Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

Concluido este punto, vamos a abordar el punto número cuatro, que es la propuesta de creación de una comisión de investigación en relación con el expediente administrativo completo de la planta de residuos tóxicos y peligrosos de Torrecilla de Valmadrid, a raíz del proceso de modificación de las condiciones de la explotación de dicho vertedero.

Esta propuesta ha sido presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, del Partido Aragonés, de Chunta Aragonesista y la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida (Grupo Mixto).

De acuerdo con la ordenación del debate, todos y cada uno de los grupos proponentes van a intervenir, siendo el primero el portavoz de Izquierda Unida (Grupo Mixto), señor Lacasa.

Propuesta de creación de una comisión de investigación en relación con el expediente administrativo completo de la planta de residuos tóxicos y peligrosos de Torrecilla de Valmadrid.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor presidente. Señorías.

Hace unos meses se nos ha jubilado en esta comunidad autónoma una de las voces de la radio aragonesa más incisivas; recordarán ustedes que tenía un programa que se llamaba Café con pólvora , que anduvo en distintas emisiones, y este periodista, que es Plácido Serrano, solía en algunas ocasiones solemnes investirse con la toga de cuerdo ingenuo, y decía que él era una especie de cuerdo ingenuo que se quería plantear las grandes preguntas que debían ser respondidas y debían satisfacer la curiosidad y la inquietud de la opinión pública aragonesa.

Pues bien, hoy no tenemos a Plácido Serrano en activo en la prensa, pero sí creo que las Cortes de Aragón pueden actuar hoy un poco de cuerdos ingenuos: podemos de alguna manera intentar salir al paso de lo que ha sido una noticia que ha conmocionado a la opinión pública aragonesa, por el alcance que tiene; una noticia vinculada indiscutiblemente a la actuación administrativa, pero en el trasfondo de la cual hay un pelotazo especulativo de primer orden, que, desde luego, ha llamado la atención y ha puesto sobre alerta a prácticamente toda la opinión aragonesa. Y, desde luego, las Cortes de Aragón tienen que actuar, y tienen que actuar clara y contundentemente, tienen que profundizar y buscar la verdad y llegar hasta el final con todas sus consecuencias.

Y yo me alegro, e Izquierda Unida se alegra, de que esta propuesta venga hoy a las Cortes por unanimidad de los cinco grupos parlamentarios, porque eso va a querer decir una cosa: que las conclusiones que emanen de esta comisión de investigación van a tener una legitimidad impresionante. Acuérdese lo que se acuerde por parte de esta comisión, va a tener un plus de autoridad moral ya solo por el hecho de ser propuesta por parte de todos los grupos parlamentarios. Eso es algo que yo creo que no es menor.

Por supuesto, una comisión de investigación de las Cortes de Aragón no es un dictamen jurídico, y para eso bien sabemos que hay otras instancias, que, al parecer -porque yo no conozco esa documentación-, se han pronunciado sobre aspectos jurídicos: Comisión Jurídica Asesora u otras iniciativas jurídicas. Esta es una comisión de investigación en el ámbito parlamentario, para dar respuesta desde la función política a lo que es un escándalo de dimensiones mayúsculas que se ha desatado en nuestra comunidad autónoma. Y a eso es a lo que debe responder, y, por lo tanto, al final de la comisión de investigación, las eventuales responsabilidades que haya serán responsabilidades de tipo político, no serán responsabilidades de tipo jurídico, porque esas se sustancian en los tribunales, y no vamos a entrar de ninguna manera en un debate jurídico, por más que algunos de los miembros de la comisión sean o seamos juristas, sino que entraremos exclusivamente en los aspectos políticos de la cuestión.

Presentada esta cuestión inicial, que creo que es muy importante para saber de qué estamos hablando, nos encontramos con un procedimiento que realmente a este diputado le plantea toda clase de dudas. Por eso las quiere trasladar al ámbito de la comisión de investigación, donde esperamos que vayan compareciendo muchas personas que nos ayuden a desentramar esta verdadera maraña administrativa.

Preguntas. ¿Por qué el Gobierno de Aragón, que había consensuado con todos los agentes sociales (ecologistas, vecinales...) una cosa tan difícil como es poner un vertedero de residuos tóxicos y peligrosos, tenía un consenso impresionante, decide romper ese consenso y provocar la autorización de la importación de residuos tóxicos y peligrosos? Políticamente, ¿por qué lo ha hecho el Gobierno de Aragón? ¿Por qué el Gobierno de Aragón no ha utilizado la cláusula de la Ley de residuos del año noventa y ocho, su artículo 16, cuando dice que el Gobierno de Aragón no está obligado de ninguna manera a importar residuos tóxicos y peligros en función del principio de reciprocidad, porque financió, hubo dinero público para ese vertedero y esa planta de tratamiento? Por lo tanto, ¿por qué el Gobierno de Aragón no se ha amparado en el artículo correspondiente de la Ley de residuos? Es otra pregunta que creo que queda absolutamente en el aire.

Pero es más: ¿por qué el Gobierno de Aragón, este Gobierno de Aragón, este Departamento de Medio Ambiente, pero otros que han avalado la comisión provincial correspondiente, no han cumplido el plan de residuos peligrosos de la Comunidad Autónoma de Aragón? Parece que incluso la Comisión Jurídica Asesora -yo no he conocido el informe- habla de que desde luego no está claro lo que ha hecho el Gobierno en relación con su propio plan de residuos peligrosos.

Porque ¿qué dice el plan, señorías? Pues fíjense en lo que dice el plan. Ya hemos dicho que la ley no obligaba al Gobierno a autorizar importación de residuos a Torrecilla, porque hay una cláusula excepcional que la ley prevé. Por lo tanto se falseó, y al presidente se lo dijimos, le entregamos en mano en el debate de la comunidad este asunto. Pero es que el plan de residuos nos dice: «El plan deberá prever unas infraestructuras de eliminación y transferencia adecuadas al volumen de residuos que se generan en Aragón -hasta aquí, de acuerdo: esto es lo que estaba pactado con los sindicatos, con las asociaciones vecinales, con las entidades ecologistas-, permitiendo la entrada de residuos procedentes de otros orígenes, cuyo destino sea la reutilización, el reciclado o la valorización».

¿Por qué se autoriza entonces simplemente su eliminación, enterramiento en vertedero, cuando no es esto lo que autorizaba el plan de residuos de la comunidad autónoma?, que lo vuelve a repetir en la página 98: «principio de reciprocidad»: «admitiéndose la gestión en instalaciones ubicadas en Aragón de aquellos residuos procedentes de otras comunidades para los que exista la capacidad de tratamiento adecuado en la cantidad que se destine fuera». «Tratamiento adecuado», no eliminación, no enterramiento en vertedero. Luego se incumple claramente, en nuestra opinión, ese plan, y, por lo tanto, ¿por qué se ha hecho? ¿Por qué el Gobierno ha incumplido su propio plan? Nos lo tendrá que explicar, y la comisión de investigación será un foro interesante para saber por qué el Gobierno incumplió sus propios planes.

Y, además, porque hay una discrepancia: entidades sociales del calado de Comisiones Obreras, con datos en la mano, han demostrado que Aragón ya es hoy importadora neta de residuos peligrosos, porque, sumados todos ellos, somos más importadores que exportadores. Luego ¿qué necesidad había, señorías, de plantearse esta importación de residuos tóxicos, si ya satisfacíamos el principio de reciprocidad? ¿Por qué entonces esta tramitación? ¿Y por qué los plazos, señorías? ¿Ustedes han conocido -si son ciertos los plazos que la prensa nos ha dado a conocer y que ahora conoceremos con todo el expediente en la comisión- un expediente de la complejidad de este que se haya resuelto en dieciocho días? ¿Alguien conoce esto en la Administración? ¿O no hay agravios comparativos en los expedientes que el común de los mortales tenemos que hacer, desde una ayuda para rehabilitación de la vivienda, que no sabemos ni los meses que pueden tardar en que nos contesten, o por cualquier otra cuestión que ustedes quieran plantearse? ¿No ha habido ahí un trato de favor, y, por lo tanto, una discriminación hacia otros ciudadanos? No sé, yo creo que esto suena verdaderamente curioso.

