Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

Por favor, señoras y señores diputados.

Proposición no de ley núm. 21/16, sobre la deuda histórica.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias. Señorías. Señor presidente.

A nuestro grupo parlamentario le parece que estamos ante un debate fundamental y sustancial que puede marcar un antes y un después para muchas cuestiones relativas a la financiación de la comunidad autónoma y, por tanto, de la calidad de vida de los aragoneses y aragonesas, por lo que espero que tengan ustedes la sensibilidad consecuente a la hora de emitir un voto, espero que favorable, sobre esta proposición no de ley.

Cuando hablamos de la deuda histórica, estamos hablando de algo que al final se traduce en cuestiones muy prácticas, y es hablar del dinero público que viene desde el Estado y que al final se traduce en la prestación de unos servicios u otros, en tener unos recursos u otros, en hacer unas inversiones u otras y, por tanto, en tener una calidad una vida u otra. No hablamos de ninguna entelequia ni de nada que pueda sonar a que aquí cada uno tira hacia su casa, ni de insolidaridad, ni de nada por el estilo.

Quiero recordar y poner encima de la mesa la aportación y la lealtad que Aragón ha tenido siempre con el Estado español, siempre hemos sido un pueblo no conflictivo, pactista y que hemos aportado y hemos hecho que se construyese el Estado español, y desde ahí es desde donde planteamos esta proposición no de ley para que se calcule la deuda histórica acumulada. Ya no hablamos desde épocas más remotas, que, indudablemente, creemos que la deuda histórica que el Gobierno de España tiene contraída con la Comunidad Autónoma de Aragón puede ser incluso previa a la democracia, pero, desde luego, desde la democracia no tiene ningún sentido y es desde todo punto de vista intolerable que estemos constatando la diversidad entre las comunidades autónomas en cuanto a los crecimientos tan dispares y asimetrías que hay en los diferentes territorios. Quiero recordar que el artículo 138 de la Constitución dice que «El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad [...] velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español». No ha sucedido así y al cabo de todos estos años del Estado de las autonomías podemos comprobar que, efectivamente, no ha sido así con esos ritmos tan diferentes.

Los recursos propios, los recursos endógenos que tiene cada comunidad autónoma no son iguales, son diferentes, también la previa industrialización se llevó a cabo de una forma diferente en unas u otras comunidades autónomas y, desde luego, desde el máximo respeto al principio de solidaridad, y compartiéndolo desde el principio hasta el final, no estamos hablando de ambiciones desmedidas ni de tratos de favor ni de privilegios, otras personas, otras comunidades autónomas sí hablan de eso, nosotros no hablamos de eso, simplemente hablamos de una reivindicación justa, por la que nos debemos a los aragoneses y aragonesas, y que esperamos que estas Cortes lleguen a un acuerdo para dar respuesta a esta necesidad que entendemos que para muchos aragoneses quizá sea desconocida, pero no por eso es menos justa y menos merecida.

Que tengamos un criterio claro desde estas Cortes, desde este Parlamento, que estemos unidos en esta cuestión y que seamos capaces de calcular la deuda histórica acumulada del Gobierno español con la comunidad autónoma nos parece que es un punto de apoyo clave para conseguir una mejor financiación desde diferentes puntos de vista. Y ahora, que estamos en esta especie de limbo, que no se sabe muy bien lo que va a pasar con el Gobierno de España, pues más que más creemos que es un momento especialmente sensible para que aquí, en Aragón, cerremos filas y planteemos esta cuestión.

Lo que pedimos son dos cosas: que, por una parte, el Departamento de Presidencia elabore un informe con el cálculo de lo que se estima que puede ser esta deuda histórica acumulada en estos treinta años y que lo traiga en el primer semestre a la Comisión Institucional, por un lado, y, por otro lado, que con ese informe se convoque de manera urgente la Comisión Bilateral con el fin de buscar un acuerdo y plantear un cronograma concreto para saldar la deuda resultante estimada.

