Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, comienza la sesión. (A las diez horas y quince minutos.)
El punto único de la Sesión Plenaria de hoy, 22 de noviembre del noventa y uno, es el debate de la Comunicación de la Diputación General sobre propuestas para una política de organización territorial de Aragón. Este es el segundo de los grandes debates políticos que, en la presente Legislatura, van a tener lugar dentro del planteamiento de que sea el Parlamento el que se aboque al conocimiento y discusión de los grandes temas políticos de nuestra región.
Para la defensa de esta Comunicación, la explicación y defensa de esta Comunicación, el representante del Gobierno señor Biel tiene la palabra por tiempo indefinido.

El señor CONSEJERO de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, señor Presidente. Señorías.
De conformidad con lo establecido en el artículo 151 del Reglamento, el Gobierno de Aragón ha remitido a las Cortes una Comunicación con el fin de propiciar el necesario debate sobre una de las cuestiones que, a nuestro juicio y por su carácter constituyente, más importancia tiene para nuestra Comunidad Autónoma: definir y desarrollar un modelo de organización territorial que convenga a la actual realidad de Aragón.
Las medidas legales, políticas o presupuestarias, que sea preciso adoptar en el tiempo deben ir precedidas, Señorías, de un debate intenso y generoso en el seno de esta Cámara, máximo órgano de representación de Aragón. Así, el Gobierno de Aragón entiende que el modelo de organización territorial es cosa de todos, que a todos compete opinar y decidir sobre ello.
Desde esa perspectiva se plantea el debate con el ánimo de intentar acordar por unanimidad, si es posible, las líneas maestras que deberán configurar el futuro de Aragón desde el punto de vista de la organización territorial.
Señorías, las Administraciones públicas justifican su existencia porque tienen como misión el servicio al ciudadano. Cuando el origen de estas Administraciones data de mucho tiempo atrás, llega un momento en que el entramado institucional, producto de la tradición histórica, precisa de adaptación; le es precisa para responder a nuevas demandas sociales, para enfrentarse con una nueva distribución de la población sobre el territorio, acomodarse a una cambiante estructura económica, aprovechar soluciones que brinda el avance de la técnica y de los métodos de organización del trabajo. Debe amoldarse, también, a la aparición de nuevas instituciones públicas, como las Comunidades Autónomas, que forzosamente vienen a incidir en el reparto de funciones.
Es indudable que la organización de la acción administrativa sobre el territorio, a través de las entidades locales y de los órganos periféricos de otras Administraciones, no es ajena al efecto de esas circunstancias cambiantes. Así, no cabe suponer que una estructura institucional que tiene sus raíces en la primera mitad del siglo XIX pueda servir, sin reformas, para enfrentarse con eficacia a los retos del siglo XXI. Ni el Aragón del XIX es el mismo que el actual ni las necesidades de entonces son las mismas que exigirán los ciudadanos en el próximo siglo. Es necesario, por tanto, plantear propuestas para una política de organización territorial de Aragón que, teniendo en cuenta esos nuevos datos, renueve el modelo de gobierno y administración del territorio para actualizar tanto la representación de los intereses de su población como la gestión de los servicios y actividades de titularidad pública.
Aragón, Comunidad Autónoma de un millón ciento ochenta y cuatro mil habitantes, y más de cuarenta y siete mil kilómetros cuadrados de extensión, está estructurada territorialmente en tres provincias y setecientos veintinueve municipios. Sin contar la población de las capitales de provincia, en doscientos un municipios de la provincia de Huesca viven ciento sesenta y nueve mil personas; ciento veintidós mil, en doscientos treinta y cinco municipios de Teruel; y doscientas cincuenta y una mil, en doscientos noventa de la provincia de Zaragoza. Señorías, en setecientos veintiséis municipios viven quinientas cuarenta y dos mil quinientas personas.
Los municipios constituyen las entidades básicas de la organización territorial, en cuanto son cauces inmediatos y directos de participación de ciudadanos en el autogobierno de su territorio y gestionan con autonomía sus intereses propios. Sin embargo, bajo el mismo concepto jurídico de municipio coexisten en Aragón realidades bien distintas. Zaragoza, que en su término municipal de más de mil kilómetros cuadrados concentra la mitad de la población aragonesa y la mitad de los recursos económicos de las haciendas locales. Ciento diez municipios con población inferior a los cien habitantes, de los que algunos no alcanzan un territorio de tres kilómetros ni cinco millones de pesetas de presupuesto anual. En seiscientos seis municipios de menos de mil habitantes viven poco más de setecientos setenta y ocho mil personas. Sólo veinte municipios aragoneses superan los cinco mil habitantes, en los que viven más de ochocientas diez mil personas; retengan este dato, porque sólo con que acertáramos a mejorar la administración de veinte municipios aragoneses, estaríamos incidiendo en el 68% de la población aragonesa.
Es evidente que no todos los municipios reúnen las condiciones necesarias para gestionar con eficacia los intereses de su territorio y de su población, ejerciendo las competencias y prestando los servicios exigibles a cualquier Administración pública de nuestros días, ni pueden hacer frente a los nuevos retos que plantean los acelerados cambios demográficos, económicos ni técnicos. El horizonte del futuro exige nuevos ámbitos e instituciones actualizadas, capaces y con medios suficientes.
Además, y por lo que se refiere a las provincias, es evidente que la creación de las Comunidades Autónomas ha planteado la necesidad de acotar en la práctica el campo propio de actuación de las diputaciones provinciales, tratando de lograr una adecuada coordinación en el ejercicio de las competencias concurrentes. Este es un problema latente en todas las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, que únicamente ha quedado resuelto en aquellas como Asturias, Cantabria, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja, en las que los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas han asumido las competencias, medios y recursos que correspondían a las diputaciones provinciales.
Señorías, plantear reformas supone siempre afectar tradiciones, intereses, situaciones consolidadas por el paso del tiempo, si, además, se refieren a la reorganización del gobierno y administración del territorio, se puede afectar también al equilibrio del poder político, y ello plantea siempre, sin duda alguna, inevitables desconfianzas y resistencias. Anticipo, sin embargo, que a pesar de ello, seremos capaces de vencerlos, sin prejuicios, acertando con el modelo de relación más acorde con los intereses de todos. Estoy, en consecuencia, seguro de ello.
Es por ello que merece la pena abordar el debate de una mejor organización territorial de Aragón. La Comunidad Autónoma, estas Cortes y el Gobierno de Aragón son competentes para ello, prácticamente competentes en exclusiva. La necesidad de implicar a todas las instituciones interesadas y a la población aragonesa exige que las propuestas políticas y legislativas sobre estas cuestiones estén precedidas de un amplio cambio de pareceres y de la creación de un estado de opinión que facilite su posterior aplicación, procurando alcanzar el mayor grado posible de consenso social y político.
Señorías, la organización del gobierno y administración del territorio aragonés debe basarse, a nuestro juicio, en un primer nivel, en los municipios, dotados de la autonomía y medios necesarios para la gestión de todos aquellos asuntos que les afecten. Sin embargo, la autonomía, para ser efectiva, exige unos medios mínimos, y de hecho, no es cierto que los ayuntamientos gocen en la práctica de autonomía real. Nuestros alcaldes sólo tienen autonomía para solicitar, para pedir, pero no la tienen para gestionar los servicios que exigen los ciudadanos, porque no tienen medios para ello.
El mapa municipal aragonés actual, por la pequeña dimensión, población y recursos de muchos de sus componentes, hace imposible que todos los municipios puedan actuar como administraciones públicas eficaces. Muchos municipios no pueden prestar los servicios considerados, tradicionalmente, como básicos: abastecimiento de agua, gestión de residuos, etcétera; carecen de posibilidades técnicas y económicas para hacer frente de forma acertada a nuevas competencias, como el urbanismo, la protección del medio ambiente, la cultura, el ocio, la creación de empleo. Las tendencias actuales de la evolución demográfica y del desarrollo económico no indican que esta situación vaya a cambiar, antes al contrario, tiende a agravarse. Los estudios más recientes ponen de relieve que la población de los municipios más pequeños sigue disminuyendo, que su envejecimiento es creciente y menor su población activa. Se puede afirmar que en el ya cercano año 2000 más de doscientos municipios aragoneses podrán haber dejado de existir, de hecho, por falta de población.
Simultáneamente, se dan nuevas situaciones: pueblos que de lugar de trabajo y vida habitual han pasado a ser residencias de fin de semana y de períodos vacacionales; municipios que, por su especialización turística, experimentan fuertes variaciones de población y demanda de servicios según la época del año. Movilidad creciente en otras zonas, entre lugar de trabajo y de residencia. Desertización y abandono de áreas del territorio, cuya adecuada conservación y defensa, atendidos sus valores naturales, necesitan la presencia del hombre. Todas estas situaciones requieren una reflexión sobre sus causas y efectos y algún tipo de respuesta; una mayor capacidad de gestión de algunos municipios podría ayudar a corregir algunos de esos problemas. Se trataría, por ello, de intentar reorganizar la Administración local en aquellas zonas del territorio que más lo precisen, y puesto que los medios son escasos, habrá que reconocer entre los municipios débiles aquellos que tienen escasas posibilidades de progreso, y decirlo así, al tiempo, y apoyar con decisión a quienes cumplen una función indispensable sobre el territorio para garantizar su subsistencia como núcleos habitados y como organizaciones capaces.
Cualquier reestructuración municipal debe tener en cuenta varias premisas: por un lado, la población desea seguir viviendo donde reside y resolver allí sus necesidades cotidianas y primarias; por ello, la opinión de la población afectada por cualquier proyecto de reforma debe ser tenida en cuenta, y mantener la posibilidad de cada núcleo como instancia de representación, dado el enriquecimiento que ello supone para la participación democrática. Pero, por otro lado, ha de admitirse que es imposible que todos los núcleos de población puedan constituir Administraciones públicas y disponer, aisladamente, de todo tipo de servicios, aunque los básicos deban serle siempre accesibles. Existen en Aragón municipios con cuatro, siete, ocho, diez, once, dieciocho, diecinueve habitantes de derecho.
Por todo ello, una reestructuración municipal debe guardar una íntima conexión con las directrices de ordenación del territorio, de modo que haga posible que administraciones municipales más fuertes y capaces gestionen autónomamente en ese primer nivel el mayor número posible de intereses de su territorio. El avance hacia unos municipios más capaces pasa por desistir de tendencias segregacionistas, que se invocan por algunos núcleos de población frente a la capitalidad del municipio, basadas, habitualmente, en desavenencias vecinales y agravios comparativos en el reparto de fondos y subvenciones. En estos casos, es forzoso superar personalismos y enfrentamientos y acudir a la negociación y a la búsqueda de consenso para mejorar la convivencia. No tiene sentido crear nuevas administraciones municipales sin base suficiente. Así lo vienen entendiendo otras regiones y países, que exigen un número mínimo de población para la creación de un nuevo municipio por segregación: Navarra, mil habitantes; Andalucía, cinco mil; Italia, diez mil. Nada teman, sin embargo, Sus Señorías, que estas cifras ni siquiera nos las hemos planteado.
Constatado ese minifundismo municipal, hay que admitir que la remodelación del mapa municipal a través de fusiones e incorporaciones impuestas desde arriba provoca siempre la oposición de la población afectada. No existe, tampoco, una actitud favorable a la pérdida de la personalidad propia, como demuestra la no utilización por los municipios de las líneas especiales de ayuda y fomento de incorporaciones y fusiones voluntarias. Es cierto que la pérdida de la personalidad jurídica, si la población ha de seguir viviendo allí, no soluciona el problema; no obstante, en algunos casos extremos es muy difícil mantener que esté justificada la pervivencia de ciertos municipios como Administraciones públicas, si algo ha de significar este concepto, para que actuen separadamente. Es por ello que cuando la solución a la debilidad municipal puede venir dada por fórmulas de cooperación voluntaria entre municipios, parece lógico apoyarla como sistema más respetuoso con su autonomía.
A estos efectos, la Diputación General de Aragón, partiendo de la Ley 6/1987, de 15 de abril, sobre Mancomunidades de Municipios, ha venido y viene desarrollando una política de fomento y apoyo a estas organizaciones supramunicipales. En estos momentos, existen cuarenta y siete mancomunidades municipales ya constituidas, que agrupan a trescientos cuarenta y ocho municipios, y otras seis en avanzado trámite de constitución. Desde el punto de vista territorial, destaca la implantación de las mancomunidades en la provincia de Huesca: de sus doscientos dos municipios, hay setenta que forman parte de alguna mancomunidad, de entre las dieciséis constituidas. En Teruel existen doce mancomunidades con ochenta y nueve municipios. Y en Zaragoza, diecinueve, también con ochenta y nueve municipios.
El grado de eficacia y cumplimiento de los objetivos propuestos es muy distinto, como son varias las situaciones de partida. Pero, en todo caso, ha supuesto, sin duda alguna, un avance en la cooperación intermunicipal. Su utilidad está siendo acreditada en la práctica tanto como solución técnica para la mejor prestación de muy variados servicios y actividades como por sus efectos políticos, al fomentar solidaridades de hecho, el debate conjunto de problemas comunes y propiciar la profundización en el conocimiento mutuo entre municipios cercanos. Algunas de estas mancomunidades constituyen esbozos de futuras organizaciones comarcales, como así han sido objeto de reconocimiento oficial, al haber sido declaradas de interés comarcal por la Diputación General de Aragón las mancomunidades de La Litera, Alto Gállego y Altas Cinco Villas.
Como cualquier otra institución jurídica, las mancomunidades no son una fórmula mágica para resolver las carencias y problemas de la estructura municipal; su éxito depende en cada caso de la viabilidad de sus fines, de su adecuación al territorio, del realismo con que afronten su proyecto de actuación en común y, ante todo, de la imaginación y capacidad de trabajo de sus miembros. También la Diputación General de Aragón ha puesto de su parte. En el período 1988-1991, más de dos mil millones ha destinado el Gobierno autónomo en ayudas a mancomunidades. La legislación de la Comunidad, en todas aquellas materias sectoriales que inciden o tienen relación con competencias municipales, debería reflejar con claridad una correspondencia entre la nueva distribución de competencias, que efectúe a cada nivel de administración, y el modelo general de administración territorial al que se pretende llegar, que, como se ha defendido, propugna el fortalecimiento de la autonomía municipal y el acercamiento de la gestión al ciudadano.
En cuanto a las competencias de prestación de servicios públicos, la Administración de la Comunidad Autónoma debe profundizar en ese acercamiento de la gestión al usuario mediante la transferencia o delegación, según los casos, a los ayuntamientos y organizaciones supramunicipales de todas aquellas actuaciones cuya naturaleza no exija o justifique su ejercicio a nivel superior.
En cuanto al ejercicio de las funciones públicas de policía administrativa, autorizaciones, inspecciones y similares, el examen detenido de las listas de competencias transferidas a la Comunidad Autónoma, hasta el momento, permite comprobar que muchas de ellas pueden ser traspasadas, a su vez, a entidades de una escala territorial menor, siempre que exista en el receptor capacidad suficiente de gestión -capitales de provincia, cabeceras de comarca, entidades supramunicipales-, potenciando así, al mismo tiempo, el nivel comarcal. Lo que importa retener a la Administración de la Comunidad Autónoma es el ámbito de decisiones de trascendencia política regional, la planificación y la superior dirección e inspección de todos aquellos asuntos que tengan una relevancia y trascendencia especial para Aragón en su conjunto. La misma actitud debe existir a nivel provincial: todo aquello que pueda ser gestinado por los ayuntamientos o por entidades supramunicipales debería serles transferido con la correlativa asignación de medios.
En el ámbito de actuación de la Diputación General de Aragón, con la guía de servicios administrativos de la Comunidad Autónoma a la vista, sería posible transferir o delegar en los municipios un total de diecinueve actividades del Departamento de Ordenación Territorial, treinta y seis de Sanidad, veinticinco de Agricultura, ciento cuarenta y ocho de Industria y veinticinco de Cultura, por ejemplo.
En opinión del Gobierno, una ley de las Cortes de Aragón debería regular las delegaciones, transferencias y asignaciones de competencias a las entidades locales, especialmente a los municipios de más de cinco mil habitantes, cabeceras de comarca, mancomunidades y otras organizaciones supramunicipales que puedan crearse en el futuro. El Gobierno está en condiciones de negociar con los Grupos Parlamentarios de esta Cámara el texto de la ley, así como la lista de actividades que podrían ser objeto de delegación o transferencia.
Dentro de Aragón, Señorías, Zaragoza es el municipio que tiene categoría de metrópoli y de capital regional por su peso demográfico, su aportación en la creación de riqueza y empleo, su situación geográfica y su influencia sobre el territorio. Ha de asumirse como un hecho positivo la existencia en Aragón de una ciudad que pueda ostentar un papel director y ser pieza importante en los ejes de desarrollo y comunicaciones de España y de Europa. Es preciso prescindir de la contraposición entre Zaragoza y el resto de Aragón como realidades opuestas y enfrentadas. Zaragoza, como lugar que agrupa a la mitad de la población aragonesa, debe potenciar ese papel metropolitano y asumir su responsabilidad e influencia, respecto del conjunto de Aragón, de una forma consciente: por un lado, teniendo en cuenta la repercusión de las decisiones y opciones sobre su propio crecimiento y desarrollo; por otro, evitando la monopolización y centralización de servicios y actividades cuando puedan ser compartidos. Hay una amplia zona de territorio, más concreta y delimitada, que comprende municipios limítrofes al de Zaragoza, cuyo crecimiento viene en gran parte inducido por esa proximidad. Ello plantea influencias recíprocas y la interconexión de servicios e infraestructuras.
Es cierto que Zaragoza tiene un extenso término municipal, mil cincuenta y nueve kilómetros cuadrados, uno de los mayores de España y muy superior al de otras grandes ciudades -Madrid, seiscientos siete; Barcelona, noventa y uno; Bilbao, ciento nueve; Sevilla, ciento cuarenta; Valencia, ciento treinta y cuatro kilómetros cuadrados-; ello lleva consigo que en muchas zonas la estructura urbana no forme un continuo y se mantenga una mayor dispersión entre los núcleos residenciales. Pero existen veintiséis municipios a menos de treinta minutos de distancia de Zaragoza que, junto con otros más distantes, están vinculados a ésta por el desarrollo a lo largo de diversos corredores que, siguiendo las carreteras, parten del núcleo central con instalaciones industriales y zonas urbanizadas. Por esos corredores salen diariamente más de quince mil residentes en Zaragoza y llegan a ella unos mil cuatrocientos, en un flujo permanente de viajes motivados por el trabajo cotidiano. Diversos términos municipales -Utebo, Cuarte, Villanueva de Gállego- van uniendo sus edificaciones siguiendo las vías de comunicación.
Parece, por ello, que ha llegado el momento de acometer la organización del área metropolitana de Zaragoza. Así como la ciudad actual exige una profundización en la participación y descentralización ciudadana a través de la organización del ejercicio efectivo de competencias por los órganos representativos de barrios y distritos, debe aplicarse una ordenación y gestión coordinada a temas y servicios que tienen diversas y profundas interrelaciones entre diversos municipios. Son necesarios ya un planeamiento urbanístico coordinado y una programación y gestión conjunta de servicios, como el abastecimiento de agua, la depuración, la gestión de residuos, la protección civil, el transporte, etcétera. La organización de esa área metropolitana y el ejercicio de las competencias de ese nivel debe abordarse a través de un segundo nivel supramunicipal de gobierno: una entidad local metropolitana respetuosa con la autonomía de sus miembros en los asuntos peculiares y solidaria respecto de los intereses supramunicipales que programe y coordine; una entidad metropolitana cuyos órganos de gobierno sean representativos de los municipios que la integren y que, a través de las diversas formas de gestión de los servicios -consorcios, sociedades, etcétera-, desarrolle intensas relaciones de cooperación con la Comunidad Autónoma y la provincia, suficientemente justificadas por la importancia de los habitantes afectados y de su nivel de desarrollo.
Señorías, en otro orden de cosas, es un hecho que el territorio aragonés está subdividido en diversas áreas comarcales y subcomarcales, zonas que constituyen bases de convivencia, unidas por vínculos y relaciones geográficas, económicas, culturales, históricas, etcétera. Estos ámbitos comarcales, por su adaptación al territorio, su funcionalidad y su idoneidad para la organización de diversos servicios, pueden institucionalizarse como nivel territorial intermedio, que preste su apoyo a los pequeños municipios, desempeñe funciones de alcance supramunicipal y permita una descentralización de competencias de otras instituciones de mayor ámbito territorial, autonómico y provincial.
La Constitución española, el Estatuto de Autonomía de Aragón, al establecer en su artículo quinto que una ley de Cortes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas, y diversos artículos de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local hacen posible la creación de la comarca como entidad local. El Gobierno tiene ya elaborado un anteproyecto de ley sobre la organización comarcal de Aragón, anteproyecto que deberá ser consensuado, a nuestro juicio, antes de su presentación a las Cortes.
Señorías, al abordar la creación de la comarca como entidad local, se plantean las siguientes alternativas: primera, posible creación de una organización comarcal generalizada en todo Aragón, con el carácter de entidades locales -es el caso utilizado en Cataluña, que incluyó un diseño completo de la organización comarcal y la propia división y delimitación comarcal-; segundo, regulación del procedimiento de creación de comarcas, dejando la iniciativa a los municipios interesados o, en su defecto, a la propia Comunidad Autónoma -es el supuesto de Asturias-; tercero, creación de comarcas concretas, sin generalizarlas en todo el territorio -es el caso de Castilla-León, que por Ley 1/91 creo la comarca del Bierzo-, y cuarto, otras fórmulas intermedias.
Señorías, para adoptar una decisión sobre la viabilidad de la organización comarcal y su calendario posible de implantación hay que reflexionar, no obstante, sobre las siguientes cuestiones: primera, división y delimitación comarcal, un problema siempre complejo; segundo, competencias comarcales que podrán provenir de los municipios mismos de la provincia o de la Comunidad Autónoma; tercero, órganos de gobierno comarcales -a estos efectos, la Ley básica de Régimen Local exige que sean representativos de los ayuntamientos que agrupe-; cuarto, financiación. Aunque las comarcas pueden exigir tasas, contribuciones especiales y precios públicos por los servicios que prestan, carecen, sin embargo, de participación propia en los impuestos del Estado. De ahí que su Hacienda deba contar con transferencias de municipios, provincias y Comunidad Autónoma, en relación con las competencias que, en su día, se les pueda delegar o transferir.
