Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

El siguiente punto del orden del día es el debate y votación de la moción número 17/01, dimanante de la interpelación número 36/01, relativa al anteproyecto de ley de universidades, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mixto).

Para su defensa, tiene la palabra el señor Lacasa.

Moción núm. 17/01, dimanante de la interpelación núm. 36/01, relativa al anteproyecto de ley de universidades.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor presidente.

Teníamos ocasión el pasado 22 de junio –por cierto, en la última comparecencia en Pleno de la anterior consejera de Educación y Ciencia, la señora Alejos-Pita– de provocar un debate sobre el entonces anteproyecto de ley de universidades. La preocupación de nuestro grupo era importante en aquel debate y creo que la preocupación de la cámara lo sigue siendo a fecha de hoy porque es raro que un proyecto tan estructurante y tan decisivo como puede ser un proyecto de ley que va a regular el funcionamiento y la vida de nuestras universidades públicas y privadas en estos momentos cuente con un grado de oposición social de tal tamaño y, por supuesto, un grado de oposición política que en estos momentos nos hace llegar a la conclusión de que es imprescindible provocar una reflexión, en esta cámara, por supuesto, pero trasladarla a los poderes centrales para que reflexionen y piensen bien el paso que están iniciando, que están acometiendo.

Recordábamos en ese debate como la Conferencia de rectores de las universidades españolas, el 22 de mayo, se pronunciaba por unanimidad en contra del anteproyecto de ley de universidades diciendo cosas tan serias como que afectaba al derecho constitucional de la autonomía universitaria, diciendo que el texto era reglamentista, marco rígido y uniformista, y que el reparto de responsabilidades no se correspondía con la realidad competencial actual. Además, hablaba de problemas para la carrera académica y en la dirección de los centros. Por tanto, tocaba distintas partes más sustanciales del proyecto y, de alguna manera, emitía un mensaje muy desfavorable.

Pero, si alguna duda nos quedaba, por centrarnos más en nuestra comunidad autónoma, creo que la conferencia del rector de la Universidad de Zaragoza en esta cámara, don Felipe Pétriz, fue ya reveladora y decisiva de cuál era el punto de vista de nuestra Universidad en torno a ese anteproyecto de ley. Y el recordaba ese acuerdo de Junta de Gobierno del pasado 17 de mayo en el que se exigía, se solicitaba una moratoria para la aprobación de la ley puesto que, por las condiciones actuales en las que venía, era un proyecto absolutamente indeseable. Opinaba nuestra Junta de Gobierno que el anteproyecto politiza los órganos de gobierno de la Universidad, no establece compromisos financieros, no estructura la carrera docente, favorece a las universidades privadas, no hace mención sobre mejoras en investigación, etcétera. Estos eran elementos que evidenciaban bien a las claras que el rechazo era generalizado, no se correspondía con un único sector político o social, sino que era extensible a toda la comunidad universitaria en un ámbito bastante amplio en esa perspectiva.

Desde Izquierda Unida hemos hecho una reflexión, un análisis sobre el contenido de este anteproyecto de ley. Es cierto que hubo algún cambio, alguna modificación en el transcurso, muy pequeña, pero creemos que ni siquiera esa pequeña modificación que se estableció en el proceso de tramitación del anteproyecto en estos momentos sirve para excusar y para iniciar el debate parlamentario en las Cortes Generales. Nosotros entendemos que este proyecto de ley presenta en estos momentos diversas contraindicaciones.

En primer lugar, desde luego, supone un impulso a la privatización de la enseñanza superior y de la investigación universitaria. Facilita extraordinariamente la creación de universidades privadas, es algo que está clarísimo, que está en la intención del Partido Popular que prolifere el modelo de universidades privadas, con –todos sabemos– el problema de falta de control social y de problemas en la calidad de la educación que esto puede suponer, e incluso otorga presencia –y así está en el artículo 30 del proyecto– en el Consejo de Coordinación Universitaria de todos los rectores de las universidades privadas de España.

Nosotros consideramos también que tiene efectos perjudiciales, perniciosos desde el punto de vista del acceso de los estudiantes a la Universidad. El proyecto establece en el artículo 42 las pruebas, que en cada universidad serán diferentes, para establecer la evaluación de los alumnos en cada momento, y, además, con la amenaza pendiente, que no está desarrollada pero sí indicada, de una prueba de reválida que la ministra planteaba como final de los estudios no universitarios. De alguna manera, nos encontraríamos con un doble proceso selectivo, parece ser (reválida y pruebas específicas en cada universidad), con lo cual el acceso se hace más complejo, puede tener más elementos de discrecionalidad y más elementos de desigualdad social en el acceso a la Universidad.

Desde el punto de vista laboral y de carrera docente, también presenta enormes contraindicaciones. Prácticamente el 50% de la plantilla profesoral, de la plantilla docente o investigadora en las universidades va a poder ser con personal no funcionario y con unos índices de precariedad y de baja calidad en el empleo verdaderamente preocupantes. Aparecen –y el artículo 48 se dedica a hablar del profesorado– numerosísimas tipologías de profesorado: profesor ayudante, profesor ayudante de doctor, profesor colaborador, profesor contratado doctor, profesor asociado y profesor visitante. Todos ellos son contratados en distintos regímenes laborales y, por lo tanto, eso establece una enorme diversidad de situaciones laborales que, desde luego, no van a redundar en un mejor clima laboral, en un mejor clima de aprovechamiento de los recursos humanos; en nuestra opinión, va a suponer discriminaciones y va a suponer incertidumbres en torno al profesorado.