Cuando hablamos de «deuda histórica», ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de ocho conceptos: de la recaudación de los tributos cedidos que han sido modificados unilateralmente por el Estado; de la legislación básica que ha sido aprobada por parte del Estado que luego hemos tenido que aplicar y que no ha venido con la dotación suficiente para implementarla; de las competencias que han sido transferidas mal dotadas en varias ocasiones; de las partidas presupuestarias que año tras año no son ejecutadas, y que se pierde ese dinero; de las partidas de los presupuestos generales del Estado, insuficientes según la realidad demográfica y territorial aragonesa; de la repercusión de la exclusión de los fondos estructurales europeos de la zona Objetivo 1; del sobrecoste que supone prestar servicios de acuerdo con nuestra realidad demográfica y territorial, y, por último, de la afección del sistema general de financiación de comunidades autónomas por el hecho de que reparta el fondo de garantía de servicios públicos otorgándole un peso a la población de un 97% frente al 3% del territorio. Con lo cual, creemos que todos estos conceptos, indudablemente, nos llevarían a una conclusión de que, en estas décadas, el trato ha sido totalmente injusto para esta comunidad autónoma, y, cuando hablo de «comunidad autónoma», hablo de personas, de aragoneses y de aragonesas.

Por hacer una simple mención, porque nos gustaría que constase en este Diario de Sesiones, de algunos antecedentes, quiero hacer referencia al dictamen de la comisión especial de estudio sobre el modelo de financiación autonómica, que acabó con un acuerdo el 28 de junio de 2001 en esta Cámara, que después de dieciséis sesiones, en las que comparecieron catorce personas expertas en el tema de la financiación, y muchas sesiones, como digo, de trabajo, escuchando a mucha gente, se acabó planteando una serie de propuestas, entre las cuales estaba el hecho de que Aragón tenía que tener un modelo propio —y digo, esto fue un acuerdo de estas Cortes por todos—, un modelo propio, un acuerdo bilateral, sin renunciar a los derechos históricos, indudablemente.

Por hacer un repaso muy rápido histórico, deben saber que, en 1990, en el proyecto, que no llegó a aprobarse, de reforma del Estatuto de Autonomía se proponía un sistema de cupo global, para que veamos a dónde hemos llegado. En 1994, cuando se reforma, efectivamente, el Estatuto, se habla de un convenio para regular las relaciones fiscales y financieras con participación territorializada de Aragón en los tributos no cedidos. En el año 1996 —me parece que es un hito importante que luego ha pasado desapercibido—, aquí, señorías, se aprobó una resolución, y se aprobó, que decía: «Aragón debe reservarse la posibilidad de dotarse de una hacienda foral, estableciendo un concierto económico con el Estado que dé respuesta a la singularidad territorial y demográfica de Aragón». Y en el año 1996, en el Estatuto de Autonomía, constaba el artículo 48, para ver los avatares que todo esto... bueno, pues que se han sucedido, que actualmente es el 108, en el que se exige un acuerdo bilateral que viene a ser, y así dicen —estoy diciendo lo que dicen esas conclusiones aprobadas por todos los grupos en estas Cortes—, un cupo complementario.

Es decir, no estamos planteando salirnos del sistema general de financiación, pero lo que sí que parece que tiene todo el sentido es que tengamos un acuerdo bilateral, que viene a ser un cupo complementario, que vendría, por una parte, a compensar todas esas insuficiencias financieras que los expertos también pusieron encima de la mesa y que se vio que, efectivamente, esta comunidad autónoma había tenido, y, por otro lado, esa falta de respuesta a la realidad aragonesa.

Quiero recordar la disposición adicional de nuestro Estatuto que dice que la aceptación del régimen de autonomía no implica la renuncia del pueblo aragonés a los derechos que nos hubieran podido corresponder en virtud de nuestra historia, y... [corte automático del sonido]... País Vasco y Navarra tienen un concierto y un convenio. Y no estamos hablando de privilegios, como digo, estamos hablando de financiación para mejorar la vida de los aragoneses.

Esperamos contar con su apoyo.

Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señora Herrero.

En el turno de defensa de las enmiendas, por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Vallés.

La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor presidente.

Señorías, si hay un tema que, siendo importante, ha vuelto a la actualidad en estos momentos en este periodo de incertidumbre políticas ha sido y es el de la denominada «deuda histórica», tema que, como otros mucho, ha evidenciado que la voluntad del deseo del candidato socialista a alcanzar la presidencia del Gobierno es superior a la búsqueda de la solidaridad, la unidad y el equilibrio entre los territorios y los ciudadanos españoles.

