Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lacasa.
Por el grupo de Chunta Aragonesista...
Gracias, señorías.
Pasamos al punto siguiente del orden del día: debate y votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley de modificación de la Ley 9/1990, del Consejo Económico y Social de Aragón, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Pasamos directamente a la presentación y defensa de la proposición de ley, ya que no hay criterio remitido por el Gobierno de Aragón.
Tomará la palabra, en nombre del grupo parlamentario proponente, su diputado señor Queralt.

Proposición de ley de modificación de la Ley 9/1990, del Consejo Económico y Social de Aragón.

El señor diputado QUERALT SOLARI: Gracias, señor presidente. Señorías.
Nuestra comunidad autónoma no ha sido nunca ajena a un proceso a partir del cual históricamente se ha registrado la necesidad de estructurar tanto en los debates como en los sistemas políticos una representación de intereses paralela a la propiamente parlamentaria. Los fundamentos de dicha estructuración se encuentran en un conjunto de planteamientos referidos a una necesidad, la necesidad de profundizar democráticamente en nuestra sociedad, para lo que es preciso que contemos con una serie de órganos de representación de los principales intereses que actúen como punto común de encuentro entre la sociedad y el Estado; que actúen asimismo como sedes de concertación y ambientes de negociación y mediación; que actúen como lugares de programación, planificación y control para su ejecución; como dependencias dedicadas al estudio, al análisis y sistematización de la coyuntura en el futuro inmediato o mediato.
Se trata, señorías, en definitiva, de avanzar en el modelo de una sociedad de grupos y de un Estado que, asumiendo los derechos fundamentales de la persona, asuma también el pluralismo social y lo eleve a la condición de principio vertebrador del orden político.
La existencia de los consejos económicos y sociales, junto a los otros sistemas de representación de intereses sectoriales, pone claramente de manifiesto que es compatible el carácter general de la representación política a través de los partidos y la representación e influencia a través de entidades representativas de esos intereses sectoriales, siempre y cuando se mantenga la subordinación de este tipo de representación respecto a la estrictamente política.
La creación de los consejos económicos y sociales en Europa responde a un proceso histórico que tiende a lograr una profundización del Estado social y a una mayor vertebración de los diferentes intereses sectoriales, como hemos dicho, presentes en las sociedades contemporáneas. Este proceso está relacionado -y ha sido paralelo con el que se ha dado en Europa- con una descentralización del poder político desde el Estado central, con la constitución y reconocimiento de regiones y nacionalidades existentes como entidades dotadas de autonomía políticoadministrativa en mayor o menor grado.
Como consecuencia de la consagración constitucional de este nuevo reparto de poderes entre los estados centrales y las regiones, han aparecido los consejos económicos y sociales en muchas de ellas. Este proceso, por supuesto, ha tenido su reflejo en España con la constitución de estos organismos en las diferentes comunidades autónomas.
En nuestro caso podemos afirmar que los consejos económicos y sociales regionales han gozado de plena libertad en cuanto a su configuración, toda vez que la Ley 21/91, de creación del Consejo Económico y Social español, no impone ningún tipo de condicionamiento a los regionales. Sin embargo, en la práctica, el modelo político imperante ha tenido como consecuencia que los rasgos fundamentales de los consejos regionales sean similares entre ellos y, a su vez, éstos con el consejo estatal.
Para que estos organismos cumplan las misiones que se le han asignado conviene subrayar que el problema práctico que más complicaciones podría presentar en esta institución es el de su composición, ya que, según sea ésta, podrán desarrollarse o no de forma más o menos efectiva sus competencias. Es lógico, pues, en este punto, que la situación de los diferentes consejos (el estatal y los autonómicos) presente una diversidad en función de la diferente variedad de intereses existente en cada una de las comunidades autónomas. No obstante, en cuanto a esta composición, pensamos que hay una serie de rasgos comunes que podemos resumir en dos grandes bloques.
El primero hace referencia al número de miembros, que es relativamente homogéneo en los diferentes consejos y se mantiene por debajo del número de miembros del consejo estatal, lo que dice mucho a favor de la necesidad de que estos órganos puedan resultar altamente operativos. Aragón, con veintisiete miembros, se encontraría en un término medio entre los cuarenta y nueve del consejo de Cataluña y los quince del consejo de La Rioja.
El segundo punto hace referencia a las organizaciones representadas. Así, es unánime la participación con carácter paritario de las organizaciones sindicales y empresariales, de acuerdo con el papel preponderante que les atribuye el artículo séptimo de nuestra Constitución. Todos los consejos autonómicos, a excepción exclusivamente del de Asturias y Aragón, incluyen en su composición la representación de intereses distintos a los puramente sindicales y empresariales. Hay variedad entre unos y otros, dependiendo de la prevalencia de los diferentes sectores en cada una de las comunidades, siendo también mayoritaria la presencia del sector cooperativo en los mismos.
En este contexto, desde el Grupo Popular proponemos una reforma que nos parece prudente, que intenta conjugar el objetivo de incorporar el sector cooperativo y ampliar así la representación de intereses que actualmente regula el Consejo Económico y Social con las cualidades de su composición actual. Así, proponemos incrementar en dos miembros la composición del actual Consejo Económico y Social de Aragón, y asignarlos a representantes del cooperativismo de trabajo asociado y agrario.
¿Qué razones justifican esta inclusión, estos términos de reforma? En primer lugar, por supuesto, queremos mantener la presencia gubernamental mediante representantes directamente designados por el Consejo de Gobierno. Creemos que debe incluirse el sector cooperativo. No hay que olvidar que el artículo 129.2 es un imperativo constitucional, por el que los poderes públicos deben promover el cooperativismo; por lo que, en un órgano consultivo del gobierno autónomo, cuyo fin es hacer efectiva la participación de los sectores interesados en la política económica y social de Aragón, creemos que se hace necesaria su inclusión.
