, ante la no concesión del tercer canal, ante la no existencia del Consejo de Administración, ante las circunstancias políticas de esta cámara, por razones que no quiero discutir, pero que hacían inviable poner en marcha la televisión autonómica, y ante las circunstancias económicas, se ha dado una alternativa que yo creo que se resume de la siguiente forma: mil horas de programación específica, aproximadamente, incluyendo todas las retransmisiones, lo que supone las dos terceras partes de la programación que iba a tener el proyecto de la televisión autónoma. Mil quinientas horas estaban en el dossier, mil quinientas horas de programación específica. Hemos conseguido mil horas de programación específica a la mitad del coste de la televisión autonómica, según nuestras cifras, y a la sexta parte del coste según las suyas, porque, según nuestras cifras, el déficit de la televisión autonómica podía estar en los dos mil o dos mil cien millones de pesetas; según ustedes, en los seis mil. Hemos conseguido mil horas de programación específica aragonesa, una programación propia en televisión, elaborada, como decían sus señorías, con criterios aragoneses, como instrumento de vertebración y afianzamiento de la Comunidad Autónoma, por la mitad de precio del déficit de la televisión autonómica, según nuestras cifras, y por la sexta parte del coste, según las suyas.
Se va a dar utilidad a un centro de producción, con un alquiler que supone amortizar, prácticamente, el 10% de todo el costo. El precio del alquiler es el 10% del coste. Cuando, realmente, las amortizaciones se están produciendo al 4,5%, al 5%, al 6% o al 7%, hemos llegado al 10%, que será opinable y a lo mejor sus señorías en otro tipo de negociación hubieran conseguido mejores resultados, no lo sé.
Se potencia esta Comunidad Autónoma en una cadena nacional.
En cuarto lugar se propicia y se va a propiciar, concretamente, el desarrollo del sector audiovisual de Aragón. Se van a crear ochenta o noventa nuevos puestos de trabajo, que eran imposibles porque no existía la televisión autonómica. Se va a poner en marcha un master de televisión, por primera vez en este país, en el que van a participar la Universidad de Zaragoza y otros centros. Se va a potenciar la formación profesional en el sector audiovisual. Y todo esto con un coste fijo cada año. Al menos, aquí, como decían algunos ilustres Diputados de esta cámara, vamos a saber lo que nos cuesta la televisión cada año. Y todo esto con un carácter provisional.
El problema está en que no se puede poner en contraposición televisión autonómica y convenio con Antena 3; la cuestión es: o convenio con Antena 3, o nada, que no había nada, que no podíamos poner en marcha la televisión autonómica. Ese es el problema. A mí también me gusta la televisión autonómica, y ésa es una de las cosas que a mí, personalmente, me calan hondo, y lo sabe su señoría, y me preocupa que no haya sido posible todavía poner en marcha la televisión autonómica. ¿Usted se cree que, con los esfuerzos que yo he dedicado a la televisión autonómica, a mí me complace, personalmente, el hecho de que tenga que darle una solución provisional para tres años? ¿Usted se cree que me gusta que esta tierra no tenga una televisión autonómica? Pues, mire usted, no me gusta, no me gusta, se lo digo personalmente, y usted lo sabe porque me conoce.
La alternativa no es: o televisión autonómica o convenio con Antena 3; la alternativa es: o vamos a hacer mil horas de programación específica, durante los próximos tres años, a través de una cadena de prestigio, o no hacemos esas mil horas de programación específica, porque no existía la televisión autonómica. Ese es el proyecto, ésa es la realidad.
Yo creo que se ha hecho todo jurídicamente de una forma impecable, con los informes jurídicos con que, desde luego, la Diputación General cuenta. Y, desde luego, el problema no está en el convenio (que convenios de este tipo se han firmado con otros medios de comunicación; de menor cuantía, indudablemente, pero convenios de este tipo se han podido firmar), el problema no está en el convenio. El problema está en lo que el convenio representa.
Mire, a mí, en ocasiones, y yo le tengo un profundo respeto a esta cámara, y lo sabe especialmente su señoría, a mí me da la impresión de que estamos en uno de esos partidos de fútbol -le decía yo antes al señor Presidente de esta cámara- que se celebran entre los políticos y los periodistas. Yo creo que interesan fundamentalmente a los que juegan: a los políticos y a los periodistas. Y a los demás ¿qué? ¿Este es el hecho, éste es el problema más importante que tiene esta Comunidad Autónoma?, ¿éste es el problema más serio que tenemos en este momento en esta Comunidad Autónoma, realmente?, ¿esto es lo que está interesando al millón cien mil aragoneses, o están interesando otros aspectos de la cuestión que yo no quiero ni tocar? Este es otro tema, éste es otro tema con el que hay que pechar, indudablemente, unos más que otros, pero todos sabemos dónde están las posiciones de cada cual, lo sabemos perfectamente.
El problema no está en el convenio, el problema no está en la naturaleza jurídica del convenio, en el criterio político del convenio. El problema está en otro sitio, y ustedes saben dónde puede estar el problema. Las posiciones ya las sabemos; lo que mañana van a decir los medios de comunicación ya lo sabemos. Digamos aquí lo que digamos hoy, ¡si ya lo sabemos, si están escritas, si lo sabemos ya! Es otra cosa, es otro tema. Esta es la realidad, guste o no guste, pero ésta es la realidad. ¿Por qué? Porque hay un posicionamiento legítimo siempre, y yo respetaré siempre todos los posicionamientos legítimos, siempre, y todo es opinable, pero nos movemos en el mundo de las opiniones.
