Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

Vamos a dar comienzo a la Comisión de Medio Ambiente del día 28 de mayo [a las diez horas y diez minutos]. En primer lugar, vamos a felicitar al señor Gamón, que creo que es su cumpleaños hoy [risas], y así hacemos tiempo y esperamos que se acaben de sentar todas sus señorías.

Comenzamos. Dejaremos para el final, como es habitual, el punto número uno, y pasamos al punto número dos: comparecencia del consejero de Medio Ambiente, a petición de seis diputados del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre las actuaciones y funcionamiento del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.

En primer lugar tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Gamón por un tiempo máximo de quince minutos. Cuando quiera, señor Gamón. Muchas gracias.

Comparecencia del consejero de Medio Ambiente al objeto de informar sobre las actuaciones y funcionamiento del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.

El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, señor presidente, por otorgarme la palabra y, lógicamente, por la felicitación. Muchas gracias.

La comparecencia es sobre el funcionamiento del Instituto de Gestión Ambiental de Aragón, que se creó con la Ley 23/2003. Y, en los debates de aprobación, el Partido Popular ya mostró cuál era su posición y ya mostró que estaba en contra de su creación. Y ya se puso de manifiesto que la figura de una entidad de Derecho público, pero sometida a Derecho privado, ni era ni es la figura adecuada, según el punto de vista del Partido Popular, porque, además, ni se justificó la finalidad de su creación, porque se entendía que con ello se modificaron los plazos o se acortaron los plazos de realizar los distintos informes de las distintas tramitaciones, pero que, sin embargo, en la modificación que se ha planteado de esta ley lo que hacemos es, precisamente, lo contrario, volvemos a alargar algunos plazos, con lo cual, lo que en principio podía haber sido en favor de los ciudadanos, ahora, a lo mejor, volvemos la cosa al revés. Por lo tanto, entendemos que a lo mejor uno de esos objetivos no está cubierto. Y luego también entendimos en su momento que no se justificaba la necesidad de su creación por el colapso de expedientes, porque a lo mejor hubiese habido otra forma de poder mejorar ese problema.

No veíamos entonces las ventajas, y la verdad es que a día de hoy tampoco las acabamos de ver. Después de la exposición del consejero a lo mejor empezamos a ver alguna de las ventajas que tanto se achacan o se ponen de manifiesto en el Inaga.

Pero, bueno, hablemos del funcionamiento. El funcionamiento del Instituto de Gestión Ambiental de Aragón tiene una estructura territorial, con una sede en Zaragoza y con dos sedes provinciales, una en Teruel y otra en Huesca; con cinco líneas de actuación fundamentales: una sobre montes, vías pecuarias, caza y pesca; otra sobre biodiversidad, espacios naturales; otra más, medio ambiente industrial; la información y la gestión de la información, y, cómo no, la secretaría general.

El presupuesto del que se nutre el instituto viene del Departamento de Medio Ambiente, y con un personal que la mayoría es funcionario, la mayoría del personal que trabaja en el Inaga es funcionario y proviene o bien del departamento o de otros departamentos, y aquí quizá surgiría la primera pregunta: ¿la retribución que reciben estos funcionarios es la misma que si estuvieran en el otro departamento o se incentiva de alguna manera que estén trabajando en el Inaga en la actualidad?

Además, se produce una externalización de ciertos trabajos, unas asistencias técnicas, que, en principio, preguntar cómo se realizan esas contrataciones y qué procedimientos de contratación se llevan a cabo de esas asistencias técnicas, porque podría darse la situación de en que algunas de las empresas que pudieran trabajar, en cierta manera, pudieran ser juez y parte. Me imagino que tendrá un sistema en el que esto estará controlado y estará fiscalizado para que así no pueda ser, porque, si no, desde luego entraríamos en una dinámica que, desde luego, no sería ni con mucho la adecuada. Y luego también nos gustaría saber, Sodemasa, si trabaja también para el Inaga y qué es lo que aporta o qué clase de trabajos son los que realiza Sodemasa y sobre la importancia o el porcentaje que puedan tener esas asistencias técnicas dentro del presupuesto. Entendemos que una parte muy importante, por no decir la más importante, del presupuesto va a asistencias externas, asistencias externas que el valor o la importancia que puedan tener luego, lógicamente, ha de ser el funcionario el que dictamine si realmente se acoge a lo que diga esa asistencia externa o entiende que es otro el criterio que debe seguir, pero que esas asistencias externas se están haciendo.

En cuanto a los expedientes que se tramitan, en 2009 se habló de doce mil quinientos sesenta y nueve expedientes resueltos. Deslumbra el número, son muchos los expedientes, pero quizá en temas tan importantes como evaluación de impacto ambiental o autorizaciones ambientales integradas estamos hablando de que en la evaluación de impacto ambiental hablamos de setecientos cuarenta y dos expedientes y en autorizaciones ambientales integradas del orden de doscientos cuarenta y nueve. Con lo cual, dentro de esos doce mil quinientos, estos, que son los más farragosos o los que tienen quizá más responsabilidad o que llevan mayor responsabilidad, son los que suponen un porcentaje pequeño, comparados, por ejemplo, con todo lo que se refiere a montes, caza y pesca, que son cinco mil trescientos ochenta. Pues, bueno, quizá no nos tendremos que fiar o no tendremos que valorar en exceso el número, pero sí la cantidad de temas que son los que se tratan, porque a lo mejor un expediente de evaluación de impacto ambiental lleva mucho más trabajo y mucho más esfuerzo que cualquier expediente o que algunos expedientes relativos a licencias o relativos a planes en cotos de caza. Porque, a veces, el número, igual que puede ser un beneficio, también puede ser un inconveniente, un inconveniente por el trabajo o por la dispersión que puede provocar el número y también porque, si estamos cometiendo un error, cuantos más expedientes tengamos, más errores estaremos cometiendo. Entonces, la validación de las actuaciones que se están haciendo por parte del Inaga, independiente del número, creo que deben ir por las actuaciones que se están haciendo, por los expedientes, porque, en las declaraciones que siempre se hacen a la hora de hablar del Inaga, lo que se está diciendo constantemente es el volumen de expedientes que hacen, pero también hay que valorar que unos expedientes tienen un volumen de trabajo con ellos determinado y otros tienen muchísimo más volumen, con lo cual, eso también hay que tenerlo en cuenta.

Y luego también habría que analizar en cierta forma la relación con los administrados. Tengo que decir que la relación que tiene cualquiera que ha presentado cualquier expediente o tiene cualquier expediente del Inaga en cuanto a dónde está su expediente, en qué situación se encuentra y cómo está el procedimiento es buena. El sistema informático que tiene el Inaga es bueno, y, por lo tanto, el que uno pueda acceder a su página web y pueda en cualquier momento con una clave tener acceso a una información de cómo está su expediente creo que es algo más que positivo y es algo hacia lo que tendríamos que ir en todas las administraciones, y que quizá el Inaga ha sido pionero en ese tipo de cosas, y eso también hay que reconocerlo.

Pero también hay que hablar sobre la política de las resoluciones, porque hay muchas resoluciones que tienen, que pueden crear, en algunos casos, conflictos con la confidencialidad, porque hay datos que, si bien se pueden publicar, son inherentes a un proceso de producción, son inherentes a una propiedad industrial, y a lo mejor en algún momento podemos aportar unos datos o publicar unos datos que a las empresas les puede suponer el dar una serie de datos de su proceso de producción que vienen como consecuencia de años de investigación o de inversiones, que luego la competencia puede tener acceso, y, en un momento dado, un valor que tenía esa empresa, un patrimonio que tenía esa empresa, un patrimonio industrial, podemos estar ofreciéndolo de forma gratuita por medio de las publicaciones. Yo entiendo que nos crea un conflicto, lógicamente, en todo lo que es confidencial, y también el derecho que se tiene a la información medioambiental. Y la línea entre una cosa y otra es muy fina, y tiene que ser muy difícil llegar a coordinar estas cosas. Yo, desde aquí, quizá entendería que podía ser una buena idea o una buena opción que, cuando se vaya a publicar un expediente de esta envergadura, de la información ambiental, quizá una buena opción podría ser que se realizase quizá una reunión previa con los interesados para ver qué información se va a publicar y, sobre esa publicación, ver qué datos se podrían publicar y afectan al proceso de producción o a su patrimonio industrial y qué procedimientos no afectan. Entonces entendemos que quizá podría ser una audiencia previa, por decirlo de alguna manera, una vez resuelto el expediente y antes de su publicación, con los interesados para que pudieran manifestar qué datos pueden ser publicados y cuáles podrían perjudicar de forma razonada a su proceso de fabricación.

Entonces, entendemos que esto es, grosso modo, lo que está realizando el Inaga, desde nuestro punto de vista, que ahora el consejero, lógicamente, explicará más detalladamente todas las actuaciones que está realizando, y así esperamos que lo haga. Y esperamos al segundo turno, después de las manifestaciones que haga el consejero, para puntualizar aquellas dudas que todavía nos queden una vez realizada su intervención.