Esta cuestión resurgió en el ámbito nacional con motivo de las negociaciones del candidato socialista en su reunión con un grupo parlamentario, en concreto con el Grupo Compromiso, que valoraba la deuda histórica valenciana en cerca de dieciséis mil millones de euros y lo ponía como condición para su apoyo favorable al señor Sánchez. Parece, y habida cuenta del resultado de las votaciones de ayer, que no se ha llegado a ningún acuerdo, pero ello no ha sido obstáculo para que el propio candidato socialista, en sus propuestas que presentó el lunes y en su propia intervención en el Congreso, en las propuestas hablara del estudio y compensación de la deuda histórica valenciana y en sus intervenciones hablara de la necesidad de mayor financiación para la Comunidad Valenciana y la comunidad catalana. Yo les preguntaría: ¿y el resto?, ¿no hay agravios, no hay deudas con otros territorios?, ¿no somos todos iguales? Señorías, puede ser un guiño, pero es un síntoma destacable de en cuánto valoran los socialistas la abstención de algunos partidos de izquierda.

Señores socialistas, parece que poco les han valido sus tibias manifestaciones públicas porque el agravio está sobre la mesa y está a punto de servirse. Y resulta difícil de creer lo que ustedes nos puedan decir hoy aquí, cuando su jefe en Madrid lo ofrece como pago para su investidura.

Así pues, ha vuelto este tema a las Cortes. Y, en primer lugar, quiero decir que el Grupo Parlamentario popular apoyará todo proceso reivindicativo y justo que tenga por objeto mejorar la financiación y la recuperación de los derechos económicos de los aragoneses porque, en definitiva, no es más que la posibilidad de mejorar los servicios públicos, que es de lo que se trata. No obstante, e intentando ser lo más respetuoso con la iniciativa original, hemos presentado dos enmiendas: por un lado, al objeto de centrar el ámbito territorial en el cual se pueden solicitar las mermas, la reclamación de las mermas tributarias, y, por otro, distinguir y conjugar entre deuda histórica y financiación autonómica.

Para el Grupo Popular, cuando hablamos de deuda histórica, independientemente de que existen muchas causas (el desequilibrio temporal en las infraestructuras, la legislación estatal, el estudio presupuestario estatal a nivel de dotación y ejecución), lo hacemos fundamentalmente por ser más fácil de cuantificar en dos aspectos: por un lado, las mermas tributarias, y, por otro lado, por la insuficiente dotación de las competencias transferidas o delegadas.

Respecto a las mermas tributarias, la iniciativa original habla de un tiempo de treinta años. Es decir, ustedes hacen referencia a los acuerdos que se adoptaron en los años 1986-1992 por Felipe González, al año noventa y seis por José María Aznar y al año 2010, aplicado en 2011, por el señor Zapatero. Respecto a las tres primeras, señorías, les quiero decir que, si bien con la oposición de mi grupo por insuficiencia y ser perjudicial para Aragón, ya fueron definitivamente saldadas, así lo firmó el entonces gobierno socialista de Aragón con el gobierno socialista de Madrid desde el 15 de septiembre de 2009; es decir, difícilmente podremos reclamar algo que ya hemos saldado. Mermas tributarias que en aquel entonces estas Cortes valoraban en setecientos millones de euros y que más tarde fueron simplemente pagadas mediante inmuebles por un valor aproximado de trescientos diez millones más cincuenta y tres millones de aportación dineraria. Entonces hablaban de un buen acuerdo. Tal vez a veces tenemos que recordar para no volver a caer que, en aquel momento, los aragoneses perdimos cerca de trescientos millones de euros. No voy a entrar de nuevo en aquel debate, sí que les pediría a aquellos que no estuvieron aquí que se lean el informe de la Cámara de Cuentas del año 2010 que se hizo efectivo, donde se hablaba de la duda de la propia tasación y que consideraba gravosa para las arcas autonómicas la aceptación de los inmuebles aportados por el Estado.

Respecto a las decisiones derivadas del gobierno de Zapatero, el gobierno del Partido Popular y del Partido Aragonés reclamó vía administrativa cerca de trescientos setenta millones, posteriormente reclamación en vía judicial y actualmente está pendiente el proceso judicial desde enero en el Tribunal Supremo, que espero que sea mantenida y defendida claramente por el actual Gobierno.

Otro aspecto, evidentemente, es la insuficiente dotación de los sucesivos traspasos de competencias, que tendremos que seguir valorando.