Pero nada de todo esto sería tan grave si no hubiera una absoluta y total coincidencia. Y lo que hay que determinar en esa comisión de investigación es si ha habido una mancomunación, no solo una coincidencia, sino que han ido de la mano -y esa sería la responsabilidad política gravísima-, han ido al hilo conocedores unos de otros de las circunstancias que se estaban produciendo, si todo eso ha sido una mancomunación de intereses entre el permiso que otorga la Administración autonómica y la venta especulativa de la empresa que se produce en fechas similares. Ahí está el meollo del asunto, de lo que la opinión pública aragonesa está absolutamente escandalizada, de una operación que decuplicó en la venta lo que era el valor inicial de la operación, pero que suponen -según lo que también publica la prensa, y no tenemos por qué dudar- en lo concreto unas plusvalías en esa operación de dieciséis millones de euros en el momento de la venta.

¿El Gobierno de Aragón ha tenido conocimiento de esta situación, ha tenido alguna demanda para activar esa autorización para hacerla coincidir con esa venta planteada a FCC? ¿Es así?, ¿no es así?, ¿pueden explicarlo, por favor? Debería quedar claro a la opinión pública.

Porque, claro, tenemos una empresa, Euroresiduos, con esa licencia, que pretende obviamente deshacerse de su inversión, pero pretende deshacerse de su inversión obteniendo el máximo de rentabilidad posible al respecto, y, por lo tanto, cuenta con esa licencia que le va a dar el Gobierno de Aragón para incrementar su patrimonio, hacer una plusvalía y realizar esa plusvalía de manera concomitante con la autorización que se le otorga. Realmente todo esto es bastante preocupante. Porque ¿quién está detrás de esta compañía? Bueno, pues hay dos compañías que son propietarias en el momento de la venta de esta empresa Euroresiduos. ¿Qué compañías son? El 65% pertenece a Tecnocom, una empresa fundamentalmente destinada al ámbito de las comunicaciones, y que curiosamente tiene solamente una pequeña mota en el ámbito de los residuos, que es esta planta de residuos, y está claro que tiene una intención -y así lo confiesa- de deshacerse de esta planta obteniendo el mayor rédito y beneficio posible. Y esto se puede ver a la luz de la propia contabilidad de la empresa, de los propios datos que aporta la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Pero, dicho esto, ¿quién es Tecnocom? Pues vamos a verlo en la comisión de investigación. Ese es un interés que tenemos: ¿quién es Tecnocom? ¿Qué relaciones tiene Tecnocom? Estaremos encantados de que venga el presidente del consejo de administración de Tecnocom, don Luis Serena Gutiérrez: no lo conozco de nada. Ahora, curiosamente, conozco al vicepresidente de Tecnocom, y creo que lo conoce toda la cámara aragonesa: vicepresidente de Tecnocom, en representación de Doble A Promociones, S.A., representada por don Ladislao de Arriba Azcona -¡anda!-, más conocido como Lalo Azcona: esto ya sí que nos suena a todos, este sí que ya nos suena. Porque en Aragón también ha habido recientemente una venta de un paquete importante de acciones -y creo que también supongo que habrá tenido algún tipo de incremento patrimonial- en otro ámbito no ligado a los residuos, sino en otro ámbito mediático de esta comunidad autónoma. Bueno, pues será bueno que venga este señor, que se ha paseado por nuestra comunidad autónoma, y nos explique si tenía conocimiento, si tenía relación, si ejercía influencias, si habló con políticos de la comunidad autónoma... Todo esto tendrá que aparecer en la comisión de investigación, para poder evaluar y que él nos responda si ha habido o no trato de favor, si ha habido o no una situación que claramente pueda vulnerar, por lo menos, la ética política; otras cuestiones de tipo jurídico -como he dicho- quedan para los tribunales estrictamente.

O en relación con la otra empresa que es propietaria de Euroresiduos en el momento de la venta, que es Sufi, ha aparecido también en los medios de comunicación que su delegado para Aragón tiene también vinculaciones con alguno de los partidos del Gobierno de Aragón. Por lo tanto, también tendrá que comparecer en esta comisión de investigación, y todos ellos tendrán que aclarar si utilizaron influencias, si conversaron, si incidieron para favorecer esa concurrencia de intereses, para favorecer esa venta especulativa, y, por lo tanto, para realizar un pelotazo de primer orden como es el que se ha producido con la venta de Euroresiduos.

Yo creo que así están planteadas las cosas: tan claro como esto en el término actual de puesta en marcha de la comisión de investigación. Hay unas circunstancias extrañas, algo huele mal -y lo dijo el vicepresidente del Gobierno de Aragón-, esto no tiene buena pinta y huele mal. Luego si esto no huele bien, si hay algo que clarificar, desde luego, estas Cortes tienen que ser las primeras, e Izquierda Unida se alegra de que sea por unanimidad en esta cámara, porque, cuando lleguemos a las conclusiones finales que apruebe esta comisión -ojalá sea por unanimidad, si no, como siempre, por voto democrático de la mayoría-, podamos al final del proceso sacar la luz y la responsabilidad política que pueda haber en torno a este sucio asunto de los residuos, que no solo huelen mal, sino que en este caso concreto mancha la imagen de toda la comunidad autónoma.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Es el turno de Chunta Aragonesista: la diputada señora Echeverría tiene la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo en nombre de Chunta Aragonesista para apoyar la creación de una comisión de investigación sobre lo que ha acontecido con la compraventa de la empresa que ha gestionado el vertedero de residuos tóxicos y peligros, a raíz de ese proceso de modificación de las condiciones de explotación y, naturalmente, de las consecuencias que todo esto puede implicar.

Yo voy a intentar no entrar en valoraciones, sino que por el contrario voy a tratar de hacer un resumen nítido y conciso de los hechos, y, fundamentalmente, voy a centrarme en los interrogantes que conlleva, con el fin de justificar la necesidad de esa comisión que despeje las muchas dudas que en el día de hoy tenemos.

El hecho puro y duro es que una empresa, una empresa dedicada a la gestión de residuos tóxicos y peligros (Euroresiduos), se ha vendido a otra empresa (FCC: Fomento de Construcciones y Contratas), generando una plusvalía importantísima y nada desdeñable.

Quiero decir que si esta operación hubiese incluido tan solo a las dos empresas, no cabría sino felicitar a los directivos de Euroresiduos por su extraordinaria gestión; pero las circunstancias que rodean el caso, y en el que está implicada una parte sustancial del Gobierno de Aragón, hace que las felicitaciones se conviertan desde luego en interrogantes. La sombra de la sospecha se ha extendido entre la opinión pública, y la sospecha tiene un nombre que es «pelotazo». Y lo explican sin rodeos los diccionarios y lo dice el María Moliner: el pelotazo es el «enriquecimiento fácil y rápido conseguido con operaciones puramente especulativas». Yo creo que a partir de aquí aparecen todas las preguntas porque, tal y como decía Baltasar Gracián, tan admirado en este hemiciclo, «honra y provecho no caben en un saco».

A partir de este punto aparecen interrogantes: ¿podemos hablar de pelotazo o de gestión eficaz?; ¿qué ha sucedido entre 1995 y septiembre del año 2002 para que se haya producido semejante revalorización de la empresa? Puede que los gestores de Euroresiduos hayan hecho muchas mejoras -mucho lo dudo-, puede que hayan hecho mejoras, ¿pero hasta lograr multiplicar por diez el valor de la empresa? Pregunto.

A nadie se le oculta que este verano la empresa en cuestión tuvo un pequeño pero notabilísimo cambio en sus competencias. ¡Qué casualidad! Parece que todas las cosas pasan en ese tiempo de ocio universal que es el verano, que por arte -por lo visto- de birlibirloque aparecen decretos impopulares, o se toman medidas más o menos raras como la de permitir a una empresa aumentar sus competencias mediante la autorización de la importación de residuos de otras comunidades.

Y la verdad es que una pregunta nos va llevando a otra pregunta, porque ¿qué razones justifican la autorización de importar tales residuos? ¿Cómo y por qué se toma de forma tan apresurada la decisión? Una decisión que rompe un consenso social que se alcanzó en el año 1995, cuando se acordó supeditar la utilización a que la actividad de la empresa se limitase a gestionar los residuos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Hay preguntas para las que, a mí no me cabe duda, existen muchas respuestas. ¿Qué bolsillos se han beneficiado de esta operación? ¿Vamos a conocer algún día la lista íntegra de los beneficiarios de esta operación? ¿Ha existido enriquecimiento ilícito? ¿Podemos hablar de tráfico de influencias? ¿Estamos ante un nuevo caso de financiación ilegal de partidos? Yo no acuso a nadie, señorías; yo tan solo me limito a hacer preguntas porque creo que hay que aclarar de forma nítida y sin sombras de toda duda este asunto.