Muchas gracias.

El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, señor diputado.

Es turno de intervención ahora del consejero de Medio Ambiente por un tiempo máximo también de quince minutos. Cuando quiera, señor consejero.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO): Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señor Gamón.

Buenos días, señorías. Me sumo, como no puede ser de otra manera, a la felicitación del presidente y le deseo que cumpla usted muchos años, porque cumplir años es un logro importante, no lo olvidemos, y que dedique usted buena parte de ellos al servicio del medio ambiente en Aragón, que creo que será muy importante para el medio ambiente y para usted, para los dos. Por lo tanto, felicidades.

Bien. Agradezco, señor Gamón, la comparecencia que me han solicitado usted y su grupo al objeto de informar acerca de las actuaciones y funcionamiento de una entidad de Derecho público que para mí tiene una especial significación, sobre todo porque, a pesar de sus resistencias iniciales y parece ser que algunas de las actuales, es una entidad que creo que ha cumplido con los objetivos para los que fue creada, creo que es una entidad de referencia a nivel nacional y bien conocida en algunas regiones de Europa, porque se han interesado por el funcionamiento de esta entidad de Derecho público, y porque nos permite poner de manifiesto cómo se están haciendo las cosas, nos permite debatir y contrastar algunos de los elementos, y también, cómo no, nos puede permitir mejorar aquellas cuestiones que podamos mejorar. Pero insisto en que es una entidad de Derecho público de la que yo me siento especialmente satisfecho.

Bien. En relación con la historia, yo lo que sí le pediría es que... Las ideas que en un momento determinado se tienen pueden evolucionar, o confirmándose en esas mismas ideas, o, por el contrario, cambiando de punto de vista o cambiando de idea. Yo recuerdo cuando ustedes se opusieron a la creación del Inaga en estas Cortes mediante una ley. También recuerdo las conversaciones que yo tuve en aquel momento con representantes de su grupo, y su punto de vista, en principio, era positivo. Y también recuerdo un determinado clima mediático que se generó en relación con el Inaga sobre unos fundamentos que después se ha demostrado que no tenían ninguna base. Por lo tanto, probablemente, algunas de las decisiones que se tomaron en aquel momento habría que revisarlas a la vista de los hechos, a la vista de la constatación en el tiempo de que esas cosas no eran así. Como usted se ha referido a alguna de ellas en su exposición, luego se la explicaré.

De todos modos, yo espero que, si entonces no le vieron las ventajas, se las vean ahora. Yo le puedo asegurar, señor Gamón, que me voy a esforzar. Como usted ha dicho, después de esta comparecencia, a lo mejor cambiamos de idea o cambiamos algunas de las convicciones que tenemos. Me voy a esforzar a tope. Lo que le pido es que se esfuerce usted también, que tenga fe, porque yo no sé si tengo mucha fe en el resultado del esfuerzo. Pero, bueno, esto me parece una cuestión previa que era importante poner de manifiesto.

Una precisión en la primera parte de su intervención, cuando habla de una entidad de Derecho público que tiene sistemas de contratación privados: como todas las entidades de Derecho público. La Agencia Tributaria, que es una entidad conocida por todas sus señorías, es una entidad de Derecho público que se rige por el Derecho público y por el Derecho privado a la hora de las contrataciones. Y no nos escandaliza que nada menos que Hacienda, bien conocida por todos, sea una entidad de Derecho público. ¿Por qué lo es? Pues porque supongo que en su momento el legislador entendió que era la fórmula que más se adecuaba. ¿Por qué lo es el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental? Porque entendimos que era la fórmula que más se adecuaba; porque el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental tiene que contratar una buena parte de su actividad, como usted ha apuntado, fuera de lo que es la Administración, un porcentaje importante. No tan importante como pueda parecer, no el 80%, ni el 90%. Como veremos después, es un porcentaje bastante más reducido, porque más del 40% de los encargos que hace el Inaga se los hace a una empresa pública, que es Sodemasa. Y ya le adelanto por qué: pues porque Sodemasa dispone para los trabajos de biodiversidad y de conservación de las especies de un buen número de buenísimos profesionales en el mundo de la biodiversidad, profesionales que entienden de las peculiaridades, del efecto de diferentes proyectos, que diferentes proyectos puedan tener, y, evidentemente, yo creo que es eficiente utilizar esos profesionales, además de para hacer el plan de conservación de una determinada especie, para ver en qué medida un determinado proyecto incide en el hábitat y en esa especie. Por lo tanto, el hecho de que esta entidad de Derecho público pueda utilizar los sistemas de contratación de la iniciativa privada es lo que está en la ley. Y así lo hacen la Agencia Tributaria y todas las entidades de Derecho público. La otra fórmula era un organismo autónomo, que no ofrecía esa posibilidad, y, por lo tanto, nos parecía más adecuado esto.

Bien. De cualquier forma pasaré a contestarle a las cuestiones que ha planteado. Decía usted que la mayoría son funcionarios. No: son todos empleados públicos. Hago esta distinción porque funcionario es aquel que ha aprobado una oposición, y ahí tenemos gente que ha aprobado una oposición y que tiene su plaza, que son funcionarios, y tenemos funcionarios interinos, que se denomina, pero no tenemos ninguna contratación..., no tenemos ningún laboral, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, son todo empleados públicos y todos provienen de la propia Administración, es decir, o provienen del Departamento de Medio Ambiente o provienen de otros departamentos. Las sesenta y tantas personas, que me parece que hay, todos ellos proceden de departamentos de la DGA. Como es lógico, una buena parte del Departamento de Medio Ambiente y otra del departamento... Funcionarios de carrera, treinta y siete; funcionarios interinos... ¡Perdón!, personal laboral, sí: cinco; pero personal laboral de la DGA. Los sesenta y cuatro. Por lo tanto, son todo empleados públicos en las diferentes situaciones administrativas que están.

¿Que se podría haber dado una circunstancia, que es lo que en un momento determinado se especuló? «¡Al final en el Inaga va a haber todo personal que no son funcionarios!» Pues no. En estos momentos, en el Inaga, treinta y siete funcionarios de carrera y veintiún funcionarios interinos, que son los que todavía no han conseguido sacar su oposición, como los interinos que tenemos en la DGA. Por lo tanto, esta es una precisión importante. Es una precisión que no sería necesaria, porque la ley establece que determinadas funciones que tiene que hacer el Inaga, algunas de ellas, la mayor parte de ellas, las relativas a lo que es el tratamiento de determinados expedientes, las tienen que ejercer funcionarios públicos, y, por lo tanto, determinadas funciones y lo que son las tramitaciones de los expedientes en general, que no pueden ejercerlas si no son funcionarios públicos, sean funcionarios definitivos, sean funcionarios interinos. Por lo tanto, esta es la situación.

En relación con las contrataciones, dice usted que podría darse la circunstancia de que algunas de las empresas contratadas pudiesen ser juez y parte. Supongo que se refiere a que un determinado gabinete, una determinada empresa que se dedica a hacer estudios de impacto ambiental, en un momento determinado, pudiese estar haciendo el estudio de impacto ambiental de una empresa y, a su vez, los informes pertinentes que requiere el Inaga para valorar el estudio de impacto ambiental. Bueno, pues eso, sencillamente, no es posible, porque como usted... No sé si lo sabía, pero, si no lo sabía, yo se lo digo: existe una declaración de incompatibilidad por parte, en este caso, de las empresas que trabajan para el Inaga, y ellos tienen que firmar, cuando tienen una contratación, un documento de incompatibilidad para cumplir el pliego de condiciones de confidencialidad reflejadas en el contrato, y que le digo que básicamente consiste en que se comprometen a no prestar servicios o conocer asuntos relativos al promotor que presenta la documentación respecto al procedimiento administrativo de que se trate. Por lo tanto, ese temor que usted tiene, yo creo que se lo habré despejado. No es posible que la misma empresa que... No es posible que... Me río porque veo a alguien que hace así... No sé si lo habré despejado; yo creo que sí, yo creo que lo tendrá claro, pero... Alguien que hace así con la cabeza... Pero yo creo que sí, que está muy claro, que hay una declaración de incompatibilidad y que la empresa que concursa para hacer un informe sobre un determinado proyecto no puede hacer a su vez el estudio de impacto ambiental de ese proyecto. Por lo tanto, esta duda que usted tiene yo creo que está aclarada.

Me preguntaba cuál es la contratación que hace con Sodemasa. Pues yo creo que más de un 40% de la contratación. El 41%. Y aprovecho ya para darle la información sobre cuáles son los sistemas. Mire, el 33% por procedimiento de concurso abierto, y el 12%, negociado con publicidad. El 45%, por lo tanto, son concursos abiertos. Pero es que, además, el 7% del negociado sin publicidad también lo publicitamos desde hace ya bastante tiempo, no en el Inaga, sino en todo el departamento. Y el 41%, encargo directo a Sodemasa. Solamente el 7% de contratos menores. El resto, como ve, es un porcentaje... Los porcentajes de contratación son porcentajes de los cuales no solamente se tiene conocimiento público, sino que los principios de publicidad y concurrencia, incluso más allá de lo que nos obliga la ley, se cumplen.