A juicio del Gobierno, en el caso de Aragón, es necesario atender, a nuestro juicio -insistimos-, a los siguientes criterios orientadores: primero, en relación con la comarca, la propia subsistencia de la estructura municipal y la garantía de la prestación de servicios mínimos en todo el territorio aragonés se vería reforzada con una organización comarcal. Segundo, no parece posible imponer, a corto plazo, una organización comarcal generalizada; por ello, debe avanzarse por fases, dejando, en principio, la iniciativa a los propios municipios o mancomunidades. Tercero, debe avanzarse en la fijación de una división comarcal básica, que sirva para homogeneizar las varias delimitaciones sectoriales existentes y facilite las iniciativas de creación de comarcas y su futura generalización. Sería oportuno organizar una consulta municipal formal, que propiciaría la participación en el asunto, concretaría los aspectos polémicos a resolver y permitiría evaluar el coste político de adoptar una decisión sobre la división comarcal. A estos efectos, se preven todas estas cuestiones, el dictamen previo de una comisión de delimitación territorial, que se regulará, en su caso, en el proyecto de ley sobre entidades locales, en vías de preparación por la Diputación General de Aragón. Cuarto, sin perjuicio de las competencias que las comarcas reciban de los municipios, la Diputación General de Aragón deberá ser generosa en la transferencia y delegación de funciones. Quinto, parece adecuado concentrar el apoyo económico en la creación de administraciones comarcales eficaces y dotadas de poder de gestión.
Visto lo anterior, el anteproyecto de ley elaborado por la Diputación General de Aragón -que debería ser consensuado en esta Cámara- parte de los siguientes principios: se regulan las notas esenciales de la comarca como entidad local; se establece el procedimiento de creación de las comarcas, que queda, en principio, a la iniciativa de municipios y mancomunidades; se entra a regular las líneas generales de la organización comarcal, las competencias comarcales y las relaciones de las comarcas con municipios, mancomunidades, diputaciones y Comunidad Autónoma, marcando, al menos, las directrices del proceso comarcalizador al modo de una norma marco; se regula la composición y elección del consejo o junta comarcal.
Es evidente que la creación de un nivel territorial supramunicipal como entidad local, diferenciada del municipio y de la provincia, plantea cuestiones políticas, administrativas y financieras, que es preciso abordar con prudencia por sus repercusiones en el conjunto de Aragón. Pero, al tiempo, es necesario acometerlos ya, porque así lo exige una mejor organización territorial de los servicios públicos, el acercamiento de su gestión a los ciudadanos, el impulso a nuevas tareas públicas, acordes con los tiempos, y un mejor equilibrio de las condiciones de vida dentro de Aragón. En ese sentido, la comarca puede ser el más adecuado y activo protagonista y gestor de las directrices de política territorial.
La creación de la comarca como entidad local no pretende poner en cuestión a ningún otro nivel de Administración local; es cierto que, limitadas las competencias públicas, su puesta en marcha ha de llevar consigo una cierta reducción en las funciones y actividades ejercidas por otras Administraciones, como ya admitió la Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de julio de 1981. Pero si ello ha de suponer una más eficaz prestación del servicio público, no debe rehuirse esa redistribución competencial. Las Administraciones públicas están al servicio del administrado y no al contrario. En todo caso, Señorías, iniciaremos el proceso, si estas Cortes así lo deciden.
La creación y consolidación de las Comunidades Autónomas ha afectado a la posición institucional de las provincias, como no podía ser de otro modo, al tratarse de un nuevo nivel de administración territorial. La provincia, aun sin proponérselo sus gestores, viene cumpliendo un cierto papel centralizador al constituirse en contrincante de la Comunidad Autónoma. Las relaciones entre las diputaciones provinciales y aquélla están suponiendo un gran gasto de energías, tiempo y dinero público, por el empeño de mantener su presencia en campos que no le son propios y la dificultad de establecer una coordinación efectiva, tanto por razones de disparidad política como de mera defensa institucional.
No puede olvidarse que en el Estado de las autonomías diseñado por la Constitución las Comunidades Autónomas tienen una autonomía política de rango superior y que sus órganos legislativo y ejecutivo tienen su origen en elecciones directas y tienen conferidas competencias en diversas materias, con carácter exclusivo, por mandato constitucional y estatutario. A la Comunidad Autónoma corresponde, además, la fijación de objetivos y prioridades de programas globales de acción y de desarrollo regional con los que deben coordinarse las actuaciones de las diputaciones provinciales. Ese es el único camino para obtener la máxima rentabilidad social de los medios del sector público regional en su conjunto. Por ello, es preciso acometer la necesaria redistribución de competencias que las leyes autonómicas decidan. Las leyes de las Cortes de Aragón obligan, en primer lugar, a las Administraciones públicas aragonesas, y no cabe demorar ni resistirse a su cumplimiento.
Las diputaciones provinciales deben llegar a ser, una vez transferidas otras competencias, las grandes empresas de servicio por y para los ayuntamientos, organizadas con arreglo a criterios de programación y gestión. Este nuevo enfoque del papel de las diputaciones provinciales haría posible, al mismo tiempo, utilizar su organización para la gestión de todas aquellas competencias y servicios autonómicos a los que, por su dimensión e importancia, conviniera el ámbito supracomarcal, asignándole los medios adicionales necesarios. Es preciso, por tanto, acelerar el proceso de redistribución de competencias entre la Comunidad Autónoma y las diputaciones provinciales; competencias en materia de acción social, sanidad, carreteras, etcétera, deben ser asumidas en exclusiva por la Comunidad Autónoma. Las diputaciones provinciales, ayuntamiento de ayuntamientos, debería circunscribir su actuación al apoyo directo a los municipios, mediante la aprobación de planes provinciales de obras y servicios que atendieran a directrices de ordenación del territorio. A tal efecto, deben destacarse las conversaciones que este Consejero ha mantenido con las diputaciones aragonesas y que pueden servir para diseñar un modelo de relación no competitivo, eficaz y realista. Ojala estas Cortes, ójala comprendamos todos y respaldemos el modelo que se propondrá. Oportunidad deberían tener con motivo de la aprobación de los presupuestos futuros de la Comunidad Autónoma.
Otra cuestión importante, que atañe muy directamente a los municipios: el reforzamiento de las haciendas locales. La reforma de la legislación estatal sobre haciendas locales, Ley de 28 de diciembre de 1988, no ha solucionado, en lo esencial, el problema de insuficiencia de las haciendas locales aragonesas. Por un lado, ha encontrado graves dificultades la puesta en práctica definitiva del nuevo sistema de ingresos -rechazo de la actualización del catastro, aplazamiento de la entrada en vigor del nuevo impuesto sobre actividades económicas, etcétera-; por otro, la repercusión del incremento de la participación en los tributos del Estado viene limitada, para la mayor parte de los municipios aragoneses, al tener una población inferior a los cinco mil habitantes, extracto con ponderación mínima. Al mismo tiempo, la aportación del Estado a los planes provinciales de obras y servicios y a las comarcas de acción especial ha permanecido congelada en Aragón desde hace muchos años, con cuantías muy bajas que van desde los ciento dieciocho millones de pesetas en Huesca a los ciento setenta y uno en Zaragoza, en 1990.
Por su parte, la Comunidad Autónoma ha venido, sin embargo, incrementando notablemente sus transferencias a las entidades locales aragonesas. Si en 1987 sumaban un total de ochocientos cincuenta y ocho millones de pesetas, en 1991 ascienden a más de cinco mil doscientos millones. Este aumento pone de relieve el esfuerzo de colaboración de la Comunidad Autónoma con las corporaciones locales y el avance en el acercamiento de la gestión de los servicios locales a los propios vecinos, a través de los ayuntamientos y entidades locales supramunicipales. Aunque una gran parte de estas transferencias tenga carácter finalista, el amplio margen de actuación de las coorporaciones locales, tanto en la propuesta y configuración de los proyectos como en la posterior gestión de las ayudas concedidas, supone una efectiva ampliación de su propia capacidad de acción para la mejora del nivel de vida de sus habitantes y el ejercicio de sus competencias.
Se ha venido trabajando al mismo tiempo en el estudio de la configuración de un posible fondo autonómico de cooperación con las haciendas municipales, de transferencias corrientes incondicionadas a modo de participación en los ingresos de la Comunidad Autónoma. Las posibilidades reales de ese fondo, si debe ser de una cuantía significativa, están íntimamente ligadas con las disponibilidades de financiación autonómica, que son siempre muy limitadas. En tanto no se revise definitivamente su sistema, dicha financiación está ya suficientemente comprometida en hacer frente a su propio gasto corriente. Potenciar ese fondo autonómico es, no obstante, un objetivo al que no debería renunciarse.
Las cooporaciones locales, no sólo en Aragón, sino en la generalidad de las Comunidades Autónomas, vienen aspirando a conseguir el reconocimiento de transferencias incondicionadas, automáticas y periódicas, en concepto de participación en los ingresos de la Comunidad Autónoma, como ingreso complementario que contribuya a garantizar la suficiencia y autonomía de sus haciendas. Esta pretensión tiene su origen en las previsiones contenidas en el artículo 142 de la Constitución y en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en cuanto sitúan entre los ingresos de las mismas a las participaciones de los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas. En este sentido, el artículo 39 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales concreta: "Asimismo, las entidades locales participarán en los tributos propios de las Comunidades Autónomas en la forma y cuantía que se determine por las leyes de sus respectivos Parlamentos". Ha de hacerse notar que al venir referida esta participación a los tributos propios de las Comunidades Autónomas, tienen un carácter de mera posibilidad o aspiración, dado que la hacienda de la Comunidad Autónoma se viene nutriendo de tributos cedidos por el Estado. No es posible, por tanto, que las entidades locales participen en los tributos de las Comunidades Autónomas, dado que Aragón no tiene tributos propios. No obstante, es evidente la existencia de un clima político favorable a instrumentar cuanto antes un esfuerzo de la Comunidad Autónoma para reformar las haciendas municipales. De alguna manera, existe consenso sobre la conveniencia de la creación de un fondo autonómico de transferencias incondicionales.
Sin hacer mención, por falta de tiempo, al derecho comparado, la configuración de un fondo autonómico aragonés de transferencias incondicionadas a los municipios plantea una serie de cuestiones: primero, la finalidad, que debería ser mejorar la suficiencia de las haciendas municipales, lo que se logra automáticamente por el mero incremento de ingresos que le supone; la reestructuración municipal y reequilibrio territorial, a través de criterios de redistribución del fondo; la descentralización de competencias, mediante la transferencia de recursos, que iría relacionada con una correlativa transferencia o delegación de competencia o la posibilidad de igualación fiscal e incentivación de la corresponsabilidad fiscal.
En segundo lugar, regulación. Habría de hacerse por norma de rango legal, bien como un capítulo dentro de una ley general de la Administración local aragonesa, bien en una ley especial sobre el fondo, bien en la propia ley de presupuestos. Naturaleza: dado que se trata de efectuar transferencias a favor de entidades locales sin carácter finalista, con absoluto respeto a la autonomía de su gestión, debe darse al mismo la naturaleza de transferencias corrientes. Destinatarios: los municipios y las entidades supramunicipales. Cuantía del fondo, a determinar. Distribución, con arreglo a la población, esfuerzo fiscal u otros parámetros. En todo caso, la creación de un fondo autonómico de cooperación local debe responder a objetivos de política autonómica, de reestructuración de la Administración local aragonesa, de ordenación del territorio y de mejora de la gestión y prestación de los servicios.
Si las leyes autonómicas pudieran ser importantes e innovadoras en estos objetivos, su eficacia dependerá siempre de los incentivos económicos que las acompañen. Sería poco lógico comprometer recursos de la Comunidad Autónoma que, después de su reparto inicial, crearan un cierto derecho, sin tener en cuenta aquellos.
Señorías, la respuesta a todas las cuestiones aludidas debe partir de un planteamiento global y de conjunto de la organización territorial de la acción pública en Aragón. Se trata de piezas de un mismo mosaico, mutuamente interdependientes. Las soluciones deben adaptarse, precisamente, a los problemas, peculiaridades y aspiraciones de Aragón, utilizando las posibilidades que el Estado de las autonomías da para reconocer y potenciar la variedad de cada territorio, en contraste con la obligada uniformidad anterior.
Junto a la propia riqueza que ese respeto a la pluralidad supone, no hay que olvidar que las entidades locales son instituciones básicas de autogobierno dentro de la Comunidad Autónoma y que su papel es fundamental para una ordenada y coherente distribución y gestión de competencias y actuaciones sobre el territorio aragonés. De ahí la necesidad de que el régimen local se autonomice radicalmente, sin perjuicio de que el Estado se reserve la competencia sobre las bases de régimen jurídico de todas las Administraciones públicas. Debe admitirse que la mayor parte de las cuestiones relacionadas con la Administración local que afectan a las entidades locales, tanto por la concurrencia de competencias e intereses como por la proximidad geográfica y la conciencia de pertenecer a un territorio común, base de referencia de la convivencia habitual, van a tener como interlocutor a la Comunidad Autónoma y cada vez con mayor intensidad. Es por ello que en la pendiente reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón debe contemplarse el régimen local como competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Aragón, igualándose en este aspecto con otras Comunidades que ya la poseen. El alcance de esta competencia exclusiva, al mismo tiempo, debería ampliarse a temas como hacienda, funcionarios, cooperación, que es preciso tocar si se quiere actualizar en profundidad la Administración local propia. Al tiempo, todas las funciones que conserva la Administración del Estado sobre las coorporaciones locales deben transferirse definitivamente a las Comunidades Autónomas, diseñándose simultáneamente instrumentos de cooperación voluntarios en todas las materias necesarias a través del funcionamiento efectivo de órganos de colaboración.
Señorías, a modo de resumen final, se plantea el siguiente decálogo de propuestas sobre los objetivos que han de inspirar la política de organización territorial de Aragón: primero, el mapa municipal. El actual minifundismo municipal no aconseja la creación de nuevos municipios, salvo casos de excepcional justificación. En consecuencia, han de establecerse limitaciones legales que eviten intentos segregacionistas. La futura ley sobre la Administración local aragonesa deberá tener en cuenta este principio. En cambio, han de potenciarse todas las formas de cooperación municipal, así como los cauces de participación ciudadana, tanto a nivel de núcleo de población en los municipios rurales como a nivel de barrios y distritos en los municipios urbanos.
Segundo: competencias locales y su posible descentralización. La legislación sectorial deberá asignar a los entes locales cuantas competencias puedan ejercer válidamente; al tiempo, ha de iniciarse un proceso de atribución a municipios y entidades supramunicipales a través de transferencias y delegaciones de todas aquellas competencias y funciones cuyo desempeño pueda beneficiarse con el acercamiento al ciudadano y para las que exista capacidad de gestión. Por ello, parece aconsejable que las Cortes aprueben una ley por la que se regule el marco de actuación de dichas transferencias o delegaciones.
Tercera: mancomunidades de municipios. Como entidades asociativas, fruto de la libre decisión de los municipios que las integran, las mancomunidades constituyen una solución adecuada por su mayor capacidad de gestión y la obtención de economías de escala para la prestación de ciertos servicios en común. Contribuyen, también, a consolidar la solidaridad y el trabajo conjunto entre poblaciones vecinas. Por ello, ha de seguir prestándoseles especial apoyo por todas las Administraciones, en cuanto supongan una efectiva y más apropiada respuesta a la dotación de servicios en un marco geográfico idóneo. A tal efecto, la Diputación General de Aragón debería considerar la necesidad de crear un fondo de transferencias incondicionadas, destinado a la financiación de los gastos de funcionamiento de las mancomunidades.
Cuarto: comarcalización. Como nivel intermedio de Administración local, puede suponer el mejor y más cercano apoyo al pequeño municipio y una alternativa como soporte de la descentralización de competencias de Administraciones de superior nivel territorial. Una ley de las Cortes de Aragón, a modo de norma marco, ha de diseñar sus principios generales, competencias y órganos de gobierno. La división comarcal se someterá a consulta municipal. La creación efectiva de cada comarca quedaría, en principio, a la iniciativa de los municipios que la formen.
Quinto: Zaragoza y su área metropolitana. El papel director y la influencia del municipio de Zaragoza en el conjunto de Aragón, se hacen especialmente intensos en el área más inmediata que lo circunda. Es preciso ya, por ello, una planificación urbanística coordinada de toda el área, y es deseable la prestación conjunta de diversos servicios en varios términos municipales: medio ambiente, protección civil, transporte y otros. Una entidad representativa de todos los municipios afectados debería abordar esa labor de conjunto, contando con el apoyo de las demás instituciones públicas, dada la transcendencia de esa área metropolitana para la provincia y la región entera. Así, y a juicio de la Diputación General de Aragón, la creación del área metropolitana de Zaragoza exigirá la promulgación de una ley específica.
Sexto: otros municipios especiales. La política territorial exige valorar la especial función que cumplen ciertos municipios por la importancia de los servicios que prestan a su entorno, por su situación geográfica o por sus especiales características. Ello justifica un apoyo preferente a los municipios cabeceras de comarca, histórico-artísticos, turísticos, industriales y mineros y de alta montaña.
Séptimo: las provincias. Es hora de establecer definitivamente su específico cometido en el Estado de las Autonomías, que no puede ser otro que la cooperación y asistencia a los municipios. Debe profundizarse en la redistribución de competencias entre la Comunidad Autónoma y las diputaciones provinciales mediante la puesta en práctica de las disposiciones previstas en las leyes sectoriales ya en vigor: Ley de Ordenación de la Acción Social o Ley del Servicio Aragonés de la Salud, y la aprobación de otras como, posiblemente, la ley de carreteras, que deberían atribuir a la Comunidad Autónoma las competencias en esta materia, que actualmente ejercen las diputaciones provinciales. Asimismo, deberán impulsarse fórmulas de real y efectiva coordinación que terminen con el gasto de energías, tiempo y dinero público, que suponen el solapamiento de actuaciones y la dispersión de esfuerzos en un sector público de tan limitados medios.
Octavo: participación de los municipios en los grandes temas de Aragón. La creación del consejo aragonés de municipios supondría un órgano de participación, que podría facilitar a los ayuntamientos el acceso a la información y el derecho a ser especialmente oídos en los procesos de elaboración de planes y decisiones de transcendencia que les afecten y corresponda aprobar al Gobierno aragonés.
Noveno: robustecimiento de las haciendas locales. Es necesario poner en relación los fondos de cooperación de la Diputación General de Aragón y los de las diputaciones provinciales, al objeto de propugnar la existencia de un único plan de obras y servicios, planificado a cuatro años, duración de una Legislatura, que garantice a los municipios su participación en el mimso. Asimismo, la redistribución, transferencia o delegación de competencias a los municipios habrá de ir acompañada de los medios para financiarlos. Esa reordenación supondrá la paulatina evolución del fondo de cooperación local hacia transferencias incondicionadas, con una mayor libertad de gestión para los ayuntamientos.
Décimo: la modernización de la gestión y los recursos humanos. La utilización de nuevas formas de gestión de los servicios y la implantación y generalización de las modernas técnicas deben colaborar a lograr una Administración más eficaz sobre el territorio, que lo atienda adecuadamete. Ello exige actualizar las estructuras de apoyo a la gestión municipal, agrupaciones secretariales con sede administrativa fija, oficinas urbanísticas, intervenciones comarcales, etcétera, y atender, especialmente, la formación profesional y el perfeccionamiento del personal al servicio de las entidades locales, atendiendo a sus cometidos específicos, secretarios, interventores, policías locales, etcétera. En este orden de cosas, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón deberá poner en práctica nuevas formas de comarcalización de los servicios administrativos, reconsiderando, si preciso fuera, los mapas sectoriales de actuación administrativa actualmente vigentes, con el fin de ir adaptándolos a las directrices de organización y ordenación del territorio que se acuerden por estas Cortes.
Enunciados todos estos planteamientos, la decisión definitiva sobre el modelo de organización territorial elegido compete a estar Cortes. Como representación del pueblo aragonés, a ellas corresponde servir de foro para el debate político sobre la reforma y modernización de los distintos niveles de Administración pública en el territorio aragonés, para adaptarlos a las actuales necesidades, para perfeccionar su capacidad representativa y la eficacia de la gestión de los servicios públicos.
La existencia de este órgano legislativo propio supone la posibilidad y la garantía de que la organización territorial de Aragón pueda revisarse y acomodarse a las peculiaridades y necesidades del presente y del futuro, desde una visión global que equilibrie y arbitre los cometidos de los distintos niveles de Administración, atendiendo sólo al interés general de Aragón.
La Diputación General de Aragón, Señorías, tiene elaborados los necesarios estudios y documentación previa para poder conocer en profundidad el estado de la cuestión en este tema de la organización territorial, así como buena parte de los proyectos de normas en los que se contempla su actualización y reforma.
Señorías, señoras y señores Diputados, se ha propuesto a este Parlamento la adopción de medidas legislativas, políticas, incluso presupuestarias, necesarias para desarrollar una política realista y coherente en la materia de organización territorial de Aragón. Lo hemos hecho o lo hemos intentado hacer con rigor y sin prejuicios, convencidos de que es posible acordar dichas medidas en el seno de estas Cortes, para que puedan aplicarse en el futuro cualquiera que sea el signo político del Gobierno de turno.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Biel.
Corresponde, ahora, el turno a los Grupos Parlamentarios. El representante del Grupo Parlamentario Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida, señor Burriel, tiene la palabra. Durante quince minutos señor Burriel.