Unido a este estudio evidente y a este elemento queríamos unir la propia financiación autonómica, que en estos momentos podemos considerar como un elemento urgente y prioritario. Debemos dotarnos de los suficientes mecanismos, informes y estudios, sobre todo el coste superior a la media nacional en la prestación de determinados servicios, para presentar propuestas incontestables de cara a esa posible y a esa necesaria financiación autonómica. En todo caso, debemos analizar, cuantificar y justificar de cara a esas distintas negociaciones.

En definitiva, Aragón debe reivindicar de manera razonada, justa, solidaria y equitativa, debemos de cargarnos de argumentos y debemos plantar cara a quienes por un sillón conceden beneficios económicos a uno en detrimento de otros. Y lo debemos de hacer con todos los mecanismos que tengamos a nuestro alcance y que nuestro Estatuto nos permite, con la... [corte automático del sonido]... y el acceso a un sistema financiero justo y acorde con las necesidades de Aragón y de los aragoneses.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señora Vallés.

Para defender la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora García.

La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Deuda histórica, un tema, sin duda, de gran importancia política y económica para nuestra comunidad. Es por eso que ha sido un tema recurrente legislatura tras legislatura en esta Cámara, aunque personalmente me surge la duda de si todos hablamos de lo mismo cuando utilizamos este término. En muchas ocasiones se confunde la deuda histórica con las mermas tributarias, es decir, los ingresos dejados de percibir por reformas normativas tomadas unilateralmente por el Estado que afectan a la recaudación de tributos cedidos a las comunidades. Pero la deuda histórica comprende más déficit que los tributarios.

En cuanto a este tema, de gran interés para todas las fuerzas políticas y que casi siempre ha sido un tema de consenso, fuimos los primeros en llevarlo ante el Gobierno central, y no solo una vez, aunque con diferentes resultados según el ejecutivo que lo gestionó, y me explico.

Fue en 2005 la primera vez en que la DGA solicitó la compensación de las mermas tributarias, esas cantidades dejadas de percibir por importe de casi cuatrocientos veintinueve millones de euros, y acabó siendo objeto de contencioso-administrativo. En medio de este litigio, en 2007 se reformó el Estatuto de Autonomía incluyendo que se instara a la Comisión Mixta a resolver este litigio, y así se hizo, llegando en 2009 a un acuerdo beneficioso —beneficioso, señora Vallés— entre Estado y comunidad por el que se transaccionó la deuda; un acuerdo que satisfacía el interés público y que dio por resuelto el conflicto y por cumplida la disposición adicional primera del estatuto aragonés, algo que, por cierto, sirvió de ejemplo y referente para otras comunidades. El gobierno de entonces, PSOE-PAR, fue capaz de cerrar un conflicto jurídico con el Estado y así nos lo anunció en los medios el entonces vicepresidente José Ángel Biel —creo que lo recordarán, señorías del PAR—, y la deuda se consideró saldada hasta ese momento.

Por otro lado, en 2012, considerando el Gobierno de Aragón que el problema de las mermas subsistía por no haberse corregido la causa, y habiéndose incluido el derecho a obtener las compensaciones en el Estatuto de Autonomía, volvió a llevar una segunda reclamación al Estado por trescientos setenta millones, asunto que volvió a terminar en los tribunales. La actuación del gobierno, esta vez PP-PAR, frente a este segundo contencioso fue algo diferente a la del anterior y lo conseguido también. Ante la desestimación del recurso, se consiguió la imposición de costas y después se recurrió en casación ante el Tribunal Supremo en 2014, y ya veremos lo que nos cuesta.

Poco más. Pocos avances, poca voluntad política, poco diálogo, pocas reuniones de la Comisión Bilateral, ninguna desde octubre de 2013, y eso que esta comisión es el instrumento de participación de la comunidad autónoma, lo que muestra el gran interés que se tenía sobre este y otros temas importantes como el traspaso de competencias, la revisión del modelo de financiación o las inversiones que se consignan en los presupuestos para Aragón cada anualidad. En definitiva, pocas soluciones, y en ese gobierno también estaba el PAR.