También, la Ley de cooperativas de Aragón (recientemente promulgada por esta cámara) declara de interés social en su artículo 97 -y cito textualmente- «la promoción, estímulo y desarrollo de las cooperativas y sus organizaciones representativas dentro de sus territorios». Así mismo, el artículo 99 exige la consulta con las federaciones y confederaciones de cooperativas competentes por razón de la materia en los proyectos y disposiciones que con carácter general les afecten, y más concretamente indica que «deberá instrumentarse la participación del movimiento cooperativo en las instituciones y órganos públicos bajo su dependencia en los consejos asesores de la administración autonómica, así como las decisiones que adopten cada uno de los departamentos en las materias de su respectiva competencia».
El sector cooperativo ha reivindicado desde la constitución del Consejo Económico y Social de Aragón su participación en el mismo por considerarse legitimado legal y socialmente. El sector cooperativo en Aragón aglutina a más de ciento cincuenta mil socios, con una implantación mayoritaria en el medio rural, bien en el sector agrario, bien en el sector de trabajo asociado. Datos recientes del Ministerio de Trabajo indican un crecimiento de este sector en el año 2000 de más de un 35% con respecto al anterior, y en el año 2001 parece ser que las perspectivas son similares.
Consideramos que esta cámara debe ser coherente con sus propios criterios, manifestados en diversas ocasiones, en relación con la necesidad de fomentar el cooperativismo y, asimismo, ser vigilante del cumplimiento de las normas legítimamente aprobadas en ella. De no ser así, convertiríamos en papel mojado nuestras leyes o nuestras decisiones.
Esta reforma, en definitiva, supone cumplir el mandato que en un momento votamos en esta cámara. Nos referimos en concreto a la proposición no de ley 87/96, sobre el plan integral de desarrollo cooperativo, presentada por los grupos de Izquierda Unida y del Partido Socialista, aprobada por unanimidad por todos los grupos en esta cámara el día 25 de marzo del noventa y siete en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales; proposición no de ley basada a su vez en los argumentos defendidos anteriormente por la Federación aragonesa de cooperativas de trabajo asociado, y con la que todos los grupos asentimos.
Los consejos económicos y sociales de Europa y España incluyen la participación de este sector como miembros de pleno derecho. Asimismo, los países de nuestro entorno, como Francia, Italia y Portugal, donde existe una tradición cooperativa similar a la de nuestro país, incluyen seis miembros en los dos primeros, y dos representantes cooperativos en el último. Asimismo, en los consejos autonómicos se recoge mayoritariamente la presencia de este sector, tal sería el caso de Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Valencia.
La vocación con la que se constituyó el Consejo Económico y Social de Aragón, según su propia exposición de motivos, es la de cumplir con el mandato constitucional de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, así como el contenido en similares términos en su Estatuto de Autonomía. En la medida en que la comunidad autónoma ha ido incrementando sus competencias y la estructuración de la sociedad aragonesa madura, se hace necesario adecuar este órgano, destinado a incrementar la participación. Sólo así puede hacerse efectivo el propósito de la ley de creación del Consejo Económico y Social de la comunidad autónoma, donde dice que se dote de un instrumento de participación a través del cual distintos sectores de la sociedad puedan expresar al parlamento y al Gobierno sus puntos de vista para colaborar en la consolidación de una sociedad democrática avanzada. Además, para que este consejo pueda cumplir adecuadamente las funciones que tiene asignadas en su norma de creación, se requiere -creemos- ampliar su representación, ya que, para conseguir el impulso de sectores económicos, el incremento del empleo y el equilibrio territorial dentro de la comunidad autónoma, se debe contar además con otros sectores, además de los tradicionales ya comentados, e incrementarlo con un sector en auge que creemos que colabora con los mismos objetivos.
Desde el Grupo Popular somos conscientes de que es necesaria una ampliación de la representación que, desde nuestro punto de vista, deberá adecuarse a las demandas sociales en la medida en que nuestra comunidad se vertebra. Con esta ampliación creemos que se llegaría a una valiosa práctica participativa y a una aplicación práctica del principio de igualdad sustancial, que permite a ciertos colectivos contar con un foro de mutuo conocimiento, un foro de debate y puesta en común de opiniones con el fin de ensanchar los mecanismos de participación política.
Además, pensamos que comenzaría un proceso de homogeneización con las comunidades autónomas de nuestro entorno, donde en todas ellas se seguiría el modelo que incluye una amplia representación, con la presencia del sector cooperativo expresamente reflejado.
Por todo ello, señorías, solicitamos su apoyo a esta proposición de ley. Estamos convencidos también de que tras asumir las competencias y el traspaso de servicios en materia de cooperativas a nuestra comunidad autónoma, y cuando se aprobó en un amplio proceso de trabajo y negociación la Ley 9/98, de 22 de diciembre, de cooperativas de Aragón (ley que, según el propio sector, ha sido decisiva en el crecimiento de la creación de cooperativas de trabajo asociado durante el año noventa y nueve en casi un cincuenta por ciento con respecto al año anterior), estamos convencidos -decimos- de que el mantener e incrementar las vías de diálogo con el mismo permitirán que nuestro crecimiento económico sea más estable, equilibrado y justo.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Para consumir el turno en contra, el señor Lacasa.
¿Alguien va a fijar posiciones en el turno en contra de algún otro grupo parlamentario?
El Grupo Socialista también compartirá el tiempo con el señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor presidente.
Queremos utilizar el turno en contra precisamente porque vamos a votar en contra, y nos parece lo lógico. Nuestro grupo siempre intenta ajustarse a los contenidos de los turnos porque a veces se ha utilizado en este parlamento fijación de posiciones para votar en contra y turnos en contra para fijar posiciones. A nosotros nos gusta ser claros en este sentido.
Yo, señorías, estoy un poco decepcionado, y es que pensaba que en la tribuna iba a salir a explicar esta proposición de ley don Ángel Cristóbal Montes, que además acaba de abandonar el hemiciclo. Yo no sé si tiene algo que ver con mi intervención y con algún pequeño recordatorio que voy a hacer para que sus señorías refresquen la memoria.