Hablaba usted del número de expedientes y que doce mil trescientos cuarenta y cinco, que son los del año 2009 (doce mil quinientos que decía usted, aproximadamente), pueden ser muchos expedientes. Pues sí: son muchos expedientes. Pero, mire, le voy a decir una cosa. En estos expedientes no están las licencias de caza y pesca, porque, si estuviesen las licencias de caza y pesca, estaríamos hablando de ciento veinte mil. Es decir, estamos hablando de que son expedientes, al margen de las licencias de tramitación de caza y pesca, que requieren un procedimiento más allá de una solicitud de una autorización; es decir, que esa solicitud requiera someterla a información pública, hacer los informes pertinentes, etcétera, etcétera.

Y también le tengo que decir que la idea que podemos tener de que solo las autorizaciones ambientales integradas y las evaluaciones de impacto ambiental son expedientes que requieren un trabajo amplio es una idea que es equivocada, porque un deslinde, por ejemplo, de vías pecuarias, un deslinde de montes de utilidad pública, el tema de las vías pecuarias... Son expedientes muy complejos. Bueno, y cualquiera de ellos. Yo le puedo relatar cualquiera de los sesenta y ocho que están en el anexo, y, al margen de aquellas cuestiones que se refieren a los registros, que esas podríamos decir que son más sencillas... Registro de transportistas de residuos peligrosos. Bueno, pues tendrán que presentar la documentación pertinente para que pueda inscribirse en el registro. Pero autorización de actividades productoras de residuos sanitarios, autorización de actividades productoras de residuos peligrosos... Una autorización de productor de residuos o de gestor de residuos es, si cabe, más compleja que la tramitación de un determinado expediente o de un determinado proyecto en este caso. Etcétera. Bueno. Están en el boletín, usted las puede comprobar, pero lo que quería es complementar la información que usted aportaba con esta que le estoy diciendo de que, primero, estos doce mil expedientes que se tramitan son expedientes en donde están excluidas las licencias de caza y pesca, que probablemente sean los expedientes menores —podríamos decir—, que tienen un gran volumen, y que muchos de los que aparecen en el anexo son tan complejos como los que ha comentado usted.

Le agradezco sinceramente, señor Gamón —no se imagina hasta qué punto—, la valoración que usted hace positiva en relación con los servicios on-line que presta el Inaga, porque es verdad que es un avance que no está en casi ninguna comunidad autónoma y que fue una cuestión reclamada por los usuarios. Antes metías un expediente, y la mayor incertidumbre que tenías era que no sabías, hasta que te lo resolvían, ni dónde estaba, ni cómo estaba, ni qué le faltaba, ni qué camino llevaba... Al principio nos comprometimos a informarle al ciudadano, al interesado, de cuál era la marcha de su expediente, pero hay que reconocer que el Inaga ha hecho un gran esfuerzo y que en estos momentos, cuando un ciudadano presenta un expediente, sabe usted que tiene una posibilidad de acceder y de comprobar en cada momento dónde está su expediente.

Mire, le tengo que decir que, en estos momentos, nosotros, el 96% de los expedientes los resolvemos dentro del plazo que se establece en el decreto, en el anexo. El 96%. Antes de que existiese el Inaga, no le puedo contestar, porque teníamos dos dudas importantísimas. Una: nunca supimos cuántos expedientes estábamos gestionando, por una razón muy sencilla: porque los expedientes estaban dispersos en las diferentes unidades administrativas del departamento, y los expedientes sobre parques eólicos los llevaba una sección de un servicio de una dirección y los expedientes relativos a especies protegidas los llevaba otra sección de otro servicio de otra dirección. Y no sé si sabe usted que, a veces, la comunicación entre diferentes partes de la misma Administración, aunque estén en el mismo edificio, a veces funciona muy bien y otras veces no funciona tan bien. O sea, ni sabíamos el número de expedientes y, por supuesto, no teníamos ni idea de si estábamos resolviéndolos... Digo en plazo, pero digo mal, porque tampoco había plazos establecidos, salvo los que establecía la legislación básica. Por lo tanto, yo creo que en este tema se ha avanzado mucho. Hoy sabemos cuántos expedientes estamos tramitando, sabemos de su dificultad. Hemos introducido muchos elementos correctores. Espero que sigamos introduciendo muchos más, y ahí estamos abiertos a todas las sugerencias que sus señorías quieran hacernos. Pero le agradezco especialmente que valore, como lo ha hecho, este servicio on-line, que creo que facilita mucho las cosas al ciudadano.

Y finalmente ha comentado usted un tema que me parece especialmente interesante, primero por lo complejo que es y segundo porque, evidentemente, por muy bien que creamos que lo tenemos resuelto, probablemente nunca lo acabaremos de resolver definitivamente bien, siempre será mejorable, y es el de la confidencialidad de los datos que un empresario, que un promotor, que un ciudadano aporta en la documentación que tiene que ser sometida, de acuerdo con el procedimiento, a información pública. Y hay veces, sí que es verdad, que los empresarios se nos quejaban de que determinados aspectos de esa documentación, que forman parte de su know-how, que se dice ahora, de su acervo intelectual, de su acervo empresarial, al someterlos a información pública poníamos en un escenario público algo que los empresarios guardaban celosamente porque formaba parte de su competitividad, formaba parte de los elementos que hacían su producto o su empresa compatible. Y este es un tema complejo, porque, mire, cuando se trata de procedimientos tecnológicos, esto es fácil que ocurra, porque nosotros, cuando nos dicen que cogen una determinada materia prima y la transforman en un producto, queremos saber cuál es el procedimiento y queremos saber en ese procedimiento qué es lo que pasa con los residuos que se producen y qué es lo que pasa con los elementos residuales de esa materia prima. Y, al hablar del procedimiento tecnológico, es posible que estemos poniendo en el escenario algo que el empresario no quiere que se ponga. Esto está regulado, y el empresario puede establecer aquellas cuestiones que entiende que tiene que conocer la Administración, pero que no necesariamente hay que someter a información pública. Pero ahí podemos profundizar más todavía, porque a pesar de todo siempre tenemos..., a veces tenemos puntos de vista diferentes, señor Gamón.

El señor presidente (CALLAU PUENTE): Vaya terminando, señor consejero.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO): Muchas gracias, señor presidente.

Podemos avanzar. Pero hay otro aspecto donde el tema es más claro: cuando estamos hablando de datos de materias primas y estamos hablando de datos de productos finales. Evidentemente, esos datos no solamente los tenemos que saber nosotros, sino que son obligatorios de información pública, porque hay que saber qué pasa con la materia prima que entra y qué pasa con lo que sale, y qué pasa con el número de kilos o de toneladas del producto que se queda en ese escenario, en ese proceso, y dónde se gestiona. Ahí, a veces, los empresarios se quejan, algunos empresarios se quejan, pero no por razones tecnológicas: se quejan porque en el momento en que tú pones en el escenario la materia prima que entra en el proceso de producción y lo que sale estás poniendo en el escenario su actividad económica, porque, al final, es cuestión de sacar cuentas. Y yo entiendo que este es un tema complejo, es un tema delicado, pero ahí difícilmente podremos acceder a no publicar cosas que tenemos obligación de publicar.

Pero creo que sí que se puede mejorar el procedimiento, siempre y cuando el interesado nos manifieste claramente cuáles son aquellas cuestiones que entiende que su publicidad puede perjudicar a su empresa y que establezcamos una comunicación o un diálogo para ver en qué medida eso, evidentemente, puede ser no publicable o necesariamente tiene que ser publicable. Cuando menos, conseguiríamos que, por lo menos, el ciudadano, el empresario, entendiese mejor por qué se publica o por qué no se publica. Por lo tanto, ha comentado usted un tema que a mí me parece que tenemos que profundizar en él, que está regulado por la legislación básica, pero que probablemente, además de esa regulación, si avanzamos en ese conocimiento, podamos solucionar algunas cuestiones que en estos momentos puedan ser injustas, yo no le digo que no.

Por lo tanto, esta es una de las vías en su intervención que me parece que..., en la que podemos profundizar para tratar de que, sin hurtar nada de lo que deba ser informado públicamente, preservemos los elementos patrimoniales, podríamos decir, de la competitividad de las empresas desde el punto de vista de lo que son sus procedimientos o de lo que son sus secretos empresariales.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Gamón. No sé si le he respondido a todo lo que me ha dicho, pero en la segunda parte complementaré las respuestas en su caso.

Gracias.

El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, señor consejero.

Turno de réplica para el representante del Grupo Parlamentario Popular por un tiempo máximo de cinco minutos. Señor Gamón, cuando quiera.

El señor diputado GAMÓN YUSTE: Muchas gracias, señor presidente.