Mire usted, lo que tiene que preocuparles a ustedes fundamentalmente, aparte de las preocupaciones que por su cargo de hombres de oposición tengan, lo que tiene que preocuparles es que esto, en cuanto funcione, que funcione bien, y que se haga una programación que realmente funcione y que sea útil y que vertebre esta Comunidad Autónoma. Eso es lo importante desde nuestro punto de vista. Creemos que no había otra solución al tema; podíamos haber planteado la modificación de la Ley, pero yo les dije en esta cámara, y es a lo que yo me refería, que no íbamos a cambiar, en absoluto, y no hemos cambiado. Podíamos haber intentado modificar la Ley del año 1987, para intentar acelerar la composición, y yo le dije en esta cámara, yo me comprometí públicamente a no cambiarla, y no la hemos cambiado, pero nos tienen que dejar ustedes algún tipo de salida. Y ésta es la salida que nos parece que es buena, que es rentable económicamente; que se puede discutir cifra arriba cifra abajo, no tengo ningún inconveniente en hacerlo, pero yo creo que es una buena solución.
Esta Comunidad Autónoma está poniendo una pica en Flandes, en el mejor sentido de la palabra, para tres años, provisionalmente. Ya veremos qué pasa dentro de tres años: dentro de tres años habrá habido unas elecciones autonómicas, el año 1995, habrán cambiado, posiblemente, las circunstancias económicas, el clima puede ser distinto. Ya veremos qué es lo que pasa con la televisión autonómica.
Usted en la interpelación lo que me preguntaba es cuál es el proyecto de futuro; mire usted, ya lo discutiremos, ya lo discutiremos cuando llegue el momento, pero ¿qué salida tengo yo? Ustedes pretenden que toree un mihura, y me prohíben lo siguiente: no quieren que coja el capote, no quieren que coja la muleta, no quieren que me suba a la barrera; ¡algo tendré que hacer para torear el toro! No me da la concesión el Gobierno, no me constituyen el Consejo de Administración, me dicen que las circunstancias económicas no son recomendables. ¿Qué hacemos? Habrá que darle una salida.
Pero es que no es sólo una solución; es que yo creo que va a ser bueno para esta Comunidad Autónoma, se van a mover muchas cosas en esta Comunidad Autónoma, y ya va siendo hora, se van a mover cosas en esta Comunidad Autónoma. Yo creo que eso es bueno y es conveniente. Y si luego quieren ustedes establecer algún tipo de comisión que haga el seguimiento de cómo funciona, etcétera, lo podemos discutir desde todos los puntos de vista. Pero yo creo, sinceramente, que se llega a esta conclusión, que no es sólo una solución a un atasco, sino que también es una buena solución, porque yo creo que esto va a poner en positivo muchas cosas en esta Comunidad Autónoma. Y ése es el planteamiento, y se lo digo desde el absoluto convencimiento de lo que se hace, y, por supuesto, cualquiera de las cosas que yo le diga aquí serán también del mundo de lo opinable, como lo que usted me vaya a decir.
Ya termino. Nada más, señor Presidente. Creo que me he pasado un poquito en el tiempo.
Agradezco, una vez más, el tono con que el Portavoz del Grupo Socialista interviene siempre en estos casos, y, por supuesto, agradeciendo las críticas, que estoy convencido que no han hecho nada más que empezar.
Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Biel.
Réplica del interpelante durante cinco minutos. Señor Arola, tiene la palabra.

El señor Diputado AROLA BLANQUET: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Consejero, usted acaba de dar un golpe de estado televisivo, para entendernos. Y, además, nos emplaza al futuro, es decir, reconoce que no tiene política de futuro, y dice: cuando llegue el futuro ya discutiremos. Mire, ya no nos movemos sólo en el terreno de la opinión, que es en la que usted muchas veces en esta Legislatura está queriendo colocar la discusión política. Yo le recuerdo que usted ha llegado a contestar a una pregunta de un compañero, de un miembro del Grupo Parlamentario Socialista aquello de "estoy de acuerdo con su señoría", y se ha sentado. El problema es que ha permanecido sentado política y administrativamente, porque no ha hecho nada por cambiar la realidad. Es que me niego como político, nos negamos como políticos, a que no podamos cambiar la realidad de esta Comunidad Autónoma, me niego por definición. Y por eso hemos traído esta interpelación hoy aquí, señor Biel.
Vamos a poner alguno de los ejemplos, porque quiero discutir incluso sobre lo que ha dicho usted; o sea, ya doy por sentado que, si acaso, parlamentariamente, y es un truco muy conocido, en la réplica suya o en alguna otra, se discutirán algunos de los argumentos que, de momento, quedan flotando en el aire. Es decir, si hay un partido de fútbol, llevamos nosotros la pelota, y vamos a atacar. Porque usted ni siquiera plantea defenderse; debe estar pensando que el árbitro es amigo suyo, al pitar fuera de juego o alguna cosa por el estilo. Pero veamos sus elementos.
Tercer canal, Consejo de Administración y comisión parlamentaria. Fíjese, de lo único que no ha hablado es de los elementos desfasados del proyecto que se han citado por activa y por pasiva en los medios de prensa y por los que yo le pregunto. Pero vamos a hablar de éstos, y vamos a hablar de cómo es el Gobierno en la Comunidad Autónoma, tomando como ejemplo este fracaso de la televisión de su Gobierno, de usted como político.
No le concedo a usted el tercer canal. ¿Tan difícil es llamar al Partido Socialista, al Grupo Socialista, y plantearle que necesita ayuda en este tema? Así se hacen las cosas en otros muchos sitios en esta Comunidad Autónoma, no confrontando permanentemente.
Y dice usted que le llevamos ante un mihura, que no le dejamos... Hombre, también hay una solución: que se retire usted como torero. Esa solución es la única que parece que usted descarta.