Y digo decepción porque don Ángel nos impartió -a mí en particular, a este humilde portavoz- una magnífica lección cuando consumió un turno en contra -en este caso- en una proposición de ley de Izquierda Unida que planteaba una reforma muy amplia, es cierto, del Consejo Económico y Social. Don Ángel decía entonces -y nos decía a los de Izquierda Unida-: «Ustedes tienden hacia organizaciones amplias, con representación muy variada, con presencia de grupos muy diversificados, y eso, que a lo mejor en teoría es bueno, en la práctica se revela no diré en una anarquía permanente, pero sí en un tótum revolútum, en el que, en definitiva, acaban saliendo pocas cosas positivas y en el que el pragmatismo, el realismo y la realidad de las cosas suelen brillar por su ausencia». Primera lección que nos daba don Ángel y de la que nosotros tomamos nota modestamente e intentamos aplicar. Pero no quedó ahí su eminente lección, sino que continuó diciendo: «La nueva composición que se plantea no es admisible porque, aparte de los nueve miembros sindicales y de los nueve miembros empresariales, contempla nueve miembros más».
Nosotros metíamos, introducíamos, organizaciones profesionales agrarias, cooperativas y empresas de economía social, organizaciones de consumidores y usuarios, y la Universidad de Zaragoza. Es decir, ampliábamos la composición, no, por supuesto, sólo a las cooperativas, sino a muchos más sectores sociales. Decía don Ángel y decía el Partido Popular entonces: «Se supone que tanto en las organizaciones sindicales como en las empresariales existe la suficiente diversificación interna como para que, cuando se hace la designación, todos no van a ser del mismo sector. Nueve miembros dan mucho de sí y harán la diversificación correspondiente, y vendrá un variopinto ramillete de personas representativas de variados sectores del mundo sindical, de variados sectores del mundo económico, del mundo social y del mundo laboral». Decía don Ángel: «A no ser que se quiera una asamblea abierta, un foro ciudadano o un pandemónium, ¿por qué no iban a estar presentes en el nuevo Consejo Económico y Social, por ejemplo, los ecologistas, los objetores de conciencia, las asociaciones de vecinos, e incluso los boy scout». Señor Queralt: ¿por qué no han planteado también eso ustedes ahora en la proposición de ley de reforma?
Y terminaba don Ángel de forma eminente, magnífica y magistral, ante lo cual yo ya tomé notas, y dije y determiné ya no volver a incidir en este error nunca más en esta cámara. Y decía y citaba a nuestro vicepresidente -ejemplo también de ponderación-, y decía don Ángel: «Como recordaba el señor Biel, en la vigente Ley del Consejo Económico y Social, están los mecanismos [...]». (Fíjese, señor Queralt: repásese este Diario de Sesiones, que es buenísimo, no tiene desperdicio.) «En la vigente Ley del Consejo Económico y Social están los mecanismos para que, si se tiene suficiente mano izquierda -es verdad que el Partido Popular está manco de la mano izquierda-, si se tiene suficiente apertura y suficiente visión de las cosas, puedan funcionar perfectamente esos mecanismos representativos. Si las organizaciones sindicales abren la mano, si las organizaciones empresariales abren la mano y el Gobierno abre la mano, no hace falta nada más».
Pues, señorías, ¡si ya lo decían ustedes!: no hace falta nada más: está todo dicho -parece ser- en la actual Ley del Consejo Económico y Social.
Bueno, que cambien ustedes de criterio, que el señor Cristóbal decía una cosa y que hoy dicen ustedes otra completamente diferente... Vamos a dejarlo simplemente en la curiosidad del debate parlamentario entre legislaturas.
Nuestro grupo -lo vamos a dejar claro en este momento- no es favorable a esta propuesta de reforma que ustedes plantean aquí. Nosotros no somos contrarios a abordar una reforma en profundidad del Consejo Económico y Social, lo decimos así de claro. Planteamos un determinado modelo hace cuatro años, un modelo que era novedoso, porque cambiaba la naturaleza jurídica, dotaba de más contenido económico y social y, en materia de personal, daba más autonomía al Consejo Económico y Social, y es verdad que se ampliaba a un brazo social, a un cuarto brazo social distinto del Gobierno, de los sindicatos, de los empresarios; ampliábamos a un brazo social mucho más amplio y heterogéneo que el que planteaba el señor Queralt hoy en su proposición de ley. Hablábamos, como he citado antes, no sólo de cooperativas -¿por qué sólo de cooperativas?: ¿y las sociedades anónimas laborales, que forman parte también de la economía social?- y de otro vastísimo mundo de intereses sociales, como son las organizaciones agrarias, como son -lo decía el señor Cristóbal, jocosamente entonces- las organizaciones ecologistas. ¿Por qué no van a estar también los ecologistas? Si hablamos de economía, cuando hablamos de economía, deberíamos hablar de desarrollo sostenible. Bueno; todo eso es un amplio cambio y requiere un debate más sosegado.
A mí me consta que este tema se ha debatido en el Consejo Económico y Social. Y, hoy, este tema no está en absoluto maduro; hay una fuerte oposición por parte de los sindicatos y por parte de los empresarios a esta plasmación. Y me parece que quizá no es el momento más adecuado para abrir una vía, que además es un auténtico parche, porque no soluciona nada, no constituye un auténtico brazo social del Consejo Económico y Social, sino que es meramente un parche. No sabemos bien a qué responde, porque es completamente distinto de lo que planteaba el Partido Popular en la anterior legislatura. Y, además, es contrario a los intereses representados hoy en el Consejo Económico y Social.
Y yo quiero además añadir un elemento. Hoy está a debate (no sé si explícitamente, pero por lo menos implícitamente) el papel del Consejo Económico y Social, su utilidad profunda, su realidad de fondo, y esto ha empezado a ser debatido por los miembros que componen el Consejo Económico y Social.
Yo creo que sería bueno esperar a esa reflexión: qué tipo de organismo tiene que ser el Consejo Económico y Social: si tiene que ser tripartito, si tiene que ser un foro de entendimiento básicamente entre Gobierno, sindicatos y empresarios; si tiene que tener un contenido social distinto y más amplio. Creo que todo eso está sometido a debate; pero creo que no está maduro en estos momentos para poder plasmarlo en esta cámara autonómica.
Pero, desde luego, yo simplemente pediría un mínimo de coherencia y de sensatez en las proposiciones que el Partido Popular traiga a esta cámara, y un mínimo de relación con lo que ha planteado en otros momentos.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lacasa.