No pierda la fe, señor consejero. A lo mejor en algún momento nos puede convencer o nos convence de algunas cosas; de otras a lo mejor no. Pero ni nosotros perdemos la fe de poderle aportar algo que usted pueda mejorar, ni usted tiene por qué perder la fe de que algo nos pueda convencer de que estamos equivocados.

Dicho esto, las asistencias técnicas sí que es cierto que son un volumen importante de la actividad del Inaga. Sí que es cierto que va Sodemasa, con lo cual ya entablamos otro tema distinto, porque, claro, al final Sodemasa está en todos los sitios y en todos los sitios está Sodemasa, y en todos los sitios trabaja Sodemasa, y para todo trabaja Sodemasa. Ya sé que los estatutos le permiten hacer de todo, eso también es cierto. Pero, a lo mejor, como bien sabe, no estamos tampoco muy de acuerdo con esa forma de actuar de las empresas públicas, y en especial de Sodemasa. Pero sí que es cierto que las asistencias técnicas quizá habría que dar un mayor... Yo entiendo que es complicado, es muy complicado dar a un gabinete técnico o a un técnico el que pueda hacer cierto tipo de informes, porque, además, se les va a exigir cierta especialización, con lo cual es complicado, y a lo mejor en ciertos temas hay determinadas empresas o determinados técnicos que son los que realmente están especializados en esos temas. Con lo cual, es difícil a lo mejor en algunos casos abrir el abanico y recurrir a otros técnicos porque son temas muy especializados. Pero sí que es cierto que, de alguna manera, tendríamos que trabajar para que eso se pudiera hacer, porque, si no, estamos con la pescadilla que se muerde la cola: no podemos entrar porque no tenemos la experiencia y no tenemos la experiencia y no podemos entrar. Entonces creo que puede ser importante buscar alguna vía en la que se pueda, o bien con los colegios profesionales, o bien con los propios técnicos, hacer algún tipo de colaboración entre algunos para que puedan aportar y puedan obtener esa especialización algunos técnicos que de otra manera se quedan un poco fuera del circuito.

Sobre los expedientes y el volumen, estamos de acuerdo. No todos tienen el mismo peso de trabajo que lleva cada expediente, pero hay expedientes, como usted ha dicho, que requieren menos. Yo no digo que sea una solicitud y una contestación, pero, por ejemplo, en el registro de pequeños productores de residuos peligrosos tenemos mil ciento diecinueve actuaciones; en el de aprobación de planes anuales de aprovechamientos cinegéticos en cotos, dos mil novecientos ochenta. Y no son precisamente las que tienen un excesivo o las que tienen más peso dentro del trabajo. Entonces, lo que queríamos decir es que a lo mejor algunas son muchas más..., que no nos dejáramos deslumbrar, fundamentalmente, por el tema del volumen.

Lo que sí que nos ha llamado la atención es lo que ha dicho antes, que no sabíamos cuántos expedientes había antes de que estuviera el Inaga, porque estaban todos dispersos, de alguna manera, por distintas secciones. Ya sabe que en algún momento hemos manifestado que, a lo mejor, nosotros en vez de ver la creación del Inaga hubiésemos entendido que a lo mejor se podía haber creado una sección dentro del departamento para hacer lo mismo que hace el Inaga, pero dentro del departamento y sin crear un nuevo instituto. Pero esto, al final, la agilidad es la que va a dar, y tengo que reconocerle que sí que es cierto que se están cumpliendo los plazos en la mayoría de los expedientes, se están cumpliendo los plazos, y que muchas veces, cuando no se cumplen, es precisamente porque algunos de los datos que se piden, algunos de los implicados, los privados implicados en los expedientes, no los aportan, eso también es cierto, pero que se podía haber hecho de otra manera también, y ese es nuestro punto de vista.

Y luego, sobre los datos que son confidenciales, sí que es cierto que tenemos que saber el procedimiento, la Administración tiene que saber cuál es el procedimiento por el cual se ha llegado a ese tipo de decisiones o a ese tipo de actuaciones, pero a lo mejor lo que hay que publicar es el resultado y no el procedimiento, que eso está todo regulado. Y, entonces, la ley nos marca qué es lo que hay que publicar o no. Pero entendamos que el patrimonio industrial de una empresa, también, o de un particular, en un momento dado, eso es parte de su patrimonio, el procedimiento, porque además, como usted bien ha dicho, nos está dando datos que nos puede decir desde la materia prima que utiliza hasta la producción que tiene e incluso hasta de ahí poder deducir en algún momento ciertos costes que puede tener esa empresa, derivados de ciertas actuaciones. Con lo cual, con eso hay que tener mucho cuidado. Ya he dicho en un principio que la línea que separa el derecho a la información medioambiental con el tema de lo que es confidencial o no es confidencial es muy fina y es muy difícil de separar, pero que yo creo que, si se otorga, como se ha dicho, una audiencia o se le informa al interesado de qué es lo que no hay otro remedio nada más que publicar porque la ley así lo obliga, la legislación básica, y qué es lo que no se puede publicar, por lo menos en algún momento me imagino que habrá que publicar cosas que no esté de acuerdo el promotor privado, pero sí que es cierto que en algunos casos a lo mejor habrá alguna cosa que se podrá entender que con eso ya se guarda el tema confidencial de la empresa. Entonces, esa comunicación yo creo que siempre va a ser positiva y siempre podemos llegar a algún acuerdo.

Y esos son fundamentalmente los aspectos sobre los que haríamos hincapié desde el Grupo Popular.

Muchas gracias.

El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, señor diputado.

Turno de dúplica para el señor consejero por un tiempo máximo también de cinco minutos. Cuando quiera, señor Boné.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO): Muchas gracias, señor presidente.

Bueno, pues también muy rápidamente, contestando a las partes de su réplica.

Si hacemos un voto para no perder la fe, pues yo..., ¡pues hagámoslo!, pero no la perdamos ninguno. Vamos a ver si al final conseguimos que unas entidades que están ahí, como el Inaga y como Sodemasa, a la que usted ha hecho referencia, ustedes comprenden que desarrollan una función pública, que la desarrollan dentro de la legislación vigente y que, lejos de venir a perturbar o a dificultar lo que ha sido el funcionamiento de la Administración, han venido a mejorar notablemente el funcionamiento de la Administración, los resultados y los indicadores. Y eso es una cosa demostrable. No es una cosa subjetiva: es una cosa objetiva. Ahí están las ratios y ahí están los estudios sobre eficiencia, que en muchos casos están elaborados y en otros se están elaborando.

Yo, de todos modos, señor Gamón, tengo que decirle que yo nunca he sabido por qué ustedes están en contra de Sodemasa ni del Inaga. Nunca. Ustedes me lo han explicado, pero yo nunca lo he entendido, nunca he entendido por qué. Vamos, no he visto las razones que ustedes argumentan, porque, cuando —ya lo hemos visto ahora—, por ejemplo, cuando se argumentaba, ustedes y algún otro grupo político: el Inaga acabaría haciendo..., le daríamos a las empresas... Y esto se llegó a publicar en boca de algunos portavoces de algunos grupos políticos. «Algunas empresas harán el estudio de impacto ambiental y el informe sobre el estudio de impacto ambiental.» Nunca lo han podido hacer. Yo, ya le digo, tampoco pierdo la esperanza; ya no sé si es fe, pero por lo menos la esperanza de por lo menos entender por qué ustedes están en contra de Sodemasa y del Inaga. Pero, bueno, yo siempre estaré a su disposición para explicarles aquellas cosas que sean necesarias, y no solo eso: a su disposición también para que ustedes nos hagan aquellas sugerencias constructivas, como esta que usted plantea en relación a la confidencialidad, que es un tema perfectamente regulado, pero una cosa es que esté regulado y otra cosa es que lo podamos mejorar. Y, como yo creo que tiene usted razón en que lo podemos mejorar... No es que lo estemos haciendo mal: lo estamos haciendo con lo que dice la ley, pero, como creo que hay cuestiones que se pueden mejorar, estoy dispuesto a abordar este proceso.

En relación con los colegios profesionales, mire, existe una estrechísima colaboración y, con algunos de ellos, acuerdos. Es más: cuando se montó el Inaga, una de las primeras charlas-debate que se establecieron fue con los colegios profesionales, precisamente en la CREA, en donde se planteó la conveniencia de que aquellas empresas que ya estuviesen especializadas en este tipo de informes y estudios..., nos parecía muy bien, pero podía haber otros profesionales que no tuviesen un marco empresarial y que lo pudiesen hacer a través de los colegios. Y esa es la vía que ensayamos; lo que pasa que, al final, la propia evolución —digamos— del mercado ha ido evolucionando hacia las empresas, supongo porque los profesionales han entendido que era mejor trabajar o crear sus propias empresas o incorporarse a las empresas y a otras muchas que han salido. Al final son muchos los puestos de trabajo que este tipo de actividad genera en Aragón.