Establece también la posibilidad de contratos de obra y servicio; por lo tanto, estamos hablando de un fenómeno clarísimo, evidentísimo de precarización de la carrera docente. Además de que todo el tema de la implantación de un sistema de habilitación nacional para el profesorado establece serias dudas en cuanto al reparto de competencias entre poderes centrales y poderes autonómicos, e incluso en cuanto a la idoneidad de ese procedimiento de habilitación como el más adecuado para que cada universidad seleccione al profesorado.

Junto con esto (aspectos relativos al alumnado, aspectos relativos al profesorado, aspectos relativos a la privatización de la Universidad), hay aspectos también muy preocupantes en cuanto a la disminución del grado de autonomía universitaria, a la falta de participación o a la merma en la capacidad de participación y decisión de los sectores universitarios, y aspectos relativos al juego –digamos– de poderes dentro del entramado institucional de la Universidad.

Por una parte, primero el Gobierno lanzó una idea de que en los órganos de gobierno de la Universidad, directo, en lo que se llamaría ahora «Consejo de Gobierno», anterior «Junta de Gobierno», estuvieran presentes poderes externos, por así decirlo, a la Universidad, y eso claramente apuntaba también en la línea privatizadora que nosotros indicábamos, estaba clarísima la voluntad de que en la gestión académica de la Universidad participaran no sólo la comunidad universitaria, sino que pudieran entrar de alguna manera elementos externos y seguramente elementos empresariales como elementos más destacados, en ese fenómeno de mercantilización y privatización. Pues bien, puesto que hubo un rechazo frontal a esta situación, el Gobierno ha decidido una solución salomónica pero, desde nuestro punto de vista, absolutamente indeseable, y es la que aparece en los artículos 14 y 15, artículo 14 del Consejo Social y art. 15 del Consejo de Gobierno.

Y, de alguna manera, lo que viene a decir es perfecto: el Consejo Social es un compartimiento estanco para la comunidad universitaria, se estructura como un organismo que tiene amplias facultades, como todos sabemos, en aspectos presupuestarios, en aspectos muy importantes en la Universidad, de titulaciones, etcétera; en el Consejo Social de la Universidad sólo entrarán sectores externos a la Universidad, a la propia Universidad. Eso puede entrar en colisión con el grado de autonomía universitaria. No habrá participación como hay ahora, no hay banco académico previsto en el Consejo Social, solamente estará presente el rector, secretario general, con voz pero sin voto. Es una situación que puede llevar –y es una grave irresponsabilidad que este Gobierno está planteando en estos momentos en las Cortes Generales– al enfrentamiento entre órganos de gobierno de la Universidad, puede producirse un enfrentamiento entre el Consejo Social, ajeno al devenir cotidiano de la gestión universitaria, y el otro organismo, el Consejo de Gobierno, en el cual, finalmente, el Partido Popular aceptó no introducir elementos externos a la gestión universitaria pero poniendo como contrapeso, como decía antes, el que, en el Consejo Social, el banco académico desaparezca. Creemos que todo esto es absolutamente contraproducente, que va a suponer contradicciones, pugnas y no va a suponer, desde luego, una mejora en la gestión en esta dirección.

En el claustro establece una absoluta incertidumbre en cuanto a la representación de distintos sectores, no sólo académicos, me refiero a otros sectores de la Universidad, como son estudiantes, personal de administración y servicios, o incluso el profesorado no permanente de la propia Universidad.

No sólo está esta cuestión, sino que también hay un elemento novedoso que se introduce de mayor presidencialismo, como es la elección directa por sufragio universal ponderado –es decir, no valdrá lo mismo el voto de cada miembro de la comunidad universitaria, valdrá en función del colectivo al que se adscriba, sea profesor, sea estudiante, sea personal de administración y servicios– del rector por un sistema presidencialista, por un sistema de elección directa y, por lo tanto, con dificultad para su control, con dificultad para su encaje en un sistema democrático de gobierno en esta Universidad.

Por lo tanto, todos estos elementos están planeando sobre este proyecto de ley. Pero es que vemos que el Gobierno tiene muy claras las ideas de privatización, tiene muy claras las ideas de lucha de poderes dentro de la Universidad pero, sin embargo, no está dispuesto a hacer lo que la Universidad sí le está demandando, y es que en paralelo a todo esto se hable de un modelo de financiación que establezca unas pautas que desde el Gobierno central –y en este caso trasladado al parlamento del Estado– pueda de alguna forma establecer o aclarar unos procedimientos de financiación que pudieran ayudar a que España se acercara a la media europea en gasto público en enseñanza superior, que, desde luego, está muy lejos de haberlo conseguido absolutamente.

Por todo ello, creo que hemos dado pinceladas suficientes del contrasentido que tiene plantear la tramitación de un proyecto de ley que reúne este disenso social y este disenso político. Prácticamente todas las formaciones políticas de la oposición han mostrado su preocupación ante esta tramitación por aspectos de fondo pero también por aspectos de forma. Este proyecto debería haber llegado dialogado, consensuado, y la reclamación que hace la comunidad universitaria es que se reestudie, que se tenga el plazo de tiempo suficiente para consensuarlo y que pueda volver a ser discutido. Porque sí es cierto, y en eso podemos estar de acuerdo, que es necesario provocar una reforma de la Ley orgánica de reforma universitaria, que se aprobó hace prácticamente dos décadas, pero eso debe hacerse en condiciones bien diferentes a las que se han planteado hasta este momento, en condiciones en las que, desde luego, no se encuentre con la oposición frontal de la Conferencia de rectores, no se encuentre con la oposición frontal de la mayor parte de los órganos de gobierno colegiados y unipersonales de las universidades, no se encuentre con la oposición frontal de los grupos políticos que no son del Gobierno y encuentre, por lo tanto, un escenario razonable para su debate.