El Grupo del Partido Aragonés: su diputado señor Allué tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Sobre este tema, que creo que se lleva debatiendo bastante tiempo, seguramente diez u once años, desde que se aprueba en esta cámara la Ley reguladora del Consejo Económico y Social de Aragón, se habló en aquella proposición no de ley, que ya ha sido mencionada (la 87/96), sobre el Plan integral de desarrollo cooperativo; se habló también en la presentación de ese plan integral por FACTA en la comisión un año antes, y, como digo, se habló también de este tema en el debate que generó la propia ley en esta cámara.
También utilizaré el Diario de Sesiones, en cierto modo, que siempre es bueno recordar, refrescar la memoria, ¿no?
El señor Baquedano García (en aquel entonces del Centro Democrático y Social) ya analizaba que el proyecto de ley que se traía a la cámara excluía de la participación del consejo a otras organizaciones. Citaba organizaciones agrarias, organizaciones de consumidores y usuarios, las federaciones de municipios, las cajas de ahorros y entidades financieras, las organizaciones cooperativas también, otras organizaciones profesionales, la universidad, etcétera, etcétera.
Nos hablaba también de distintos modelos (todos legítimos: no se cuestionaba el modelo que se aprobó en 1990), otros modelos en los que se creaban los consejos económicos y sociales en toda España. Citaba también el modelo de Izquierda Unida, que fue realmente quien tomó la primera iniciativa política para la creación del CESA en estas Cortes, y que incluía -como ya se ha dicho- el consejo regional de cámaras de comercio, entidades financieras, asociaciones anónimas laborales, federaciones de municipios, universidad. Nos hablaba también de distintos modelos en otras comunidades autónomas (de Castilla y León, del País Vasco), más o menos, en esta dinámica.
Incluso se citaba también en aquel Diario de Sesiones cómo se pronunciaban UGT y Comisiones Obreras, por ejemplo, en la comunidad autónoma andaluza, con la ocasión de debatir este tema. Y hablaban de abrir el consejo a otros miembros que, sin ser consejeros de pleno derecho, aportaban la voz, que no el voto, bien de la experiencia profesional o bien de las organizaciones económicas y sociales, que, aun siendo minoritarias, contaran con suficiente implantación territorial y sectorial. Se llegó así a un acuerdo transaccional que afectó al final al número 5 del artículo 3 de la actual Ley del Consejo Económico y Social, para la entrada, a través de la voz, que no del voto, de estas organizaciones, con lo que además se cumplía la voluntad expresada claramente en la exposición de motivos, como ya se ha dicho anteriormente.
Por lo tanto, parece ser que no hay un modelo único, que existen composiciones diferentes, como ya se advierte también en la propia proposición de ley, en cuanto que se refiere al Consejo Económico y Social español, donde están representados el sector cooperativo -es cierto-, pero también el sector agrario, el sector de consumidores y usuarios y otros sectores.
En definitiva, creemos, desde nuestro punto de vista, que el Partido Popular debería haberse esforzado un poquito más, y analizar el panorama desde un punto de vista más amplio. Si de lo que se trata es en definitiva de modificar la composición del CESA -con diez u once años de utilísimo trabajo, como también se manifiesta en la proposición de ley, y en eso estamos de acuerdo- e incluir a la vez esos otros sectores tan legítimos como el cooperativo, evitando de esta manera los posibles agravios comparativos, es posible que haya habido un incumplimiento, una promesa anteriormente realizada, y que ahora traten ustedes de resarcir a través de esta proposición de ley.
Yo puedo recordar también, utilizando diarios de sesiones, palabras del señor Queralt -las que hacían referencia a cuando presentó FACTA el plan integral en aquella comisión; esto debía ser allá por el noventa y cinco o noventa y seis-, donde decía: «También manifestar el apoyo de nuestro grupo para que FACTA se incluya en el tercer sector del Consejo Económico y Social.» En aquel tiempo les faltó decir «nuestro apoyo a largo plazo», porque sólo después de seis años ha venido esta proposición aquí.
También, en sus propias palabras derivadas del debate que se genera en torno al Plan integral de desarrollo cooperativo, hace referencia a que el momento político para dictar una ley de modificación del CESA lo debía dictar el Gobierno de Aragón. Por lo tanto, si aquellas palabras valían hace seis años, supongo que seguirán valiendo ahora. De tal manera que, utilizando este simple argumento que ustedes utilizaron en 1996, podríamos ya, sin más justificaciones, rechazar su proposición.
En cualquier caso, y ahondando un poco más -y concluyo-, desde nuestro grupo parlamentario creemos que este tipo de modificaciones no pueden ni deben hacerse a la ligera ni con ligereza, en ningún caso; tenemos que contar en primer lugar con el parecer, con la opinión de los actuales componentes del CESA. Y tenemos que analizar exhaustivamente todo el tejido social de la sociedad aragonesa, es decir, todos esos importantes colectivos que no forman parte del CESA, pero que sí son agentes sociales significativos, en relación con los temas económicos y sociales que se plantean en la comunidad autónoma, también incluido, por supuesto, el sector cooperativo.
Y, por último, debemos conseguir que una modificación de estas características sea objeto previo de amplio debate y del mayor consenso, sin parcheos que puedan producir agravios comparativos.
Por estos argumentos, votaremos en contra.
Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Allué.
También, para compartir este turno, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor presidente. Señorías.
Yo tenía preparada mi intervención con un Ángel, don Ángel Cristóbal Montes, y, desde luego, por economía procesal, les alivio de mi intervención, ya que ha sido expuesto perfectamente, con su fina ironía, por el señor Lacasa. Igualmente, también parte de mis argumentos han sido utilizados por el señor Allué.
Les diré brevemente que nuestras razones para oponernos son de fondo y de forma, y lo especifico casi de modo telegráfico.
La ley que regula el Consejo Económico y Social fue aprobada por unanimidad. En base a este hecho, y dada la idiosincrasia de este órgano, parece razonable que cualquier modificación, por tanto, que pudiera llevarse a cabo contara con la unanimidad de esta cámara. Ésta es una de esas cuestiones en que, a nuestro juicio, parece que es elevado el grado de consenso necesario para cualquier tipo de modificación.