Si son ustedes los que nos están llevando desde 1991 ante hechos consumados, si aquí se da la peculiar situación de que, cuando se interpela al Gobierno, el Gobierno pasa más rato leyendo un documento del partido de la oposición que el suyo. Por lo menos, resulta que nosotros tenemos documento, equivocado o no, pero tenemos documento, y, en vez de discutir sobre la acción del Gobierno, usted intenta discutir sobre la posición del Partido Socialista. El mundo al revés nuevamente, señor Diputado. Y usted es el que dice, en broma, en una broma que hemos compartido, que hay que fundar una escuela de políticos. ¡Hombre!, se está ganando una beca de alumno, señor Diputado, se está ganando usted una beca de alumno, porque está usted intentando cambiar la sustancia.
Le decía, ante los criterios del Consejo de Administración: mire, mi Grupo no lo ha constituido en la misma medida que el suyo, porque tampoco ha mandado los nombres. La comisión parlamentaria hemos discutido suficientes veces de su viabilidad o no, pero, finalmente, su comparecencia del 18 de marzo o la tengo que interpretar a la luz de que usted ya estaba negociando esta solución, porque políticamente no me deja usted otra posibilidad, o, señor Consejero, lo que usted ha hecho es llevarse a sí mismo la contraria, porque de nada se deduce en su comparecencia del 18 que usted pueda aplicar esta solución, que no es la mejor, en absoluto, no es la mejor. Podían ustedes haber negociado una televisión pública. ¿Lo han intentado? ¿Pero es que ustedes conocen lo que es el significado de la palabra negociar, de buscar apoyos?, ¿es que lo conocen ustedes? Yo lo dudo mucho.
Y dice usted: se van a mover muchas horas. ¡Hombre, claro!, con mil horas de agitación y propaganda..., que es lo que ustedes han comprado, lo que nosotros podemos pensar perfectamente que ustedes han comprado: mil horas de agitación y propaganda, porque ya hemos tenido una muestra, ¿verdad señor Consejero?, ¿verdad que yo le podía dejar aquí un vídeo con un determinado informativo, y decirle: esto es agitación y propaganda, esto es llevarle la contraria a la propia letra del convenio, esto no es una información objetiva, esto es lo que además nos va a costar mucho dinero a los aragoneses?
Me habla usted de la amortización, ¿pero es que se cree que no sabemos, por ejemplo, que la vida media del equipamiento es exactamente la de la duración del convenio: tres años?, o ¿me está hablando usted sólo del edificio? Porque lo dice cualquier técnico: ésa es la amortización en tres años, y pagamos por ella.
Dice: eran imposibles los puestos de trabajo... ¡Atiza!, ¿y la preselección?, ¿entonces no era...?, ¿entonces lo sabía?
Señor Biel, finalmente -es que son sus propias palabras-, no había nada. Exacto, eso es lo que había: que no había nada, porque no era viable, porque no era una prioridad. Pero sí que es algo que yo, como usted, y todos los Diputados que estamos aquí queremos; pero la solución... Mire, me lo llegan a contar diez días antes, y digo: mira, me estás tomando el pelo, ni siquiera ese Gobierno es capaz de hacer una cosa como ésta. Y, una vez más, fíjese usted, no es que cambiemos la realidad, no: es que la realidad supera lo que uno creía que era posible y que era probable. ¿Cuántas veces desde esta tribuna no le habré dicho, y me ha negado usted, que la van a privatizar ustedes, que tienen unos socios de Gobierno que, filosófica y políticamente, dicen que están por esa privatización, que leemos sobre el mismo tema lo que están opinando, lo que pueden estar haciendo en otras comunidades autónomas?
El problema, señor Biel, no es un mihura, o, en todo caso, el problema es que el tiempo nos ha dado la razón una vez más, nos ha dado la razón. Póngase su señoría como se ponga, siempre en términos estrictamente políticos, nos ha dado el tiempo la razón, y, por lo tanto, en síntesis, por la falta de formas políticas, por el fondo de la cuestión, no puede usted sino acertar cuando dice que estamos ante el inicio de las críticas.
Que usted disfrute, señor Biel, de su golpe de estado televisivo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arola.
Dúplica, señor Consejero. Cinco minutos, señor Biel.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, señor Presidente. Señorías.
Estamos en un callejón sin salida. Presumiblemente, parlamentariamente hablando, es una especie de cortocircuito, donde no se puede poner en marcha la televisión autonómico porque no se constituye el Consejo de Administración; no se constituye el Consejo de Administración, no se pone en marcha la televisión autonómica, no se puede poner en marcha porque no tenemos la concesión.
Me dicen sus señorías: llámenos a los miembros del Partido Socialista; ¡pero si nos dijo el señor Vicepresidente del Gobierno, en octubre del año 1992, que antes del 31 de diciembre de 1992 nos iba a dar la concesión! ¿Qué más gestiones puede hacer un Gobierno de la Diputación General de Aragón, cuando el señor Vicepresidente del Gobierno le dice al Presidente de la Comunidad Autónoma: antes del 31 de diciembre tendrás la concesión del tercer canal?... No viene en diciembre ni en enero ni en febrero, y pedimos una comparecencia a estas Cortes, y les decimos: señores parlamentarios, ¿qué hacemos -porque yo sigo cumpliendo lo que dice la resolución del año noventa, la resolución de diciembre del año 1990-, qué hacemos?
Esto es una pescadilla que se muerde la cola: no se quiere poner en marcha la televisión autonómica por las razones que sean. ¡Si estamos para discutirlas! ¿Por qué? Porque coyunturalmente, económicamente, según algunos, no conviene. Ya le dije que había servicios públicos menos importantes que éste, que cuestan más que éste. Se lo dije entonces en la comparecencia, y su señoría me habló del principio de Arquímedes, que aún lo recuerdo. Pero es que estábamos en una callejón sin salida. ¿Qué quiere que haga el Gobierno?