Por eso, pedimos la retirada del proyecto por contar con esta evidente oposición y pedimos que a cambio se organice un proceso de debate amplio, participativo, que busque un acuerdo. Que es posible llegar a un acuerdo, porque, si hemos podido llegar en esta comunidad autónoma, en estas Cortes de Aragón, a un dictamen único sobre política universitaria, podría ser perfectamente posible que llegáramos a un acuerdo amplio, a lo mejor no sobre un cien por cien de un proyecto de ley, pero, desde luego, no llegar a una confrontación del cien por cien como prácticamente estamos en estos momentos, y que las comunidades autónomas tuvieran un peso y un juego muy diferente al que tienen en estos momentos.

Las comunidades autónomas quedan muy diluidas, quedan absolutamente borradas del proceso de debate y elaboración de este proyecto de ley, y por eso entendemos que es el momento adecuado para que esta voluntad política de las Cortes de Aragón se exprese, se traslade a los poderes centrales y se abra un compás de espera y de reflexión, bien necesario en nuestra opinión.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias, señor Lacasa.

No se han presentado enmiendas a la moción y, por lo tanto, el resto de grupos parlamentarios tiene la palabra.

Señor Bernal, por parte de Chunta Aragonesista.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor presidente.

Sólo pondré un pero meramente formal en nombre de Chunta Aragonesista al objetivo de esta proposición no de ley, y es la propia corrección que el señor Lacasa ha hecho en su intervención oral, en su última intervención oral. Efectivamente, esta iniciativa se planteó como consecuencia de una interpelación que tuvo lugar en el mes de junio y que se planteaba en un momento de finalización del período de sesiones. Desde aquella finalización del período anterior de sesiones ha habido novedades, y la novedad, efectivamente, como el señor Lacasa ha dicho en la última intervención –se ha referido al proyecto de ley orgánica de universidades–, es que ya no hay anteproyecto, ya hay proyecto, ya está en tramitación parlamentaria; de hecho, en un primer momento acababa el plazo de presentación de enmiendas ayer, creo, día 18, en un principio acababa el período de enmiendas, que ha sido ampliado. Por lo tanto, nos encontramos en un momento de tramitación parlamentaria y la única modificación que habría que hacer es la de que se retire el proyecto de ley orgánica de universidades.

Yo no voy a reiterar ni a redundar en lo ya dicho por parte de este grupo el pasado 20 de junio con ocasión del debate sobre esta cuestión a raíz de la comparecencia del rector de la Universidad de Zaragoza en esta misma comisión. Yo, en síntesis, dije en aquel momento que era necesaria una moratoria y un replanteamiento del proceso, y eso es lo que se viene a plantear en esta iniciativa que ha defendido el señor Lacasa.

Evidentemente, nosotros creemos que hay desajustes, que hay cosas que mejorar en la actual normativa universitaria, y, desde luego, la Ley de reforma universitaria, pasados ya casi veinte años desde su entrada en vigor en el año ochenta y tres, requiere de adaptaciones, de aprender de errores que se han cometido en estos veinte años casi de aplicación de esta ley, pero, claro, lo que no requiere la LRU (la Ley de reforma universitaria) es una contrarreforma, requiere una reforma pero sin el «contra». Y, claro, esta es una ley de contrarreforma, esta es una ley que, como dije en aquel momento, apuesta por olvidarse, para empezar, del espacio europeo, eso para empezar, porque va en una línea completamente distinta del espacio europeo de educación superior que se está planteando, como si Europa no existiera en los nuevos planteamientos; y, además, fundamentalmente porque supone una contrarreforma desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de concepción de la sociedad y desde el punto de vista del papel que la enseñanza superior tiene que jugar.

En consecuencia, ya adelanto que, como lo que abunda no daña, me alegraré de que el Gobierno haga suya esta petición de las Cortes, pida que se retire el proyecto, que parece que no va a ser retirado, y, desde luego, lo único que podemos hacer quienes estamos luchando contra este tipo de situaciones, ya en la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados también, presentar, por supuesto, una enmienda de totalidad pidiendo la retirada, igual que lo vamos a hacer, espero, hoy desde estas Cortes.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias, señor Bernal.

Señora Blasco, tiene la palabra.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: Gracias, presidente.

Nosotros, en lo que es la forma de esta iniciativa, estamos totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho por los anteriores portavoces. Llega a lo mejor un poco tarde debido precisamente al período estival, cuando ya este anteproyecto se ha convertido en proyecto, está ya en el Congreso, ahora los diferentes grupos tendrán posibilidades, o tuvieron posibilidades de presentar enmiendas, e incluso con textos alternativos… Pero nosotros, en sí, al igual que cuando se habló del dictamen en esta cámara sobre la Universidad de Zaragoza, el modelo que queríamos de Universidad, al igual también que cuando vino el rector en la última Comisión de Educación para hablar precisamente de la ley orgánica, estamos totalmente de acuerdo en que esta ley no se debería haber llevado así. Todos exigíamos y se exigía desde la propia autonomía universitaria una reforma de la ley universitaria porque estaba claro que a lo largo de estos años la Universidad necesitaba estar acorde con esos criterios europeos, que no solamente están hablando de universidad, sino de la educación en general.

Por ello, nos alegramos de que algún grupo hable de criterios europeos por lo menos en el tema universitario. Cualquier gobierno, en este caso el Gobierno central, tendría que llevar a cabo esa ley de reforma universitaria, y, como bien se ha dicho aquí, no han querido hacer esa reforma, sino que han llevado esa ley orgánica de universidades, que se podría haber llevado seguramente de diferente manera o con diferente tramitación, como bien dice el segundo punto, a base de debates, de saber qué es lo que implica, qué es lo que decía, y que no solamente el sector hubiera mejorado el texto, sino partir de esos criterios objetivos.