El señor DIPUTADO (BURRIEL BORQUE): Señor Presidente, señoras Diputadas, señores Diputados, señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales de la Diputación General de Aragón.
Permítanme que comience llamando la atención de esta Cámara sobre un dato relevante, que a buen seguro no se les escapa a ninguno de ustedes, pero sobre el que con mucha frecuencia se reflexiona poco. Desde 1983 hasta hoy, las Cortes de Aragón han aprobado propuestas de resolución, han debatido proposiciones de ley, han tomado acuerdos y han prometido soluciones sobre el tema que en este momento nos ocupa: la ordenación territorial de Aragón. Es altamente ilustrativo, y este Diputado lo ha venido haciendo, el hacer un pequeño repaso histórico sobre la actividad que ha desarrollado y que viene desarrollando esta Cámara en relación con distintas cuestiones. Altamente ilustrativo y ciertamente un tanto descorazonador, porque, en muchas ocasiones, propuestas y acuerdos acaban siendo testimonios, sólo testimonios, en el Boletín Oficial o en el Diario de Sesiones.
Yo espero, y además tengo una confianza plena, lo digo desde el principio, que este debate que hoy comenzamos, que tiene más solemnidad que otros debates, sea el comienzo efectivo para tomar soluciones para iniciar un camino en relación con una necesaria ordenación del territorio aragonés. Y lo digo, además, porque debemos ser conscientes de que en cuestiones de ordenación del territorio no vale, no sirve aquello de que "más vale tarde que nunca". Estamos ante una serie de circunstancias y problemas en los que el tiempo juega en contra de las posibilidades reales de ordenación. Tenemos situaciones que, a estas alturas, por haber dejado pasar tiempo, son de difícil solución, y el tiempo acumulado convertirá todavía cuestiones solucionables en problemas que pasan al cajón de los deseos, al cajón de la historia de las cuestiones que nunca tuvieron una solución definitiva.
Bienvenido, por tanto, este debate que ahora celebramos, pero yo creo que debemos situarlo y tener conciencia de cómo se ha abordado el tema en otras ocasiones y, por tanto, dejar las campanas en su sitio.
Dicho esto, quisiera comenzar señalando, señor Consejero, que no voy a regatear, como ocurre y como se dice en la Comunicación -y después usted ha ratificado en su intervención-, que no voy a regatear palabras para decir que, en efecto, estamos ante una cuestión básica, y que es una cuestión que precisa un amplio debate, y desde el debate, un amplio acuerdo, un amplio consenso. Y quiero decir más: en sus aspectos centrales, la Comunicación y la propuesta que ustedes trasladan hoy a esta Cámara, a nosotros nos parece una propuesta de marcado carácter progresista, y no me duele ninguna palabra a la hora de señalarlo.
Los criterios de descentralización, de participación, los criterios de autonomía que subyacen a lo largo y a lo ancho de toda la propuesta son criterios que Izquierda Unida, que Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida ha venido defendiendo en ésta y en otras propuestas, y que entiende que son básicas para definir lo que, desde la de base, tiene que ser, como decía hace un momento, una propuesta democrática, una propuesta progresista.
Pero, permítame que antes de entrar en algunas cuestiones de detalles, en algunas cuestiones más concretas, sí que haga una referencia sobre una cuestión, que también a nuestro Grupo le parece central, y que, por la forma, por el tiempo y por el fondo, aquí sólo se ha tocado, y supongo que no se va a tocar más que de manera tangencial. Organización territorial, señoras y señores Diputados, sí, pero para unos objetivos; organización territorial, de acuerdo, pero para unos criterios de ordenación, porque podemos organizar impecablemente, desde el punto de vista teórico, la estructura de esta Comunidad y después no tener destinatarios que reciban los servicios que desde esa estructura se está en condiciones de poderles ofertar. La Comunicación dice que "se trata de crear unos instrumentos para un mejor servicio al ciudadano"; de acuerdo, que no ocurra que dentro de unas fechas tengamos ciudadanos y ciudadanas de esta tierra que nos pregunten: ¿servicios?, ¿para qué ciudadanos?, ¿servicios?, ¿con qué perspectivas?, ¿con qué objetivos?, ¿con qué finalidad?
Seré más gráfico en los argumentos, aunque creo que se me entiende perfectamente. En un proceso de construcción de comarcas en zonas de escasas posibilidades de desarrollo, podríamos crear servicios para los ciudadanos y ciudadanas, y que, al final, no tuviera eficacia más que, por ejemplo, el servicio de la delegación del Instituto Nacional de la Seguridad Social para pagar las pensiones de vejez. Y podríamos tener una estructura, desde el punto de vista organizativo, perfecta que en el papel escrito fuese ejemplo para otras Comunidades y ejemplo para quienes tuviesen ocasión de leerlo. Pero que en la práctica, en la eficacia, en el contenido, en las posibilidades de que eso se traduzca en un mejor servicio, acabe siendo papel mojado o acabe siendo algo que no tenga posibilidades de poderse llevar adelante si no abordamos -insisto- tareas de ordenación territorial, de ordenación de esta Comunidad, de manera paralela a las tareas de organización territorial que son las que ahora estamos abordando. Siempre la función precedió al órgano, y yo creo que la organización se hace, precisamente, en función de los objetivos y en función de las previsiones.
En Aragón, señoras y señores Diputados -y yo he tenido ocasión de decirlo desde esta tribuna no una, sino montones de veces en el poco tiempo de Legislatura que llevamos-, es básico, es central y es clave que abordemos un diseño de ordenación territorial, además de que abordemos necesariamente cuestiones sobre organización, que son las que en este momento nos reúnen. Y los modelos de ordenación territorial no les quepa ninguna duda a todos ustedes que pueden ser -y son de hecho- distintos. Porque podemos organizar lo que hay, podemos crear un sistema sobre la realidad en la que en este momento nos encontramos y operar exclusivamente sobre esa realidad. Yo les diría que si lo hacemos así, además de crear mecanismos de organización, vayamos previendo los pasos que serán precisos para cuando los servicios no tengan demandantes.
Podemos también pensar en un Aragón centralizado alrededor de Zaragoza, un Aragón que contiene un corredor del Ebro desarrollado, un Aragón que modela su desarrollo alrededor de largas vías comunicacionales, que sólo en función de esas vías comunicacionales ve en muchos momentos sus posibilidades de desarrollo; podríamos pensar en un medio natural, en la práctica destinado a remediar el cansancio o al estrés de las personas que vivan en esta ciudad; podríamos pensar en un modelo de este tipo, y tendríamos así que hacer un organigrama que en la práctica quedase reducido a un largo camino de puestos de asistencia más que a un camino de ordenación que significase otra cosa. Pero podemos también apostar por un modelo de ordenación territorial distinto, mucho más equilibrado, donde las comunicaciones sean vertebración del territorio, donde las estructuras colectivas reciban el empuje suficiente para poderse desarrollar, y donde abordemos con menos medios, aunque sí con mayor complejidad, una estructura organizativa que acabe sirviendo a los intereses que creo que a todos nos importan.
Yo creo que es importante no olvidar estas cuestiones, que son muy importantes, que no pueden pasarse por alto en un debate como éste, aunque es difícil indudablemente resolver estas cosas, aunque es más conflictivo, en efecto, aunque enfrenta posiciones políticas. Pero debemos hacerlo porque es indispensable.
Me referiré ahora, sobre la base del modelo de organización que ustedes en este momento han planteado, a toda una serie de cuestiones que observamos desde nuestro grupo político. Yo comenzaré diciéndole que nuestro grupo dice sí, claramente sí, a aspectos como los siguientes: la consideración del municipio como una entidad básica en la organización territorial, la necesidad de buscar ámbitos más amplios que el propio municipio, como son las mancomunidades y las comarcas, para la atención de los servicios; la consideración de la autonomía política y financiera, efectivamente, política y financiera, que son las dos formas de entender la autonomía, o la única forma de entender la autonomía, como piedra angular de un sistema que es el sistema que aquí se propone; la consideración de la solidaridad y la cooperación intermunicipal como complemento obligatorio de la autonomía, la descentralización sin temores políticos, sin ningún temor político por medio, también, para el desarrollo de esta autonomía, la participación, el debate, la voluntariedad, la presencia de los afectados en la construcción del modelo y a la hora de tomar las decisiones que les puedan afectar.
Y les decimos también que sí, desde nuestro Grupo, señores del Gobierno de la Diputación General de Aragón, a una serie de medidas que ustedes plantean con un contenido legal e inmediato o, en todo caso, en la perspectiva de la ordenación de la organización del territorio. Decimos que sí a una ley que regule el marco de transferencias y a delegaciones de entidades locales; decimos que sí a una ley que cree el marco de comarcalización; hablamos, sí, de la regulación de una ley para un fondo de cooperación municipal, y estamos de acuerdo en que es preciso la promulgación de una ley para regular el área metropolitana de Zaragoza, por citar algunas de las iniciativas legales a las que usted se ha referido a lo largo de su intervención. Sin embargo, desde este acuerdo de base, que yo creo que puede permitir en el futuro inmediato y en el futuro más lejano el que, efectivamente, creemos condiciones suficientes y rápidas para abordar la ordenación territorial de Aragón, desde este acuerdo de base me voy a referir a dos o tres cuestiones más.
La primera de ellas -y quizá alguno de ustedes lo suponga- hará referencia a las diputaciones provinciales, y seré claro, consciente, además, de las dificultades constitucionales que tiene abordar una cuestión como ésta desde las perspectivas que a nosotros nos parecerían más definidas. Como enseña la experiencia -y yo creo que a nadie se le engaña-, las diputaciones provinciales son entidades -digámoslo de una vez- para el clientelismo político. Desde ellas -y no hay que ir muy lejos para saberlo-, se han sentado bases para la construcción de partidos políticos, se han sentado bases para afianzar poder político, social o partidario, y la verdad es que no voy a mirar a nadie y, por tanto, a nadie nombraré. Y no es extraño que las cosas sean así, porque las diputaciones provinciales, como todos sabemos, son entidades que eligen a sus miembros en segundo grado, es decir, sus componentes no responden ante los ciudadanos. Nadie se presenta a diputado provincial en las elecciones. No se responde ante las personas por las que han sido elegidos. Por lo tanto, la capacidad de control que sobre estos instrumentos se ejerce no solamente es mucho menor desde el punto de vista de su propia estructura, sino que en la práctica acaba resultando imposible. Pero, además, esta misma estructura, las propias competencias de las que disponen, permite que desde ellas la tarea central que se haga sea la de distribuir la tarta, la de distribuir instrumentos y medios, en función, en muchas ocasiones, de la voluntad del que distribuye, en función del que tiene la capacidad y el poder para hacer dicha distribución.
Yo creo que aquí hay que hacerle caso al principio evangélico, que dice que: "por sus obras los conoceréis", y como sus obras las conocemos y sabemos exactamente cómo son y hay una larga trayectoria histórica para saber efectivamente por dónde han estado y hacia dónde van, huelgan muchas más palabras y deberíamos saber y delimitar, en su propio y expreso contenido, lo que las diputaciones provinciales son y lo que las diputaciones provinciales pueden suponer y suponen en un modelo de ordenación del territorio. Yo entiendo que las sonrisas de Sus Señorías, en último extremo, y quizá en el primero, son sonrisas de aceptación en relación con las palabras que digo; si hay ese acuerdo, si estamos y tenemos un consenso tan amplio también en relación con estas cuestiones, demos los pasos y creemos las bases para obrar en consecuencia. E insisto, yo sé que desde el punto de vista constitucional el vaciar las diputaciones, el hacerlas desaparecer, como sería nuestro objetivo, es difícil, por no decir imposible, y vaciarlas quizá se puedan vaciar poco más de lo que en la propuesta de la Comunicación se nos traslada a esta Cámara.
Por otra parte, en la Comunicación "las diputaciones provinciales aparecen y se reducen en su perspectiva final -se dice- a grandes empresas de servicios por y para los ayuntamientos, organizadas con criterios de programación y gestión". Bueno, desde luego, éste no es ya un órgano político como son actualmente las diputaciones provinciales. Si se trata de construir empresas que gestionen, abría que discutir servicios de carácter mucho más amplio que el que pueda afectar a estructuras territoriales más pequeñas; créese, pues, con criterios de eficacia técnica, con criterios de eficacia en la gestión, pero, desde luego, no con criterios políticos como, en este momento, están constituidas las diputaciones provinciales.
En definitiva, nuestra opinión con relación a la estructura provincial es que deberíamos dar los pasos suficientes y necesarios para que en ese esquema organizativo las diputaciones provinciales no jugasen un papel decidido ni decisivo, porque creo que redundaría claramente en beneficio de lo que son intereses colectivos de esta Comunidad y, en todo caso, para la gestión de algunos servicios, que puede ser importante que se haga desde un nivel mucho más amplio, se pueden crear instrumentos adecuados para que se lleve a cabo sin tener los inconvenientes que se tienen desde la existencia de las diputaciones provinciales.
El tiempo se está echando encima. Ahora pasaré a hablar de otra cosa. Hay una especie de impresión histórica que se ha repetido en muchas ocasiones, incluso se editó un libro con ese título y se hicieron trabajos importantes en esta Comunidad, en los que se hablaba de Zaragoza contra Aragón. Y de un tiempo a esta parte, prácticamente todos los partidos políticos, empezando por sus programas electorales, comienzan a decir que el desarrollo de Zaragoza debe colocarse y ponerse al lado del conjunto del territorio. Yo creo que fundamentalmente lo que se dicen son palabras que no responden con claridad a las circunstancias y a los hechos actuales; con la actual configuración, con el actual modelo de desarrollo por el que vamos avanzando, nosotros creemos que es muy difícil romper esa dinámica de enfrentamiento Zaragoza contra Aragón y pensar que Zaragoza y su entorno va a ser un instrumento, desde esta perspectiva, de impulso para el desarrollo regional, entendido con un carácter equilibrado y colectivo. Lo que está ocurriendo en el último período, las formas como se están desarrollando en Aragón las perspectivas económicas, sociales y políticas, desde luego, no avalan esa posibilidad.
Zaragoza, para bien o para mal, en los últimos veinte años, se ha convertido -y citaré datos concretos- en un centro económico y social de la Comunidad, pero en detrimento de dicha Comunidad. Por ejemplo, entre 1984 y 1989, la provincia de Zaragoza ha perdido el 18% de sus puestos industriales, que en números son diecisiete mil seiscientos veintiocho; a la inversa, en igual período, concentra más del 80% de la industria provincial -no estoy hablando de la Comunidad, sino de la industria provincial-. Más aún, el asentamiento industrial espontáneo en la periferia de Zaragoza ha hecho que el 64% del suelo industrial se concentre en corredores comunicacionales, fundamentalmente, como todos sabemos, en las carreteras de Logroño y de Valencia, dejando vacios grandes espacios fuera del margen de estas vías. Desde 1959, por ejemplo, Zaragoza ha perdido tres mil quinientas setenta y seis hectáreas de regadío, y lo estamos diciendo en un momento en el que todos sabemos lo que importan los regadíos de los que se está hablando, y todos sabemos el enorme costo que tiene ponerlos en funcionamiento.
Yo creo que nadie duda tampoco de que hay una incompatibilidad cierta, una incompatibilidad de usos entre lo que es la dedicación ganadera y agrícola y lo que es el proceso de urbanización a lo largo de los ejes comunicacionales que tenemos. Esta es una realidad que se ha situado en esta Comunidad, y es una realidad a la que tenemos que atender. Por tanto, debemos regular el área metropolitana, y nosotros estamos de acuerdo. Pero lamentamos que esta realidad sea la que nos esté imponiendo un desarrollo determinado para el conjunto de la Comunidad. No obstante es una realidad y a ella tenemos que volcar esfuerzos y para ella tenemos que buscar soluciones.
Sin embargo, incluso a la hora de buscar soluciones, podemos estar pensando en dos modelos distintos, y vuelvo a lo que decía al principio: la ordenación de este territorio es clave también en un proceso de organización territorial. Porque podemos estar pensando exclusivamente en una Zaragoza o en un desarrollo dentro de esta zona a través de grandes vías comunicacionales, de trenes de altas velocidades que nos unan el centro con la periferia, exclusivamente y en función de los intereses aquí localizados; podemos estar pensando en eso. Podemos pensar, como decía antes, en los espacios naturales, en la práctica, solamente como lugar de refugio para las personas que viven en esta ciudad, no como lugar de desarrollo para las que viven en la propia zona donde están esos recursos naturales. Podemos estar pensando en el campo aragonés y estar pensando, como ustedes hicieron la Legislatura pasada, primero, no aplicando y, después, derogando una Ley, como la del Banco de Tierras, que impedía y que impide, desde nuestra perspectiva, el desarrollo de lo que es la explotación familiar agraria, que tiene que seguir siendo base real en la ordenación territorial de esta Comunidd. Podemos seguir teniendo -y lo vuelvo a decir, y lo dije en el debate de investidura, y se lo digo, además, a los compañeros que tengo en este momento en esta posición (el Diputado interviniente se dirige hacia los escaños del GPS)- los campos de tiro, podemos seguir teniendo la base americana -ya habían previsto que lo iba a decir, lo cual les honra-, y, sin duda alguna, con eso lo que haremos será bloquear una buena parte de una ordenación racional de este territorio.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Burriel.