Yo lo que creo es que, sinceramente, a lo mejor, se han sentido sorprendidos por la solución; pues, posiblemente sea eso. Es que ustedes veían venir cómo terminaba esto. "Déjalos, deja al Gobierno que ni concesión del tercer canal ni Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, ni un duro en los presupuestos, deja que vayan haciendo, que, cuando llegue el momento ya le sacaremos los colores"... Sus señorías nos iban a sacar, en teoría, los colores, o ahora o dentro de cinco meses, ésa es la realidad, o ahora o dentro de cinco meses, porque estaban preparando el terreno para que eso se produjera, hasta que el Gobierno ha tomado una decisión que puede tomar un Gobierno legítimamente, y opinable -yo le respetaré siempre- desde ese punto de vista, ha tomado una decisión que les ha sorprendido.
Pues, de acuerdo; yo lo puedo entender; pero, en fin, hay mucha gente partidaria de esta solución, hay mucha gente a la que le parece bien esta solución, hay mucha gente. Estamos dando una solución a algo que realmente estaba como estaba.
No me diga su señoría que hay que negociar con Televisión Española. Mire usted, ya puestos a hablar: un informativo hace Televisión Española, de media hora, con setenta u ochenta personas, y un informativo de media hora hace la cadena Antena 3 con quince. Es que yo no sé el precio que hubiéramos tenido que pagar.
Pero es que, además, la Televisión Española tiene que hacerlo ya por la disposición correspondiente del Estatuto de Autonomía. Hasta que nos den la concesión del tercer canal de televisión, la segunda cadena de Televisión Española tiene que preparar un programa específico para esta Comunidad Autónoma, que luego se valorará, su coste, a los efectos de la subvención que recibirá la Diputación General de Aragón del Gobierno cuando ponga en marcha la televisión autonómica; así que Televisión Española lo que tiene que hacer es cumplir con su obligación. Es que no hay nada que negociar. Lo que tenemos que negociar con el Gobierno lo estamos intentando negociar desde enero del año 1991, y es que nos den el tercer canal; eso es lo que tiene que decirnos el Gobierno. Y, si no nos lo da, que nos diga: mire, no se lo vamos a dar todavía, pero tranquilo, que le hacemos una oferta con Televisión Española. Pero aquí, ofertas de Televisión Española, cero, pero cero.
Aquí el señor García Candau no nos ha dicho nada sobre la posibilidad de que Televisión Española sea transferida. En la comparecencia de marzo le dije a su señoría que yo firmaba la posibilidad de que me transfirieran al Centro Territorial, pero con la valoración del coste a efectos de la repercusión correspondiente en los impuestos y en la participación de los no cedidos, como cualquier servicio más de los que nos transfiere la Administración central del Estado. Pero no ha habido ninguna oferta.
Yo, de verdad, creo que estamos haciendo un diálogo de sordos -me lo va a reconocer su señoría- por las dos partes; un diálogo de sordos -hay que decirlo así-, un diálogo de sordos que viene produciéndose desde las elecciones del noventa y uno.
Yo, de todas las maneras, también le digo una cosa -y con esto voy a terminar ya la intervención-: vamos a intentar esforzarnos un poquito más, vamos a intentar esforzarnos, vamos a intentar demostrarles que, a lo mejor, hay que ceder por todas las partes, y no me refiero a este tema, que éste es un tema puntual, que sigue sin parecerme el tema más importante de esta Comunidad Autónoma.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Biel.
El señor Gimeno tiene...
Perdón, por orden de los Grupos, el señor Burriel tiene la palabra para fijar la posición de su Grupo, durante cinco minutos, previa solicitud (ya saben ustedes que ahora no es mecánico: tienen que solicitarlo los Grupos).

El señor Diputado BURRIEL BORQUE: Gracias, señor Presidente.
Señor Consejero, permítame que le diga: no son de recibo -y trataré de explicarlo- las razones que usted ha dado aquí para justificar la privatización de la televisión autonómica en la Comunidad Autónoma de Aragón.
(Iré al grano de manera directa porque el tiempo no es mucho.)
Usted señala tres razones centrales. Primera: el tercer canal no ha sido transferido. Usted sabe perfectamente -y, si no, yo se lo digo-, usted sabe perfectamente que, aunque eso sea un hecho, aunque eso sea cierto, desde el punto de vista político y desde el punto de vista práctico no hay inconveniente, con la televisión autonómica decidida y puesta en marcha, para que el tercer canal se acabe otorgando con rapidez, no hay inconveniente. Y, de hecho, las televisiones autonómicas, muchas de ellas, han comenzado, incluso, a emitir sin la existencia de ese tercer canal. Pero, además, no es cierto. Esa negociación no es un obstáculo, esa negociación no es una razón de fondo que se pueda esgrimir para una operación económica, política y de fondo -que también luego, si me da tiempo, lo comentaré- como la que ustedes han puesto en funcionamiento.
La segunda razón: el Consejo de Administración no está constituido. Usted sabe que Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida no puso ningún obstáculo a la constitución del Consejo. Hizo una propuesta, una propuesta muy determinada, que hubiera permitido no sólo encontrar una salida, sino la salida que se acabará imponiendo en el transcurso de los tiempos. Por tanto, no es verdad que haya habido un obstáculo a la constitución del consejo, un obstáculo como el que usted señala. Y, sin embargo, sin la existencia del consejo ustedes se han permitido, por decisión exclusivamente del Gobierno, y de manera irregular, tomar medidas cuya competencia estaba exclusivamente reservada al Consejo: por ejemplo, la selección de plantilla; por ejemplo, la dotación de medios técnicos para el edificio de la Radio Televisión Aragonesa. Es decir, han tomado ustedes medidas cuya competencia exclusivamente correspondía al consejo, y, sin embargo, las han llevado adelante.
