El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL): Muchas gracias, señor consejero.
Pasamos al punto catorce del orden del día con la interpelación número 3/02, relativa a la política del Gobierno de Aragón en relación con el tratamiento de las harinas cárnicas en nuestra comunidad, formulada por la diputada del Grupo Parlamentario Popular señora Cobos Barrio.
Para exponer la interpelación tiene la palabra la señora diputada.
Interpelación núm. 3/02, relativa a la política del Gobierno de Aragón en relación con el tratamiento de las harinas cárnicas.
La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señor presidente.
Señorías, me hubiese gustado empezar esta interpelación dando gracias al Gobierno por la amabilidad, la destreza y la rapidez con que ha remitido...
El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL): Perdón, señora diputada.
Señorías, por favor, un poquito de silencio. Prosiga, señora diputada.
La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señor presidente.
Como decía, me hubiese gustado empezar esta interpelación dando las gracias al Gobierno por la amabilidad, la rapidez, la destreza y las ganas en enviar información parlamentaria al Grupo Popular, porque, como bien sabrá el Gobierno, le pedimos información al respecto para llevar a cabo esta iniciativa, y, aunque es cierto que están en plazo, pues no nos la han facilitado, y sí que sabían -lo sabían porque tenían conocimiento- que se iba a celebrar esta interpelación, con lo cual no hubiese estado de más que hubiesen tenido una deferencia con esta humilde diputada para que hubiese podido realizar todo lo satisfactorio que es posible esta interpelación. Pero, bueno, ¡qué se le va a hacer! Supongo que van a seguir con la máxima esta de «al enemigo, ni agua», y la verdad es que no nos gustaría que nos viesen como enemigos -en todo caso, como adversarios políticos-, porque estoy segura, estoy convencida de que alguna idea buena tenemos que tener, alguna idea tenemos que tener, y por lo menos podrían estudiar alguna de las propuestas que de vez en cuando les lanzamos.
Y el debate que traemos hoy a estas Cortes es un debate que en su día suscitó un gran movimiento social. No queremos ser alarmistas, no vamos a hacer absolutamente ninguna demagogia respecto a este tema, no vamos a levantar a la sociedad civil, porque creemos que hay que tratarlo con mucho respeto, creemos que hay que tratarlo con mucha serenidad y con mucha tranquilidad. Pero es un debate que ahí está, y hay que intentar dar algún tipo de solución, que no vemos que el Gobierno tenga una postura clara respecto a este tema.
El origen de esta movilización, como bien sabrán sus señorías, fue un convenio firmado por el Gobierno de Aragón el 11 de mayo con una empresa valenciana de cementos que tiene ubicada una cementera en la localidad de Morata de Jalón. Y en el convenio se firmaba, el 11 de mayo, una especie de adaptación de la cementera para proceder a la incineración de las harinas cárnicas -había que instalar previamente las instalaciones-. Y este convenio, como bien digo, como he afirmado, se firmó el 11 de mayo, y en él se recogía que la Diputación General de Aragón tenía que realizar una serie de inversiones, iba a colaborar en la realización de una serie de inversiones para adaptar esta cementera, estas instalaciones por valor de unos ciento cincuenta y cuatro millones de pesetas aproximadamente (es decir, hablando en euros, que es en lo que tenemos que empezar a hablar, novecientos veinticinco mil quinientos cincuenta y ocho). Y ahora parece -y subrayo lo de «parece»- que las intenciones del Gobierno han cambiado, y donde dije «digo» ahora digo «Diego».
Pues bien, con motivo de la aparición, de todos conocida, como digo, de la enfermedad de las vacas locas, hubo que tomar una serie de medidas. Había que proceder a la eliminación de lo que es el origen o la causa de esta enfermedad, que es la alimentación que recibían las reses, las harinas cárnicas. Y aquí el Gobierno, en esta comunidad autónoma, como en otras comunidades autónomas, apostó por la incineración y firmó el convenio que hemos señalado.
Fue entonces cuando en Morata de Jalón se formó una plataforma (la plataforma «Jalón vivo»). La alcaldesa de Morata, que es alcaldesa por uno de los partidos que se encuentran en el Gobierno, se puso del lado de la plataforma arengando contra el Gobierno por la pretensión de incinerar harinas cárnicas en Morata. Todos los habitantes de la zona se pusieron en contra, y el Partido Popular, a diferencia de lo que hacen otros partidos políticos, no mintió para conseguir votos, no malmetió -porque no es nuestro estilo- y se mantuvo tranquilamente viendo a ver lo que hacía el Gobierno, intentando apoyar, intentando buscar soluciones al mal de las vacas locas.