El señor DIPUTADO (BURRIEL BORQUE): Iré terminando, señor Presidente, con la máxima rapidez.
Es decir, podemos apostar por un modelo de este tipo, y, entonces, el área metropolitana zaragozana, la regulación que habrá que hacer en este centro en el que ahora nosotros estamos será de una determinada manera, pero pensemos que los datos que el Consejero ha dado al principio de su intervención sobre el número de municipios, sobre el deterioro de esos municipios y la capacidad de pérdida de población que exista no se van a recuperar. Y Aragón será Zaragoza y su entorno fundamentalmente, con una serie de servicios colaterales en función de Zaragoza y su entorno, y el resto será un amplio y cada vez más grande desierto. Y yo creo que tenemos que saberlo y tenemos que decirlo así, si no se toman medidas de ordenación en otra dirección. Los planes de ordenación territorial, si no, habrá que dejarlos expresamente reducidos a los límites en los que la realidad se encuentra, sin hacer planes voluntaristas que después en la práctica no nos lleven a soluciones reales.
Pero podemos también optar -¡claro que podemos optar!- por otra solución, por otro modelo de ordenación territorial: el contrario al que yo estaba comentando o el que se enfrentaría a datos que yo estaba diciendo. Hablemos de la agricultura, hablemos de un pacto del agua, hablemos de un pacto comunicacional. Yo planteo hoy aquí, encima de esta mesa, la posibilidad de hablar de un pacto en relación con el ferrocarril en esta Comunidad, que contemple el Canfranc y anchos de vía europea hasta esta ciudad en la que estamos, como uno de los ejes importantes de comunicación y de vertebración de esta tierra. Porque hay que hablar de esas cuestiones. Esos son, yo lo sé, modelos de ordenación de este territorio, y en relación con esos modelos puede haber diferencias políticas -las hay, las hay de fondo-, pero es preferible que las pongamos encima de la mesa, que las podamos contrastar, que podamos saber hacia dónde vamos y por dónde jugamos, que no que estemos en una situación como la de ahora que imposibilita tomar soluciones.
De cualquier manera, yo quiero decir -y voy a terminar, señor Presidente- que Zaragoza y su entorno metropolitano como realidad, efectivamente, necesitan una ordenación, y que, por tanto, la ordenación del área metropolitana es indispensable. Alguna propuesta de resolución, sobre todo en relación con cuestiones de carácter urbanístico -porque también coincidimos, y los problemas de carácter urbanístico, los problemas de servicios deben ser abordados-, presentaremos cuando terminemos el debate político de esta Sesión. Hay que resolver problemas que aquí se encuentran. No puede ocurrir, por ejemplo, que las relaciones entre Utebo y Zaragoza sean prácticamente para discutir sobre el uso del agua; no puede ocurrir, por ejemplo, que en Villanueva de Gállego el centro de salud dependa de Zuera y en la práctica el que se ocupa es el de Zaragoza, porque el de Zuera, por un montón de razones, no se puede... Es decir, hay que planificar, hay que ordenar, hay que saber en este área metropolitana cómo los servicios se ponen en funcionamiento y al servicio de todos los colectivos.
Pero termino, ahora de verdad, y retiro las notas para no correr el riesgo de seguir interviniendo. Yo creo, señoras y señores Diputados, señores del Gobierno, que estamos en un momento decisivo para que abordemos este problema, y creo que, además, hay voluntad para abordarlo, sinceramente. Creo que no podemos dejar pasar la ocasión y que en esta Legislatura, en este principio de Legislatura, estas cuestiones tendrán que ser puestas encima de la mesa. Creo que hay que hacerlo con criterios de participación, con criterios de acuerdo y con criterios generosos de descentralización, entendiendo, además, que lo que importa es cómo organizamos y distribuimos los servicios en función de los ciudadanos y ciudadanas y no en función de los intereses políticos. Además, hay que hacerlo sobre la base de plantear en fechas breves la ordenación de este territorio, cuestión clave para el conjunto de la política que tengamos que hacer en esta Comunidad.
Muchas gracias a todos, y muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burriel.
El representante del Grupo Parlamentario Popular... Perdón, para réplica individual por parte del señor Biel.