Adicionalmente, por tanto, en este planteamiento, también parecería razonable que cualquier modificación de este órgano debiera contar con el parecer de los partidos políticos. No sólo con ellos, sino también con la opinión de los distintos participantes allí representados, aunque sólo sea por una cuestión de respeto y de consideración.
Ustedes no sé si han hecho este simple ejercicio; nosotros sí, y les puedo asegurar tajantemente que su opinión es absolutamente desfavorable.
En su exposición de motivos alegan que a nivel nacional el sector cooperativo tiene su presencia en el Consejo Económico y Social. De acuerdo. Pero el CESA nacional tiene una composición simplemente diferente, donde hay representados otros sectores sociales, como el sector agrario, el de consumidores u otros; no están en el CESA ni en otros consejos económicos y sociales regionales, no hay un modelo homogéneo único. La pretensión es que entren a formar parte del CESA las cooperativas más representativas. Tenemos dudas razonables de cuál es la más representativa, porque podría llegarse incluso a una doble representación sindical. Y, desde luego, los sindicatos se encuentran perfectamente representados, y no tienen ningún interés en la modificación de este consenso.
Por último, quiero decir que este CES de Aragón está cumpliendo -a nuestro juicio- perfectamente su cometido, creemos y pensamos que de una manera brillante.
En cualquier caso, y por acabar, señoría, en todo organismo es perfectamente posible cambiar su composición, toda ley se puede cambiar. Ahora bien, parecería razonable que una modificación de una ley tan importante como es la del Consejo Económico y Social sea fruto de una deliberación profunda y consensuada con todas las partes implicadas.
Plantear pequeñas modificaciones parciales para satisfacer los intereses legítimos de determinados sectores económicos o sociales sólo conduciría a unas nuevas modificaciones pequeñas y parciales. Y entrar en esta dinámica, con todos los respetos, no nos parece que sea serio ni, desde luego, razonable.
Por todos estos motivos y por los expuestos anteriormente por los diputados que me han precedido en el uso de la palabra, nosotros vamos a votar en contra.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Piazuelo.
Para fijar posiciones, el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
Su diputado, señor Yuste, tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente. Señorías.
A veces es muy fácil decidir el sentido del voto. En nuestro grupo tenemos muy clara la posición con respecto a esta proposición de ley de modificación de la Ley del Consejo Económico y Social de Aragón, porque hoy lo que pide el Grupo Popular es cambiar la composición del CES (del Consejo Económico y Social), para que, junto al -digamos- sagrado orden tripartito y paritario de los agentes sociales y la administración, pueda incorporarse una representación del movimiento cooperativo.
Pues bien: Chunta Aragonesista va a votar a favor de la toma en consideración, porque en nuestro programa electoral defendemos expresamente la presencia del sector cooperativo en el CESA. Así de fácil, así de simple.
Desconozco lo que decían los programas de otros partidos sobre esta cuestión, pero quizá una lectura de los compromisos electorales igual nos daba alguna sorpresita. Pero, bueno, en todo caso...
Y vamos a votar también a favor por coherencia, porque el 7 de marzo del año 1996, ante una proposición de ley similar a ésta, Chunta Aragonesista votó a favor. Como ya se ha recordado, la presentó entonces Izquierda Unida, y la apoyamos tanto el PSOE como Chunta Aragonesista. Hoy, parece que PSOE e Izquierda Unida van a votar distinto. Y, bueno, sobre todo, lo que me preocupa es que al señor Lacasa le haya convencido el señor Cristóbal. Eso me preocupa muchísimo, porque como le convenzan de más cosas... Y me preocupa que ahora el señor Lacasa vea que no es momento de abrir el melón de la reforma de esta ley. Desde luego, me parece un contrasentido, o igual es que, claro, es distinto estar en el gobierno que en la oposición. Bueno, quizá sea eso; pero, desde luego, algunas reflexiones son preocupantes.
Resulta curioso también que la iniciativa la presente el PP, curiosísimo, porque el PP fue la principal fuerza que rechazó la proposición de ley de IU en el noventa y seis.
Es cierto: ya se ha dicho por parte del portavoz proponente en aquel debate, el señor Lacasa, que, efectivamente, su iniciativa iba mucho más allá: se ampliaban las funciones del consejo, se regulaban los medios del consejo, y, por lo tanto, podía haber argumentos para el PP en aquel momento para votar en contra. Sin embargo, es cierto que uno de los argumentos de peso en aquel debate era precisamente la ampliación de la composición del consejo. Y eso, para el portavoz en aquel debate del PP, era algo inadmisible.
Nosotros, por lo tanto, ante esta cuestión, una vez advertidas las contradicciones y peripecias de algunos grupos, tenemos que celebrar el cambio que se ha producido en el PP.
Supongo yo que, quizá, el portavoz de aquel debate del noventa y seis ahora es el pasado del PP, y el portavoz en este debate es el futuro del PP. No lo sé. Si es así, pues me alegro, porque parece que puede haber alguna cuestión interesante.
Sin embargo, la iniciativa que hoy ha defendido el señor Queralt nos parece que se queda corta. Creo que diez años después de la aprobación de la Ley del CESA sí que estamos legitimados para hacer un balance y para replantear algunos aspectos de organización y de funcionamiento, que incluso han venido proponiéndose desde algunos presidentes del consejo a lo largo de esta década.
Creemos que las potencialidades de este órgano consultivo y de participación de la ciudadanía organizada socialmente pueden desarrollarse aún más. Por eso, nuestro grupo parlamentario hubiera deseado que se tomara en consideración esta proposición de ley, para poder debatir sobre la composición del consejo, pero también sobre otros aspectos que puede merecer la pena que sean modificados.
Sin embargo, el rechazo ya anunciado por parte de los grupos que sostienen al Gobierno va a impedir que esta iniciativa se pueda tramitar.
En primer lugar, nosotros compartimos con el proponente la intención de que el movimiento cooperativo esté representado en el Consejo Económico y Social. El cooperativismo es un sector en crecimiento, es un modelo empresarial diferente, que conjuga las ventajas del sector privado con el componente ético del sector público. Nos encontramos, además, ante la forma societaria más adecuada para explotar los denominados nuevos yacimientos de empleo; con la forma que permite responder mejor a las necesidades sociales y a la voluntad de autoempleo de los jóvenes y de las mujeres en todas partes, especialmente en el medio rural, pero también en todas partes. Y, por eso, tenemos que apoyar desde los poderes públicos al movimiento cooperativo y, por eso, el cooperativismo merece el reconocimiento institucional.