De cualquier manera, me quedo con la parte, yo creo, más interesante de su intervención —permítame—, en el sentido de que podemos avanzar para tratar de encontrar mejoras al tema de la confidencialidad y de aquellas cuestiones que las empresas consideran que son patrimonio suyo y cuya publicación les puede perjudicar. No tenga ninguna duda de que, si nosotros podemos no publicarlo porque creemos que no es necesario publicarlo, no lo publicaremos. A lo mejor tendrán que entender algunas empresas que, cuando ellas quieren que no se publique la cantidad de materia prima que entra en el proceso de producción y la que sale... Porque eso es como antes cuando Hacienda iba a un bar y no te pedía la declaración de Hacienda: contaba los papelillos del azúcar; y entonces al final te decía los cafés que vendías al año, no hacía falta que se lo dijeses tú, porque ya lo contabilizaban y lo estimaban. Esto son cuestiones que, evidentemente, digamos que pueden tener consecuencias colaterales, pero que no tienen nada que ver con la Administración ambiental.

Bien. Me quedo con esa idea de tratar de profundizar en mejorar esos procedimientos, que ya están regulados, pero yo pienso que ahí hay un margen en donde podemos profundizar. Por lo tanto, cualquier sugerencia que tanto usted como cualquier portavoz o cualquier diputado pueda hacernos será muy bien acogida. Ya sabemos el margen: el margen, lógicamente, tendrá que ser que las empresas que ya tienen una obligación de hacerlo definan perfectamente qué es lo que entienden que no debería ser publicado y que a lo mejor después, en lugar de nosotros hacer caso o no hacer caso de acuerdo con lo que entendemos, pudiésemos establecer una vía de diálogo para aclarar por qué sí o por qué no, que esto no me parece mal, y en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental supongo que estarán encantados en hacerlo.

De cualquier forma, muchas gracias por su comparecencia y gracias por sus aportaciones.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, señor consejero.

A continuación pueden intervenir los representantes de los restantes grupos parlamentarios. En primer lugar tiene la palabra el señor Fuster por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista por un tiempo máximo también de cinco minutos. Cuando quiera, señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, señor presidente.

Bienvenido, señor consejero. Gracias por su comparecencia.

Se remontaba usted a 2003 y a las posiciones que teníamos los distintos grupos políticos de partida cuando se aprobó la ley de creación del Inaga. Y he de decirle que no me siento esclavo de nuestras decisiones y que, por tanto, puedo tener posiciones y evolución en las posiciones, pero he de decirle que nos pareció mal cuando se aprobó la ley, entendiendo que fue un gran error, sobre todo un gran error jurídico, un gran error reconocido por prestigiosos juristas, catedráticos, especialistas, con independencia de lo que dijera alguna instancia a la que se le hace caso cuando conviene y se ignoran sus recomendaciones cuando interesa, con independencia de eso, nosotros pensamos en aquel momento que la creación del Inaga no estaba justificada en su forma, en su formato, y lo dijimos, la figura que se eligió no se corresponde con el fin, que es una entidad de Derecho público sometida a Derecho privado para resolver procedimiento administrativo. Y que no es la figura adecuada lo pensábamos entonces, lo seguimos pensando, y que eso significa externalizar, significa sacar de la Administración expedientes administrativos puros y duros y externalizarlos, etcétera. Esos argumentos que teníamos —he leído literalmente—, que teníamos en aquel momento, nosotros, respecto al modelo y a la apuesta concreta del Inaga, no estamos de acuerdo. Pensamos que eso mismo o con los mismos objetivos se hubiera podido conseguir desde una instancia directa, interna, dentro de la propia Administración. Pero eso ocurrió hace siete años, y ahora se trata de ver si funciona o funciona o cómo se están haciendo las cosas.

Y aquí es donde quiero decirle que no tenemos problemas en valorar algunas de las cosas que se hacen y mantener posiciones contrarias en otras, simplemente atendiendo a un criterio de sentido común y de saber valorar y ver las cosas.

Mire, uno de los aspectos que ustedes invocaron como determinantes para la creación del Inaga era el problema de los expedientes no resueltos. Hablaban entonces de los mares de expedientes no resueltos y que no veían forma de hacerlo en el contexto de entonces, desde la propia Administración, para hacerlo, y este fue uno de los principales argumentos, motivaciones invocadas para la aprobación, para la creación del Inaga en los términos en los que se creó. Nosotros y, en general, los grupos políticos teníamos serias dudas de que se fuera a solventar o a dar respuesta al problema de los ingentes expedientes, sobre todo de los muchos que se avecinaban en aquel momento, que se anunciaba que se iban a producir. Pues bien, yo tengo que decirle que, globalmente, sobre todo en las cifras de estos últimos años (por ejemplo, los casi doce mil quinientos del último ejercicio, del 2009), son unas cifras que me parecen razonables y que en eso, en cuanto a los expedientes tratados, informes emitidos y en cuanto a esta parte cuantitativa del trabajo, creo que se está cumpliendo el objetivo y no tengo ningún problema en reconocerlo. Es verdad que no todos los expedientes son iguales, y que interesan especialmente, por la trascendencia que pueden tener y a veces los efectos irreversibles que puede tener una autorización, claro que nos interesan especialmente las autorizaciones ambientales integradas o las declaraciones de impacto ambiental, y que eso es un número reducido que se acerca al millar del total de estos expedientes. Por lo tanto, sí que, lógicamente, nos importan esos de una forma y de una manera especial.

Otro de los temores que había, que se comentaban específicamente, era el temor al personal, a que al final acabarán siendo prestados servicios y tomando decisiones que correspondían a una instancia pública por personal que no lo fuera y demás. Esto ya lo hemos constatado en otras ocasiones, que en general el personal o es funcionario o procede de la misma Administración —o es funcionario o son funcionarios interinos—, en todo caso es personal de la propia Administración, y, por tanto, en eso no hubiera variado respecto a que el trabajo se hubiera hecho en otra instancia, y eso tampoco tengo ningún problema en reconocerlo.

¿Que exista la sensación de que hay un gasto excesivo, y, entre otros gastos, los sueldos diferenciales de los funcionarios, estos funcionarios, siendo funcionarios, pero digitalmente seleccionados, y que hay un gasto continuo en asesorías externas, especialmente —ya lo ha reconocido usted—, más de un 40% a través de Sodemasa, con quien facturaban más de un 40%? Pues sí. Eso está ahí y eso es una realidad que, evidentemente, seguimos poniendo de manifiesto y que seguimos planteándole.

¿Que respecto a la información... ha empezado el portavoz del Grupo Popular reconociéndole que la página web era una página web y que el acceso al estado de los expedientes era una cuestión importante? Bien, yo no sé si ha pasado o no la dirección general de participación ciudadana, que presume de estas cosas, o no, pero el hecho de que haya una página web que facilite la información no significa que, por ejemplo, cosas tan fundamentales como que los detalles de los procesos públicos de las autorizaciones ambientales integradas sobre las declaraciones de impacto ambiental..., esos no están, esos detalles son los que no están, por ejemplo; detalles específicos de los procedimientos, en concreto de las autorizaciones ambientales integradas y las declaraciones de impacto ambiental.

El seguimiento...

El señor presidente (CALLAU PUENTE): Vaya terminando, señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: ... y nos preocupa especialmente, señor consejero, el seguimiento de lo que ocurre con las autorizaciones —quiero terminar con esta cuestión, pero es la más importante, aunque la haya dejado para el final—, el seguimiento de lo que ocurre con las autorizaciones y la imposibilidad de seguir, de inspeccionar muchos de los condicionados ambientales, que a veces son ciertamente incomprensibles —alguno pensará que son incluso ocurrencias sobre la marcha—. Pero no hay más que considerar, por ejemplo, algún caso como el de la limpieza de los fondos del Ebro para la navegación en el Ebro, en Zaragoza, o el azud para deducir que, realmente, el propio Inaga o el Gobierno de Aragón nunca se ha preocupado de saber si los condicionados se cumplen, por si hay alguien que se esté preocupando realmente de que se cumplan los condicionados.

Yo le diré una pregunta sencilla, pero con carga de profundidad: señor consejero, ¿cuántos seguimientos se han hecho para ver si se cumple con las premisas y las condiciones de las autorizaciones ambientales integradas y de las declaraciones de impacto ambiental?; ¿cuántos, cuántos seguimientos se han hecho y si tiene un balance el Inaga que ofrecer respecto a eso? Me parece un aspecto absolutamente determinante, porque, claro, ¿de qué sirve establecer unos buenos condicionados o unas prescripciones técnicas adecuadas o exigentes si luego no se tienen garantías de que se produzca un seguimiento ni una exigencia de ese cumplimiento? Es una cuestión que me parece muy importante, muy relevante. De ahí que me gustaría que, si puede facilitarnos y darnos información al respecto... Se lo agradecería sinceramente.