Y la tercera cuestión. Dice usted: se han puesto permanentemente inconvenientes no sólo políticos sino económicos. Tampoco es cierto, señoría, no es cierto, y el debate del día 18 de marzo -y yo tengo aquí también la transcripción- lo evidencia con total claridad. Lo que ha habido, en función de razones que usted compartirá o no, y que podemos discutir y volver a discutir, exactamente es una posición sobre el proyecto. Entendíamos, nuestro Grupo, y creo que también el Grupo Socialista, que no se adecuaba a la realidad económica, política y social de este momento. Y lo que pedíamos era una nueva reflexión, una nueva discusión, un nuevo planteamiento, e incluso dábamos alternativas; pero no había una oposición a la constitución y a la puesta en marcha en Aragón de la televisión autonómica. Esa es la verdad.
Pero, además, permítame que le diga, el mismo día 18 de marzo, usted, desde esta tribuna, manifestaba lo siguiente (algo más de tres meses desde que se toma la medida de privatización autonómica) decía usted: "Me comprometí en diciembre de 1990 a desarrollar el proceso de implantación de la televisión de Aragón, con base en la Ley de 1987, aprobada en estas Cortes a propuesta socialista. Yo -sigo citándole- no voy a modificar ni un milímetro la posición que el Gobierno ha mantenido en materia de televisión desde 1987, ni un milímetro. El compromiso que este Consejero, en nombre del Gobierno, adquirió en el debate del noventa es esencial mantenerlo".
Esto lo dice usted y tres meses después usted no cambia un milímetro: usted cambia de orilla, usted cambia de orilla. Y, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la coherencia del discurso, no es presentable que hoy, o hace un mes, la privatización de la televisión autonómica sea la única salida, y tres meses antes, es decir, sin variación de las circunstancias, ustedes, el Gobierno no esté dispuesto a hacer una variación de un milímetro en la posición que tiene en relación con esta cuestión. No es presentable.
Yo entraría, entraremos en las preguntas en cuestiones de detalle, en irregularidades que son importantes, en cómo se ha puesto en marcha este proceso, entraría... En todo caso, en las preguntas pediremos aclaración, porque no son ciertos tampoco datos que usted da aquí: no es cierto que el costo sea más reducido, no es cierto que el 10% del valor de lo alquilado sea, además, el precio que se utiliza de manera razonable, no es en absoluto cierto; no es cierto tampoco que lo que vaya a haber aquí sea la creación de nuevos puestos de trabajo (dicho, además, como usted lo señala, como una de las cuestiones fundamentales para la puesta en marcha de esta privatización), etcétera. No es eso cierto; pero, en todo caso, entraremos después.
Pero le voy a decir otra cosa, señor Consejero, le voy a decir otra cosa que me parece importante. Usted dice, o ha dicho, más o menos, que cómo es posible que un tema como éste, que no es el más serio problema de Aragón, esté dando lugar a tanto debate, esté ocupando primeras páginas en los periódicos, esté siendo objeto de atención, no solamente en Aragón, sino también fuera de Aragón, esté siendo primera página informativa; cómo es posible que esto sea así... Pues, yo le voy a decir una cosa, señor Consejero: no es una anécdota lo que está ocurriendo en Aragón, no es un simple problema más; es bastante más y de bastante más fondo.
Porque yo le diría: ¿qué razones hay, señor Consejero, qué razones hay para violentar el principio de la concurrencia informativa en un sistema de libertades como el español? Porque eso se está dilucidando también en esta Comunidad Autónoma, eso se está dilucidando, y es un problema mucho más serio. ¿Qué pasa con el respeto a las normas constitucionales de pluralidad y de igualdad? Eso se está determinando aquí. ¿Qué pasa con el papel de los medios de comunicación y su relación con el poder político? Ese es otro de los problemas que aquí estamos, en este momento, discutiendo. ¿Qué pasa con el significado del control parlamentario de los recursos públicos? Esos son problemas también de fondo, ésos son problemas de verdad.
Aquí no se trata simplemente de una relación entre el Gobierno de Aragón y una empresa de televisión para privatizar la televisión autonómica, que es una cuestión importante; no es solamente eso. Aquí estamos hablando del modelo de información a desarrollar en el futuro en el país; estamos hablando de la relación del poder político con los medios de comunicación; estamos hablando de nuevos modelos y de nuevas formas; estamos hablando de cómo se está entendiendo, desde posiciones de la derecha, la concurrencia informativa y la libertad de expresión en el conjunto del Estado; estamos hablando de eso, y es un problema central, no le quepa ninguna duda. Y eso es lo que está mereciendo una especial atención.
Aquí hay posiciones también que no responden a ideologías simplemente, sino a intereses de sectores económicos, de sectores muy determinados, y hay intereses que responden a un afán por la pluralidad informativa, que es la que recoge la Constitución Española. Por eso le hablaba yo de la vulneración del artículo 20.3 de la Constitución al Presidente, en el debate de hace unos días. Estos son los problemas de fondo que aquí estamos dilucidando, éstos son los problemas.
Y permítame que le diga otra cosa, permítame que le diga otra cosa que también tiene que ver con este debate: ¿qué sentido tiene para ustedes la autonomía de Aragón, qué sentido tiene la autonomía de esta Comunidad Autónoma, qué sentido tiene? Porque no le quepa ninguna duda: la propuesta que ustedes ponen en marcha entrega en manos, desde luego, no aragonesas, en manos no sujetas a control, información, cultura, comunicación, ordenación territorial; estoy hablando de valores que se aplicaban a la existencia de la televisión autonómica en nuestra Comunidad. Se entrega a otras manos sin ningún tipo de control. Y la da a otras personas cuyos intereses, desde luego, no responden a los intereses de la autonomía aragonesa.
Cuando se juega con otro tipo de intereses, señor Consejero, las palabras acaban pasando a un segundo lugar, y las iniciativas se acaban descubriendo con facilidad.
Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burriel.
Señor Gimeno.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, Presidente. Señoras y señores Diputados.