El señor CONSEJERO de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Portavoz del Grupo Parlamentario Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida. Muy brevemente, para responder, efectivamente, a algunos de los planteamientos que ha realizado Su Señoría.
Estamos ante una cuestión compleja. Desde que en el año 1982 se aprobó el Estatuto de Autonomía, creo que ésta es la primera vez que se está planteando -quizás haya hecho falta dejar transcurrir este tiempo- frontalmente, radicalmente, en el sentido más exacto de la palabra, lo que debería ser desde nuestro punto de vista el modelo de organización territorial, tema muy complejo, difícil de trasladar, incluso a la opinión pública, pero desde todos los puntos de vista, y desde nuestro criterio, absolutamente necesario.
El Gobierno de la Diputación General de Aragón hace pocas fechas que adoptó fundamentalmente tres acuerdos o tres solicitudes de debate a este Parlamento, que nos parecen absolutamente fundamentales: una Comunicación que se envió a este Parlamento para debatir el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, esta Comunicación que se debate ahora sobre el modelo de organización territorial de la Comunidad Autónoma y una tercera Comunicación que entrará en fecha próxima en el Parlamento sobre la ordenación del territorio; son tres cuestiones claves desde todos los puntos de vista que se quieran estudiar, sobre los cuales este Parlamento tiene que definirse.
Entiendo, y quiero explicarlo así, que una cosa, desde nuestro punto de vista, es la organización del territorio, vamos a llamarle organización administrativa del territorio, que es lo que se trae hoy aquí -comarcas, mancomunidades intermunicipales, municipios, diputaciones provinciales, Comunidad Autónoma-, el modelo de organización administrativa del territorio, y otra cosa distinta será el modelo de ordenación del territorio, que será objeto de debate en otra Sesión de este Parlamento.
Pero este Consejero, el Gobierno de la Diputación General de Aragón, tiene confianza en que, siendo radicales en plantear las necesidades que tenemos en el modelo de organización territorial, lleguemos a un consenso o lleguemos a un acuerdo para poner en marcha una serie de medidas concretas que yo he reflejado en tres o cuatro leyes, como la ley sobre la comarcalización, con una ley de transferencia o delegación de competencias a los municipios, la ley del régimen local de Aragón, o la ley de creación del área metropolitana de Zaragoza. Ojalá que en su día seamos capaces de consensuar estas cuatro leyes, incluso previamente a su remisión a este Parlamento. Este Consejero y este Gobierno no tienen ningún inconveniente en que estas medidas que se plantean en el plano político, en el plano teórico, se concreten luego en medidas legislativas que se pacten con todos los Grupos Parlamentarios para que puedan luego remitirse a esta Cámara, porque lo importante, después de más de dos Legislaturas funcionando estas Cortes, es llegar al modelo posible, y todos tendremos que ceder algo en la definición de ese modelo de organización territorial. Yo estoy absolutamente convencido que el modelo que salga de estas Cortes tiene que tener, en mi opinión, el respaldo de sesenta y siete votos, el respaldo de todas las fuerzas políticas, y, en consecuencia, cada una de nuestras fuerzas políticas tendrá que dejarse algún pelo en la gatera, como se dice siempre, habrá que dejar algo de nuestro propio programa para coincidir con los programas de otras fuerzas políticas. Porque no podemos hacer un modelo de organización territorial que dure lo que dure una Legislatura o dos Legislaturas, tenemos que hacer un modelo de organización territorial que dure muchos años y que sea ejecutado cualquiera que sea el Gobierno que esté en la Diputación General de Aragón. Y, desde ese punto de vista, ningún Diputado de esta Cámara debería tener temor a coger el toro por los cuernos y hacer un debate en profundidad, y definir a lo largo de toda esta Legislatura el modelo de organización territorial.
Y voy a poner un mero ejemplo que flota en la Cámara siempre que se habla del modelo de organización del territorio: no vamos a hacer un modelo contra nadie ni puede resumirse el debate político en diputaciones sí o diputaciones no, yo creo que ése es un tema coyuntural que hay no digo que aparcar, pero sí coger como una parte más de todo el conjunto. No podemos acabar concluyendo que un grupo político se define con un modelo de organización territorial por el mero hecho de ser o no partidario de las diputaciones provinciales; ya lo veremos, ya lo discutiremos, ya luego concretaremos, ya estudiaremos qué medidas políticas, qué medidas legislativas, o qué medidas presupuestarias se aplican para ir definiendo en el tiempo ese modelo de organización territorial. Y estas Cortes y el Gobierno somos competentes casi en exclusiva para definir el modelo, es nuestra oportunidad, de aquí no podemos incidir en ninguna otra Administración; lo que se haga en este Parlamento, lo que haga el Gobierno de Aragón es lo que puede ser en el futuro, y desde ese punto de vista creo que ése es el gran reto que tiene esta Cámara.
Yo, no obstante, agradezco la intervención del Portavoz de Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida, y, sobre todo, unirme al deseo de que esta vez seamos capaces de concluir un modelo de organización territorial que sirva para muchos años, que sirva para el futuro de Aragón.
Nada más, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Biel. Réplica, si le place, por parte del señor Burriel, optativa, no es obligatoria.

El señor DIPUTADO (BURRIEL BORQUE) (Desde el escaño): Por supuesto, por supuesto, señor Consejero, que no se nos escapa que el debate en el que estamos es el de organización territorial y que otro debate es el de ordenación del territorio. Cuando yo he puesto las dos cuestiones encima de la mesa, y espero que se me haya entendido, es porque creo que, en último extremo, el problema de fondo es el de ordenación de esta Comunidad, y una vez ordenada, aunque sepamos con qué criterios de ordenación la vamos a hacer, poner en funcionamiento el esquema organizativo que debe atender a esa organización. Yo sé que aquí estamos, de alguna manera, haciendo un salto en el procedimiento, que no digo que no sea necesario hacerlo por un montón de circunstancias. Acepto que se haga, pero no se olvide, y tráigase cuanto antes, medidas de ordenación territorial, porque serán básicas a la hora de hablar de organización de esa ordenación, que, en definitiva, es de lo que se habla: organización de esa ordenación.
Por supuesto, también, yo no quisiera que de mis palabras acabase entendiéndose en exclusiva que las diputaciones provinciales son el eje determinante de la organización territorial. Yo creo que es un tema importante, mucho más importante de lo que, en ocasiones, pueda parecer si lo contemplamos en el conjunto de medidas; mucho más importante, por razones que todos comprendemos y que no se nos escapan. Pero, de cualquier manera, entiendo, como ha entendido usted desde ahí, que no se trata del debate sobre las diputaciones provinciales, sino del debate sobre los municipios, los servicios, el debate sobre las mancomunidades, sobre las comarcas, por seguir el mismo esquema al que usted se estaba refiriendo, el debate sobre la provincia, el debate sobre la Comunidad y el debate sobre esta área metropolitana, que a nosotros nos preocupa mucho, como centro del modelo de ordenación, y que creo, también, que algún día tendremos que hablar reposadamente, largo y tendido, para buscar fórmulas de acuerdo, si es posible, en una dirección que a todos nos interese y que todos compartamos.
Muchas gracias, señor Presidente, y muchas gracias, señor Consejero.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burriel.
Señor Biel... Desiste de la dúplica. El representante del Grupo Parlamentario Popular, señor Gimeno, tiene la palabra durante quince minutos.

El señor DIPUTADO (GIMENO FUSTER): Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, yo voy a comenzar, aunque creo que es obvio, diciendo sí incondicionado a la propuesta de comunicación y de modelo de organización de la Comunidad Autónoma que trae el Gobierno aquí. Y agradecer, de alguna manera, al Portavoz de Izquierda Unida por el apoyo, que yo no diría incondicional, pero sí, de alguna manera, expreso.
Verdaderamente, nos vamos a sentar en esa mesa para dialogar y llegar al consenso necesario para llevar a feliz término esto, que ya nos viene desde tiempos atrás y que, dada la importancia y la relevancia que tiene para el futuro de esta Comunidad, yo pienso que ésta ha sido la razón fundamental por la cual, hasta hoy, este tema no se ha traído a debate.
Como el propio Consejero ha dicho, creo que éste es el inicio, la apertura de un debate. Simplemente, el invitar a estas Cortes de Aragón, a los Grupos Parlamentarios de estas Cortes, a las instituciones de la Comunidad Autónoma y a la propia sociedad, para que participen en esa mesa de trabajo, para intentar, de una vez, buscar el modelo que los aragoneses queremos para la organización de nuestra Comunidad.
Por ende, lógicamente, señor Portavoz de Izquierda Unida, aquí no podemos deslindar lo que es organización de lo que es ordenación del territorio, sería un craso error, ambas deben ir parejas. ¿Cuál debe ir primero? Lógicamente, entiendo que primero debe ir el de organización y después..., perdón, repito, debe ir el de ordenación, los principios básicos fundamentales que nosotros queremos para nuestra Comunidad Autónoma. Pero yo no podría ahora decir cuál debe ir primero ni cuál debe ir después, creo, fundamentalmente, que ambos deben ir parejos, totalmente parejos, si verdaderamente queremos conseguir esos objetivos.
Es necesario responder a las nuevas demandas sociales, es necesario responder al flujo migratorio, fundamentalmente interterritorial, que existe en nuestra Comunidad. Lógicamente, necesitamos verdaderamente atender de forma preferente la atención a los recursos humanos que tiene esta Comunidad Autónoma; pero ese flujo migratorio, fundamentalmente, viene determinado por la ubicación y el reparto que tienen, dentro de nuestra Comunidad Autónoma, las áreas económicas, lo que hace necesarios unos nuevos planteamientos, unas nuevas ideas, una fijación de unos criterios para intentar acomodar esa sociedad, ese recurso humano, ese potencial humano que tiene esta Comunidad, a las nuevas necesidades.
Creo que otro factor, y muy importante, que ha traído esta Comunicación del Gobierno para debate en estas Cortes ha sido el nacimiento de nuevas instituciones públicas, que, de alguna manera, inciden poderosamente en la delegación de los ciudadanos, en los representantes de estas instituciones, tanto como en el techo, por llamarlo de alguna manera, la distribución competencial que éstos tienen.
Los principios de eficacia, desconcentración y coordinación, recogidos, entre otros, en el artículo 103 de nuestra Carta Magna, la Constitución del setenta y ocho, hacen necesaria la adaptación de nuestra organización territorial a las nuevas situaciones, pero no a las de hoy, sino a las de hoy y a las de un futuro próximo, mediato y, al mismo tiempo, inmediato.
El artículo 137 de la Constitución organiza territorialmente el Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, y nuestro Estatuto de Autonomía recoge en su artículo 5 la capacidad legislativa de Aragón para ordenar la constitución y regulación de sus comarcas. Esto es un hecho, nosotros hemos de hacer uso de aquellas autorizaciones, de aquello que nos permiten las propias leyes, y así vamos a hacerlo.
El Grupo Popular de Aragón defenderá y facilitará con su apoyo esta capacidad organizativa, pero ello sin que suponga menoscabo o desaparición de unidades territoriales constitucional o estatutariamente ya existentes o de los órganos de representación de estas instituciones.
El Grupo Popular es consciente de la dificultad que entraña la coordinación de actuaciones cuando sobre los ciudadanos, y para la solución de su problemática, ejercen competencias órganos plurinstitucionales, y esta dificultad se acentúa todavía más cuando entre éstas existen conflictos competenciales.
Señorías, no es la primera vez ni creo que sea ésta la última -ojalá- en que verdaderamente los Diputados, incluso las personas que comparecen en las Comisiones de estas Cortes o en este Pleno, dicen que una gran dificultad que se encuentra para solucionar muchos de los problemas que tiene esta Comunidad es la falta de coordinación entre las distintas instituciones de nuestra Comunidad. Creemos sinceramente que es éste uno de los objetivos, entre otros, de este debate, cual es el iniciar el trabajo, el abordar la discusión entre los distintos Grupos Parlamentarios, entre las distintas instituciones, entre los agentes sociales, para conseguir un modelo de organización territorial para Aragón que satisfaga los principios de igualdad, el principio de eficacia y el de coordinación.
Como dice la propia Comunicación de la Diputación General de Aragón, toda reforma supone insatisfacciones, y esto es así, es una realidad. Dicho de una forma muy clara: unos parece que salen beneficiados y otros perjudicados. Y esto, en especial, dada su relevancia, no sólo por afectar a tradiciones -lo dice así- o a situaciones largamente consolidadas, sino a posibles reequilibraciones políticas, que pueden suscitar, no cabe la menor duda, suspicacias, recelos y desesperanzas. Es por ello que esta deseable organización territorial necesita comprometer, implicar, consultar a todas las instituciones aragonesas posibles, así como a su población, para conseguir un estado de opinión que favorezca el consenso de todas las instituciones y de la sociedad aragonesa.
No voy a entrar -creo que ha sido manifestado ya con anterioridad en la propia Comunicación, en su primera intervención por el Consejero de Presidencia, por el Gobierno, y, después, posteriormente, en la réplica realizada por el Portavoz de Izquierda Unida- en cuáles deberían ser las competencias de cada institución, de las ya existentes o de las nuevas que se puedan crear, dónde, cuándo o cómo debe ubicarse, cuál será el ámbito geográfico o territorial, qué servicios públicos van o no van a prestar, desde los puramente, yo diría, primarios o de subsistencia, hasta los de educación, sanidad..., es decir, un largo etcétera. Serán éstos objeto de tratamiento en próximas y nuevas iniciativas ofertadas ya por el Gobierno, y que creo que van a ser debidamente contestadas y mejoradas, si es posible, por parte de las iniciativas de los Grupos Parlamentarios.
El artículo 6 de nuestro Estatuto dice, en su apartado 2, que corresponde a los poderes públicos aragoneses promover las condiciones adecuadas para que la igualdad de los individuos o grupos en que se integren sean reales y efectivas. Creo que la Diputación General de Aragón, creo que este Gobierno está llevando a rajatabla el principio de este apartado 2 del artículo 6 de nuestro Estatuto de Autonomía. Con las mancomunidades está realizando un esfuerzo enorme para que los municipios que, por su capacidad, por sus especiales circunstancias, no son capaces de llevar, de poder dar a sus ciudadanos aquellos servicios mínimos que necesitan para conseguir el principio de igualdad lo hagan a través de servicios mancomunados. Pero tenemos que entender que, en algunas ocasiones, estas mancomunidades son agrupaciones voluntarias, y yo me atrevería a decir, limitando el verdadero significado del término, artificiales, que en no muchas ocasiones suelen responder a verdaderas unidades geográficas, verdaderas unidades históricas y, a veces, hasta verdaderas unidades económicas. No es bueno; esta nueva, esta futura, esta deseada organización de nuestro territorio debe tener en cuenta, lógicamente, todas estas inquietudes.
La coyuntura europea y mundial influye negativamente, y tengo que hacer referencia a ello, sobre la ya exigua población aragonesa, salvo Zaragoza y otras pequeñas zonas de influencia, que creo que deben tener un tratamiento específico, no especial, en este futuro plan de ordenación territorial. Y aquí, señor Burriel, he tomado una nota de su intervención en los noes que ha podido dar a esa Comunicación al Consejero, al Gobierno de la Diputación General de Aragón, cuando ha dicho: "un principio que late todavía: Zaragoza contra Aragón". Creo que ese principio ya ha desaparecido, no existe con el vigor, con -diría yo- la fuerza con la que existía con anterioridad. Porque aquí, por dilatar un poco y por romper un poco la estructura formal, podríamos decir: "Agustina de Aragón contra los franceses"; no, está claro. Entiendo que, lógicamente, Zaragoza, que recoge prácticamente más de la mitad de la población aragonesa, tiene que tener, lógicamente, una influencia sobre el resto de la población. Como le decía, Zaragoza, obligatoriamente, tiene que tener en ese plan de ordenación, de organización territorial, un trato específico.
Decía que la coyuntura económica europea y mundial tiene una incidencia fundamental, dado que, salvo Zaragoza y esas pequeñas zonas, tienen una dependencia del sector primario -agricultura, ganadería y minería, fundamentalmente-, que hoy está en claro declive, y que este futuro plan de organización deberá contemplar estas realidades.
Esta futura organización, con toda seguridad, supondrá, no cabe la menor duda, profundas modificaciones de la organización de nuestro territorio. El futuro nacimiento de nuevas formas de organización no debe suponer -lo decía con anterioridad- la desaparición de las existentes, si han demostrado y siguen demostrando su capacidad para la generación y ejecución de servicios públicos.
El estudio de realidades presentes, la posibilidad y potencialidad futura, las inclinaciones prioritarias de la población, el conocimiento de agentes influyentes, tanto endógenos como exógenos, recomiendan serenidad, aconsejan no precipitarse, sugieren, eso sí, trabajo ininterrumpido. Sacrifiquemos la temporalidad por la efectividad. Esto no significa que debamos pararnos, pero esto sí debe significar que no corramos; las prisas suelen ser malas compañeras. Lógicamente, si descansamos en el camino, si no iniciamos el camino y lo continuamos constantemente, podemos perder ese tren al que, con anterioridad, se ha hecho referencia.
A mí me han sorprendido negativamente -tengo que decirlo- las declaraciones que el Vicepresidente del Gobierno, el señor Narcís Serra, realizaba ayer en la apertura de la quinta asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias, cuando decía -digo que me sorprende; yo no sé si esto será o no será realidad- que la consecución del principio de autonomía política y financiera de los ayuntamientos vendrá cuando se hayan conseguido ya los principios de autonomía política y financiera de las Comunidades Autónomas. Verdaderamente me asusta; yo no he estado escuchándole, simplemente he recogido titulares de prensa, pero, desde luego, esto me asusta poderosamente. ¿Por qué razón? Sencillamente, porque en cinco años no hemos sido capaces. Se estableció un sistema de financiación de las Comunidades Autónomas que, a lo largo de su puesta en práctica, ha demostrado que no es el mejor, y los ayuntamientos, nuestros muncipios, tienen que esperar hasta que... Pues, verdaderamente, creo que es para asustarnos.
La Constitución en diversos artículos, nuestro Estatuto de Autonomía, la Ley de Régimen Local, las propias leyes de mancomunidades, la Ley de relaciones de la Diputación General de Aragón con las diputaciones provinciales, recogen, claramente, que tienen la capacidad legislativa para dar a las instituciones ya existentes o a las nuevas que se puedan crear, según la capacidad legislativa de estas instituciones, la fuerza suficiente para poder llevar adelante la organización de que se trate.
Señorías -voy a terminar, señor Presidente-, las atribuciones competenciales de la Comunidad Autónoma de Aragón, sobre el esquema territorial preexistente, obligan a una racional redistribución de funciones para conseguir una mejor gestión de los servicios públicos y un mayor grado de eficacia y rentabilidad del gasto público.
Es obvio, por tanto, que si el poder público ha de distribuirse entre más entes que los anteriormente existentes, cada uno de éstos ha de ver restringido parte del poder que tiene atribuido. Esta es la tarea -diría yo- más difícil de conseguir. Volvemos al tema de la coordinación y de la capacidad competencial que tienen las distintas Comunidades Autónomas. Este será el verdadero caballo de batalla que en esta futura ley de organización territorial de la Comunidad Autónoma tendremos que solventar todos los partidos políticos, todas las fuerzas políticas. En definitiva, hay que efectuar una redistribución de competencias para conseguir los mejores logros y los mejores objetivos.
Señorías, termino respondiendo al otro no de Izquierda Unida a la Comunicación del Gobierno de la Diputación General de Aragón. Cuando ha dicho usted que eran contrarios -no nos ha dicho nada nuevo- al mantenimiento, a la continuación de esa institución llamadas diputaciones provinciales, porque entendían ustedes -no es nuevo; aquí cada uno ya sabemos poco más o menos cuáles son nuestras ideas- que suponen clientelismo político. Creo, estoy convencido, que actuaciones de una institución en un momento determinado en la oposición pueden saber, pueden oler a clientelismo político, esto es obvio. Pero en lo que no estoy de acuerdo... ¡Cuidado!, no es que no esté de acuerdo en lo que usted dice, en que la elección de los diputados provinciales no es directa; de acuerdo que los ciudadanos no eligen a los diputados provinciales. Señorías, al Presidente de la Diputación General de Aragón no lo eligen los ciudadanos, el Presidente del Gobierno de la Nación no es elegido directamente, es decir, Mesías Gimeno Fuster -está clara la importancia de llamarse Mesías Gimeno- no elige a Felipe González, vota a unos representantes en el Congreso que luego elegirán, lógicamente, según su representatividad, al que ha de regir al Gobierno de su Nación.
Entiendo, verdaderamente, que hoy el objetivo prioritario se ha cumplido, y es abrir esta oferta de diálogo, esta oferta de conversación y esta oferta para que todas las fuerzas políticas de esta Cámara sean capaces de llegar a un consenso que consiga una buena, óptima, diría yo, organización del territorio de la Comunidad Autónoma.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gimeno.
El representante del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés tiene la palabra. Señor Bolea, durante quince minutos, tiene la palabra.