Euroresiduos es una empresa privada que en el año 1995 recibió una subvención pública de ciento sesenta y siete millones de pesetas, lo que representa más o menos los dos quintos de la inversión inicial; dicho de otra forma, que el 40% de la inversión procedió de fondos públicos, y, así -entre paréntesis-, ¿no sería justo que el 40% de las plusvalías volviesen a las arcas, a la hacienda pública? Mucho dinero público para una empresa que cuando se instaló, cuando instaló el vertedero, el polémico vertedero, ya temimos, y nosotros también lo dijimos, que se podría producir esa importación en beneficio, en principio, de la empresa. Porque, de hecho, en el año noventa y ocho, se importaron cinco toneladas de residuos que procedían de Castilla y León y también de La Rioja, pasándose la empresa por el arco del triunfo la normativa y también los directivos sus palabras, que habían jurado y perjurado que nunca jamás se iban a saltar la norma de la importación. La Dirección General de Calidad Ambiental en ese momento fue acusada de falta de eficiencia con toda la razón del mundo.

Seguimos. ¿Quiénes eran los propietarios de Euroresiduos? Tecnocom y Sufi. Parece ser que el delegado de Sufi en Aragón tiene vinculaciones con un partido político, y además fue también uno de los socios que contribuyeron a poner en marcha la planta de compostaje de Alcalá de Gurrea, una planta que curiosamente también se nutre de importación de residuos de otras comunidades, a pesar de que en principio se iban a tratar solamente los lodos de la depuradora de aguas residuales de Huesca. En cualquier caso, coincide algún personaje, pero alguna persona parece coincidir en ambos casos. Creemos que existen razones, razones más que evidentes, para que una comisión despeje otras incógnitas.

Otra pregunta: ¿qué papel ha desempeñado en esta historia el Gobierno de Aragón? Los medios de comunicación publicaban el pasado día 12 de octubre la siguiente noticia, y cito textualmente: «Las prisas hicieron que Medio Ambiente no consultara este asunto con ningún otro departamento del Gobierno de Aragón, y que ni siquiera pasara por el Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza. Técnicos de la DGA -sigue diciendo la noticia- consideraron esta actuación insólita y explicaron que se ha pasado por alto el procedimiento habitual».

El 16 de octubre, el consejero de Medio Ambiente justifica esa celeridad en ese informe favorable por dos cosas: porque dice que se solicitó por teléfono, y aseguró que «este tipo de llamadas son habituales por parte de las empresas, que piden que se les acelere tal o cual asunto» -y cito textualmente-. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en ese departamento? ¿Acaso estamos asistiendo a una edición nueva de aquel nefasto «¿qué hay de lo mío?»? Bueno, por favor, yo creo que hace falta un poco de seriedad. Y también justifica la celeridad por interés general: por interés general ¿de quién?: ¿de la empresa en particular? Porque cuando hablamos de interés general creo que estamos hablando de reducir la producción de residuos y por este interés general debe velar la Administración y también el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

¿Qué papel ha jugado el departamento en esta historia? Yo creo que esto se debe explicar y se tiene que explicar muy bien, papel por papel, día a día y con pelos y señales. Como dijo el vicepresidente del Gobierno, parece que todo este asunto canta un poco, aunque después, donde dijo «digo» dijera «Diego», se desdijera. Pienso que realmente canta como una calandria pero con olor a residuo.

Las condiciones que se le impusieron a esta empresa para la apertura del vertedero siguen estando vigentes, y, sin embargo, actualmente, la empresa ha pedido autorización para que comience a usarse un segundo vaso del vertedero antes de finalizar el sellado del primero, violando también otra de las condiciones iniciales. Vale, de acuerdo, se puede abrir el segundo vaso, pero ¿para qué? Para residuos procedentes de Aragón, no de fuera.

Por otra parte, los planes se fundamentan en los principios, y en el plan, entre los principios, no se habla para nada de importar para vertedero: un plan de residuos que fue colgado en la página web del Gobierno de Aragón del Departamento de Medio Ambiente el pasado martes por la tarde -bueno, ¿por qué no se publicó el 5 de julio de 2001?-, en la que se dispone la publicación por acuerdo de Consejo de Gobierno, y dice que figura en un anexo, pero hete aquí que en el anexo no estaba. ¿Fue torpeza, o es que realmente había una segunda intención? He estado oyendo estos día que se alude al principio de reciprocidad. Me gustaría saber dónde existe ese principio, porque no existe ni en la ley del noventa y ocho ni en ninguna directiva europea; no existe ese principio.

En el plan, de todas formas, cuando se habla de ese principio (página 52), dice que solamente estará permitida la entrada de residuos procedentes de otros orígenes cuyo destino sea reutilización y reciclado, y valorización también. No se trata de traer residuos para vertederos, eso lo dice el plan; en la página 49 dice: «En Aragón no se admite la entrada de residuos que deban ser objeto de tratamientos, de eliminación»: eso también lo dice el plan, aunque realmente en el plan hay muchos puntos que tienen suficientes ambigüedades que estoy segura -eso es una opinión- que son calculadas y premeditadas.

Yo creo que se han roto las reglas del juego de ese consenso social que se alcanzó por unanimidad en el año noventa y cinco; yo creo que el Gobierno de Aragón debe explicar por qué y asumir las responsabilidades políticas pertinentes, y más cuando la ruptura de esas reglas del juego hace que una empresa obtenga pingües beneficios. Como dije al principio, hay muchas preguntas, pero mucho me temo que no andan lejos aquellos que tienen las respuestas. Creo que hace falta luz y taquígrafos porque yo creo que no se pueden relajar los controles democráticos.

Por todo ello, Chunta Aragonesista ha presentado esta solicitud de creación de una comisión de investigación.

Nada más.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, el señor Allué tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.

Veo que comienza el turno de los abogados defensores. Hemos oído hablar a los fiscales y a la acusación particular. Comienza el turno de los abogados defensores. Bueno, después, cuando culmine el PP, no sé si ejercerá de abogado defensor, de fiscal o de ambas cosas a la vez.

Pero, bueno, comienza este proceso de la comisión de investigación, que, evidentemente, todos los grupos hemos firmado para, como ha acabado diciendo la representante de Chunta Aragonesista, que haya luz y taquígrafos: con esas palabras («luz y taquígrafos») acabé yo mi última intervención en relación con este tema en el debate sobre el estado de la comunidad, en el debate sobre las resoluciones.

Parece que nos hemos ahorrado un par de sesiones ya de la comisión de investigación: con las preguntas que han hecho cada uno de ustedes, ya venimos adelantando cuestiones que entiendo que deberían ser objeto de debate en la comisión de investigación, que, como establece el artículo 64 del Reglamento de las Cortes, dice que en la comisión de investigación elaboraremos el plan de trabajo, el calendario de trabajo, las actuaciones, etcétera, etcétera; pero, bueno, aquí, evidentemente, ya se ponen de manifiesto unas preguntas, con toda la legitimidad del mundo, pues estamos en el Pleno de las Cortes de Aragón. Faltaría más.

Solo me ha gustado una cosa del discurso de ustedes, evidentemente: la luz y taquígrafos y profundizar y buscar la verdad. Evidentemente, esta es la posición que va a mantener, no les quepa ninguna duda, el Partido Aragonés, el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés en esta comisión de investigación: profundizar y buscar la verdad. De acuerdo, pero la verdad. Porque de sus intervenciones parece que se deriva... Ya han empezado definiendo en cierto modo cuál va a ser su participación: la acusación particular o el fiscal, que van a venir con el dedo inquisidor a sacar determinadas cuestiones. Nuestra participación será para aclarar la verdad, para que la verdad nos ilumine a todos.

Pero la verdad puede arrojar una cosa u otra, ¿verdad?, puede arrojar un planteamiento u otro planteamiento: un planteamiento favorable a las tesis del Gobierno de Aragón y del Departamento de Medio Ambiente o a las tesis que podría defender yo (o el grupo al que represento), o más favorable a las tesis que parece que ustedes están intentando conseguir.