Un tema latente, un tema que está en la calle, un tema que genera comentarios e interés, pienso que es motivo para traerlo a esta cámara, como otros muchísimos -y aquí coincido en parte con la exposición que ha hecho el Consejero-, otros muchísimos temas mucho más importantes para esta Comunidad Autónoma que podrían estar hoy debatiéndose en una Diputación Permanente o en cualquier sesión plenaria, temas en que se barajan no algún millón de pesetas, sino billones, billones de pesetas. Y quiero hacer referencia única, y no es motivo de esta comparecencia, a la distribución, a la catalogación dentro del objetivo 1 que en Europa se ha estado negociando y que no ha habido ningún ministro de la Administración central para negociar, para incluir no a Aragón en su totalidad, porque parece que no es posible, pero sí a Teruel. Pero me salgo del tema y lo reconduzco.
En diciembre de 1990, señor portavoz del Partido Socialista, acordó la Diputación General de Aragón crear una comisión y a mí me ha llamado poderosamente la atención que haya puesto usted en tela de juicio la fiabilidad -y he cogido el término fiabilidad- del funcionamiento de la comisión. Si no es así, si no es así, yo lo he tomado de esta forma. Es cierto que esta comisión ha venido trabajando, no cabe la menor duda, y que llegó a acuerdos puntuales y a desacuerdos, no cabe la menor duda, con una composición de ese tipo. Pero tanto el Gobierno de la Diputación General de Aragón como la propia comisión -y en este caso tendría que decir el que tiene la capacidad de ejecutar, el Gobierno de la Diputación General de Aragón- ha ido ejecutando paso a paso, lentamente pero paso a paso, aquellos acuerdos, aquellas autorizaciones en cuanto a actuaciones concretas y en cuanto a gasto público que estas Cortes aragonesas, unas veces por unanimidad y otras veces por mayoría, le concedían.
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley de creación, organización y control parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, el Pleno de las Cortes debía elegir doce miembros. Un Consejo de Administración que, lo ha dicho ya el Consejero, por razones justificables, entendibles todas, no ha podido constituirse. También ha dicho el Consejero -y aquí ha cumplido la palabra que dio en determinado momento-, cuando en esta Cámara existía una mayoría estable, que podíamos, los Grupos que apoyábamos al Gobierno, haber modificado la Ley, Ley 87. No se hizo; no se hizo porque entendíamos que este proyecto de televisión autonómica tenía que ser resultado del consenso de toda la Cámara.
Creo recordar que las fechas que ha dicho el Consejero, en el noventa y uno, a primeros del noventa y uno, y, después, a primeros del noventa y dos se realizaron gestiones ante la Administración central para la concesión del tercer canal de televisión, requisito previo -y esto es así- para llevar adelante la instalación, el funcionamiento de una televisión autonómica pública. No se puede coger el enchufe y, por libertad de cada uno, enchufarlo para salir adelante; no, es necesaria la concesión del tercer canal, competencia que compete -y valga la redundancia- única y exclusivamente, y lo dice la Ley de 1983, de 26 de diciembre, dice en su artículo 1: "se autoriza al Gobierno para que tome las medidas necesarias para la puesta en funcionamiento de un tercer canal de televisión, de titularidad estatal -titularidad estatal, titularidad estatal-, para otorgarlo en régimen de concesión". Entonces, en tanto en cuanto no exista esa concesión, la Comunidad Autónoma no podrá llevar adelante ningún proceso parejo que lleve consigo la realización de ese canal de televisión pública.
La actitud que hemos venido manteniendo, y digo que hemos venido manteniendo, los distintos grupos parlamentarios y, en alguna medida, el Estado, y digo en alguna medida el Estado, ha bloqueado el desarrollo del proyecto técnico, cultural y político que el Gobierno de Aragón tenía en su compromiso de llevar adelante la instalación y el funcionamiento de una televisión autonómica pública. Izquierda Unida decía en este momento que, en sus comparecencias y a lo largo de sus presentaciones, pedía un nuevo proyecto más real, un proyecto más acorde con la realidad de Aragón. La labor de un Gobierno es priorizar unas determinadas actuaciones; serán criticables, serán criticables, serán aceptadas o no por la oposición pero, desde luego, priorizar sus actuaciones en momentos determinados.
Nosotros estamos convencidos de que, hasta que no se cambien o no se modifiquen las circunstancias políticas que permitan desarrollar la Ley de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, el Gobierno ha obrado y ha obrado correctamente; así lo dicen los informes técnicos y los informes jurídicos. Y si esto no es así, la oposición está en la obligación de presentar los recursos, no de anunciarlos, sino de presentarlos, está claro, y que luego decida quien tiene que decidir. Que no cabe la menor duda que el Gobierno asumirá las decisiones que, en un momento determinado, lleven consigo aparejadas la presentación y resolución de los recursos.
Y decía que el Gobierno de Aragón ha considerado necesario realizar una solución transitoria, una solución provisional. Nosotros lo hemos venido diciendo desde el primer momento, no hemos cambiado la postura para nada, no hemos dicho primero sí, luego no, luego sí y, luego, hemos dicho negativa rotunda, como han venido realizando algunos portavoces del Grupo Socialista. Nosotros lo hemos dicho desde el primer momento: ésta es una solución transitoria, una solución provisional, coyuntural, en una palabra, porque consideramos y no vamos a renunciar a renunciar a que, por parte del Gobierno central, se conceda a esta Comunidad Autónoma la concesión del tercer canal que pueda llevar adelante la instalación de esa televisión pública.
Teme el representante del Partido Socialista que haya un intento de agitación y propaganda y esto sí que lo he recogido textualmente por dos veces. Mire, yo tengo que decir que estarán acostumbrados a utilizar los medios públicos de televisión en esos menesteres, yo tengo que decirle que no. En el contrato, en el convenio se recoge cuál debe ser y cómo debe ser el funcionamiento.