Pero no se preocupen, todos hemos oído esta mañana al presidente hablar de la nueva política aragonesa de este momento, de la necesidad de participar de forma proactiva y de empezar a exigir el artículo 108 de nuestro Estatuto, porque queremos y debemos formar parte de la gobernanza de España. Es necesario apostar por el diálogo, por la negociación política, por la concertación y por el pacto como método más adecuado y conveniente para defender nuestros intereses y derechos financieros, habida cuenta de la importancia que las cuestiones financieras tienen sobre el potencial desarrollo de cualquier gobierno. Estamos obligados a ser vigilantes de la lealtad institucional, pero una lealtad recíproca, de ida y vuelta, y tenemos que actuar cuando se modifican leyes que afectan a nuestros intereses y a nuestra economía, y también tenemos derecho a ser compensados, a reclamar y recibir esa deuda histórica.

Por eso, el Grupo Socialista está a favor de solicitar urgentemente una reunión con la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado y, sobre todo, con la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros —de ahí la enmienda— a fin de buscar un acuerdo para la compensación de la deuda histórica acumulada, que previamente habrá que calcular, teniendo en cuenta los pasos que ya se han dado, y de los que surge la otra parte de la enmienda, de suprimir la referencia del periodo de los últimos años.

Creo que es más conveniente para todos no poner fechas y, más que preocuparnos por el cronograma, debemos hacerlo por conseguir el acuerdo y el reconocimiento.

Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señoría.

Grupos no enmendantes.

Grupo Mixto. Señora Martínez, tiene la palabra.

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, señor presidente.

Señora Herrero, ya me gustaría a mí que, si se aprobara esta PNL, supusiera un antes y un después para la deuda histórica de Aragón, ya me gustaría, pero ahora mismo, no sé si es por las horas ya, por las horas de debate, me parece que insistiremos, pero no sé si será un antes y un después.

Decía usted, señora Herrero, que Aragón es un pueblo solidario y pactista, yo le añadiría que sumiso también y que muchas veces, ante el ninguneo que sufrimos por el Gobierno español, por el Gobierno central, los gobiernos de aquí, de Aragón, no hemos sido demasiado beligerantes ni hemos plantado demasiada batalla.

Se ha estado hablando aquí de cuánto supone la deuda histórica. He oído cifras de setecientos millones, también he leído cifras, por otro lado, de seiscientos millones, ha habido compensaciones a esta deuda a través de inmuebles, y ustedes han nombrado en su proposición no de ley cosas cuantificables por las que calcular esa deuda histórica.

Yo, por añadir algo más al debate, le voy a añadir dos conceptos no cuantificables y, como no son cuantificables, no se podrá hacer el sumatorio, pero yo creo que merece la pena tenerlos en cuenta: es la compensación por el expolio, las explotaciones de materias primas que ha sufrido Aragón en beneficio de otros territorios, o el impuesto social y ambiental de determinadas obras hidráulicas o energéticas que se impusieron sin las correspondientes restituciones. Eso también tendríamos que ser capaces de cuantificarlo y de valorarlo porque, evidentemente, aumentaría mucho más la deuda histórica que tiene contraída el Estado español con Aragón. Y también hay otra: la compensación por las consecuencias económicas y territoriales del modelo de desarrollo desvertebrador impuesto por los sucesivos poderes centrales del Estado. Añado estas dos cuestiones que no son cuantificables y que, por lo tanto, no podrán añadirse al sumatorio, pero me agradaría —y así lo hago— para que permanezcan en el Diario de Sesiones.

Desde luego que vamos a votar a favor de esta proposición no de ley y también, señora Herrero, me gustaría que aceptara una de las enmiendas porque, además de la Comisión Bilateral, a la que usted alude y que con poco éxito se reúne... Ya hemos visto lo que ha pasado con el Fite, parece ser que el Gobierno, ahora en funciones, no tiene ningún interés por que ese Fondo de Inversiones de Teruel, que no está puesto para la deuda histórica, pero para una deuda histórica un poco más reciente sí... se reúna y dé sus frutos. Me gustaría que también añadieran en la proposición no de ley, hicieran un texto transaccionado, que también se reuniera la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado... perdón, la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros Estado-Comunidad Autónoma. Creo que sería mucho más productivo para poder recuperar esta deuda.

Como he dicho, me encantaría que esta proposición no de ley saliera adelante y lo que más me gustaría sería que el cronograma que se estableciera en estas reuniones fijara y diera resultado y que las arcas aragonesas, al menos económicamente, pudieran cobrar su deuda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra.

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Señor presidente.