El mismo Consejo de Universidades ya en su día rechazó, e incluso –creo que fue en el mes de marzo– en la Conferencia que hubo de rectores de universidades españolas y secretarios generales había una serie de conclusiones, y una de ellas hablaba de abrir una vía de diálogo y colaboración en la materia universitaria entre las diferentes partes; por supuesto, se hablaba del Gobierno central.

Nosotros creemos que, si bien es muy difícil que se retire esa ley, esa ley que ya está presentada en el Congreso, vamos a apoyarla porque nos parece una iniciativa simbólica de que no se pueden llevar así las leyes, impuestas, y menos cuando afectan a esa autonomía universitaria, de la que creo que en esta cámara se ha hablado mucho y con la que debemos ser todos respetuosos. Votaremos a favor de la iniciativa.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias, señora Blasco.

Señor Franco, tiene la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, señor presidente.

Ya sé que a la señora portavoz del Grupo Popular no le gusta que hablemos de decisiones que no son propias, según el Grupo Popular, de esta cámara, pero yo no puedo evitar hablar de todo aquello que supone afectar a los aragoneses, afectados por decisiones que sí que son del Gobierno de Madrid pero que afectan a Aragón y a los aragoneses. [El señor diputado Gimeno Fuster, desde el escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles.] ¿Aragón?

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Señores diputados, mantengamos la tranquilidad, la calma, queda ya poco debate.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Deseo que lo tenga bueno, pues.

En definitiva, no podemos obviar, aunque no tengamos más armas que las que vamos a utilizar hoy aquí con esta iniciativa, no tenemos más remedio que debatir sobre aquello que afecta a Aragón y a los aragoneses. Y el tema de política universitaria afecta a Aragón y a los aragoneses en tanto se hace un proyecto de ley que decide y va a decidir sobre aspectos de Aragón y de su Universidad y que incluso va a poner en entredicho el dictamen de esta cámara. Por lo tanto, con todo el respeto, yo voy a hablar del Gobierno de Madrid porque afecta a Aragón.

Como ha dicho el proponente de la iniciativa y los grupos que me han precedido, estamos en una situación que partía de que todo el mundo en la sociedad española era partidario de modificar la ley. Había un consenso y una unanimidad en que era necesario modificar la LORU. Evidentemente, en este momento ya sólo queda ese acuerdo, todo lo demás es desacuerdo. El principal bagaje que tenía un gobierno, que era la necesidad de modificar, se ha convertido en este momento en la necesidad de parar lo que en este momento está planteando el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

La situación es muy concreta. No se tiene en cuenta a la comunidad universitaria, primer punto, no se ha tenido en cuenta a la comunidad universitaria en este proyecto de ley; todas las voces son contrarias a ese proyecto de ley, al menos hasta el día de hoy. No se tiene en cuenta a las comunidades autónomas; el marco social y político del año ochenta y tres no es el mismo que el del año 2001, estamos en una situación totalmente distinta, las transferencias están efectuadas, la Universidad responde no solamente a criterios de autonomía, sino también a criterios de responsabilidad con la sociedad en la que está ubicada y a la que tiene que responder, en este caso a Aragón. No se tiene en cuenta a las comunidades autónomas, y repito que uno de los aspectos que a mí me preocupa sustancialmente es que en el tema de creación de universidades se sigue manteniendo el criterio único del Estado de que tiene que ser el que tiene que decidir la creación de universidades, con lo cual pondría en dificultad el propio dictamen de esta cámara. Pero, además, se sigue planteando una ley de reforma que no tiene nada que ver con el contexto europeo en el que en este momento se está trabajando en materia educativa y, en concreto, en materia universitaria.

Evidentemente, ha habido foros y ha habido decisiones a nivel europeo en los que no ha participado el Gobierno de Madrid; quizá sea por esto por lo que también no quiera –digamos– entrar en ese marco de conjunción de la Universidad española con los dictámenes o con las reflexiones que se están teniendo en el marco europeo.

Y, además, curiosamente, no se hace ninguna referencia –no voy a insistir en otros aspectos que han dicho los anteriores portavoces– a una memoria económica, no se hace referencia a una financiación.

Vuelvo a decir que la situación en la que estamos en este momento es muy distinta de la del año ochenta y tres. La LOGSE, señor Gimeno, fue una ley que se estableció con no todas las transferencias en las comunidades autónomas y el propio proponente de la iniciativa era el impulsor de la LOGSE; no es lo mismo. Ahora, la Educación está transferida, está toda en las comunidades autónomas, salvo Ceuta y Melilla, todo lo demás tanto en materia universitaria como no universitaria está transferido. Por lo tanto, si se toma una medida legislativa desde Madrid tendrá que venir acompañada de un marco de financiación para que las comunidades autónomas la puedan llevar a cabo. Esa es la situación totalmente distinta, en la LOGSE y en la LORU, desde mi punto de vista.

No hay un marco de referencia a la financiación, no hay una memoria económica para ver cómo se va a poder llevar esta reforma. Pero ya no me asusta esto, me asustan las declaraciones de la señora ministra, que dijo que las necesidades que acompañaban a esta reforma eran de tres millones millones. Si dividimos tres mil millones de pesetas por el número de alumnos que en este momento están en la Universidad, supone dos mil pesetas por alumno y año. Si con dos mil pesetas vamos a llevar a cabo una reforma universitaria, pues mal. Pero, además, en este mismo sentido, se reserva de nuevo el Estado la competencia en materia de becas. Vuelvo a repetir –y ya lo hemos dicho alguna vez en esta cámara– que estamos atendiendo al 17% del alumnado universitario en materia de ayudas y de becas, no es posible con un marco como el europeo, que está marcando ya referencias iguales o superiores al 50% de los alumnos. Ahí está la diferencia, la diferencia es que un modelo universitario puede provocar una situación no solamente de avance, sino de retroceso con lo que tenemos en este momento.