Es decir, a veces, por las intervenciones, por lo que se dice habitualmente, yo no sé si lo que se quiere conseguir es la verdad o mi verdad. Evidentemente, el Partido Aragonés estará en esa comisión para intentar conseguir la verdad, el esclarecimiento de todos los hechos.

Pero, bueno, como ya adelantamos en otras ocasiones, nosotros estamos convencidos de que el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, en el ejercicio de sus competencias, ha actuado siguiendo el principio de legalidad vigente. Nosotros creemos en eso y que ha actuado de acuerdo con el principio de legalidad desde el inicio del expediente hasta nuestros días.

Ha habido varias preguntas, y no estoy aquí yo para responder ahora a todas esas preguntas; a ver si la comisión de investigación nos ofrece esa luz que todos buscamos.

Pero hay muchos matices, muchas interpretaciones. Claro, lo que es susceptible de ser interpretado es interpretado y puede haber varias interpretaciones. Nosotros sí que entendemos que hay un principio de corresponsabilidad y de reciprocidad clarísimo, que viene ya desde el Plan de gestión de residuos especiales de la comunidad autónoma, desde el noventa y cinco al noventa y ocho; así lo interpreto yo cuando lo leo. Usted interpretará otra cosa, señora Echeverría, pero nosotros interpretamos que el principio de reciprocidad se pone de manifiesto ya desde 1995, y en la prorroga del plan se pone de manifiesto, y se pone de manifiesto también en la normativa comunitaria y en la ley nacional de 21 de abril de 1998. Y ya se dijo anteriormente que esa ley marcaba un punto de inflexión con respecto a cómo se estaba actuando o a cómo se debería actuar.

Evidentemente, se podría haber actuado de otra manera. Aquí se dice: no, aquí no tomamos ninguna responsabilidad, no se decide sobre la autorización de importación, y ya está, y esa es la postura más sencilla. Porque aquí, cuando hay que gobernar, hay que gobernar y hay que tomar decisiones, que, evidentemente, les gustarán más a unos u a otros, pero cuando se gobierna se toman decisiones. Es posible que ustedes no vayan a tener nunca las responsabilidades de gobernar y nunca lo sepan; pero, evidentemente, cuando se gobierna se toman decisiones, y a veces gustan más a unos y gustan más a otros.

Respecto de las dudas que tiene sobre el plan de residuos, evidentemente, todo esto será objeto de la comisión de investigación -faltaría más: hablaremos de todo-; plan de residuos peligrosos que fue presentado aquí en las Cortes a principios de 2001, pero que, previamente, en todo el proceso de elaboración del plan de residuos, ha habido muchísimas reuniones: del orden de siete u ocho reuniones de la Comisión Especial de Residuos de la Comunidad Autónoma de Aragón, compuesta por quien está compuesta, ¿verdad?, porque hay muchas instituciones en esa Comisión Especial de Residuos de la Comunidad Autónoma de Aragón que no dijeron nada. Claro, porque aquí ha participado más de uno: eso también se verá en la comisión de investigación, lo veremos todo, y las responsabilidades que deban depurarse pero a nivel de todos, ¿no?

Cada uno debe opinar en los puntos, en los trámites, en las secuencias que lleva todo este expediente, todo el mundo es susceptible de expresar su opinión. Y ha habido alegaciones en un período de información pública (el legal: el que marca la ley), ha habido alegaciones, y se ha presentado en las Cortes de Aragón -se lo vuelvo a repetir-, se presentó en las Cortes de Aragón, en la comisión donde Izquierda Unida no estuvo, donde Chunta Aragonesista no dijo nada, usted no dijo nada. Y se habla ya del principio de reciprocidad, y se están dando muestras de que por ahí pueden discurrir las cuestiones que después han discurrido, y usted no dijo nada. Pero esto es así: no dijo nada: Chunta Aragonesista no dijo nada ni dijo nada Izquierda Unida porque no estaba. Pues ahí tenían una oportunidad de haber manifestado lo que ahora están diciendo. Algunas de las preguntas -no todas, porque hay hechos posteriores- que ustedes han formulado las podrían haber planteado allí en el momento. Pero no, lo plantean después, cuando nos enteramos de que ocurren ciertas cosas, por los medios de comunicación, porque ustedes van a la zaga del camino que otros han marcado. Esto no se les ocurre a ustedes, desde la oposición aguerrida y osada que está poniendo contra las tablas a un Gobierno. No, ustedes se han dado cuenta, y van a aprovechar y a seguir el ritmo.

Ustedes han tenido todo un sistema de tramitación oportuno en los distintos pasos de este plan, y no han dicho ni mu. Sí es cierto, señor Lacasa, que usted ha citado a Comisiones Obreras. Sí, Comisiones Obreras hizo una alegación. ¿Se la leo? ¿Se la leo, que la tengo por aquí? «Se establece que podrán llegar a la comunidad de Aragón residuos peligros de otras procedencias en la misma cuantía de los residuos producidos en Aragón y cuyo destino sea otra comunidad autónoma. Creemos que cuando esto suceda deben extremarse los controles sobre las empresas gestoras de residuos peligrosos y sobre las instalaciones de tratamiento y eliminación», cuestión que también interpreto yo que se deriva del plan de residuos peligrosos si aplicamos también la normativa nacional del noventa y ocho, que habla de lo que significa la gestión, y la gestión hace referencia a la recogida, al almacenamiento, al transporte y a la eliminación: es interpretable, cuando menos es interpretable, ¿verdad? ¿A que no tenemos que salir de partida a condenar a nadie? Porque todo es interpretable, y lo que es susceptible de interpretación, por lo menos, no es susceptible de una condena directa. Tenemos que tener el beneficio de la duda. Por lo menos vamos, por lo tanto, a dejar que la comisión de investigación funcione.

Insisto: nosotros creemos en el principio de legalidad que ha seguido todo este expediente administrativo por parte del Gobierno de Aragón y por parte del Departamento de Medio Ambiente. Tenemos -yo también los desconozco- unos informes de los servicios jurídicos, un informe de la Comisión Jurídica Asesora, que, en función de lo que nos van adelantando los medios, parece que no hay arbitrariedad en todo el expediente administrativo seguido; por lo tanto, insisto: luz, taquígrafos, la verdad, profundicemos en la verdad en la comisión de investigación, y la próxima cita la tendremos con la citación que hará el presidente de las Cortes reuniéndonos para comenzar a elaborar el calendario de trabajo.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Catalá tiene la palabra.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Señor presidente. Señorías.

A mí me pasa también un poco como a don Javier Allué: que tampoco sé si este es el debate que el conjunto de grupos había planteado, porque quien esté escuchándolo desde fuera tendrá la sensación de que a la hora de votar vamos a votar cada uno una cosa distinta, y les recuerdo que hoy estamos debatiendo aquí una propuesta conjunta de todos los grupos, y que todos los grupos vamos a votar en la misma dirección.

Porque hoy lo que tocaba debatir es la creación de la comisión, y no sobre la materia propia sobre la que la comisión va a tener que trabajar durante los próximos días. Tenemos casi dos meses para poder pedir información, posteriormente para sacar conclusiones, debatirlas y venir a esta cámara de nuevo para discutirlas. Y hoy, por tanto, lo primero que me gustaría es poner en valor el consenso que se había alcanzado en el conjunto de grupos para presentar conjuntamente la posibilidad de crear una comisión sobre Euroresiduos, porque todos pedíamos lo mismo: pedíamos luz y taquígrafos para este tema.

Bien es cierto que, aunque la proposición es conjunta, las motivaciones han sido distintas: unos han pensado que la Administración autonómica ha actuado de una manera irregular en la tramitación del expediente, y quieren, por tanto, dentro de la comisión de investigación, obtener toda la información necesaria para respaldar las acusaciones que ellos mantienen, y otros pensamos que no hay nada que ocultar y que es muy posible que la comisión convierta un poco en humo de pajas todas las especulaciones que se están vertiendo en este momento sobre este asunto.