No somos partidarios de hablar de deudas históricas, que en muchos casos se convierten en deudas histéricas. Debemos cambiar esa costumbre de reclamar las mal llamadas «deudas históricas» y reclamar un modelo de financiación justo que garantice una caja común con la que pagar la educación, la justicia, la sanidad de todos los españoles, pero sin frentismos ni particularidades territoriales.

¿Quieren que hablemos de deudas? ¿De esas que sí está en nuestras manos saldar? Deudas, las contraídas por los sucesivos gobiernos de Aragón, deudas de las contraídas por la mala gestión interna y hasta en algunos casos, como el de Plaza, por la corrupción. Deudas, las de algunas empresas públicas y otros proyectos que se han demostrado fracasados. Deudas, las que han tenido de los gobiernos de Aragón cuando no prestan los servicios que los aragoneses necesitan y a los cuales tienen derecho. Es hablar de las prestaciones sanitarias, prestadas en condiciones de permanente espera; de la deuda que se tiene con los habitantes de Alcañiz o Teruel con sus hospitales; educativas, con los colegios e institutos flanqueados por barracones, como el Foro Romano de Cuarte o el de Valdespartera en Zaragoza; es hablar de los servicios sociales y la ayuda a la dependencia; deuda histórica, la que ha tenido Zaragoza en muchas ocasiones hacia el resto.

Más allá de las deudas históricas, debemos conseguir una financiación adecuada al coste de los servicios que prestamos a los aragoneses. Y ya les hemos dicho en otras ocasiones que no queremos más, pero que tiene que quedar claro que tampoco menos.

La reforma de la financiación que nosotros creemos necesaria afrontar es una reforma en profundidad para que no sea revisada en su totalidad permanentemente y solo se hagan los ajustes necesarios según cambien las circunstancias. Pero una reforma sin complejos. Una reforma en la que, además de tener en cuenta que dicha financiación debe cubrir los servicios personales como la educación, la sanidad, los servicios sociales, se deberían también tener en cuenta aquellos servicios que satisfagan la actividad económica, la del medio ambiente, la del territorio, número de empresas, personas ocupadas... Es otra opción.

Lo volvemos a reiterar una vez más: necesitamos una verdadera reforma de la financiación autonómica, pero sin deudas históricas ni enfrentamientos territoriales, una reforma en la que se tengan en cuenta los diferentes factores que influyen en el coste de los servicios, como la población, la dispersión, la densidad, el envejecimiento, la dificultad orográfica, la superficie, la distancia y, en una comunidad como la nuestra, también el tiempo que cuesta dotar de los servicios públicos a los aragoneses.

Hablan, ustedes del PAR, en la exposición de motivos de la evidencia de que no se ha velado por el establecimiento de un equilibrio entre territorios, a juzgar por los ritmos de desarrollo tan diferentes que han tenido las diversas comunidades autónomas, provincias o zonas. Estamos de acuerdo, pero ¿podrían ustedes asegurar que las distintas provincias o zonas de Aragón gobernadas o, mejor dicho, cogobernadas por ustedes, a juzgar por los ritmos de desarrollo, han tenido un reparto endógeno de manera uniforme? Simplemente se lo pregunto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

El Grupo Podemos Aragón tiene la palabra.

El señor diputado CLAVERÍA IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente.

Destaca un cierto grado de indigencia conceptual el plantear ahora esta especie de revival sobre el tema de la deuda histórica cuando realmente lo que se debiera de plantear también al mismo tiempo es la responsabilidad histórica de los partidos que han gobernado Aragón durante estos treinta años.

Salimos de un ciclo recentralizador en el cual se están acatando unilateralmente los tributos cedidos y hay una renuncia explícita, como, por ejemplo, se ha mencionado aquí, de los derechos por obra hidráulica, en contra de un incremento brutal de la pobreza energética en nuestra comunidad autónoma, de una época en la cual las élites políticas han estado firmemente comprometidas con un modelo desvertebrador que subyace a este modelo que tanto daño hace a las comunidades del interior como la nuestra y que está en el origen de graves consecuencias sociales, económicas y territoriales para Aragón.