¿Era necesario reformar la LORU? ¡Claro que sí!, ¡si estamos de acuerdo! Pero ¿era necesaria esta reforma? ¿O es una contrarreforma?, por decirlo ya de una manera clara. Esa es la situación. Tenemos que intentar, si queremos que el sistema universitario responda a las necesidades en este momento de lo que supone la sociedad de hoy, que responda a un planteamiento donde haya una política financiera, donde haya una política de alumnado, sobre todo de alumnado, que posibilite el que se pueda... Porque la movilidad, que posiblemente sea un acierto, la movilidad del alumnado, no es real y justa si no va acompañada de una política de becas claramente definida.

Por lo tanto, señorías, nuestro grupo, evidentemente, va a apoyar con los votos que tiene el Grupo Socialista, veintitrés –en esta Comisión seis, aunque sean ponderados luego a veintitrés–, la iniciativa que presenta el Grupo Izquierda Unida, el señor Lacasa, porque creemos que debemos al menos debatir en esta cámara la situación de encorsetamiento, de dificultad y de no responder a Europa en este momento con los planteamientos universitarios que el Partido Popular a través de su ministerio está llevando en este proyecto de ley.

Gracias, presidente.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias, señor Franco.

Señora Calvo, tiene la palabra.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, señor presidente.

Por supuesto que me gusta hablar de educación con usted, señor Franco, y con el resto de los portavoces, claro que sí. Lo que pasa es que me gusta hablar de educación desde un punto de vista constructivo, y entiendo sinceramente, entendemos desde el Grupo Popular, que esta iniciativa no lo es, entre otras cosas porque la propia intención que esconde la iniciativa de entrada ya no lo es. Y, como no lo es, e incluso algunos de los grupos que la van a apoyar la consideran simbólica, este grupo parlamentario no lo va a hacer porque no va a contribuir a los intereses partidistas que haya podido esconder la presentación de esta iniciativa por parte de Izquierda Unida.

Decía el portavoz de Izquierda Unida que le parece raro que un proyecto de ley de este tipo cuente con la oposición del tamaño de este proyecto de ley. Pues, de entrada, todos los procesos normativos son susceptibles de generar opinión y, por supuesto, de generar crítica. Y este proyecto de ley ha generado críticas y, lógicamente, entendemos que este proyecto de ley o cualquier otro presentado por este Gobierno o por cualquier otro de distinto color hubiese generado críticas, y, además, sabíamos, y yo supongo que el ministerio era perfectamente consciente, que, siendo el Partido Popular el que presentaba este proyecto de ley, algunas de las críticas, como, por ejemplo, la suya, estaban garantizadas. Con eso ya contaba el ministerio y nosotros, por supuesto, desde aquí también.

Pero, al margen de que cualquier proceso normativo, como decía, puede generar críticas, no es extraño que este las genere, y no es extraño que las genere por dos razones. Porque no es un proyecto de ley fácil en absoluto, no es un proyecto de ley fácil porque no beneficia a ningún sector concreto de la sociedad, no beneficia a ningún sector universitario en particular, sino que lo que pretende es simple y llanamente beneficiar al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, en cuanto no beneficia a ningún sector concreto, pocos apoyos puede recibir y más si pisa algún callo a alguno de ellos en particular. Y, por otra parte, porque es un proyecto de ley que introduce de entrada más rigor en la selección del personal docente, más competitividad también entre las universidades, más responsabilidades de gestión para las propias universidades, y pretende también generar dinámicas de trabajo más riguroso.

Pretende muchas cosas de las que en esta cámara, y a raíz del debate y del dictamen que conseguimos elaborar de forma consensuada, estábamos planteando. Yo no veo en absoluto que entre en contradicción con lo que desde esta cámara se dijo y se analizó y se diagnosticó, sino bien al contrario. Por tanto, desde el momento en que un proyecto de ley viene a interrumpir las plácidas aguas por las que se mueve la Universidad española, es lógico que genere controversias, y, de hecho, este las ha generado. Supongo que no será tan fácil modificar la LRU cuando el PSOE en la década de los noventa hizo hasta tres intentos por reformarla y se quedaron simplemente en los intentos. Supongo que no será tan fácil y supongo que no lo haría porque veía que le iba a generar las controversias que está generando este proyecto de ley.

En cualquier caso, muchas de las críticas que he escuchado yo hoy, como las que escuché cuando compareció el rector y en la propia interpelación de la anterior consejera, han sido críticas que responden a tópicos a veces muy facilones, ¿por qué no decirlo?, y que no han venido generalmente acompañadas de los argumentos en los que se respaldan. A mí me hubiese gustado escuchar del portavoz de Izquierda Unida, porque es el proponente, si realmente comparte las críticas que se han lanzado desde la CRUE, que me las argumentase un poquito más y que no se quedase únicamente en su enumeración.

Se han dicho muchas cosas. Se ha dicho que no ha habido el suficiente debate y que no viene este proyecto de ley lo suficientemente dialogado y consensuado. No hubo debate en aquel momento, señor Franco, y usted se ponía ya la venda antes que la herida porque se imaginaba que se lo iba a decir. Las circunstancias en la actualidad, afortunadamente, no son las mismas que en 1983 ni desde el punto de vista educativo ni desde ningún otro punto de vista. Claro, quizá por eso de que eran otras circunstancias fue por lo que el PSOE no sometió a ningún debate previo el proyecto de ley de la LRU, lo presentó y lo publicó directamente como proyecto de ley, pidió sesiones extraordinarias en los meses de julio y agosto para que se aprobase en verano y en menos de tres meses estaba publicada en el Boletín Oficial del Estado. Y a lo mejor por eso de que eran otras circunstancias, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso sacó adelante este proyecto de ley, el de la LRU, con el único apoyo que le daban los votos de su grupo parlamentario, será porque eran circunstancias diferentes, como usted decía. Pero no entiendo que el Grupo Parlamentario Socialista sea capaz ahora de afirmar que no ha habido suficiente debate con este proyecto de ley cuando tiene los antecedentes que tiene con el anterior.