Pero es cierto que sería absurdo negar que en la calle se ha levantado una gran polémica y que ha sido producida fundamentalmente por el anuncio de la venta de una empresa que ha multiplicado su valor de una manera importante, posiblemente, por la perspectiva de futuro que esa propia empresa ha tenido desde su historia, desde que se instaló hasta este momento. Yo, en cuanto al aumento del precio, no voy a dar el vergonzoso argumento que el señor Aznar y Cascos dieron con el tema de la vivienda: que eso, como hay gente que lo paga, será que lo vale. Yo creo que no. A mí personalmente me escandaliza pensar que una empresa ha podido tener o pasar de valer dos a valer veinticinco en poco tiempo.

Sí que es cierto que en ocasiones los mercados marcan sus reglas, pero los ciudadanos debemos intentar por todos los medios trasmitir un cierto mensaje de tranquilidad, porque los gobiernos tienen la obligación de regular el conjunto de la actividad económica, y además de hacerlo con transparencia. Y es verdad que en ciertas ocasiones esas regulaciones pueden llevar efecto sobre el valor de las cosas.

Por eso, a estas alturas de la película, creo que es importante y sensato aclarar al máximo este tema y, por tanto, crear esta comisión de investigación que dé tranquilidad fundamentalmente al conjunto de los ciudadanos. Porque yo personalmente presupongo que todas las administraciones -y lo digo con toda la sinceridad-, todas, han actuado con limpieza desde el principio, tanto en la adjudicación del concurso que en su día hizo en el año noventa y tres la DGA, como en la capacitación legal que se le dio a la empresa para poder manejar residuos, como en la licencia de actividad, como en la licencia de obras, como en la licencia de apertura, como en cualquier trámite que esta empresa haya sufrido. Y todo ello, además, para hacer además algo absolutamente necesario para esta comunidad, como es el reciclaje de residuos industriales generados en Aragón.

Conviene recordar, no conviene olvidar, que el plan de residuos del noventa y cinco al noventa y ocho, posteriormente prorrogado hasta el año 2000, ya establecía la posibilidad de acordar la importación de residuos de otras comunidades autónomas, y, por tanto, la posibilidad de establecer mecanismos de reciprocidad en Aragón.

Posteriormente se promulga la ley del noventa y ocho, que fue considerada básica en su conjunto; por tanto, básica quiere decir que las normas autonómicas se subordinan a estas leyes básicas. Y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis, porque creo que sería tiempo ya de que el Gobierno de España o bien deje de considerar básicas todas las leyes que promulga, o bien que pacte con las comunidades autónomas el carácter básico o no de las leyes que se están haciendo, porque o bien conculca el artículo 148 o abusa del 149 de la Constitución; pero insisto en que -cierro paréntesis- tampoco esto toca hablarlo hoy. Sí que es cierto que la ley del noventa y ocho regula el sistema, señoría, de reciprocidad entre las comunidades autónomas, y de ahí que el plan de residuos del año 2001-2004 en Aragón, y como consecuencia de que sacamos fuera el 75% de los residuos que generamos, y los sacamos a doce comunidades autónomas, establece, como es lógico y de sentido común, el principio de responsabilidad y de reciprocidad.

Por tanto, este Gobierno, en virtud de todo ello, toma una decisión, que a unos les puede parecer que conculca las normas autonómicas y conculca todo tipo de normas, y que a otros parece que no solamente no las conculca, sino que las cumple, y además que cumple el obligado cumplimiento a nivel nacional, y lo hace, además, sin -aparentemente- ningún quebranto procedimental. Veremos lo que dice en cualquier caso la CJA al respecto.

No sé si alguien, de verdad, señorías, en esta tierra, pretende aplicar una curiosa ley del embudo: tenemos derecho a llevar todos nuestros residuos donde sea necesario, pero nadie tiene derecho de fuera de Aragón a traer los residuos aquí; siguiendo esta insólita posición, si los demás hicieran lo mismo, Aragón tendría que cerrar parte de sus instalaciones industriales, porque no tendríamos capacidad de poder reciclar nuestros propios residuos, entre otras cosas porque no podemos crear aquí empresas de residuos para todo tipo de residuos, porque las empresas son rentables, se pueden poner en virtud del volumen de residuos que se generan. Y hay empresas de esas características que solamente son rentables si tienen el ámbito de aplicación supraautonónico, si no, sería imposible ponerlas en funcionamiento. Siguiendo -insisto- ese razonamiento, se podría llegar a cerrar muchas industrias en este territorio.

Con lo cual vemos, señorías, lo fácil que a veces es llevar con vehemencia y con excesiva fogosidad un tema tan sensible como el de los residuos. Y yo también digo, señorías, que si alguno de ustedes tiene voluntad en un futuro de intervenir en gestiones públicas, les aconsejaría a todos que actuaran en este tema con un mayor grado de responsabilidad.

Pero, dicho esto, también les digo que es cierto que, en medio de esta decisión del Gobierno -insisto: explicable y con dosis de sentido común y de responsabilidad-, se producen movimientos especulativos, que -repito- me parecen sobredimensionados y que no compartimos, pese a que yo soy de la opinión -pero, en fin, eso lo veremos en la comisión- de que la revalorización de la empresa se produce fundamentalmente con la concesión, en el año noventa y cuatro, de un concurso que se le dio.

Pero insisto: es obvio que muchos ciudadanos se pregunten si hay alguna relación directa entre las decisiones de la Administración y el aumento de valor de la empresa. Y claro que la hay: desde el primer concurso, todas las licencias, hasta la última modificación, tienen relación directa porque ponen en valor a esa empresa en el conjunto del mercado.

Pero lo que estamos diciendo y lo que están diciendo muchos es si esas decisiones se adoptan desde la Administración directamente para conseguir que haya esa especulación. Y, en ese sentido, sí que le puedo decir que los socialistas somos tajantes al apostar por la limpieza de todo el proceso. Pero somos sensibles con el conjunto de la sociedad y somos conscientes de que se ha levantado una sombra de duda en toda la tramitación, y, ante esto, los socialistas apostamos por proponer que, junto con el resto de grupos, con luz y taquígrafos, se investigue. No es bueno para nadie que haya la más mínima duda y los socialistas somos -y lo digo con absoluta rotundidad, y que nadie lo dude-, por convicción, partícipes de la transparencia y de la claridad [rumores], de la transparencia y de la claridad.

Es bueno, además, para el sistema democrático, que seamos nosotros, los representantes del pueblo, los que marquemos los ritmos políticos y los tiempos políticos. Los que, sin apasionamientos, sin demagogias, sin especulaciones, pero con el máximo rigor, estudiemos, profundicemos y saquemos las oportunas conclusiones de este asunto. No hay nada que ocultar, pero es necesario despejar todas las dudas. Espero que el Grupo Socialista, cuando debatamos en esta cámara las conclusiones definitivas de esta comisión, pueda demostrar la limpieza de todo el proceso, por lo menos, en cuanto a lo que a este Gobierno se refiere.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

El turno del Partido Popular: el diputado señor Palazón tiene la palabra.

El señor diputado PALAZÓN ESPAÑOL: Muchas gracias, señor presidente. Señor Allué, no actúo como abogado defensor (no es mi turno) ni como fiscal.

Las circunstancias son las que a mi grupo nos obligan a ser jueces, y eso quiero que quede muy claro en esta cámara.

Comisión de investigación: un término maldito. Un término que trae recuerdos de una época relativamente cercana, de la crispación y la vergüenza que se adueñaron de esta cámara. Una época en la que tres comisiones de investigación funcionaron simultáneamente en estas Cortes de Aragón como reflejo de lo que fue la política de esta tierra durante dos años. Una época para olvidar, si no fuese porque hay que aprender de la historia.

En estas Cortes quedan diputados que tuvieron ocasión de vivir muy de cerca las tres de los años noventa y cuatro y noventa y cinco (las tres comisiones), y algunos de ellos, testigos de excepción de las mismas, nos relatan cómo los intereses políticos, que no los criterios políticos, primaron sobre las conclusiones lógicas y sobre los principios.

Por ello, en el Grupo Popular, queremos dejar bien claro que, precisamente, por recordar la historia, vamos a abordar la actual con un criterio abierto, sin condicionantes previos y con unos principios muy claros.