El caso es que ni a la plataforma, ni a la alcaldesa -que, como digo, es de uno de los partidos del Gobierno-, ni a los habitantes de la zona se les hizo caso en sus reivindicaciones. El señor Iglesias se mantuvo muy firme defendiendo la incineración, asegurando que no había ningún peligro, basándose en informes técnicos. Desde el Grupo Popular le agradecemos esa firmeza en las declaraciones y esa gran apuesta por la incineración porque, efectivamente, tenía una serie de informes; el señor Iglesias estaba convencido de que no había problema, de que había que incinerar y de que la solución al tema, sin ningún género de dudas, era la incineración y utilizar las instalaciones de la cementera ubicada en Morata de Jalón.
Luego, en estas Cortes se habló de moratoria, se habló de suspensión, pero ni las iniciativas de los grupos de la oposición -en este caso recuerdo una pregunta de Chunta- ni el movimiento ciudadano fueron capaces de mover de su posición al Gobierno. El Gobierno, encabezado por su presidente, tenía muy claro que había que incinerar en Morata a pesar de la presión social. Había firmado un convenio en este sentido y había que cumplirlo. Y, además, invertía para intentar remodelar estas instalaciones. Así que teníamos un proyecto, el Gobierno de Aragón tenía un proyecto -que ya estamos contentos con que tenga un proyecto- para solucionar uno de los problemas que hay en Aragón. Pero, claro, aquí la historia no acaba. Lo que no consiguen los ciudadanos, lo que no consiguen alcaldes de partidos en el Gobierno, lo consigue Izquierda Unida. Pero, atención, señorías, que lo que ha conseguido Izquierda Unida no es una moratoria -que es lo que en un principio algún grupo había pedido-, sino que parece ser que lo que ha conseguido ha sido el desistimiento, algo que sorprende en estas Cortes, algo que nos sorprende -sobre todo al Grupo Popular- porque en estas Cortes hemos oído al Gobierno que tenía muy claro incinerar, que se estaba haciendo «una instrumentalización política de estos asuntos» -y cito textualmente una contestación del señor consejero a la pregunta 360/01 en la Comisión de Agricultura de estas Cortes-. Y seguía diciendo el señor consejero: instrumentalización política que «trae muy malas consecuencias y pocos beneficios políticos, y le aseguro que lo dice alguien que tiene experiencia en este tipo de situaciones». Ya lo creo, señor consejero, que tiene experiencia en estas situaciones de instrumentalizar. Y sigo con la transcripción: «Se produce un daño terrible en la convivencia y, más tarde, se llevan a cabo las cosas, como se va a llevar a cabo aquella». Entonces, usted se estaba refiriendo -para el interés de todos los diputados de esta cámara y que sepan de qué estamos hablando- a la macrocárcel de Zuera. Y el señor consejero se seguía sorprendiendo, se seguía sorprendiendo de que en esta sociedad se fomente una inquietud basada en criterios políticos -de qué me sonará a mí esto- y apostaba por la incineración, como apostó el presidente Iglesias.
Izquierda Unida también preguntó, y la respuesta, en este caso escrita, que dio el señor consejero el 28 de septiembre fue la siguiente: «El Gobierno de Aragón desarrollará el contenido del convenio mientras el plan de controles establecidos confirme la seguridad del proceso...», etcétera, etcétera. Es decir, que ustedes, el 28 de septiembre, seguían apostando firmemente por la incineración, seguían apostando por utilizar las instalaciones de Morata para incinerar, desoyendo, desatendiendo al movimiento ciudadano.
Pero hete aquí que llega el 31 de octubre y firman ustedes un pacto de gobernabilidad con Izquierda Unida. Y lo que hace un mes era palabra de Dios y el señor Iglesias defendía con ardor en esta cámara se torna en desestimar la opción de la incineración, y es el punto número cinco del pacto en materia de política de medio ambiente del pacto de legislatura que ustedes han firmado con Izquierda Unida. Y entonces se debate una proposición no de ley en esta cámara y se pone de manifiesto que, efectivamente, han cambiado de criterio -inamovible en su momento-, y dicen que una moratoria realmente no aporta nada claro, y, efectivamente, no aportaba nada. Si en un mes hemos cambiado de opinión, y lo que era palabra de Dios y lo que era la solución a todos nuestros males resulta que en un mes ya no lo es y que hay que suspender, pues, bueno...