El señor DIPUTADO (BOLEA FORADADA): Señor Presidente. Señorías.
En nombre del Partido Aragonés, del Grupo del Partido Aragonés, para fijar nuestra posición en la Comunicación dirigida por nuestro Gobierno, a través del Consejero de Presidencia, sobre la organización administrativa de la Comunidad Autónoma.
En primer lugar, felicitar muy sinceramente, y, además, con plena justificación de causa, al Gobierno de la Diputación General de Aragón por la objetividad de su Comunicación, por la amplitud de su Comunicación y por las posibilidades que abre de entendimiento entre los Grupos. Una amplitud que, en cierto modo, podría considerarse milagrosa, porque milagro es que, con las normas que hoy permiten actuar a la Diputación General de Aragón en materia de Administración local, hayamos llegado a conseguir ese texto.
¿Por qué es esto así? Yo creo que es bueno recordar cómo nos encontramos a nivel general legislativo de transferencias de competencias. El artículo 35 del Estatuto de Autonomía de Aragón dice que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva de las siguientes materias, y en materia de Administración local no dice nada más que lo siguiente: "Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las corporaciones locales y cuya transferencia o delegación autorice la legislación sobre régimen local".
Yo creo que -me van a perdonar Sus Señorías si yo hago un pequeño inciso en lo que esto significa- tenemos competencia para alterar términos municipales y tenemos competencia en aquello que se nos transfiere o que delega a través de la legislación de régimen local. ¿Qué es lo que nos transfiere o delega la Ley de Régimen Local o qué transferencias hemos tenido desde la modificación del Estatuto de Autonomía? Pues, desde luego, no hemos tenido absolutamente ninguna: ni hemos tenido transferencias directas por modificación del Estatuto ni por delegación, a través de una ley delegada. Tampoco la Ley de Bases del Régimen Local autoriza a la Comunidad Autónoma aragonesa nada más que a tres o cuatro modestas cosas.
Si algún estudioso de derecho administrativo se entretiene en ver la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, se encontrará con una disposición adicional que, como tuvimos la oportunidad de decir los representantes del Partido Aragonés cuando se discutió esta Ley tanto en el Congreso como en el Senado, asusta al más mediocre de los estudiantes. ¿Cómo es posible que en esta disposición adicional se diga que las competencias legislativas o de desarrollo de la legislación del Estado sobre régimen local asumidas, según lo dispuesto en sus respectivos Estatutos, por las Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares y Extremadura, se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 13, Título II, y Título IV de esta Ley, y no se nombren a las demás Comunidades Autónomas? ¿Cuáles son las otras que no están designadas? Pues las otras son: Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Canarias, Valencia, Navarra y Madrid, a la que se le da un tratamiento especial.
¿Qué es lo que ocurre en la Ley de Bases del Régimen Local española? Ocurre, señores Diputados, lo siguiente: veintinueve millones de españoles, integrados en estas Comunidades Autónomas, algunas que han ido por el artículo 151 y otras que no han ido por el artículo 151, sino que han ido por el 143, tienen amplísimas facultades en materia de Administración local, amplias competencias en materia de Administración local, y once millones de españoles, entre los que nos encontramos, no tenemos más que las modestas facultades que el Estatuto de Autonomía nos recoge y las que dice la Ley de Bases del Régimen Local, que son concretamente las siguientes: tenemos potestad en materia de regular las entidades de ámbito inferior al municipio, las áreas metropolitanas, las mancomunidades, las comarcas, la creación y supresión de municipios y alteración de términos municipales. Estas son todas nuestras amplísimas competencias en materia de Administración local.
Por eso, creo que hay que felicitar a nuestro Gobierno, porque, con tan escasos mimbres, han hecho un cesto bastante aceptable. Y no me extraña que en esa Comunicación del Gobierno se llegue a un pensamiento o a una reflexión final: todo esto exige, toda esta filosofía que está contenida en esa muy buena Comunicación conduce a la necesidad ineludible e inexcusable de que tengamos competencia exclusiva en materia de Administración local, como las demás Comunidades españolas que la tienen en estos momentos. Y ésta es la gran tarea que creo que tenemos pendiente en las Cortes de Aragón; mientras tanto, tenemos otra tarea más modesta, más modesta en el sentido de que algo podemos hacer y de que es malo que no hagamos nada.
No voy a repetir ni a reiterar lo que ya se ha dicho por el Consejero de Presidencia, yo creo que está perfectamente plasmado en el documento que nos ha sido ofrecido. Entiendo, señor Presidente del Gobierno, señor Consejero, señores Consejeros del Gobierno de la Diputación General de Aragón, que ustedes han hecho un buen trabajo. Creo que es un buen motivo de reflexión para que todos los Grupos nos detengamos un momento a pensar sobre esas ideas y a que formulemos las correspondientes propuestas. Como Portavoz del Grupo Aragonés, anuncio que sobre esas líneas vamos a presentar propuestas basadas en esas ideas, y, desde luego, nos parecerá muy positivo que, por parte de los restantes Grupos, también pueda llegarse a la idea de presentar propuestas, creo que sobre estas bases, porque no hay más. Porque, cuando nos decía el Consejero de Presidencia que la idea fundamental de este Gobierno es que en esta materia, como en la de ordenación del territorio, consigamos un consenso, que no sea de ningún concreto partido, sino que sea de todos, para que, luego, cuando pueda haber, en un futuro, y creo que muy lejano, pero, en fin, un cambio en el Gobierno de la Diputación General de Aragón, pues a nadie se le ocurra el decir que hicimos una cosa que no nos gusta.
Ojalá lleguemos a este acuerdo en estas proposiciones, que creo que es posible alcanzarlo. En esta línea, el Partido Aragonés ofrece la colaboración tanto al Gobierno de la Diputación General de Aragón como al posible entendimiento con los restantes Grupos Parlamentarios de la Cámara.
Nada más, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (LACLETA PABLO): Muchas gracias, señor Bolea. Señor Consejero, tiene la palabra.

El señor CONSEJERO de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, señor Presidente. Señorías.
Brevemente, para agradecer, como no podía ser menos, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios Popular y del Partido Aragonés su participación en esta tribuna, los planteamientos que han formulado. Y, efectivamente, reafirmar que el gran reto de esta Comunicación es que entre todos seamos capaces de ponernos de acuerdo, de iniciar un proceso ahora, de iniciar un camino, que tiene su origen, desde todos los puntos de vista, en el reconocimiento más sincero de la palabra autonomía, tanto en la autonomía de los municipios como la autonomía de absolutamente todas las instituciones. El gran reto y la gran dificultad, sin duda alguna, va a ser que podamos establecer los mecanismos que permitan una mejor coordinación entre todas las instituciones, una mejor coordinación y una redistribución de competencias. Cuando aparezcan, efectivamente, organizaciones nuevas, no puede ser para duplicar el gasto público, ni mucho menos, tiene que ser para que otras organizaciones pierdan algunas de sus competencias en beneficio de estas otras que están más cercanas al ciudadano.
En consecuencia, como digo, como no puede ser menos, agradecer la intervención de los Portavoces de los dos Grupos Parlamentarios que apoyan al Gobierno.
Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (LACLETA PABLO): Gracias, señor Consejero.
El representante del Grupo Socialista tiene la palabra por un tiempo no superior a quince minutos. Don Alfredo Arola tiene la palabra.