Yo sí que tengo que anunciar -y voy a terminar, Presidente- que, así como la oposición ha buscado el amparo del Justicia de Aragón para llevar adelante las posibles irregularidades -entrecomilladamente irregularidades- que puede tener este convenio o este acuerdo, yo les digo que también nosotros, como Grupo Parlamentario, vamos a presentar al Justicia nuestras quejas por el incumplimiento que la Administración central está realizando en, yo me atrevería a decir, la aplicación de la Ley del 26 de diciembre de 1983.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gimeno.
Señor Bolea.

El señor Diputado BOLEA FORADADA: Señor Presidente, señorías.
Intervengo, en nombre del Partido Aragonés, en la interpelación presentada por el Grupo Socialista sobre el tema referente a la posible televisión autonómica aragonesa. Mi intervención va a ser muy tranquila, muy desapasionada, va a ser prácticamente jurídica. Y porque, evidentemente, al ordenamiento jurídico y al principio de legalidad estamos sometidos todos, desde este punto voy a enfocar mi intervención.
Yo vuelvo a recordar por segunda vez, y por cuantas haga falta, que el tema de la televisión de las comunidades autónomas está regulado por una Ley de las Cortes Generales de 26 de diciembre de 1983, reguladora del tercer canal. Y no hay más que esta Ley, en la que se dice en su artículo primero que se autoriza al Gobierno para que tome las medidas necesarias para la puesta en funcionamiento de un tercer canal de televisión de titularidad estatal, para otorgarlo en régimen de concesión, en el ámbito de cada Comunidad Autónoma, previa solicitud de los órganos de Gobierno de ésta. En el artículo 2 dice que es el Estado el que proporcionará a cada Comunidad Autónoma la infraestructura técnica de una red para la difusión del tercer canal, porque la Comunidad Autónoma aragonesa no tiene esta infraestructura, la debe proporcionar el Estado; "a tal fin -dice el artículo segundo-, se pondrá en funcionamiento la red de emisores, enlaces y reemisores que permitan la cobertura de todo el territorio". Artículo tercero: "El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, aprobará un plan nacional de cobertura para el tercer canal, cuyo ritmo de ejecución se efectuará en función de la fecha de publicación de los estatutos de las Comunidades Autónomas que lo soliciten". Y disposición adicional sexta: "Los gobiernos de las comunidades autónomas solicitarán la concesión de la gestión directa del tercer canal de televisión ante el Gobierno, quien la concederá mediante real decreto".
Yo creo que estos preceptos no necesitan una interpretación muy difícil. Queda perfectamente claro que el tercer canal de televisión es de la exclusiva titularidad estatal; queda perfectamente claro que la finalidad del tercer canal es concederlo a las comunidades autónomas; y queda perfectamente claro que en el tercer canal, como servicio público, la titularidad corresponde al Estado y la prestación por las comunidades autónomas es en régimen de concesionario, en régimen de concesión. En consecuencia, de ninguna forma, ninguna Comunidad Autónoma puede poner en marcha una televisión autonómica mientras la concesión no exista. Por eso no es correcta la frase que decía mi buen amigo, Portavoz de Izquierda Unida, cuando decía que se ha llegado a la privatización de la televisión autonómica; no es verdad, la televisión autonómica no existe, no existe mientras el Gobierno central no adjudique o conceda el tercer canal.
Yo quiero recordar que, hasta este momento, el Gobierno central ha concedido la gestión del tercer canal de televisión a las siguientes comunidades: Cataluña, País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid, todas mediante el correspondiente real decreto de concesión, el último, el de Madrid, de 20 de mayo de 1988.
Tampoco es correcto, como usted decía, el que se pueda poner en funcionamiento la televisión a pesar de que no se haya hecho la concesión; es absolutamente imposible. Porque, si es verdad que Cataluña puso en funcionamiento su televisión antes del ochenta y tres, es porque era Cataluña y el País Vasco, pero no lo hizo ninguno más. Y todas éstas a las que se ha concedido por decretos, del ochenta y cinco a Galicia, a la Comunidad Valenciana en el ochenta y ocho, a Andalucía en el ochenta y ocho, y a Madrid en el ochenta y ocho, se les ha dado mediante la Ley del ochenta y tres, de concesión del tercer canal.
Finalmente, la disposición transitoria decimocuarta del Estatuto de Autonomía de Aragón dice que hasta tanto se transfiera el tercer canal de titularidad estatal de televisión, hasta entonces, Radio Televisión Española articulará un régimen transitorio de programación específica para el territorio de Aragón que se emitirá por la segunda cadena, un régimen transitorio. ¡Hombre!, que no nos digan ahora que la solución es que nosotros tenemos que negociar, la Comunidad Autónoma de Aragón, con la Televisión Española de aquí, de Aragón... ¡Hombre!, por favor, no distorsionemos el Derecho, no distorsionemos la Ley del ochenta y tres, y no distorsionemos el Estatuto de Autonomía de Aragón, que dice de una forma perfectamente clara qué es lo que hay que hacer.
¿Y qué ha hecho el Gobierno de la Diputación General de Aragón?, pues lo ha recordado perfectamente el Consejero: el 15 de enero de 1991 se dirigió al Gobierno de la nación para pedir, solicitar, la concesión del tercer canal, repito, en enero de 1991, y estamos en julio de 1993, hace treinta meses. Pero es que esa petición se volvió a reiterar el 15 de enero del noventa y dos, y, hasta ahora, la callada por respuesta. Me ha parecido sorprendente que nos diga el portavoz del Partido Socialista: "hombre, nos podíais haber dicho a nosotros que apoyásemos...". Señor Arola, ¿de verdad cree usted que cuando el Gobierno de la Comunidad Autónoma, con arreglo a una ley general, se dirige al Gobierno de la nación pidiendo algo a lo que tiene perfecto derecho, hay que decirles a ustedes aquí, en Zaragoza o en Aragón: echarnos una mano, a ver si los de Madrid...? Hasta ahí no llegamos, ¿eh?, señor Arola, hasta ahí no llegamos. Don Felipe González y su Gobierno -ya disuelto, por cierto-, al que se dirigió la petición, sabrá por qué no lo han concedido y por qué sí lo han concedido a las otras comunidades autónomas.