Entonces, nuestra pregunta es: y entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que ha hecho cambiar de opinión al Gobierno de Aragón, al señor Iglesias, sobre la incineración en Morata de Jalón y la incineración en general? Nos preguntamos si es el permanecer en el sillón. ¿Esta es la voluntad firme del señor Iglesias a la hora de tomar posiciones en un tema? Claro que ya estamos acostumbrados a los bandazos que da el señor Iglesias sin ningún tipo de empacho, como ocurre con el Plan hidrológico nacional. Con lo cual, ¿qué credibilidad merece el presidente Iglesias en nuestra comunidad? Tenemos que pensar que, efectivamente, la única razón que le mueve es su permanencia en el sillón de presidente del Gobierno, y la verdad, señores del Partido Socialista, que ustedes tienen una obsesión con los sillones en esta comunidad que deja mucho que desear. Porque, claro, ustedes están reclamando un diálogo y ustedes luego no ofertan ese diálogo ni atienden a lo que otros movimientos están haciendo. ¿Por qué a los habitantes de Morata no se les ha hecho caso? ¿Por qué sí a Izquierda Unida para alcanzar este pacto de gobierno? Esto, al fin y al cabo, lo único que hace es reforzar lo que ya pensábamos, lo que está ya en la mente de todos, y es que, efectivamente, al Partido Socialista, la opinión del pueblo aragonés no le importa y que lo único que hace es instrumentalizarla en beneficio propio.
Por otro lado, si tenemos en cuenta las afirmaciones del señor Alonso en estas Cortes y el pacto firmado de Izquierda Unida, debemos suponer que el convenio que ustedes firmaron el 11 de mayo ha quedado rescindido. Nos gustaría saber si efectivamente es así, que el convenio ha quedado rescindido. ¿Qué va a pasar entonces con el dinero que presuntamente ha invertido el Gobierno de Aragón? Porque tenemos entendido que ciento cincuenta y cuatro millones de pesetas los ha invertido. Porque, claro, si no van a utilizar el dinero para los fines que se establecían, ustedes han tirado el dinero, lo han despilfarrado, y es dinero de todos los aragoneses. Y es que esto es un concepto que el Partido Socialista no debe de tener claro, pero el dinero de todos los aragoneses, el dinero público es, precisamente, para destinarlo y gestionarlo a favor únicamente del administrado, no en propio beneficio del Partido Socialista.
Y otra cuestión que nos preocupa es, si se rescinde el convenio unilateralmente, si nos va a costar algún tipo de dinero. Es decir, además de los ciento cincuenta y cuatro millones de pesetas, si además nos va a costar más dinero a los aragoneses. Porque, claro, además, si rescinden este convenio unilateralmente porque a ustedes les conviene, ¿qué credibilidad va a tener el Gobierno a la hora de firmar acuerdos con alguna empresa? ¿Ustedes creen que les van a creer y que van a tener certeza a la hora de venir? Porque, claro, ustedes lo rescinden unilateralmente cuando les conviene...: pues ya me dirán ustedes si las empresas van a apostar para venir o no venir aquí.
Y, por supuesto, lo no menos importante, la cuestión no menos importante: ¿cuál es la solución que van a dar a las harinas cárnicas? Porque nosotros no tenemos nada claro que ustedes realmente hayan desestimado -como dice en el pacto de Izquierda Unida- la incineración. Y ya me imagino que me lanzará balones fuera y dirá que han cambiado de postura porque el Gobierno central, claro, ha dejado de... Sí, sí, no, si ya lo sé que me lo va a decir, estoy convencida. Como siempre, en esta comunidad autónoma, todos los problemas los tiene el Gobierno central, a pesar de que ustedes tengan muchísimas competencias en exclusiva y que no ejercen de ninguna de las maneras.