El señor DIPUTADO (AROLA BLANQUET): Muchas gracias, señor Presidente. Señoras, señores Diputados.
Venimos a decirle que sí, señor Consejero, y éstas tienen que ser nuestras primeras palabras. Venimos a decirle que sí a la discusión, al debate, al consenso y a ponernos de acuerdo sobre un modelo nuevo de organización territorial que sirva, evidentemente, o pueda servir, para un futuro, que no sea una acción ni partidaria ni partidista desde nuestras ideologías. Lógicamente, no todo van a ser coincidencias, pero venimos, fundamentalmente, a decir que sí a esta voluntad de llevar adelante lo que es un auténtico debate sobre la Comunidad Autónoma, no sólo sobre la organización o la ordenación del territorio, sino un debate de la Comunidad Autónoma, porque, como usted mismo ha dicho, estamos ante el típico caso en que estas Cortes son, a nuestro entender, soberanas, absolutamente soberanas, para decidir y definir cómo queremos que sea nuestra Comunidad Autónoma.
Es evidente que las Administraciones no responden, como los territorios, a una foto fija y que, en todo caso, si hay elementos que no corresponden con el tiempo con el que vivimos, y respetando la tradición, el sentimiento y la identificación de muchas personas con estos elementos, sin embargo, tendremos que poner los medios que sean necesarios, entre todos, para conseguir adecuarnos a la realidad. Dicho de otro modo, por poner un ejemplo, si creemos que en Aragón sobreviven todavía elementos que más responden a los finales del siglo XVIII y principios del XIX, organizando los asentamientos, por ejemplo, o el territorio sobre lo que era entonces la economía, los sistemas de producción, los sistemas de comunicación y los sistemas de transporte, y queremos construir, y ésta es una voluntad, que yo creo que comparte toda la Cámara, el Aragón moderno, no podemos estar simplemente indiferentes o permanecer anclados ante esa situación. Tendremos que, respetando la libertad del individuo, respetando toda la expresión de poder, fijar en un momento su residencia o su adscripción en un determinado núcleo, tendremos que ir, sin embargo, poniendo las medidas que consigan, que incentiven un Aragón más moderno, más articulado, organizar, por emplear la palabra que hoy es el debate, de otra manera.
Debo decirle, señor Consejero, que, establecida, por lo tanto, la necesidad y la coincidencia sobre la necesidad de este debate, establecida, también, la necesidad del pacto entre todas las fuerzas políticas, vengo a decirle, también, que nosotros, con rigor y sin prejuicios, estamos dispuestos a afrontar este pacto necesario para esta Comunidad Autónoma.
Vengo a decirle, también, que tenemos, y forma parte de nuestro posicionamiento, la voluntad de recuperar el tiempo perdido -y voy a citar ejemplos-, porque creemos que, y lo hemos dicho más de una vez, no podemos volver a perder otros cuatro años, y creemos que en este tema de la organización del territorio, con las responsabilidades de quien sea, pero siempre máximas de un Gobierno, la Comunidad Autónoma de Aragón poco avanzó en los últimos años.
No era, sin embargo, ése el panorama con el que en un momento determinado se encontró la Comunidad Autónoma. Un poco de repaso, señor Consejero, porque también es bueno saber de dónde venimos. Hay hoy un elemento que podría o que puede estar planeando por encima de este debate, y es: ¿lo vamos a adoptar en función de una defensa cerrada de aquellas estructuras políticas en las que ostentamos la responsabilidad del poder? La respuesta es, evidentemente, no, no es ésa la posición desde la que nosotros vamos a este debate, rotundamente no.
Y como ha dicho otro Portavoz: "por sus obras los conoceréis", tal es así que quien les habla, en representación del Grupo Parlamentario, puede citar hoy aquí las más importantes medidas, a nuestro modo de ver, que, desde el punto de vista legislativo, se han establecido en esta Comunidad Autónoma para lo que siempre entendimos los socialistas que era necesario: una reordenación de las competencias al interior de la Comunidad Autónoma, y que, además, será la libre decisión, la libre voluntad política de esta Cámara, por lo tanto, la libre voluntad de esta Comunidad Autónoma de articularse en un determinado sentido.
¿Cuáles son esas pruebas que hoy hay que citar? Porque alguna, además, nos habrá servido de forma importante para ir estableciendo los pasos previos al debate de la comarcalización, que es también uno de los elementos que usted, de forma más notoria y novedosa, plantea en su Comunicación. Bien, evidentemente, la llamada coloquialmente Ley de coordinación de la Diputación General con las Diputaciones Provinciales, la Ley de Ordenación de la Acción Social, la Ley del Servicio Aragonés de la Salud -ustedes recuerdan cómo entró y cómo salió- y la Ley de Menores, que fue texto alternativo del Partido Socialista en la anterior Legislatura, que fue aceptado mayoritariamente por esta Cámara.
Bien, pues en todas estas leyes estaba como filosofía importante, o muy importante, diría yo, este concepto de reordenar las competencias de las distintas Administraciones, en función de una más lógica y coherente articulación de la Comunidad Autónoma, repito, de la Comunidad Autónoma, un mejor y más concreto reparto de cada uno de los papeles que las distintas Administraciones deben realizar en esta Comunidad Autónoma. Y todas éstas son la ley marco existente hasta la fecha, pero en las leyes sectoriales, que han sido los pasos fundamentales y primeros para hacer esta reordenación de competencias, que entra, yo creo, de forma importante dentro del debate, podemos decir con orgullo, desde el Grupo Socialista, que éstas fueron nuestras actitudes, esto fue lo que nosotros hicimos, unas veces desde la mayoría -nunca-, pero sí desde la mayoría relativa de esta Cámara, lo que hicimos, incluso, desde la oposición, y lo que estamos dispuestos a seguir haciendo hoy, aquí, sabiendo cuál es nuestra situación en la Cámara, y que lo preferimos, además, a otros modelos que podrían haber sido aplicados en esta Comunidad Autónoma. Hoy hablaba el representante del PAR... Por cierto, no comparto filosóficamente lo que ha dicho; si Su Señoría lo compartiera, además, tampoco habría traído este debate; se ha olvidado, creo, el famoso texto refundido en el que se establecen las competencias que hoy él echaba en falta. Y perdóneme el inciso, pero que preferimos y seguimos en esa actitud a tener que aplicar lo que, en un momento determinado, y no con nosotros en ninguna posición mayoritaria tuvimos que aprobar en el afamado y nunca aplicado, porque el sentido común también funciona, artículo 45, sobre todo en su inciso primero, que es el que hoy, yo creo, además, que sin modificar el Estatuto, sin embargo, vamos a enterrar, y a este entierro yo sí que estoy dispuesto a ponerle seguro, como Su Señoría, algún candado más, para que nunca pueda resurgir o planear en esta Comunidad Autónoma.
Por lo tanto, si éstos son los posicionamientos ya sobre el conjunto del debate que usted nos ha traído aquí, el posicionamiento de nuestra explicitación, de nuestra filosofía, habría alguna cosa más que querría decirle. Y he hablado de cómo creemos -y luego presentaremos una resolución- que puede tratarse el tema de la ordenación de competencias diputaciones provinciales-Comunidad Autónoma y Comunidad Autónoma-diputaciones provinciales, un doble cauce.
Sobre otro de los aspectos en el que voy a centrar mi intervención, las comarcas, la teoría habla de la innecesariedad de la comarca, entendida la innecesariedad de lo que es la estricta interpretación de la Constitución, es decir, por lo tanto, son voluntarios, es decir, es una decisión propia de esta Comunidad Autónoma. Yo creo que las debemos entender, más que como la aparición de un nuevo poder político en la Comunidad Autónoma, como -y esto ya lo tengo que leer- "una solución organizativa para determinados problemas municipales de incapacidad de la prestación de servicios o de necesidad de coordinación conjunta de aquéllos que puedan ser organizados más eficazmente a nivel supramunicipal". Punto de partida, una inicial definición, que creo que no contradice en nada lo que usted ha planteado o está planteando en ese documento, pero que, en todo caso, sería nuestro punto de partida, uno de los elementos importantes de inflexión de este discurso.
También quisiéramos que se huyera de lo que podíamos llamar el romanticismo historicista, creo que, además, la Comunidad Autónoma no tendrá esta tentación, pero sería uno de los elementos que yo creo que deberíamos dejar de lado, porque estamos intentando construir, ordenar, organizar la Comunidad Autónoma del futuro.
Tendremos que debatir sobre el carácter alternativo o complementario de las comarcas con respecto a otras estructuras supramunicipales: las diputaciones provinciales, pero tendremos que discutir sobre este tema.
Y ya le adelanto una concreción: sí a una ley marco, y después vamos a ir construyendo, y mejor fuera por iniciativa propia que no inducida, el número de las que salieran; pero vamos a tener que combatir, por una parte, la falta de tradición, que es tan importante como romper tradiciones asentadas en nuestra Comunidad Autónoma.
Tendremos que poner también de forma importante a debate los derechos resultantes de los municipios, yo creo que eso también es evidente.
Y creo que nos podemos apuntar toda la Cámara, pero también fue iniciativa del Gobierno de 1983-87, que deberemos asumir y profundizar en la experiencia de la Ley de Mancomunidades y su funcionamiento, como Su Señoría ha dicho, porque han creado, por lo menos, dos efectos que a mí me parecen importantes a la hora de discutir la comarcalización en esta Comunidad Autónoma, cual son el efecto administrativo y el efecto político que, evidentemente, han producido, y que, desde esta posición de consenso que le estoy ofreciendo, y con la prudencia en que usted me parecía que estaba en sus palabras de hoy, podremos abordar este elemento.
Creo que he dicho lo más sustancial, porque lo más sustancial hoy es la voluntad de ponernos de acuerdo, es decir, la voluntad en entrar en este debate, en la posición, diría, constituyente que hoy en día todos los Grupos adoptamos en esta Cámara, que cuanto mejor lo hagamos hoy, mejor vamos a poder resolver luego las inevitables, sin embargo, dificultades y desavenencias que nos vamos a encontrar en un entramado legislativo como el que sale. Sí al consenso también de esas leyes enumeradas por usted, pero, evidentemente, de consenso y disenso, dentro, lógicamente, de esta Cámara política, para no hurtar, es decir, para hacer tan públicos los instrumentos de los que nos vamos a dotar como el fin que queremos a través de esos instrumentos, tan público como lo estamos haciendo hoy en este debate, en esta Cámara.
Yo le plantearía, finalmente, que deberíamos discutir -podemos hacerlo después- el abordar, por tramos coherentes, las medidas que vamos a tomar. Por ejemplo, y no vean ninguna de Sus Señorías, un intento de ralentizar este proceso, porque una de las cosas que tenemos claras en nuestro Grupo Parlamentario es que un tema de este calado hay que hacerlo al principio de la Legislatura, que tenemos que quitarle toda connotación posible electoralista, es decir, que lo debemos alejar lo más posible de las elecciones, que debemos, en estos temas constituyentes, ser rápidos, reflexivos, también, y, reitero, alejarlo de veleidades que cualquiera pudiera tener... Entonces, yo le plantearía, Señoría, que deberíamos ir a un bloque, que podríamos llamar el estrictamente municipal, es decir, mapa municipal, medidas a tomar -estoy hablando prácticamente de memoria-; hablar, yo no sé si a través de una comunicación, yo no sé si a través de otro debate, yo no sé si a través del intercambio de documentos, de esos doscientos municipios a los que tan mal futuro les augura este documento -yo creo que eso lo augura la historia, no creo que eso lo juzgue usted-; hablar de las medidas a tomar, aparte de las de comarcalización, etcétera, para prevenir que no aumente el número de esos municipios; hablar de las competencias locales y de las de descentralización en cascada; hablar, al mismo tiempo, de una ley de régimen local, yo creo que tenemos competencias para hacerla. Le digo, también, desde el consenso: estamos dispuestos a ir, prácticamente, hasta aquí, usted me entiende, es decir, hasta el límite de la interpretación de las competencias de la Comunidad Autónoma. Le querría hacer un simple recordatorio: vamos a ver si somos ahora capaces de transferir a los ayuntamientos, aparte de los medios humanos y económicos, algo más que sean labores de simple policía, sea policía sanitaria, o sea policía administrativa, o sea de las otras. Vamos a hablar de robustecimiento de las haciendas locales, para esas finalidades no condicionadas por la transferencia que le haga la Comunidad Autónoma. Es conocida la posición de este Grupo en esta Cámara en la anterior Legislatura, y es conocido cuál fue el resultado de la iniciativa del Partido Socialista; esperamos tener mejor futuro en esta Legislatura con una iniciativa que promueva, que procure el robustecimiento.
Las mancomunidades de municipios, éste sería, yo creo, el primer bloque que deberíamos afrontar; un segundo, inmediatamente después, que sería la identificación de lo que el documento llama "otros municipios especiales", pues, porque parece, si yo he entendido bien el documento, que tienen un tratamiento distinto, de mayor amplitud en la transferencia o en la delegación de servicios, evidentemente todo esto también a través del marco de una ley, que deberíamos después hablar, finalmente, de comarcalización, para acabar hablando, si es que procede, de Zaragoza y su área metropolitana.
Esta sería, expresada nuevamente, la posición política de mi Grupo Parlamentario, la voluntad de trabajar en esta Cámara en el sentido en el que estamos diciendo. Y aunque sólo sea por expresar un no, es decir, de los nueve puntos que usted nos ha planteado, tenemos muchas dudas sobre ese consejo de ayuntamientos. Creemos, y hoy tenemos en Zaragoza una buena expresión, que es a través del asociacionismo y de la voluntad política... No somos tantos en Aragón como para que puedan existir o deban existir dos tipos de asociacionismo en el mismo marco; yo creo que será mejor ir por la vía del asociacionismo existente en nuestra Comunidad Autónoma que por la vía, siempre complicada, de la creación de un consejo.
Esta es, por lo tanto, señor Consejero, la voluntad política de este Grupo. Usted tiene pruebas, además, de que es la voluntad real, de que ya hemos mejorado, gracias. Yo creo que también hay un cambio de talante y ya las Administraciones dejan de competir, creo que dice el documento, dejan de competir o de ser alternativa. Y en las instituciones los partidos políticos estaremos todos puestos de forma activa en construir en este Aragón, en general, un cuerpo legislativo que supere las alternancias, que yo espero más prontas que el señor Bolea, en buena lógica, en el poder, pero del que nos podamos sentir orgullosos y al que inevitablemente también llegará el tiempo en que se haya quedado fuera de tiempo, como alguna de las cosas que hoy nos han traído aquí.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. El señor Consejero, para la respuesta.

El señor CONSEJERO de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, señor Presidente. Señorías.
En ocasiones ocurren cosas en las instituciones, ocurren cosas en la calle y en muchos lugares, y, luego, con el paso del tiempo, se da uno cuenta de que fueron muy importantes. Yo he de reconocer que me siento especialmente satisfecho, que intuyo que ha sido un debate interesante, yo diría que más que un debate, que ha sido el comienzo de un proceso interesante. E intuyo, y lo dirá el tiempo, y lo dirá esta Legislatura, y lo dirá, quizá, la próxima legislatura, que, quizá, hemos acertado perfectamente en la solidaridad entre los distintos Grupos, hemos acertado perfectamente en el análisis del momento que actualmente vivimos, para poder resolver un problema que estaba ahí desde hace muchos años. Y, desde todos los puntos de vista, el Gobierno de la Diputación General de Aragón, y, muy especialmente, este Consejero, se encuentra especialmente satisfecho, y el tiempo dirá que este debate fue importante y que este comienzo fue importante. Y las intuiciones a este Consejero casi nunca le fallan, a veces sí, pero casi nunca le fallan.
Estamos de acuerdo todos los Grupos en que es necesario reformar el actual modelo de organización territorial, todos los Grupos estamos de acuerdo en la reforma, todos los Grupos estamos de acuerdo en que, en consecuencia, hay que poner en marcha un modelo nuevo, y todos los Grupos estamos de acuerdo en que son estas Cortes, son la Comunidad Autónoma, estas Cortes, quienes tienen que impulsar, fundamentalmente, ese proceso histórico, proceso histórico porque se va producir a lo largo del tiempo. Yo creo que de este debate puede surgir hoy el suficiente impulso político para que ese proceso no se nos quede en el camino, sirva la redundancia. Se producirán, lógicamente, discrepancias en las medidas concretas que el Gobierno o cada Grupo traiga a estas Cortes, y habrá que discutirlas, y el Gobierno tiene el proyecto de ley sobre comarcalización de Aragón, que habrá que discutir, y tiene prácticamente preparado y terminado el proyecto de ley de transferencia o delegación de competencias a los municipios, y estamos embastando, en el sentido de la palabra, el proyecto de ley de régimen local de Aragón, o el proyecto de ley de creación, en su caso, del área metropolitana. Hay documentación, hay respaldo científico, hay respaldo técnico, pero lo más importante, desde mi punto de vista, es lo que se ha podido conseguir hoy: el impulso político, por encima de los partidos políticos, por encima de los intereses legítimos y de los programas de cada partido político. Por eso creo que el tiempo dirá que éste fue un debate muy importante que se produjo en el seno de la Comunidad Autónoma. Como digo, discreparemos en las medidas, y cada uno tendrá que dejar un poco de su programa en la negociación, pero sólo así tendremos garantizado el éxito final del modelo.
Planificaremos en el tiempo -y le contesto, efectivamente, al Portavoz del Grupo Socialista-, planificaremos en el tiempo la puesta en marcha de las medidas, y la prudencia no está reñida con la voluntad de hacer un proceso, en modo alguno, no está reñida, y no se va contra nada ni contra nadie, simplemente, queremos adaptar el modelo de organización territorial a la necesidad que tiene nuestra Comunidad Autónoma.
Yo creo que con eso no se puede decir más. Ahora empieza un proceso que, quizá, tuvo que empezar antes, que no lo sé, quizá no se daban las circunstancias para ello, hay que dejar pasar el tiempo: desde los tiempos de la preautonomía, en el año 1978, han pasado trece años, y aquí estamos, todavía, intentando hablar de las comarcas. El tiempo, en ocasiones, resuelve muchos de los problemas.
Pero yo insisto, y con esto quiero terminar, porque realmente yo estoy de acuerdo con lo que han dicho todos los Grupos Parlamentarios: este Consejero, y el Gobierno, por supuesto, se siente especialmente satisfecho del acuerdo en la necesidad de la reforma, quiero que se tome en consideración, de acuerdo todos en que necesitamos un modelo nuevo, un modelo renovado, de acuerdo en que son estas Cortes quienes tienen que impulsar un proceso que requiere, aun contando con las discrepancias lógicas y saludables que se pueden producir entre los distintos Grupos, una prudencia y una planificación en el tiempo.
En cualquier caso, muchas gracias a todas Sus Señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Biel.
A continuación, se va a suspender el debate durante treinta minutos, al objeto de que los Grupos puedan discutir y, en lo posible, consensuar esas propuestas de resolución.
Se suspende la Sesión.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la Sesión.
Se han presentado seis propuestas de resolución conjuntas, consensuadas por los cuatro Grupos Parlamentarios, y dos individuales, una del Grupo Socialista y otra del Grupo Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida.
Se ha convenido con los Portavoces que las seis conjuntas no sean defendidas, sino simplemente leídas por la Mesa, como hicimos ayer, y las dos individuales sean defendidas cada una de ellas por el Grupo proponente. Y vamos a comenzar precisamente por este trámite. El Grupo Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida tiene una propuesta de resolución y se le invita a defenderla desde la tribuna. Señor Burriel, tiene la palabra para la presentación y defensa, en su caso, de la propuesta de resolución.

El señor DIPUTADO (BURRIEL BORQUE): La resolución que ha presentado el Grupo de Izquierda Unida tiene coherencia con la Comunicación, como a continuación les explicaré. Pero tiene también, y fundamentalmente, la oportunidad de evitar -como traté de decir en mi intervención- que dejemos pasar el tren de actuaciones que en este momento tenemos encima de la mesa y que es posible que las cojamos a tiempo para evitar males mayores.
En concreto, nosotros pretendemos que en la ordenación del área metropolitana de Zaragoza haya, a la hora de determinar los criterios urbanísticos, una participación amplia que no solamente se limite a lo que es, en este momento, Zaragoza ciudad, sino que también se extienda a los municipios que, previsiblemente, van a estar en esa área metropolitana. Como todas Sus Señorías saben, el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza está en este momento en fase de revisión. Como seguramente tampoco ignoran, para iniciar esa fase de revisión el Ayuntamiento de Zaragoza ha constituido una mesa para la participación -creo que éste es el nombre exacto que tiene-, donde se integran colectivos sociales, instituciones y partidos políticos, con el fin de debatir los criterios de base que van a servir después, desde el punto de vista técnico y político, para llevar a cabo esa revisión del Plan General de Ordenación.
Si, como dice la Comunicación, y así lo entendemos nosotros, entre las funciones que tiene el área metropolitana, está la coordinación en materia urbanística, e, incluso, en algún momento, la propia Comunicación habla de que es preciso ya abordarla, nos parece importante que, estando las circunstancias como están, se abra la posibilidad a los ayuntamientos de que se integren en esa mesa de participación a la hora de debatir criterios urbanísticos y coordinación en materia urbanística. Esta es la razón de la propuesta de resolución que nosotros presentamos, y confiamos en que, precisamente por la coherencia con lo que se dice, y por la oportunidad y la necesidad del momento, sea respaldada por la mayoría de esta Cámara y, en consecuencia, pase a cumplirse de la manera procedente.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burriel. El Grupo Parlamentario Socialista también presenta una propuesta de resolución individual, y se invita a su representante a presentarla y defenderla.