Voy a terminar, señor Presidente. ¿Qué está ocurriendo con la televisión autonómica de Aragón, que es absolutamente imposible el que exista? No es que no haya nacido, es que no está ni concebida. Y, ¿qué es lo que va a hacer? Lo ha dicho ya el Portavoz del Partido Popular, algo vamos a hacer también nosotros; mañana, a las doce del mediodía, el señor Justicia de Aragón nos recibe a los portavoces del Grupo del Partido Aragonés y del Partido Popular para presentar la correspondiente queja, para que sea el Justicia de Aragón el que diga, si es que hay que decirlo -yo no voy a entrar en la cuestión de fondo-, que se está incumpliendo el Estatuto de Autonomía de Aragón y la Ley del ochenta y tres, y que a Aragón, a pesar de haber cumplido todos los requisitos que la Ley del ochenta y tres dice, no se le concede un derecho y una competencia reconocida en su Estatuto. Esa queja se va a presentar mañana de una forma pública, para conocimiento de todos los aragoneses.
¿Qué quieren, señores del Partido Socialista, que haga el Gobierno de la Diputación General de Aragón?, ¿han hecho ustedes algo en favor de la televisión autonómica?: nada, en absoluto; ustedes no querían la televisión autonómica. No han hecho nada porque, en primer lugar, el que lo tiene que hacer es el Gobierno de Madrid, no ustedes, que el poder de ustedes es relativo; ustedes, al fin y al cabo, son aquí los representantes, los que mandan son los de Madrid, el Gobierno de Madrid, que es el que lo concede, no ustedes. El Gobierno socialista no lo ha concedido. No han hecho ustedes absolutamente nada; no solamente no han hecho nada, han hecho todo lo posible para que no la tengamos. Treinta meses, señor Arola. Si esto se lo hacen ustedes a los catalanes, ya hubiéramos visto lo que hubiera ocurrido y Cataluña no solamente tiene tres canales, sino que Televisión Española tiene dos canales que están prácticamente todo el día actuando en la Comunidad Autónoma catalana.
Hay que gobernar. ¿Qué quieren ustedes, que después de un acuerdo, por unanimidad, de las Cortes de Aragón, diciendo que se ponga en marcha la televisión autonómica, con un edificio magnífico que se ha hecho, con una inversión que ahí está, qué quieren ustedes -como decía el señor Consejero-, que llegue el mes de enero y el mes de febrero y nos pongan a caer de un burro diciendo "pero qué están haciendo éstos, ni televisión autonómica, ni nada", y ahí está el edificio, y qué inversiones? Hasta ahí tampoco llegamos, señor Arola. El Gobierno está para gobernar, tiene que encontrar una solución y ha encontrado una solución transitoria y provisional, por tres años, por tres años.
Pero, ciertamente, que ustedes han quedado sorprendidos, evidentemente que han quedado sorprendidos porque lo que pensaban ustedes era acabarnos de sorprender, diciendo que este Gobierno era absolutamente incapaz de sacar nada adelante. Y no me diga usted que se ha arrendado un edificio público, señor Arola. Estamos hablando desde el punto de vista jurídico y le voy a recordar que, para que un edificio tenga el carácter de público, según las más elementales normas del Derecho Administrativo, tiene que estar afecto a un servicio público, y ese inmueble, en tanto en cuanto no se conceda el servicio público por el Gobierno de Madrid, no podrá afectarse a un servicio público; ese edificio, en este momento, tiene la naturaleza jurídica de bien patrimonial.
Y termino, señor Presidente. Ayer, la comisión de seguimiento del Partido Aragonés y el Partido Popular, el órgano específicamente encargado de controlar, desde el punto de vista político, si las actuaciones del Gobierno de coalición son o no correctas, dijo literalmente, y dio a todos los medios, que Partido Aragonés y Partido Popular estiman que el convenio suscrito por la Diputación General es jurídicamente correcto y oportuno para la defensa de los intereses de Aragón, sin perjuicio de que siga ejecutando las acciones pertinentes para lograr la concesión del tercer canal de televisión. Quiero decir con esto que Partido Popular y Partido Aragonés, que son los que apoyan al Gobierno de la Comunidad Autónoma, apoyan totalmente el convenio hecho por la Diputación General de Aragón. Y ustedes, que son la oposición, están en su legítimo derecho -y yo diría que en la obligación- de decir que es muy malo.
Y quiero también dejar perfectamente claro, con respecto al Partido Aragonés, que el Partido Aragonés apoya totalmente la actuación del Gobierno, y que no se nos hable de que si sectores, que si grupos, ni grupitos..., el Partido Aragonés apoya totalmente la actuación del Gobierno de la Diputación General. Entendemos que es una situación o una solución transitoria, provisional y buena en defensa de los intereses de Aragón, y lo que sí esperamos es que, al final, Aragón pueda tener la televisión autonómica. Para lo cual, ciertamente, el que tiene que cumplir sus obligaciones es el Gobierno de la Administración central.
Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bolea.
Terminado el debate de la interpelación, pasamos al capítulo de preguntas. Pregunta número 219, relativa al contrato suscrito por la empresa Antena 3 de Televisión, formulada al señor Presidente de la Diputación General por el Diputado del Grupo Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida, señor Burriel.
Señor Burriel, formule la pregunta.