Nos gustaría que nos respondiese a estas cuestiones, sobre todo porque hoy se cumplen, precisamente, cien años..., perdón, cien días, cien días -afortunadamente son cien días- del tripartito, y nos gustaría que nos aclarase la postura. ¿Van a cumplir con el convenio firmado con la empresa de cementos? ¿Van a cumplir con el pacto firmado con Izquierda Unida? Porque, claro, con los dos es imposible, son incompatibles. Porque, o pagarán para nada, es decir, pagan lo firmado en un convenio con la cementera y no incineran, con lo cual hemos tirado -o, perdón, han tirado, que lo han tirado ustedes- el dinero, o incumplen lo firmado con Izquierda Unida. Y en este momento me vienen a la memoria -y lamento que no esté en estos momentos- las palabras del señor Lacasa cuando ayer recomendaba al Partido Socialista: «No se fíen ustedes del PP porque no cumplen lo que firman». Y más le vale al señor Lacasa no dar estos consejos, porque ya ve lo que le pasa con lo que firma. O también recuerdo los de la señora García Castelar, también en el Pleno de ayer: «El Gobierno es respetuoso con los acuerdos que firma. Si se firma que se hace, se hará». Me gustaría saber cuál de los dos.
Gracias, señor presidente.
El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL): Muchas gracias, señora diputada.
Para respuesta por parte de la Diputación General de Aragón tiene la palabra el consejero de Agricultura, señor Arguilé.
El señor consejero de Agricultura (ARGUILÉ LAGUARTA): Señor presidente.
Señorías.
Permítanme, señorías, antes de entrar en la materia de la interpelación, aunque ya lo saben todas sus señorías por una información muy exhaustiva que ha aparecido en los diarios, decirles -porque yo creo que obliga a decírselo a ustedes aquí solemnemente- que ha aparecido el primer caso de encefalopatía espongiforme bovina en Aragón.
En este asunto, yo creo que nos queda mucho que investigar porque estamos ante un caso extraño, muy extraño. Muy extraño porque se trata de una vaca de leche frisona de cinco años y medio nacida en esa explotación; se trata de un animal que ha consumido, de manera garantizada, piensos exentos de harinas cárnicas de Agropienso y de una planta de Lérida últimamente, y, naturalmente, su muerte no ha sido consecuencia de la encefalopatía, sino que la vaca murió por la ingestión -creemos- de un objeto punzante -puede ser un alambre de una paca de alfalfa- que le perforó el intestino. Y, como consecuencia de esa muerte y de que, además, era una vaca mayor de cinco años, hicimos los tests correspondientes y dieron positivo los dos. Pero todavía tenemos que decir que es sospechosa, que todavía no está en firme, porque tenemos que esperar el resultado del laboratorio de Algete, de Madrid, y del histopatológico que hacemos aquí en el laboratorio de referencia. Pero parece ser que dará positivo. Nosotros estamos un poco extrañados y preocupados porque es una explotación debidamente saneada, muy bien llevada, exenta de todo tipo de enfermedades y, como digo, consumiendo pienso que está fuera de toda sospecha. Por lo tanto, aquí los científicos tendrán que afinar y saber de dónde proviene este tipo de enfermedad.
Sólo quería decirles esto porque me parece que obligaba a decirlo.
Y, por lo tanto, ya enlazando con la interpelación, fíjense ustedes si estamos un poco en pañales en el tema del origen de esta enfermedad, de la encefalopatía espongiforme bovina. No sabemos qué ocurrirá en el futuro, ni en el futuro más inmediato ni en el futuro más lejano, con la investigación de esta enfermedad, de la encefalopatía. Los científicos se resisten muchas veces, después que han dicho algo, a rectificar, pero no me extrañaría que estuviésemos ante un caso que en algo tuviesen que rectificar, porque están produciéndose casos, como ocurrió también en Navarra, con vacas de pasto, que tampoco tenía ningún sentido que apareciese la enfermedad en aquellos animales.
Pero, ya digo, entrando en la interpelación, señor presidente, me gustaría remontarme un poco a los antecedentes. Se acordarán sus señorías de que, a finales del año 2000, la Unión Europea determina prohibir la harina de procedencia animal a incluir en la cadena alimentaria. Y eso, naturalmente, aquí causa un problema -como en todos los sitios, como en todos los países de la Unión Europea-, causa un problema enorme porque, naturalmente, al no aprovechar las harinas animales para piensos, quedaban desvalorizadas y, por lo tanto, pasaban a ser un residuo.
En principio, como la encefalopatía vivía su esplendor a finales de 2000, se había hundido el mercado de la carne, se había hundido el precio, y, naturalmente, tanto las industrias cárnicas como los ganaderos estaban en una situación bastante lamentable para hacer frente a un coste añadido como era el procesar un residuo como iban a ser, a partir de entonces, las harinas animales que no se aprovechasen para animales de compañía o para piscifactorías.