Queremos dejar muy claro, en primer lugar, que partimos del principio de presunción de inocencia de las personas investigadas -las que sean-; que no vamos a una caza de brujas; que esas personas merecen, a priori, nuestro respeto. Pero también queremos que quede constancia de que, si en el curso del desarrollo de la comisión, hubiese pruebas fehacientes de irregularidades de cualquier tipo, seremos los primeros y los más duros en exigir una respuesta política inmediata.

En segundo lugar, destacamos que estas Cortes de Aragón no deben ni pueden crear una comisión de investigación para apreciar la legalidad o la ilegalidad de los hechos analizados. Para eso están los tribunales: lo han dicho anteriores comparecientes. Aquí se debe investigar objetivamente y valorar políticamente los hechos, los que se van a resumir con posterioridad.

Con todas estas premisas, el Partido Popular planteó ante estas Cortes la constitución de una comisión de investigación, cuyo núcleo se concretaba en tres líneas, en tres cuestiones fundamentales.

La primera: ¿qué circunstancias administrativas concurrieron en la tramitación del expediente de autorización a Euroresiduos para importar residuos tóxicos y peligrosos desde otras comunidades autónomas al vertedero de Torrecilla de Valmadrid? La comisión tiene que intentar también responder a una segunda cuestión: ¿qué circunstancias empresariales rodearon y rodean todavía a la venta de los residuos a Fomento de Construcciones y Contratas? Y la última, pero quizá la más importante de todas: ¿hubo interacciones o relaciones premeditadas, en uno u otro sentido, entre las circunstancias administrativas de la tramitación del expediente y las circunstancias empresariales, o a la inversa?

Por eso, nosotros queremos conocer y analizar, en primer lugar, el expediente administrativo, aunque sea después del informe de la Comisión Jurídica Asesora. Porque ese informe no podía ser otra cosa más que formal. ¿Qué pretendíamos con ese informe sino darle un visado de formalidad, no de fondo? Por eso consideramos necesario analizar las circunstancias relacionadas con su tramitación, que, según la prensa de hoy, el propio informe de la comisión plantea dudas e incertidumbres.

Nosotros hemos solicitado este expediente el 18 de octubre, y nuestra primera observación es que lo que se tramitó muy rápidamente en el mes de julio se responde al parlamento muy lentamente en octubre y noviembre. Un desprecio más a la oposición y, por tanto, al parlamento, al que ya nos tiene acostumbrados el actual Gobierno de Aragón, y que, incluso, se acentúa conforme se acerca el final de la legislatura. Y valga como ejemplo, de una forma absolutamente tajante, que las conclusiones de ese informe de la Comisión Jurídica Asesora hayan pasado -las conclusiones, no el informe- antes a la prensa que a los grupos parlamentarios. Este portavoz, en este momento, no conoce las conclusiones de ese informe y, por lo visto, sí que las conocen los medios de comunicación.

Queremos que nos expliquen el porqué de la velocidad anormal del expediente, reconocida por el propio consejero; el porqué de utilizar julio, un mes -pondremos entre comillas- especial; el porqué de la extraña coordinación de fechas con la operación de venta de Euroresiduos. A la postre queremos saber, simplemente, lo que se preguntan al respecto muchos ciudadanos.

La segunda cuestión es también importante: ¿cuáles son las claves del movimiento empresarial en torno a Euroresiduos?, ¿qué personas se relacionan?, ¿cómo puede producirse una revalorización de 2,5 millones de euros del noventa y seis a más de veinticuatro en 2002? Y eso que nosotros sepamos. Porque sabemos de nombres de personas relacionadas accionarial o profesionalmente con Euroresiduos, pero ¿los conocemos todos? Sabemos de Euroresiduos, de Tecnocom, de Sufi, de otros accionistas aragoneses -entre comillas-; sabemos de Americana de Proyectos, de Servicios Omicron; sabemos de otras empresas. Sabemos también, eso sí, que el presidente Iglesias hizo hincapié en que no puede compartir que una empresa haga un negocio tan extraordinario como consecuencia de una compra y una venta. Nosotros le corregiríamos, señor Iglesias, añadiéndole una coletilla que olvidó decir o no quiso decir: en la que la tramitación administrativa de esa compra y de esa venta sugiere un excepcional trato de favor a la misma por parte del Gobierno de Aragón. Y no comparen, por favor, señor Catalá, no comparen residuos, basura..., con vivienda. La propia comparación ofende, por el tema y por el fondo.

Finalmente, en el tercer punto, en la tercera cuestión, en la relación Administración-empresas, en sus dos sentidos, quiero recordar, simplemente, una frase del vicepresidente, señor Biel -creo que la han nombrado los anteriores intervinientes-: «La venta del vertedero de residuos tóxicos canta un poco en Aragón». Pues eso ocurre, en efecto: que canta, que canta. Simplemente eso, pero con un matiz: que no canta poco, no; que canta bastante, que canta mucho, y por eso necesita ser aclarado convenientemente y con la mayor rapidez posible, y eso solo puede hacerlo, señorías, una comisión de investigación.

Es interesante recordar que los distintos grupos se agruparon alrededor de tres propuestas de comisión de investigación: una de Izquierda Unida y CHA, otra del Partido Socialista y del Partido Aragonés y, finalmente, la del Grupo Parlamentario Popular. Y, a la postre, eso ha permitido conocer a priori las cartas de esta partida, porque cada propuesta era la foto fija que ha mostrado las posturas de cada grupo: muy distintas y muy clarificadoras.

Mire, no es una cuestión de partido, se lo aseguro. Está claro que la única de las tres propuestas que acotaba claramente el objeto de la comisión y establecía una fecha de finalización de la misma era la del Partido Popular. De hecho, la propuesta que hoy estamos debatiendo se ajusta perfectamente a la nuestra, si exceptuamos el ámbito temporal en el que, por otra parte -se lo hemos dicho ya-, nunca hemos tenido ninguna objeción. ¿Que el noventa y dos? Al noventa y dos. ¿Que el noventa y cinco? Al noventa y cinco. Hay mucho plan en todos los años y, posiblemente, mucho más en el segundo.

La de los grupos de CHA e Izquierda Unida era análoga a la del Grupo Popular pero sin esa fecha, y nuestro grupo entendía que una comisión de investigación debe tener marcado un límite, porque las circunstancias podrán aconsejar en su momento si se prorroga o no, pero que es bueno partir con un límite temporal establecido muy claro.

En cuanto a la firmada por el Grupo del Partido Aragonés y el Grupo Parlamentario Socialista, ¿qué quieren que les digamos?, ¿qué quieren que les digamos? Se contradecía a sí misma. Ampliaba a tope el ámbito territorial, histórico, administrativo..., de todos los vertederos, de todo Aragón -señorías, de todo Aragón-, y pretendía limitar el tiempo a la misma fecha que la indicada por nosotros, al 31 de diciembre. Seamos serios. ¿Qué pretendían?: ¿que se investigase a los veintiséis vertederos controlados existentes en Aragón a lo largo de solo mes y medio? ¿No es más fácil centrar la investigación donde se ha detectado un problema?

Señores del Partido Socialista y del Partido Aragonés, y señores del Gobierno de Aragón, no nos gustó su propuesta ni en la forma ni en el fondo, y no la íbamos a votar, como tampoco iban a hacerlo ni Izquierda Unida ni Chunta Aragonesista. Y cuando vieron que treinta y cuatro eran más que treinta y tres, echaron marcha atrás e intentaron corregir el desaguisado, y tragaron, tuvieron que tragar, la que se impuso desde la oposición, que es la que debatimos hoy.

No la íbamos a votar porque en ella ustedes efectuaban un tótum revolútum, un ejercicio de ambigüedad calculada, un intento de abarcar todo para enmascarar lo concreto; incluso, señorías, ¿no percibían ustedes en ella una especie de amenaza velada?

Se atribuye a Kennedy una frase que, aunque de forma colateral, recoge la filosofía que les he explicitado en esta última parte de la intervención: «Jamás negociemos con miedo, pero jamás temamos negociar». Señorías, el Partido Popular no teme las amenazas. Nosotros tenemos las manos limpias y la conciencia limpia, por eso vamos a votar «sí» y a abordar esta comisión como les hemos indicado: con principios éticos, con libertad y sin miedos, como creemos que debería ser la pauta de todos los partidos de estas Cortes. Si es que saben aplicar los principios éticos, pueden actuar en libertad y no existen razones para que tengan miedo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Concluida, pues, la intervención de los grupos proponentes, procede someter a votación la propuesta.