Por lo demás, ya ve que no tengo prejuicios en la posición y que, igual que se mantiene por parte de nuestro grupo nuestra posición respecto al modelo jurídico y la opción adoptada en su día, tampoco tengo problemas en reconocer el esfuerzo o el trabajo que se ha hecho con la actualización o la puesta al día en cuanto a los expedientes o disipar algunos de los temores fundamentales que podía haber respecto a la condición de los que trabajaran, no respecto a los modelos de selección, a los que ya le he hecho alguna referencia.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, señor diputado.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés tiene la palabra el señor Peribáñez. Cuando quiera.

El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, señor presidente.

Bienvenido, señor consejero. Bienvenido, director general del Inaga.

Y una vez más gracias por su exposición, por su amplia exposición.

Yo creo que la creación del Inaga, al menos desde el punto de vista de este grupo parlamentario, está más que justificada. Se crea en diciembre; la Ley 23 de 2003, del 23 de diciembre, es la que lo crea. Y no hace demasiadas fechas modificamos esta ley para adaptarla a las novedades normativas. A mí me ha sorprendido que el Partido Popular haya dicho que está en contra de su creación porque no votó en contra de esta modificación. Se abstuvo en contra de la enmienda a la totalidad que presentó Izquierda Unida, y me ha sorprendido lo que ha comentado.

Nosotros sí que vemos las ventajas. Se pone en funcionamiento en abril de 2004 precisamente debido al volumen de solicitudes y de procedimientos ambientales que estaban pendientes y que se tramitan, que consigue la mejora de calidad en la prestación de los servicios —yo creo que con la explicación que da el consejero está claro— y que tiene una mayor economía, eficacia y eficiencia en la gestión ambiental. Por lo tanto, nosotros sí que vemos las ventajas.

Ha hablado el portavoz del grupo peticionario de los órganos de dirección y también de la estructura en las seis áreas temáticas, pero la realidad de este organismo es la tramitación de los procedimientos, los tipos de los procedimientos y, sobre todo, las premisas fundamentales: la finalización en plazo —la finalización en plazo, importantísima—, y, luego, otro dato importante también a tener en cuenta, el rigor y la coherencia.

Yo no tengo dudas respecto de cómo se hace la contratación. Quiero pensar que se hace con la nueva ley. A partir de ahí, la contratación que se puede hacer con Sodemasa... Es que utilizar aquí, en esta comisión, o en el Pleno la palabra «Sodemasa» es ver demonios por todas las esquinas, y este grupo parlamentario está tranquilo, porque no tenemos ninguna duda de que esta empresa ha venido a mejorar los servicios. Los datos que usted ha puesto de manifiesto creo que son lo suficientemente indicativos. Y, por lo tanto, hay una profesionalidad en la coordinación tanto del Inaga como de Sodemasa que nos hace estar tranquilos.

¡Hombre!, ya es bueno, señor consejero, que, al menos, los dos grupos intervinientes hayan hablado de situaciones positivas. El tema de la página web, ese acercamiento al ciudadano a través de la página web, yo creo que es muy a tener en cuenta, el que cada uno de nosotros sepamos cómo está nuestro procedimiento, aunque el portavoz también del Grupo Popular haya hablado de esa confidencialidad en los datos, y, una vez más, en su línea ha prestado o ha sido receptivo a llevar a cabo las mejoras en los procedimientos que se puedan llevar adelante, y eso es importante. Y, también, el portavoz de Chunta ha reconocido que en ese número de expedientes tan importante..., ha reconocido el trabajo del Inaga en ese número de expedientes tan importantes.

Como he dicho, la principal actividad es la tramitación de procedimientos administrativos. ¡Hombre!, doce mil expedientes ya es un número importante. Ha hablado el portavoz del Grupo Popular de que el porcentaje en los informes de evaluación ambiental..., son pocos, y solo los de más importancia. Eso es una realidad; pero los datos que él mismo ha dado..., se están resolviendo expedientes de una media de tres al día. Creo que, atendiendo también a los datos que él ha expuesto de la importancia de los informes de evaluación ambiental, yo creo o, por lo menos, quiero pensar que ha sido un mensaje en positivo, y yo se lo agradezco, porque, de alguna manera, yo también entiendo esa misma realidad del trabajo que lleva a cabo el Inaga.

Lleva a cabo actividades complementarias en cuanto a la colaboración con sectores de la actividad económica y con otras administraciones, por ejemplo en el otorgamiento de autorizaciones ambientales, que, como sabemos, en el tema de la gestión de residuos no peligrosos corresponde a la comarca. Y luego lleva multitud de actuaciones formativas.

Yo no tengo ninguna duda respecto de la...

El señor presidente (CALLAU PUENTE): Vaya terminando, señor Peribáñez.

El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: ... —termino, señor presidente—, respecto del funcionamiento y de las actuaciones, que es el motivo de la comparecencia que ha solicitado el Partido Popular y de las explicaciones que nos ha dado el consejero. Por lo tanto, yo le animo al departamento a que siga en esta línea. Yo creo que los trabajos que dice el portavoz de CHA que se podrían haber llevado desde dentro también se podrían haber llevado desde dentro antes del 2004, que es cuando se crea, y precisamente esta situación pasa a ser una realidad por las deficiencias que hay de la gestión interna. Por lo tanto, yo entiendo que sigue siendo una gestión interna a través de una actuación que no está implicada en el departamento tal cual lo entendemos administrativamente, aunque, sin ninguna duda, yo sí que la veo así, igual que veo así el trabajo de la empresa de Sodemasa. Por lo tanto, señor consejero, yo le animo a que continúe en esta línea.

Señor director general, yo le animo a que, en la medida de lo posible, porque todas peticiones van al final a parar al Inaga, siendo conscientes y habiendo comentado que se cumple con la finalización de los plazos, ¡hombre!, pues en la medida de los posible... Ustedes son los primeros interesados, el Inaga, pero, lógicamente, tanto a las administraciones como a los particulares siempre nos apetece tener aquella situación que nos ocupa y que nos preocupa cuanto antes.

Así que esta es la exposición, y, por lo tanto, como le digo, señor consejero, animarle a que continúe en esta línea.

Muchas gracias.

El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, señor diputado.

Por el Grupo Parlamentario Socialista a continuación tiene la palabra el señor Sada. Cuando quiera.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, gracias, señor consejero, por la exposición y bienvenido tanto a usted como a las personas que le acompañan. Y yo creo que se tiene que encontrar hoy satisfecho porque a lo largo del tiempo se van disipando esos temores importantes que en un principio planteaban algunos grupos de la oposición con respecto al funcionamiento del Inaga.

Yo creo que, cuando se plantea el Gobierno de Aragón esta cuestión, se plantea primero los objetivos que tiene que cumplir, que son la mejora de la calidad del servicio, y luego algo que es fundamental a la hora de la Administración, que es la economía, la eficiencia y la eficacia del servicio. Y, desde luego, opta por un sistema, opta por una alternativa que es el Inaga. ¿Que hay otras alternativas? Evidente. Y ahí, desde luego, es lícito que grupos de la oposición puedan plantear que hay otras alternativas al Inaga. Pero el Gobierno de Aragón plantea que es esa forma, ese organismo, esa entidad de Derecho público la mejor forma para realizar este servicio. Y lo que tenemos que valorar después de un tiempo son los datos que conllevaba esta cuestión. Y los datos, desde luego, son bastante... —y, además, se han reconocido, y agradezco que se hayan reconocido en bastante medida por los grupos de la oposición—, son, desde luego, demuestran que se acertó en ese tema.

Yo, desde luego, no voy a repetir el número de expedientes, que son muchos, pero sí que voy a incidir en un dato que sí importa: que el 95%, que más del 95% de los expedientes se resuelvan en el plazo, a pesar de todas las dificultades que conllevan este tipo de tramitaciones, yo creo que demuestran que, desde luego, podrá haber otras alternativas al Inaga, pero que el Inaga ha demostrado que es eficaz en esta cuestión.

Y, una vez planteado que desde luego se puede estar de acuerdo con la alternativa o no, pero que sí que se han ido disipando todas las dudas, yo creo que, desde luego, se tiene que sentir satisfecho de que todos los temores que había en un principio sobre el Inaga hoy en día y en esta comparecencia se ha demostrado también que, desde luego, se han ido disipando. Temores como la objetividad, que ya nadie la pone en duda, la imparcialidad, la eficacia, con los datos que tenemos, el que no supone un desmantelamiento del departamento y un vaciamiento del departamento, eso, que eran las cuestiones fundamentales que se oponían a la creación del Inaga, hoy en día ya nadie lo está planteando.

Y sí que se está entrando en algo que es importante, que algunos portavoces de la oposición lo han planteado y que además lo ha recogido el consejero: evidentemente, que este tipo de servicios, este tipo de tramitaciones, de alternativas, siempre pueden ser susceptibles de mejoras, y ahí tenemos la oportunidad. Primero, ahora, en la modificación de la ley de creación del Inaga —esa es una posibilidad—, y luego también simplemente en ir aportando y mejorando en aquellas tramitaciones, aquellas cuestiones que se han ido señalando por parte de algunos grupos de la oposición, que yo creo que son interesantes, tal como ha dicho el consejero: en el tema de relaciones con el tema de propiedad intelectual de los empresarios, etcétera. Yo creo que siempre son mejorables.