Por lo tanto, ante esta situación se produjo una amenaza de plante de todos los mataderos e industrias cárnicas y de los ganaderos, porque, si no retiraban los despojos, naturalmente tenían que parar al día siguiente, porque sería imposible trabajar. Ante esta amenaza de plante, el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas estuvimos reunidos casi de manera permanente para tratar de hallar una solución. En principio, en el mes de diciembre, el Ministerio de Agricultura se responsabilizó de retirar las harinas animales hasta el 31 de diciembre.
Entre tanto, negociábamos las comunidades autónomas la forma de financiarlo para el período que la Unión Europea había fijado de prohibición de introducción de las harinas animales en la cadena alimentaria, que eran seis meses. La negociación arrojó que las comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura financiarían al 50% este trabajo: intervenir las harinas a partir de entonces. Pero el Ministerio de Agricultura, anticipándose, y de manera unilateral, trató con la asociación Anagrasa el precio de la retirada de estas harinas y negociaron un precio de cuarenta y dos pesetas. A todas las comunidades autónomas, sin distinción de partidos políticos, nos pareció una barbaridad esta negociación con una asociación que, naturalmente, ante sus asociados se quería apuntar un tanto de buena negociación, y, por lo tanto, pusieron un precio muy alto. Pero negociaron este precio para las harinas que ya no se podían aprovechar. Ya digo, se seguían aprovechando a partir de ese momento para animales de compañía y piscifactorías, pero no así para el resto de la cadena alimentaria; por lo tanto, tenían que ser destruidas e intervenidas por el Estado o por las comunidades autónomas y financiadas por las dos administraciones al 50%.
Estas cuarenta y dos pesetas que el MAPA negocia en solitario, como digo, hasta el mes de diciembre había financiado al 100% el MAPA la retirada de las harinas, y a partir del 1 de enero entrábamos a financiarla el 50% cada uno. Hasta el 31 de diciembre, aquí en nuestra comunidad, las harinas que retiraba el MAPA las vertía en el vertedero de Valmadrid a 1,80 pesetas. Forzados por el convenio de Anagrasa y el ministerio, las comunidades autónomas suscribimos esta financiación que les acabo de relatar también con idea de verterlas en vertedero a ese precio de 1,80. Pero, aun así, las comunidades autónomas negociamos bilateralmente con cada una de las empresas que teníamos en nuestro territorio, y nosotros pudimos bajar cuatro pesetas ese precio; bajamos a treinta y ocho pesetas. Ya no tuvimos que pagarlas a cuarenta y dos; bajamos cuatro pesetas. Y negociamos en el vertedero también hacerlo a 1,80, y así negociamos.
Cuando empezamos a verter en Valmadrid, tuvimos muchísimos problemas -muchísimos problemas- negociando con el Ayuntamiento de Zaragoza. Les vuelvo a repetir que me parece que en alguna ocasión les he dicho que en el vertedero de Valmadrid ya se vertía en ese momento material MER en chicharro por la empresa FOCSA, y ni el ministerio hasta el 31 de diciembre tuvo ningún problema para verter, ni FOCSA, vertiendo chicharro de Mercazaragoza, tuvo problemas ni tiene problemas en este momento.
Sin embargo, a nosotros se nos ponen problemas para verter a partir del 1 de enero. Sí, señoría. Y negocié una negociación muy ardua y muy dura con el Ayuntamiento de Zaragoza, con todos los grupos políticos, para tratar de que aquello se permitiera. Al final llegamos a un acuerdo que tenía el siguiente tenor: permitiría verter harinas en el vertedero de Valmadrid el Ayuntamiento de Zaragoza a 1,80 en tanto en cuanto firmásemos con Oficemen o con la cementera un convenio, es decir, para que aquello tuviese caducidad. O sea, que no fuese para siempre verter en el vertedero de Valmadrid, sino que, si nosotros firmábamos un convenio, nos permitirían verter hasta marzo del año 2001. Y, por lo tanto, mientras esto ocurría, en Madrid negociábamos -en una de las negociaciones, por la cosa de la columna, estuvo el consejero de Sanidad- el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente y todos los consejeros este tema; y ahí, de esas reuniones, se produjo un real decreto que indicaba que la mejor forma de eliminación de las harinas era la incineración.