El señor DIPUTADO (AROLA BLANQUET): Gracias, señor Presidente.
Resumiendo en un mismo acto lo que podríamos llamar el turno en contra de lo que ha propuesto el Portavoz de Izquierda Unida y, además, para darle -creo que es obligado- la cortesía de la respuesta, la explicación, la justificación de voto y, en fin, todas esas cosas que dice el Reglamento.
La sensación, coloquialmente expresada, sería la de que antes de cabras, corral, es decir, que el Grupo Parlamentario Socialista ha mostrado una actitud yo creo que absolutamente clara con respecto al área metropolitana, pero esperemos a que esté realmente funcionando y existiendo para que se puedan adoptar medidas que, a lo mejor, se desprenden de su propia existencia.
En todo caso, señor Burriel, cuente usted en público con lo que le he ofrecido en privado: trasladar, en todo caso, esa voluntad política que usted ha expresado al órgano competente al que corresponde, que creemos que es el Ayuntamiento socialista, o -perdón- el Ayuntamiento a secas. En todo caso, traslado al grupo municipal socialista la voluntad que usted expresa, pero, al mismo tiempo, nuestro voto será en contra de su propuesta.
Ya para defender estrictamente la propuesta que nosotros presentamos, lo hemos dicho muchas veces: no hay que tener ningún papel delante. Señorías, entendemos que este proceso es necesario que tenga una cierta capacidad bidireccional, es decir, de la misma manera que estamos convencidos de que, por el ámbito de la competencia, por el número de las personas afectadas, por la propia esencia de la misma, hay competencias que son de interés general para la Comunidad Autónoma y que a través de las leyes sectoriales deben revertir a la propia Comunidad Autónoma, pero también creemos que, por la propia naturaleza de algunas de las competencias que tiene la Comunidad Autónoma, pueden ser ejercitadas o pueden ser transferidas, delegadas, como se quiera, a las propias diputaciones provinciales, que van a ser Administraciones que van a seguir existiendo. El objeto es claro: por una parte, aquél que tiene mayor capacidad de globalización en un momento determinado y que la necesita, por ejemplo, en materia sanitaria, en servicios sociales, en carreteras, por poner ejemplos que se han citado hoy aquí, parece lógico -también hay otras materias, que, en su momento, discutiremos; hay una que ya está clara: el ciclo hidráulico- que puedan revertir en las diputaciones provinciales.
Esta es la síntesis fundamental de nuestra proposición: hacer realidad -que hoy también expresamos como resultado de este debate- la necesidad de un sentido bidireccional de la materia que abordemos, es decir, la reordenación de las competencias de las distintas Administraciones actuantes en el territorio.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arola.
Las propuestas tienen un turno en contra, si se ha pedido; como no lo había pedido, el Presidente no lo había concedido, como es natural. El señor Arola ha planteado el replicar brevemente; si usted lo pide, puede tener un turno en contra. ¿Lo solicita?

El señor DIPUTADO (BURRIEL BORQUE) (Desde el escaño): Gracias, señor Presidente.
Para manifestar nuestra opinión contraria a la propuesta de resolución que ha defendido el Portavoz del Grupo Socialista. Las razones yo creo que son evidentes, posiblemente han sido tan explicadas en mi intervención primera que ahora me pueda excusar con facilidad de hacer una intervención mayor. Estamos, efectivamente, de acuerdo en que los procesos de transferencias deben ponerse en funcionamiento y, además, por razones de eficacia y descentralización, con la mayor rapidez posible, pero no estamos a favor de que desde ese proceso de transferencias lo que se establezca finalmente sea una consolidación del funcionamiento de las diputaciones provinciales que, en último extremo, es el que se recogería en esta propuesta de resolución, y nosotros -insisto-, por las opiniones que hemos expresado en el comienzo del debate, no somos partidarios de que las diputaciones provinciales vayan en esa dirección y con esas competencias. Por tanto, votaremos en contra de esta propuesta de resolución y esperamos que con nosotros lo haga alguno más.
Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burriel.
Se va a proceder ahora a la lectura, por los Secretarios, de las propuestas de resolución conjuntas, presentadas de forma consensuada por los cuatro Grupos de la Cámara. El señor Secretario Primero leerá las tres primeras.

El señor SECRETARIO PRIMERO (CAUDEVILLA ARREGUI): Propuesta de resolución: "Las Cortes de Aragón entienden que de la comunicación remitida por la Diputación General de aragón sobre propuestas para una política de organización territorial de Aragón, y, en concreto, de las propuestas finales, las fases que debe comprender dicha organización serán las siguientes:
1. Mapa municipal.
2. Competencias locales y descentralización en cascada.
3. Robustecimiento de las haciendas locales.
4. Mancomunidades de municipios.
5. Las provincias.
6. Otros municipios especiales.
7. Comarcalización.
8. Zaragoza y su área metropolitana.
9. La modernización de la gestión y los recursos humanos".
Propuesta de resolución: "1. Las Cortes de Aragón entienden que el establecimiento de una nueva organización territorial en Aragón debe atender a la importancia del fenómeno producido por las interrelaciones específicas de la ciudad de Zaragoza y los municipios de su entorno más inmediato, debiendo tener su reconocimiento en una norma legal.
2. Previamente a la remisión del correspondiente proyecto de ley, las Cortes de Aragón consideran necesario un amplio consenso de los municipios afectados y Diputación Provincial de Zaragoza, para lo cual la Diputación General de Aragón establecerá los mecanismos necesarios y dará cuenta de ello a aquéllas.
3. Asimismo, se dará cuenta a las Cortes de Aragón de los estudios e informes realizados por la Diputación General de Aragón en relación a los siguientes aspectos: ámbito territorial, organización, competencias y financiación.
4. El proyecto de ley de creación del área metropolitana de Zaragoza será remitido a las Cortes de Aragón en un plazo de un año y, en todo caso, con posterioridad al que regule el proceso de comarcalización".
Propuesta de resolución: "Comarcalización.
1. Se insta a la Diputación General de Aragón para que ponga en marcha el desarrollo de las previsiones del artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que dispone que una ley de las Cortes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas, remitiendo el correspondiente proyecto de ley de comarcalización de Aragón en el plazo de seis meses.
2. La organización comarcal, como nivel intermedio de Administración local, debe hacer posible la pervivencia de los pequeños municipios que carezcan de población y medios para prestar aisladamente sus competencias y ser instancia que haga posible la descentralización de competencias por parte de la provincia y la Comunidad Autónoma.
3. El proyecto de ley que la regule, como norma marco del proceso de comarcalización, deberá fijar sus principios generales, competencias, órganos de gobierno y financiación. La división comarcal se someterá a consulta municipal. La creación efectiva de cada comarca quedará, en principio, a la iniciativa de los municipios que la formen".

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario Primero. El señor Secretario Segundo va a proceder a la lectura de la segunda tanda de propuestas de resolución conjuntas.

El señor SECRETARIO SEGUNDO (PINA CUENCA): Propuesta de resolución: "Descentralización en cascada.
1. La mayor agilidad en la gestión de los servicios públicos y su acercamiento al ciudadano aconsejan avanzar en un proceso de descentralización de competencias hacia las entidades locales, en todos aquellos casos en que lo permita la naturaleza de las competencias y funciones, exista suficiente capacidad de gestión y se produzca la aceptación de aquéllas por la entidad local que deba recibirlas.
2. Por todo ello, se insta a la Diputación General de Aragón para que remita a las Cortes de Aragón un proyecto de ley que regule las delegaciones, transferencias y asignaciones de competencias a las entidades locales (municipios de más de cinco mil habitantes o cabeceras de comarca, mancomunidades y otras organizaciones supramunicipales que puedan crearse).
Dicho proyecto deberá acompañarse de un programa para su puesta en práctica, con expresión de las competencias y funciones a que pueda afectar, plazo previsible y procedimiento de determinación de los medios que deban acompañarlas".
Propuesta de resolución: "Modelo de organización territorial y ley sobre la Administración local aragonesa.
1. Se estima urgente abordar la definición del modelo de organización territorial de Aragón, que permita avanzar en la modernización de la gestión de los servicios públicos y haga posible la superación de las actuales deficiencias en el ejercicio de las competencias públicas, que tienen su origen en la escasa capacidad de gestión de muchos municipios y en la superposición de actuaciones entre distintos niveles de Administración.
2. Con tal fin, la Diputación General de Aragón someterá a las Cortes de Aragón para su debate y aprobación los proyectos legislativos que contemplen los diversos aspectos de obligada atención, en un plazo no superior a nueve meses.
3. En lo que se refiere a los temas generales relativos a la Administración local aragonesa en su conjunto, una ley deberá referirse al régimen de alteración de términos municipales, que no favorezca la creación de nuevos municipios por segregación; a la regulación del concejo abierto y de otros regímenes especiales; a la organización complementaria de las entidades locales, aplicables a aquéllas que no ejerciten su potestad de autoorganización; a las agrupaciones para personal común, y a otras funciones y relaciones interadministrativas".

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario Segundo.
Se va a proceder a la votación... ¿Falta una por leer? Pues que continúe el señor Secretario Segundo, que había anunciado que había concluido.

El señor SECRETARIO SEGUNDO (PINA CUENCA): Gracias, señor Presidente.
Propuesta de resolución: "Uno de los objetivos a los que no debe renunciarse en el proceso de organización territorial de Aragón es al de potenciar la creación de un fondo autonómico de cooperación con las haciendas municipales con carácter incondicionado y con criterios de suficiencia financiera, autonomía financiera y solidaridad".
Y ahora, señor Presidente, sí creo que he concluido.

El señor PRESIDENTE: Le tomo la palabra.
Vamos a proceder a la votación comenzando por las propuestas de resolución individuales. En primer lugar, se va a votar la propuesta de resolución de Izquierda Unida, cuya defensa ha realizado el Portavoz. Señores Diputados que estén a favor de la propuesta de resolución, que levanten el brazo, por favor. ¿Señores Diputados que estén en contra de la aprobación? ¿Abstenciones? Por tres votos a favor, cincuenta y siete en contra y cero abstenciones, queda rechazada la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida.
Se va a someter a votación la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Señores Diputados que estén a favor de esta propuesta de resolución, que levanten el brazo, por favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por cincuenta y siete votos a favor, tres en contra y ninguna abstención, queda aprobada la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se va a proceder ahora, igual que hicimos ayer, a la votación conjunta -si ningún Grupo pide la votación individualizada- de las seis propuestas de resolución consensuadas, presentadas por todos los Grupos y a cuya lectura hemos atendido hace un momento en boca de los Secretarios de la Mesa. Señores Diputados que estén a favor de este conjunto de seis propuestas de resolución, presentadas de forma conjunta por los distintos Grupos, que levanten el brazo, por favor. Quedan aprobadas por unanimidad las seis propuestas de resolución conjuntas.
Pasamos al último trámite de explicación de voto. ¿Desean hacer uso los representantes de los Grupos Parlamentarios de la explicación de voto? Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida.

El señor DIPUTADO (BURRIEL BORQUE) (Desde el escaño): Muchas gracias, señor Presidente.
No puedo por menos que felicitarme, y felicitarnos, porque un debate que tenía como fundamento, según hemos expresado todos desde la tribuna, el acuerdo posible para la creación de un nuevo sistema de organización del territorio de Aragón haya contado también con un acuerdo en cuanto a la mayor parte de las resoluciones. Por tanto, sean mis primeras palabras de felicitación colectiva y personal por este acuerdo que se ha producido alrededor de resoluciones, algunas de ellas, desde nuestro punto de vista, tan importantes como la que plantea la constitución de un fondo de cooperación municipal, en un momento, además, en el que se está hablando de problemas económicos en los ayuntamientos y en esta ciudad, como todos sabemos.
Junto con esto, mi sorpresa, mi sorpresa real, no mi sorpresa supuesta, mi sorpresa real por algunas de las votaciones que se han producido en relación con las resoluciones individualizadas que han sido sometidas también a aprobación final de la Cámara. La Comunicación del Gobierno establecía con meridiana claridad que es precisa ya -así se decía- una planificación urbanística coordinada de toda el área de Zaragoza. Nuestra resolución daba la oportunidad ya de que toda la posible área metropolitana de Zaragoza pudiese hablar de la coordinación urbanística en el camino de la constitución de esa área. El hecho de que esa votación haya resultado rechazada por cincuenta y siete votos, es decir, por los votos de los partidos que sustentan al Gobierno y por el PSOE, se nos escapa, y se nos escapa a la vista del propio contenido de la Resolución, como también se nos escapa el apoyo común que se presta -de alguna forma, pero se presta- a las diputaciones provinciales por parte de los grupos políticos, cuando opiniones distintas y en otras épocas no iban en esa dirección.
De cualquier manera, como decía Quevedo en una famosa letrilla: "milagros de corte son", y, por tanto, así han quedado las cosas.
Muchas gracias, señor Presidente, y muchas gracias a todos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burriel.
Ciertamente, milagros de la política.
El señor Portavoz del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra para la explicación de voto.

El señor DIPUTADO (GIMENO FUSTER) (Desde el escaño): Gracias, Presidente.
Simplemente para dejar constancia de que creo que hoy, con la voluntad y ante un tema tan importante como es el de la organización del territorio de Aragón, los Grupos Parlamentarios de esta Cámara hemos sido capaces de llegar a un consenso con el fin de intentar resolver paulatinamente, sin descanso, pero sin premuras y sin prisas, el tema que nos viene encomendado.
Creo que hoy es un día muy importante, verdaderamente muy importante, porque creo que hemos comenzado el camino de modificar unas estructuras que yo considero que estaban realizando su labor, porque no teníamos otras, pero de actualizar verdaderamente estructuras que nos vienen, por decirlo de alguna manera, del siglo XIX. Entonces, mi felicitación personal y del Grupo al resto de la Cámara.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gimeno.
El Portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés tiene la palabra para la explicación de voto.

El señor DIPUTADO (BOLEA FORADADA) (Desde el escaño): Señor Presidente. Señorías.
Creo que efectivamente es bueno el haber consensuado estos temas, que, por otra parte, era un consenso fácil, habida cuenta de la objetividad de la Comunicación del Gobierno de la Diputación General de Aragón, en el que realmente no se planteaban problemas para los distintos Grupos; se ha tratado de que haya un marco ideal y, a partir de allí, ya se irá completando con las leyes correspondientes.
Una explicación a mi buen amigo don Adolfo Burriel acerca de que no hay milagros y no milagros; lo que ha ocurrido, sencillamente, es un voto de coherencia nuestro, porque lo que estamos votando aquí es un problema de organización del territorio. Efectivamente, en la Comunicación del Gobierno, cuando se habla del área metropolitana de Zaragoza, se justifica y se dan unas razones, una de las razones fundamentales es la coordinación del tema urbanístico; pero, claro, no solamente es el tema urbanístico el que hay que coordinar en el área metropolitana de Zaragoza, hay que coordinar todo el tema de comunicaciones, hay que coordinar todo el tema sanitario, hay que coordinar el tema de enseñanza, hay que coordinar el tema de todos los servicios. Claro, si ahora, aquí, nosotros, aprovechando esa circunstancia a la que hacía referencia ad exemplum, el tema urbanístico, hubiésemos presentado una proposición también para el tema sanitario y etcétera, etcétera, pues creemos que era fuera de contexto.
Consecuentemente, el tema al que la proposición de Izquierda Unida hacía referencia nos parece que es más propio de ordenación del territorio que de organización del territorio. En consecuencia, señor Burriel, nuestro Grupo no le ha votado en contra al fondo, le hemos votado en contra a la forma, por creer que el momento no es éste, sino que yo estoy convencido de que cuando sea dicho por el Gobierno de la Diputación General de Aragón, que dentro de breve plazo se presentará la temática de ordenación del territorio, pues quizá sea ése el momento oportuno.
Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bolea. El representante del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor DIPUTADO (AROLA BLANQUET) (Desde el escaño): Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente. Yo creo, mi Grupo Parlamentario cree que hoy hemos sabido entre todos darle, primero, respuesta desde el presente a los problemas del pasado y, subsiguientemente, lo que hemos hecho hoy es algo tan ilusionante como a lo mejor no concreto, que no lo podamos tocar, y eso es que hoy hemos sembrado: el futuro. Yo desearía que fuera tan buena la cosecha como ha sido hoy la siembra.
Nada más, y muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Arola.
Agotado el último punto, la última etapa del debate de la Comunicación del Gobierno, se cierra el acto parlamentario y se levanta la Sesión. (A las catorce horas.)