Por lo tanto, señor consejero, yo no creo que sea cuestión a la que poner fe, esperanza, pero también le voy a pedir otra cuestión, paciencia, porque yo creo que con un poquito de tiempo más, adoptando algunas mejoras, desde luego, lo que se está demostrando es que todos los temores, todos los problemas que había en cuanto a la creación del Inaga se van disipando, y esos temores iniciales importantes que podían tener algunos grupos de la oposición se van convirtiendo en dos cuestiones: una, que podía haber otras alternativas —evidente, pero está demostrado que es eficaz—; otra, que aun así es susceptible de mejorar —evidente también, y, desde luego, así lo demuestra que en cada año se van adoptando cuestiones nuevas; incluso el Gobierno está planteando también una modificación de la ley del Inaga que, desde luego, su único objetivo es mejorar en el servicio al ciudadano, que creo que es lo que a todos nos ocupa y nos preocupa.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, señor diputado.

Para finalizar, el consejero contestará a las cuestiones que han quedado planteadas. Cuando quiera, señor consejero.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO): Muchas gracias, señor presidente.

Voy a proceder a contestar a los diferentes portavoces (Chunta Aragonesista, Partido Aragonés y Partido Socialista), y lo voy a tratar de hacer de la forma más sintética posible.

Señor Fuster, yo, para empezar, quiero agradecerle no solamente la forma, que siempre es muy respetuoso, sino el fondo de su intervención. Pero sí que quiero decirle que, así como a los compañeros del Partido Popular yo les digo que no entiendo cuál ha sido su oposición a Sodemasa y el Inaga, a ustedes, sin embargo, yo sí que les entiendo y los respeto. Entiendo que ustedes se opusiesen al Inaga y se opusiesen a Sodemasa. Por eso tiene mucho más valor para mí personalmente el que desde esa perspectiva, que yo respeto, usted reconozca algunas cuestiones que ha reconocido hoy aquí, que no es un reconocimiento a mí, sino un reconocimiento a una serie de trabajadores que están ahí y que han hecho posible que una estructura que se diseñó con un objetivo esté funcionando yo creo que satisfactoriamente.

Una puntualización, porque al final el tiempo siempre nos va colocando a todos en nuestros sitios. Dice usted que en su momento hubo muchas críticas. Es verdad. Yo he dicho que muchas de ellas infundadas. En algunos casos, algunas críticas de algunos prestigiosos juristas con el tiempo se han ido modificando. Es más: en estos momentos tenemos solicitudes en el Inaga para que alumnos de algunos másteres de la universidad hagan prácticas en el Inaga, si no recuerdo mal, lo cual es una satisfacción para mí, que gente que en un momento determinado lo pudo criticar en estos momentos lo vea como un elemento de referencia. Y lo digo en sentido positivo; no lo digo en sentido negativo, ni muchísimo menos. Probablemente, en aquel momento, señor Fuster, a lo mejor faltó información o a lo mejor no hubo oportunidad a darla, porque hubo una serie de prejuicios que sentenciaron de alguna manera lo que era una idea para resolver un problema. Pero lo cierto es que, hoy, el grado de aceptación que estamos viendo aquí es un grado de aceptación más o menos generalizado, lo cual a mí me satisface plenamente.

Ha hecho usted una referencia a los expedientes que había pendientes. Mire, en el año, en el período 2004-2009 hemos resuelto una buena parte de esos, porque sabe usted que hay expedientes que llevan años en la Administración. Muchas veces, estos expedientes llevan años porque el promotor no ha complementado la información correspondiente y porque no existía procedimiento para archivar el expediente. Pero hemos resuelto prácticamente el 93% —92,8%— de esos expedientes pendientes. Quedará un 7,2%, y no son imputables, en este caso, a la Administración, sino que son imputables a que el promotor, cuando se le ha solicitado información que era necesaria para la continuación de la tramitación, no ha respondido o no la ha facilitado.

De todos modos, yo le quiero agradecer muy especialmente el reconocimiento que usted ha hecho a los aspectos positivos y a los aspectos relacionados con el personal que trabaja, en este caso, en el instituto.

¿Sueldos diferenciales? No, no los hay. Son los mismos sueldos de la Administración, son sueldos equiparados a las mismas categorías en la Administración. Podrían ser diferentes, pero no lo son. Son los mismos sueldos con los niveles correspondientes de la misma Administración. Por lo tanto, ahí tampoco hay ninguna discriminación. Y digo que podría serlo, y podríamos pagar productividad, y, sin embargo, no se hace. Por lo tanto, en este aspecto tampoco hay ninguna diferencia.

Y luego insiste usted en un tema que son los contratos con Sodemasa, como si contratar con Sodemasa fuese un aspecto criticable. Yo no me explico quién puede hacer mejor que Ramón Antor, al que usted supongo que conocerá, un informe sobre cualquier aspecto de biodiversidad. Estoy hablando del responsable del área de biodiversidad de Sodemasa, un hombre prestigiado, nacional e internacionalmente, y al que, cuando no trabajaba en Sodemasa, se recurría permanentemente para determinados informes relacionados con sus especialidades, que son varias. ¿Qué diferencia hay, que antes se le encargase como profesional libre y ahora resulta que trabaja en Sodemasa, porque entendemos que era un buen profesional? Ninguna.

El equipo que tiene Sodemasa en estos momentos —me lo decían a mí algunos responsables de organizaciones ecologistas—, el equipo que tiene Sodemasa en biodiversidad es de los más potentes de España, me decían, dice, porque todos los buenos técnicos que estaban dispersos por ahí los habéis cogido en Sodemasa, y tenéis un equipo muy potente, muy potente. Por lo tanto, tenga usted la tranquilidad y la garantía de que cuando el Inaga le encarga el 41% de sus contratos a Sodemasa es porque Sodemasa se los hace a plena satisfacción. Tenga usted la garantía. Y yo creo que son de absoluta solvencia. Y yo le invito, señor Fuster, a que, si quiere ir un día a Sodemasa, pueda conocer usted cómo funciona el área de biodiversidad y pueda conocer usted a los profesionales, que algunos de ellos le sonarán, porque me consta que usted es un hombre informado en estos temas, porque son gente que llevan en ese escenario desde hace bastantes años. Gente joven, por otro lado, gente bastante joven, pero gente muy preparada. Son la gente de referencia, que además en muchas ocasiones han trabajado con organizaciones ecologistas, precisamente reivindicando ante la Administración determinados aspectos. Yo creo que hay que reivindicar la profesionalidad y la competencia, y, en este caso, Sodemasa es probablemente el gabinete más competente que hay en Aragón en temas de biodiversidad, sin ninguna duda. Pero hay otros gabinetes, evidentemente, particulares.

Hablaban de la contratación, y hay unos datos que no me resisto a no decir, y es que, por ejemplo, en la adjudicación..., hay dos tipos de adjudicaciones que hace Sodemasa: contratos de consultoría y contratos de suministro. Contratos de consultoría, como se pueden imaginar, son los relativos a la elaboración de informes que se requieren para la tramitación de los expedientes. En este último año, de los doscientos setenta y siete contratos, que algunos de ellos comprenden determinados paquetes de informes relacionados con una especialidad en concreto, los contratistas diferentes han sido doscientos catorce, es decir, el 80% de los contratos han tenido contratistas diferentes, lo cual quiere decir que tenemos en este caso un nutrido grupo de personas y empresas que pueden acceder a estos contratos y que tenemos, por otro lado, yo pienso que una política en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, ¡hombre!, lógicamente, de distribución y dispersión de estos contratos suficientemente amplia. Y en los contratos de suministro, de un total de veinte contratos —es una anécdota—, ha habido veinte contratistas diferentes, el cien por cien de los contratos han tenido contratistas diferentes. Este es un elemento importante.

Y luego otro aspecto que ha comentado usted de forma... Aprovecho su intervención, si me lo permite, señor Fuster, para comentarlo: es el de los presupuestos. Porque ha hecho usted una referencia a los presupuestos... No sé cómo..., no voy a decir ninguna calificación. Simplemente ha comentado algo relativo a los presupuestos, y aprovecho yo la ocasión... Yo creo que, como es de interés general, se los digo yo aquí en estos momentos. Mire, el Inaga en el año 2006 tenía un presupuesto de seis millones y medio de euros. Subió a siete en 2007; a siete cuatrocientos en 2008 y en 2009; y ha bajado a 6,7 en 2010 por razones que yo creo que no es necesario explicar, ¿verdad? Pues hemos tenido que reducir el presupuesto un 27% en gasto corriente y un 7% en inversión.