Estamos hablando de unas empresas que son de los trabajadores, y que no se sienten representados ni por la CREA, ni por la Cepyme, ni por UGT, ni por Comisiones Obreras. Centrándonos sólo en las cooperativas de trabajo asociado, podemos decir que estamos hablando de un sector que representa a unas quinientas cincuenta empresas; que supone una facturación por encima de los treinta y cinco mil millones de pesetas, y que es responsable de la creación de más de diez mil empleos, y un sector que sólo puede sentirse representado por el propio asociacionismo cooperativo. Por eso, debe haber una representación cooperativa en el CESA.
En segundo lugar, tengo que decir que Chunta Aragonesista es partidaria de ampliar la representación social. ¿Por qué no sentamos en el consejo, por ejemplo, a los representantes agrarios más representativos? ¿Por qué no incorporamos también una representación, por pequeña que pueda ser, de la organizaciones de consumidores y usuarios? ¿Por qué no podemos plantear que las sociedades laborales también estén representadas en el Consejo Económico y Social de Aragón, igual que las cooperativas, que ojalá estén? ¿Por qué no pueden estar también las sociedades laborales?
Y no me vale el argumento de que las organizaciones profesionales agrarias ya están representadas en las cámaras agrarias, o que las organizaciones de consumidores ya están representadas en el Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios, o que las cooperativas ya estarán en el consejo aragonés del cooperativismo cuando se constituya, que todavía no se ha constituido. Desde luego, ese argumento no me vale.
Y no me vale tampoco el argumento de que los agentes sociales, organizaciones sindicales y empresariales ya están representando a todas las sociedades de ese Consejo Económico y Social. Ese argumento no nos vale porque, efectivamente, por la misma razón, los agentes sociales ya están representados en el consejo general del Inaem (del Instituto Aragonés de Empleo), y eso no les excluye de estar en el CESA. Por lo tanto, ése sería un argumento no válido.
Y no me vale tampoco ese otro argumento de que los agentes sociales ya representan a toda la sociedad, porque en realidad los que representamos a toda la sociedad aragonesa somos nosotros, los diputados y diputadas de estas Cortes de Aragón.
Por lo tanto, si, además de este hermoso parlamento, necesitamos un foro donde escuchar a los interlocutores sociales y económicos, es absolutamente imprescindible que estén todos, es absolutamente imprescindible que estén todos, como lo están en el Consejo Económico y Social de la Unión Europea, en el Consejo Económico y Social del Estado español, o en el Consejo Económico y Social de al menos once comunidades autónomas. ¿Por qué Aragón tiene que ser una excepción sin razones de peso para esta cuestión?
En el Consejo Económico y Social del Estado español, por ejemplo, no hay representación de la administración. Hay tres brazos de representación (empresarios, sindicatos y actividades diversas), y, dentro de las actividades diversas, dentro de los veinte representantes, hay cuatro del cooperativismo y de la economía social. Y ése es el mismo modelo que existe en el Consejo Económico y Social de la Unión Europea, donde también la tercera parte corresponde a actividades diversas, y ahí se enmarca precisamente el cooperativismo y la economía social.
Y en las comunidades autónomas españolas, en la gran mayoría, ocurre exactamente lo mismo. En Euskadi, en Navarra, en la Comunidad Valenciana, en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, etcétera, etcétera, en todas ellas, incluso en Murcia, en todas ellas, en comunidades autónomas de todos los colores políticos, encontramos representación del cooperativismo. Pero también en todas ellas encontramos representación de las organizaciones profesionales agrarias, de las organizaciones de consumidores y usuarios. En todas ellas.
Y en algunas, además, encontramos representación de las sociedades laborales, representación de universidades, representación de trabajadores autónomos, e incluso representación de expertos designados por la administración. Incluso, en alguna hay representantes del movimiento ecologista, e incluso hay representantes en algunas comunidades de las cofradías de pescadores -obviamente, yo no voy a pedir aquí que en Aragón haya representación de las cofradías de pescadores-.
Por lo tanto, ésta es la posición de Chunta Aragonesista.
Y una de las ventajas que tiene intervenir el último -me siento casi gobierno interviniendo el último en un debate-, una de las ventajas es que se puede responder a lo que han dicho; y, entonces, me alegro -he escuchado los argumentos que han pretendido exponer los portavoces que han hecho el turno en contra-, porque yo tenía una enorme curiosidad por conocer con qué argumentos, los grupos que sostienen al Gobierno han rechazado, iban a rechazar esta proposición de ley. Yo les he escuchado atentamente, y, sinceramente, creo que no se han dado razones de peso que justifiquen el rechazo de esta iniciativa.
Señor Lacasa, no está madura la reforma de la Ley del CESA; pero, si no está madura, es porque usted y porque los socios de gobierno no quieren que esté madura. Las leyes las hacemos aquí los diputados y diputadas de estas Cortes. Lo he dicho antes: representamos a toda la sociedad aragonesa en su conjunto, y, además, tenemos el mandato ciudadano de hacer las leyes.
Los agentes sociales podrán opinar, por supuesto, de los temas que les incumben y de otros temas -faltaría más-, pero nunca pueden imponer su criterio por encima del criterio de estas Cortes, nunca. ¡Faltaría más!
Señor Allué, yo no entiendo por qué la reforma de la Ley del CESA tiene que ser iniciativa del Gobierno y no iniciativa de un grupo, no lo entiendo. No sé por qué tiene que ser iniciativa del gobierno y no de un grupo, cuando la reforma del Fondo de compensación interterritorial, por ejemplo, puede ser iniciativa de un grupo parlamentario y no iniciativa del Gobierno, aunque ese grupo esté en el Gobierno. Quiero decir que los argumentos no son de peso.