En el momento en que ese decreto está ya puesto en marcha y en el momento en que ya teníamos esa alternativa y que había muchas dificultades para optar por otras, nos vimos en la obligación, naturalmente, de empezar a negociar con la cementera. Nos vimos en la obligación, y criticamos todas las comunidades autónomas este hecho por una sencilla razón: porque era una obligación para cinco años y era un precio -el que había negociado también el Ministerio de Agricultura con Oficemen- excesivo (eran trece pesetas). Una cosa es que hiciéramos lo de los franceses, que pagan por quemar, pagan las cementeras, no cobran, porque estamos sustituyendo el 10% del combustible que usan -no estamos haciendo otra cosa-. Yo lo critiqué desde el primer momento no desde el punto de vista medioambiental, sino desde el punto de vista económico. Trasladar un coste tan elevado para la eliminación de las harinas me parecía un exceso muy, muy grande y un aprovechamiento de la situación. Y, además, si había un plan de choque para seis meses, ¿cómo se podía firmar un convenio para cinco años? ¿Por qué la Unión Europea se tenía que pronunciar a los seis meses? Pero no nos quedó otra vía, porque las dificultades eran todas para verter las harinas, y, si no firmábamos, no podíamos ni siquiera verter las harinas en el vertedero de Valmadrid. Así que empezamos a negociar, con todas nuestras críticas a lo que resultase de esa negociación.
Nosotros tratamos de liberarnos un poco del compromiso. ¿Mediante qué? Aportando una parte importante a la fábrica para la implantación de los equipos que tenían que poner para quemar las harinas, que tenían un coste estimado en principio en más de doscientos millones -luego resultó ser bastante menos-, y acometimos esa forma de negociación, de manera que, si se alargaba en el tiempo, se nos quedase en nueve pesetas solamente el coste de la incineración de las harinas.
La construcción de esos implementos en la fábrica iba a llevar bastante tiempo, con lo cual teníamos que buscar una alternativa en los vertederos. Buscamos la alternativa y la encontramos en el pueblo de Épila, que desde aquí agradezco al alcalde su colaboración excelente, que, si no, nos hubiéramos visto obligados no sé a qué, porque no hubiéramos podido verter las harinas producidas aquí, en nuestra comunidad autónoma, ya digo, mientras se están vertiendo los residuos de Mercazaragoza. Pero, en fin, encontramos a un alcalde razonable y pudimos verter en Épila.
Entre tanto, los MER que gestionábamos en Valencia y en Madrid, los valencianos y los madrileños nos dejaron transformar allí; ellos se encargaban de todo y, una vez pasados los primeros meses de crisis, ya ellos asimilaron también las harinas y ya no volvían para Aragón, porque, en principio, volvían también las que procesábamos en esas comunidades autónomas.
Por lo tanto, todas estas dificultades nos llevaron a estas decisiones. También decirle a su señoría y a todas sus señorías que estuvimos negociando una parte importante también de los residuos, que son los cadáveres. Y saben sus señorías que aquí llegamos a un acuerdo con el Ministerio de Agricultura: un tercio del procesado y de la recogida lo abonaría el ministerio, un tercio los ganaderos y otro tercio la comunidad autónoma. La comunidad autónoma asumió los dos tercios, el del ganadero y el de la propia comunidad autónoma, de manera que en medio de una crisis no le costase tanto al ganadero pagar esa retirada y ese procesado de cadáveres.
Pasaron los seis meses, señoría, pasaron los seis meses, y la Unión Europea dijo que esto continuaba. En esos seis meses, otros países habían trabajado en varias direcciones; cada uno se buscaba la vida como podía. Aquí en España, desafortunadamente, no se hizo nada.
Este consejero que les está hablando propuso, en una conferencia sectorial, que se estableciese un impuesto para gestionar en el futuro, sin coste para el Estado ni para las comunidades autónomas, las harinas, los despojos. Parece que hubo una consulta al Ministerio de Economía, y la rechazó diciendo que no había posibilidad de poner un impuesto que derivara en el destino que se le quería dar.
El subsecretario de Agricultura, que procede del Ministerio de Hacienda, le rebatió diciendo que en ese momento se aplicaban los impuestos de carburantes, que eso sí que era rizar el rizo (poner un impuesto en los carburantes y dedicarlo a la sanidad, por ejemplo), pero que este no lo querían poner, ni lo pusieron.
Todos los consejeros opinaban que, si no se hacía eso u otra medida -una tasa-, el coste de la gestión, si no lo tomaban las administraciones, recaería en los ganaderos, porque era el punto más débil.
El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL): Señor consejero, por favor, vaya concluyendo.
El señor consejero de Agricultura (ARGUILÉ LAGUARTA): Voy concluyendo, señor presidente.