Pero, como lo que toca ahora es gestionar una derrota electoral, es el momento de lavarse la cara y qué mejor recurso que recurrir al comodín de la deuda histórica. Hay que olvidarse, por lo tanto, de cómo ha quedado hipotecada la comunidad autónoma al recurrir a procedimientos de financiación onerosos o, por ejemplo, hay que olvidarse de mencionar los regalos de la señora Rudi al gobierno Rajoy, u olvidarse, por ejemplo, del intercambio de quinientos millones de euros por activos inmobiliarios y suelo depreciado. Eso sí, los responsables políticos de este tipo de orientaciones totalmente erróneas para el futuro y para el pasado de nuestra comunidad autónoma han recibido su merecido premio con sendas actas en el Senado.

En este debate, desde luego, lo primero que hay que decir es que hay que reconocer en el estado de la cuestión que la deuda histórica del Estado con Aragón corresponde a un problema de infrafinanciación o a un desequilibrio que hay que subsanar. Pero la cuestión de fondo estriba en que el territorio sí que debe reclamar un trato justo, constitucional, estatutariamente hablando, que garantice el derecho de las aragonesas y los aragoneses, pero la cuestión de fondo está en que el sistema de financiación debe ser justo y también concertado para el reparto de los fondos con el Estado, pero que sea una aspiración que no colisione con los derechos de otras comunidades autónomas. Es decir, que en los retos del futuro está el modelo de financiación y el modelo territorial, ahí está la clave y ese es el debate subyacente en la cuestión de que estamos hablando hoy.

Ahora estamos entrando en una zona de profundas turbulencias por la acumulación de debates abiertos e inconclusos (Senado, artículo 135, reforma constitucional...), a la que ahora sumamos —hoy se ha visto durante todo el día— todos los problemas relacionados con la arquitectura institucional (local, comarcal, diputaciones provinciales). Todo esto determinará el futuro de la deuda histórica. Pero todo esto se sustanciará —y esto es irremediable, señorías— con un proceso constituyente con el que la ciudadanía decida un modelo de convivencia en lo social y en lo territorial. Y es en este marco y en esta perspectiva en los que tenemos que abordar la deuda histórica, en la perspectiva de una concertación con las otras comunidades autónomas y con el Estado central, es decir, en la perspectiva de resolver los problemas de la plurinacionalidad en nuestro país.

Este mismo mes, nuestra organización, Podemos, ha presentado un documento llamado «Un país para la gente. Bases políticas para un gobierno estable», concebido como un punto de partida para formar un gobierno de cambio con el Partido Socialista a escala estatal. En este documento, Podemos propugna la imprescindible reformulación del modelo territorial y de la financiación. Sería interesante hacer recalar este documento y visualizarlo también desde una perspectiva de nuestra comunidad autónoma porque en él, junto con cuestiones programáticas, se plantean cuestiones de método para resolver, aplicables a una agenda aragonesa por el cambio; es decir, aquí puede estar uno de los eslabones para avanzar hacia un gobierno o hacia una agenda aragonesa del cambio.

En el documento se plantea que los principios de equidad, suficiencia, justicia territorial y solidaridad interterritorial son aquellos en los cuales se puede uno fundamentar para combinar el principio de ordinalidad con un reparto solidario en función de las necesidades de cada territorio. Asimismo se plantea el establecimiento de un nuevo marco... [corte automático del sonido]... adaptado a cada comunidad política, así como el blindaje de las competencias autonómicas.

Y aquí dejo el tema, que corresponde más a la política general, indicando que en este contexto, y bajando a la PNL, aceptamos que el Gobierno de Aragón delegue en los técnicos de Hacienda...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

El señor diputado CLAVERÍA IBÁÑEZ: ... y en la Comisión Bilateral.

Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

El Grupo Parlamentario Aragonés, para su posición sobre las enmiendas.

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Acepto la sugerencia de Chunta Aragonesista, de tal forma que, al final del primer punto, simplemente añadiríamos «entre otros» porque, efectivamente, podría haber otras cuestiones que se nos hayan pasado y que podrían sumar, con lo cual, en todo lo que sea sumar en beneficio de los aragoneses, ahí nos encontrarán.

En segundo lugar, aceptaríamos la enmienda que plantea el Grupo Popular acerca del cálculo del sobrecoste que supone la prestación de servicios, pero sería un nuevo punto 1. bis, por tanto, un 2, que diría concretamente, y la enmienda tal cual que dice... bueno, concretamente, cogemos la última frase, «al objeto de servir de base de cara a la negociación del nuevo sistema general de financiación de las comunidades autónomas», y seguiría su texto tal cual: «el Departamento de Presidencia remitirá a la Comisión Institucional de estas Cortes en el primer semestre...», etcétera, etcétera.