Señorías, ¿votos a favor de la propuesta? Gracias. ¿En contra? ¿Abstenciones? Es aprobada por unanimidad.

¿Necesitan un turno de explicación de voto?

Señor Lacasa: Izquierda Unida.

El señor diputado LACASA VIDAL: Sí.

Muchas gracias, señor presidente.

Hemos votado a favor de la propuesta y, desde luego, señorías, no lo hemos hecho bajo el condicionante o bajo el dictado de los medios de comunicación. Señorías, debo desmentir rotundamente esa impresión que algún portavoz ha podido dar. Izquierda Unida ha actuado desde su autonomía y sin ninguna conexión con ningún otro interés que no sea el interés del parlamento y del conjunto de los ciudadanos de Aragón. Quizá otros piensen que actuamos en función de lo que ellos actúan, pero, desde luego, nosotros no actuamos de esta manera.

En segundo lugar, yo creo que los datos son datos, y las opiniones, opiniones, y los elementos necesarios de aclaración son los que tienen que ir a la comisión de investigación. Pero hay datos que son irrefutables. ¿Qué dato es irrefutable? A pesar de que se ha mencionado la legislación básica de residuos -lo ha hecho algún portavoz-, el dato irrefutable es que la legislación básica de residuos permite a la Comunidad Autónoma de Aragón rechazar la aplicación del principio de reciprocidad y no admitir ni una tonelada métrica de residuos en el vertedero de Torrecilla de Valmadrid. Este es un dato objetivo: artículo 16 de la Ley de residuos. Y el presidente de la comunidad autónoma no tenía bien ese dato -porque solamente quiero decir esto, que no tenía bien ese dato- cuando desinformó a la opinión pública aragonesa, y así se lo dije en el debate sobre el Estado de la comunidad autónoma, cuando dijo que era obligatorio para Aragón autorizar la venida de esos residuos al vertedero de Torrecilla. No es cierto.

Y los datos objetivos son datos objetivos, son artículos de leyes. Y, sobre eso, ni la comisión de investigación ni los parlamentarios podemos discrepar. No hay ámbito de interpretación. El Gobierno de Aragón podía oponerse, podía no aceptar ni una sola tonelada de residuos en el vertedero de Torrecilla, porque estaba facultado por la ley que dice que, si se ha subvencionado públicamente un vertedero, no hay por qué admitir la importación de residuos. Luego, señorías, no admito que eso se someta a polémica. Es un dato, es un dato: es un artículo de la ley.

De la misma manera, yo leo, tengo dos ojos y un criterio de interpretación político y también jurídico sobre el plan de residuos peligrosos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y yo, leyéndolo por todas partes, lo único que veo es que permitiría eventualmente la entrada de residuos solo para reutilización, reciclado y valorización. ¡Si lo dice claramente en las páginas 3, 53 y 98! ¡Si es que el plan es clarísimo! ¿Que entidades sociales hicieron alegaciones que eran más favorables a llevar más residuos? Oiga, cuéntenselo a las entidades sociales que pudieran haber hecho esto. Pero el plan de residuos vigente lo que dice es solo para esto: solo para reutilización, solo para reciclado y solo para valorización.

Luego esto son datos. Que me sabe mal que tengamos que discutir sobre los datos, porque aquí no se habla de eliminación ni enterramiento en vertedero. Si algún otro lo pidió, allá él, pero no es lo que está en el plan de residuos aprobado. Por lo tanto, estos son datos objetivos que no deberíamos cubrir con una nube -en este caso- tóxica, residual, con una nube de confusión, que al final haga a los ciudadanos que no sepan de qué estamos hablando.

Y hay -y aquí sí son opiniones, no son datos, y no lo puedo afirmar con rotundidad- opiniones (en este caso, también de Comisiones Obreras) que marcan su opinión y su criterio de que somos importadores netos de residuos. Y hay unos datos: que el plan autoriza la entrada de determinadas toneladas métricas de residuos, pero que se superan. En particular, hay una empresa que se llama Idalsa, en Remolinos, con más de treinta mil toneladas de tratamiento de escorias y otros residuos de aluminio. Y, por lo tanto, esa empresa, que ya está trabajando con ese volumen de residuos, compensa con creces todo el planteamiento de importación de residuos.

Eso lo veremos, eso sí que lo podremos discutir en el ámbito de la comisión de investigación. Están estos datos, está ese informe de Comisiones Obreras. Se podrá desmentir o no, pero, en todo caso, lo veremos.

Aparte de congratularme, por supuesto, por la aprobación unánime de la comisión y desearle el mejor trabajo, vamos a asegurar en la medida que nos corresponda un trabajo eficiente y hasta el fondo, y pediremos comparecer a todos los que tengan relación tanto con el expediente administrativo como con la venta de la empresa. Desfilarán por las Cortes de Aragón -espero- todos los agentes implicados en la materia. Pero, por supuesto, también vamos a distinguir los hechos de las opiniones.

Hay hechos que hemos señalado o he pretendido señalar, y otra cosa son las opiniones legítimas que, desde luego, mantendremos al final del trabajo de la comisión de investigación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Chunta Aragonesista: señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias, señor presidente.

A ver, señor Allué, porque me tienen un poco frita con el tema de la presentación del plan de residuos. A ver qué pasa.

No dijimos nada por lo que vengo diciendo quinientas cincuenta mil veces, y ustedes siguen, erre que erre, a piñón fijo. El plan habla de residuos que se pueden traer para reutilizar, reciclar y valorizar; no habla de vertedero en ningún momento. Y, si ustedes lo tenían tan claro, mire usted, lo podían haber hecho o podrían haber cambiado el plan. Pero, bueno, por eso Chunta Aragonesista no dijo nada, porque, mire usted, no se nos suele escapar casi ninguna cosa y, desde luego, esta, menos se nos hubiese escapado. Eso queda claro.

Bueno, yendo a lo que íbamos, hoy conocíamos que la Comisión Jurídica Asesora, por lo visto, había dictaminado ese expediente administrativo, y nos preguntamos si realmente la Comisión Jurídica Asesora es el órgano apropiado para estudiar ese expediente administrativo, si realmente tiene competencia para hacerlo, o si el órgano competente es la Inspección General de Servicios del Gobierno de Aragón.

Supongo que cualquier jurista -yo no lo soy- o alguien que se haya leído la Ley del Presidente sabe que la Comisión Jurídica Asesora no es el órgano por el que tiene que pasar este expediente, eso lo sabemos. Pero, bueno, esto ya lo veremos en la proposición de ley que presentó Chunta Aragonesista.

Aquí, desde luego, no hablamos de lo jurídico, no hablamos de lo administrativo; hablamos de lo político, y ya sabemos que un expediente puede estar bien o puede estar mal, pero habitualmente está bien. Y también sabemos que los pelotazos, en el 99%, no se pueden demostrar. En este caso creo que hay demasiadas preguntas, hay demasiados interrogantes, hay demasiadas incógnitas, y muy pocas respuestas, la verdad. Y hay muy poca claridad y muchísimas casualidades.

Bueno, en mi opinión, y en la opinión de mi grupo, la constitución de esa comisión de investigación está más que justificada, y, desde luego, nadie impedirá ni aquí ni tras esas puertas que se cree.

Las preguntas siguen en el aire. ¿Ha habido trato de favor? ¿Qué bolsillos se han beneficiado? La empresa fue vendida un mes después de que recibiera la licencia por la que se podrían importar residuos, que fue en agosto. El acuerdo, por lo visto, entre los anteriores dueños y el comprador no se cerró hasta que no se modificó esa licencia de actividad. ¿Se modifican esas condiciones para favorecer intereses privados? El cambio de autorización parece que ha incrementado la operación de venta de la empresa, y el Gobierno de Aragón modificó esa licencia mientras estaban negociando las condiciones de venta. ¿Es casualidad o causalidad? Son cosas que se deben explicar, que se deben aclarar y tenemos que saber si el Gobierno de Aragón estaba al tanto de esa operación y benefició a la empresa, en vez de beneficiar a los intereses generales.

El día 2 de julio de 2002 -curiosamente, el día 3 entra en vigor la Ley del control y enterrado de la contaminación, pero de eso ya hablaremos en su momento-, la empresa solicita el cambio de autorización. Por lo visto, por teléfono. Bueno: ¿con quién habla y quién coge el teléfono? También nos gustaría saberlo.