En cualquier caso, desde el 19 de abril, en que se presentó por parte de la ministra el proyecto al Consejo de Universidades, se presentó ya el primer borrador, hasta el 27 de julio, en que lo aprobó el Consejo de Ministros creo que ha habido unos meses de debate en los que se han reunido las comisiones del Consejo de Universidades, tanto las que afectan a las comunidades autónomas como las que afectan a la parte académica, y yo creo que se ha reconocido que el anteproyecto presenta modificaciones respecto de lo que fue el anterior texto. Por tanto, no se puede negar que haya habido debate porque se han producido modificaciones, modificaciones en cuanto a lo que son la definición y la composición de los órganos de Gobierno, en cuanto a lo que es el sistema de habilitación, en relación con las universidades privadas y también en la petición que hacían las comunidades autónomas en cuanto a la posibilidad de ejercer la evaluación y acreditación de las universidades, independientemente de que lo hiciese la Agencia Nacional.

Por tanto, debate ha habido y, desde nuestro punto de vista, además, ha sido un debate transparente, ha habido oportunidad de hacer aportaciones y, lógicamente, algunas se han tenido en cuenta y otras no se han tenidas en cuenta. Pero es que al final es al Gobierno al que le corresponde legislar y al que le corresponde trascender de visiones parciales y de supongo que legítimo interés, pero también hay que entender que, independientemente de que el Gobierno haya sometido el texto a debate y ese debate se haya producido, el Gobierno, legítimamente, tiene objetivos que son irrenunciables y que no va a abandonar por mucho que, como esta iniciativa que va a prosperar hoy, prospere en el resto de parlamentos autonómicos y al final ese proyecto de ley se paralizase, cosa que espero que no ocurra. Y, como digo, esos objetivos que legítimamente tiene el Gobierno no tienen que ser abandonados por el hecho de que se ampliase el debate.

Se han planteado muchas críticas, las mismas críticas que escuchamos al final del curso parlamentario en esta comisión, y nosotros simplemente tenemos una perspectiva diferente de la intencionalidad de esas cuestiones.

¿La estructura del profesorado? Decía el portavoz de Izquierda Unida que va a provocar una mayor precariedad laboral en el mundo docente. Pues únicamente lo que pretende al ampliar el porcentaje de posibilidad de contratar a personal laboral es que haya una mayor capacidad por parte de las universidades para contratar al profesorado que necesita para determinadas titulaciones. Y eso lo hemos venido diagnosticando en la comisión que se creó para estudiar el modelo universitario en la comunidad autónoma.

Se ha criticado también el proceso de habilitación nacional, y lo único que se pretende es que el proceso para la contratación y la selección del profesorado sea más transparente y más abierto y más competitivo que lo es el actual. Porque yo creo que todos reconocemos –y en aquella comisión se reconocía también– el enorme peso que tienen los departamentos en la decisión final de seleccionar al profesorado.

¿La definición de los órganos de gobierno? Pues bien, se ha introducido una modificación que puede acabar de convencer o no. Pero a mí, desde luego, lo que siempre me ha sorprendido cuando hemos tenido oportunidad de debatir sobre esta cuestión es que desde los grupos que presumen de un mayor progresismo se llegue a interpretar la participación de los agentes sociales como una injerencia. Y tampoco acabo de entender que esa participación se utilice como un ataque a la autonomía universitaria, una autonomía universitaria que yo creo que está basada en la libertad académica, y, por tanto, no entiendo que se pueda hablar de un ataque desde ese punto de vista. También, como decía el rector en su comparencia, ante esta comisión, la autonomía universitaria se utiliza desde dentro y desde fuera según conviene en cada momento, y, sinceramente, creo que se está utilizando en estos momentos de forma partidaria.

Por lo que respecta a las universidades privadas, que esta es una de las críticas más facilonas que le he escuchado, señor Lacasa, ya se lo decíamos en anteriores ocasiones y lo volvemos a decir hoy: evidentemente, las circunstancias, como decía el portavoz socialista, no son las mismas ahora que en el año 1983, las universidades privadas en el año 1983 eran un fenómeno totalmente incipiente y de entonces a esta parte se han creado catorce. Había en la LRU vacíos importantes de legislación en ese sentido y se viene simple y llanamente a cubrir esos vacíos normativos, que no a fomentar ninguna otra cosa en la que estoy segura de que usted va a insistir.

Por lo que respecta al acceso a la Universidad, se ha criticado también la intención de eliminar la prueba selectiva. Y la verdad es que hay dos razones que yo comparto, y es que, por una parte, la selectividad no nos está homologando, tal como está diseñada, a los sistemas europeos, y, por otra parte, habría que empezar a preguntarse hasta qué punto la selectividad es selectiva tal y como está diseñada y si realmente facilita o no facilita la igualdad de oportunidades de los alumnos a la hora de acceder a una titulación. Y lo digo por una razón: poco selectiva es cuando más del 90% de los alumnos aprueba la selectividad y poco contribuye a esa igualdad de oportunidades cuando, del noventa y tantos por ciento que la supera, después un porcentaje muy alto no puede acceder a la titulación que desea. Por tanto, no es una prueba que para nosotros merezca excesivas valoraciones positivas en estos momentos.