Y en último lugar, en el actual punto 2, que sería un tercer punto, añadiríamos, a sugerencia del Partido Socialista, decir «una reunión urgente de la Comisión Bilateral y de la Comisión Mixta».

Y, con eso, yo creo que podríamos ser capaces de llegar a un acuerdo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Pasaríamos a votación de la proposición no de ley.

Iniciamos la votación. Sesenta presentes; cincuenta y seis síes; abstenciones, cuatro. Por tanto, queda aprobada la proposición no de ley.

Pasaríamos a la explicación de voto.

¿Grupo Mixto? No hace uso.

¿Grupo Parlamentario Ciudadanos?

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Como he dicho en mi exposición, simplemente para aclarar —hemos sido los únicos que nos hemos abstenido— la posición.

Lo hemos dicho, no estamos a favor de las deudas históricas, creo que es una manera de enfrentar, tenemos que conseguir una ley de financiación justa para Aragón, justa, y no deudas históricas, una financiación que es la que nos corresponda, pero no deudas históricas, ni aquí, ni el Valencia, ni en Madrid, ni en Andalucía, desde luego que no.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Grupo Parlamentario Aragonés, señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Señor Domínguez, cuando hablamos de «deuda histórica», efectivamente, estamos hablando de educación, de servicios sociales, de sanidad, de carreteras, de medio rural, etcétera, etcétera, porque esto es todo. Efectivamente, cuando hablamos de «deuda histórica», es tener un punto de apoyo fundamental, primero, para que se nos diese una cantidad en concepto de esa deuda histórica, y, segundo, como un punto de apoyo fundamental para conseguir una mejor financiación.

Y esto se traduciría en que quiero que se vea claramente lo que percibe un ciudadano vasco de dinero público indirectamente, desde luego, de las administraciones y lo que percibe un ciudadano aragonés, que es exactamente la mitad, y eso se traduce en todas esas cosas que se han dicho.

Nosotros agradecemos de verdad a todos los grupos parlamentarios, lamentamos mucho que Ciudadanos no se haya sumado a este acuerdo unánime, y creemos sinceramente que es un hito histórico importantísimo. Esperamos que el Gobierno de Aragón cumpla con este mandato de las Cortes de Aragón casi unánime y, en definitiva, sería dar solución a un problema que es la poca población que tenemos en Aragón, que eso nos ha llevado a ser ninguneados en muchas ocasiones por los gobiernos centrales.

Y otra razón que no se nos escapa: desde luego, y por cosas que se han dicho, la historia de la comunidad autónoma hubiese sido otra si los gobiernos hubiesen sido mayoritarios de partidos aragonesistas, ya no digo del PAR, fíjese, hasta una coalición Partido Aragonés-Chunta Aragonesista o solo de Chunta Aragonesista. ¿Ustedes realmente creen que las cosas hubiesen sido iguales? ¿Que la relación con el Estado hubiese sido igual? Pues, indudablemente, no, e indudablemente se hubiesen conseguido muchas más cosas, como digo, justas y no privilegios para los aragoneses.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

El Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra. No hace uso.

El Grupo Parlamentario Socialista. No hace uso.

El Grupo Parlamentario Popular.

La señora diputada VALLÉS CASES [desde el escaño]: Sí, gracias, señor presidente.

Para agradecer al Partido Aragonés que haya aceptado nuestra enmienda porque queríamos introducir la necesidad de que en el nuevo sistema de financiación general hiciéramos los estudios necesarios para incluir el sobrecoste de los servicios por encima de la media nacional, que creo que es el elemento que siempre hemos defendido desde estas Cortes.

Y simplemente quería hacer una serie de precisiones a algunas cosas que he escuchado en la intervención y sobre todo respecto al funcionamiento de la Comisión Bilateral.

Señora García, mire si fueron importantes los acuerdos de la Bilateral Aragón-Estado que en ellos se fijó el mínimo de inversión y nos ha permitido que en los cuatro últimos años de presupuesto restrictivo en inversión a nivel estatal hayamos subido nuestro peso a nivel nacional en inversiones. Esa, señoría, fue una negociación de la Bilateral, igual que reclamar los trescientos setenta millones por vía judicial, esperando que el actual Gobierno consiga resolver judicialmente y seguir manteniendo esa cuestión.

Muchas gracias.