El informe favorable en el que se certifica la viabilidad técnica y jurídica está fechado el día 3. ¡Vaya rapidez! Tanta rapidez que ni siquiera se consulta con el Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza. Una cuestión, además, que está cambiando sustancialmente el plan de gestión de residuos. Y, además, si cambia tan sustancialmente, se debería haber sometido a información pública.

El 4 de julio se solicita el cambio de licencia con el respaldo de la Dirección General de Calidad Ambiental; el día 22 se emite informe; el 23 se hace una propuesta de resolución favorable... Bueno, es lógico pensar que ese acuerdo ha favorecido la venta, y parece que algún favorecido está vinculado a una determinada fuerza política.

El Gobierno de Aragón tampoco informó a la comisión del seguimiento del plan de residuos, ya no de la venta de la empresa, que, evidentemente, dijo el consejero que no sabía que la empresa se había vendido, sino que no informó en su momento, y fue el año pasado cuando la empresa solicitó el permiso para traer residuos de otros lugares. Porque yo creo que, si hay una comisión de seguimiento, está para algo, y, sobre todo, para eso, y se debería reunir cada seis meses y no de año en año, cada año y medio o cuando les apetece a algunos.

«Aragón -dice el director general y también lo he oído aquí- recibe el doble de residuos tóxicos que exporta». Bueno, entonces, ¿por qué no se negó en el año noventa y seis a Fomento de Construcciones y Contratas, que es una empresa de lo más solvente, la licencia que había pedido para hacer un depósito de seguridad, si recibimos el doble de residuos que exportamos? En este caso lo que queremos saber es para qué ha servido el dinero público. ¿Quizá para que algunos se hayan aprovechado del mismo? La ciudadanía piensa que hay implicaciones políticas que hay que aclarar y para eso está esa comisión de investigación.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor Allué, del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.

Con brevedad.

La verdad es que no llevaba idea de hacer explicación de voto, pero, bueno, en cualquier caso, me remito a lo dicho con anterioridad.

Señora Echeverría, usted dice lo que dice respecto a lo que establece el plan de residuos tóxicos y peligrosos -que ahora se lo miro, claro..., porque nos metemos aquí a interpretar-... Pero, bueno, ¿es susceptible de interpretación? Si se lo he dicho antes. Le he dicho antes que el Gobierno de Aragón y el Departamento de Medio Ambiente han tomado una decisión que podrían no haber tomado. Ahí está la cuestión: que es que la normativa no lo prohíbe, la decisión tomada no conculca en absoluto los planes ni la normativa de los que está dotada esta comunidad autónoma, no la conculca, para nada. Eso es lo que estoy pretendiendo decir.

Creo que en otra manifestación acertó seguramente un poco más el señor Lacasa, que decía: «El Gobierno de Aragón no ha aprovechado las oportunidades que le brinda la normativa o los planes para tomar una decisión». Pues bueno, pero se toma -lo he dicho- porque se gobierna y porque hemos creído oportuno tomar esa decisión y dar ese paso.

Pero, a fin de cuentas, en la página 98 del plan, se especifica claramente y se habla clarísimamente de los principios de corresponsabilidad y de reciprocidad admitidos en la gestión en instalaciones ubicadas en Aragón. Y se refiere a lo que se refiere. Usted puede interpretar lo que quiera, pero yo podré interpretar lo que estime oportuno. Y en la página 99 habla de que la gestión incluye la recogida, la transferencia, la valorización y la eliminación de residuos. Y en la normativa nacional de la ley del noventa y ocho -que no la tengo aquí- habla específicamente de lo que se entiende también por gestión.

Ya estamos aquí repitiendo las mismas cosas. Y habla usted de la resolución, y otra vez pone en entredicho la rapidez con que se determina el procedimiento. Pues también es susceptible de interpretación; a fin de cuentas, que yo sepa, amén de los datos que yo tengo, usted podrá tener otros -los veremos, por supuesto, en la comisión de investigación o de quien nos los quiera arrojar-, pero la solicitud de autorización de la empresa Euroresiduos se produce el 22 de abril de 2001, y se concede la resolución en mayo de 2002, o sea, que pasa casi un año. Y después se solicita al Cecop. Y en el Cecop no solo está el Departamento de Medio Ambiente, sino que están los que están: un amplio número de instituciones, que, evidentemente, tuvieron la oportunidad de pronunciarse y de decir lo que tenían que decir, y dijeron lo que dijeron. Y dijeron que adelante con la autorización.

Con lo cual, pues eso: ustedes hablarán de lo que haga falta, y nosotros también intentaremos, como hemos dicho antes, luz, taquígrafos y profundizar en la verdad sobre la base de partida, al menos desde este grupo parlamentario, que confía y está convencido de la legalidad en todo el expediente administrativo del tema que estamos sometiendo a debate.

Nada más, y gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Por el Grupo Popular, el señor Palazón tiene la palabra.

El señor diputado PALAZÓN ESPAÑOL: Muchas gracias, señor presidente. Señorías.

El Grupo Popular ha votado «sí» a la propuesta de constitución de la comisión de investigación por ser consecuente con lo indicado en la primera parte del debate, y es consecuente porque le recuerdo que, en esa primera parte, hemos insistido en tres aspectos: que la comisión debe evaluar políticamente unos hechos y sus circunstancias; que debemos guardar el máximo respeto a dos personas, y que utilizaremos criterios políticos, frente a intereses políticos, en nuestra particular lucha contra la historia parlamentaria de esta cámara. Y es lo que vamos a hacer.

¿Qué significa evaluar políticamente? Es quizá lo que muchos no acaban de entender, y por ello no sabemos si será fácil de explicar. Quizá lo más sencillo sea aplicarlo en la práctica a las circunstancias del caso que nos ocupa en su desarrollo.

Hemos votado «sí» ampliando el ámbito de investigación a los inicios. Somos bien conscientes, señorías. Les decíamos en la primera parte del debate que nosotros no tenemos miedo, y eso nos va a retrotraer a toda la historia del vertedero, a sus orígenes, sí, del año noventa y dos y -les insistía antes- al año noventa y cinco. Hasta les voy a decir una fecha: el 21 de junio del noventa y cinco (por cierto, con un gobierno en funciones del Partido Socialista). Y tendremos que ver también las subvenciones recibidas por la empresa (por cierto, con un gobierno socialista). Y las asesorías realizas por sus empresas asociadas, para redactar planes de todo el Gobierno de Aragón, y, una vez más, asesorías externas. ¿Hasta cuándo van a llegar esas asesorías? Pero, por cierto, también con el Partido Socialista como principal socio de gobierno.

¿Qué podemos reclamar u obtener con una comisión de investigación?, ¿qué cabe esperar de esta? Mucha gente piensa -incluso lo han transmitido en los medios de comunicación- que la capacidad de actuación de estos órganos es limitada. Pero yo quiero recordarles -y que no olvide nadie- que los comparecientes en esta comisión de investigación están sometidos a algunas normas y reglas del Código penal, y eso puede ser importante cuando se comparezca y cuando se declare en ellas. Es un poco la esperanza que tenemos para poder obtener esa transparencia a la que se hacía referencia con anterioridad.

Y quedan tantas consideraciones en el aire, quedan todavía tantas dudas, señorías, que por ello consideramos imprescindible que se intenten esclarecer con la mayor rapidez posible.

Nosotros hemos votado que sí por lo que este portavoz respondía hace un rato a los medios de comunicación: porque la propia Coja (Comisión Jurídica Asesora) -perdón por el nombre, porque realmente creo que es poco afortunado; sería mucho más lógico respetar a la Comisión Jurídica Asesora- dice que hay elementos de incertidumbre, porque los dos máximos representantes del Gobierno de Aragón han hecho declaraciones que añaden criterios de incertidumbre, y creemos que «incertidumbre» es la palabra clave para la génesis de esta comisión de investigación.

Por ello, nosotros hemos votado que sí a la proposición que firmamos inicialmente, porque las circunstancias que la generaron no han cambiado radicalmente, porque no se ha depurado, hasta ahora, ninguna responsabilidad política, y, sencillamente, señorías, porque sigue habiendo incertidumbre.

Muchas gracias, señor presidente.