Se decía también que el proyecto de ley disminuye la democracia interna y que refuerza los cargos unipersonales, que se va a un modelo muy presidencialista. Sinceramente, lo único que se hace es ampliar el ámbito del sufragio y, desde luego, ampliar también el respaldo que obtiene el rector porque es apoyado por una mayor parte de la comunidad universitaria. Nosotros preferimos que el rector salga reforzado a raíz de un sufragio como este a que esté dependiente de los grupos que le han apoyado en un momento dado de cara a su elección.

Y, por lo que respecta a la financiación, ya sé que con esto no voy a convencer al portavoz socialista, porque tampoco le interesa ser convencido desde ese punto de vista, pero el proyecto de ley va a venir acompañado de una memoria económica que va a sufragar y que va a contemplar los gastos que se deriven de las novedades que introduce el proyecto de ley. Y las novedades que introduce básicamente son dos: una, el sistema de habilitación nacional, y otra, los gastos derivados del funcionamiento de la Agencia Nacional de Evaluación y de Acreditación. La memoria económica va a contemplar y los presupuestos del ministerio van a contemplar partidas para esos dos gastos que se derivan del proyecto de ley, con lo cual no entendemos las críticas porque entendemos que todo lo demás responde y tiene que ser debatido en el marco de financiación de las comunidades autónomas.

Por lo demás, el proyecto de ley respecto de la LRU y respecto del primer borrador ha ampliado las competencias de las universidades y ha ampliado también las competencias de las comunidades autónomas, con lo cual no podemos compartir los planteamientos que se han hecho desde el resto de los grupos parlamentarios. Sinceramente, no creemos desde el Grupo Parlamentario Popular que este proyecto de ley vaya a tener los efectos perniciosos que se le atribuyen desde algunos sectores, más bien al contrario, entendemos que viene a corregir disfunciones que existen y que desde estas mismas Cortes se han puesto de manifiesto en debates anteriores, y pretende que realmente las universidades españolas puedan satisfacer las demandas que la sociedad española le está planteando en estos momentos.

Yo creo que existe un amplio acuerdo en la identificación de los problemas que atraviesan las universidades españolas y, lógicamente, puede haber diversidad de criterios, diversidad de perspectivas y diversidad de matices en la forma de afrontar esas dificultades y esos problemas con los que cuenta la Universidad española. Eso ocurre con este asunto concreto y puede ocurrir con muchos otros, y, lógicamente, entiendo que la postura constructiva es que los partidos puedan introducir en el trámite parlamentario aquellas propuestas que consideren oportunas, pero no me parece en absoluto constructivo partir del rechazo frontal a un texto ni partir de descalificaciones a priori de cuáles son las intenciones del ministerio al plantear este proyecto de ley.

Gracias, presidente.

El señor presidente (GARCIA VILLAMAYOR): Gracias, señora Calvo.

Pasamos a la votación de la moción.

Señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: De acuerdo con el Reglamento, la posibilidad de modificar los términos de una proposición no de ley no habiendo enmiendas, en el sentido de, como ha quedado apuntado en algunas intervenciones, puesto que la proposición se presentó en junio y luego se ha presentado ya el proyecto de ley, retirar la palabra «ante» y que quede «proyecto». Creo que es más razonable como elemento formal.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias, señor Lacasa.

Pasamos a la votación.

¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba la moción con diez votos a favor, siete en contra y ninguna abstención.

¿Explicación de voto desearán los grupos parlamentarios?

Señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor presidente.

No pensaba intervenir más que para agradecer en todo caso los votos de los grupos que han apoyado pero tengo que explicar el voto favorable de nuestro grupo desde algún punto de vista.

Primero. La información que nosotros tenemos, y que contrasta, evidentemente, con aquella de que dispone el Grupo Popular, en cuanto al grado de participación en el debate y la posibilidad de debate, de participación en este proyecto de ley es muy diferente. Nosotros consideramos que ha sido absolutamente escasa. Desde luego, el relato que hace el representante de Izquierda Unida en el Consejo de Universidades es que un día se convocó el Consejo de Universidades, un día apareció la ministra, depositó un texto encima de la mesa, efectivamente, cada uno pudo decir, pudo intervenir, simplemente no hubo ningún resumen de la reunión, y tal cual se levantó la sesión y continuó adelante el trámite. Es decir, es un trámite de audiencia, muy bien, punto, pero no ha habido ningún proceso de debate ni ha habido un proceso verdaderamente de participación. En ese sentido, queremos plantearlo así.

Algunos elementos nos preocupan especialmente: cuando se decía que estaba poco argumentado, poco fundado. Solamente dos o tres pinceladas de que realmente son con datos las argumentaciones que hacemos y nos preocupan especialmente.

Por ejemplo, el tema del profesorado. No es cierto que esto vaya en la línea del dictamen aragonés. El dictamen aragonés, vamos, para nada preconiza la diversificación de tipos de contratación, el aumento del peso de los contratos laborales o de los contratos de obra y servicio, de eso no dice absolutamente nada el dictamen aragonés. Por el contrario, con lo que nos vamos a encontrar es con que el 50% del personal de la Universidad va a poder ser a partir de estos momentos un personal precario. ¿Qué quiere decir precario? Con la amenaza todos los días de que su contrato puede no ser renovado. Y ¿en función de qué no será renovado?, me pregunto yo, ¿en función de qué? ¿De la discrepancia con el jefe de departamento que haga la propuesta de ratificación del contrato? ¿Un contratado por obra o servicio para no sé qué desempeño va a poder hacerlo con autonomía académica, libertad de cátedra que se preconiza? Tenemos muy serias dudas de que esto se vaya a poder desarrollar en la universidad que se prefigura, es una universidad en la cual va a haber todavía más, si cabe, porque ya había... Todos sabíamos que, a pesar de esa libertad de cátedra y de que los funcionarios predominan hoy en la Universidad, hay problemas en cuanto a la organización de la docencia o de la planificación de la investigación, pero es que ahora puede ser tremendo porque ese ámbito de discrecionalidad puede ser mucho mayor.