Y, señor Piazuelo, finalmente, la pasada legislatura el Grupo Socialista votó vehementemente a favor de la proposición de ley que habían presentado los cinco diputados del grupo entonces de Izquierda Unida, porque, evidentemente, en aquel momento el PSOE entendía que desde la oposición se podía promover una reforma de la Ley del CESA. Por lo tanto, si el Consejo Económico y Social -su composición- se puede reformar a iniciativa de un grupo minoritario desde la oposición, ahora desde un grupo más mayoritario desde la oposición se tiene la legitimidad para hacerlo. Y el consenso se buscará no en la presentación de la iniciativa, sino en la tramitación de la iniciativa.
Por lo tanto, esta proposición de ley, que se queda corta en nuestra opinión, nos sirve porque abre el debate y nos va a permitir, nos permitiría, si prosperara, madurar el texto que nos presenta hoy el señor Queralt, madurarlo en la tramitación de enmiendas, que duraría largos meses, como ocurre con otras iniciativas legislativas en esta cámara, y esa maduración permitiría zanjar una cuestión que yo creo que todo el mundo tiene clara: que la composición actual del CESA se queda corta y hay que modificarla antes o después.
Por esas razones, Chunta Aragonesista va a votar a favor de esta proposición de ley, porque queremos que el sector cooperativo esté en el Consejo Económico y Social de Aragón, aunque nos gustaría poder introducir, evidentemente, otras modificaciones. Sin embargo, cuando hablamos del reconocimiento institucional -y concluyo con esto- del sector cooperativo, tampoco podemos limitarnos sólo a introducir representantes del cooperativismo en el Consejo Económico y Social, no podemos limitarnos a eso. No podemos olvidar que el desarrollo de la Ley 9/1998 (de la Ley de cooperativas de Aragón) está absolutamente paralizado: ni se ha constituido el consejo aragonés del cooperativismo ni se ha aprobado un solo reglamento de desarrollo de esta ley ni en lo que afecta a la organización y funcionamiento del registro de cooperativas ni sobre otros aspectos que, desde luego, deberían haberse desarrollado. En dos años no se ha dado ni un solo paso, y yo creo sinceramente que el cooperativismo no merece esto.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Concluido el debate, vamos a proceder a la votación.
Señorías: votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ha obtenido treinta y dos votos a favor, treinta y cuatro en contra y ninguna abstención.
Turno de explicación de voto.
Señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
Izquierda Unida ha votado en contra de la iniciativa del Partido Popular sobre todo porque es una iniciativa muy diferente a la que planteó en su día Izquierda Unida. No tiene absolutamente nada que ver. Nosotros no estamos de acuerdo con incorporar como un mero añadido, como una mera adición, a las cooperativas con un ensamblaje de dos miembros en un esquema, que no se modifica, de Consejo Económico y Social. Creemos que es lo que vulgarmente se entiende como un pastiche y una mala solución, una mala alternativa la que ha elegido el Partido Popular, desde ese punto de vista.
Y, en segundo lugar, porque, efectivamente, nosotros -lo hemos dicho- no descartamos abordar un proceso de revisión en profundidad del Consejo Económico y Social; pero eso hay que hacerlo cuando el tiempo político y social lo aconseje. Y, desde luego, los tiempos no los marcan el Partido Popular o Chunta Aragonesista; los tiempos de Izquierda Unida los marca Izquierda Unida.
Y ésta es la situación. No hay más vueltas que darle. Cuando Izquierda Unida crea oportuno traer una iniciativa a la cámara o crea oportuno apoyar otra iniciativa porque entienda que está maduro, porque lo ha hablado con organizaciones sociales, porque el modelo lo tenemos claro y está avanzado, lo traeremos y lo votaremos; no cuando nos lo digan el Partido Popular o Chunta Aragonesista. Así de sencillo: ejercemos la libertad de voto que tenemos en esta cámara.
Y, además, queremos decir que los miembros que actualmente componen el consejo nos han hecho llegar que no están de acuerdo con esta posición, que dejaríamos fuera a otros muchos que también nos hacen llegar su inquietud, por ejemplo, las sociedades anónimas laborales y muchos otros sectores que no están reflejados. Y, en todo caso, existe -creo- latente un debate de fondo sobre la utilidad real, concreta y actual del Consejo Económico y Social, que es mucho más importante que todo lo que estamos hablando sobre su composición, que es el debate sobre su naturaleza y sus funciones, que en estos momentos quizás sea el debate de fondo, pero en estos momentos yo no tengo la fuerza suficiente en esta cámara -creo que nadie en esta cámara lo ha planteado en ningún debate- para salir al paso de una auténtica revisión en profundidad sobre qué es el Consejo Económico y Social y sobre qué necesitaríamos para hacerlo más eficaz en la sociedad aragonesa de nuestros días.
Creo que eso puede quedar pendiente, queda encima de la mesa. Seguimos debatiendo, seguimos profundizando, pero hoy creo que no era el momento para aprobar una iniciativa del Partido Popular que era muy parcial, muy sesgada y, desde luego, creemos que inoportuna en el tiempo en esta cámara.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lacasa.
Por Chunta Aragonesista.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]: Muchas gracias.
Yo ya he dicho que la iniciativa legislativa que nos presenta el Grupo Popular se quedaba corta y debía ser inequívocamente mejorada en la tramitación parlamentaria. Evidentemente, los defectos que tiene o la falta de amplitud que tiene se corregirían con enmiendas: como ha dicho la señora Blasco del debate de la iniciativa anterior, estas cosas se corrigen en la tramitación de las enmiendas.
Por lo tanto, yo creo que hemos perdido una oportunidad, porque, si no reformamos la Ley del Consejo Económico y Social, ni las sociedades laborales -que tanto le preocupan al señor Lacasa- ni las organizaciones profesionales agrarias ni las organizaciones de consumidores van a estar representadas en el Consejo Económico y Social, hasta que el reloj biológico del señor Lacasa le anime a presentar otra iniciativa legislativa como la del noventa y seis, o al Gobierno se le ocurra tomarla. Y seguiremos teniendo los mismos problemas de definición de naturaleza y los mismos problemas de definición de funciones en la Ley del Consejo Económico y Social, porque no se va a reformar. Y, entonces, ¿cómo corregimos eso? Pues yo creo que hoy -me temo- los grupos que apoyan al Gobierno han actuado con estrechez de miras. Y, por eso, como castigo por esa estrechez de miras, nos quedamos con la ley que hay y no vamos avanzando. Ése es el problema.