Pero, mire, lo más significativo es que el grado de autofinanciación del Inaga, porque el Inaga cobra tasas —prácticamente más del 50% de su presupuesto, bastante más del 50%, se genera a través de las tasas que cobra por la tramitación de los expedientes—, ha tenido siempre un nivel de autofinanciación que es poco frecuente en la Administración. En el año 2006 se autofinanciaba en un 50%. En 2007, en un 51%. En 2008, en un 55%. En 2009, en un 58%. En 2010, en un 60%. Ahora díganme ustedes qué organismo de la Administración, la DGA en su conjunto o cualquier Gobierno autonómico tiene los niveles de eficiencia... —no solo de eficacia, porque eficacia es hacer las cosas bien y eficiencia es hacerlas al menor costo posible—, díganme ustedes quién puede responder a estos niveles de eficiencia, que son muy importantes.

Nosotros hemos hecho alguna vez cálculos en relación al presupuesto que se gestiona y al personal que se requiere para gestionar ese presupuesto. Y los niveles de eficiencia del departamento, y en especial del Inaga, están entre veinte y treinta veces por encima de los niveles de eficiencia medios de la Administración de la comunidad autónoma. Es decir, con sesenta y pocos trabajadores, sesenta y pocos empleados públicos, estamos gestionando una cantidad de expedientes que, si aplicásemos los parámetros de las Administraciones, los clásicos, requeriríamos muchísimo más presupuesto y muchísimo más personal. Por lo tanto, este es un hecho que yo no quería dejar de resaltar.

No le he entendido muy bien el hecho de que hay detalles específicos que no aparecen en las resoluciones o en las informaciones... —creo que en las resoluciones—. No sé a qué se refiere, pero estoy absolutamente dispuesto a aclarar este tema, a que nos lo explique y a que si esos detalles los podemos... ¡Ah, sí! Cuando se consulta cómo está tu expediente, no se conocen los detalles específicos. Pues digo que estoy absolutamente dispuesto a abordar este tema y a que en la medida que podamos complementar esa información, siempre y cuando sea..., pueda resistir un análisis costo-beneficio, poderlo hacer. Pero, bueno, me pongo a su disposición para hacerlo, al margen de lo que es esta comparecencia.

Y habla usted del seguimiento de las inspecciones. Señor Fuster, usted recordará, porque es un hombre veterano en estas lides y en estas Cortes, usted recordará que en el primer proyecto de ley, el que se mandó a las Cortes sobre el Inaga, figuraba el tema de la inspección dentro del proyecto de ley y que finalmente fue un tema que se quitó del proyecto de ley porque, evidentemente, había muchos grupos políticos que no estaban de acuerdo con ello, y además entendimos que podía ser razonable sacar la inspección y dejársela al departamento. Por lo tanto, el Inaga no tiene encomendadas las funciones de inspección para controlar el cumplimiento de los condicionados que él impone en sus resoluciones, pero el departamento sí, y el departamento tiene un plan de inspección. Y, mire, elementos fundamentales de ese plan de inspección son los más de trescientos APN que tenemos en el territorio.

¿Cuántos seguimientos se han hecho? Pues en estos momentos no tengo el dato, pero se los pasaré —si no le importa, le pasaré la referencia de los seguimientos que se han hecho y, si quiere, del plan de inspecciones en su conjunto—, pero lo que sí le puedo decir es que la mayoría de los expedientes de los agentes de protección de la naturaleza no son de caza y pesca; la mayoría de los expedientes de los agentes de protección de la naturaleza tienen que ver con los condicionados ambientales que en resoluciones del Inaga se han puesto a muchísimos proyectos. Y le puedo asegurar que tenemos un colectivo de agentes de protección de la naturaleza muy profesionalizado, que tiene un conocimiento exhaustivo de lo que ocurre en su territorio, que saben cuándo se aprueba un proyecto y que saben con el condicionado que se aprueba un proyecto, y que vigilan, siguen y controlan ese condicionado. La mayor parte de los expedientes incoados por los agentes de protección de la naturaleza y por otros técnicos de los servicios provinciales tienen que ver con los condicionados medioambientales del Inaga.

De todos modos, gracias por su reconocimiento, gracias por los aspectos que usted ha valorado positivamente, que, ya le digo, no son para este consejero, sino para la gente que trabaja en este caso en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, y gracias por sus aportaciones. Y me pongo a su disposición para aclarar estas dos cuestiones a las que ha hecho referencia.

Señor Peribáñez, quiero agradecer su apoyo y su intervención, y su fe, si me lo permite, en el Inaga y en este consejero.

Mire, comentaba usted, hacía usted referencia a los años en que se puso en marcha el Inaga, al año 2003 y al año 2004. Yo no sé si usted lo recordará o si los que en estos momentos están en el parlamento estaban en aquel momento pendientes de las cuestiones ambientales, pero le puedo asegurar —y aprovecho para recordarlo a sus señorías— que, cuando yo me hice cargo del Departamento de Medio Ambiente, en diciembre del año 2002, uno de los problemas con los que me encontré era la tramitación medioambiental. Era un problema que ocupaba páginas y páginas de los periódicos: el atasco que había de expedientes, la lentitud en la tramitación de los expedientes, el que un empresario metía un expediente y nunca sabía cuándo se le iba a responder... Este era un problema, en aquel momento, de plena actualidad. Lo que les puedo decir es que en el año 2010 esto no es un problema, de verdad, esto no es un problema, probablemente por la labor del Inaga; también probablemente porque desde el Inaga se han hecho muchas reuniones con grupos sectoriales precisamente para entenderse mejor, para comprender mejor la normativa y para facilitar las tramitaciones. Hemos organizado varias jornadas con diferentes grupos de empresarios, diferentes organizaciones empresariales, en diferentes sectores que tienen más complejidad o que tienen más relación con la tramitación ambiental. Por lo tanto, es verdad que en estos momentos, ha dejado de ser un problema y, por el contrario, Aragón sí que es un referente en el tema de la tramitación ambiental, porque pocas comunidades autónomas tienen tan claros los expedientes que se tramitan, los tienen en el boletín, con los plazos de tramitación... Les tengo que recordar que últimamente, a raíz de determinadas leyes básicas, hemos tenido que revisar los anexos, como van en esa ley que está en tramitación, pero en la ley del año 2004, cuando se tramitó la..., 2003, 2004, treinta y seis de los sesenta y tantos expedientes tipos de procedimientos se les calificó con silencio positivo, lo cual no ha supuesto un menor control desde el punto de vista medioambiental: ha supuesto una mayor agilidad.

De todos modos, gracias, señor Peribáñez, por su intervención y por las puntualizaciones que usted ha hecho.

En cuanto a la intervención del representante del Partido Socialista, señor Sada, totalmente de acuerdo con su intervención y gracias por su apoyo.

Comentar al hilo de su intervención que el 5% escaso que no se resuelven en plazo no se debe al Inaga, sino que se debe en muchas ocasiones a que el propio promotor no responde a la documentación complementaria que se le solicita. Por lo tanto, el nivel de eficiencia desde el punto de vista de la responsabilidad del Inaga yo me atrevería a decir que está entre el 98 y el 99%, casi con toda seguridad. Por lo tanto, esto me llena de satisfacción.

Y me apunto a una cuestión casi filosófica que usted ha planteado, que es la de la paciencia, además de la fe y la esperanza. Dice Séneca, me parece, que en la paciencia y en la perseverancia es donde florecen todas las demás virtudes. Y nosotros estamos en esa línea, estamos en la línea de que creíamos que aquello era una buena opción. Lo pusimos en marcha, hemos sido pacientes y perseverantes, y lo vamos a seguir siendo. Pero vamos a seguirlo siendo con los oídos atentos a aquellas cosas que podamos modificar y que podamos mejorar. Y, como usted ha comentado, la modificación de la ley del Inaga es una oportunidad para mejorar algunas de estas cuestiones. Yo creo que es una oportunidad. Pues ahí, en el debate parlamentario, se podrá hablar y se podrá ver en qué medida algunos de los aspectos que están funcionando de acuerdo ya con la legislación vigente pueden mejorarse. De cualquier manera, gracias por su intervención.

Y querría terminar, señor presidente, si me lo permite, diciendo un par de cosas. Una de ellas es que las estructuras son buenas o malas en función de lo adecuadas que resultan al contexto al que tienen que servir y sobre todo, y muy importante, de las personas que las conforman. Y yo creo que, en este caso, el Inaga es una estructura que se ha manifestado como una estructura adecuada. No diré como la mejor, como la perfecta, pero como una estructura adecuada. Y lo que sí les puedo asegurar es que en las personas que están en el Inaga probablemente esté uno de las claves del éxito de esta entidad de Derecho público. Por lo tanto, yo creo que hemos acertado; lo hemos hecho entre todos.

Gracias por esta comparecencia, gracias por sus sugerencias. Y, como siempre, estamos a disposición, en el contexto de la Comisión de Medio Ambiente o en el contexto de la interlocución con el departamento o con los órganos del departamento, para aclarar, complementar o recibir cualquier sugerencia que quieran hacernos.

Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente.

El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, consejero.