Estamos en la situación actual, derivada de aquello, y en septiembre, ante la negativa del ministerio a implantar un impuesto, deciden ya que las administraciones nos retiremos de la intervención de las harinas sin una alternativa clara.
Naturalmente, eso se materializa a finales de 2001. Las administraciones ya no intervienen las harinas, las administraciones ya no somos los tenedores de las harinas, señorías, no somos propietarios de las harinas: los propietarios son los privados, los gestores de este residuo. Por lo tanto, quien ha tomado la primera decisión de romper un contrato al cual nos abocó el propio ministerio ha sido el ministerio, retirándose de la intervención. Es decir, en estos momentos son los privados los que tienen que buscar la destrucción de las harinas, y el que incumplió, en principio, el contrato con Oficemen y con cada una de las cementeras con las que suscribimos contrato ha sido el Ministerio de Agricultura, señoría, los primeros. Porque ya me dirá usted: nosotros ahora, sin harinas, ¿dónde las llevamos a quemar? Si es que no tenemos, no tenemos harinas, no intervenimos las harinas. Señoría, se acabó: es de los privados.
El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIERDO): Señor consejero, se le acaba el tiempo.
El señor consejero de Agricultura (ARGUILÉ LAGUARTA): Voy terminando. Una pinceladita solo, señor presidente.
Por lo tanto, señoría, en lo que usted me dice, rechazamos el sistema -se lo digo- por caro, rechazamos porque la valorización solo repercutía en la cementera, en beneficio de la cementera; no hay beneficio para quien proporciona ese 10% de combustible: se lo quedaba la cementera. No incineramos porque el ministerio se retira de la intervención -téngalo en cuenta, señoría: se retira el ministerio de la intervención- y porque hay una resolución de las Cortes que nos indica que nos retiremos por un conflicto social, efectivamente, y también por un pacto con Izquierda Unida. Todos esos elementos confluyen, naturalmente, en la decisión.
Ni apostamos, como dice usted, por este método -desde el principio no aposté yo por este método-, ni hemos rescindido el contrato, señoría -el contrato permanece-, ni hemos incumplido ese contrato, porque lo hemos negociado con Valenciana de Cementos.
Gracias, señor presidente.
El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIERDO): Gracias, señor consejero.
Señora Cobos, tiene la palabra.
La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señor presidente.
Ya sabía yo, señor consejero, que no me iba a contestar absolutamente a nada de lo que le he preguntado. Y mire que he sido clarita, porque he sido muy clarita: ¿se van a incinerar las harinas en la cementera de Morata aprovechando la inversión realizada de ciento cincuenta y cuatro millones de pesetas, y con la seguridad dada en esta cámara por el presidente del Gobierno de Aragón de que no se producen dioxinas? Y, en su caso, ¿cuándo se va a incinerar? Esta es la pregunta que nos gustaría a todos los aragoneses que nos contestase.
Mire, señor consejero, es que no le podemos creer absolutamente nada de lo que nos ha dicho. Nos dice que, como el ministerio ha abandonado, ustedes abandonan. Y, entonces, ¿por qué firman ustedes un convenio el 5 de diciembre de 2001 con la empresa con la que firmaron el 11 de mayo para garantizar la flexibilidad de los pagos que debe realizar la Diputación General de Aragón? Porque, claro, están modificando un convenio que firmaron ustedes el 11 de mayo, y lo que hacen es, simplemente, modificarlo para tener mayor flexibilidad en los pagos. Porque este convenio está aquí, está en el registro de la Diputación General de Aragón, y es posterior al pacto de Izquierda Unida.
¿Me quiere decir qué les hace cambiar del sí a la incineración el 28 de septiembre con la rotundidad del presidente Iglesias al no a la incineración el 31 de octubre porque firman ustedes un pacto con Izquierda Unida? ¿Seguimos manteniendo que sí a la incineración el 5 de diciembre?
Ustedes me van a decir cómo lo van a explicar, porque yo, de verdad, no lo entiendo. Y no es que no lo entienda yo: no lo entiende absolutamente nadie en esta comunidad, que en cuestión de mes y medio han cambiado ustedes tres veces de postura. Y esto es lo que ustedes firman: el convenio y, por supuesto también, el pacto con Izquierda Unida.