En todo caso, lamentablemente, veo que la única razón de rechazar esta iniciativa es que ha sido propuesta por la oposición, o por el Grupo Popular, más específicamente, ¿no? Pero, en fin, cada uno en su pecado lleva la penitencia.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Muy brevemente para dar las razones de la explicación del voto en contra de esta proposición de ley presentada por el Partido Popular, porque creo que han quedado suficientemente expuestas en mi intervención en el turno en contra, aunque sí quisiera aclarárselo al señor Yuste.
Entiendo que se ha quedado con un único argumento de los que presentábamos para oponernos a esta proposición, y no era mío, porque yo lo que he dicho es que tenía que ser una iniciativa gubernativa, porque es lo que dijo el señor Queralt en 1996, cuando se debatió el plan integral de política demográfica ante una proposición no de ley que presentó Izquierda Unida y que defendió, además, el propio Jesús Lacasa.
Por lo demás, me parece que ha habido argumentos coincidentes (incluso los dados por su grupo, los dados por usted mismo) con los del PAR, con los de Izquierda Unida, con los del Partido Socialista. La cuestión es que ustedes han preferido apoyar una iniciativa coja, porque, de acuerdo que en el período de enmiendas, en el posible período de ponencia y de enmiendas, se pueda mejorar (para eso se establecen los períodos de ponencia), pero es que el objetivo de esta proposición era único y concreto, y, sectorialmente, el de integrar a un sector. No tenía otros objetivos que ésos. Por lo tanto, entendemos que puede haber otra iniciativa bastante más completa, menos coja, que a través de ella entrara en trámite de ponencia o de enmiendas, y pueda mejorarse y conseguir los objetivos que al final creo que todos los grupos parlamentarios hemos puesto de manifiesto aquí.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Allué.
El señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
Brevísimamente, para una explicación de voto. Quiero decir fundamentalmente dos cosas. Una, que esta ley es completamente distinta, la que ha presentado el Partido Popular, a la que en su día presentó Izquierda Unida. Por tanto, fundamentar un cambio de criterio por el Grupo Socialista en función de dos leyes que sólo se parecen en el título me parece extemporáneo. Quiero decir también que, independientemente de esto, a nivel personal, tengo que decirle a su señoría que todas las noches me acuesto revisando y reconsiderando todas las cosas en las que creo, para poder seguir teniendo más argumentos al día siguiente. Confundir eso con que la coherencia significa decir siempre en política lo mismo, yo creo que eso es distinto. Sin embargo, mire usted, a mí no me extraña que ustedes lo sigan diciendo. No me extraña que ustedes confundan la coherencia con un cambio radical de postura, porque siguen diciendo lo mismo. Por eso no me extraña que sigan diciendo lo mismo.
No se trata tanto, señoría, de defender los argumentos que ha dicho el Partido Popular, que estamos en contra, y que hemos empleado unos argumentos para esta proposición de ley en razón de los argumentos que ha expuesto el proponente, pero ya hemos intervenido en otros sin la defensa de lo que usted ha presentado, porque han hecho algo que nos parece absolutamente peligroso y con lo que estamos completamente en desacuerdo.
«Las cooperativas de trabajo asociado sólo se consideran representadas por ellas mismas». Esto se carga literalmente el fundamento del Estatuto de los Trabajadores, el fundamento literal de todos los legisladores, que, cuando hablaban del Estatuto de los Trabajadores, hablaban en este sentido y de este contexto. Por lo tanto, señoría, estando abiertos a que esto es una sociedad dinámica, a que estamos hablando de un territorio que se llama Aragón, donde hay sindicatos a nivel nacional, partidos a nivel nacional, regional (por suerte o por desgracia poco sindicalismo a nivel regional)..., yo le diría que estamos abiertos a una apertura del debate, que estamos absolutamente de acuerdo con que esta sociedad tiene que ser dinámica para que todos cambiemos nuestra opinión, pero que si ahora el CESA funciona perfectamente (nuestra opinión es que es brillante el trabajo y la dedicación del CESA), el emplear pequeños escollos para enmendar nos parece fundamentalmente reaccionario. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con abrir el debate también con los sectores. Traigan ustedes aquí otra proposición de ley mucho más en el sentido de lo que yo estoy diciendo, que el señor Lacasa y el señor Allué han defendido, y posiblemente la sacarán adelante.
Por tanto, independientemente de que nuestro sentido del voto en contra del Partido Popular era por los argumentos que han planteado, yo tengo que decir que, si los argumentos y las ideas hubieran sido distintos a los que aquí expuestos, hubiéramos empleado otros, con lo cual hubiéramos estado más en desacuerdo.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Piazuelo.
Por el Grupo Popular, señor Queralt.

El señor diputado QUERALT SOLARI [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, queremos manifestar al señor Lacasa que lamentamos que haya sido este humilde portavoz quien haya defendido esta proposición. Voy a intentar que de ahora en adelante usted nos marque las portavocías sobre quién tiene que salir para que usted esté más a gusto.
Creemos que hemos sido coherentes con la presentación de esa proposición de ley y pensamos que más vale tarde que nunca. ¿Que se ha circunscrito solamente a la representación del consejo? De acuerdo. Y por eso creemos que no hemos faltado al consenso, porque teníamos consensuada ya una proposición no de ley previa, simplemente. Si hubiera sido una reforma más amplia, tengan ustedes la seguridad de que hubiéramos intentando consensuarla y hablar con los sectores afectados y con los demás grupos.
Pensamos, pues, que no es una propuesta que se haya quedado coja. Es mejor ser cojo que paralítico. Y por eso la hemos presentado. De cualquier modo, y estando de acuerdo con alguno de los argumentos en ampliar este debate y hacer una ley de mayor enjundia, les instamos a que presenten una nueva ley para intentar mejorar un consejo que, efectivamente, funciona muy bien, y pensábamos que no había ningún problema en ampliar en dos personas representantes de los sectores cooperativos la representación de dicho consejo.
Muchas gracias.