Que favorece a las universidades privadas es un hecho. En esta ley se facilita de forma absolutamente clara la posibilidad de creación de universidades privadas y su papel relevante dentro del Consejo de Coordinación. Pero es que, además, todos sabemos, y estamos preocupados, que en Aragón hay un proyecto de universidad privada que nos preocupa y ha sido objeto también de una comparecencia, y el propio rector también se expresó al respecto. Porque colisiona, puede colisionar con muchas de las enseñanzas que ya existen en la Universidad de Zaragoza, sobre todo en campus territoriales que queríamos potenciar. Luego tenemos preocupación también por el desarrollo de las universidades privadas en lo concreto, no en lo abstracto, sino en lo concreto.

Y cuando se habla de los órganos, nosotros sinceramente estamos preocupados por la posible colisión de órganos, estamos pero bastante preocupados porque se desate a partir de ahora. Hasta ahora ha habido una razonable convivencia de órganos universitarios y de órganos sociales, creemos que la ha habido, sinceramente la ha habido, pero a partir de ahora puede ser complejo que eso se produzca. Desde luego, era bastante racional que se plantease que en el Consejo de Gobierno de la Universidad entrasen agentes, como usted decía, sociales, porque en el ámbito de lo que la propia ley define es para hablar de enseñanzas, de investigación, de recursos humanos y económicos, etcétera. Creemos que son ámbitos académicos que, desde luego, deberían estar ajenos a otros juegos que no deberían corresponder. Y, en todo caso, esa contraposición de poderes, sinceramente, nos preocupa abundantemente.

En todo caso, creemos que hay no una discrepancia en uno o dos aspectos, que no justificaría el calado de esta iniciativa, sino que hay una discrepancia en casi todos los aspectos relevantes de la ley, y eso debería haber hecho meditar al Partido Popular muy sinceramente y por eso hemos presentado esta moción que, en fin, no sabemos si tendrá más sentido, más eficacia que la testimonial pero, por lo menos, a veces en ocasiones es bueno que queden los testimonios para en el futuro poder corregir estas actuaciones.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias, señor Lacasa.

¿Algún otro grupo parlamentario desea intervenir?

Debo reconocer que han venido con un aspecto físico y de forma excelente.

Señor Franco, tiene la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Muy brevemente, señor presidente.

Simplemente para reconocerle a la señora portavoz del Grupo Popular que es verdad que no es una ley fácil. No es fácil, pregúnteselo, usted lo sabrá, el equipo Aguirre tuvo muchas dificultades para sacar esa idea adelante en ese mandato. Pero, precisamente porque no es fácil, era por lo que teníamos que haber buscado, creo yo, a mi entender, mayor acuerdo, mayor consenso y haber dilatado más la reflexión y el debate de esta ley.

Y, en segundo lugar, me alegro de que haya una memoria económica, me alegro. Espero que comparta usted conmigo que dos mil pesetas por alumno y año en todo caso sería insuficiente, espero que lo comparta, pero a los hechos me remitiré.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias, señor Franco.

La portavoz del Partido Popular desea intervenir.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Sí. Gracias, señor presidente.

Muy brevemente porque a mí me ha extrañado el debate que genera, con la profundidad que lo quiere generar el portavoz de Izquierda Unida en esta cámara, planteando precisamente una iniciativa de retirada del proyecto de ley, es algo que no me cuadra. Yo no sé si es que no confía demasiado en sus representantes en el Congreso y en el Senado –ya sabemos que son pocos–, pero este proyecto de ley va a seguir un trámite tan democrático como cualquier trámite que va a llevar cualquier proyecto de ley en esa cámara como en esta. Es decir, los grupos van a tener la posibilidad de hacer en ponencia las aportaciones que hoy está haciendo usted aquí. Con lo cual, no acabamos de entender por qué la insistencia de plantear estas cuestiones hoy aquí a raíz de una iniciativa que no pretende trasladar mejoras al texto, sino que pretende simple y llanamente su retirada. Estamos convencidos de que trasladará a sus representantes en Madrid estas aportaciones y de que, lógicamente, serán tenidas en cuenta o no en ponencia, como ocurre en todos los proyecto de ley y en todas las casas, incluida esta, en función de las mayorías. Y eso será tan democrático como cualquier otra tramitación de cualquier otro proyecto de ley.

De todas formas, ya que todos los grupos parlamentarios y los portavoces de los grupos que apoyan al Gobierno han manifestado en este principio de curso una voluntad de llegar a acuerdos y una exigencia de llegar a acuerdos y debatir los textos incluso antes de que se presenten como proyecto de ley, no esperamos menos que la manifestación de esa voluntad también en esta cámara cuando se traigan proyectos de ley, en este caso que afecten a Educación. Y no sólo en eso, suponemos que ese ámbito y esa voluntad será generalizada incluso en los presupuestos, ¿por qué no pensarlo?, los tenemos próximos.

Gracias, presidente.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Señores diputados, continuamos con el siguiente punto del orden del día, que es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

¿La aprueban ustedes?

Ruegos y preguntas. [Risas.]

¿Hoy no tiene usted ningún ruego ni ninguna pregunta, señor Franco?

Se levanta la sesión. [A las catorce horas y veinticinco minutos.]