Y mire, señor consejero, estamos convencidos de que están engañando a todos los aragoneses. Porque una de dos: o van a cumplir el convenio que han firmado con la cementera, o van a cumplir el pacto con Izquierda Unida; pero las dos cosas es imposible que ustedes las vayan a cumplir, es imposible, porque son totalmente incompatibles entre sí. Así que, o nos están engañando a todos los aragoneses, o simplemente están engañando a Izquierda Unida. O quizá el engaño a Izquierda Unida no sea tal, y simplemente hacen lo que el señor Catalá ayer decía acusando al Partido Popular: «Ustedes realizan magníficas escenificaciones para luego no cumplir absolutamente nada de lo que firman». Claro, yo en esos momentos pensé: «Cree el ladrón que todos son de su condición». Efectivamente, el Partido Socialista, junto con Izquierda Unida, ha escenificado un gran escenario -actor el señor Lacasa con el señor Laviña, actor el señor presidente del Gobierno de Aragón- para firmar algo que no van a cumplir.
Si además ya lo puso de manifiesto ayer algún que otro portavoz: están firmando ustedes puntos de un acuerdo que saben perfectamente que no se van a cumplir, única y exclusivamente para que el señor Iglesias se mantenga en el sillón, engañando a todos los aragoneses, malinvirtiendo el dinero de todos los aragoneses -que no es suyo-, y, encima, son tan demagogos de pedirnos a nosotros explicaciones y pedirnos unanimidad en los criterios. Pero ¡si son ustedes los primeros que no los cumplen!
Le vuelvo a repetir otra vez la pregunta por si no le ha quedado muy clara: ¿se van a incinerar las harinas en la cementera de Morata de Jalón aprovechando la inversión de ciento cincuenta y cuatro millones realizada, y con la seguridad dada en esta cámara por el presidente del Gobierno de que no se producen dioxinas? Y, en su caso, ¿cuándo se va a incinerar?
Aquí está la pregunta, y contéstemela. No me vuelva a contestar otra vez la misma pregunta que le hizo el señor González Barbod en la Comisión de Agricultura, que es lo que ha hecho en la primera intervención.
Agradeceríamos mucho todos los aragoneses que gestionasen las competencias, que nos contestasen a las preguntas y, sobre todo, que de una vez dejen de mentirnos y de hacer la más absoluta de las demagogias en esta cámara.
Gracias.
El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIERDO): Muchas gracias, señora Cobos.
Señor consejero, tiene la palabra.
El señor consejero de Agricultura (ARGUILÉ LAGUARTA): Señor presidente.
Señoría, yo creo que usted es un poco pretenciosa al hablar de todos los aragoneses. Hable de una parte de los aragoneses, no hable de todos, porque una parte representamos nosotros, el PAR otra, Chunta otra, Izquierda Unida otra y otra ustedes. No sea tan pretenciosa.
Y, para contestarle a su pregunta, señoría, le haría yo otra pregunta: ¿qué harinas vamos a quemar? No tenemos harinas, señoría. Conoce usted este escudo, verdad. Este es el convenio marco del MAPA con Oficemen, el cual nos encuadra en un acuerdo marco a todas las comunidades autónomas a firmar con cada una de las cementeras. Este es el MAPA, y el MAPA incumple este acuerdo marco al retirarse de la intervención de las harinas.
Señoría, nosotros, en esta comunidad autónoma, en los presupuestos de la comunidad autónoma, reservamos una partida para intervenir seis meses las harinas y en tanto en cuanto se tomaban medidas [el diputado señor GIMENO FUSTER se manifiesta desde su escaño en términos que resultan ininteligibles] -no sea usted descortés, por lo menos- para llegar a un acuerdo entre todas las comunidades autónomas y el MAPA en la financiación mediante un impuesto o una tasa.
Ahora hay una medida voluntarista, absolutamente voluntarista, que no han firmado todos los agentes, del MAPA en traspasar el coste de las harinas a los consumidores, voluntarista a través de una orden ministerial, absolutamente voluntarista, no obliga a nadie; por lo tanto, no sé quién va a pagar al final esto. Lo que sí le aseguro, señoría, por si no le ha quedado claro, es que las harinas, en estos momentos, no están en manos de ninguna Administración, y, por lo tanto, los agentes privados que procesan este tipo de residuo tendrán que buscar allá donde más barato les procesen este residuo, señoría, porque a lo mejor puede ser que el que aquí fabrica harinas encuentre un procesado de esos despojos más barato en Galicia o en Castilla-La Mancha o en Castilla y León o en Cataluña. Él se va a buscar la vida, señoría; nosotros no podemos quemar harinas porque no tenemos harinas en este momento.
Nada más, señor presidente.